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COSTILLA. El general don Gerónimo. Caballero de la orden de Santiago, conquistador del Perú y Chile. Fue natural de Zamora, Regidor perpetuo del Cuzco, vecino y encomendero de Asillo (provincia de Puno). Su hijo don Pedro Costilla nació en el Cuzco, fue también Regidor y encomendero, y casó con doña Inés de Vargas nacida en Madrid. Don Gerónimo Costilla Nocedo su hijo, cuzqueño así mismo, Regidor y Caballero de la orden de Santiago, estuvo casado con doña Constanza Valverde y Cueva natural de dicha ciudad, como lo fue don Pablo Costilla el Alférez Mayor, su hijo, Marqués de San Juan de Buenavista, que contrajo matrimonio con doña María Cartagena Vela y Mioño natural de Lima. Hija de éstos fue doña Constanza Costilla y Cartagena esposa del primer Marqués de Rocafuerte de cuya familia se da razón en el artículo Lobatón y Azaña, don Nicolás Jiménez de. Véase.

Doña Constanza Valverde y Cueva ya citada como esposa de don Gerónimo Costilla Nocedo, fue hija de don Francisco Valverde Montalvo de   -426-   la orden de Santiago, natural de Oropesa, y de doña Bernardina de la Cueva nacida en Arequipa, hija del capitán don Diego Fernández de la Cueva, de la orden de Santiago, natural de Ontiveros, quien descendía de los Duques de Alburquerque.

Doña María Cartagena mujer de don Pablo Costilla, Marqués de San Juan de Buenavista, fue hija de don Cristóval Cartagena Vela y Acuña de la orden de Santiago nacido en el Cuzco, y de doña Juana Mioño de la Cueva natural de Lima. Don Cristóval fue hijo de don Fernando Cartagena y Santa Cruz encomendero del Cuzco persona de muchas letras, hijo de don Fernando, nacido en Alcaraz quien sirvió en el Perú y en Chile. Fue aquél casado con doña Lucía Vela nieta del virrey don Blanco Núñez Vela. De esta familia fue el oidor Cartagena que presidió la Audiencia de Lima en 1583 cuando falleció el virrey don Martín Henríquez. Doña Juana Mioño de la Cueva fue hija de don Antonio Mioño de la orden de Santiago, natural de Castro Urdiales, y de doña María de la Cueva, limeña, hija de don Diego, Caballero de la misma orden, que nació en Cuéllar y de doña Beatriz de Herrera. Ascendientes del dicho don Diego de la Cueva, fueron don Beltrán de la Cueva y doña Isabel de la Cueva y Córdoba Duques de Alburquerque. Véase Cueva. Véase San Juan de Buenavista, Marqués de.

COTE. Martín. Natural de Vizcaya, Capitán del partido de los Almagros a quien Herrera en sus décadas califica de valeroso y alguna vez le llama honrado. Don Diego Almagro en su expedición a Chile y con motivo de la fuga del gran sacerdote Villac Uma que le acompañaba, encargó a Martín Cote la custodia del Inca Paullu temeroso de que también se huyera; lo que no sucedió, pues éste no le abandonó en aquella campaña ni en la posterior contra Pizarro hasta la costa de Chincha. Al regreso de Chile, Cote se halló en la vanguardia cuando Almagro por sorpresa se apoderó del Cuzco, quedando allí prisioneros Hernando y Gonzalo Pizarro. En 1538 se distinguió el capitán Cote en la batalla de las Salinas perdida por Almagro.

Corrió en la oscuridad y miseria la suerte del bando vencido hasta 1541 en que asesinado el Marqués Pizarro se elevó al mando don Diego Almagro el hijo. Como Capitán de una compañía de infantería concurrió a la campaña en que aquél resistió a las tropas realistas que dirigía el gobernador don Cristóval Vaca de Castro. Al tratarse de un concierto de paz, Vaca, que se prestaba a considerar al joven Almagro, exigió se le entregase previamente a los que mataron al Marqués, y al designarlos aparece comprendido Cote entre ellos según el cronista Herrera: pero ni éste ni otros autores ponen el nombre de dicho oficial al hacer memoria de los que asaltaron con Rada la casa de Pizarro, y ni siquiera lo mencionan entre los cómplices. Sin embargo Vaca tendría razones y datos del crimen de Cote, cuando lo mezcló con los demás al reclamarlos como condición para el avenimiento que no pudo efectuarse.

Almagro tuvo que soportar en su ejército muchos excesos de sus primeros jefes por enemistades y venganzas que ocasionaron diferentes hechos escandalosos. Se urdieron contra él conspiraciones, y aun se acordó matarlo en un convite dado en el Cuzco por Pedro de San Millán. Malogrose este proyecto porque habiéndolo descubierto Almagro, se adelantó e hizo morir a García de Alvarado que lo encabezaba: para ello colocó allí una guardia de cincuenta arcabuceros al mando del capitán Cote. Después se distinguió éste en la batalla de Chupas en Abril de 1542 al frente de una compañía llamada de Sobresalientes. La fortuna fue adversa a don Diego Almagro, contándose Cote en el número de los prisioneros   -427-   que Vaca mandó se juzgasen por una comisión compuesta de los licenciados Gama y León y el bachiller Guevara. Condenado a muerte Martín Cote, fue ahorcado en Guamanga lo mismo que otros oficiales cuyo número pasó de treinta.

COUCIEYRO. Don Isidro. Natural de Galicia, piloto con reputación de inteligente y audaz. Había llegado al Callao el 16 de Mayo de 1815 de Capitán de la fragata «San Fernando» de la compañía de Filipinas procedente de Manila y trayendo a su bordo al mariscal de campo don Manuel González, antiguo Coronel del regimiento real de Lima, relevado de la Capitanía General de las islas Filipinas. Cuando apareció delante del Callao en 20 de Enero de 1816 la escuadrilla argentina del mando del comodoro Brown, y el virrey Abascal proyectó armar buques que saliesen a batirla, autorizó al Tribunal del Consulado para que se encargase de hacer los aprestos y gastos necesarios. Coucieyro por su crédito y actividad mereció la elección que el Consulado hizo de su persona para que mandase en jefe la flota proyectada. No había buque alguno del Rey en el Callao; y designadas las fragatas «Tagle», «Reina de los Ángeles», «Minerva», «Comercio», «Trujillana» y bergantín «Europa», se procedió a tripularlas y armarlas en guerra. Mientras Brown bloqueaba y cañoneaba el puerto, todo estaba en movimiento y se hacían día y noche prodigiosos esfuerzos para acelerar las obras y demás preparativos, tanto por la tenacidad de Coucieyro, como por el empeño del Consulado por medio de sus comisionados especiales que lo fueron los comerciantes don Andrés Sánchez de Quirós, don Pablo Hurtado, don Pedro Abadía, don Benito Christi y don José de Arismendi. Muy poco faltaba a la expedición para estar lista, cuando los buques argentinos dejaron el Callao, ignorándose absolutamente su dirección.

A pesar de que el virrey Abascal, en esta incertidumbre, sospechaba o se inclinaba a creer que Brown hubiese hecho rumbo al Norte, el Consulado y los principales comerciantes, haciendo valer como datos sus conjeturas, más o menos fundadas, insistieron de acuerdo con Coucieyro en que la armada confiada a éste navegase por las costas del Sur y buscase a los buques enemigos, recorriendo hasta las de Chile. Determinado así, Coucieyro se hizo a la vela en aquella dirección el día 15 de Febrero con instrucciones del Consulado y cuando a la sazón Brown hostilizaba a Guayaquil. Perdiose así el tiempo por los españoles: el Consulado malogró los cuantiosos gastos que hizo y que dieron origen a un ramo particular creado para subvenir al pago de intereses de las sumas recogidas del comercio en calidad de empréstito para la realización del armamento. Consistió éste en 126 piezas de artillería y 980 hombres para todo servicio en las referidas seis embarcaciones.

Como el Virrey recibiese aviso de que Brown se había dejado ver en Tumbez, despachó un alcance en demanda de Coucieyro ordenándole volviese al Callao. Largo tiempo se necesitaba para experimentar las consecuencias de esta medida. La escuadrilla Argentina, entre tanto, ejecutó sus ataques a Guayaquil donde Brown cayó prisionero y obtuvo después su libertad por medio de un canje, como se ve en el artículo Vasco y Pascual, don Juan.

Brown estuvo en el Chocó, en el archipiélago de Galápagos y en la costa de México: posteriormente se dividieron los buques de su armada y abandonaron el Pacífico. Coucieyro a pesar de su segunda salida y diligencias por el Norte, no pudo encontrarlos: emprendió tarde su última campaña, y habiendo vuelto al Callao las fragatas que mandaba, fueron   -428-   entregadas a sus dueños. Parece que él, al poco tiempo, regresó a Europa. Véase Brown.

COYA DE LOYOLA INCA. Doña María. Nació en el Cuzco: fue hija de don Martín García de Loyola que falleció trágicamente en 1599 siendo Gobernador y Capitán General de Chile, y de doña Beatriz Clara Coya hija del príncipe Sayri Tupac y de doña Beatriz Cusihuarcay. Después de la muerte de sus padres fue llevada a España donde el rey Felipe III la hizo Marquesa de Oropesa, y casó con don Juan Henríquez de Borja hijo del Marqués de Alcañices y nieto por línea materna de San Francisco de Borja Duque de Gandía. Como decimos en los artículos relativos al virrey don Andrés Hurtado de Mendoza Marqués de Cañete, y al Inca Sayri Tupac, cuando este Príncipe se sometió al Rey de España, se le reconoció por Señor de Yucay con 20 mil indios y 18 mil pesos de renta. Después de la muerte de Sayri, de su esposa e hija, hubo un litis que sostuvo doña Ana y ganó en vista y revista contra lo alegado por el Fiscal, declarándose buena la adjudicación hecha por el Virrey y su carácter de perpetuidad. Cañete, para dar aquel dominio enteramente libre, guitó el gravamen de dos mil pesos que disfrutaba don Gómez Arias Dávila: mas el Virrey Conde de Nieva restituyó a éste dicho goce, y aún lo poseyó un hijo suyo. El marido de doña Ana hizo cargos y formó cuentas de todo lo que se le adeudaba, quejándose de enorme lesión, y pidió ser satisfecho e indemnizado, porque se había faltado además, al cumplimiento de un contrato hecho con el Rey en 1614. No se trataba de una encomienda que feneciese con la vida de tal o cual poseedor, sino de un señorío otorgado al legítimo heredero del trono del Perú y sus sucesores.

El título de Oropesa proviene de que el virrey don Francisco Toledo era hijo segundo de la casa de ese nombre en España. En memoria de lo cual cuando el visitador don Pedro Ordóñez Flores fundó los pueblos de San Bernardo, San Francisco y San Benito de Alcántara, formó otro denominado Santiago de Oropesa por lisonjear a dicho Virrey. Y sacó de Yucay y Jaquijaguana en 1572 gran número de indios yanaconas y sus familias, que el Consejo mandó restituir con los productos del tiempo del despojo que montaron a 60 mil ducados. Al dar el Rey a doña Ana posteriormente el título de Marquesa, perpetuó el nombre del citado pueblo de Oropesa. Véase Henríquez. Véase Loyola, don Martín García de, en cuyo artículo se relacionan sus descendientes, títulos y demás de esta casa.

COYA. Doña Beatriz, de la familia real de los Incas. Véase, Sierra de Leguizamo, Mancio, conquistador que se avecindó en el Cuzco, y con el cual fue casada.

CRESPO. El diputado don Pedro Nolasco. Peruano. Estudió en Lima con bastante aprovechamiento, y a fines del siglo pasado se hallaba de Ministro oficial real de las Cajas de la Paz. Escribió en 1791 una disertación relativa al flujo y reflujo de los mares; otra proponiendo varias conjeturas sobre el origen de los vientos, y sobre las causas de la decadencia de la vida humana. En 1792 salió a luz un proyecto suyo dirigido a mejorar el sistema con que en los buques por medio de la corredera, se calcula lo navegado en cada singladura. Así mismo una «carta sobre la senectud de los mortales y modo de rejuvenecerlos»; otra muy interesante y erudita relativa a la cascarilla, que está en el tomo 8.º del Mercurio Peruano, página 148; y otra sobre los antiguos monumentos de Tiaguanaco y demás del imperio peruano.

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Aunque algunos han tenido al doctor Crespo por español, no debe dudarse de su nacimiento en el Perú desde que él lo dice en la primera de aquellas producciones. Fueron todas impresas en los Mercurios de dichos años, y contienen pensamientos que no carecen de mérito, bien que el autor creía firmemente la inmovilidad de la tierra. En su escrito tocante al corto período de nuestra existencia, se encuentra mucha doctrina y esmero para probar que la longevidad de los hombres en los primitivos tiempos, provenía de que su estado de lactancia duraba varios años sin bajar de tres, y sin que el alimento natural dado por las madres, se mezclase con otro que el de la leche de algunos animales en ciertas épocas. Hay otro importante opúsculo de Crespo relativo a la Coca de los Yungas de la Paz. Dice que es mejor que el tabaco para la marinería; que la hoja bien guardada en tarros duraría mucho; y anuncia que vendrá tiempo «en que se haga el más opulento comercio de la coca, para ingleses, rusos y otros, acreditándose haber Dios criado aquí este vegetal para patrimonio del Perú, pues por su delicadez es intransmisible a regiones extrañas».

CRESPO Y CASTILLO. Don Juan José. Regidor del Cabildo de Guánuco: acaudilló una revolución en 1812, fue preso y ejecutado. Véase Abascal, tomo 1.º, página 33.

CRIADO DE CASTILLA. El diputado don Alonso. Oidor de la Audiencia de Lima en el siglo XVI.

Pasó de Presidente a Guatemala donde prestó servicios que le premió el Rey nombrándole Consejero del Real y Supremo de Indias; y aun después de su fallecimiento favoreció a un hijo suyo colocándolo con distinción.

CROIX. Don Teodoro de. Natural de Lila en el antiguo Flandes: Caballero de Croix, Comendador de la muy distinguida orden Teutónica, Teniente General de los reales ejércitos, primer Teniente de la compañía flamenca de reales guardias de corps. No tenemos datos de su carrera militar anterior a su venida al reino de Nueva España, en cuyo país fue comandante general de las provincias interiores y de la Sonora cuando era Virrey de México (1766) el capitán general don Carlos Francisco de Croix, Marqués de Croix. La orden teutónica que extinguió Napoleón en 1809, y en la cual se refundió la de los Portaespadas, fue una institución militar y religiosa creada en San Juan de Acre el año 1190 para atender en hospitales a los cruzados enfermos, orden que después se concentró en Europa y poseyó grandes riquezas.

Relevó el caballero de Croix al virrey teniente general don Agustín de Jáuregui; llegó al Callao el 4 de Abril de 1784, se alojó en Bellavista y entró en Lima el día 6. Su recepción pública se verificó en 25 de Agosto.

Pocas épocas se ofrecen a la historia con la tranquilidad que sin interrupción alguna disfrutó el Perú en el período de que vamos a ocuparnos. El virrey Croix es verdad que no aprovechó tiempo tan bonancible en objetos de importancia conducentes a la prosperidad social; pero no puede negarse que fue contraído a sus deberes, celoso del bienestar común, y que hizo cuanto le permitieron sus atribuciones. Las facultades que tenían los virreyes no alcanzaban a tanto, que les dejasen emprender reformas por más que las reclamara el progreso intelectual; ni emplear el caudal del Erario en mejoras materiales, aunque las exigiera   -430-   el adelanto, la conveniencia pública, o el esplendor del mismo país y el crédito de su gobierno.

Corresponde a la administración de Croix la creación de las intendencias de provincia, que lo fueron Trujillo, Tarma, Lima, Guancavelica, Guamanga, Cuzco y Arequipa, en cumplimiento de la orden real de 5 de Agosto de 1783 y de las ordenanzas de 28 enero de 1782. El visitador general don Jorge Escobedo y Alarcón que sucedió a don José Antonio Areche y principió a funcionar en 1784, propuso las personas que debían servir de intendentes, y se nombraron por el Virrey con títulos en forma que aprobó el Rey en 24 de Enero de 1785. Promulgose en Lima un bando solemne para que el nuevo régimen gubernativo se obedeciese según las instrucciones y documentos que se circularon. En las ordenanzas de intendentes se determinaba el modo de reemplazar el repartimiento que antes hacían los corregidores a los indios: mas el visitador Escobedo no encontrándolo conveniente, y creyéndolo de difícil ejecución por las escaseces del Erario, propuso al Virrey otro medio, y era que el Tribunal del Consulado remitiese a todas las provincias y sus partidos los efectos de primera necesidad que distribuían los corregidores, quedando la cobranza a cargo de las justicias territoriales. Se calculaba que esta operación daría de ganancia un millón de pesos; y el Virrey era de parecer que la mitad de ella se aplicase a fomentar la minería y al establecimiento de un tribunal y un colegio para dicho ramo. El plan del visitador lo recomendó Croix al Ministerio, mas fue desaprobado por el Rey, pues el Consulado lo objetó resistiéndose a tener en él intervención alguna.

Las intendencias se confirieron, la de Trujillo a don Fernando de Saavedra que era Contador de la visita general; y fue su teniente asesor don Juan Bazo y Berri que había sido empleado en el estanco de tabacos. La de Tarma, al coronel don Juan María Gálvez de la orden de Carlos III, con el teniente asesor doctor don Bartolomé Bedoya. La de Guancavelica, al oidor de Lima don Fernando Márquez de la Plata, y teniente asesor doctor don Pedro José Méndez. La de Guamanga, al contador mayor del Tribunal de Cuentas don Nicolás Manrique de Lara, Marqués de Lara, y de teniente asesor el doctor don José Muñoz. La del Cuzco a don Benito de la Mata Linares, Oidor de Lima, con el teniente asesor don José de Zaldívar. La de Arequipa al director general de Aduanas don José Menéndez Escalada, y teniente asesor don José de Escobar. La de Lima quedó a cargo del visitador general don Jorge Escobedo y su teniente asesor don Manuel María del Valle: la reasumió después el Virrey, de cuya inmediata autoridad no vino a separarse hasta el año de 1805. Estas siete intendencias se dividieron en partidos o subdelegaciones que formaron el número total de cincuenta y cuatro, según lo expresamos en la relación que se encontrará al final de este tomo, con los nombres de los primeros subdelegados que hubo, y del número de doctrinas, ciudades, villas, y pueblos anexos que tuvieron entonces. Se hallará además otra lista de los últimos corregidores que hubo en las diócesis del virreinato.

Con respecto a la incorporación al Perú de la Intendencia de Puno, dispuesta por real orden de 1.º de Febrero de 1796, puede verse el artículo respectivo al virrey O'Higgins.

En cuanto a Chile, el Caballero de Croix de conformidad con el Presidente y el Regente de aquella Audiencia, resolvió hubiese allí dos intendencias: la de Santiago que se confirió al presidente don Ambrosio Benavides, y la de Concepción al Gobernador de esta plaza y Comandante de frontera, brigadier don Ambrosio O'Higgins; quedó pendiente el determinar con respecto a la de Coquimbo, y también sobre Chiloé, cuyo   -431-   archipiélago debería depender del virreinato, o de aquella presidencia. Dada cuenta al Rey, aprobó en 6 de Febrero de 1787 aquellas dos intendencias, mandando se le diesen más amplios informes acerca de Coquimbo y Chiloé. Este asunto no lo absolvió Croix por varias causales que aparecen en la memoria de los actos de su administración.

Por orden de 2 de Octubre de 1783 había mandado el rey Carlos III que a la ciudad del Cuzco se le diese siempre el título de Fidelísima y se le conservasen las prerrogativas que gozaba, iguales a las de la capital de Lima, en atención a la lealtad que acreditó y a los esfuerzos que hizo al rechazar y sostenerse contra la revolución del cacique Condorcanqui, que se denominaba Tupac Amaru. Y en otra cédula fecha 13 de Noviembre se previno al Virrey «publicase edictos asegurando a los indios la particular bondad con que el Rey miraba a los verdaderos miembros de la distinguida familia de los Tupac Amaru, a la cual habían querido infamar los falsos descendientes; y que siempre que aquéllos fuesen a España serían allá considerados y premiados como merecían».

A este paso se ordenaba al Virrey en 28 de Abril del mismo año, que por ningún motivo se proveyesen en adelante los cacicazgos, y sólo se conservase en estos puestos a los actuales caciques que por su fidelidad al Rey lo mereciesen.

Dos años después se resolvió erigir en el Cuzco una Audiencia pretorial «para mayor decoro de la antigua capital de los incas y que disfrutara de los beneficios que su establecimiento debía proporcionarle». La cédula real se expidió en 3 de Mayo de 1787 en los términos que se verá a continuación.

«El Rey:

»Virrey, Gobernador y Capitán General de las provincias del Perú, y Presidente de mi Real Audiencia de Lima. Para mayor honor y decoro de la ciudad del Cuzco, antigua metrópoli del imperio del Perú, y evitar los graves perjuicios, y dispendios que se originan a mis vasallos habitantes de ella, y sus provincias inmediatas, de recurrir en sus negocios por apelación a mis Reales Audiencias de Lima, y Charcas, he venido por mi real decreto de 26 de Febrero del corriente año en crear una nueva en dicha ciudad del Cuzco, cuyo distrito ha de comprender la extensión de aquel obispado (cuyas provincias son las de Abancay, Azángaro, Aymaraes, Canas y Canchis, o Tinta, Calca y Lares, Carabaya, Chilques, Masques, Chumbivilcas, Cotabambas, Cuzco, Lampa, Paucartambo, Quispicanchi, Vilcabamba, Urubamba), y todas las demás provincias y territorios que con precedente informe de don Jorge Escobedo, Superintendente Subdelegado de mi Real Hacienda, señalaréis vos. El número de ministros de la expresada nueva Audiencia ha de ser un regente con el sueldo de nueve mil pesos anuales, tres oidores, y un solo fiscal de lo civil y criminal, cada uno con el sueldo de cuatro mil y quinientos pesos, a excepción de los ministros que vayan de otras Audiencias, y tengan mayor dotación, la cual deberán conservar. Para la plaza de regente he nombrado en el mismo real decreto a don Joseph de la Portilla, Oidor de esa Real Audiencia de Lima, y antes Asesor General del virreinato, y para las tres de oidores, he elegido por su orden a don Joseph Rezábal y Ugarte, Alcalde del crimen de esa propia Audiencia, a don Pedro Cernadas Bermúdez, Oidor de la de Charcas, y a don Miguel Sánchez Moscoso de la de Buenos Aires; y para la Fiscalía a don Antonio Suárez Rodríguez de Yebra, abogado de mis Reales Consejos. Los subalternos que ha de haber en la nueva Audiencia han de ser un agente fiscal, un relator y un escribano de cámara cada uno   -432-   con el sueldo de quinientos pesos, proveyéndose esta escribanía como oficio vendible y renunciable; un capellán con el sueldo de trescientos pesos, y la obligación de decir misa y enseñar la doctrina cristiana a los pobres de la cárcel, un canciller y registrador, cuyo oficio sea vendible como en otras audiencias: dos receptores, cuatro procuradores, un tasador, y un repartidor, cuyos oficios han de ser igualmente vendibles y renunciables, y no han de gozar sueldo; y también ha de haber los de abogados de pobres, un procurador para éstos, dos porteros y un barrendero, cuyos nombramientos ha de hacer la Audiencia con la gratificación que le parezca sobre el ramo de penas de cámara. Asimismo he resuelto, que establecida la nueva Audiencia procedan el regente y oidores a formar sin la menor dilación, con vuestro acuerdo, las correspondientes ordenanzas para su buen régimen y gobierno: arreglándose a lo dispuesto por leyes, poniéndolas provisionalmente en ejecución, y remitiéndolas a mi Consejo de las Indias para su aprobación. Todo lo cual os participo para que lo tengáis entendido, hagáis notorio en donde convenga, y concurráis en la parte que os toca a su puntual cumplimiento: en inteligencia de expedirse con fecha de hoy las correspondientes cédulas a mis Reales Audiencias de Lima y Charcas para que les conste el territorio que se agrega de su respectiva jurisdicción, y se aplica a la nuevamente establecida: y de esta cédula se tomará razón en la Contaduría General del referido mi consejo».

Examinó el Virrey si convendría añadir algunas otras provincias a la jurisdicción de dicha Audiencia. El Visitador General fue de dictamen que se agregase la Intendencia de Puno, dudando si sería acertado incorporar también el territorio de la de Arequipa en el todo, o excluyendo la provincia de Camaná. Los fiscales y la Audiencia de Lima dieron parecer contrario, fundándose en que un tribunal de una sala como el del Cuzco, no era posible despachase las causas de las catorce provincias señaladas, y el crecido número de las de Arequipa. Las corporaciones de esta ciudad se inclinaron a la nueva Audiencia, apoyándose en que estaba a menos distancia que la de Lima. Pero oídas otras autoridades de la capital y segunda vez los fiscales, dijeron que esa ventaja de nada aprovecharía, a causa de la mayor demora que era de esperarse en el despacho: que en Arequipa «tenía siempre alicitivo la novedad, hasta que los sucesos hacían el escarmiento: y que para ella sola, casi no bastaban las tres salas de Lima».

Resolvió el Virrey en el real acuerdo que las ordenanzas de esta Audiencia rigiesen en la del Cuzco mientras ella formaba las que le fuesen más adaptables, con tal que se sometiesen a la aprobación del Rey. Estableciose el Tribunal en la casa del Cabildo, sin ocasionar más gasto al Erario que el de cuatro mil pesos, fuera de un reloj y los libros que de Lima se remitieron. Las solemnes funciones con que en el Cuzco se celebraron la entrada pública de los ministros, la recepción del sello real y la instalación de la Audiencia el 4 de Noviembre de 1788, tuvieron la esplendidez y fastuoso lucimiento con que fueron descritas por el doctor don Ignacio Castro natural de Tacna, Rector del colegio real de San Bernardo. En un tomo que se publicó en Madrid, escribió sobre aquellas memorables fiestas, con el adorno y erudición que sabía emplear en sus elegantes producciones.

Con motivo de la revolución que se acababa de sofocar en el Perú, dio orden el virrey Croix para que no pudieran despacharse libremente en Aduana las armas traídas como artículo de comercio, y dada cuenta al Rey de esta providencia, resolvió en 6 de Abril de 1787 que todas retornasen   -433-   a España: que en caso de no hacerse así fuesen confiscadas, y que no se admitiesen otras en lo sucesivo. Los negociantes representaron los graves perjuicios que les irrogaría semejante providencia y pidieron comprase el Gobierno las armas, o se conservasen en almacenes hasta nueva determinación del Rey: en esto último se convino el Virrey por lo tocante a las que existían de antemano, quedando vigente la prohibición.

El año de 1784 a 13 de Julio se erigió en Lima la Junta Superior de Real Hacienda presidida por el Visitador general, y cuyo principal objeto según su ordenanza, era hacer seguir en las provincias un método uniforme para el gobierno y administración de la Real Hacienda, y en lo económico del ramo de guerra. En lo contencioso subrogó a la Audiencia que conocía en las apelaciones de las sentencias de los oficiales y jueces de rentas, etc. Esta junta funcionaba en sesiones semanales, y eran vocales de ella el regente, un oidor, el fiscal de lo civil, un contador mayor y uno de los oficiales reales: tenía dos relatores y escribano.

Propuso el intendente de Tarma Gálvez, dividir el Arzobispado de Lima estableciéndose una silla episcopal en Guánuco, centro entonces de la jurisdicción de aquella intendencia. Dio razones fundadas manifestando que en dicha ciudad se reunían las condiciones necesarias al intento: indicó que al crearse las sillas del coro se disminuyesen las de Lima, y que eran bastantes las rentas decimales de los siete partidos de Tarma para la dotación y gastos consiguientes. El citado Intendente pidió asimismo al Rey el título de villa que el Caballero de Croix había otorgado interinamente al pueblo de Tarma. Respecto de esto el Virrey informó que siendo la capital de una intendencia, con Cabildo y Vicepatronato, era menester aumentarla por ser fronteriza a las montañas: que sus vecinos habían auxiliado a su costa la repoblación de Vitoc y Pucará y la construcción de un fuerte para defensa: que habían establecido en el 1.º de esos puntos una residencia de misioneros de Ocopa, y no pocas haciendas que abasteciendo a Tarma, la preservaban de los insultos de los bárbaros.

Por lo tocante al Obispado, el Virrey no favoreció el proyecto; y en su contradicción no hemos hallado razones sólidas, sino efímeros fundamentos y mezquindades, muy comunes en los pasados tiempos. Dijo que para formar la nueva diócesis habría que rebajar el decoro y respeto de una silla arzobispal primada como la de Lima en que residían el Virrey y los tribunales: que los arzobispos tenían conocimiento de todo a pesar de las distancias, por medio de las vicarías foráneas, para atender al remedio de las necesidades: que mandaban visitadores con facultades amplias para corregir los excesos de los párrocos: que reducida la gruesa decimal quedarían en pobreza los capitulares, y el Arzobispo ya no podría distribuir las limosnas que daba a los muchos pobres de la capital. Agregó Croix en su informe al Rey, que ni el Arzobispo, ni los Cabildos eclesiástico y secular, habían expedido los que se les pidieron sobre tan grave y delicado asunto. En la memoria del Virrey Croix impresa recientemente en Lima, se encuentran muchas particularidades relativas a la repoblación de Vitoc (1788), restablecimiento de diferentes haciendas y del fuerte de Chanchamayo. Escribimos de estos sucesos en el artículo respectivo al intendente de Tarma don Juan María Gálvez, y recordamos la fundación del pueblo de San Teodoro de Coyac que se hizo en obsequio al nombre del Virrey.

El Presidente de Charcas por conducto del Virrey de Buenos Aires había hecho presente al Rey lo provechoso que sería fundar un Obispado segregando al del Cuzco las provincias de Azángaro, Lampa y Carabaya,   -434-   y situándose la catedral en la primera. Se alegó para ello, que estando éstas separadas del virreinato del Perú, era una monstruosidad dependiesen en lo espiritual de la diócesis del Cuzco, y que el vicepatronato no estuviese en la presidencia de Charcas: que habría más unidad en el gobierno eclesiástico constituido a mayor inmediación de poblaciones numerosas, que era preciso vigilar mucho, por la influencia que los indios nobles ejercían sobre la multitud induciéndola a revueltas. En 12 de Noviembre de 1783 mandó el Rey informase el Virrey del Perú, quien sustanciando el expediente del caso pidió parecer al Obispo del Cuzco y a varios funcionarios, exigiéndoles datos y noticias que ilustrasen la materia. El Cabildo eclesiástico del Cuzco observó que el valor de los diezmos de aquellas tres provincias no bastaba para sostener una catedral, ni rentar al Obispo, prebendados, etc. Los subdelegados de ellas aseguraban lo contrario, y el Intendente de la Paz, proponía que el partido de Paucarcolla, cuya capital era Puno, Pelechuco y otros pueblos de Apolobamba, podían entrar también en el nuevo Obispado. Pero nadie envió al Virrey los documentos que pedía, especialmente los estados relativos a un quinquenio de los rendimientos decimales, y así Croix dejó pendiente la cuestión al terminar su período de mando.

