Visor de obras.

El capitán general Francisco Javier Elío (Pamplona, 1767-Valencia, 4 de septiembre de 1822) dominó la historia política valenciana durante el período 1814-1820, con bastante moderación hasta la noche del 17 de enero de 1817, cuando fue descubierta la primera de las dos conspiraciones planeadas para asesinarlo (la otra es en 1819). Para prevenir complots organizó una expeditiva policía con una amplia red de confidentes (en el Archivo del Palacio Real de Madrid hemos visto todo un legajo de cartas cifradas). Parece acertado el juicio de Vicente Boix sobre su gestión: «Como hombre de partido se atrajo la animadversión de los liberales, pero como funcionario público había merecido justamente el aprecio de los pueblos por circunstancias harto apreciables en verdad»¹⁰².

La dura represión política de Elío (realmente persiguió, torturó y mató a los liberales y masones valencianos) coincidió con el aislamiento sociopolítico y la desintegración financiera de la Inquisición valenciana.

Curiosamente esta radicalización política del general Elío coincide con la incorporación, a principios de 1817, de la firma de Miguel Toranzo como fiscal inquisidor de Valencia, desapareciendo la del segundo inquisidor Pablo Acedo Rico, quien «cesó de asistir al tribunal en 26 de marzo de 1816», por jubilación¹⁰³. Inevitablemente el talante del tribunal se endurece y el inquisidor Laso, cada vez más viejo y aislado dentro de su tribunal, se verá implicado en la represión política, impulsada por el intransigente capitán general Francisco Javier Elío y por otros miembros del tribunal de la Inquisición valenciana, más fanáticos, como el citado Miguel Toranzo, que formarán parte de la Junta de Fe, (tribunal eclesiástico, que no inquisitorial), que protagonizará la condena de Gaietà Ripoll, el infortunado maestro de escuela en Russafa, y su ejecución el 26 de julio de 1826¹⁰⁴.

Otro elemento social vino a reforzar el ambiente antiliberal de Valencia: la Compañía de Jesús. Restaurada por el Papa y por el Rey, Laso pudo ver establecerse en Valencia a los jesuitas en 1816 y recordar los viejos tiempos de su viaje a Italia de 1788-1789. Las relaciones de Laso con los jesuitas tuvieron sus altibajos, pero es significativo que en 1798 el P. Manuel Luengo, retornando a España, le encargase la búsqueda de alojamiento en Valencia y que Laso le prestase su coche para desplazarse por la ciudad¹⁰⁵ y que Luengo¹⁰⁶, siempre alude a Laso como «mi amigo», incluso cuando discrepan. Por ejemplo, al opinar sobre la persecución a que el gobierno estaba sometiendo a los pocos jesuitas que todavía había en Barcelona en 1806, incluye a Nicolás entre «los hombres que, o por intereses de partido como el inquisidor de Valencia, mi amigo don Nicolás Rodríguez Laso, que en Roma se aficionó al jansenismo, o por vileza y lisonja para con los poderosos de la Corte, les sacrifiquen a todos [los jesuitas] y digan de ellos todo lo que quieran que se diga»¹⁰⁷.

Laso conocía la existencia del célebre Diario de Luengo desde 1788 y siempre guardó el secreto, pues escribe en su Diario en el viage, el 24 de octubre: «Por la tarde encargué a don Manuel Sánchez me buscase el Diario¹⁰⁸ y Comentarios¹⁰⁹ del viaje que hicieron los jesuitas cuando fueron expelidos de España, pues tenía noticias que, por lo que toca a la provincia de Aragón, los había escrito el padre Larraz, y por los de Castilla, el padre Luengo, ayudado de otros compañeros suyos» (Bolonia 24 de octubre de 1788)¹¹⁰.

