Bilis / Luis Bonafoux
Becerrada fiscal
Un hombre tiene el más perfecto derecho a llamarse Becerra. Llamarse Toro, a más de Becerra, pudiera parecer excesivo; pero tampoco cabe negarle el más perfecto derecho a llamarse Becerra Toro, o Toro Becerra.
Para lo que no tiene derecho un hombre, si ejerce de fiscal, es para dar un dictamen que no sería suscrito por una becerra.
Antiguamente todo fiscal se consideraba obligado a ejercer de inquisidor cargándole la mano al procesado. Contra esta tendencia protestaron enérgicamente, por deber de humanidad, escritores y pensadores de fuste, por ejemplo, Víctor Hugo. Hoy se entiende de muy distinto modo, en los países cultos y humanitarios, la misión fiscal. El que acusa debe ceñirse a hechos consignados en autos. Levantar una acusación fiscal sobre presunciones e hipótesis salidas del caletre del mismo que acusa, para pedir gravísimas penas, es inadmisible ante la conciencia racional. En los pueblos donde existe todavía la pena de muerte, los instrumentos de suplicio se sacan a última hora y de un modo vergonzoso. Los verdugos se han civilizado. Los fiscales también. Todo se civiliza, todo menos la inquisición española, sobre la cual no pasan siglos, porque está en la masa de la sangre, y está en la masa por el predominio del cura en el confesonario y en la alcoba.
Las conclusiones de esa Becerra toruna, sobre ser un enjaretado de estulticias, en patibulario estilo que pide a gritos cadena perpetua para el autor, carecen en absoluto de fundamento. El fiscal supone, y, de lo que supone él solo, saca consecuencias contra los procesados. Ese absurdo tejido de hipótesis, que ha irritado profundamente la opinión liberal de Francia, Inglaterra y Bélgica -como lo prueban las protestas que circulan estos días-, no ha parecido dictamen, sino embestida. El señor fiscal ha estado a la altura de su ganadería patronímica.
Es, por otra parte, un calco, malo, del dictamen fiscal en el proceso contra Malato. Pero contra ese dictamen, mucho antes que se levantara el fallo del Jurado, se levantó la opinión pública en toda Francia. Se protestó contra él en la mayoría de los periódicos parisienses, en mitins tumultuosos, en manifestaciones callejeras, y, luego, en la vista del proceso, ocurrió algo que habla muy alto del valor cívico y del sentimiento humanitario del pueblo francés; ocurrió que una pléyade de políticos, escritores y periodistas fue espontáneamente a declarar en favor de Malato. Entre los declarantes había enemigos políticos del procesado, por ejemplo, Jaurés, y también había enemigos personales, por ejemplo, Rochefort.
El asunto Dreyfus separó a Malato de Rochefort, y la separación, envenenándose, se hizo personal. Poco tiempo antes del proceso, invitado yo por Rochefort a un almuerzo con Fermín Faure y Tarrida del Mármol, Rochefort me habló acerbamente de Malato, a quien, me dijo, no volverá a ver... Y luego, aunque octogenario y ocupadísimo, el campeón de La Lanterne pasó varias tardes en la Audiencia esperando vez para declarar en favor de Malato, quien después del veredicto, no le dio las gracias, como tampoco le devolvió la amistad Rochefort... probando ambos que la religión del deber está en sus almas muy por cima de controversias personales y de vicisitudes de la existencia. Acaso recordase Rochefort que, cuando estaba en Nueva Caledonia, amigos y adversarios de él se cotizaron para enviarle los muchos miles de francos que costó su evasión de presidio; que le prepararon un hotel, donde se hospedó al llegar a Londres, y que con las mismas manos generosas echaron los cimientos de L'Intransigeant.