Un número de indios nobles del Cuzco que se decían descendientes de varios emperadores Incas, se quejaron al Virrey de que habían sido despojados en 1783 por el corregidor don Matías Baulén del privilegio y costumbre que tenían desde la conquista, de elegir cada año la víspera de Santiago un Alférez Real que sacase el estandarte en la fiesta de este patrón. Pidieron se les reintegrase en esa regalía; mas al Virrey le pareció delicado resolverlo estando tan reciente la rebelión de Condorcanqui. El Intendente del Cuzco después de oír a Baulén, expuso ser dudosa la descendencia de aquellos indios; que la tal elección era perjudicial, daba lugar a los excesos de la embriaguez y a exaltar el odio que tenían a los españoles; y que el arbitrio de no contestarles era adecuado para que sordamente se extinguiese la citada costumbre. Hízolo así el Virrey ordenando al Intendente que con sagacidad saliese del lance y esperando en cada año la deliberación del Gobierno. El Rey instruido de todo mandó en 22 de Abril de 1786 que no se permitiesen tales prácticas de los indias, «alusivas a la memoria de su gentilismo e independencia».

Antes de alejarnos de lo que ya escribimos en orden a la población de Tarma, cumpliremos con referir que el Virrey Caballero de Croix para distinguirla con el título interino de villa, cuidó previamente de erigir en ella un Cabildo compuesto de sujetos dignos de representarla y de trabajar por su prosperidad. Elegida para capital de la intendencia por su clima, fertilidad, inmediación a la montaña y otras bellas cualidades, nada más propio que honrarla con la creación de un Ayuntamiento que le diese la estimación e importancia que merecía. A solicitud del intendente don Juan María Gálvez apoyada por el visitador general Escobedo, el Virrey deseando aumentar su vecindario para darle el mayor lustre y medios de guardar las fronteras, resolvió en 1785 se estableciese el Cabildo conforme a las leyes del reino; componiéndose de cuatro regidores, un alguacil mayor y un alcalde provincial de la Santa Hermandad. En 21 de Junio libró títulos a los individuos propuestos: los oficios de alguacil mayor y alcalde provincial se habían creado como vendibles y renunciables. Y como era preciso que un Ayuntamiento tuviese rentas de propios, se trató de crearlas dando principio por el ramo de mojonazgo, a semejanza del impuesto que con esta denominación se cobraba en Lima. Hállase Tarma situada en 11º, 25', 5'' de latitud Sur y su elevación sobre el nivel del mar es de 2.968 metros.

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También mandó el Virrey Croix crear en Huaraz en 1788 un Cabildo de dos alcaldes y cuatro regidores, no perpetuos sino electivos anualmente y como cargos concejales.

Por entonces el Intendente de Arequipa intentó dividir el partido de Camaná creando otro en su territorio del Norte cuya cabeza fuese el pueblo de Caravelí. Mas a pesar de las razones alegadas y del plano que remitió en su comprobación, se opuso la junta superior de Real Hacienda, y quedó sin efecto porque las poblaciones «no eran puramente de indios y residía en ellas un número considerable de españoles».

Con fecha 10 de Noviembre de 1784 aprobó el Rey la sustanciación y sentencia de las setenta y cuatro causas seguidas por el visitador Areche contra Tupac Amaru y sus numerosos cómplices: pero manifestó no ser de su aprobación las condiciones y particularidades impuestas para varios de los suplicios, y encontrándose en los procesos complicados otros individuos que aparecía haber tenido noticia y conocimiento anticipado de la dicha rebelión, se mandó por real orden someterlos al correspondiente juicio: pero esto no pudo expedirse por la muerte de algunos, haberse declarado inocentes a otros, y enviádose a los más de ellos a España para que allá se siguiese la causa.

Nombrado Gobernador intendente de Chiloé el teniente coronel don Francisco Hurtado, se advirtió desde su llegada a Lima que tenía concebido el proyecto de establecer allí un comercio exclusivo por cuenta del Rey; y aunque lo contradijo semejante idea el Visitador y Superintendente general después de oír al Tribunal del Consulado, él persistió en ella, bien que estaba desengañado de que no había de permitírsele ponerla en práctica. Al marchar a su destino se llevó una tarifa de los precios a que los comerciantes de Lima debían arreglarse al vender. Sus efectos en Chiloé, lo que en sustancia importaba recargar con un 30 % el avalúo que aquí se les hacía. Sostuvo su propósito con notable daño de los negociantes y del público, y en sus comunicaciones oficiales aseguraba no depender de más autoridad que la del superintendente, y esto en el caso de hacerse el comercio por cuenta del Rey.

Las quejas que esta novedad ocasionaba, obligaron al Virrey a llamar a Hurtado al orden; mas él no obedeció, y en sus respuestas hizo uso de frases descomedidas culpando al asesor general; con igual desacato contra el Virrey escribió al Superintendente. Entre tanto las reclamaciones se reproducían por los avances de injusticia y despotismo de dicho funcionario, que aseguraba no estar su autoridad subordinada a ninguna otra que a la del Rey. Una de sus extravagantes arbitrariedades fue la de nombrar por sí sobre los alcaldes que elegía el Cabildo, otros dos paniaguados suyos con quienes hacía cuanto era conveniente a sus designios. Hubo nuevas representaciones hechas por los caciques y habitantes de las sesenta y cuatro parcialidades de Chiloé, en que lo acusaban de imponer trabajos forzados en su provecho, hacer apreciaciones a su antojo en las maderas, etc., etc. Formose por el alcalde del crimen don Pedro Cernadas una información en que muchos testigos estuvieron contestes acerca de los excesos relacionados. Y visto todo en el real acuerdo se resolvió hacer comparecer a Hurtado en Lima, que se le abriera una causa de pesquisa y se tomasen otras providencias indispensables.

El Virrey nombró Gobernador intendente de Chiloé al coronel don Francisco Garoz que había sido Subinspector de milicias de infantería. Embarcado en la fragata «Valbaneda» naufragó al llegar a su destino por haber varado en un bajo este buque el cual llevaba oficiales, tropa e intereses del Rey que fue necesario reponer, enviando en otra nave al situado   -436-   de aquella plaza. Garoz tomó posesión de su destino: Hurtado vino a Lima para ser remitido a España con el proceso que se le formó, según lo había determinado el Rey.

El Caballero de Croix por no interrumpir la buena armonía toleraba contra su voluntad las irregularidades que provenían de las funciones del Visitador general Superintendente de Real Hacienda. Hemos dicho que reservó éste la Intendencia de Lima para ejercerla él mismo, y la desempeñó hasta que por su retiro a España tomó el Virrey posesión de ella. Por eso el visitador Escobedo tuvo el gobierno directivo de lo tocante a la policía de la capital, bien que sus disposiciones eran aceptadas por el Virrey. Entre ellas se cuenta la creación de un Teniente de policía de la Contaduría de propios y arbitrios. Lo primero no agradaba al Cabildo que habría deseado sirviesen la tenencia los regidores: mas en aquel tiempo fue acertado nombrar a don José María Egaña, quien disfrutó la renta de 2.000 pesos. Éste, siendo uno de los alcaldes de barrio, a quienes estaba encomendada la limpieza de las calles y otros objetos, corrió con numerar todas las casas y puertas, puso en el frontis de ellas el número respectivo pintado en un azulejo, con sólo el costo de dos y medio reales que pagaron los dueños de las fincas. También colocó en las esquinas una loza con el nombre antiguo de cada calle, que pudo descubrir con exactitud en los archivos de los escribanos.

Aumentó el Visitador Intendente las plazas de regidores para que se atendiese mejor a las obras públicas, ornato y demás asuntos municipales: determinaciones que todas las aprobó Croix hasta la fecha en que cesó el Visitador. El Virrey entonces por medio de Egaña practicó no pocas reformas mejorando la capital. Enuméranse entre estas obras la del enlozado de las calles formando veredas de seis palmos de ancho, con lozas extraídas de un cerro inmediato a la portada de Guía. Dio principio en 1787 por la carrera desde Santa Clara a Polvos azules con sus trasversales, siguiendo la plazuela de Santa Ana y calle desde las Descalzas hasta Santo Tomás. Se quitaron grandes montones de basuras, se construyeron algunas alcantarillas, se persiguieron el juego y los ociosos de malas costumbres, y se arreglaron ciertos desagües que eran de urgencia para evitar aniegos. El Virrey Croix conocía la utilidad de las acequias subterráneas proyectadas por el virrey Amat consultando el aseo y la pública salubridad: pero no llegó a ponerlas en obra por los embarazos con que tropezó y constaban en voluminosos autos. Asimismo proyectó Croix llevar a efecto, que el real de bodegaje por trigo y sebo, se destinase a gastos de la limpieza de la ciudad: los artículos promovidos por los que debían pagar ese impuesto, entorpecieron la exacción y su útil aprovechamiento: las cuestiones que surgieron entre navieros, bodegueros de Bellavista y panaderos, duraron largo tiempo; mas el Virrey logró el final despacho de este asunto que aprobó el Rey en 1786. Puede verse el artículo Avilés, página 421, tomo 1.º, y también la memoria de Croix página 138. Véase, Escobedo y Alarcón, don Jorge.

La erección del colegio de abogados acordada desde el tiempo del virrey Guirior, y con real aprobación expedida en 1785, no pudo verificarse en la época de Croix por no haberse encontrado en ninguna oficina las constituciones y demás papeles del caso, que se creyó existiesen en España. Véase el artículo Abascal, tomo 1.º, página 13.

Representando el Cabildo de Trujillo la decadencia de aquella provincia en su industria y otros ramos, pretendió en 1784 se hiciese la introducción de negros esclavos por Panamá y no por Buenos Aires, y que se prohibiese la del azúcar del Brasil. La Superintendencia de Real Hacienda lo participó al Rey, proponiendo también para Trujillo la rebaja   -437-   de los censos de las haciendas, del 5 al 3 %, y la libertad de derechos de almojarifazgo de los efectos que entrasen y saliesen de dicha ciudad, incluyéndose los del comercio de Europa. El Rey pidió amplios datos para resolver con acierto, y se mandó informar a diferentes corporaciones y autoridades: pero sólo cumplió el Tribunal del Consulado, sin que el Virrey consiguiera que lo hiciesen, ni el Intendente de Trujillo ni su Cabildo, a pesar del interés que debía animarlos. El Consulado dijo que la importación de azúcar del Brasil estaba ya abolida, siendo de La Habana la que se introducía; acerca de los negros expuso que tenía cierto privilegio la compañía de Filipinas, y que bien podía prevenírsele internara la tercera parte de esos esclavos por el Istmo; y que en cuanto a la libertad de derechos de las mercaderías y frutos, sería muy provechoso concederla.

Construyose un puente de madera en el peligroso río de Jequetepeque, con trece ojos, 76 varas de largo, 6 de ancho, y 11 de alto al centro. Su costo fue de 2.400 pesos: 1.200 sacados de la caja de comunidad de indios, y una suma igual de erogaciones de los hacendado de Lambayeque y Piura. La obra principió el 3 de Setiembre de 1787, y quedó concluida el 20 de Enero de 1788: la dirigieron con el mayor celo, el cura de la doctrina y el capitán de dragones don José Solibar, Subdelegado del partido de Lambayeque. Recomendándolos el Virrey Croix decía: «que después de más de dos y medio siglos corridos desde la conquista, la policía estaba abandonada, porque los que habían mandado en las provincias, sólo cuidaron de alimentar sus intereses olvidándose del bien público».

Declaró el Caballero de Croix en un bando de 16 de Diciembre de 1789, que los amos de los esclavos prófugos dentro de la ciudad pagasen sólo diez pesos a los aprehensores, y que por los que se tomasen en el campo y a distancia, siguiese abonándose los treinta y cinco pesos que había señalado el virrey Jáuregui como gratificación a los que entendiesen en la captura de ellos.

Después de largos altercados y oposición, prohibió Croix en lo absoluto los fuegos artificiales y los disparos de cohetes y camaretas para evitar los muchos males que de esta costumbre impropia sobrevenían. Había en Lima diez y seis maestros coheteros con varios aprendices, los cuales pretendían comprar la pólvora al Estado por la mitad de su valor; y el Virrey por no perjudicarlos mandó, que si querían emplearse, se les diese trabajo por los asentistas que fabricaban dicho artículo, o entrasen a la oficina de torcer cigarros en el estanco de tabacos. Estos fuegos de artificio y cohetes estaban prohibidos en España por una especial pragmática bajo severas penas; y ojalá nuestros gobiernos, dejando de buscar popularidad, y de fomentar los hábitos perniciosos de la multitud, vedasen tan bárbaro y nocivo recreo. Croix ordenó también en esa ocasión, como lo había hecho el virrey Amat, que el Cabildo tuviese bien provisto un depósito de herramientas para cortar y extinguir los incendios que ocurriesen.

Hacía tiempo que el estado ruinoso del muelle del Callao reclamaba con urgencia la construcción de otro. El virrey Guirior la promovió y encontró dificultades en la sustanciación del expediente que fue necesario formar: tampoco pudo resolver cosa alguna su sucesor el general Jáuregui, ni el visitador general Escobedo avanzó más que oír diferentes informes contradictorios, y la oferta del Tribunal del Consulado de contribuir de algún modo a la obra, a tenor de la invitación que aquél le hizo. Los ingenieros y diferentes jefes de marina opinaban que el muelle se fabricase de cajonería formada de dobles estacadas de mangles,   -438-   rellena en su interior con piedra de la isla de San Lorenzo. El Consulado oponía serias atingencias fundadas en la experiencia de lo pasado, y se decidía por el muelle que llamaba de planchas de agua, formadas de grandes palos de balsa. Las disputas se hacían ya interminables, y más bien eran una competencia de caprichosos dictámenes: se formulaban presupuestos por los que se creían facultativos, y el Consulado los tachaba de inexactos calculando ser mayor el importe, y citaba ejemplos en apoyo de su crítica. Perdido así el tiempo en más de cuatro años, el Virrey Croix por fin tomó la resolución de hacer el muelle según el sentir de los ingenieros, pero no con toda la extensión proyectada, sino de menores proporciones para atenuar los gastos. El Consulado hizo traer de Guayaquil mil mangles que ofreció, y le costaron cinco mil pesos. Después de grandes dilaciones, faltando la voluntad para hacer al país una verdadera y sólida mejora, vino a disponerse un remedio parcial y miserable para satisfacer la necesidad del momento, sin pensar en su duración ni en que fuese la obra competente y apropiada: baste decir que se resolvió gastar sólo diez y seis mil pesos, y consultar al Rey si se haría un muelle de la misma clase con mayor amplitud.

Una orden real expedida en 15 de Octubre de 1754 había mandado hacer remensura general de tierras para esclarecer y corregir defraudaciones. Con la larga vigencia de ella, se cometieron grandes abusos y no pocos despojos que recaían por lo común contra los desgraciados e indefensos indios. Se destinaban para esas operaciones sujetos sin conocimientos ni probidad, que ocupándose de un criminal comercio a que el encargo se prestaba, ofendían a la justicia provocando continuos clamores y reclamaciones.

Desde el año 1640 se hicieron repetidas mensuras y composiciones en que actuaron magistrados de crédito como los oidores don Fernando Saavedra, don Gonzalo Ramírez de Vaquedano, el Marqués de Casa Concha y el Conde de las Torres. Había muy pocas tierras sobre que recayesen providencias de motivada rectificación; y el Virrey Croix apenas reasumió las funciones de la Superintendencia, que ejercía el Visitador general, decretó en 12 de Agosto de 1788 la suspensión de las comisiones de remensura, permitiendo sólo continuasen las principiadas, y que cuando ocurriesen casos indispensables, se pidiese con fundamento la autorización del Gobierno. Esa acertada medida se publicó por bando circulándose a las intendencias, y el Rey la aprobó en 29 de Abril de 1789. Meses antes fue dictada una real orden para que se diese cuenta de los buenos o malos efectos que hubiesen producido las instrucciones de 1754 sobre remensuras, el caudal que en un decenio apareciese rendido por ellas en provecho del fisco, y las quejas recibidas de parte de los hacendados y de los indios.

Un caso de los que merecen recordarse como lecciones útiles para detestar los monopolios y prevenirse contra la avidez de cierta clase de especuladores, causó en Lima muchos desagrados en la época del Gobierno del Caballero de Croix. En Junio de 1785 don Francisco Lissa propuso en la Superintendencia de Hacienda establecer una tenería de toda clase de pieles, lanas y cordobanes, con privilegio exclusivo para que persona alguna pudiera curtir, zurrar y teñir, indicando su pericia en estas artes, y el desarreglo en que estaban con perjuicio del público y de los derechos reales. Pretendía ese asiento por 20 años, ofrecía fabricar una oficina para sus operaciones, y dar al Rey diez anualidades de a 2.500 pesos, y de a 5.000 en los diez restantes. Decía que se defraudaba mucho al Erario en los ingresos por alcabala de dichos ramos, pues se percibían por ellos apenas 740 pesos tan mal pagados que había una   -439-   deuda pendiente de 5.062 pesos y que igual cosa sucedía con los zapateros por el consumo de cordobanes. Que si se le daba el privilegio de ser el único que pudiera comprar pieles, lanas y cordobanes al precio que en aduana se avaluasen, pagaría con anualidades de 500 pesos los 5.062 de aquella deuda: que su plan aseguraba el cobro de la alcabala y beneficiaría a todos con la calidad y precio de los artículos; que daría al Gobierno todas las badanas que necesitase para envase del azogue con rebaja de real y medio, y que vencidos los 20 años cedería al Rey sus oficinas, instrumentos y útiles de servicio.

El Cabildo alegó muy justas razones al oponerse al plan de Lissa, quien todavía se sujetaba a nuevas obligaciones. Los gremios representaron contra una novedad tan extraña y dañosa. El Tribunal del Consulado, diferentes comerciantes y los hacendados de las provincias del Norte, apoyándose en diversas leyes fundaron sus representaciones contra un proyecto que hería la industria y destruía la libertad del comercio: todos pedían ser oídos y también don Francisco Barba, que queriendo para sí el negocio, proponía mejorar las condiciones de Lissa.

A pesar de todo la Junta Superior de Hacienda, siguiendo el dictamen del Fiscal de la Audiencia, admitió lo propuesto por Lissa concediéndole privilegio exclusivo para los tintes, badanas, pergaminos, lana y pieles bajo los precios ofrecidos: se le denegó tan sólo la compra y venta de cordobanes. De esta resolución suplicaron los zurradores, curtidores y zapateros: dijeron que Lissa deseaba enriquecerse a costa de artesanos honrados y padres de familia que trabajaban amparados de varias órdenes protectoras: que ellos abonarían las mesadas que aquél ofrecía y darían los efectos por un real menos que los precios del monopolista, etc. No fueron oídos los gremios y se mandó no se les admitieran escritos. Entonces ocurrieron al Virrey, pidieron un plazo para expender sus efectos, y que se sometiera todo a lo que el Rey determinase. Los hacendados se quejaron luego de la subida de los precios que hacía el asentista. El Consulado insistió en defender el comercio libre: los comerciantes reclamaron de que no les despacharan los cordobanes en la aduana: los zapateros de que carecían de materiales; y Lissa a su turno los acusaba de mala fe.

La Junta Superior de Hacienda informó al Virrey ser falsas tales aserciones, y conforme a otra vista fiscal mando guardar y cumplir lo que estaba resuelto; y que se testasen todas las palabras descomedidas que contenían los recursos de los hacendados y de los gremiantes, dispensando a éstos de la multa y pena de azotes, etc.

Renovaron la lucha el Consulado, los hacendados y demás; reclamaron de los agravios que les hacía el Fiscal, pidieron afianzase sus calumnias, y que si no eran oídos ocurrirían al Rey para ser satisfechos. En los escritos de los hacendados estaban las firmas de los Marqueses de Casa Concha y de la Puente, don Francisco Arias de Saavedra y algunas otras de no menor suposición en las clases distinguidas. La contienda se acaloró hasta el extremo: se declamó contra los estancos prohibidos por las leyes y ordenanzas; los ánimos se excandecieron, y hubo protestas y réplicas llenas de exaltación. El Virrey pidió los autos y se vieron en el real acuerdo durante cuatro días con un nuevo recurso del síndico procurador Marqués de Montemira, y comparecencia de todos los interesados. Se resolvió que el Virrey con sus altas facultades podía cortar la contienda dando cuenta al Rey para su final deliberación. Croix lo decidió así, pero ordenando se suspendiese el privilegio dado a Lissa, y se hiciese el comercio y tráfico de los artículos en cuestión con entera libertad. Remitiéronse los autos en Octubre de 1787, y el Rey enterado   -440-   de todo aprobó en real orden de 12 de Abril de 1783 lo hecho por el Virrey, mandando satisfacer a los caballeros hacendados, y que se tildaran cuantas expresiones escritas pudieran ofenderlos, etc. En seguida otra real resolución de 8 de Mayo de 1789, dispuso se anulase cuanto se había hecho con respecto al privilegio otorgado a Lissa. Así concluyó asunto tan ruidoso, cuyo examen revela haberse querido sostener un monopolio de los más escandalosos, por sólo utilizar para el Erario un miserable ingreso.

El Virrey Croix restableció por mandato real la sala de ordenanzas del Tribunal de Cuentas que se hallaba sin funcionar por disposición de la Superintendencia de Hacienda.

Descubriose en Lima el año 1785 que un individuo que decía llamarse Manuel Antonio Figueroa, natural de Galicia, era un impostor y falsario que especulaba entre personas crédulas, asegurando ser sobrino del cardenal don Manuel Ventura Figueroa Patriarca de las Indias y Gobernador del Consejo de Castilla. Este hombre vulgar había sido soldado en el Callao y después mercachifle, se hallaba casado, con hijos, y en bastante pobreza. Decía que esperaba por momentos elevadas colocaciones; que se le habían encargado comisiones secretas, y que le escribían con frecuencia el confesor del Rey y diversos personajes. Púsosele en la cárcel y formándose un ridículo proceso, aparecieron citados muchos individuos, algunas mujeres, frailes, etc., quienes según la antigua tendencia que aquí hay de creer los mayores desatinos con tal que procedan de gente extraña, daban por ciertas las groseras suposiciones de Figueroa, que presentaba, cartas y reales órdenes mal escritas y peor urdidas, selladas éstas con un peso fuerte, que estaba bien a la vista, e impreso sobre oblea. Hízose ruidoso este despreciable asunto que no había ocasionado mal de ninguna especie, y se pidió la pena de muerte para el tal Figueroa y el destierro de un religioso de la Merced fray José Acero. Después de muchos incidentes y actuaciones, el Virrey destinó al reo a diez años de presidio en África, y al fraile lo remitió a España a disposición del Rey.

Mandó Croix construir un almacén para depósito de pólvora y municiones en el Cuzco, fuera de la ciudad y en lugar a propósito elegido por el Intendente y el Comandante de armas en el camino a San Sebastián. Los gastos no salieron del Erario, sino de erogaciones hechas por los vecinos para librarse del peligro en que se habría puesto a la población guardando la pólvora en la sacristía de una iglesia, como al principio quisieron hacerlo las autoridades.

En Lima hubo los mismos azares a causa de existir en el barrio de Barbones un almacén de pólvora fabricado en tiempo del virrey Amat y contiguo al depósito de Azogue. Su sucesor el general Guirior proyectó levantar otro a distancia, y cuando se había elegido la cima de una guaca entre las haciendas de Pando y Maranga, estando formado el presupuesto, y sacada la obra a remate, una real orden previno que antes de terminarse este asunto se sometiese al Rey para su resolución. El Virrey consultó el caso al visitador Areche, quien expuso que debiendo estancarse la pólvora, fabricarse de cuenta del fisco, y construirse almacenes en que depositarla, no le parecía conveniente gastar en la obra los setenta y seis mil pesos en que estaba tasada; y que aunque el sitio designado fuese bueno, distaba mucho del lugar de la elaboración.

Quedó todo pendiente, hasta que el virrey Jáuregui en 1782 mandó cumplir una real orden de 9 de Abril de dicho año, en que el Rey dispuso se edificara el almacén proyectado, y que si éste no bastaba, se construyese otro en distinto paraje. El visitador Escobedo representó el estado   -441-   deficiente del Erario, opinando se disminuyese el costo, y que ayudase el vecindario a cubrirlo. Se hizo nuevo presupuesto de 35.400 pesos para hacerlo en el paraje llamado la Legua: no lo creyó a propósito el Visitador, y se inclinó a un sitio que pudiera conseguirse gratis a sotavento de la ciudad. Entonces se eligió el cerrito que hoy se conoce por de «la Menacho» que se declaró ser baldío, y se compró una fanegada de tierra de la chácara en que está, a fin de formar un camino para salida, y se pagaron por ella 900 pesos. El Cabildo en una mesa que colocó para las erogaciones del público reunió 15.454 pesos (de los cuales la Universidad dio dos mil), y la obra se encargó al maestro mayor don Martín Gómez que fue el mejor postor, por la cantidad de 29 mil pesos. Después hubo que añadir 7.400, porque se descubrió ser de roca el cerro indicado, lo cual alteraba mucho el presupuesto. Todavía ocurrió una nueva demanda. Se pidió la construcción de un cuartel o cuerpo de guardia, y un camino seguro y cómodo; gastos adicionales que se calcularon en 12.827 pesos y que el Virrey mandó pagar al mismo subastador Gómez (año 1788).

La necesidad de tener un repuesto de once mil quintales de pólvora para poder abastecer en un momento dado las plazas de este continente, y atender a otras exigencias, dio margen a que se contratase con doña Antonia Bohorquez la elaboración de dicho artículo durante 9 años al precio de tres y medio reales libra de polvera de armas, y de dos y medio la de mina. El Rey lo aprobó pero sólo por tres años; y esto pareció muy bien a los jefes de artillería que instaban por que hubiese una fábrica por cuenta del Erario; con cuyo motivo se fomentaba el beneficio del calibre de 2.ª cocha en Lambayeque, y se pagaba a 18 pesos quintal. El contratista pedía el cumplimiento de la escritura, y decía que trabajando por 3 años perdería dinero con aquellos precios fijados en el concepto de durar su contrato 9 años; y que si se reducían a 3, valdría la libra medio real más como se abonaba antes. Su pólvora se había examinado y aprobado en Segovia por las buenas cualidades que reunía.

Don Lucas Rodríguez Molina también fabricaba pólvora con máquinas de distinto sistema (invento suyo) y se probó que ésta era superior a la de Bohorquez como lo reconocían los jefes de artillería. El Virrey mandó hacer contrata con dicho Rodríguez por tres mil quintales al precio de 4 reales libra que se le había antes abonado, y acordó fabricase también dicho artículo don José Varela heredero de la Bohorquez para que ambos llenasen la provisión: pero éste no se conformó con recibir medio real menos que Rodríguez, lo cual había ofrecido con concepto a los nueve años y a ser él solo el fabricante. El Virrey Croix no alcanzó a poner término final a la cuestión que quedó pendiente en la Junta Superior de Real Hacienda.

Habiendo mandado el Rey en 1783 se redujese el número de las compañías de alabarderos y guardia montada del virreinato, el Caballero de Croix dejó la 1.ª en 24 hombres mitad de su fuerza, y la 2.ª que tenía 150, en 35; con lo que se ahorraron al fisco 59.520 pesos, y el Rey expidió su aprobación con fecha 1.º de Octubre de 1785. También se licenciaron las tropas que había en el Cuzco y Tarma, reemplazándose con fuerza de los regimientos de Soria y Extremadura venidos de España: disolviéronse las asambleas de las milicias, se hicieron algunas otras economías, y se enviaron a la península los oficiales sobrantes. El cuerpo de artillería se disminuyó hasta 93 plazas: pero la junta de guerra que entendió en estos arreglos, no tuvo por oportuno reformar el 2.º batallón del regimiento fijo de Lima.

Este cuerpo se hallaba alojado una parte en el convento de belethmitas, y otra en el local que fue colegio real de San Felipe. Para edificar en   -442-   este lugar un cuartel en forma, presentó un proyecto y plano el subinspector general don Gabriel de Avilés. La obra se calculaba en 36.540 pesos y se creía indispensable al buen orden y salud de la tropa. Para aliviar al Erario en lo posible de aquel gasto, se acordó emplear 19 mil pesos que tenía de fondo aquel regimiento. Por entonces se cobraba en la aduana un impuesto con título de ramo de cuarteles. Resolviose la construcción haciéndose diez espaciosas cuadras en el dicho paraje, donde ahora está la Escuela de Artes y Oficios. Se subastó la obra y quedó a cargo de ella el maestro mayor don Martín Gómez por la cantidad de pesos. Véase Monet.

Una orden real expedida en 26 de febrero de 1787 dispuso que sobre el regimiento fijo se crease uno de tres batallones en el pie de guerra con el nombre de «regimiento real de Lima», que al efecto se destinasen los oficiales y tropa de Soria y Extremadura que quisiesen pasar voluntariamente a aquel cuerpo: y que los restos de dichos dos regimientos, se volviesen a España. Exceptuáronse los individuos casados en Europa, los extranjeros y los que estuviesen procesados; y a los que quedaron se les obligó a servir lo menos por 6 años fuera del tiempo que les faltase para cumplir sus empeños. Dispuso el Virrey en la junta de guerra que se celebró con este motivo, se tomase a los vagos y ociosos, y se pusiese en varios lugares bandera de enganche, en caso necesario, para completar el número de los soldados del real de Lima. Se había encargado al Virrey beneficiase los empleos de oficiales, las capitanías en 6 mil pesos, las tenencias a 3 mil, y las subtenencias por dos mil: mas el inspector Avilés alegó razones contra semejante arbitrio, de otro lado irrealizable por estar ya provistas las nuevas colocaciones.

El Virrey Croix dictó providencias conducentes a la seguridad de los buques mercantes, debiendo éstos navegar con pilotos inteligentes, para precaver los lances desgraciados que ocurrían por falta de náuticos a bordo, o por impericia de algunos que gobernaban mal las embarcaciones.