Hemos estudiado con cierto detenimiento el proceso de restauración de la Compañía de Jesús en Valencia, ciudad muy afecta a la Compañía y deseosa de su restablecimiento, para lo cual, ya el 7 de octubre de 1814, el Ayuntamiento acudió al Rey con una representación, exponiéndole la necesidad que había, para remediar los estragos de las malas doctrinas, y para dar a la juventud la educación conveniente, de que la tomara a su cargo un cuerpo religioso tan probado como la Compañía, y suplicándole la mandara restablecer en sus dominios, y especialmente en la ciudad y reino de Valencia, en las mismas casas que un tiempo ocupó con tanto bien de la religión católica¹¹¹.

Cuando llegaron a Valencia los primeros jesuitas, a principios de diciembre de 1815, fueron hospedados por el arzobispo Arias, aunque recibidos con reticencias por parte del regente de la Audiencia y de la Universidad. Cuando el día 18 de julio de 1816, se le devuelva y entregue formal y solemnemente la Casa Profesa, ahora convertida en el Colegio de San Pablo, con su iglesia, a la Compañía, estuvo presente el Tribunal de la Santa Inquisición¹¹². Sin embargo, el único familiar de la Inquisición que aparece singularizado en los festejos de recibimiento de la Compañía, no estaba adscrito al tribunal de Valencia, sino al obispado de Albarracín, pues fue el dominico Mariano Bonet y Cebolla, ministro calificador y revisor de libros del Santo Oficio, inquisidor ordinario por el obispado de Albarracín, quien pronunció el Sermón fúnebre que en el aniversario solemne celebrado por las alma de los RR. Padres y religiosos difuntos de la Compañía de Jesús, en la iglesia de su colegio de Valencia, día 18 de septiembre de 1816¹¹³.

Durante los años 1817, 1818 y 1819, el viejo inquisidor Nicolás Rodríguez Laso, que conocía personalmente a muchos de los jesuitas retornados desde su viaje a Italia (1788-1789) hacía casi treinta años, no pudo impedir el deterioro de las formas en todos los aspectos sociales de la Inquisición valenciana, cuyo aislamiento intelectual hemos visto claro en la carta a la Suprema del 28 de febrero de 1817. No obstante, el tribunal pretende elevar el nivel cultural de los calificadores, puesto que «son muchos los que solicitan ser calificadores por condecorarse con este título para sus fines particulares, sin el debido mérito para ello, y que si se abre la mano en admitir, siendo en el día casi inútiles y ancianos los que hay en este tribunal, lo que le es sumamente doloroso, parece que exige la mayor atención que se elijan sólo aquellos que por su ciencia e ilustración conocida, a más de las otras circunstancias que deben atenderse, puedan ser útiles al Santo Oficio, no bastando que sean buenos religiosos y que hayan seguido regularmente la carrera de estudios»¹¹⁴.

El aislamiento intelectual del tribunal no obstaculizaba la organización de actos solemnes seguidos por el pueblo folclóricamente católico. Por ejemplo, el 9 de junio de 1817 organiza una rogativa «por el singular preñazo de la reina» en la iglesia del convento de los Dominicos, «con la mayor solemnidad y asistencia de este tribunal y de todas las clases de sus ministros. Cuya función fue de singular edificación a todo el numeroso concurso del pueblo que asistió a ella»¹¹⁵. El 2 de septiembre y en el mismo lugar, el tribunal celebra una misa y Te Deum por el feliz parto de la reina¹¹⁶.

Por otra parte, no da la impresión de que las autoridades eclesiásticas tuviesen mucha consideración con la Inquisición valenciana. Veremos cómo no se daba limosna a los hambrientos familiares en el arzobispado. El Nuncio papal, monseñor Justiniani, arzobispo de Tiro, visitó Valencia entre el 15 y el 17 de junio de 1817. Se alojó en el palacio arzobispal y no parece que le hiciese demasiado caso al Santo Oficio: «Después del tribunal pasamos a cumplimentarle, pero se hallaba fuera y dejamos recado. Hoy ha partido para esa Corte»¹¹⁷.