En una real orden su fecha 6 de Marzo de 1782 se anunció al Virrey que se trataba de formar un establecimiento inglés en Otaheti, y que se sabía de positivo que el capitán Cook luego que arribó a dicha isla en 1777, se posesionó de ella en nombre de su Gobierno, destruyendo la inscripción que allí encontró al pie de una cruz, y daba fe del descubrimiento hecho antes por los españoles. Preveníase al Virrey en dicha orden que enviase a Otaheti una nueva misión con religiosos idóneos, y que se restableciese aquel comprobante del derecho y dominio del Rey Católico. Croix trató de cumplir este mandato: pero el Visitador general le expuso no haber cómo practicar los gastos, pues eran tales las escaseces del Erario que apenas existían 300 pesos en las cajas reales. Insistió el Virrey proponiéndole un proyecto que presentó el capitán de fragata don Miguel Orosco de hacer el viaje en la barca del Rey nombrada «Monserrat». El presupuesto importaba más de 26 mil pesos, y como el Visitador no lo aceptase y fuesen inadmisibles las observaciones que opuso, la expedición quedó sin verificarse. Croix dio cuenta al Rey de los embarazos con que había tropezado, y le participó que el capitán Cook hablando en sus diarios de la isla de Otaheti, la prefería a todas las de estos mares para situar una colonia inglesa. Esta noticia la dio al Virrey el presidente de Chile O'Higgins, a quien mostró aquellos escritos públicos, el Conde de la Perouse cuando arribó a Talcahuano en 24 de Febrero de 1786 con las fragatas francesas «Brújula» y «Astrolabio» destinadas a destruir los establecimientos ingleses en Hudson. Ambas naves perecieron en los arrecifes de la isla Vanikoro, según se ve en la relación de Milet de Mureau   -443-   impresa en 1797 en 4 volúmenes. El archipiélago de Vanikoro, Andany, etc., se conoce por el de la Perouse al Sureste del de Salomón. En otra real orden de 12 de Julio de 1787 se reiteraron al Virrey las anteriores prevenciones acerca de Otaheti, asunto que Croix dejó recomendado a su sucesor don frey Francisco Gil. El historiador de Chile Gay dice que la Perouse llegó a Talcahuano en 1783, que por Abril salió para California; e iba dando vuelta al mundo: sus equivocaciones se extienden hasta variar los nombres de los buques.

Según orden de 20 de Enero de 1784 a ninguna embarcación particular extranjera se «podía permitir entrase en los puertos de los dominios españoles de indias bajo pretexto alguno, ni el de hospitalidad, sin excepción de bandera, y aunque alegase estar próxima a irse a pique. No así a los buques de guerra que se hallasen en evidente necesidad y la probasen; los cuales serían recibidos con la condición de admitir el resguardo a su bordo, de depositar la carga en almacenes, y de salir en el acto que quedasen listos para navegar».

El año 1788, por el mes de Mayo, la fragata «Colombia» de Boston arribó a la isla de Juan Fernández con averías considerables: el gobernador don Blas González permitió fondeara bajo los fuegos de una fortificación: carecía de agua y leña y no tenía a bordo carga alguna, ni más armamento que varios pedreros de a cuatro. Declaró el Capitán que regresaba a su país después de haber buscado un establecimiento ruso por California. González dio acogida a este buque para que remediara sus quebrantos, sin permitir siquiera que la leña la cortasen los marineros; y al dar parte del suceso, remitiendo copia de los papeles del buque, y de una recomendación del consulado francés en Estados Unidos, avisó que un paquebot llamado «Washington» había navegado en convoy con dicha fragata, y tal vez llegaría a la isla. La conducta del Gobernador fue reprobada por el Virrey diciendo que debió apoderarse de la «Colombia» tratándola como enemiga según estaba mandado, aunque fuese amiga o aliada la nación a que correspondiera. Se ordenó al Presidente de Chile castigase al Gobernador, y se escribió al Virrey de México noticiándole que aquellos buques habían andado haciendo reconocimientos en California.

Don Juan Miguel de Castañeda ofreció armar sin interés alguno su navío el «San Pablo» para perseguir a los bostoneses: el Marqués de Casares Comandante de la fragata de guerra «Nuestro Señor de la Cabeza» representó que a él le tocaba hacer esa campaña, y el Virrey tuvo por tardíos e imaginarios estos proyectos. La «Cabeza» debía ir a España con caudales, y el «San Pablo» estaba de viaje para Valparaíso con objetos de comercio. El Presidente de Chile, a pesar de que el sumario que se formó no arrojaba la menor sospecha sobre lo acaecido, destituyó de su cargo al gobernador de Juan Fernández. Croix circuló órdenes en toda la costa para que se rechazase por fuerza todo buque extranjero que intentase fondear, y que se apresara a los que fuese posible.

El Virrey aceptando nueva oferta de Castañeda, envió una expedición en el «San Pablo» a reconocer la isla de San Félix, examinar sus puertos y sus recursos, para ver si podrían allí los extranjeros formar algún establecimiento. Confió el encargo al oficial de marina don Antonio Casulo que llevó 20 soldados. El «San Pablo» hizo el servicio sin recompensa, dándose a Castañeda algunas municiones de artillería que pidió (Junio de 1789).

Por cédula real de 10 de Mayo de 1785 se ordenó al Virrey hiciese notoria la existencia de la compañía de Filipinas creada en Marzo con sus estatutos que comprendían cien artículos. El primer buque de dicha   -444-   compañía que entró al Callao, fue el «Hércules» procedente de Manila, y consignado al primer factor que hubo en Lima Conde de San Isidro.

Habiéndose pretendido en 1778 por los religiosos de Ocopa trasladarse al convento de San Bernardino de Huánuco, cuyos religiosos podían cambiarlo con el de aquéllos en la provincia de Jauja, se recogieron diferentes datos y pareceres: algunos de éstos apoyaron el plan pero otros lo contrariaron. Visto el asunto en el real acuerdo se resolvió informar al Rey (1788) que los padres de Ocopa debían continuar donde estaban, y que si preciso fuese aumentasen el número de los misioneros que tenían en su hospicio de Huánuco.

Durante el tiempo en que gobernaron los virreyes Guirior y Jáuregui estuvieron en el virreinato unos religiosos mercedarios autorizados para hacer reformas en sus provincias de Lima, Cuzco, Chile y Tucumán. Algunas pondrían desde luego en planta, pero es cierto que no obligaron a las comunidades a la vida común, que no recogieron a clausura a los frailes vagos que vivían libremente donde querían, ni prohibieron a los Prelados dar el hábito a cuantos lo solicitaban, sin atender al crecido número de frailes que había excedentes, ni examinar si estos aumentos indebidos ocasionarían gastos superiores a las entradas de los conventos. Tampoco dieron paso alguno para la supresión de conventillos en que apenas había dos o tres religiosos. El Virrey Croix con dictamen del real acuerdo ofició al reformador existente en Lima fray Simón Alfaro (1784) para que procediese a emplear su autoridad en esos particulares a que no se había contraído definitivamente. Aunque él eludió los requerimientos encargando a los provinciales cumpliesen las disposiciones del Gobierno, consiguió la aprobación de sus demás actos y se regresó a España.

Carlos III con bula del papa Paulo V mandó suprimir en América los conventos de mercedarios que no tuviesen ocho religiosos; y que si por esto se hacía difícil la cuestación de limosnas en favor de los cautivos, corriese ésta por los obispos y encargada a sacerdotes de probidad. La orden se repitió en 1786 y motivó las investigaciones que previno el Virrey se hiciesen; pero en otra de 8 de Setiembre de 1787 se determinó suspender lo dispuesto hasta que se enviaran a la Corte informes reservados sobre la materia. El Intendente de Guamanga dijo que en el convento de esa ciudad había sólo cinco religiosos, y que era necesario extinguirlo aplicando su renta, que importaba tres mil pesos, a la instrucción primaria. El Provincial de la orden dio razón de los conventillos de muchos lugares que, aunque incompletos, él creía muy conveniente se conservasen: y dijo que en seis años se habían remitido a España 309 mil pesos para la redención que era la santa tarea de todos los conventos de la orden. El Intendente de Tarma opinó por la supresión del que existía allí y tres más de otras religiones que tampoco eran de utilidad alguna careciendo del número de frailes prescrito, pues sólo contaba cada uno con dos: que los Prelados «sólo procuraban aprovecharse de las rentas descuidando hasta lo material de los edificios» y que debían invertirse mejor en proteger el hospital de San Juan de Dios y la instrucción pública: lo mismo expuso el Subdelegado de Huánuco. El Gobernador intendente de Arequipa manifestó que en Arica y Camaná faltaban ingresos para mantener pequeños conventos faltos de religiosos; pero que esas poblaciones deseaban su permanencia, y que los padres del Cuzco habían prometido auxiliarlos para su sostén. De éstos y otros informes se dio cuenta al Rey menos por alcanzar una decisión, que por ceder a influencias e intereses particulares.

Con los reformadores que también vinieron en aquel tiempo para hacer   -445-   arreglos en las órdenes de Santo Domingo y San Agustín sucedió en todo lo mismo que con los de la Merced, y se volvieron a España dejando en pie los abusos y quebrantamientos que quedan referidos a causa de la lenidad o flaqueza de los virreyes. Celosos y exactos para la obediencia en ciertas materias, no lo fueron para cumplir con las reformas de las órdenes religiosas en cosas tan legales y justas como las prevenidas en el tomo regio de 23 de Setiembre de 1771.

En 1787 se formó un expediente sobre la nulidad de las patentes recibidas de Roma para que los prelados de la Buenamuerte después de haber gobernado tres bienios consecutivos, continuasen siéndolo en nuevo período. Aquéllas no tenían pase del Consejo, ni la regla de la orden permitía semejante autorización, que desde luego interrumpió la paz en el único convento en que se observaba la vida común; declaró el Virrey nulas dichas patentes que carecían del exequatur regio, y dio cuenta al Rey en Junio del citado año. Hízose elección de Prelado interino que recayó en el padre Manuel de Aragón.

El Caballero de Croix nombró en 1787 Rector del colegio de San Carlos al doctor don Toribio Rodríguez de Mendoza y Juez Conservador al oidor don José Rezábal y Ugarte, quien practicó una visita para examinar sus rentas, mejorar las costumbres, y proponer algunos medios dirigidos al aumento de sus recursos. Como en dicho colegio se habían reunido los de San Martín y San Felipe, a quienes pertenecían los locales que se destinaron, uno para aduana y otro para cuartel, se le pagaban por arrendamiento del primero 1.400 pesos; y se solicitó alguna asignación por el segundo conocido con el nombre de colegio real. Tratose igualmente de conseguir algún otro señalamiento tomándolo del ramo de temporalidades de jesuitas.

Permitió el Virrey la erección en la ciudad de Ica de una casa de ejercicios espirituales para mujeres, con hospital para enfermas pobres, y un departamento para niñas expósitas. Aprobó el Rey estos establecimientos piadosos que quedaron expeditos en 1787. Véase Cordero, doña Josefa.

Por tres reales órdenes dictadas en los años 1783 y 1784 se mandaron reducir los gastos de la capilla del palacio de Lima. De seis capellanes se dejaron dos con 500 pesos, cuando antes gozaban 800, y se suprimieron varias funciones que en ella se acostumbraban como en cualquier templo. El Virrey no quedó gustoso de que se alterasen prácticas cuyo origen era antiquísimo, y concurrían a exaltar la dignidad de su puesto; mucho más cuando dichos gastos no gravaban al Erario y se hacían del ramo de vacantes mayores. La capilla se fundó en 1595 con aquellos capellanes que decían cada uno 112 misas anuales por la salud de los reyes: celebrábanse en ella los nacimientos y cumpleaños de los príncipes: y los virreyes daban esas prebendas y los hijos de los ministros y principales caballeros...

Algunos obispos no pudieron disimular su disgusto por la creación de las intendencias a causa del vicepatronato real anexo a ellas, y que antes sólo se ejercía por los virreyes.

No podían soportar que en su diócesis la potestad civil se antepusiese a la eclesiástica en muchos casos como era indispensable. Estaban habituados a reconocer por única jerarquía superior política la de los virreyes; mientras que a la distancia los prelados se abrogaban atribuciones ajenas, se mezclaban en los asuntos más extraños a la Iglesia, y en el hecho las justicias territoriales les estaban subordinadas. El Obispo de Guamanga inquieto por carácter, avezado a usurpaciones de autoridad, e irascible en subido grado, se empeñaba siempre en cuestiones   -446-   indiscretas sin que la razón le favoreciera. Y así como luchaba con los funcionarios públicos, lanzaba excomuniones contra corregidores, y maltrataba de obra a cualquier persona, entró en serias desavenencias con el Intendente Marqués de Lara, natural de Lima, hombre moderado y cuyas cualidades sociales lo hacían muy estimable.

Los corregidores obligaban siempre a los obispos adelantándose en sus visitas y cumplidos, les consultaban para la elección de alcaldes y provisión de destinos: en las iglesias no disfrutaban distinciones de ceremonial sino las que agradaban a los prelados: en los días clásicos los besamanos y acatamientos se hacían en la casa episcopal.

El obispo López Sánchez, que nunca estuvo en paz con el Cabildo eclesiástico, desacreditaba la institución de las intendencias como dañosa y opuesta a lo que llamaba su decoro, y defendía las antiguas costumbres de una manera brusca y descomedida. No hubo asunto ni ocurrió caso alguno en que dejara de chocar y formar altercados con el Intendente: provocaciones, abusos, desaires, hostilidades de todo género para abatir y no reconocer sus preeminencias, eran las ordinarias obras y conatos del Prelado, tomando tales dimensiones que el Marqués de Lara tuvo a bien retirarse a Huanta después de renunciar la gobernación. Luego le calumnió diciendo que había hecho un negocio repartiendo mulas por medio de otras personas: levantó un sumario formado por los curas, y aquella falsedad se descubrió vergonzosísimamente, comprobándose la suplantación de una carta y ser supuestas las declaraciones por confesión de los mismos que atestiguaban hechos que nunca existieron. El Virrey Croix, débil por carácter, no procedió como debiera y tocó inútilmente resortes conciliatorios, que jamás corresponden bien cuando se emplean con personas siniestras e indomables. Y tratando de las graves faltas del Obispo, culpaba también «a algunos malos espíritus que con los chismes de que abunda esa Sierra, alteran su ánimo y ponen en movimiento los ímpetus de la sangre y del temperamento».

En Arequipa el obispo Chaves de la Rosa sostuvo competencias con el Intendente, sin que fuese posible contener su predisposición a discordias por celo exagerado de autoridad. El Obispo difería la provisión de curatos y el Intendente no conformándose con sus razones y excusas, consultó el caso a una junta de abogados para examinar la conducta del Prelado al retardar el concurso. Este procedimiento sin duda impropio, lo caracterizó el Obispo de ofensivo teniéndolo por un proceso fulminante contra él, y recusó al Intendente diciendo se entendería sólo con el Virrey. En el real acuerdo se determinó (1790) la suspensión de dicho concurso hasta que concluyese la visita que estaba haciendo el Prelado en su diócesis, y que entre tanto las doctrinas podrían servirse por interinarios hasta que el Rey resolviese sobre el punto en cuestión.

A consecuencia de dos reales órdenes sobre matrimonios, la Audiencia dictó un reglamento para que los hijos de familia no lo contrajesen sin permiso de sus padres, parientes o tutores. El Virrey suspendió la promulgación porque convenía suprimir el artículo 13 en circunstancias de estar próxima la venida de España de los regimientos Soria y Extremadura; y como en aquél se prevenía que los individuos de tropa era bueno se casasen y estableciesen, era de esperarse que la disciplina militar se enervara con la franquicia concedida. No se allanó la Audiencia, y requirió al Virrey una y otra vez para que se publicase íntegro el reglamento: pero al fin varió de propósito viendo que la Superintendencia general apoyaba al Virrey, cuya disposición fue aprobada por real orden de 25 de Octubre de 1786.

Sin embargo de todo se hicieron muchos matrimonios de la tropa de   -447-   esos regimientos, unos autorizados por sus capellanes, y otros por los curas y sin licencia, presentándose los interesados sin uniforme para disfrazarse. Sobre lo cual hubo reclamaciones de los jefes, excusas de la curia, y sospechas contra la calificación de soltería: el Virrey dio algunas providencias para el remedio de estos desórdenes.

No faltaron en el gobierno de Croix los casos tan frecuentes en el Perú de disturbios para la elección de preladas de los monasterios. Los hubo notables en la comunidad de Santa Clara de Trujillo el año de 1786. Desesperadas muchas monjas con los abusos del provincial de San Francisco fray Antonio Muchotrigo, que quiso suspender la elección y que se nombrase una presidenta, se salieron de los claustros diez de ellas y pidieron protección al Obispo, pues no se prestaban a votar en favor de cierta religiosa. El Obispo las condujo a su clausura y el Intendente para que no la violasen otra vez, hizo rodear de soldados el convento el día señalado para aquel acto, que no pudo efectuarse por las nuevas quejas de las religiosas. Dispuso el Prelado entonces que el ordinario tomase a su cargo el gobierno del monasterio: mas el real acuerdo no lo aprobó, resolviendo el Virrey se hiciese la elección presidida por el Obispo, encargando remediar cualquiera abuso: y con esto se celebró pacíficamente participando todo al Rey en Diciembre de 1787.

Por real orden de 8 de Diciembre de 1784 se mandó aplicar el colegio de la extinguida compañía de Jesús de Moquegua a los religiosos franciscanos de Tarija con todas sus pertenencias, a fin de que éstos ejercieran su instituto apostólico de misioneros en el Obispado de Arequipa, y enseñasen la doctrina cristiana y primeras letras a los niños de Moquegua y sus cercanías. La fundación del colegio de misioneros en dicha villa la había promovido años antes el obispo Abad e Illana, a pesar de muchas resistencias que se le opusieron, y su designio fue la propagación de la fe en las islas de Otaheti.

En otra cédula de 22 de Agosto de 1785 dispuso el Rey que inmediatamente se procediese a la erección de la Sede episcopal de Cuenca conforme al plan y reglas aprobadas. Efectuose en el inmediato año, siendo el primer Obispo de esa diócesis el doctor don José Carrión y Marfil10 a quien sucedió el doctor don Andrés Quintián de Ponte.

En virtud de instancias del Arzobispo para remediar los excesos que cometían los curas Ugarte de Mito, Hoyo de Chacayán y Escobar de Yauli, fueron por concordia de ambas potestades removidos de sus beneficios.

El año 1785 trajo de España fray Francisco Álvarez Villanueva más de 40 religiosos destinados a las misiones de Ocopa. Al poco tiempo se trataba de la elección de prelado; el que lo era fray Mauricio Gallardo trataba de tener a su devoción los votos de la comunidad para nombrar uno de su satisfacción. Álvarez se le opuso, y la discordia de ambos produjo representaciones y un cuerpo voluminoso de autos, en que aparecía la excomunión fulminada contra dicho religioso por inobediente. Fue sostenido por el real acuerdo, y se exhortó a fray Andrés Carvajal, Presidente del capítulo, para que se celebrase en paz y sosiego. A pesar de esto privó de voz activa y pasiva al padre Álvarez y otros frailes; el Intendente de Tarma que estaba presente, requirió tres veces a Carvajal para que los rehabilitase, removido ya el pretexto de excomunión que el real acuerdo había mandado alzar, y como no lo hiciese, le impuso arresto ordenando que se le reemplazase con otro y se efectuase la elección de Guardián. Hízose en sosiego y tranquilidad, resultando de Prelado el padre fray Manuel Sobreviela religioso de notable mérito. Carvajal murió a los pocos días y Álvarez envió a España una acusación contra el Intendente. Se dio allí providencia con pase del Consejo para nuevo   -448-   capítulo, anulándose lo actuado. El Virrey no lo consintió, y con parecer del acuerdo mandó se esperase nueva deliberación del Rey en la consulta que estaba pendiente. Sobreviela gobernó en paz y con acierto, debido a su juicio y prudencia (1788).

En repetidas cédulas se había prevenido a los virreyes combinasen el modo de restaurar los perdidos territorios de Manoa, hacer fortificaciones al interior de Tarma y fomentar las misiones. En el gobierno de Guirior nada pudo hacerse por las dificultades que para todo creaba el visitador Areche: tampoco en el de Jáuregui por la misma causa, y por la rebelión de Tupac Amaru que ocasionó serios cuidados y dejó el Erario en notable deficiencia. Formáronse sin embargo expedientes para estudiar los proyectos, y continuaron sustanciándose en la época de Croix, a fin de decidir sobre ciertos puntos que desdo luego no era fácil zanjar en medio de variados conceptos y dictámenes. Fue sensible que por desidia o acaso falta de energía en el Virrey, no se adoptase el mejor consejo aprovechando la tranquilidad de que se gozó en el periodo de su mando. Pasó el tiempo, y Croix terminó por instruir a su sucesor (imitando a Jáuregui) de lo que juzgaba más acertado, y que él no había intentado siquiera poner en ejecución. El Rey a tenor de informes de los misioneros de Ocopa mandaba crear una población fortificada en la confluencia de los ríos Pozuzo y Mairo. Pero los mismos religiosos, divididos después por falta de concordia en las voluntades, sostuvieron la idea de reedificar las trincheras de Chanchamayo y obrar por el cerro de la Sal.

De cualquier modo que fuese, la realización de estos proyectos, principalmente el indicado por el Rey (sin duda el más provechoso), exigía: mejorar caminos, hacer considerables gastos y emplear el más resuelto empeño, que no hubo, hasta conseguir un éxito completo y durable.

Recibida la real orden de 10 de Agosto de 1785 sobre prohibición de libros y publicaciones impresas, Croix para cumplirla ejercitó un celo excesivo, probablemente por recomendarse y dar un testimonio de su religiosidad. En obedecimiento de las prescripciones que aquélla abrazaba, hizo recoger y quemar cuantos ejemplares se encontraron de las obras de Montesquieu, Linguet, Raynal, Machiavelo y Legrós; de la Enciclopedia y hasta del libro de Marmontel titulado Belisario. Promulgó por bando un decreto para que en ninguna imprenta se imprimiese papel alguno sin licencia bajo de graves penas. Se previno a la Universidad que ni los certámenes acostumbrados, panegíricos, oraciones latinas de apertura de estudios, en suma ningún escrito, pudiese darse a luz sin permiso y reconocimiento del Gobierno. Acordó con la Inquisición el modo de precaver la introducción de libros prohibidos, no entregándose en la aduana sino los que designase un interventor del Santo Oficio; y se nombraron comisionados del Gobierno y de ese Tribunal para que registrasen las librerías públicas y tomaran cuantas obras estaba dispuesto no circulasen.

Para conducir a Chile seis mil fardos de tabacos que allí se consumían anualmente, se acostumbraba traerlos del departamento de Trujillo a la capital, enviarlos al Callao y embarcarlos para Valparaíso y Talcahuano. Siendo este régimen muy gravoso y perjudicial al comercio, permitió el Caballero de Croix se condujesen los tabacos directamente de Pacasmayo a dichos puertos de Chile, celebrándose contrata con don Juan Miguel de Castañeda para que en sus buques los remitiese cada año. Con esto quedó libre la arriería para dar activo ensanche al tráfico de la costa, se habilitó un puerto para el cambio recíproco de producciones entre el Perú y Chile, y ahorró la Real Hacienda 14.350 pesos, pues el   -449-   gasto de conducción por tierra ascendía a 36.900 y adoptándose la vía marítima no excedía de 22.550 pesos.

Por bando de 28 de Julio de 1788 prohibió el Virrey se vendiesen cigarros en las pulperías, porque el expendio de estos hacía se disminuyesen las entradas del estanco; de modo que nadie podía elaborar cigarros libremente; lo cual había de verificarse sólo en aquél, desde que era uno de sus ramos de giro: privose así a los industriosos de la utilidad que les dejara comprar tabaco en rama y mazos, y labrar los cigarros. Hasta para picar el tabaco era preciso ocurrir a las oficinas del estanco. La referida prohibición produjo a esta renta un aumento de seis mil pesos mensuales en sus ingresos.

Por disposición de Croix se formó una nueva ordenanza para el estanco de tabacos, por no ser en todo adaptable la de México que estuvo rigiendo provisionalmente.

Entre los errores del visitador general Escobedo se contaba el de haber unido el ramo de alcabala al de rentas estancadas; ocurrencia extraña que lejos de tener algún objeto provechoso, causó confusión, desórdenes y mayor gasto. El Virrey hizo seguir un expediente para restablecer el sistema anterior sobre recaudación de alcabalas.

Careciendo el estanco de edificio propio y adecuado, se pagaba el arrendamiento de una casa en la calle del padre Gerónimo la cual no tenía la extensión necesaria. Acordó el Virrey Croix construir una finca, con doce almacenes y las oficinas necesarias en un sitio llamado la Chacarilla que era propiedad del Rey. Tuvo de costo 448.112 pesos incluyéndose unas casitas accesorias que se daban en alquiler. Con esta obra se clasificaron y acomodaron bien los tabacos, evitándose la pérdida que ocasionaba la estrechez del antiguo local, que daba lugar a la avería y podredumbre de esos artículos: en un solo año importó este quebranto más de 40 mil pesos. Después de la independencia (1830) se siguió un juicio (que luego se cortó) contra los que sustraían maderas desbaratando los techos de los almacenes. Hoy el edificio lo ocupa el colegio titulado de Guadalupe.

En orden de 30 de Abril de 1785 mandó el Rey que inviolablemente y por cuantos términos pareciesen oportunos, se recogiera dentro del plazo de dos años toda la plata macuquina para su refundición y conversión; y que si alguna quedase en el círculo, no tuviese valor en el comercio, y sólo se le diera en las casas de moneda el que correspondiese a su ley y peso. Esta providencia se tomó a beneficio del público y a costa de crecido gasto. Se prohibió remitir a España toda moneda que no fuese pesos y medios pesos, para que en el virreinato no escasease la plata menuda; y que se acuñasen cuartillos de real para comodidad del pueblo, y facilitar las compras en la más reducida escala. Para la amonedación de estos útiles cuartillos, hubo algunos embarazos a causa del término que se fijó de dos años. El contratista de la fielatura representó no poder acuñar la suma prevenida, si había de hacerse además de las piezas menudas de otras clases que debían emitirse hasta completar 27 mil marcos: y que si se rebajaban a 20 mil, podrían labrarse en cuartillos 400 marcos cada año, pues de lo contrario tendría que sufrir una pérdida considerable. La orden para el recojo de la moneda macuquina se circuló para su cumplimiento en todo el territorio.

Como se advirtiese en España que en las barras de plata algunas tenían menos ley de la que llevaban marcada, se ordenó en Abril de 1789 que se pusiese en ellas el nombre del ensayador que había de ser responsable de cualquier fraude que se experimentase.

La fielatura de la Casa de Moneda que en administración por cuenta   -450-   del Rey había ofrecido siempre inconvenientes y subidos gastos, la dio el Virrey segunda vez por contrata: bajo este sistema era menos onerosa y se ahorraban sueldos. No se encontraba una persona idónea para mirar los reales intereses como lo hacen por los suyos particulares los subastadores. Hacía 30 años que desempeñaba la fielatura don Pablo Matute de Vargas según remates practicados. Croix le obligó a presentar al vencimiento de los cinco años de su última licitación, una cuenta jurada de los costos y gastos, y lo hizo como le pareció para estimar en menos el lucro que se le calculaba en más de 40 mil pesos. Sin datos para poner la fielatura en manos de empleados, lo que no parecía bien al Superintendente, determinó el Virrey volver a arrendarla por dos años: y en competencia de don Pablo Matute Melgarejo, don Juan Ruiz Dávila y don Miguel de Oyague recayó en este último el remate, con la misma condición de exhibir la cuenta jurada, so pena de dos mil pesos en caso de no hacerlo. Y por escritura de 26 de Setiembre de 1789 se obligó a la amonedación a 34 maravedís por cada marco de plata, y 3 reales por el oro con rebaja de un 9 por ciento, acuñando el primer año 27 mil marcos en menudo.

Siendo juez del ramo de lanzas y media anata el oidor don José Rezábal se formó liquidación de sus valores, demostrándose una enorme deuda. En el quinquenio acabado en 1789 se atesoraron 20 y tantos mil pesos más que en el precedente por media anata, y 62 mil por lanzas; los rezados importaban más de 732 mil pesos que debían los títulos de Castilla, incluyéndose los extinguidos por insolvencia y los suspensos. En real orden de 1.º de Abril de aquel año se mandó que dichos ramos se incorporasen a la Real Hacienda, aboliéndose el juzgado que se componía de un oidor y un contador del Tribunal de Cuentas. El derecho de media anata fue instituido en 1631 con juez privativo, uniéndosele en 1704 la exacción por lanzas de los títulos de Castilla. La media anata no la pagaban sólo los empleados, sino los maestros de artes mecánicas, los médicos, cirujanos, boticarios y sangradores. A pesar de muchas observaciones que opuso el juzgado de lanzas, la real orden para su supresión quedó ejecutada.

Concluida a fines de 1787 la visita general, el oidor de Lima don Jorge Escobedo que la desempeñaba, se volvió a España nombrado Consejero de Indias; y el Virrey reasumió entonces la Superintendencia de Real Hacienda y la Intendencia de Lima que estuvieron a cargo del Visitador. Antes de irse pidió Escobedo se le liquidasen por Tesorería los sueldos de sus empleos y que se le pagasen con las seis mesadas de los mismos sueldos que el Rey le había concedido para su viaje por orden de 8 de Setiembre de 1786. Al hacerse el ajuste, los oficiales reales y el Tribunal de Cuentas observaron que nadie debía percibir dos sueldos, pudiendo tomarse el mayor de ellos según real orden de 29 de Julio de 1787; y que también dudaban si las seis pagas se abonarían aquí o a su llegada a España, como sucedió en igual caso con el visitador Areche. Escobedo se ofendió mucho y solicitó copia de los informes: el Virrey cortó los motivos de desavenencia, mandando a los ministros después de las tres representaciones de ordenanza, procediesen a la liquidación y pago de los haberes que exigía Escobedo dándose de ello cuenta al Rey.

En 1653 se crearon en virtud de compra dos plazas de contadores entre partes debiendo ser renunciables. El primero de ellos fue don Antonio Carrinza Cachupín, y el sueldo de dichos destinos se fijó en 1.500 pesos. Las obligaciones de los que los obtenían, eran ajustar y formar todas las cuentas de divisiones y particiones en las testamentarías y concursos de acreedores que ocurriesen en el distrito de la Audiencia de   -451-   Lima, llevando además derechos por las operaciones que practicaban, arreglándose a la tasación del trabajo según la hiciese el decano del Tribunal de Cuentas.

El visitador Areche mandó demostrar lo que había gastado la Real Hacienda en sueldos de estos contadores desde su origen, y lo que se había percibido por ventas y renunciaciones de los tales oficios. Conociose al punto que eran muy gravosos a la Real Hacienda, y por tanto fueron suprimidos mandándose que los poseedores don Francisco Alburúa y don Lázaro Bartolomé Larrea ocurriesen por las cantidades que habían dado por ellos, o que las dejasen a rédito en el estanco de tabacos. Se incorporaron esos destinos con el de Contador de residencias, confiriéndose a un Regidor del Cabildo en remate público, y sujeto sólo a los emolumentos señalados.

Por real orden de 20 de Abril de 1785 se mandó que en las oficinas de Hacienda del virreinato se llevase la cuenta y razón bajo el método de partida doble, para lo cual se trajeron instrucciones y modelos. Diose cumplida obediencia a este mandato, y desde 1787 en la Caja Real y la Aduana se puso en práctica aquel sistema, que iba ya implantándose en otras dependencias por el contador comisionado don Juan de Oyarzábal. Pero muy luego se recibió otra real orden para que se volviese al régimen antiguo a fin de evitar los perjuicios que podían sobrevenir al Erario por falta de inteligencia en los funcionarios. Aunque el Virrey Croix había puesto el cúmplase a esta última determinación, sustanció un expediente, y apoyado en luminosas exposiciones de los oficiales reales, jefes de aduana y Tribunal de Cuentas, resolvió en junta general continuase, en vez de suspenderse, el método de contabilidad por partida doble, consultándose el asueto al Rey con las razones del caso que el Caballero de Croix recomendó con bastante esfuerzo. Después de su gobierno y en virtud de nuevas órdenes, se restableció la cuenta y razón que antes se llevaba, pero con modificaciones que la mejoraron.

El establecimiento de la partida doble lo impugnó el contador de las cajas reales don Manuel del Campo chocando con el contador comisionado Oyarzábal y promoviendo cuestiones infundadas para llevar adelante su oposición. Escribió en términos descomedidos y estuvo muy lejos de convencer, porque le faltaban luces y no alegaba nada que favoreciese sus ideas. Siendo muy anciano y tenaz en su propósito de entorpecer la reforma proyectada, el Virrey lo separó de su destino sin privarlo de su renta en consideración a sus servicios, y le reemplazó con don Manuel del Villar funcionario de competente instrucción.

En medio de los atrasos del Erario y sus muchas deudas acrecentadas por la revolución de Tupac Amaru, sostén de la escuadra que vino de España, y los gastos que causaron los regimientos de Soria y Extremadura, el Presidente de Panamá no cesaba de reclamar lo que se debía por subsidios de varios años. El situado que de Lima se enviaba al Istmo y otros puntos desde los tiempos de abundancia de recursos en el Perú, era ya una carga desproporcionada o mejor dicho insoportable para la Hacienda; y privaba al país de los medios con que pudiera contar para no pocos gastos, útiles reformas, y otras reclamadas por la conveniencia pública. Croix a costa de arbitrios extraordinarios remitió a Panamá en Julio de 1788 en el buque nombrado «Marte», 300 mil pesos, 600 fusiles y no pocos quintales de plomo, y en noviembre de dicho año en la fragata «Carmen» 385 mil pesos en dinero fuera de algunas letras para cubrir todo lo que se adeudaba por el referido situado.

En tiempo de este Virrey se dispuso por la Superintendencia que las cuentas de Guancavelica que por razón del ramo de azogue pasaban a   -452-   España directamente, se juzgaran en Lima por el Tribunal de Cuentas como era más regular, y lo exigía el enlace que aquéllas tenían con las de las cajas reales de Guamanga.

Felipe V en el año de 1720 resolvió continuar la guerra contra los moros, y siendo muy escasos los recursos del Erario en la Península, pidió al Papa impusiese dos subsidios sobre el estado eclesiástico de las dos Américas, y habiéndolo concedido señaló cuatro millones de ducados de plata por una sola vez distribuyéndose según los respectivos breves pontificios. Giradas las órdenes que el caso requería, fueron muchas e inútiles las providencias dictadas aquí para la ejecución de lo acordado. Conforme se recibían reconvenciones de la Corte se reiteraban las empeñosas diligencias de los virreyes: pero los obispos fueron oponiendo el silencio unas veces, y en otras diferentes embarazos para aplazar o frustrar tan odiosa determinación. Los antecedentes se confundían, las contestaciones tardaban, pasando los años sin que siquiera se celebrasen las juntas y arreglos mandados practicar. La última de las muchas reales órdenes que hubo sobre esto, fue la de 19 de mayo de 1783 requiriendo al Virrey para que hiciese cumplir las resoluciones pendientes y se realizase el subsidio que se había reducido ya a sólo dos millones: nada logró el Caballero de Croix a pesar de sus afanes por satisfacer los deseos del Rey.

Al fin del gobierno de Croix no se había conseguido, después de pasados tantos años, que la dirección de temporalidades de jesuitas presentase un manifiesto general de los capitales, rentas y administración de esos bienes, ni que se rindiesen cumplidas cuentas por las diferentes dependencias que entendían en el manejo de ellos. Creada la oficina central a cargo de don Cristóval Francisco Rodríguez, que había sido Oficial Real de estas cajas, avanzó poco en su objeto, aun no llegó a formar un reglamento que normase las operaciones de la dirección, su contaduría y tesorería, ni tuvo oficiales de bastante inteligencia y bien dotados. Las labores eran muchas y llegaron a existir más de 4 mil expedientes en giro. Las sumas de ingresos procedentes de capitales, se trasladaban a las cajas reales, redimiéndose con ellas los censos que reconocía la Real Hacienda, y subrogándose en su lugar las temporalidades y obras pías. Las cantidades dimanadas de los productos, se reservaban en Tesorería para pago de deudas, pensiones, sueldos, etc., remitiéndose a España el sobrante.

El visitador Escobedo determinó en 7 de Junio de 1785 con aprobación de la junta de temporalidades, se suprimiese la dirección y sus oficinas de contabilidad y se nombrase un Administrador general, señalándole seis empleados, y que al mismo tiempo fuese Tesorero: recayó este cargo en don José Sánchez Contador de resultas del Tribunal de Cuentas. El director con los antiguos jefes de contaduría y tesorería y otros 6 oficiales, quedaron para entender únicamente en lo pasado, ordenar las cuentas de su tiempo, y esclarecer las acciones de los colegios, etc. Unas variaciones como éstas, poco meditadas e inoportunas, aumentaron la confusión, hicieron surgir disputas y desavenencias en las oficinas; y sosteniéndose al Administrador se entorpecieron las funciones de la dirección, que chocaban con el nuevo sistema. El visitador Escobedo concluyó por extinguirla en 28 de Abril de 1786: pero tuvo siempre que entender en la formación de los estados generales que se pidieron por real orden de 14 de setiembre de 1785. En su memoria de gobierno Croix reconoce la mucha probidad y los buenos servicios del ex-director Rodríguez que falleció en pobreza el 17 de Setiembre de 1789.

Hemos visto un estado, que es parte de los que acabamos de indicar,   -453-   y se halla en la biblioteca pública de esta capital. Según lo que en él está demostrado, los capitales que reconocían a interés las haciendas de la compañía en favor del fomento de colegios y dependencias de ella misma, escondían a 2.663.299 pesos. Los capitales que se trasladaron a la real caja con motivo de la venta de haciendas y otros bienes, importaron hasta 30 de Junio de 1785, 532.355, y los que pasaron al estanco de tabacos por igual causa, 406.870. Los capitales que muchos particulares reconocían sobre sus fincas en favor de establecimientos de la compañía y de crecido número de obras pías que ella manejaba, subían a la cantidad de 338.785. Estas cinco partidas suman 3.941.310 pesos. Diversas dependencias y personas debían por arrendamientos de fincas, deudas secuestradas y otras causas hasta el año citado de 1785, la cantidad de 496.392 pesos. Lo que se debía a la compañía por réditos devengados era 336.814 pesos. Estas dos últimas partidas, y 29.291 pesos de existencia metálica (entregados por la extinguida dirección a la nueva administración de temporalidades) importaron 862.497 pesos. En dicho estado constan todos los pormenores que pueden desearse acerca de la procedencia de esas cifras que arroja el resumen, y en gran parte correspondían a capellanías, dotes, misiones, y muchas obras pías. Tiene la fecha de 30 de Junio de 1790 y está firmado por el tesorero don Rafael Francisco Menéndez. En Marzo de dicho año había entregado el mando el Caballero de Croix que fue quien dispuso la formación de estados en cumplimiento de la real orden ya citada de 14 de Setiembre de 1785. Al final de este tomo damos a luz una lista de las Haciendas y otros bienes que se habían vendido hasta el 30 de Junio citado.

En protección de la industria minera, el rey Felipe V había reducido al diezmo la contribución del 5.º que se pagaba por la plata, y Carlos III hizo rebajar al 3 por ciento los derechos del oro. Este mismo Rey mandó en 8 de Diciembre de 1785 rigiesen en el Perú las ordenanzas expedidas para México; y que se instalase el Tribunal de minería en Lima como se verificó en el mes de Diciembre de 1786. Desde entonces empezó a recaudarse un real por marco de toda la plata que se fundía, derecho del Rey que se titulaba de señoreaje y que cedió al Tribunal para que pudiera dar habilitaciones a los mineros. Según la ordenanza del ramo debía haber en Lima un colegio de metalurgia: Croix se preparaba a crearlo, pero le faltó tiempo para su organización. A solicitud de este Virrey dispuso el Rey viniese a Sudamérica una comisión de mineralogistas alemanes con el Barón de Nordenflich, contratados para que enseñasen durante diez años a hacer el beneficio de metales según los adelantos modernos que en el Perú eran desconocidos. Hallábanse en Potosí dirigiendo las nuevas operaciones con las cuales se prometían hasta duplicar los anteriores rendimientos. Según los estados y noticias de 1788, y comparándolos con los del año precedente, se había aumentado la producción en 62.499 marcos: el Virrey lo atribuía exclusivamente al sistema que iban introduciendo los alemanes, y esperaba fuese mayor el provecho para lo sucesivo.

Lisonjeábase asimismo de que cuando éstos llegasen a la capital, las minas corrientes tomarían gran incremento; las que estaban paralizadas se pondrían en labor desaguándose algunas, y los tajos y socavones se trabajarían conforme a seguras reglas, descubriéndose no pocos de los veneros que en el país abundan. Iguales ventajas, suponía su buen deseo, se obtendrían en las de azogue, remediándose la ruina en que estaban sus labores, y dando principio a otras que serían de mucha utilidad. Al intento ordenó a Nordenflich que en su viaje se detuviese en Guancavelica, y reconociendo el estado de las cosas, absolviese las   -454-   consultas que se le harían, y dictase providencias eficaces para emprender con tino las obras que allí se meditaban. Se le previno también atender en su tránsito por Huarochirí a la mina de azogue descubierta por Iriarte, a fin de que su explotación fuese dirigida con acierto mediante las reglas y advertencias que él determinase. Desgraciadamente los hechos no correspondieron a las esperanzas del Virrey como tenemos que explicarlo en otro lugar. Véase Avilés, tomo 1.º, página 417. Volviendo al Tribunal de minería, sus primeros funcionarios fueron: Administrador general y Presidente el coronel don Francisco Ortiz de Foronda y Quint de la orden de Santiago: los Directores don José Coquett y Gallardo y don Santiago Pérez de Urquizu: los Diputados generales el coronel de Dragones don Juan de Alasta y Cestau y don Facundo Talens de la Riva. Tuvo el Tribunal un Juez de apelaciones habiendo sido el 1.º don Jorge Escobedo Visitador general y Oidor de Lima; un Conjuez de alzadas, un Factor, Asesor y Secretario. En el principio las Diputaciones territoriales se establecieron en Huarochirí, Pasco, Lucanas, Guancavelica, Cailloma, Chota, Cuzco y Guantajaya: después fueron estableciéndose otras en los puntos en que se consideraron necesarias. Los Directores recorrieron las provincias, formaron matrículas de los mineros, crearon las Diputaciones marcándoles su jurisdicción y facultades, e hicieron ensayo de metales de las diferentes minas. Sólo faltó plantificar el colegio, lo que recomendó Croix a su sucesor indicándole que el proyecto de ordenanzas de minería para el Perú, se había ya remitido a España para su aprobación. En los últimos tiempos hubo un Director y no dos; el Factor se denominó Contador, y se conservó el Tribunal de alzadas a cargo de un Oidor con un Conjuez que fue siempre una persona notable entre los mineros y aun comerciantes. Los sueldos importaban 18 mil pesos anuales.

Por real orden de 30 de Setiembre de 1788 se mandó que para calcular la riqueza del reino en metales de oro plata y semimetales, y calcular el azogue necesario para su beneficio, se remitiesen a España colecciones de muestras de todos, dándose noticia de la entidad de las minas, su situación, ley de ellos, etc. El Virrey apoyando lo que expuso el Tribunal de minería, contestó que el encargo era muy vasto y no podía expedirse sin un crecido costo para la Real Hacienda, porque habiendo muchísimos minerales tendría que ser infinito el número de las muestras. Ofreció consultar el asunto con el Barón de Nordenflich, para acordar si debería ocurrirse a los Diputados del ramo o a los Subdelegados territoriales como proponía el Tribunal, a vueltas de los subidos gastos que se calculaban.

En el año 1786 se logró en Vergara por los químicos de la sociedad patriótica, elaborar el metal platino sobre cuyo beneficio muy poco o nada habían avanzado las investigaciones y ensayos extranjeros. El rey Carlos III que comunicó este hallazgo al Caballero de Croix, mandó en sus últimos días que en reconocimiento a Dios se fabricara ante todo en España un precioso cáliz, y lo remitió al Papa, que según su promesa, hizo uso de él en la inmediata Pascua de Navidad, circulando en Roma sobre este particular algunos sonetos en griego y en español. El sabio limeño Llano Zapata en sus cartas instructivas que empezaron a publicarse en Cádiz en 1764, dijo que la platina del Pinto (producción de los reinos de Santa Fe y del Perú) que pretendían los modernos ser metal nuevamente hallado, es el Oricalco de que habla la Sagrada Escritura: que los indios peruanos lo trabajaban en lo antiguo como expresan las Casas, Escalígero y Pinelo, asegurando el 2.º que en Europa no acertaban   -455-   a labrarlo: agrega Zapata que cuando Ulloa escribió de la platina, principió a agitarse otra vez esta cuestión.

En un decenio contado desde 178011 hasta 1789 produjeron en el Perú las minas 3.639.408 marcos que a 8 pesos 2 maravedís importaban 29.126.024 pesos. En ese periodo se cobraron para el Rey 60.213 pesos por quintos de la plata labrada importante 602.130 pesos a 6 pesos marco. Por el 1½ de Cobos y por el diezmo sobre barras, 3.307.580. Por el 3 % sobre el oro se recaudó la cantidad de 132.729 pesos que correspondieron a una producción de 35.359 marcos de oro de 22 quilates, cuyo valor a 125 pesos un real, fue de 4.424.035 pesos. En cuatro años corridos desde que se creó el Tribunal de minería hasta 1790, se fundieron en todo el virreinato 1.486.932 marcos.

Para no cansar al lector en este ya demasiado extenso artículo, trataremos muy de ligero acerca de la mina de Santa Bárbara de Huancavelica, asunto de que se ocupó largamente el Virrey Croix en su relación de gobierno página 369. En 25 de Setiembre de 1786 acaeció un terrible hundimiento de una parte considerable de dicha mina. Al principio se trató de disimular la entidad y la causa que ocasionó aquel estrago, atribuyéndose ésta a un temblor de tierra, y haciendo creer en las declaraciones que se recibieron, que el daño ocurrido recaía sobre parajes ya improductivos, y que aun era favorable el derrumbe para macizar el terreno interior, y adelantar el trabajo con más seguridades y economía. Así lo informó al Rey el Oidor Superintendente Delegado de Huancavelica; pero él mismo, disipados los primeros engaños, separó en 1787 de las labores al primero y segundo director don Juan Francisco Marroquín y don Vicente Goyenaga y a varios empleados más que reemplazó con otros. Se descubrió que el motivo de aquella ruina era que extrayéndose el metal por orden de Marroquín durante mucho tiempo de los estribos, arcos, puentes, cielos y costados, los había debilitado hasta el extremo de no ser ya posible se sostuviesen: ninguna labor nueva fue emprendida en la época del Intendente que hacía los esclarecimientos. Confirmábase lo expuesto por las declaraciones de muchos trabajadores que acreditaron además no haberse hecho reparos en diferentes puntos que los reclamaban con urgencia: viéronse también estribos, de los que estaban en pie, carcomidos por lo que aparecía trabajado indebidamente en ellos. Interrogado Marroquín con qué autorización había procedido a aquellas criminales operaciones, contestó culpando al Intendente: no presentó orden alguna, pero se puso en claro que este confiado funcionario, permitió se extrajeran metales en el concepto de que no eran necesarios para la consistencia de la mina; y así fue sorprendido y engañado por falta de inteligencia y celo.

Puestos en prisión (Julio de 1787) los Directores, Interventor y Sobrestante, y embargados sus bienes, se sustanció la causa a que se le sometió. Remitida al Rey, fue devuelta para que se adelantase hasta en término, con prevención de que la sentencia se consultase al real acuerdo y desde luego se ejecutase. Estaban probados los abusos de la contaduría en connivencia con aquéllos, y no cabía duda de los manejos fraudulentos de la administración en diversos respectos. El Virrey hizo traer a Lima a don Juan Francisco Marroquín: envió a Huancavelica para que tomase el mando al oidor don Pedro Tagle y Bracho, encargando la continuación del proceso, al que lo era de la Audiencia del Cuzco don José Rezábal. Comisionó Croix al teniente coronel don Francisco Cuéllar para que se recibiese de la mina con las formalidades debidas. Marroquín fue sentenciado a la pena ordinaria de garrote, y los demás empleados   -456-   a presidio, habiendo fugado don Martín de Irurita Secretario de la Intendencia.

Tagle ordenó al nuevo Contador de azogues, formara un estado de las ingentes pérdidas experimentadas por la Real Hacienda en los cuatro años y meses del gobierno de su antecesor el oidor Márquez de la Plata, resultando que ascendían a 600.630 pesos. Esto se hallaba en contradicción con los anuncios que la Intendencia había hecho a la Corte, manifestando el estado próspero de la mina y las utilidades figuradas en el mismo período, que se hacían subir a 560.000 pesos. En los últimos meses después de la catástrofe, llegó a tener de costo al Rey el quintal de azogue 236 pesos. Según se expresa Croix en su memoria, se iban remediando los males de Huancavelica, seguían ya las labores metodizadas, y palpándose resultados ventajosos.

Croix, sin duda con la mira de no ejecutar la sentencia contra Marroquín y los demás, les prestó nueva audiencia que solicitaron para ampliar sus descargos, y mandó hacer al subdelegado Cuéllar una pesquisa secreta, cuyo objeto no se detiene el Virrey en explicar. Con esto dejó a su sucesor el desenlace final del ruidoso asunto de la real mina de Santa Bárbara. El virrey Gil en su memoria guarda silencio sobre esta materia. Marroquín falleció después de 16 años de prisión; y en cuanto a las demás cuestiones, no hemos podido encontrar noticias que nos pusieran al alcance de su final conclusión. Véase Avilés, tomo 1.º, página 417.

En tiempo de Croix se trató de sistemar mejor los ramos de Hacienda de Chile para extinguir el desorden y confusión que había en su contabilidad. Planteó importantes arreglos el inteligente empleado don Juan de Oyarzábal y Olavide que pasó a dicho país a organizar como Contador Mayor el Tribunal de Cuentas. Consta de un estado general de valores que el presidente O'Higgins remitió al Virrey, que el ingreso de todos los ramos de Hacienda en 1788, era de 592.178 pesos, y sus pensiones y gastos en total 654.278, que desde algunos años atrás se habían cubierto con el rendimiento de ramos particulares y ajenos pertenecientes al Erario de España, con cargo de reintegro, de lo cual resultaba una deuda de 300 mil pesos. El arbitrio que se pidió para salvar el déficit, fue que por un tiempo no cobrasen las cajas de Lima el valor de los tabacos que se remitían cada año, y que se enviase del Perú un situado fijo y permanente como se mandaba a Panamá, Chiloé y Valdivia. Croix no llegó a tomar resolución alguna sobre ambos asuntos.

En cuanto a la Real Hacienda del Perú, según los documentos auténticos que tenemos a la vista, podemos asegurar que habiéndose comparado los ingresos y gastos ocurridos en cuatro años antes de la visita general de Areche, con los que hubo en otros cuatro años posteriores a ella; aparece que en éstos, aumentaron las entradas en 1.913.576 pesos. Con motivo de la última guerra con la Gran Bretaña y de la revolución de Tupac Amaru, quedó empeñado el Erario en más de 8 millones, que en la época del visitador Escobedo subieron todavía hasta 10.552.907 pesos. Al cesar la visita general, era ésta la situación fiscal: volviendo al Virrey la Superintendencia de Real Hacienda que ejerció Croix en los dos años que le restaron de Gobierno.

Se ve por el estado de 1789, que fue el último, haber sido el total ingreso 4.831.654 pesos, de los cuales estaban por cobrar 671.914. Los gastos, 4.272.336 pesos: de éstos los extraordinarios fueron de 1.048.498: de modo que había un sobrante de 559.318 pesos. El caudal existente ascendía a 6.355.861, a saber: en dinero sonante incluyéndose los 400.000 pesos de fondo fijo de la Casa de Moneda, 2.826.372: en azogue a 73 pesos, 459.801: en alhajas, fincas y efectos vendibles, 288.821: y en deudas de   -457-   efectivo cobro, 2.780.865 pesos. No entraban en esta cuenta los valores de especies estancadas como tabacos, pólvora, naipes, papel sellado y breas. Las obligaciones de la Real Hacienda se clasificaban así: por suplementos de ramos ajenos, 387.003 pesos; por suplementos hechos por particulares, 1.983.601; por deudas atrasadas y modernas, 900.610; y por capitales tomados a interés sobre las cajas reales y el estanco, 4.065.769. En el año 1788 bajó el empeño de la Real Hacienda en 461.853 pesos; y el de 1789 en 500.000: de manera, que en ambos se disminuyó la deuda casi en 1.000.000 de pesos.

Hemos leído el nombramiento de Virrey que se expidió al Caballero de Croix en 15 de Febrero de 1783, y en él al conferirle facultades, le previno el Rey: «... pero dejando la Superintendencia y arreglo de mi Real Hacienda en todos los ramos y productos de ella, al cuidado, dirección y manejo de mi Visitador general de todos los Tribunales de Justicia y Real Hacienda del reino del Perú, Chile y provincias del Río de la Plata, etc.».

Por reales decretos de 8 de Julio de 1787 se crearon dos Secretarías de Estado para el Despacho de Indias: la una, de gracia y justicia y materias eclesiásticas; y la otra, de guerra, hacienda, comercio y navegación, en lugar de la única que había para todos estos negocios.

El Virrey Croix activó la fábrica del local para el anfiteatro anatómico que desde 1753 había dispuesto el Rey se estableciese; pero lo dejó inconcluso por falta de recursos para costear instrumentos y rentar a los profesores; y porque al proyectar algunos arbitrios encontró embarazos creados por la oposición que siempre se hace a las empresas útiles y laudables. También fomentó Croix de orden del Rey los preparativos para la formación de un jardín botánico en esta capital. En 22 de Diciembre de 1786, dio ordenanzas para el régimen interior y exterior del coliseo de comedias propio del hospital de San Andrés.

Para dar razón de muchas disposiciones y reformas hechas en la época del Virrey Croix, sería necesario tuviéramos a la vista el archivo de la visita general y de la Superintendencia que desempeñó el oidor y consejero honorario don Jorge Escobedo y Alarcón: por lo menos, que pudiéramos consultar las memorias que él escribió de todo lo obrado en el ejercicio de las funciones de su cargo. Ni éstas ni aquellos documentos, sabemos dónde podrían encontrarse, estando en el mayor desorden ciertos depósitos de papeles antiguos, y no habiéndose hasta ahora protegido la organización del archivo nacional, cuya creación conseguimos se decretara venciendo oposición y repugnancia en el mismo cuerpo legislativo: oposición de cierto vergonzosa, que da idea de nuestro atraso y desdén por la historia; errores que disipará el tiempo tal vez cuando sea tarde, porque el mismo tiempo haya destruido lo que aún existe entre tantos documentos de los pasados años.

A pesar de todo podemos decir, que en el archivo de Cabildo se encuentran algunos que conciernen a resoluciones del visitador Escobedo, acordadas en el periodo de mando del Caballero de Croix. El Cabildo desde su creación elegía alcaldes ordinarios para Lima y Callao: fieles ejecutores, procurador mayor, juez de aguas, asesores, comisarios para tomar cuentas al mayordomo, otro para entender en la entrada de negros, otro para la alhóndiga, ídem para los solares de San Lázaro y tajamares, ídem para mercachifles, para la caja de aguas, para Acho, para el teatro: jueces de información de nobleza y de manifestaciones, superintendente de libramientos, contador de propios, secretario de cartas, procurador de pleitos, alarifes, contraste, mayordomo de la ciudad, guardas de la alameda y de la caja de aguas. Mas en el año de 1784, gobernando Croix, Escobedo suprimió la elección de los citados cargos, comisionando   -458-   a algunos capitulares para que le sirviesen, y sólo continuaron nombrándose anualmente alcaldes, juez de aguas, procurador general, ministros de la junta municipal, comisario de comedias y contraste. El alcalde y el sargento de la santa hermandad dejaron de proveerse desde el año de 1705.

Dio Escobedo un reglamento para el Cabildo que aprobó el Rey en 12 de Abril de 1786. Formó otro de arreglos para el gremio de panaderos en 13 de Abril de 1787. Así mismo expidió el que prefijaba el ceremonial y gastos para el recibimiento y entrada de los virreyes, y fue ratificado por el Rey en 10 de Marzo de 1788. Y como sea una noticia curiosa el contenido y pormenores de la lista de dichos gastos que se hizo reformando los antiguos, que eran mucho más dispendiosos, la publicamos al final de este tomo. El año 1784 remitió Croix al Cabildo una instrucción despachada por el real acuerdo sobre ceremonial, entrada y salida de virreyes, fiestas, besamanos, minoración de días feriados, recepción de arzobispos, etc. En el de 1788, se remitió de España otra para que rigiera en la publicación de las bulas. Un año antes dictó el visitador Escobedo las ordenanzas de los pulperos. Escobedo autorizó e hizo levantar en 30 de Diciembre de 1785 uno de los tres empréstitos de que fueron responsables las cajas reales y el estanco de tabacos en el cual se pagaban los intereses. Antes de éste, hubo otro empréstito en iguales términos: y se efectuó en virtud de real orden de 17 de Agosto de 1780. Véase Jáuregui, Virrey. Acerca del 3.º hecho de orden de la Regencia, (1809). Véase Abascal, tomo 1.º, página 19.

Aún nos queda algo que recordar de la época del Virrey Croix que principió acaeciendo un terremoto en Arequipa el 13 de Mayo de 1784. Se formó en 1783 una sociedad denominada «Academia de la Juventud Limana» que aunque trataron de formalizarla sus estudiosos autores, con el noble designio de cultivar las letras, no lograron hallar la protección de que necesitaba su empresa. Duró sin embargo algún tiempo, y el hermoso discurso inaugural que un joven pronunció el 21 de Abril de aquel año, lo hemos leído impreso en El Mercurio de 26 de Julio de 1792.

En el quinquenio de 1785 a 1789, el impuesto sobre la coca produjo 1.207.439 pesos según datos de las aduanas. Los naturalistas Ruiz y Pabón, encontraron en 1785 plantas de café al pie de la cuesta de Carpis y principio de la quebrada de Chinchao en la provincia de Huánuco. Enviaron algún grano de obsequio al Virrey Croix y al visitador Escobedo: el botánico Tafalla lo reconoció, y declaró ser de muy buena calidad.

En 23 de Junio de 1789, creyendo el Gobierno regio, que apelando al recurso de la religión, podía excitar la conciencia de los comerciantes que defraudaban los reales derechos, mandó se reiterase lo prevenido a los obispos sobre esta materia, en orden de 15 de Setiembre de 1776 que se circuló, y decía lo siguiente:

«Enterado el Rey de que una de las principales causas de ser tan frecuente y general en los dominios de América el contrabando, nace del común error propagado en ellos, de que en la práctica de este desorden no hay pecado, ni están los que en él se ejercitan sujetos a otras penas que las pecuniarias o corporales impuestas por las leyes, y que sus conciencias no se gravan, ni quedan con obligación de restituir lo defraudado: ha resuelto Su Majestad, que en su real nombre exhorte y requiera yo el cristiano celo de Vuestra Señoría, para que por sí, y por medio de sus vicarios, curas y predicadores, se dedique a desarraigar de la ignorancia de los pueblos esta falsa y detestable doctrina, haciendo entender a todos los fieles los estragos y ruinas a que exponen sus almas; por ser cierto que muchos de los que lastimosamente abrazan semejante desarreglo, no   -459-   lo harían si bien instruidos creyesen, como deben, que además de los castigos temporales que merecen, pecan gravísimamente usurpando los derechos debidos al Real Erario, que es el patrimonio de la justicia, y el fondo más seguro para la defensa y libertad de todos los vasallos que componen el Estado; y que no se pueden librar del resto de sus graves culpas, si no restituyen enteramente lo que han usurpado en tan abominable tráfico, del propio modo que si lo hubieran robado de las arcas de la sociedad común o de los particulares. Espera, pues, Su Majestad que Vuestra Señoría, en cumplimiento de las obligaciones de su pastoral ministerio, pondrá toda la atención y eficacia que se requiere para extirpar este envejecido error, empleando para ello así en los púlpitos y confesonarios, como en los modos que le parezcan más oportunos, tan claras y eficaces exhortaciones, que comprendan todos los habitantes de esas provincias, que en la práctica de este execrable vicio, no sólo quebrantan las leyes humanas, y son infieles al Rey Nuestro Señor, sino también los preceptos divinos, haciéndose reos en ambos fueros, interno y externo, delante de Dios, de nuestro Augusto Soberano y de los hombres. De orden de Su Majestad lo prevengo a Vuestra Señoría para su inteligencia y observancia; y de todo lo que practicare me dará aviso, para ponerlo en su real noticia».