Uno de los aspectos positivos del gobierno de Elío fue su preocupación por las obras públicas. El 4 de marzo de 1817 el tribunal (Laso, Encina y Toranzo) informa a la Suprema que no puede participar en la subscripción pública que el capitán general Elío ha abierto para construir «la Alameda que ha comenzado en la Plaza de Santo Domingo de esta Ciudad». De las razones que da para negarse, deducimos que la economía de Laso se había estabilizado, cobrando el sueldo y las rentas de los beneficios de Cuenca: «[...] la cortedad de los sueldos consignados y atraso de su pago, y que por las rentas que los inquisidores tengan fuera del reino acuden allí con las atenciones propias de su naturaleza y beneficiosas al público»¹¹⁸. La Suprema, en carta del 8 de marzo de 1817, «teniendo presente que, por no alcanzar las rentas del Santo Oficio a cubrir las indispensables obligaciones de Justicia, se ven sus ministros en la mayor miseria, careciendo de sus sueldos», aprueba la contestación negativa dada a Elío por los inquisidores valencianos¹¹⁹.

En el aspecto jurisdiccional, el tribunal continuó sufriendo el acoso de la Audiencia que reclamó para sí competencias tradicionalmente atribuidas al Santo Oficio, sin que la Suprema fuese capaz de prestar un apoyo efectivo a los valencianos. La autoridad de la Inquisición sobre los libros en circulación, reducida por una Real Orden de 1768 a obras de teología y moral, continuaba con la oposición de otros tribunales. Antes aludimos a la creación, en abril de 1815, de un tribunal de censura de libros, presidido por el regente de la Audiencia de Valencia. En 1818 los funcionarios inquisitoriales perdieron el privilegio de plantear pleitos en la sala civil del tribunal inquisitorial¹²⁰.

En el aspecto político, Laso pudo mantener el clima de cierta tolerancia con el pensamiento liberal y de una suave persecución de dirigentes liberales valencianos hasta principios de 1817, a pesar de ocupar la capitanía general del gobierno de Valencia el reaccionario Francisco Javier Elío desde 1814. El 18 de febrero de 1817, liberales y masones fracasaron en el intento de asesinato de Elío y de restaurar la Constitución de Cádiz. Desde ese momento, la opinión de Laso pierde fuerza dentro del tribunal valenciano, el cual se implica de lleno en la campaña contra la masonería y el liberalismo, colaborando estrechamente con el régimen reaccionario del capitán general Elío. En la noche del 2 de enero de 1819 fracasa la conspiración de Vidal, por lo que el capitán general Elío intensifica la represión de los liberales y masones e implica al tribunal inquisitorial en el arresto de veinticuatro sospechosos de complicidad. En carta a la Suprema del 5 de noviembre los tres inquisidores valencianos reconocen que «las cárceles de este Santo Oficio están ocupadas» y ponen reparos en admitir al preso Josef Capilla, de origen francés, «preso en la cárcel Torre de Quarte de esta ciudad de orden del capitán general [Elío], por delitos de querer reformar la religión»¹²¹. Entre los presos de la Inquisición se encuentran los más destacados e influyentes liberales del reino, como el conde de Almodóvar, los cuales se encontraban encerrados en la cárcel de la Inquisición de la plaza de San Lorenzo, el 10 de marzo de 1820, cuando fueron liberados por la masa liberal. Hubo una docena de liberales ajusticiados, entre ellos el coronel Vidal y Félix Bertrán de Lis, y los liberales valencianos no perdonarán jamás a Elío esta cruel represión.

En el cabildo ordinario de la ciudad de Valencia del lunes 1 de marzo de 1819 aparece la última cita que hemos encontrado con el nombre de Laso. El doctor don Vicente Martínez Boner registra el título de «abogado ordinario de presos del Secreto del Santo oficio», otorgado «en la Inquisición de esta ciudad, en 21 de enero último por los señores inquisidores, el licenciado don Nicolás Rodríguez Laso, doctor don Francisco de la Encina, doctor don Miguel Toranzo y Ceballos, doctor don Nicolás Montemayor, refrendado por el doctor don Juan Bautista Falcó y Valero, secretario»¹²². Un año justo después Encina, Toranzo y Montemayor darán con sus huesos en la cárcel.

La situación financiera del tribunal continuó empeorando, reflejada en la miseria en los subalternos. En la carta del 3 de junio de 1817, el tribunal (Laso, Encina y Toranzo) rechaza la acusación de la Suprema de falta de eficacia en la recaudación de rentas por parte de los funcionarios, «que han contribuido y contribuyen a dichas diligencias y se resienten de la dureza con que se les trata, después de poner sumo cuidado en que se recoja lo que no ha de servir para resarcimiento de sus trabajos», y manifiesta que «nos consta que algunos piden limosna, y uno de ellos ha acudido al Señor Arzobispo [Arias Teixeiro] expresando que no le paga el tribunal, y no ha sido socorrido»¹²³.

Esta actitud del arzobispado no sabemos si fue habitual, en cuyo caso es contradictoria con la que mantendrá el arzobispo de Valencia, fray Veremundo Arias Tejeiro, en 1820, que fue la de capitanear la protesta contra la supresión del Santo Oficio.

El mismo alcaide de la cárcel inquisitorial dimite en junio de 1817: «El alcaide de cárceles secretas de este tribunal, don Josef Casasús, que se halla con familia y la mujer embarazada, viéndose en la última miseria por no pagársele el sueldo, según las estrechas órdenes de V.A., después de haberse avergonzado a pedir limosna, aunque infructuosamente, y verse en la precisión de ir a vender la venera, nos ha hecho presente que se va comiendo los alimentos que se le han entregado para los presos, y que en este estado ha dirigido su renuncia de su empleo al Excelentísimo Señor Inquisidor General, pues quiere absolutamente dejarlo e irse a su tierra [Medinaceli], y para ello pide que se le pague el sueldo que tiene devengado»¹²⁴. En la carta del 23 de junio, el tribunal recuerda la dimisión de Casasús y el 23 de agosto de 1817 el alcaide estaba dispuesto a irse sin el permiso correspondiente de la Suprema: «Dicho alcaide insiste en quererse ir y nosotros nos vemos con mucho apuro, porque, por una parte él es libre de dejar un empleo que no le acomoda, y por otra nos hallamos comprometidos, pues no será extraño que, sin que proceda nuestro permiso, disponga su viaje de un día para otro, según tenga proporción [...]; lo comunicamos a V.E. asegurando que, en este último caso, cuidaremos de la seguridad y buena asistencia de los presos»¹²⁵. El 5 de septiembre toma posesión el nuevo alcaide, Joaquín Fernández Alonso y, por fin, Josef Casasús pudo partir para Medinaceli el día 6¹²⁶.

A lo largo de 1817 se vuelven a deteriorar las finanzas del tribunal, a pesar de pagar mal a sus funcionarios, como hemos visto en el caso del alcaide Casasús. En la Junta de Hacienda del 6 de septiembre el estado de cobranza y existencia de dinero y vales reales en arcas era ruinoso: 69 libras, 2 sueldos y 9 dineros en metálico y continuaban las 7.200 libras en vales reales, imposibles de hacer efectivas¹²⁷. La situación continuaba en los dos años siguientes y el 16 de diciembre de 1818 el tribunal informó a la Suprema que se había declarado insolvente para pagar los salarios de los últimos cuatro meses y no tenía fondos suficientes para mantener a sus presos¹²⁸.

El 2 de mayo de 1818 Laso escribe a la Suprema quejándose de que el cabildo de Tortosa se niega a abonar las 740 libras anuales, importe de las rentas de la canonjía de la Inquisición¹²⁹. Según carta de 23 de octubre de ese mismo año, el Cabildo de la iglesia colegial de San Felipe (Játiva) solicita «administrar por sí la canonjía que el Santo Oficio tiene en dicha Iglesia»¹³⁰.