Recibiéronse otras muchas reales órdenes, entre las cuales fueron notables algunas que vamos a puntualizar. La de 20 de Febrero de 1783 repitió la prohibición a los virreyes de dar licencias a los militares para contraer matrimonio, pues estaba mandado ocurriesen al Consejo. 25 de Febrero: Que el trabajo de los escribanos se regulase por pesos de ocho reales y no ensayados como se hacía por abuso. Abril 1.º: Que las doce pagas anticipadas que se daban a los militares que regresaban a España, no se abonasen a virreyes ni a presidentes. Abril 8: Que sin aprobación real no se concediesen permisos a los militares para ir a España, y que los particulares que lo solicitasen para negocios, si fuesen casados, hiciesen constar el consentimiento de sus mujeres, y que dejaban asegurada la subsistencia de sus familias. Mayo 31: Que los jóvenes mayores de 25 años para contraer matrimonio, obtuviesen consejo paterno y por su denegación el suplemento judicial. 1784. Abril 27: Que los tribunales eclesiásticos no se introdujesen en el conocimiento de las testamentarías y abintestatos aunque los difuntos hubiesen sido clérigos, pues todas estas materias pertenecían a las justicias ordinarias. Mayo 12: Una ordenanza relativa a los correos marítimos con advertencias y prohibiciones. Julio 30: Prevenciones sobre adquisición de bienes de los que fueron coadjutores de la compañía de Jesús. Setiembre 17: Que los virreyes permitiesen la entrada de negros en naves españolas pagando 6 por ciento de extracción y 6 por ciento sobre el valor de los negros por su introducción. Noviembre 4: Que el aforo se hiciera en 150 pesos por negro sin diferencia de edad, sexo, etc. Ídem: Que se recogieran las marcas llamadas carimbar de marcar negros, aboliéndose semejante costumbre y las leyes del caso. 1785. Febrero 23: Asignando el sueldo de 5.000 pesos al asesor general y al secretario del virreinato, quedando sin derecho a emolumento alguno. Mayo 28: Que en adelante la bandera de los buques españoles fuese de tres listas, dos encarnadas y la central amarilla con el escudo de armas, y en los mercantes sin el escudo. Julio 13: Que ningún rector de la Universidad de Lima pudiese serlo más de tres años, el 1.º de su elección, el 2.º de reelección y el 3.º por prorrogación del virrey si quisiese otorgarla. Octubre 14: Prevenciones para que las comunidades y los eclesiásticos pagasen toda clase de derechos sobre las cosas y frutos de sus haciendas. 1786. Enero 10: Que a falta de los virreyes recayera el mando en las audiencias; y que el militar lo ejerciese el subinspector   -460-   subordinado al real acuerdo. Marzo 10: Que los comandantes de marina no se mezclasen en la carga y descarga de los buques de comercio, ni en ningún asunto de aduana y del juzgado de arribadas. Marzo 22: Que: se aplicara la pena de muerte a los operarios que robasen plata u oro en la pasa de moneda. Setiembre 6: Que se pusieran conductores eléctricos en los almacenes de pólvora para libertarlos de los rayos. Noviembre 20: Que se publicase por bando el remedio descubierto contra las Niguas, que se reduce a emplear el aceite frío. Diciembre 31: Que se prohibiesen los vítores y demostraciones odiosas con motivo de la elección de preladas en los monasterios. 1787. Febrero 22: Que en casos de licencias temporales, sólo se abonara medio sueldo, y en las prórrogas nada. Febrero 16: Que saliese del Cuzco y no volviese más a esa ciudad, un sacerdote que vituperó en un sermón el amor y fidelidad al Soberano, reprendiendo a la tropa y usando expresiones indecorosas. Marzo 5: Que no tuvieran efecto y se recogiesen todos los breves y patentes de grados, títulos, exenciones, etc., que estuviesen en oposición con el derecho y el buen gobierno. Marzo 22: Que los jueces eclesiásticos que entendiesen en causas de divorcio, no se mezclasen en las temporales sobre alimentos, litis expensas, o restitución de dotes que eran meramente seculares. Octubre 28: Que no se aumentara sueldo a empleado alguno sin mandato real. Octubre 30: Que sólo en tiempo de guerra pudieran nombrarse empleados de Hacienda interinamente y con medio sueldo, pues los inferiores inmediatos debían suplir las faltas hasta la real resolución. Diciembre 21: Que por cuatro años no se impidiera el recojo de limosnas para la beatificación de don Juan de Palafox y Mendoza. 1788. Abril 14: Que se prohibiese a los ayuntamientos hacer gastos superfluos entre ellos el de fuegos artificiales, etc. Abril 21: Que el sueldo del regente de la Audiencia de Lima fuese de 7.500 pesos, el de los ocho oidores, cuatro alcaldes del crimen y dos fiscales, 5.000 pesos (asignaciones superiores a las de México): Que el regente del Cuzco tuviese 5.000, y los tres oidores y fiscal 4.000 pesos. Mayo 4: Que fueran nulos todos los testamentos que hicieron los jesuitas expulsados de Indias, guardándose para sucederles las reglas de los abintestatos. Agosto 10: Que los jueces reales conociesen privativamente de las causas sobre poligamia; y varias otras órdenes acerca del particular. Agosto 24: Que en las universidades se dieran de gratis los grados de bachiller en cualquiera facultad a los estudiantes que justificasen su pobreza, entendiéndose lo mismo en la incorporación, sin decirse que se dieron por aquella causa para no ruborizar a los pobres beneméritos. 1789. Febrero 23: Que el Arzobispo expulsara de su diócesis a los clérigos sediciosos y alborotadores, de mala vida y ejemplo que inquietaban los pueblos. Abril 14: Que a los empleados que comerciasen directa o indirectamente, se les privara de sus destinos. Ídem: Prohibiendo la entrada y uso del rapé, y permitiéndose sólo el fabricado en Sevilla. Abril 23: Que los virreyes sólo pudieran tener convidados a su mesa en los días del Rey, Reina y Príncipes de Asturias. Mayo 2: Reduciendo los días feriados. Ídem: Que las órdenes sagradas sólo se dieran a los hijos legítimos. Mayo 31. Prevenciones relativas a los esclavos, que insertamos íntegras al final de este tomo. Junio 30: Para que pudieran casarse los oficiales subalternos habrían de tener las contrayentes 3.000 pesos fuertes. Agosto 20: Derogando las órdenes que había para que a los buques de guerra se les pusiese guarnición de tropa de tierra. Octubre 21: Prohibiendo absolutamente que a los comerciantes transeúntes y vecinos de Arequipa, se les obligase con multas y otros apremios a aceptar el cargo de alférez de las procesiones que se hacían en dicha ciudad.

El rey Carlos III falleció en 14 de Diciembre de 1788 y el nuevo monarca   -461-   Carlos IV pasó al Virrey Caballero de Croix la siguiente orden.

«El Rey:

»Consejo, justicia y regimiento, caballeros, escuderos, oficiales hombres buenos de la ciudad de Lima. El día 14 del presente mes a la una de la mañana, fue Dios servido de llevarse para sí el alma de mi amado padre y señor don Carlos III (que santa gloria haya), y por mi real decreto del mismo día he resuelto participároslo, con todo el dolor que corresponde a la ternura de mi natural sentimiento, tan lleno de motivos de quebranto por todas circunstancias; y habiendo recaído por esta causa en mi Real Persona todos los reinos, estados y señoríos pertenecientes a la corona de España, en que se incluyen los de las Indias: y hallándome en la posesión, propiedad y gobierno de ellos, he resuelto: que (como os lo mando) luego que recibáis esta mi cédula, alcéis pendones en mi real nombre con el de don Carlos IV, y hagáis las demás solemnidades y demostraciones que en semejantes casos se requieren y acostumbran acreditando el amor y fidelidad que siempre habéis manifestado al real servicio de los Señores Reyes mis predecesores, lo cual espero continuaréis en adelante, teniendo por cierto que atenderé con particular cuidado a todo lo que os tocare para haceros merced, en lo que fuese justo y graciable, manteniéndoos en paz y en justicia. Fecha en Madrid a veinte y cuatro de Diciembre de mil setecientos ochenta y ocho».

En su consecuencia fue jurado y proclamado Carlos IV en Lima el día 10 de Octubre de 1789 en todas las plazas públicas con las formalidades de que nos ocupamos sólo para dar idea de lo que se acostumbraba en tales casos; y por eso hemos copiado la real orden anterior. La relación de lo ocurrido en la jura la escribió el doctor don José Francisco Arrese, diciendo sobre la ceremonia:

«Dispuesto en este orden el real paseo, dio vuelta a la plaza, y al presentarse en ella el Excelentísimo Señor Virrey, se hizo la primera descarga por la fusilería y cañones. Luego que llegó Su Excelencia al magnífico tablado que se había erigido en la frontera del palacio, subió el primero, desmontando del caballo, a dominar el teatro acompañándolo el Señor Regente de la Real Audiencia y el Señor Marqués de Castellón, Alférez Real, que como se ha dicho, conducía el real estandarte, los dos Alcaldes ordinarios, el Alguacil mayor de la ciudad, don Pedro Manuel Bazo caballerizo de Su Excelencia, don Alfonso de Huidobro y Echevarría Escribano Mayor de Cabildo, para dar testimonio del solemnísimo acto, y los cuatro Reyes de Armas, ocupando los extremos de las gradas los maceros de la ciudad. Colocáronse los cuatro heraldos en cada uno de los ángulos, y al punto que Su Excelencia se dejó ver del concurso por la fachada frontera al Cabildo, el Rey de Armas que se hallaba a su mano derecha, pronunció valientemente la acostumbrada fórmula: silencio, silencio, silencio; oíd, oíd, oíd.

»Cerciorado el pueblo de que la voz que iba a escuchar era el anuncio de su felicidad, cesó de repente el bullicio causado por la bella disposición del paseo y brillante gala de los que lo componían. Ya no se percibía aquel confuso rumor, que inquietaba a los griegos en los juegos ístmicos celebrados después de la derrota de Felipe de Macedonia: ya no se sentía aquel triste rumor que en la incertidumbre de su suerte no les permitió entender por la primera vez el famoso decreto de libertad, que a nombre del Senado y del pueblo romano se les pronuncia altamente en medio del ejército. Todos al contrario guardaban aquí el más profundo silencio, cuando quitándose Su Excelencia el sombrero (demostración que imitó el civil concurso) poniendo la mano en el real pendón, repitió por tres veces con majestuoso y esforzado tono, Castilla y las Indias,   -462-   añadiendo a la última, por el católico rey don Carlos IV nuestro señor que Dios guarde, viva, viva, viva, y elevando con sus manos en compañía el Alférez Mayor el estandarte real, lo mostró tres veces al pueblo».

Luego tuvieron efecto las fiestas y regocijos que se hacían en tales casos, y se puntualizaron en diferentes folletos impresos, llenos de miserables adulaciones y falsedades, y cuya lectura causa hastío y repugnancia.

Con fecha 24 de Setiembre de 1789, se dirigió al Virrey Croix el aviso de que varios diputados de la asamblea francesa, y entre ellos uno llamado Cotein, se habían propuesto introducir en América escritos sediciosos para promover la independencia. Se ordenaba por el Rey y encargaba a los obispos impidiesen la circulación de esos papeles y sus consecuencias.

Desde el año de 1786 se habían creado por Carlos III, cuarenta becas en el real seminario de nobles de Madrid para la educación de caballeros americanos.

En el de 1787 se formó la Subdelegación del partido de Huambos o Chota en la Intendencia de Trujillo.

Pondremos fin al presente artículo, diciendo que el día 25 de Marzo de 1790, entregó el Teniente General Caballero de Croix el mando del virreinato a su sucesor el general de marina don frey Francisco Gil.

Croix se retiró al convento de San Pedro, donde estuvo hasta el 17 de Abril en que se embarcó para España. Hizo su viaje por el Cabo de Hornos. El Rey le nombró Coronel de Guardias Valonas y le condecoró con la Gran Cruz de la orden de Carlos III. En Lima el Virrey Croix disfrutó de muy buen concepto por su religiosidad, arreglada conducta y acciones bondadosas y caritativas. Falleció en Madrid el 8 de Abril de 1791.

CRUZ. Don fray Francisco de la. Religioso dominico; natural de Granada, Obispo. Estudió en el Perú y profesó en 1616 en el convento del Cuzco donde leyó artes y teología, lo mismo que en el de Lima de cuyo colegio doméstico fue Rector. También fue catedrático de vísperas de teología en la Universidad de San Marcos; Vicario general y Visitador en el Nuevo Reino; Definidor en España y Roma; Maestro de la orden, y Calificador de la Suprema y General Inquisición; Prior en Lima, Provincial dos veces en 1645 y en 1653, después de una grave cuestión a que puso término el Virrey Conde de Salvatierra. En 9 de Diciembre de 1652 le había presentado el Rey para Obispo de Santa Marta: y cuando dicho Virrey le interrogó si aceptaba esa mitra, el reverendo Cruz contestó que no podía hacerlo sin licencia del General de la orden. En mayo de 1654, como se rugiese que tenía en su poder las bulas, los frailes quisieron dejase el oficio de Provincial, y aclamaron Vicario General al prior fray Juan de Barbarán: mas éste no se prestó a ello y el Virrey en el real acuerdo resolvió siguiese obedeciéndose al Provincial. Éste pasó todo el cuatrienio de su periodo en fomentar las escuelas y proteger las luces, pues era muy docto y de profundos conocimientos. Adelantó mucho la costosa fábrica del colegio de Santo Tomás de que era Rector y Administrador perpetuo: la religión invirtió en esa obra todos los sínodos de la provincia, fundó haciendas y aseguró copiosas rentas a dicho colegio en tiempo de este Prelado.

Habiendo mandado el Rey al Virrey Conde de Alva de Liste que fuese a visitar la villa de Potosí y poner remedio contra los abusos de los mineros en perjuicio de los indios, el Virrey encargó esta comisión al obispo electo don fray Francisco de la Cruz, y le nombró por Juez del repartimiento de la mita. Principió por quitar los indios que se llamaban de faltriquera,   -463-   y prohibió que se cubriese con dinero la falta de indios en el todo o en parte. Con éstas y otras providencias encaminadas a la extinción de la mita, quebrantó la instrucción secreta que llevó, en la cual se le previno entender en medidas preparatorias y no decidir nada sin consulta del Virrey. Reconvenido por esto contestó el Obispo que la conciencia del Rey y la suya se gravaban tolerando tanta injusticia y fraude contra los miserables indios: que la plata mal adquirida era imposible se lograse: que había provincia donde se ponía una horca para amenazar en tiempo de mita: que los quintos de Potosí subían cada año a 400 mil pesos y los indios de faltriquera importaban 700 mil: que por tantos abusos escandalosos se veían muchos indios prófugos, industrias abandonadas, suicidios, emigración a los bárbaros, confiscaciones, etc. El Conde de Alva con esto se sosegó, y se limitó a decir al Obispo obrase con prudencia: mas entretanto los indios se alborotaban esperanzados en su bienhechor el Obispo; y los mineros sus implacables opresores tramaban alteraciones amenazando al Prelado, objeto del odio más vehemente.

El corregidor de Potosí don Gómez Dávila empezó a poner embarazos y a formar competencias al Obispo. Alva nombró a éste Juez de apelaciones, y declaró que el repartimiento parcial tocaba hacerlo al Corregidor. El Obispo que se acostó en buena salud el 24 de Abril de 1660 amaneció muerto cuando estaba próxima su consagración. El mismo día falleció el presidente de Charcas don Francisco Nestares Marín; y el Virrey nombró luego en lugar del Obispo al oidor de Lima don Bartolomé Salazar. Pero el Conde de Alva dejó en breve el virreinato y las cosas quedaron sin una final solución que tampoco dictó su sucesor el Conde de Santistevan.

Escribió el obispo Cruz las siguientes obras: De la Concepción de María que se imprimió en Lima, en 1653, lo mismo que otra Discursum pro occidentalibus, en 4 volúmenes: Cursum artium impreso en Sevilla: Manifiesta obligación del vasallo que salió en Lima y en Madrid: Proposición teológica, en Barcelona: Conocimiento de Dios, Lima, 1657: Historia del Rosario a Coros publicada en Alcalá en 1652: El jardín de María en Salamanca 1655: Doctrina cristiana y otras.

CRUZ. Fray Francisco de la. Uno de los religiosos de San Francisco que se hallaron presentes en el acto de la fundación de Lima, a cuya solicitud el gobernador don Francisco Pizarro en 1535 señaló sitio para convento de su orden en un lugar apartado de la población. Después que el padre Cruz merced a las limosnas que recogió lo hubo edificado del modo que fue posible, advirtieron los frailes que habitaban un local desamparado y expuesto a contratiempos. Fray Francisco Marchena que era custodio el año 1536 consiguió mejor sitio en el centro de la ciudad, y ayudado del padre Francisco Aragón emprendió el trabajo de levantar el convento procurando auxilios que los vecinos franquearon generosamente. La pequeña iglesia que se levantó entonces, fue la que hoy se conserva con título de capilla de Nuestra Señora del Milagro. El coro en que allí rezaba la comunidad era un terraplén de una vara de elevación y rodeado de asientos de adobes: en aquel tiempo las casullas eran de paño y sólo una había de tafetán. Los religiosos comían sin manteles; en sus celdas, sin puertas, se cubría la entrada con una manta; y ninguno tenía colchón.

Grande fue la protección que el Virrey Marqués de Cañete prestó al convento de San Francisco: con su apoyo, dádivas y ejemplo se empezaron a acopiar recursos para la obra monumental del templo que comenzó a construirse en 1556. Adjudicó una nueva área donde los frailes formaron   -464-   huerta, y no contentos con que hubiese una calle de por medio prepararon materiales en las esquinas y cerraron de noche ambas bocas, siendo éste el origen de las dos manzanas unidas que ese convento tiene. El Cabildo quiso desbaratar las paredes levantadas con tan escandaloso abuso, mas el piadoso Virrey patrocinó la usurpación, hizo tasar la calle, y pagó a la ciudad su valor.

No hemos conseguido datos para ofrecer muchas noticias acerca de la fábrica del magnífico convento titulado de Jesús, de la religión conocida por el ilustre orden seráfico. Este convento encerró 16 fuentes, un estanque, pozos, 27 pilones, y cinco lavatorios, enfermería, capillas interiores y más tarde una casa de ejercicios. Sin embargo en el artículo Cervela, fray Luis, que fue un provincial memorable, hemos escrito algunas importantes particularidades. Concluiremos éste, agregando que la imagen de Nuestra Señora del Milagro traída de España, la llevaron al Cuzco en 1536 y conducida después a Lima estuvo colocada sobre la puerta de la capilla que en los principios fue la pobre iglesia primitiva de San Francisco. Cuando se contó de aquella virgen un portento, con ocasión del terremoto de 27 de Noviembre de 1630, se le construyó la capilla propia de su advocación con lucidos adornos y preseas que acumuló la devoción de muchas personas.

Disfruta el convento de Lima de los honores y prerrogativas de San Juan de Letrán de Roma; se ven por tanto la tiara y las llaves sobre la puerta principal del templo en que se construyeron dos torres. Los religiosos en reconocimiento al Pontífice pusieron en el coro esta combinación de letras:

Raro.
Amor.
Roma.
Orar.

La iglesia la consagró el obispo del Cuzco don Manuel de Mollinedo y Angulo en 22 de Enero de 1673. A su lado y en un ángulo de la plazuela está el templo de Nuestra Señora de la Soledad perteneciente al mismo convento; y fue construido en 1604 por una cofradía de hermanos que llevaba ese título siendo sus mayordomos don Francisco Martín de Reina y don Hernando Sánchez. La iglesia de la Soledad sirvió por algún tiempo de Catedral antes de que ésta se estrenase el año de 1625.

CRUZ. Fray Francisco de la. Teólogo. Fue relajado y ahorcado en Lima el día 13 de Abril de 1578 por sentencia del Tribunal de la Inquisición a causa de haber sostenido doctrinas heréticas. En este auto de fe sufrieron las penas a que se les condenó 16 reos más.

CRUZ. Don Nicolás de la. Presbítero, natural de Lima, capellán de la casa de recogidas o amparadas a fines del siglo XVII. Como el terremoto de 20 de Octubre de 1687 arruinó el edificio de dicho beaterio, muchas mujeres pertenecientes a él estuvieron como dos años refugiadas en el monasterio de Santa Catalina.

Por entonces era Cruz el único favorecedor de aquella casa, y tuvo la generosidad de reedificarla a sus expensas, y en parte por medio de las limosnas que él mismo colectó.

Él fue capellán durante veinticinco años hasta su muerte que ocurrió en 1706: el nombramiento para ejercer el cargo lo había obtenido de doña María Fernández de Heredia quien en 1681 fundó un aniversario en favor de las amparadas, donando al intento un capital de cuatro mil pesos. La falta del presbítero Cruz causó el abatimiento de la casa que no tuvo recursos para reedificar sus pocas fincas que también derribó el terremoto:   -465-   pero aún pudo sostenerse hasta 1708, época en que encerraba doscientas mujeres entre arrepentidas, jóvenes educandas y reclusas, pues el Virrey Conde de la Monclova mandó se detuviesen allí las mujeres públicas escandalosas, subordinándolas a la prepósita para que corrigiesen sus malas costumbres.

El Virrey Marqués de Castell-dos-rius, despojó en 1708 a las amparadas de su iglesia, casa y pertenencias, adjudicándolas al beaterio de Santa Rosa, que había resuelto elevar a monasterio como se hizo después en el mismo local que hoy ocupa, y era el que poseían las amparadas, que con esto quedaron dispersas. Y como ellas hiciesen muy animadas reclamaciones, el arzobispo don Antonio de Zuloaga en virtud de real orden de 26 de Mayo de 1717 les destinó la casa que dejaron las beatas de Santa Rosa (calle antes de San Sebastián), y mandó se les devolviesen sus bienes. Parece que desde esa época empezó a tener parte el ordinario en el gobierno de las amparadas: mas éstas en 1786 reclamaron el privilegio del patronato real a que estaban sujetas desde 1670. En 1735 el arzobispo don Francisco Antonio Escandón las trasladó a una localidad de mayor extensión, en la cual enseñaban niñas, y vivieron del producto de una sola finca que era el de cuatrocientos pesos, y de algunas limosnas que se les proporcionaban. De la posterior suerte de la casa de amparadas o recogidas, se hallarán noticias en el artículo Irujo y Ureta, don Joaquín de. Véase Lemos, Conde de. Véase Castillo, el padre Francisco del.

CRUZ. El padre fray Rodrigo de la. Nació en Marbella (Málaga) el 25 de Diciembre de 1637, hijo de don Andrés Arias Maldonado militar de mucho crédito en su carrera, y de doña Francisca de Góngora y Córdoba. Don Andrés vino de Gobernador a Costa Rica y trajo a Rodrigo a quien dedicó a la profesión de las armas. Alcanzó éste el mando de una compañía que levantó a su costa y sirvió un corregimiento. Cuando murió su padre le sucedió en el gobierno: apenas tenía veintidós años, pero su juicio y aptitudes eran sobresalientes para el desempeño de ese alto cargo. Redujo a la obediencia y pacificó la provincia de los Talamancas que hacía tiempo permanecía rebelde a las autoridades españolas. En esta campaña que hizo a su costa gastando 60 mil pesos, quedó victorioso en varias funciones de armas.

Rodrigo contaba 26 años de edad al tiempo de dejar el mando de Costa Rica a su sucesor, y pasó a vivir a Guatemala donde disfrutaba del aprecio general y de bienes de fortuna. Allí experimentó un raro contratiempo que le llenó de espanto en su propia casa, creyendo muerta repentinamente a una señora principal de quien estaba apasionado, y cuyo marido tramaba el modo de vengar su afrenta. En aquel trance, Rodrigo en alta noche salió a la calle armado y fuera de sí, y encontró al memorable fray Pedro de San José Betancur fundador de la institución de hospitales de convalecencia, y venerado por sus muchas virtudes. Éste le detuvo y después de cambiar palabras al principio descomedidas por parte de Rodrigo, se explicaron y entendieron hasta el punto de prometer a Betancur abandonar el mundo y tomar el hábito religioso si conseguía remediar el conflicto que le atribulaba. Fray Pedro se encargó de todo: pasó a la casa, logró levantar a la señora, la condujo a la suya, y trató luego de sosegar el ánimo del marido que llegó del campo instigado de los celos, y a quien el padre Betancur pudo tranquilizar con las seguridades que le dio de que Rodrigo se retiraba al hospital de Belén para dedicarse a la vida monástica hospitalaria.

Mientras pasaba caso tan extraño y ruidoso, el rey Carlos II concedía   -466-   a don Rodrigo Arias Maldonado el título de Castilla de Marqués de Talamanca con una pensión de doce mil ducados. Este honor y renta los renunció el que ya vestido de una tosca jerga estaba pasando por ásperas pruebas y duras penitencias.

Por muerte de Betancur quedó fray Rodrigo a cargo del hospital y perfeccionó su fundación en que convino el Rey concediendo a la congregación tener iglesia que se instaló en 1667. Fabricó nuevo y mejor edificio para la asistencia de los enfermos auxiliado del presidente y capitán general de Guatemala el Bailio de Lora general de marina don Fernando Francisco de Escobedo, Gran Cruz de la orden de San Juan. El papa Clemente X en 2 de Mayo de 1672, aprobó la institución de la hermandad belethmita basada en la humildad y caridad, y con designación de hábito y distintivo especial. Fray Rodrigo fue el primer Prelado, y estableció en Guatemala otro hospital para mujeres.

Habiendo conseguido real licencia para que en toda la América se pidiese limosna para el hospital de belethmitas, llegaron al Perú con ese objeto dos religiosos que fueron recibidos en Lima y presentados al Virrey Conde de Lemos por el venerable jesuita Francisco del Castillo. Con este motivo se despertó en esta capital el deseo de que viniesen los belethmitas a encargarse de un hospital de convalecencia que a inmediaciones del Cercado había establecido a su costa el presbítero don Antonio Dávila para los indios que se curaban en el hospital de Santa Ana. El Virrey y el mismo Dávila llamaron a fray Rodrigo, y él cediendo a sus instancias, se presentó en Lima en compañía de otros dos frailes, habiendo vencido la oposición que a su viaje hizo durante un año el obispo de Guatemala don Juan Sáenz de Mañosca.

Fray Rodrigo en su carácter de hermano mayor, fundó en Lima la congregación belethmítica: Dávila le entregó su hospital denominado del Carmen en 24 de Mayo de 1672. En el primer año consta que se asistieron en la casa cuatro mil indios, y como por esto mismo faltaron recursos, siendo escasa la renta, se apeló al arbitrio de distribuir los días del año entre personas pudientes para que éstas hiciesen el respectivo gasto. Se ocupó don Luis de Benavente, benefactor de la casa, de hacer una suscripción, y en ella el Virrey y su esposa tomaron a su cargo 13 días. Después don Juan Solano Herrera dejó al hospital 40 mil pesos que producían dos mil anuales; un caballero cuyo nombre quedó oculto, hizo donación de diez mil: el Tribunal de la Inquisición adjudicó un principal de cinco mil pesos para dotar un capellán, y el rey Carlos II asignó tres mil anuales. Véanse los artículos: Dávila, don Antonio. Herrera, don Juan Solano.

Fray Rodrigo marchó para España y Roma a solicitar la aprobación del hospital y de la comunidad belethmítica de Lima, y llevó recomendaciones del Conde de Lemos, de la Audiencia, y Cabildos eclesiástico y secular. El Virrey, que era patrón universal de la confraternidad, le dio libranza abierta para que hiciese sus gastos: salió del Callao en Julio de 1672 y arribó a Cádiz en 19 de Marzo de 1673. En Madrid y Roma tuvo que luchar con diferentes dificultades: pero vencidas éstas, alcanzó la bula de 3 de Noviembre de 1674 en que Clemente X concedió cuanto había pretendido. Por otra de 14 de Diciembre, nombró el Papa protector al cardenal Portocarrero.

Salió fray Rodrigo de Cádiz en 11 de Julio de 1675 y después de estar en Guatemala un corto tiempo, entró en Lima en Abril de 1676 y presentó al Gobierno las cédulas reales, que desde luego se pusieron en ejecución. Pasados pocos meses se fue fray Rodrigo a Chachapoyas donde fundó un hospital; y en Enero de 1677 se posesionó del de Cajamarca construyéndole   -467-   la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, y creando una escuela para niños. Para todo expidió sus órdenes y autorización el Virrey Conde de Castellar, habiéndose hecho venir de Guatemala religiosos que se destinaron a ambas casas de misericordia.

Por Octubre de 1678 estuvo fray Rodrigo en Piura y tomó a su cargo en nombre de la religión de belethmitas, el hospital de Santa Ana que en dicha ciudad existía. Don Domingo Zeysa, Presidente electo de Quito, hizo por entonces a sus expensas una dilatada y hermosa enfermería, y fray Bartolomé de la Cruz, Prefecto del mismo hospital de Piura, edificó la iglesia y algunas habitaciones.

No tardó la ciudad de Trujillo en realizar el deseo manifestado con mucha anticipación por el obispo don fray Juan de la Calle de que los belethmitas se encargasen del hospital de San Sebastián. Verificose así en Julio de 1680 con licencia del arzobispo virrey don Melchor de Liñán; y la nueva fundación fue protegida por el presbítero don Antonio Escobar, y después de sus días, por su hermano don Andrés Escobar de la orden de Santiago. Ambos levantaron con su peculio iglesia, salas para enfermerías y algunas celdas, bien que los vecinos de la ciudad ayudaron a estos gastos con sus erogaciones.

En 1680 fray Rodrigo recibió igualmente el hospital que en Huanta había sido fundado por el obispo don Cristóval de Castilla y Zamora quien hallándose ya de Arzobispo en Charcas, solicitó que corriera al cuidado de los belethmitas.

Dejando en Lima de sustituto en la prelacía a fray Alonso de la Encarnación, marchó segunda vez a España fray Rodrigo a principios de 1681. Favoreciole la reina gobernadora doña Mariana de Austria y a pesar de la fuerte oposición con que tropezó, pudo conseguir se aprobasen las reformas que intentó hacer en los estatutos de su religión, y en consecuencia dictó otras constituciones el pontífice Inocencio XI en 26 de Marzo de 1687. En Roma fue nombrado fray Rodrigo Prefecto general por autoridad apostólica, de la nueva religión belethmítica.

Hizo su viaje de regreso por México y cuando llegó a Lima encontró arruinado el hospital a causa del terremoto de 20 de Octubre de 1687. Entonces fueron necesarios todo el empeño e ingenio del infatigable religioso para la obra grande de reedificarlo. La emprendió en un sitio fronterizo que quedó fuera de murallas y con su acostumbrada constancia dio cima al proyecto, cooperando el Virrey, los principales funcionarios, y el vecindario de muchas poblaciones en las cuales recogieron limosnas los belethmitas. En 6 de Marzo de 1698 se publicó en la catedral de Lima la bula de Inocencio XI.