La viuda del receptor inquisitorial José Verdecho, doña Raymunda Figuerola rindió cuentas, el 14 de diciembre de 1820, de las finanzas del tribunal desde el 1.º de enero de 1818 hasta el 31 de octubre de 1819, continuadas por el receptor interino Vicente Mora desde dicho 31 de octubre hasta el 10 de marzo de 1820. El resultado fue de unos cargos o ingresos de 16.502 libras y los pagos o data de 16.613 libras, resultando finalmente a favor de la Comisión del Crédito Público 111 libras y 13 sueldos¹³¹. Aunque el contador general del extinguido Consejo de la Inquisición, el liberal Teodoro Royo de Redo, hizo algunos reparos a estas cuentas en la primavera de 1821, queda clara la falta de dinero constante, lo cual nos confirma el declive económico de la siempre tradicionalmente desahogada Inquisición valenciana. Fue don Benito Antonio García Motilla, amigo y mano derecha en asuntos contables del inquisidor Laso, dentro y fuera del tribunal (administración de la Casa de Misericordia y testamentaría de la duquesa de Almodóvar), quien hubo de enfrentarse con los contables liberales de la contaduría del Crédito Público, para liquidar los restos del tribunal valenciano¹³².

Los inquisidores Encina y Toranzo, como todos los años, convocan, el 4 de enero de 1820, a todos los familiares titulados para leerles las instrucciones del Santo Oficio. El último expediente informado por los dos citados inquisidores valencianos fueron «las informaciones sobre la naturaleza, legitimidad y limpieza de sangre» de un tal Matías González Roda, el 19 de febrero de 1820, quien todavía tenía interés en ingresar en la Inquisición valenciana¹³³. En los dos primeros meses de 1820 desaparece completamente la firma de Laso¹³⁴ de los documentos inquisitoriales importantes y hay muchos firmados por «Toranzo sólo», quien, sin duda, encarnaba la dureza de la Inquisición agonizante¹³⁵.

A lo largo de 1819 y primeros meses de 1820 la situación económica de la Inquisición valenciana no dejó de agravarse, según una carta del tribunal (Laso, Encina, Toranzo y Nicolás Montemayor) al inquisidor general, fechada en Valencia el 10 de septiembre de 1819, y según un informe del contador general de la Suprema, Vicente de Soto, fechado en Madrid, el 12 de enero de 1820.

En la carta de los inquisidores valencianos se da cuenta de las «tristes circunstancias en que se halla este tribunal, que nos obligan a hacerlas presentes a vuestra señoría ilustrísima para ver si, por su medio, puede conseguir algún alivio en su dolorosa situación». Nostálgicamente recuerda la riqueza del Tribunal en otros tiempos: «Las rentas de este tribunal, tan cuantiosas en otro tiempo que no sólo sufragaban a sus gastos sino que también eran suficientes para hacer considerables remesas al Consejo, socorrer a otros tribunales, y haber contribuido en el tiempo de la revolución [Guerra de la Independencia] con más de 200.000 reales, además de lo que hicieron sus ministros en particular, en el día se ven tan disminuidas que apenas bastan para los gastos ordinarios, atendida la multitud de las causas de que se halla cargado y que aumentan notablemente sus desembolsos».

Desde marzo de 1819 nadie había cobrado, excepto el alcaide de las cárceles secretas y su teniente (recordemos que aquí estaban encerrados los cabecillas liberales):

«Así es que sus ministros se hallan hace siete meses sin cobrar sus salarios, expuestos, con este motivo, algunos de ellos a la mayor indigencia, exceptuados sólo el alcaide y teniente alcaide de cárceles secretas, a quienes se les paga y pagará corrientemente para evitar los inconvenientes que de lo contrario podrían seguirse, como ya lo ha experimentado el tribunal»136.