Cuando con aquel objeto visitaron el Cuzco a fines del siglo XVII, fueron invitados por el obispo don Manuel Mollinedo para que tomaran bajo su dirección el hospital de indígenas; en esa vez no tuvo éxito plan alguno. Más tarde fray Rodrigo marchó para dicha ciudad con doce religiosos, y con licencia del Virrey Conde de la Monclova fundaron el hospital de Nuestra Señora de la Almudena, que fabricaron gastando crecida suma de dinero, habiéndoles dado el Obispo el santuario de aquella imagen, un competente sitio contiguo en que él tenía una casa de recreación y cuatrocientos pesos de renta. Las limosnas de las personas acomodadas fueron abundantes: el presbítero don Juan Vaca cedió unas tierras que poseía; y el muy rico cura de Tambo don Juan Centeno hizo donación de una hacienda, y franqueó 15.000 pesos para la compra de otra. Fray Miguel de la Concepción fue el primer Prelado de la casa del Cuzco. El Obispo y su sobrino don Andrés Mollinedo, gastaron una fuerte suma en la capilla de aquel santuario, su altar, alhajas de oro y plata, etc.

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No descansó aún el celo caritativo del fervoroso fray Rodrigo. Fue a Potosí con diez hermanos, y empleando la autorización que le dio el Conde de la Monclova, estableció el hospital de belethmitas. A su regreso pasó a Huaraz y organizó otro que puso a su disposición un cura que lo había fabricado a su costa y con licencia del mismo Virrey.

Para concluir este artículo, haremos mención del último beneficio hecho a la humanidad en el Perú por este hombre extraordinario y memorable. Existía en Lima un pequeño hospital titulado de «Incurables de Santo Toribio» creado por el padre fray José Figueroa a expensas del capitán don Domingo Cueto. Entregado que fue a los belethmitas se hizo sentir la acertada dirección de fray Rodrigo en la buena organización que estableció, y en la fábrica del templo, acrecentamiento y mejora, del edificio de dicha casa, denominada después «El Refugio», que recibió nuevos auxilios de la liberal y caritativa mano de Cueto.

Y pasando en silencio lo relativo a las fundaciones de los belethmitas en Nueva España, Habana, Quito, etc., pondremos término diciendo que hizo don Rodrigo un viaje a México con el fin de extinguir las discordias y cuestiones que habían dividido los ánimos y causado escándalos en la religión que debía su existencia y crédito a sus fatigas y tenaces esfuerzos. En aquella capital falleció de más de ochenta años el día 23 de Setiembre de 1716. Tres años después, el 12 de Noviembre de 1719, acabada la iglesia de belethmitas de Lima, se bendijo por el cura de Santa Ana don Pedro de la Serna. Hoy no existen ni el templo ni el hospital.

La historia belethmítica se imprimió en Sevilla en 1723: su autor el padre fray José García de la Concepción, Lector en teología, religioso descalzo franciscano, la dedicó al rey Felipe V. En ella está la vida del virtuoso fray Pedro de San José Betancur, nacido en Canarias en 1626, fundador del instituto de Belén, y que falleció en Guatemala en 25 de Abril de 1667.

CRUZ Y AYALA. El hermano Sebastián de la. Nació en Cajabamba Obispado de Trujillo, de padres indígenas nobles y caciques. Habiendo fallecido éstos, se vino a Lima con la idea de buscar al religioso mercedario fray Luis Galindo cuya alta fama circulaba, y a quien Cruz se proponía imitar. Tomó el hábito en el convento de la Merced donde en breve adquirió justo renombre por sus ejemplares virtudes y vida penitente. Mucho se escribió en el siglo XVII acerca de este lego, objeto de la admiración general, y que empleaba el más decidido celo en colectar limosnas que ascendieron a considerables sumas. Con ellas se hicieron en aquel templo algunos costosos altares, y se atendía por Cruz al culto del Santo Cristo del Auxilio. Falleció este hombre piadoso y esencialmente humilde, el día 17 de Julio de 1721 a la edad de 53 años. Era tal el respeto, y tanta la estimación que se le profesaba entre las personas más elevadas, que el Conde de Polentinos le hizo su compadre en el bautismo de su hija doña María Josefa, quien casó en 1734 con el mayorazgo don Juan José Aliaga.

CRUZAT Y MUNIVE. Doña Josefa. Marquesa de Feria, como esposa del maestre de campo don Francisco Félix de Vega que fue el primer marqués de este título en 1740. Esta señora nacida en Guamanga, reunió a su distinguido talento una constante aplicación al estudio. Sabía perfectamente el latín y otros idiomas. Véase Feria.

CUADRA. Don José de la. Natural de Lima, Catedrático de vísperas de leyes en la Universidad de San Marcos, Consultor de la Inquisición,   -469-   Agente fiscal del Rey y asesor de varios tribunales, persona muy notable por su clase, vasta instrucción y versación en los negocios públicos. Tomó el hábito de novicio en la religión de la Buenamuerte el día 3 de Diciembre de 1743 y profesó el 3 de Marzo de 1745 ordenándosele de sacerdote. Nombrole Asesor general el virrey Manso en 3 de Febrero de 1746. Cuadra y la comunidad dieron reiteradas excusas, pero no fueron atendidas por el Virrey, quien le obligó a admitir el cargo que desempeñó algunos años, lo mismo que la cátedra de leyes, habiendo sido el único ejemplar de que un sacerdote la hubiese desempeñado.

El padre Cuadra hizo donación a su convento de la casa en que vivió, y de 34 mil pesos en plata sellada. Falleció en 5 de Diciembre de 1752.

CUADRA BODEGA Y MOLLINEDO. El doctor don Tomás Aniceto de la. Nacido en Lima: Catedrático de decreto en la Real Universidad de San Marcos desde 1789 a 1797; y Rector de ella en 1798 y 1799: era Prebendado del coro de Lima en 1779: fue Canónigo doctoral en 1790 hasta su fallecimiento en 1802. Véase Sáenz de Tejada.

CUADRO. El padre Francisco del. De la compañía de Jesús, natural de Arequipa: varón de profunda sabiduría, y cuya vida santa dejó grata memoria. Fue Director del obispo don Gaspar Villarroel a quien acompañó en la visita que hizo de su diócesis. Acreditó mucho celo en favor de la conversión de indios cuando estuvo de Provincial de la compañía. El padre Cuadro había sido Rector del colegio de San Pablo de Lima: escribió una carta «De la vida y muerte del padre Rodrigo de Valdez» en 30 de Agosto de 1682 impresa en el poema heroico de éste, en el año 1687. Fue Cuadro el que siendo Provincial mandó fabricar la iglesia y colegio de la compañía en el puerto de San Clemente de Mancera (la ciudad de Pisco) en cuyas obras entendió el hermano Diego de la Maza.

CUARESMA. Tomás, cirujano. Fue quemado en Lima por judío el día 23 de Enero de 1639 por sentencia del Tribunal de la Inquisición en el sitio denominado el Pedregal en el camino de Amancaes. En el auto de fe celebrado en aquella fecha, hubo 80 reos, a 12 de los cuales tocó la misma suerte que a Cuaresma.

CUBA Y ARCE. El doctor don Gaspar. Natural de Cartagena de Indias. Estudió en Lima y se graduó en la Universidad de San Marcos. Fue Oidor de las Reales Audiencias de Chile y de Lima a principio del siglo XVIII.

CUBA Y MALDONADO. El diputado don Luis de. Natural de Arequipa, persona de mucha literatura. Subió por escala a la silla de Deán de la catedral del Cuzco.

CUCALÓN Y VILLAMAYOR. Don Bartolomé. Coronel de ejército, Gobernador de la provincia de Guayaquil en los años de 1807 a 1810. Cooperó activamente a destruir la revolución de 1809 en Quito. Relevado en 1811 por el coronel don Juan Vasco Pascual, sirvió en las tropas que sometieron aquella provincia, y comandó la vanguardia en las operaciones y campaña de Pasto y Popayán dirigidas por el general presidente don Toribio Montes. Había ascendido Cucalón a Brigadier por el Rey en 1810. El general don José Manuel de Goyeneche, Presidente interino del Cuzco,   -470-   mandaba el ejército que combatió por primera vez la insurrección del Alto Perú. Y como mostrase repugnancia de seguir en ese puesto que renunció dos veces, el entendido virrey Abascal, sospechando su resentimiento por haber nombrado el Rey para la presidencia del Cuzco al brigadier Cucalón, obligó a Goyeneche a permanecer en el mando del ejército, prometiéndole que no se pondría el cúmplase al nombramiento de Cucalón. Así lo verificó, zanjando con destreza aquel inconveniente. Cucalón, que a su llegada a Lima fue instruido de lo acordado por el Virrey, se retiró a España.

Un sobrino suyo, don Mariano Cucalón, estuvo en la guerra de Quito y Popayán: vino al Perú, se le agregó al regimiento del infante don Carlos: mandó después el primer batallón; y más tarde, ya Coronel del cuerpo, murió en la batalla de Ayacucho.

CUÉLLAR. Francisco. El cartulario, natural de Cuéllar, uno de los 13 españoles que quedaron con don Francisco Pizarro en la isla del Gallo, y a quienes la reina doña Isabel la Católica ennobleció concediéndoles algunas mercedes en la capitulación de 26 de Julio de 1529. Fue Cuéllar nombrado Regidor de Tumbez, primera ciudad proyectada en el Perú. Entró en Cajamarca después que Pizarro; acaso con la gente que condujo don Diego Almagro, pues Cuéllar no aparece en la relación de los que apresaron a Atahualpa, y tomaron una cantidad de oro y plata de la que acopió este monarca para su rescate. Ni el cronista Herrera, ni Garcilaso, ni Gomara mencionan a Cuéllar al referir los sucesos de la conquista, pero parece indudable que él como escribano actuó en el proceso y sentencia contra Atahualpa, y en tal concepto Llano Zapata afirma que Francisco Cuéllar el cartulario «fue muerto por los indios en 1533, porque fue uno de los que influyeron en la ejecución del rey».

Garcilaso dice que un Sancho Cuéllar fue escribano de la causa, y que habiendo sido prisionero de Titu Atauchi lo mataron los indios por habar averiguado su complicidad en la condena de Atahualpa, haberle intimado la sentencia, y conducídolo al suplicio: que atado al mismo madero lo ahogaron como al rey, enterrándolo allí mismo. Siguiendo a Garcilaso, hemos repetido este pasaje en el artículo del capitán Francisco Chaves, página 367 de este tomo: mas como del tal Sancho no habla ningún otro historiador, y es evidente que en los primeros actos de la conquista el escribano era Francisco Cuéllar, creemos equivocado el nombre de Sancho, y lo advertimos por ser éste nuestro parecer después de haber hecho varias diligencias para descubrir a punto fijo la verdad.

Hubo en el Cuzco un canónigo nombrado Juan de Cuéllar que enseñó allí latín, fue maestro de Garcilaso, y era incansable en elogiar la capacidad y buena disposición que tenían para los estudios los mestizos y naturales de dicha ciudad.

CUERO Y CAICEDO. El doctor don José. Natural de Cali en Colombia. Fue su nacimiento el 11 de Setiembre de 1735, y siguiendo la carrera de la iglesia, pasó durante muchos años por rigurosa escala hasta obtener la alta dignidad de Obispo. Lo era de la diócesis de Quito cuando estalló en esa capital la revolución de 10 de Agosto de 1809, y nombrada la junta soberana que había de representar al rey Fernando VII, el Obispo Cuero fue designado como Vice-presidente de ella. Era un Prelado de acreditada virtud, con mucha instrucción y firmeza de carácter; pero no idóneo para las turbulencias, bien que como patriota de corazón tuviera los más vivos sentimientos en favor de la libertad americana. Si su conducta   -471-   moderada y digna de un ministro de la iglesia, no lo colocaba a la altura de los caudillos de la revolución, nunca dejó de ser un activo mediador para atenuar los desórdenes evitando el derramamiento de sangre. Dio una prueba de su noble proceder interponiéndose, con buen éxito, para contener el desborde popular en que se trató de hacer morir al presidente conde Ruiz de Castilla en la noche del 30 de Octubre. Ya en el año de 1810, y cuando los actos más violentos de las fuerzas españolas aterrorizaron en Quito con muertes y robos, el Obispo se apersonó a solicitar cesasen los excesos, y ofreciéndose a calmar la agitación popular que preparaba nuevas luchas, exigió se hiciesen concesiones dirigidas al restablecimiento de la paz y sosiego. Logrose entonces que el presidente Castilla se comprometiera solemnemente a cumplir las bases que formaron la transacción que se celebró para el tranquilo restablecimiento de la autoridad presidencial; convenio que reprobó altamente el virrey Abascal según hemos referido en el tomo 1.º, página 20.

En la segunda junta que se erigió en Quito presidida por el mismo Castilla, con el comisionado regio Montufar, ocupó un lugar el obispo Cuero declarándosele vocal nato: ésta fue la junta que declaró la independencia por primera vez, y de la cual el conde Ruiz de Castilla, comprendiendo su posición, se apartó proponiéndose vivir en aislamiento. En estas circunstancias el obispo Cuero fue nombrado, en un Cabildo abierto que se celebró, Presidente de la junta, en cuyo puesto precavió muchos males y lograba siempre contener la efusión de sangre. Por lo demás, su lugar en el Gobierno era ad honorem, y aun así quiso verse desprendido de él porque no estaba en armonía con su ministerio. El año 1812 se instaló un congreso que ya se ocupaba de la constitución del Estado.

En las agitaciones populares de 1811 fue asaltado en su retiro el conde Ruiz de Castilla, que falleció a causa de las heridas, que recibió de la desenfrenada multitud el día 11 de Junio. Impresionado el Obispo y lleno de amargura, tocó el desengaño de que sus respetos e influencia no tenían ya poder alguno. Presenció en 1812 y 1813 las victorias del general español Montes, y los castigos que por todo el país se ejecutaron, hasta que la fuerza lo volvió al antiguo sosiego de la servidumbre. El Obispo fue obligado a venir a Lima y se le ordenó pasase a España a dar razón al Rey de la conducta que había observado en las convulsiones de Quito. Presentose en esta capital, y los pesares de que se veía abrumado, se agravaban por su mucha ancianidad y extenuación. El arzobispo de Lima don Bartolomé de las Heras recibió al venerable obispo Cuero, lo alojó en su palacio colmándolo de atenciones. Mas estos consuelos no bastaron, y el huésped encorvado por el peso de los años y las pesadumbres, falleció en 9 de Octubre de 1815: su funeral se hizo en esta catedral con bastante suntuosidad y distinguida concurrencia.

CUESTA. Don Matías de la. Caballero de la orden de Santiago. Sirvió en la carrera de Hacienda, fue Contador de resultas del Tribunal de Cuentas el año 1780, y Ministro oficial real de las cajas de Lima desde 1791 a 1807 en que falleció. Fue casado con doña Petronila Vásquez natural de Lima hija del coronel don Francisco Vásquez. Creemos que Cuesta fue hermano del general Cuesta, quien hizo la guerra del Rosellón y a fines del siglo pasado tomó la plaza de Puigcerdá.

CUETO. Don Cayetano. Nació en Arequipa en 7 de Agosto de 1691, hijo de don Lope Cueto y de doña Luisa Valencia. Fue maestrescuela de aquella iglesia en 1739, y capellán del monasterio de Santa Rosa en   -472-   el cual dotó muchas misas. Estableció a su costa en la catedral la fiesta de Santa Ana en 1764. Murió en 25 de Setiembre de 1768, dejando sus bienes a la comunidad de San Camilo en cuyo templo se conserva su retrato. El año 1764 había formado el hospicio de estos religiosos en una casa suya, haciéndoles capilla, en la cual puso altares, ornamentos, etc.

CUETO. El capitán don Domingo, vecino de Lima. Después de gastar en obras piadosas gran parte de su crecido caudal, fundó el año de 1669 en unión del padre fray José Figueroa natural de Huánuco, religioso agustino, el hospital de incurables de Santo Toribio de esta capital que se fabricó a su costa. Aun después de haberse encargado esta casa a los religiosos belethmitas con aprobación del Virrey Conde de la Monclova, fue ella protegida por la caridad de Cueto, quien al morir dejó una suma de dinero destinada a la compra de una finca rústica, para que su producto sirviese al fomento del hospital en el cual se edificó una iglesia. Véase Figueroa.

CUEVA. Varias personas de este apellido que lo extendieron en diversas familias del Perú, fueron descendientes de Hugo Beltrán Gueselín Duque de Molina, Condestable de Francia. Su mujer fue doña María de la Cueva, cuyos ascendientes tuvieron el solar y palacio de los Cuevas en el Val de Manzanedo, y procedían del conde don Pedro de Palencia, de la casa real de León, que fue marido de doña Constanza de Molina, parienta de don Enrique Conde y Señor de Molina.

Quinto nieto de aquéllos fue don Beltrán de la Cueva, Conde de Ledesma, primer Duque de Alburquerque, Maestre de la orden de Santiago, que casó con doña María, hija de don Pedro Fernández de Velasco, primer Condestable de Castilla, Conde de Haro. Estos mismos fueron los ascendientes del virrey del Perú don Baltasar de la Cueva Conde de Castellar. Descendió de don Beltrán, don Juan de la Cueva y Velasco de la orden de Santiago, Mayordomo del emperador Carlos V, casado con doña Juana de Villavicencio, bisabuelos de don Nuño y de don Juan de la Cueva, Caballeros de la orden de Santiago y de don Francisco, de la de Alcántara, Alcalde de la santa hermandad de Lima en 1600 y Alcalde ordinario en 1601, el cual casó con doña Luisa Manrique de Lara, natural de esta ciudad. Don Nuño fue Corregidor de la Paz: los otros se avecindaron en Lima. Fueron hijos de doña María Guzmán Zurita (de la casa de Fuentes enlazada con la de Medina Sidonia), descendiente de don Álvaro Pérez de Guzmán, Señor de Gibraleón, Almirante de Castilla. Don Juan fue padre de don Pedro de la Cueva Balaguer de la orden de Santiago, Alférez Mayor y 24 de Jerez, que nació en Lima el 6 de Mayo de 1628 y casó con doña Marina de la Cueva Corral y Espínola. Fue Alcalde ordinario en 1650, año en que se estrenó la pila de la plaza en la cual aparece grabado su nombre. De don Nuño, fue tercer nieto don Pedro Javier de la Cueva que casó en Lima con doña Petronila Teresa Caballero; y de este matrimonio nació en dicha ciudad en 17 de Julio de 1717, don Nuño Apolinar de la Cueva, en quien recayó el título de Marqués de Santa Lucía de Conchán, y que casó con doña Gertrudis Alcedo, hija de don Dionisio de Alcedo y Herrera Presidente de Quito. Doña Ana Tello y de la Cueva, nieta de doña Marina, nombrada arriba, casó con el oidor don Pablo Vásquez de Velasco; y su hija doña Ángela con don José de Zavala y Esquivel, padre de don Tadeo Martín de Zavala que casó con doña Mariana Pardo de Figueroa, Marquesa de Valle-Umbroso. Esta casa de Cueva tuvo otras ramificaciones en el Perú, como puede verse en el artículo Costilla, casa de los Marqueses de San Juan de Buenavista; y en el artículo Achines, marino inglés, que fue batido y aprisionado en 1593   -473-   por la armada del Callao que mandaba don Beltrán de Castro y de la Cueva, cuñado del virrey don García Marqués de Cañete, como hermano de la esposa de éste, doña Teresa. Los Marqueses de Casa Boza, tuvieron también relación con los Cuevas por el matrimonio del primer marqués, coronel don Gerónimo Boza con doña Juana Guerra y de la Daga que era Cueva por su madre. Igualmente la casa de Mansilla de Lima, entre cuyos ascendientes está don Francisco Ramírez de Saavedra, Marqués de Rivas que fue casado con doña Brianda de la Cueva. En conclusión diremos, que diferentes individuos de la familia de Cueva nacidos en Lima, fueron alcaldes y cruzados de las órdenes militares.

Véanse los apellidos que quedan mencionados.

CUEVA. Henríquez Arias de Saavedra Pardo, Tavera y Ulloa, don Baltazar de la. Conde de Castellar y de Villa Alonso, Marqués de Malagón, Señor de las villas de Viso, Paracuellos, Fuente el fresno, Fernán Caballero, la Porsuna, Benafarses y San Miguel, hijo 2.º del 7.º Duque de Alburquerque don Francisco de la Cueva Consejero de Estado y Guerra, Virrey de Sicilia; y de doña Ana Henríquez su tercera esposa. Don Baltazar nació en Madrid el año de 1626: fue Colegial del mayor de San Bartolomé de la Universidad de Salamanca en 1647 y después Rector de él: Bachiller canonista, y se graduó de licenciado. En 1650 le concedió el Rey la silla de Deán en el coro de Salamanca: en 1654 le nombró Oidor de la chancillería de Granada: en 1659 Fiscal del Consejo de órdenes; y se le dio una encomienda de tres mil ducados que gozó su madre en América. Obtuvo el hábito de Santiago, una plaza en el mismo consejo: pasó después al de Indias ocupando un lugar en la cámara de éste. Fue gentil hombre de la del Rey, Alfaqueque Mayor y Mariscal de Castilla, Alguacil Mayor perpetuo de la ciudad de Toro, Embajador en Alemania; y en 1673 Virrey y Capitán General del Perú, Tierra Firme y Chile. Los títulos de conde y de marqués los tenía por su esposa doña Teresa María Arias de Saavedra, su prima, 7.ª Condesa de Castellar, Grande de España. El primer conde de este nombre fue don Juan Arias de Saavedra nombrado por el rey Carlos I: su casa estaba enlazada con la de los Cueva, Duques de Alburquerque; y el primer Marqués de Malagón fue don Gaspar de Ulloa por Felipe III en 1599.

En uno de los dos navíos de guerra que en 1673 vinieron a Portobelo al mando de don Gabriel Cruzátegui, llegó a Chagres el virrey Castellar, quien después de examinar el estado del presidio y fortificaciones, ingresó a Panamá donde se detuvo entendiendo en diferentes arreglos. En su paso por Cartagena había conseguido, por encargo del Rey, se hiciese por contrata la recaudación del impuesto llamado avería que debía pagarse en los puertos del mar del Norte. A su llegada a Portobelo, dispuso se cobrasen y remitiesen a España 74 mil pesos de los derechos de plata y frutos de la tierra que estaban pendientes y cuya realización se postergaba notablemente.

El Conde de Castellar entró en Lima el 15 de Agosto de 1674 y recibió el mando de la Audiencia que lo ejercía por muerte del Conde de Lemos, ocurrida en 6 de Diciembre de 1673. Vamos a escribir de los actos administrativos de un Virrey en nuestro concepto honrado y cual ninguno defensor celoso del Erario: que preciaba de economista, y cuya estrictez genial y acostumbrada, lo obligaba a emplear todo el vigor del poder siempre que se comprometía la conveniencia del servicio, o era dudosa la fidelidad de los funcionarios. Daremos principio por los asuntos de Hacienda que fueron los que más llamaron su atención interesando asiduamente sus conatos y vigilancia. Se propuso ahorrar o disminuir gastos,   -474-   recaudar lo mucho que se adeudaba al fisco, desempeñarlo de las sumas que de atrás lo abrumaban, acrecentar las remesas de caudales a España, y satisfacer con exactitud las cargas ordinarias que pesaban sobre la Tesorería. De tan ajustadas bases, de su rigorismo y afán por reunir fondos, puede decirse que nada utilizó el país, porque de la época de este Virrey, ningunas mejoras materiales, ningunos adelantos quedaron para lustre y memoria de su gobierno.

El atraso en fenecer las cuentas de las cajas fiscales era ya objeto de escándalo, pues sólo en lo respectivo a Lima no se juzgaban hacía diez años: dictó providencias muy enérgicas para que se glosaran y absolvieran, como fue practicándose a fuerza de trabajo constante que remediara el abandono y pereza del Tribunal a quien competía dar buen ejemplo a todas las oficinas. El Virrey circuló orden a los tesoreros para que al punto le pasasen una relación jurada, so pena de tres tantos, de todas las deudas pendientes desde la erección de las cajas, expresando efectos, deudores y empleados a cuyo tiempo correspondían los rezagos: mandó al Tribunal de Cuentas diese razón de las que en él existiesen, y que según documentos puntualizara el escribano de cámara en una certificación, los asuntos pendientes y los resultados que en los ya terminados apareciesen en favor del erario. Las cajas reales o tesorerías existentes por entonces en el Perú eran: Lima, Huancavelica, Potosí, La Paz, Chucuito, Cailloma, Oruro, Carangas, Carabaya, Cuzco, Arequipa, Arica, Trujillo, Piura y Otoca, adonde se trasladaron las cajas de Castrovirreina.

Las dificultades que opusieron los oficiales reales de Potosí, sus disculpas y ambages para eludir tan perentorias determinaciones del Virrey, irritaron su ánimo y le hicieron expedir otras más vigorosas: previno al Presidente de la Audiencia de Charcas que pasase personalmente a Potosí a hacer efectivas cuantas responsabilidades estuvieran en pie. El Rey acerca de las deudas atrasadas en general, había facultado ampliamente al Conde de Castellar para transigir y hacer composiciones aun delegando el encargo a otras autoridades: mas él ocultó la real orden porque ignorándose su tenor, no se malograrían los esfuerzos que ponía en juego para la recaudación.

En las cajas de Lima aunque los datos se tuvieron por inexactos, apareció la deuda de 3.534.792 pesos; y se calculaba que lo atrasado en las demás cajas, ascendería a una suma casi igual. Era aquélla en gran parte incobrable por su antigüedad y haber muerto muchos deudores y fiadores y también oficiales reales del tiempo en que se originaron y dejaron de cobrarse. En cuanto a deudas modernas, mandó el Virrey órdenes muy ejecutivas con amenazas de multas y otras, para que se hiciesen efectivas sin lenidad ni la menor consideración.

Luego que advirtió el Conde de Castellar que las deudas más crecidas en ciertas cajas provenían de azogue vendido al fiado, y sabedor de que este sistema continuaba a pesar de haberse prohibido, expidió órdenes fuertes para que con ningún pretexto ni motivo se diese azogue, en mucha ni en poca cantidad a persona alguna, ni con fiadores abonados, sino pagándose al contado en la caja real, o dejándose en ella prendas de plata u oro, cuyo valor pudiera cubrir el del azogue, y que se habían de rematar vencido el corto plazo que se otorgara, si no se cancelaba el empeño. Esta disposición se cumplió con tal cuidado, que en toda la época del Gobierno de Castellar, no se contrajo el menor débito por azogues expendidos en el reino.

Diferentes regidores de Arequipa eran deudores al fisco por la compra de sus oficios, por arrendamiento de los ramos de alcabala, naipes y otras   -475-   causas; y como los oficiales reales consultasen si les impedirían votar en la elección de alcaldes, el Virrey mandó que así lo hicieran, a pesar de razones que alegó el Fiscal clasificando las deudas. Castellar sentó el principio de que todas eran iguales, y que el precepto era cobrar cuanto se estuviera debiendo.

Vistas por el Consejo de Indias dos cuentas de las cajas de Lima, se había sacado en una de ellas el alcance de 134.888 pesos, y en la otra 264.764, porque a los oficiales reales se les computaron los pesos ensayados a 450 maravedís, cuando ellos no lo hacían así en las reducciones de las barras de plata.

El Rey ordenó se practicasen según la regla que debía observarse al pagar y recibir; esto es, que cuando no hubiese pesos en caja para lo primero, se verificase en barras maravedí por maravedí, salvo el caso de deber pagarse precisamente en pesos; que entonces se consultaría al Gobierno para que el abono pudiera realizarse en dichas barras al precio a que corriera el peso ensayado. Castellar, porque los oficiales reales no habían cumplido con los requisitos prescritos después de reprobarse el abuso en la primera cuenta, mandó multar a cada uno en 500 pesos que abonaron sin admitírseles excusa, y dictó providencias para que por estas operaciones no sufriera perjuicios la Real Hacienda.

Las cajas de Lima en que se reunían todos los recursos metálicos, demostraron el déficit anual de 214.446 pesos que despertó en el Virrey sospechas y desconfianza. Se propuso estar a la mira de todas sus operaciones, y ordenó que no se hiciese pago alguno, ni se girasen órdenes de pago, sin que se le presentasen los documentos con cuyo examen él mismo las decretaría y expediría bajo su firma, condición necesaria para que pudiera tenerse por legal todo gasto. Mandó también se le diese conocimiento diario de las entradas sin exceptuar ninguna, y cada mes un manifiesto por menor de ingresos y egresos que había él de fiscalizar con presencia de los libros, que se le harían ver en el mismo acto con los comprobantes, todo lo cual se obedeció sin excusa mientras él conservó el mando. El resultado de sus providencias acompañadas de una tenaz vigilancia, fue haber enviado a España en el tiempo de su Gobierno, que duró sólo cuatro años, 4.462.597 pesos, con más 221.592, valor de 3.500 quintales de azogue que remitió a México. Castellar gastó en su mismo período más de 7.000.000 de pesos en remesas de dinero a Huancavelica, situados de Panamá, de Chile, Valdivia, Buenos Aires, Cartagena, etc., presidio del Callao, sueldos civiles y militares, intereses de deudas o censos, fábrica de pólvora, fundición de artillería, carena de tres buques de guerra, etc., etc. Para todo lo relacionado no apeló a empréstitos, ni tomó dinero de las cajas de censos de indios y de bienes de difuntos, como algunos de sus antecesores lo habían hecho para poder efectuar remesas a España.

Cuando el Conde de Castellar fue separado del Gobierno, dejó en barras y moneda 2.391.562 pesos; y por deudas pendientes de su tiempo según él lo demostró, sólo la cantidad de 383.727 pesos, inclusive lo que estaba aún para cancelarse por azogues.

Al Contador de bienes de difuntos se le adeudaban 8.000 pesos de sueldos: éstos debían salir de sus emolumentos por las cuentas que feneciese y el resto saldarlo la Real Hacienda. Castellar no permitió se le hiciese pago alguno, porque se excusó de justificar lo que había trabajado en cumplimiento de sus obligaciones, y no era justo que el gasto pesase por entero sobre el Erario. Lo mismo hizo con respecto a otros empleados, cuyo derecho a salarios dependía de ciertos esclarecimientos para conocer lo que fuera propio abonarles.

La Audiencia que gobernaba antes de llegar el Virrey, había formado   -476-   seis compañías de coraceros a las cuales se les debía ya en tiempo de Castellar un alcance de 223.342 pesos. Las mandó disolver luego que tuvo seguridad de que no existía peligro de invasión marítima; y con esto hizo el ahorro de 166 mil pesos que importaban anualmente sus haberes. Pero se negó a pagarles los devengados diciendo que esto se acostumbraba en casos tales en los dominios del Rey, y al asegurarlo para fundar su resolución, agregó que si se hicieran esos abonos «se consumirían todos los millones del real patrimonio».

En Guancavelica se pagaron los azogues de los años 1674 y 1675; y por los de 1676, que fue año abundante, se adeudaban 241.032 pesos que el Virrey dejó saldados por medio de libramientos que giró contra algunas cajas reales. El total de quintales de azogue sacado en tiempo de Castellar, fue el de 24.725 cuyo importe montó a 1.926.617 pesos sin contar el valor de los quintos del Rey. En ese mismo período el azogue introducido en Potosí consistió en 11.119 quintales, y a las demás cajas reales se hicieron los envíos convenientes. Por deudas atrasadas se cobraron en el mismo Potosí 353.788 pesos.

Apenas se había posesionado del Gobierno el Conde de Castellar, cuando recibió aviso dado por el corregidor de la Paz don Pedro Luis Henríquez de los grandes hurtos que hacían a la Real Hacienda los ministros de aquellas cajas. El Virrey dio a dicho Corregidor comisión secreta de visita y pesquisa con plenitud de facultades; y convencidos los delincuentes por los mismos libros y documentos de haber hecho defraudaciones que pasaban de 400 mil pesos, fueron ahorcados el Tesorero y el Oficial Mayor: al Contador se le condenó a privación perpetua de su empleo, y los bienes de los tres fueron confiscados recuperándose con su producto la mayor parte del descubierto. Todo lo aprobó el Rey y nombró Corregidor de Potosí a dicho Henríquez que más tarde invistió el título de Conde de Canillas, sirvió la presidencia y comandancia general de Tierra Firme, y aun estuvo previsto para Virrey del Perú.

Castellar mandó hacer indagaciones en cuanto al manejo del Tesorero de Oruro que fue acusado también de malversación. Ordenó que don Juan Jiménez de Lobatón Oidor de Charcas fuese a Potosí a examinar las cosas de Hacienda, pues estando resuelto que uno de los ministros de esa Audiencia pasase cada año a verificar el tanteo y comprobarlo, hacía 17 años que no se llenaba esta obligación. Por ello y porque tampoco se cumplía con enviar a Potosí un Contador Mayor de tres en tres años, existían cuentas sin fenecer, apareciendo una cuantiosa deuda rezagada cuya mayor parte era ya incobrable. El Virrey mandó comisionado para el juzgamiento de aquéllas y algunos otros asuntos, al contador don Sebastián de Collado: y le encargó se detuviese en Arica y revisase las operaciones de los oficiales reales de las cajas de este puerto, que se rugía usurpaban caudal del fisco. Llenó Collado las instrucciones recibidas, y resultando probados los fraudes, envió a dichos funcionarios a Lima donde se les mantuvo en la cárcel de corte, de la cual salieron privados de sus empleos y a destierro en el presidio de Valdivia.

En cuanto a deudas atrasadas, las que se cobraron en el período de Castellar importaron 535.503 pesos de los cuales 353.788 se atesoraron en Potosí y el resto en algunas otras cajas. Pero en dicha suma no está comprendido lo recaudado en la de Lima, que debió ser considerable, ni lo que ingresaría en Pasco: dice el Virrey que no llegó a tener las noticias respectivas a esas Tesorerías. La memoria del Conde de Castellar está redactada de una manera confusa: en vez de hacer demostraciones con método claro, adopta el medio de dar explicaciones muy complicadas con el objeto de ocuparse hasta de los ápices en diversas cuestiones de   -477-   contabilidad. Se percibe a primera vista que estaba dominado por el resentimiento, y que trabajó mucho por deslindar en materias de Hacienda lo que exactamente perteneció a su época de mando, ya en recaudación por lo pasado y presente, ya con respecto a gastos en que tanto economizó, ya en fin para patentizar el caudal que remitió a España y el que quedó existente cuando fue separado de su alto puesto. Como los empleados del ramo lo odiaban por la dureza con que los trató (con sobrada razón) así que lo vieron caer, tomando venganza, como sucede siempre, de las humillaciones que les había hecho sufrir, se negaban a darle los datos que pedía a las oficinas para arreglar sus cálculos; y al tener que expedirlos se los ministraban con falsedades, o enredados, a fin de molestarlo y para que no pudiera llenar su designio de poner a toda luz las pruebas de su manejo en cifras fielmente depuradas. Su sucesor ad interim el arzobispo Liñán no era extraño a esas hostilidades; Castellar le afrontó ciertos errores maliciosos de las Tesorerías, pues muchos gastos del tiempo de Liñán habían sido hechos con las sumas que dejó aquél en arcas. Se lamentaba Castellar de que el caudal que en virtud de sus esfuerzos estaba reunido para enviarlo a España en socorro de las grandes necesidades de la monarquía lo hubiese tocado y disminuido Liñán, «destinando cantidades a monasterios, hospitales, cátedras, etc., para que pudieran repararse los graves males causados por el terremoto» de que luego nos ocuparemos. Déjase conocer lo poco que importaban a este Virrey las desgracias del país, y que todos sus conatos y esfuerzos se dirigían sólo a poder remitir dinero a España.

A poco tiempo de hallarse Castellar en el mando, supo que el Escribano Mayor de Gobierno llevaba 300 pesos por derechos de cierta información que era indispensable a los que iban a España con motivo de sus pretensiones, y como en el arancel nada hubiese especialmente señalado por esa clase de documentos, decretó el Virrey cesase semejante abuso, y se limitara dicho Escribano Mayor a percibir sólo 100 pesos. Este mismo funcionario acostumbró estar sentado al tiempo de hacerse el despacho con los virreyes: pero Castellar lejos de tolerarlo, y sin atender al rango del destino, lo obligó a estar en pie y descubierto mientras leía o hacía relación de cualquier asunto.

Con noticia de que en muchos años no se habían fenecido las cuentas del ramo de sisa y carnes, quedando al arbitrio del Depositario general del Cabildo el manejo de ingresos y egresos, el Virrey comisionó al contador don Juan de Saiceta para que le obligase a cumplir sus deberes sin excusa, y se cortasen de raíz aquellas irregularidades como llegó a efectuarse.

Trajo Castellar una orden real para confiscar bienes de franceses en represalia de actos de la misma naturaleza ejercitados contra españoles a mérito de la guerra: y aunque disposiciones de esta especie nunca habían llegado a cumplirse por falta de sigilo, el Virrey se precavió mucho, y distribuyendo ejecutores que a un tiempo sorprendieran dichas propiedades, consiguió apoderarse de ellas, y que entraran en las cajas reales de Lima 80 mil pesos de esta procedencia, que después se aumentaron con varias cantidades remitidas de Buenos Aires y otros puntos.

Las providencias dictadas para obligar al comercio de Lima a satisfacer 300 mil pesos por unas deudas y cuentas con la Real Hacienda, tuvieron el carácter de severidad y tirantez que era habitual en el Virrey cuando se trataba de los intereses fiscales. Los requerimientos y conminaciones se repitieron sin que valiera una real orden que hubo dando por aprobada   -478-   cualquiera composición que se hubiese ajustado. La inflexibilidad del Conde de Castellar en este caso, excitó un vivo encono de parte de los comerciantes, que tanto como son ávidos de provechos, suelen ser renitentes para los pagos; y así supieron ir postergando el arreglo del asunto sin convenirse en terminarlo por 200 mil pesos; mas cuando cesó Castellar en el Gobierno, alcanzaron transarlo todo con el Arzobispo a costa de sólo 150 mil pagándolos en dos plazos.

Otros desagrados ocurrieron con el comercio que se vio estrechado por el Virrey para restituir, como lo tuvo que hacer, 17.603 pesos que con pretexto de «derecho del boquerón» habían cobrado sus agentes indebidamente del dinero que pertenecía a salarios y casas de los ministros y oficiales del Consejo de Indias, remitidos a España en tres viajes de galeones. Además de la devolución de esa suma, hizo efectiva el Virrey una multa de mil pesos que impuso a los diputados del comercio autores del citado abuso.

Los comerciantes en virtud de un formal contrato, pagaban al fisco 350 mil ducados procedentes de un impuesto denominado «Avería del Norte» cuyo producto se aplicaba a gastos navales. Por un artículo de dicho convenio debían decomisarse todos los efectos y caudales que se aprendiesen por no haber pagado el 7 por ciento del boquerón, y aplicarse por tercias partes a la Real Cámara, al denunciador, y al mismo comercio. Mas éste desde el principio había por sí introducido la costumbre de cobrar derechos dobles por esos comisos, advertido lo cual se mandó formar una causa que el Conde de Castellar sintió mucho dejarla sin concluir, porque se le fue de las manos una ocasión más de ostentar su rigor administrativo.

Estas cuestiones no permitieron al Virrey dar pronto cumplimiento a una real orden que recibió para que el derecho de avería del mar del Sur, que estaba fijo en el dos por ciento, se aumentara en uno más, o en medio, para poder atender a la construcción de bajeles de guerra.

Hacía muchos años que en las provincias del Alto Perú no daban residencia diferentes corregidores, y el Virrey en cuanto se enteró de ello, nombró comisionados para que como jueces procediesen a tomarla respectivamente. Y como hubiesen muerto algunos, se ejecutó la providencia en sus fiadores. De esto resultaron ingresos al fisco que recuperó no pocas cantidades que estaban defraudadas. A los excorregidores que existían, los obligó a que marchasen sin demora a presentarse en las provincias que habían gobernado, y que no volviesen, so pena de 4 mil pesos, sin dejar expeditas sus cuentas y satisfecha cumplidamente la residencia.

Un empleado de la caja real de Lima llamado don Juan de Villegas falsificó varias veces la firma del Virrey y de su Secretario en decretos y órdenes para que se pagasen diversas cantidades. Fue condenado por el real acuerdo a azotes y galeras, en cuya virtud se le remitió a España: su destierro del Perú debía ser perpetuo. Pero habiendo fugado en Tierra Firme, regresó a Lima y se ocupó de acechar al Virrey para matarlo. Disfrazado en traje de clérigo entraba a las iglesias de la Soledad y de Santo Domingo donde Castellar rezaba por las noches. En la segunda se le acercó un sábado, y en la capilla del Rosario le disparó una pistola; mas como no diese fuego, hubo lugar para que unos religiosos rodearan al Virrey salvándolo del asesino. Tomósele preso, y la Sala del Crimen lo sentenció a muerte a pesar de que Castellar pidió no se le quitase la vida. La pena se ejecutó ahorcándolo en la plaza de Lima.

Allí mismo perecieron en el suplicio varios indios que en Mayo de 1686 tramaron un levantamiento contra el Gobierno. El plan, que no   -479-   se refiere con claridad en la memoria del Virrey, era sin duda alguna el de libertarse de la dominación española; plan desde luego de muy difícil realización y sobre el cual no inculca Castellar, contrayéndose a indicar más bien que la sublevación tenía el designio de robar las cajas reales. Él los hizo ahorcar habiéndose consultado con su asesor don Gaspar de Cuba y Arce después Oidor de esta Audiencia. El Rey aprobó el castigo como lo hizo pocos años antes cuando en caso semejante el Virrey Conde de Lemos procedió de igual manera. Las cabezas y manos de los reos de ambas conspiraciones, estuvieron colocadas por largo tiempo sobre el arco del puente. Castellar dio buena recompensa al denunciante José Díaz y a un hijo de éste.

El Virrey Conde de Lemos, y la Audiencia que por su muerte quedó gobernando, representaron al Rey la necesidad que había de dar mejor organización a la caja general de censos de Indios para que fuese bien administrada, y se le satisficiesen 928.288 pesos que se le debían por réditos de censos impuestos sobre las cajas reales de Lima, y por las cantidades que con título de empréstitos habían sacado los virreyes para aumentar las sumas de dinero enviadas a España. No sólo hicieron uso para dichas remesas del caudal de dicho ramo ajeno de censos, sino que en ocasiones también dispusieron con igual fin de los fondos de las arcas de bienes de difuntos a cuya Tesorería se adeudaban 85.004 pesos. Se recibió una instrucción real sobre esta materia; pero el Conde de Castellar sospechando que este asunto pedía mucha claridad para manejarlo, ordenó al Administrador general de la caja de censos presentase razón jurada (bajo la pena de tres tantos) de lo que hubiese entrado en ella desde su creación, y le fijó ciertas bases y advertencias para mayor seguridad. Se descubrió en consecuencia el abuso con que en más de 80 años se habían cobrado cantidades diferentes de la pertenencia del fisco sin que a ellas tuviera acción ni derecho la caja de censos. Importaban cerca de 600 mil pesos, y según las indagaciones hechas para formar juicio cierto del origen de los censos impuestos, a haberse podido comprobar todo lo que se infería, lejos de ser la caja acreedora a la Real Hacienda, ésta lo fuera por más de 650.000 pesos que había pagado por réditos siendo el principal de los censos tan sólo de 249.625. El Virrey dio parte de todo al Rey y hasta su salida del Gobierno no llegó a su poder contestación alguna. Calcúlese por estos relatos la confusión, desórdenes, falta de sistema y probidad que había en materias de Hacienda en esos tiempos que la ignorancia cree fueron de inteligencia, honradez y exactitud.

Al ingreso de Castellar en el Perú se descubrió en la provincia de Lucanas el mineral de Otoca que principió a explotarse ofreciendo grandes esperanzas de una durable y abundante riqueza. Para darle fomento empleó el Gobierno algunos arbitrios entre los cuales se adoptó como muy útil y necesario, el de establecer allí cajas reales, trasladando las que había en Castrovirreina, y después los indios de mita con que en mejor época eran atendidas las labores de este asiento de ruinas: los quintos que se recaudaban en el de Otoca ascendían a 80 mil pesos anuales.

En real orden de 20 de Mayo de 1676 se mandó al Virrey extendiese a mayor número los pueblos de indios que en 16 provincias estaban designados para la mita de Potosí, a fin de que ésta pudiera hacerse efectiva enterándola sin las dificultades que ocurrían para completarla. Por entonces se recibió otra orden del Rey para que allí no hubiera indios de faltriquera; mas cuando se ocupaba del examen de aquel asunto, objeto de un expediente preparatorio, fue separado Castellar del poder, y al entregarlo al arzobispo Liñán le hizo presente que convendría a los bien entendidos intereses de la monarquía dejar las cosas conforme se hallaban. Le manifestó lo peligroso que sería disgustar y afligir con el aumento   -480-   de la mita, en circunstancias de haber recelos de hostilidades extranjeras «que la poca fe, lealtad y ligereza de los indios pudieran alterarlos y llevarlos al último precipicio». También le dijo no parecerle propio que un gobierno interino, como el que iba a ejercer dicho Arzobispo, introdujera novedades de tan alta consecuencia; que para ello habría de hacerse nuevo empadronamiento de indios, operación llena de inconvenientes y de difícil ejecución por ser preciso hubiese en los revisitadores buena fe y pureza para no dudar de la legalidad de sus actos. En cuanto a indios de faltriquera, denominábase así a los que dando plata al minero conseguían que éste los exonerara del trabajo: también se admitía que pusiesen sustitutos; pero se abusaba al mismo tiempo en obligar a los exceptuados o inhábiles, a rescatarse de una carga que no les correspondía. Tales excesos cometían los caciques mientras los mineros incurrían en el de alquilar unos a otros los indios, y aunque el mal se decía era menor porque de todos modos trabajaban, con todo debían aquellos ser privados de los indios conforme a ordenanza por los negocios ilícitos que quedan referidos.

El contador mayor don Francisco Antonio Mansolo representó al Rey el perjuicio que recibía el fisco con haberse adjudicado a los empleados de la Casa de Moneda de Potosí el derecho de «Cobos» que se pagaba por las barras que allí se fundían. En una real orden se previno al Conde de Castellar que al quitarles ese goce, viese el modo de satisfacerlos indemnizándoles con los productos del ramo, de la cantidad dada por cada uno cuando lo compraron para su propio provecho. El Virrey dejó pendiente este asunto que no había despachado el Fiscal y debía resolverse en el real acuerdo.

Con noticia que tuvo al principio, de su Gobierno de que se introducían en Potosí efectos venidos en los buques de permiso para sólo el consumo de Buenos Aires, mandó que por hallarse prohibida esa internación, se tomasen las mercaderías y se persiguiese a sus dueños o conductores. Verificose así, y se secuestraron a don Antonio Lezama las que trajo, valor de cuarenta mil y más pesos: sobre este particular se siguió una causa en la Audiencia de Charcas: ignoramos cuál sería el resultado de ella.

Castellar dejaba obrar a los tribunales con plena libertad y nunca les menoscabó sus atribuciones y decoro. Los asuntos se expedían con prontitud y cuidado sirviendo el respeto y firmeza del Virrey, temido como era, para que se despachasen sin condescendencias dañosas al Erario. Así se vieron fallos frecuentes contra los defraudadores y los funcionarios que cometían abusos. En Charcas fue suspenso por algún tiempo el Defensor de bienes de difuntos, y condenado el Escribano a pena pecuniaria y privación de su oficio, que se vendió, en remate con mucha utilidad para el fisco.

Recabó el Virrey una resolución real para que se tomase residencia y quedasen sujetos a ella, el Alcalde Mayor de minas y los veedores de Potosí que no estaban sometidos a ese juicio.

Un valioso impuesto que en dicho mineral se hallaba aplicado al reparo de fuentes, cañerías, empedrados, calzadas y puentes, y para la conservación y reparo de las lagunas de que pendía la labor de los ingenios de moler metales, lo administraba el Cabildo distrayendo sus productos pasa otros fines extraños a su objeto. Por esto el Virrey lo separó de su manejo, poniéndolo bajo la dirección de los oficiales reales, quienes nada podían invertir sin permiso del Presidente de la Audiencia, o del Gobierno superior del reino en los casos de obras nuevas o costosas.

Suspendió el Virrey de su ejercicio al contratista de las remesas de azogue   -481-   de Arica a Potosí por falta de actividad en el desempeño de sus compromisos que dio lugar a quejas de los mineros. Y no lo repuso en su encargo hasta que dio seguridades y garantías de exacto cumplimiento para lo futuro.

Castellar comprendió que la causa de los disturbios y atentados en los minerales, era la concurrencia de gran número de individuos extraños y sin ocupación, y de no pocos clérigos y frailes: desde luego los mandó expulsar valiéndose en cuanto a éstos de los respectivos prelados. Verificado así, dijo en su memoria de gobierno, «se consiguió la suma paz, tranquilidad y quietud con que los azogueros y ministros gozaron del fruto de sus minas sin que en alguna hubiese sucedido muerte ni desgracia en todo el tiempo de mi gobierno, felicidad no experimentada en otro de los antecedentes; de que di continuas gracias a Nuestro Señor y su Purísima Madre».

Cuando se participó al Virrey que el mineral de Lipes había rendido en breves días más de 60 mil pesos de quintos, y que había mucha esperanza de que progresase, queriendo alejar de él las discordias y crímenes que se recordaban acaecidos en otros, concibió la idea de destruir un pueblo vecino que se llamaba Guaico Viejo, y mandó demolerlo; arbitrio original que adoptó sin motivo que justificara esa medida a cuya ejecución cooperaron las autoridades de Charcas, la Audiencia y el real acuerdo de Lima con cuyo voto fue dictada.

Los ministros togados que gobernaron en Guancavelica en tiempo del Conde de Castellar, fueron don Lope Antonio Munive y Axpe que pasó de Presidente a Quito, y don Diego Cristóbal Messía. Allí se hicieron obras de importancia para la fortaleza, seguridad y reparo del gran mineral de azogue; trabajos que en la época de otros virreyes se habían excusado por difíciles y costosos, y que Castellar mandó formar de sólida mampostería, entre los cuales hubo una muralla de 13 varas de espesor y 23 de altura y otra de menores dimensiones. Todo fue debido a la inteligencia del citado oidor Messía según consta de la entrega que se hizo de la misma al oidor don Alonso Castillo de Herrera con la formalidad y exactitud que nunca se había acostumbrado. Desmintiéronse así las acusaciones calumniosas que don Antonio de la Calle y Madrigal fulminó contra dicho Messía, de quien era enemigo por haberle formado una causa sobre cierta cantidad de azogue. No faltó otro agraviado (don Fernando Perales) que también quedó confundido entonces, y que con censuras e invectivas ofendía al Virrey en venganza de que lo multó y desterró de Lima por sus abusos como rastrero público o abastecedor de carneros.

Algunos españoles por defraudar el pago de alcabala se valían de los indios para que traficasen con las producciones como si fueran suyas. El Virrey que lo entendió así, expidió providencias enérgicas para que los indios no la abonasen por sus frutos y cosechas propias, puesto que el Rey los había libertado de aquel impuesto: pero que se les cobrase de todo lo demás en que traficasen y negociasen, como si fueran españoles.

Después de haber tentado inútilmente los medios suaves y benignos para apartar a los indios Uros y Uruitos de Chayanta del vandalismo en que vivían, determinó el Virrey perseguirlos y reducirlos al orden por medio de la fuerza. Ellos se refugiaban en la laguna de Chucuito y se hacían fuertes en los teterales y ciénegas, saliendo a los caminos frecuentemente a robar y matar a los pasajeros: tenían atemorizados los pueblos circunvecinos con los crímenes que en ellos mismos cometían. Castellar dio sus órdenes y los Corregidores de Pacajes y Chucuito consiguieron el objeto; mas como lo verificasen obrando con un rigor excesivo,   -482-   les negó su aprobación e hizo se formaran autos para el esclarecimiento de los hechos ocurridos.

El Rey mandó suspender al Gobernador de Buenos Aires comisionando al Obispo para que le siguiese juicio; y previno al Conde de Castellar enviase en lugar de aquél, al de Tucumán don José de Garro, y proveyese el gobierno de esta provincia en persona capaz de desempeñarlo. Hízolo así y nombró al sargento mayor don Juan Díaz de Andrino que había servido el de Paraguay. A consecuencia de aquella causa ruidosa, se embargaron los cuantiosos bienes del Gobernador depuesto, y aun en Lima hizo el Virrey tomar 22 mil pesos más, los mismos que remitió a España con los papeles del caso el año 1678.

El oidor de Chile diputado don Juan de la Peña Salazar propuso al Rey se fundara una ciudad en el valle de Quillota, manifestando las razones que lo aconsejaban y las ventadas que de ello resultarían. Por real orden de 5 de diciembre de 1675 fue autorizado el virrey Castellar para resolver acerca del proyecto: mas él, que para otras cosas desplegaba la mayor actividad, pasó largo tiempo en sustanciar el expediente que se formó, y al entregar el Gobierno dejó rezagada entre otras cosas la fundación de Quillota, que no se hizo sino muchos años después con el nombre de San Martín de la Concha.

Don Juan del Corro uno de los principales azogueros de Potosí, expuso al Gobierno que había hallado un nuevo método de beneficiar toda clase de metales de plata, dando de aumento en unos la mitad de la plata que se les sacaba, en otros la tercera, o cuarta parte, y en todos un ahorro de azogue de la mitad del que se consumía: solicitaba se le concedieran primero los premios que en remuneración de servicio tan notable debían otorgársele por el Rey. El Presidente de Charcas, el Corregidor, los oficiales reales de Potosí, y diferentes azogueros informaron ser cierto el descubrimiento de Corro, a vista de lo cual se acordó en el real acuerdo concederle recompensa, y pedir al Rey las que dependieran de su autoridad suprema. Mas el Conde de Castellar determinó hacer nuevas investigaciones en Potosí, y que a los experimentos prácticos se les diese carácter de autenticidad en un formal expediente que era indispensable organizar. Los resultados correspondieron de una manera favorable, y el Virrey prestando entero crédito a lo actuado, dio de albricias al conductor 500 pesos y una cadena de oro; mandó repicar las campanas y que se iluminase la ciudad; lo que produjo un alboroto general que fue seguido de muchas comparsas de máscaras, Te Deum laudamus en la catedral con asistencia de las corporaciones y misa solemne de gracias celebrada por el arzobispo don fray Juan de Almoguera. No paró en esto; Castellar dispuso se llevase a la catedral la imagen de la virgen del Rosario, con el patriarca Santo Domingo y la patrona Santa Rosa en procesión solemne que atravesó muchas calles ricamente adornadas, y en que había altares y arcos de mucho costo por la profusión del lujo. Hízose un novenario suntuoso, y para el regreso de las imágenes al templo de los dominicos, otra procesión con el mismo fausto y aparato, costeando de su propio peculio la devota Virreina los gastos de tan magníficas fiestas.

¡Quién pudiera haber imaginado que tantas aseveraciones y testimonios viniesen en seguida desmentirse con el desengaño de que los inteligentes comisionados habían procedido con ligereza y alucinamiento! Se impresionaron todos deslumbraron con falsos ensayos y aparentes ventajas, disipadas después que exámenes detenidos y bien ejecutados, dejaron conocer más tarde lo erróneo de las bases sentadas por Corro en su decantado descubrimiento. El Virrey había hecho imprimir y circular por   -483-   los minerales la instrucción y reglas escritas por el autor del nuevo método; en todas partes fue objeto de prolijos ensayos que probaron mal, e hicieron ver que los provechos eran tan pequeños, y aun dudosos, que no merecían emplear el trabajo que demandaba su adquisición; en el mismo Potosí los experimentos reiterados llegaron a convencer de sus yerros a aquellos que antes sostuvieron la efectividad de equivocadas operaciones. Castellar creía hasta cierto punto desairado su amor propio con estos sucesos, y mandó traer metales de Otoca y Pasco, y que viniesen a Lima los más acreditados peritos y prácticos beneficiadores. Corro no quería darse por vencido atribuyendo su adversidad a tramas urdidas por la emulación y la envidia. El Virrey, con asistencia de los oidores, fiscales, contadores mayores, oficiales reales, cabildos eclesiástico y secular, etc., presenció los últimos procedimientos que se hicieron en esta capital, y habiendo quedado todos persuadidos de que eran nulas las ventajas, y soñadas las utilidades del sistema que había sostenido Corro, no volvió a hablarse más de él; pero quedó memoria, bien risible por cierto, de las celebridades con que había sido aceptado.

El Virrey Conde de Castellar, de cuya severidad algunas veces hemos hecho recuerdo, vigiló mucho el buen tratamiento que debía darse a los indios, y corrigió con frecuencia los excesos de que eran acusados en éste y otros respectos los corregidores y curas a quienes penaba o reprendía según la gravedad de los casos, y sin la menor indulgencia. Activó sin cansarse la pronta administración de justicia y el fenecimiento de antiguos pleitos; y para no dejar a los oidores lugar a disculpas por la demora en el despacho, los exoneró de la costumbre que tenían de acompañar al Virrey a multitud de asistencias, funciones de iglesias y otras que hacían consumir el tiempo del modo más reparable.

Simplificó el ceremonial suprimiendo ciertas particularidades que no se acostumbraban en España; y en lo tocante a la seguridad pública, estableció que además de las rondas de las autoridades, hubiese en las noches patrullas de infantería y caballería en protección de la quietud del vecindario. Persiguió con eficacia los desafíos y los amancebamientos públicos sin excepción de personas. Dictó órdenes prohibitivas contra el lujo de los carruajes y de los funerales, bajo pena de multas para evitar gastos ostentosos que hacían las familias sin tener recursos para costearlos. Se abstuvo de tomar parte en las elecciones de prelados de religiones y de abadesas de los monasterios; y decía que por haber dejado en absoluta libertad a las comunidades, no se había experimentado disensión ni choques durante su época de mando. Daba a todos audiencia y recibía las solicitudes que decretaba él mismo. Obligó a los empleados a la asistencia puntual a sus oficinas, castigó las faltas de ellos, y al Tribunal de Cuentas le impuso nuevas y rigurosas ordenanzas que hemos leído originales y expedidas en 3 de marzo de 1675. Tanto éstas como otras que dictó y circuló a todas las cajas reales del reino con respecto a la administración del azogue, contienen preceptos muy acertados y provechosos al buen servicio.

En protección a los hospitales se dedicó el Virrey al fomento de los pleitos y cobranzas, de que resultó utilidad y adelanto en sus intereses. Consiguió del Rey que al de San Andrés se le asignasen dos mil pesos del ramo de sisa de carnes, y empezó a disfrutarlos el año de 1677.

Con el justo designio de extinguir los alborotos, sobornos y otros desórdenes que ocurrían a mérito de hacerse por los estudiantes la votación para conferir las cátedras de la Universidad, se determinó que según lo propuesto por el oidor don Álvaro de Ibarra en una junta celebrada para entender en diferentes reformas, que las cátedras que vacasen, habiéndose   -484-   leído por los opositores y precedido los requisitos legales, se proveyesen por el Virrey, Arzobispo, cuatro oidores, el Rector, Maestrescuela de la Universidad, los catedráticos de prima y vísperas de teología, cánones y leyes, los de prima de medicina que fuesen propietarios, y dos doctores los más antiguos, concurriendo todos al palacio a la elección que se haría en favor de los que obtuviesen mayor número de votos. Este sistema promovido por el sabio limeño Ibarra, y que fue adoptado en las universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá, si bien alteró el antiguo que no podía ser más liberal, lo sustituyó, con otro que prestaba sólidas garantías, y era preferible sin duda al de que sin elección estuvieran los nombramientos al solo arbitrio del que ejerciera el gobierno.

En asuntos eclesiásticos poco hay que referir del gobierno del Conde de Castellar, quien por lo tocante al patronato sostuvo en algunos casos los derechos del Rey y sus regalías, de conformidad con las leyes y convenciones vigentes. Y así mantuvo a los prelados en los límites permitidos corrigiendo a sus súbditos en los excesos que más de una vez le fue preciso reprimir.

Fomentó el Virrey las misiones y conquistas espirituales de la compañía de Jesús y de la orden seráfica, en los confines de Cajamarquilla, Tarma, Guánuco, Carabaya y otras; habiéndose formado en la primera y los Panataguas muchos pueblos con las familias reducidas a la fe católica.

El arzobispo Almoguera pretendió nombrar párroco con cláusula de futura para el curato de Checras por impedimento del propietario; mas el Virrey se negó a ello y dio cuenta al Rey, de lo cual resultó se expidiese real orden previniendo al Arzobispo que se había excedido en los nombramientos de coadjutores perpetuos con futura sucesión, y como se pidiese razón de los que en esta forma se habían elegido, Castellar la envió comprensiva de 30 años precedentes.