Sin embargo y como previendo la extinción de la Inquisición, Laso autoriza el pago de las nóminas del mes de mayo de 1819, en un documento del 1 de marzo de 1820, junto con Toranzo y el contador García Motilla. Cinco días después, el 6 de marzo, se paga el salario del mes de junio del año anterior. El mismo día de supresión de la Inquisición, 10 de marzo, Laso y Toranzo autorizan el desembolso de 464 reales «para pagar los sermones predicados al tribunal en el convento de religiosas Carmelitas Calzadas de Santa Ana en la presente Cuaresma»¹³⁷. La decadencia económica del tribunal era inevitable, puesto que nadie pagaba. Ni siquiera las canonjías, los ingresos más seguros:

«No es extraña esta disminución de rentas, pues las canonjías, únicas con que se puede contar, han bajado a menos de la mitad; y la de esta metropolitana [catedral de Valencia], que por sí sola era suficiente en otros tiempos para el pago de los salarios de todos los ministros del tribunal, en este año, con dificultad, podrá llegar a la tercera parte de lo que ha producido en los anteriores, por causas que son bien notorias. Por lo que hace a las demás [canonjías], el tribunal, con la aprobación del Consejo [de la Inquisición], viendo la enorme baja de sus arriendos y para poner corrientes todos los emolumentos que les corresponden, se ha visto en la precisión de administrarlas, ignorando aún cuál será el resultado de esta operación»138.

El Tribunal daba por perdidos el resto de los ingresos procedentes de otras fuentes, ya que no contaba con el apoyo coercitivo de las correspondientes autoridades:

«Con las restantes rentas apenas puede contar el tribunal si no se toma una seria providencia para su cobro, a lo que no alcanzan nuestras fuerzas por más diligencias que se han practicado; pues el Crédito Público, que corresponde la pensión anual de 67.940 reales vellón, no ha podido conseguir pago alguno desde el año 1808, a pesar de las eficaces diligencias que se han practicado, dirigiendo para ello una representación a la Dirección General, no obstante estar cerciorado el tribunal haberse pagado pensiones de igual naturaleza a varias corporaciones, y aún a particulares, por la razón de ser pagos necesarios para sus alimentos, en cuyo caso se halla el tribunal, aún con la mayor razón de estar sus ministros trabajando incesantemente en utilidad de la Religión y del Estado»139.

El tribunal hace repaso de algunos de esos atrasos. Los intereses «de estos últimos años» de los censos de la ciudad de Valencia «ascienden a 4.307 libras». Las deudas de los pueblos responden a pensiones de censos sobre sus Propios, los cuales se dan por perdidos por «la disminución notable de las facultades del juez de bienes confiscados [de la Inquisición], por lo que hace a esta clase de deudas, y el poco apoyo que encuentra el fiscal en los Intendentes¹⁴⁰ para obligar a los pueblos a tan justos pagos».

Lógicamente las dificultades económicas repercuten en el buen funcionamiento del Tribunal: «Los ministros, sin embargo, siguen y seguirán incesantemente en el desempeño de sus obligaciones, pero el tribunal no se halla con el vigor correspondiente para obligarlos a cumplir con ellas, en el caso, no esperado, de que alguno, por falta de su salario, se desentienda de ello».

La carta concluye con la petición al inquisidor general «para que con su alta penetración vea el modo de subvenir a esta necesidad, elevándolo, en caso necesario, a la noticia de su majestad, a fin de que el Crédito Público y esta ciudad [Valencia] con los demás pueblos que no responden censos sobre sus Propios a este Real Fisco [Inquisición de Valencia], cuando no con el todo, al menos con alguna parte, satisfagan sus crecidos atrasos»¹⁴¹.

El 12 de enero de 1820 el contador general de la Suprema, Vicente de Soto, emitió un informe sobre la situación económica en la que se encontraba el tribunal de Valencia. Admite que los atrasos de la cobranza desde los últimos pagos ascienden a más de 276.000 reales y que los «considerables perjuicios», podrían llegar «al caso de tener que cerrar el Tribunal, porque las circunstancias del día le originaban gastos que no podría soportar». El tribunal de la Inquisición y su receptor tenían muy limitadas las facultades para litigar contra las villas deudoras y nada conseguían los oficios a las Justicias de los Pueblos y a las Juntas de Propios, cuyas rentas, además, se habían visto disminuidas «con motivo de la libertad concedida a los vecinos de establecer molinos, hornos, posadas y otros artefactos de que dependían las rentas».

El contador general Soto concluye su informe con unas recomendaciones, imposibles de cumplir, pues ya hacía 12 días que se había sublevado el general Riego: «Opina el Contador General que convendría solicitar se comunicase real orden al intendente de Valencia para que, como juez privativo de Propios, dé al Tribunal [de la Inquisición de Valencia] todo el auxilio que le pida relativo a la cobranza de los crecidos atrasos de pensiones de censos que se le adeudan por varios pueblos de aquel Reino sobre dichos Propios [...], de lo contrario, paralizada la cobranza de esta renta que pasa de 2.500.000 reales lo que por ella se debe de atrasos [...] es indispensable que el tribunal se halle con los apuros que indica en su representación de 10 de septiembre de 1819». El contador general reconoce que se le deben los salarios de diez meses a los funcionarios de la Inquisición de Valencia (desde marzo de 1819)¹⁴².

Por lo tanto, cuando el 1 de enero de 1820 se pronuncie el teniente coronel Riego en Cabezas de San Juan y el 9 de marzo el rey promulgue un decreto aboliendo la Inquisición en toda la Monarquía, el tribunal de la Inquisición de Valencia, uno de los más prósperos de toda la Inquisición, estaba en quiebra, debiendo casi un año de salario a sus empleados. Quiebra rematada cuando, desde primeros de marzo, la plebe estaba saqueando los palacios del tribunal en ciudades como Barcelona y Mallorca. Como hemos dicho, a principios de marzo de 1820 se abonaron dos mensualidades, por lo que todos los familiares de la Inquisición valenciana llevaban ocho meses sin cobrar (el mes de junio de 1819 fue el último pagado) cuando se disolvió la Inquisición el 10 de marzo de 1820, salvo el personal de la cárcel que cobró hasta febrero de este año y el receptor interino, Vicente Mora, que se autoliquidó absolutamente todo lo relacionado con su propia persona¹⁴³.

Los adversos acontecimientos políticos de la sublevación de Rafael del Riego (1784-1823) no podían ser más inoportunos para el tribunal del Santo Oficio de Valencia, puesto que acababa de interrogar a casi todos los libreros valencianos y de registrar, con muy malas formas, la librería de los liberales Mallén-Salvá, y todavía custodiaba en sus celdas a los cabecillas liberales, implicados en la conspiración del coronel Vidal del año anterior y cuando todavía humeaba la sangre del mismo Vidal y otros destacados liberales.

Sabemos que Laso, con sus 72 años y medio, supo capear relativamente bien el temporal de la nueva revolución, lo que nos hace sospechar que los cabecillas liberales encarcelados (Nicolás María Garelli, conde de Almodóvar, el ex diputado Bernardo Falcó y la familia Beltrán de Lis) no consideraban a Laso como máximo responsable de la represión sufrida. Los liberales culpabilizaban, principalmente, al inquisidor Encina, quien custodiaba el cofre de la correspondencia y los libros de comercio de los impresores y libreros Mallén y Salvá¹⁴⁴. Encina, en una actitud de tozudez y evidente temeridad, dadas las circunstancias, no los entregaba a los revolucionarios, incluso después de abolida la Inquisición, según queja de los liberales en la sesión matutina del Ayuntamiento de Valencia del miércoles 15 de marzo de 1820:

«Por cuanto el señor Jefe Superior Político, por su decreto de 13 de los corrientes, pasó a informe a este Ayuntamiento el memorial que le han presentado Mallén, Salvá y Compañía en solicitud de que se mande a don Francisco de la Encina les entregue el cofre de la correspondencia y libros de comercio, que obran en su poder y se llevó el tribunal de la extinguida Inquisición, juntamente con el expediente que se ha formado respecto a que en él existe la nota individual de todos los libros impresos que se sacaron de su casa. Se acordó que se informe manifestando la comisión que el Ayuntamiento había nombrado para efectuar el inventario de los papeles pertenecientes a dicho tribunal, pero que, habiendo dudado Su Excelencia si podría llevarse a efecto, desde luego, por no haberse comunicado oficialmente la Real Orden, se suspendió su ejecución»145.