Quejándose el mismo Prelado de la demora con que se despachaban los pleitos de los monasterios ocasionándoles atrasos y quebrantos en sus rentas, solicitó se nombrase un juez privativo para los litigios y asuntos de las comunidades de monjas. A esto accedió el Virrey invistiendo de esa autoridad al oidor don Diego Andrés de la Mocha, con lo que despojó a las justicias ordinarias del conocimiento de esas causas, atentado que no se miraba entonces como un absurdo y al cual prestó el Rey su aprobación.

La renta de los capellanes de la real capilla de palacio con ser tan antigua, y por el demérito de ciertos solares y fincas, había disminuido sobremanera, y por esto el Virrey Conde de Lemos, asignó para remediar en algo dicha necesidad, 1.500 pesos de vacantes de obispados. Castellar consiguió del Rey que de dicho ramo se completase la renta deficiente de aquellos capellanes que era de 800 pesos para cada uno, y 900 para el Capellán mayor. Véase Croix, página 445.

No permitió el Virrey que los jesuitas de Charcas nombrasen sacerdotes para las doctrinas de la compañía haciendo uso de cierta cédula que recabaron a mérito de las distancias y climas opuestos de algunos parajes. A la sombra de ella, quisieron hacer sus provisiones sin que el ordinario examinase y aprobase los propuestos, contradiciendo a la concordia y reales disposiciones sobre la materia.

Hallándose el obispo de la Paz don fray Gabriel de Guillistegui en estado de incapacidad por sus muchos años y achaques, hubo repetidas quejas contra el mal proceder de su Provisor y Secretario calificándose los hechos en debida forma. El Virrey aconsejó al Obispo los separase en descargo de su conciencia; mas como no consiguió su justo intento, pues le tenían subordinado a su voluntad, apeló al medio de traerlos a Lima y deteneros aquí el tiempo que conviniese. Lo aprobó el Rey y vino por Prelado   -485-   de aquella diócesis don Juan Pérez Corcha, que sin tomar posesión de ella falleció en esta capital.

Los prebendados de Santa Cruz de la Sierra hacía años no vivían en su iglesia con diferentes pretextos que quisieron hacer valer para continuar ausentes. El Virrey los obligó a cumplir sus deberes sin que pudieran moverse del punto de su forzosa residencia, y el Obispo que se hallaba en Mizque recibió orden para permanecer en la capital de su diócesis.

Castellar tuvo orden del Rey para dar 4 mil pesos en ayuda de la fabrica de la catedral de Concepción de Chile; oblación que no hizo, y recomendó a su sucesor, dando por disculpa que no había podido minorar las cantidades remitidas a España. Hasta este extremo llegó su indiferencia a las necesidades del país pareciéndole todo poco para dichas remesas.

El pontífice Clemente X prorrogó en 1676 por 5 años más el derecho a la mesada que sus antecesores habían concedido al Rey en las prebendas, beneficios y oficios eclesiásticos de su real presentación. Se presentó en Charcas la dificultad de que esta cobranza se efectuaba en los curatos de indios por la regulación del sínodo y margesís antiguos; y advirtiéndose que en los beneficios de los regulares no se hacía la acotación fija de los 5 años, porque los curas doctrineros no llevaban libros de ingresos por obvenciones y emolumentos, se mandó les ordenasen sus prelados que tuviesen libro de colecturía como los clérigos para poder regular con seguridad el quinquenio y el año, sacándose luego el importe de la mesada que debía cobrarse. Dispuso el Virrey se formase cuenta aparte para remitirla con el producto de ese ramo al Tesorero del Consejo de Indias.

Al tratar de los asuntos militares del tiempo del virrey Castellar, principiaremos por decir que circuló diferentes órdenes para que tanto en la costa peruana como en Chile, se hicieran preparativos de defensa y se tuviera la mayor vigilancia, cuidando de la disciplina de cuanta gente hubiese expedita para el caso de oponer resistencia a cualquiera extraña invasión. Arregló con un personal escogido la guarnición del Callao compuesta de 500 soldados veteranos, y ordenó que de dicho puerto no se separara ninguno sin su especial permiso, en lo que había antes notables abusos. Mandó que la construcción de buques mercantes en Guayaquil se sujetase al plano, dimensiones y fortaleza que designó con el objeto de que en casos necesarios pudieran servir como bajeles de guerra. Preparándose en ese astillero dos naves de don Bernardo Goyonote y don Pedro de Otazu, el Virrey encargó al Corregidor de dicha ciudad, don Gaspar de Argandoña se hiciese la fábrica de aquéllas como fragatas de guerra, ofreciendo conferir al primero por tres años el corregimiento de Otavalo y al segundo el de Chimbo, ambos de la comprensión de Quito, y habiéndolo verificado Goyonote, hubo un buque de guerra sin gasto alguno del fisco, el cual se empleó después contra los piratas.

Castellar proveyó a Guayaquil de 8 piezas de artillería de bronce y mandó construir cureñas a otras 8 que el Virrey Conde de Lemos había enviado a Valparaíso. A este puerto remitió 50 botijas con tres mil libras de pólvora fina, muchas balas rasas, y turquesas para fundir las de arcabuces y mosquetes. Dictó providencias para que dicho puerto fuese guarnecido lo mismo que los de Arica, Pisco y Guayaquil. Concedió a los vecinos del primero que hiciesen exclusivamente el tráfico de azogues a Potosí, les libró 6 mil pesos para cooperar al mantenimiento de 200 hombres, y mandó un fundidor para el reparo de once piezas desfogonadas. Para no gastar cosa alguna de la Real Hacienda en los otros dos puertos, hizo gravar la exportación de vinos en Pisco y la de cacao   -486-   en Guayaquil, con lo cual se pagó la tropa de servicio en ambos a costa de los productos del mismo país.

Por real cédula de 20 de diciembre de 1674 resolvió el Virrey que los indios que se hiciesen prisioneros en la guerra de Chile no fuesen esclavos como lo habían sido hasta entonces, sino libres en lo absoluto. No pocos existían en Lima de ambos sexos, y como reclamasen se les redimiese de la servidumbre en que se encontraban, el Virrey los declaró exentos de toda esclavitud como comprendidos en aquella disposición.

Valdivia como plaza importante mereció muy en particular los cuidados del Virrey. Envió a ella artillería, arcabuces y mosquetes: así mismo 400 hombres en calidad de soldados reunidos en Lima como vagos, mal entretenidos y aun delincuentes. Confirió los mandos a militares acreditados, y para las obras proyectadas allí, se remitieron mil fanegas de cal, otros materiales, herramientas, etc. En cumplimiento de órdenes del Virrey, el gobernador don Diego de Martos hizo en el castillo denominado de los Amargos un importante baluarte de piedra y una nueva capilla: un fuerte separado en paraje bien elegido y encubierto, que ocupó la compañía de mulatos y negros mandada por el Virrey para aumento de la guarnición. Se fabricaron diferentes almacenes, una embarcación de guerra y siete piraguas por medio de obreros enviados del Callao. También se reedificó la iglesia mayor de la población, y el Conde de Castellar la dotó de ornamentos que costaron aquí 4.500 pesos. Se mejoró el hospital real y su capilla en lo material, remitiéndose de Lima colchones, sábanas y medicinas, médico y cirujano para la asistencia de los enfermos. También creó el Virrey en Valdivia una escuela de instrucción primaria que fue la primera que allí hubo.

El año de 1676 se aseguró la continuación de la paz con los indios: como resultado de ella se entabló en dicha plaza un activo comercio, y se les vio poblar los lugares que anteriormente habitaron. Construyéronse capillas en los castillos de Niebla, Corral, y Mancera proveyéndolas el Virrey de algunas imágenes; todo lo expuesto consta de una información hecha en Valdivia y dirigida al Rey, 1675.

Causó en el Perú una sensación general la noticia venida de Chile anunciando que en el estrecho de Magallanes y a la parte de esta mar del Sur quedaba una expedición inglesa ocupada de formar un establecimiento apoderándose del paso y fortificándolo. Así lo participó al Virrey el Presidente y Capitán General de aquel territorio, don Juan Henríquez, remitiéndose a las declaraciones de unos indios Chonos que apresó el Gobernador de Chiloé, los cuales fueron traídos a Lima y ratificaron sus dichos acerca de novedad tan alarmante. El comercio que se disponía para emprender sus negociaciones en Tierra Firme y conducir sus caudales en la armada de 1675, lleno de temores se abstuvo de embarcarlos a pesar de las órdenes y excitaciones del Virrey para que no se entorpeciese el tráfico ni se dejase de hacer la remesa de aquellos intereses. En una junta general de hacienda y guerra hubo varios pareceres, y según algunos debía mandarse al estrecho una flota de diez o doce velas con fuerza para desalojar a los ingleses y escarmentarlos. Pero el cauto Virrey fue de sentir que no se procediera con ligereza en asunto tan grave: que no bastaba lo expuesto por unos indios bárbaros para tomar una determinación que motivaría inmensos gastos consumiendo el caudal que iba a enviarse a España: que además se expondría la escuadra a perecer en azarosos mares dejando el reino sin defensa naval, y que de un error tan remarcable sobrevendrían al comercio incalculables trastornos y pérdidas. Aceptados los raciocinios del Conde de Castellar, se resolvió que la armada saliese para Panamá con el tesoro que   -487-   estaba preparado a fin de que no sufriese interrupción la feria de Portobelo: y que se ejecutara un reconocimiento sobre el estrecho disponiéndose del modo más acertado para saber con evidencia si las noticias eran falsas o efectivas.

Lo primero que el astuto Virrey puso en obra, fue pedir un donativo para que los gastos no pesaran sobre el fisco, y muy poco tardó en juntar de las erogaciones gratuitas que se hicieron; la cantidad de 87.793 pesos, habiendo él contribuido con 12 mil de su peculio. Luego pidió a Chile mucha jarcia para la marina, y cobre para fundir artillería; y a Guayaquil maderas para objetos navales, a fin de prepararse para la guerra mientras volvía la armada del Norte y se practicaba el reconocimiento del estrecho. Al general de marina don José Alzamora encargó eligiese los buques que podrían armarse, y trabajara muchos presupuestos para conocer la naturaleza de las obras que habrían de emprenderse y sus costos más aproximados. Designado el navío que podía salir a efectuar la explotación del Magallanes, lo hizo recorrer por cuenta del dueño a quien se le tomó a flete, puso a bordo algunas embarcaciones menores, toda clase de bastimentos y repuestos, y una compañía de infantes escogidos. Dio la vela del Callao el día 21 de setiembre de 1675 bajo la dirección de don Antonio Beas, experimentado y resuelto náutico, llevando por Capitán del buque a don Pascual de Iriarte. El primero debía desde Chiloé expedicionar por la costa en embarcaciones menores con el indio principal de los que dieron las noticias, a fin de reconocer todas las caletas hasta el estrecho: el 2.º conduciría el buque al mismo destino, sujeto a sus instrucciones. Llenaron ambos su cometido hasta convencerse de que no había enemigos en el estrecho, y de que tal expedición inglesa no había existido en esas aguas, siendo de todo punto falso que se formara allí establecimiento alguno.

El buque regresó participando en Chiloé, Valdivia y demás puertos de Chile el plausible aviso de los resultados. Llegaron a conocimiento, del Virrey por don Dionisio Ureta a quien dio en albricias el corregimiento de Yauyos, y también por haber recomendado Beas los servicios que prestó a sus inmediatas órdenes en aquella campaña. Castellar pidió al Rey condecorase a Beas con la Cruz de alguna de las órdenes militares, y para Iriarte el corregimiento de Cuenca que desde luego se le confirió. El indio autor de los supuestos hechos que tanta agitación causaron, fue condenado a 200 azotes y presidio perpetuo, destinándosele a cortar piedra en la isla de San Lorenzo.

En esta expedición hubo que deplorar una muy sensible desgracia. El hijo de don Pascual Iriarte que iba en clase de Alférez, fue enviado con 16 individuos en una pequeña embarcación a colocar en paraje conveniente del estrecho, la lámina de bronce que se había preparado con cierta inscripción para hacer memoria del reconocimiento practicado. Y habiendo sobrevenido un recio temporal que arrojó al navío hasta cerca del estrecho de Maire, quedó aquella falúa a merced de la misma borrasca: no se supo más de ella, siendo evidente que perecieron todos los que llevaba, y que en vano fueron buscados con eficaz empeño.

El Virrey había hecho traer artilleros de México y de Costa Firme; y contraído asiduamente a la organización de tropas, mientras se esperaba el éxito de la campaña de Beas, llegó a contar con 8.433 hombres que revistó en un simulacro a las inmediaciones de Lima el 22 de diciembre de 1675.

Los gastos extraordinarios causados por la expedición al estrecho, montaron a 84.152 pesos; y como por el donativo de que ya hablamos se juntaron 87.993, hubo un sobrante de 3.640 que utilizó la Real Hacienda.   -488-   Luego licenció el Virrey las tropas sin pagarles las sumas que alcanzaban; y dejó a bordo de los buques de guerra la marinería absolutamente precisa para custodiarlos: en sólo esta reducción hizo el ahorro, por sueldos y raciones, de 85.048 pesos.

En reparar las murallas del Callao y en otras obras anexas, invirtió durante su época 50.328 pesos que salieron del ramo de sisa; y se administraron con economía observando la regla de encargar los trabajos a subastadores que los contrataban en remate público.

Desde 15 de agosto de 1674 en que Castellar tomó el mando, hasta 7 de julio de 1678 en que fue exonerado de él (3 años, 10 meses y 22 días) pagó a la guarnición del Callao y a la marina 761.738 pesos.

Se fundieron en el período de su gobierno 27 piezas de bronce y dos culebrinas, todas de grueso calibre, y 1.722 balas rasas, construyéndose 19 cureñas para artillería de mar y otras 11 para muralla; a su ingreso al mando sólo existían 467 mosquetes, mas al retirarse dejó 1.848 de éstos, 4.590 arcabuces, 2.180 carabinas y 1.819 chuzos, fuera de 1.010 armas de fuego remitidas a diferentes puertos. Castellar había enviado a España en 1675 una cantidad de dinero para compra de armas, y se trajeron 12 mil el año de 1678 cuando ya él no gobernaba. Para colocarlas en buen orden tenía preparada en el Callao una sala espaciosa y capaz para 20 mil bocas de fuego.

Por cédula de 11 de julio de 1676 se concedió licencia a los oficiales de las compañías de mulatos para que, aun cuando estuvieran desacuartelados, pudiesen usar sus armas de espada y daga: pero el Conde de Castellar que se negó a cumplirla, manifestó al Rey que no convenía tuviesen ese privilegio que también querrían disfrutar los oficiales indios y negros de las milicias, lo cual causaría grave detrimento a la tranquilidad pública.

A petición del Gobernador de Costa Rica envió el Virrey a esa provincia 10 quintales de cuerda mecha, 1.500 balas, 2.500 libras de pólvora y 2 mil pesos en plata. Al Gobierno de Panamá remitió también 12.535 libras de pólvora y luego 12 mil más de la que había en Guayaquil fabricada en Tacunga; además 150 quintales de cuerda, 6 mil balas y 200 carabinas. Los situados que salían de Lima para proveer de dinero a todas las plazas de Chile y Tierra Firme, los enviaba Castellar puntualmente para que no se hiciera sentir la carencia de recursos.

El día 17 de junio de 1678, viernes después de la octava de Corpus a las 7¾ de la noche hubo en Lima un espantoso terremoto cuya duración y sacudimientos causaron enormes daños en los edificios y en algunos su completa destrucción. Gran número de familias temerosas de que aconteciera otro que consumara la ruina de la ciudad, salieron a las plazas y al campo y se alojaron en los toldos que por el momento les fue posible disponer. El Virrey mandó que por personas inteligentes se hiciese un prolijo reconocimiento de los edificios de la ciudad, regulando el costo que tendría la reparación de los daños experimentados. Terminado este trabajo, valorizaron las obras necesarias en tres millones de pesos. Hiciéronse derribar las paredes que por su mal estado debían venirse a tierra de un instante a otro ocasionando desgracias. Suspendiéronse los negocios y el despacho de tribunales y oficinas, y prohibido el uso de carruajes, todos y hasta el mismo Virrey andaban a pie. Siguieron las procesiones de penitencia y las demostraciones religiosas con cuanta exageración era costumbre hacerlas en los lances de peligro. El puerto del Callao y las haciendas circunvecinas experimentaron bastantes pérdidas, como que ellas sufrieron lo mismo que la ciudad los estragos del terremoto.

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El Conde de Castellar reedificó las habitaciones de palacio destinadas a los Virreyes, y con este motivo fabricó dos salas a propósito para almacenes de armas. Los gastos de estas obras no gravaron al erario: él los hizo con diferentes recursos que procuró, y con el importe de las multas que con diversas razones se imponían por las autoridades competentes.

El año de 1675 se proyectó por primera vez estancar en Lima el tabaco. Propúsolo una empresa particular dando al Rey por el privilegio diez mil pesos, negocio que no llegó a tener efecto.

Por cédula de 30 de Mayo de 1676 se declaró día de fiesta de guarda el de San Fernando, y por otra de 12 de Agosto del mismo año, se mandó que los provisores fuesen precisamente juristas. En la casa y santuario en que nació y vivió Santa Rosa, se instituyó un convento de dominicos cuya fundación y estreno del templo se efectuaron en el mismo año de 1676; y en el siguiente se estableció el beaterio creado con el nombre de la Santa.

El Conde de Castellar otorgó permiso y aprobó el establecimiento de un hospital de belethmitas en Chachapoyas (año 1676) y que estos religiosos se encargaran del de Cajamarca en el cual se creó una escuela de instrucción primaria. El hospital de Piura se les encomendó en 1677. A la muerte del cosmógrafo Lozano en este dicho año, el Virrey incorporó a la Universidad de San Marcos la cátedra de matemáticas que aquél creó y desempeñó algún tiempo. Véase Koenig. Por este tiempo apareció en Lima un don Elías de San Juan que se titulaba canónigo de Babilonia y viajaba con el objeto de recoger limosnas.

Los quebrantos y algunas quiebras ruidosas que experimentó el comercio en 1677 se atribuyeron a ciertos permisos que había concedido el Virrey admitiendo en el Callao buques con mercaderías procedentes de la costa de México. De esto provino que se viese en Lima gran abundancia de efectos de la China y otros, por abusos cometidos por los mismos negociantes. Y como la introducción de artículos asiáticos estaba prohibida, y el tráfico con los puertos de México muy restringido, las consecuencias de los dichos permisos ocasionaron serios trastornos en la feria de Portobelo y despacho de los galeones. Grande fue la queja que se levantó, y el Tribunal del Consulado tomó a su cargo representar al Rey la situación violenta en que quedaba el comercio cuyos lamentos excedieron a toda exageración. Los comerciantes y el mismo Consulado aborrecían al Conde de Castellar, y su encono tenía origen en la severidad con que en diferentes asuntos y coyunturas, había reprimido sus avances y algunos procedimientos no muy conformes con la probidad y buena fe. Encontraron la ocasión que deseaban, y supieron aprovecharla con tal eficacia, que sin ser oído el Virrey se dictó, no de una manera condicional sino resuelta y absoluta, la orden real que lo destituía del mando sujetándolo a un estricto juicio además del de su residencia. El Rey dispuso entregara la autoridad al arzobispo de Lima don Melchor de Liñán y Cisneros que se posesionó de ella el 7 de Julio de 1678.

El Conde de Castellar fue enviado a Paita donde estuvo 14 meses habiéndosele después permitido venir al pueblo de Surco en el cual se conservó bastante tiempo hasta la terminación de la causa. Las sentencias le absolvieron de todo cargo, y desbarataron los artificios y acriminaciones de sus enemigos. En la Corte se reiteró en 1678 la orden que prohibía el comercio de la China, mandando se decomisaran y quemaran cuantos efectos se encontrasen de esa procedencia. Regresó Castellar a España y continuó en el puesto que tenía en el Consejo de Indias hasta que falleció en 1686. En el pueblo de Surco nació su hijo primogénito don Fernando de la Cueva. Véase Saavedra, Arias de.

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Se advierte de lo que el Conde de Castellar dice en su memoria, que los virreyes tenían una clave secreta para poder entenderse con las Secretarías del Rey en los casos necesarios. Aquél refiere que al entregarla a su sucesor el arzobispo Liñán, éste se sorprendió tomándole de nuevo la existencia de dicha clave, y que le costó trabajo inteligenciarlo en su manejo.

CUEVA. Conde de la. Véase Villalonga, don Jorge.

CUEVA. Don Diego de la. Mayordomo del hospital de San Lázaro de Lima. Cuando se reedificó esta casa de caridad mudándola del sitio en que fue fundada, y se destruyó la huerta abriéndose una nueva calle, Cueva construyó en las áreas que quedaron expeditas, diferentes fincas franqueando de su peculio el dinero que para ello se necesitó; y de este modo el hospital tuvo la renta que producían los arrendamientos. Por estas obras sólo se reembolsó Cueva de 3.000 pesos, donando el resto de los gastos que hizo en obsequio de dicha institución. Véase Moreno, Álvaro Alonso.

CUEVA. El padre Lucas de la. De la compañía de Jesús: nació en Cazorla (Andalucía) y desde que acabó sus estudios en el colegio de Quito entró a las misiones de Mainas en 1638 con el padre Gaspar Cujía. Permaneció en ellas trabajando por más de 34 años en los cuales hizo cosas asombrosas en bien de la humanidad y de la civilización. Fundó el pueblo de Jeveros en 1638. Fue cura vicario de San Francisco de Borja. Cura de Archidona y Rector de la misión del Marañón. De su vida llena de merecimientos escribe el padre Rodríguez en la historia del Marañón. Murió en Quito en Setiembre de 1692, dejando en las conversiones un vacío que no pudo llenarse.

CUEVA Y GUZMÁN. Don Francisco de la. Maestre de Campo General de Lima. Véase Santa Lucía de Conchán.

CUEVA Y LUGO. El doctor don Juan. Natural de Lima, de quien no tenemos otra noticia que la que doña Echave en su Estrella de Lima, diciendo que fue Oidor de la Real Audiencia de Chile.

CUEVA PONCE DE LEÓN. El licenciado don Alonso de la. Natural de Lima. Estudió en el colegio de San Martín; fue Asesor y Auditor de guerra de Tierra Firme y de la armada del Sur nombrado por el Virrey Marqués de Castell-dos-rius cuando aún era muy joven.

Habiéndose ordenado de sacerdote, estuvo de Provisor, Vicario general y Examinador sinodal en el Obispado de Panamá, y sirvió de Consultor y Abogado de presos de la Inquisición de Cartagena y Lima. Fue historiador de este Arzobispado y Procurador nombrado en 1724 para las Cortes de España y Roma, por la congregación de San Felipe Neri a cuyos claustros se retiró.

Era don Alonso hijo de don Nuño de la Cueva y Olea y de doña Violante Ponce de León. Poseía el Mayorazgo que fundó en Jerez de la Frontera en 1555, el comendador de Fradel don Nuño de la Cueva, hijo de don Juan, Caballero de la orden de Santiago, Mayordomo de Carlos V, y quinto hijo de don Beltrán el Maestre de Santiago y primer Duque de Alburquerque, que casó con doña María Velasco hija del Condestable de Castilla. Descendía por línea materna de los Ponce de León Condes de Arcos y Marqueses de Cádiz; del capitán don Domingo Olea de la orden de Santiago,   -491-   vecino de Lima y Alcalde en 1637; y de don Diego Mejía 24 de Sevilla, quien habiendo servido en las guerras de Túnez, Flandes y Pavía, vino a la conquista del Perú, se halló en la prisión de Atahualpa, y fue el primer Alguacil Mayor que hubo en Lima.

El licenciado Cueva fue autor de un folleto que se imprimió en esta ciudad en 1750, sobre un punto grave de inmunidad eclesiástica. Este escrito que dedicó al Rey titulado Concordia de la discordia, y cuya circulación se suspendió, abundaba en falsas doctrinas que atacando las regalías de la corona, ponían en duda algunos de sus mejores derechos, en circunstancias de haber ocurrido discordia en la Audiencia, al resolverse un recurso de fuerza, originado por una restitución in integrum que mandó hacer el juzgado eclesiástico a solicitud de la abadesa del monasterio de la Encarnación doña Teresa de la Cueva Ponce de León. El folleto de don Alonso fue impugnado y pulverizado por otro que escribió el profundo jurista don Pedro José Bravo de Lagunas y Castilla, y que sacó a luz entre otras producciones de éste, bajo el título de Colección legal en 1761, don Felipe Colmenares Marqués de Zelada de la Fuente.

Don Alonso de la Cueva tuvo a su cargo como Administrador y Ecónomo el hospital de clérigos de San Pedro. En el artículo Riero, el padre don Alonso, referimos que éste consiguió reunir dicho hospital a la congregación de San Felipe Neri y que alcanzó en Europa cédula real y bula pontificia mediante las cuales se perfeccionó la incorporación.

El hospital, que fue fundado por una hermandad de sacerdotes, tenía rentas para subsistir decentemente, y como estuviese desatendido y en decadencia, se hizo sentir el descontento del clero, y llegó a creerse que los propósitos no administraban con probidad los intereses de esa casa. La congregación era pobre como sus individuos, y por lo mismo se propalaba que distraían en beneficio suyo los recursos de aquélla. Entre los padres del oratorio hubo algunos que desaprobando la reunión del hospital, decían que ellos no eran hospitalarios y que su objeto y constituciones les alejaban del encargo de manejar enfermos y entender en funerales. Uno de los de este modo de pensar y el que sobresalió más, fue el licenciado don Alonso de la Cueva. Este eclesiástico inquieto y propenso a sostener cuestiones, escribió mucho contra los prelados de su convento, los acusó vivamente y excitó al clero a hacer reclamaciones dirigidas al intento de restituir al hospital su primitiva independencia.

Después de muchas publicaciones y escándalos, parece que quedaron desvanecidos o sin probarse los cargos hechos en especial a los propósitos don Martín de Lacunza y don Juan de Morales Risco, porque el Rey resolvió dejar exento de la autoridad del Ordinario al hospital de San Pedro aplicándolo a su patronato real. Y el papa Benedicto XIV declaró en favor de la congregación ciertos dubios ventilados por el Tribunal eclesiástico. Cueva Ponce de León abandonó los claustros de San Felipe Neri a pretexto de estar ocupado en el conventillo de Cocharcas de arreglar el archivo del Arzobispado que se hallaba en desorden y confusión. Además de este encargo, habíasele conferido por el Arzobispo el de escribir la historia de la Iglesia Metropolitana del Perú. No faltan escritos en que aparece que fue expulsado de la congregación: sea o no así, el licenciado Cueva no volvió a ella. Su viaje a España y a Roma como Procurador, se había frustrado desde que se encendieran las disputas que hemos referido muy a la ligera.

CUGATE. Cristóval Pérez de. Natural de Morella. Del testamento de este individuo que vivió en Moquegua, consta una disposición muy   -492-   extraña. Dejó a su mujer dos mil pesos y la nombró tutora de su hijo siempre que se casase al mes, o a lo más tarde a los seis meses con persona nacida en Castilla. Que en caso contrario, se eligiese otro tutor para cuyo cargo excluía a su suegro y a sus cuñados.

CUJÍA. El padre Gaspar, de la compañía de Jesús. Natural de Cerdeña. Vino al colegio de Santa Fe de Bogotá en 1634. No quiso enseñar teología, prefiriendo acudir a las conversiones que era la tarea a que se inclinaba. Dio principio a ella predicando el Evangelio entre los Paeses. A los dos años llegó a Quito; y en 1638 vino a Mainas a ser el fundador de las misiones de la compañía, en unión del padre Lucas de la Cueva. Quince años trabajó con infatigable celo en las márgenes del Marañón, fundando pueblos y doctrinando a los neófitos. Visitó la nación Omagua con la cual celebró paz en 1645, hallando más de 1.500 individuos de ella en las islas de aquel río, sin contar los que habitaban a las márgenes del Yurúa. La relación de los hechos memorables de Cujía, se encuentra en la historia del Marañón que escribió el padre Manuel Rodríguez. Él volvió a Quito en solicitud de otros misioneros, pues sólo habían entrado en Mainas en 1641 los padres Bartolomé Pérez y Francisco Figueroa: consiguió llevar tres más el año 1651 entre ellos el recomendable padre Raymundo Santa Cruz.

Tiempo después, fue Cujía Rector del colegio de Cuenca, Provincial, y luego Rector en Santa Fe; y hallándose por segunda vez desempeñando el cargo de Provincial, fue llamado a España, donde se vindicó de acusaciones que se le hicieron con motivo de discordias que hubo entre las autoridades del Nuevo Reino. De regreso murió en Cartagena en 7 de Junio de 1667 a los 62 años de edad.

CULLQUI. Auchi Huamán, curaca y señor de Cajamarca. Escribe el Inca Garcilaso de la Vega en sus Comentarios reales, que el rey Atahualpa dio órdenes a Cullqui para que alojara y obsequiara a los españoles a su entrada en dicha ciudad, e hiciera que los indios los acompañasen y sirviesen en cuanto les fuese necesario. Con este motivo refiere que viendo aquél con admiración los frenos de fierro de los caballos, imaginó que les servían de alimento y aconsejó a los españoles les sustentasen mejor con otros metales, como plata y oro, que hizo traer a los indios en abundancia desparramándolos en los pesebres. Que al oír los soldados semejante simplicidad, la apoyaron encargando a Cullqui hiciera traer cuanto oro y plata pudiese a fin de que los caballos se aplacaran y pudieran ser sus amigos.

Este cuento parece uno de tantos que ocuparon al historiador Inca y lo relata con un candor extraordinario, figurándose en su mente hasta la existencia de pesebreras; y sin advertir que el cacique y los indios precisamente habrían visto forrajear a los caballos y consumir pastos y cañas de maíz.

CUSIHUAMÁN. Cacique de Ilabe. Entró en la conspiración de Aguilar y Ubalde en el Cuzco el año de 1805. Sentenciada la causa fue condenado Cusihuamán a destitución de su cargo, inhabilidad para volver a obtenerlo, y residencia forzosa en Lima por dos años. Véase el tomo 1.º, páginas 69 y 422.

CUSI HUARCAY. Esposa del Inca Sayri Tupac nieto de Huaina Capac, y heredero del trono peruano. Era Cusi Huarcay nieta de Huáscar Inca, no hija como equivocadamente lo asienta Diego Fernández el Palentino.   -493-   Veánse los artículos, Sayri Tupac; y Loyola, don Martín García Óñez de (sobrino de San Ignacio), que pereció gobernando en Chile, y fue casado con doña Beatriz Clara Coya hija de Sayri y de Cusi Huarcay.



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