La librería de Mallén y Salvá desarrolló sus actividades sin ser molestada hasta 1817, como demuestra el hecho de publicar dos catálogos de libros y grabados del fondo que poseían, pero en ese año la Inquisición fijó su atención en dicha librería, ordenando un minucioso registro que duró quince días, encontrando los ejecutores del Santo Oficio materia condenable, pues, entre otros libros, se vendía El contrato social de Rousseau, de cuya edición clandestina se les acusaba.

No conocemos la causa de este registro, pero pudo estar motivado por la asistencia a la tertulia de la librería de personajes sospechosos como Jaime Villanueva¹⁴⁶, o tal vez por una orden general de depuración de libros. Parece que Nicolás Laso no tuvo mucho que ver en este «poco profesional» registro, alejado de lo practicado en otras ocasiones por Laso¹⁴⁷. Un autor desconocido, probablemente José Canga Argüelles o Jaime Villanueva relata: «El que esto escribe fue testigo del allanamiento y registro que sufrió, por espacio de quince días, la casa de Mallén y Compañía de Valencia. La Inquisición destinó para esto cuatro regulares, que ni aún eran sus calificadores, los cuales, apoderándose de todo, fueron separando libros que debían llevarse al tribunal o para quedar en él como prohibidos, o para ser examinadas por aquellos sabios censores algunas obras que no conocían, sólo porque estaban impresas Antueerpiae»¹⁴⁸.

El tribunal de Valencia obró tan torpemente en el caso del expediente de Pedro Juan Mallén Salvá que el inquisidor general y el Consejo de la Suprema (consejeros Ettenhard, Martínez y Beramendi) se ven obligados a reprender a sus colegas valencianos, quienes, en carta del 17 de mayo de 1819, le habían informado «sobre el reconocimiento de la librería venal de Pedro Juan Mallén y Salvá», esperando del inquisidor general indicaciones «sobre el uso que se ha de hacer de la correspondencia de estos dos libreros para proceder en todo con el debido acierto»¹⁴⁹. Reproducimos el acuerdo recriminador de la Suprema, en el que desaprueba la «publicidad» del registro de la librería, es decir las motivaciones políticas, y le recomienda centrarse en aspectos más doctrinales, como la persecución de El contrato social:

«Acordado: El Consejo previene al Tribunal que, en lo sucesivo, se abstenga de comprometer al Oficio Fiscal con comisiones que no son de su atribución, a fin de que quede más expedito y desembarazado para el desempeño de su cargo. Y cuando ocurra algún reconocimiento tenga muy presente lo prevenido por las leyes, evitando todo estrépito y publicidad, como nada conforme a la práctica del Santo Oficio. Últimamente, ha extrañado el Santo Oficio que, habiendo suficiente mérito en las sumarias acumuladas para procedimientos más serios, especialmente por las dos ediciones verificadas del Contrato Social150, cuyo paradero hubiera sido y es importantísimo averiguar, el tribunal no hubiera empleado en esto todo su celo con la oportunidad que exigía la gravedad de la materia y sus funestas consecuencias».151

El tribunal valenciano, probablemente instigado por Elío, continúa acosando al librero Pedro Juan Mallén Salvá y Compañía y, en contra de la opinión de la Suprema, acude directamente al Rey, quien autoriza el registro de «la correspondencia y libros de caja» de los citados libreros. Expresamente la Suprema deja claro, en su carta del 17 de noviembre de 1819, que no tiene nada que ver con la tropelía que se va a cometer:

«A consulta de Su Excelencia [el inquisidor general] y Consejo [de la Inquisición], de 5 de este mes, ha venido Su Majestad en autorizar a los inquisidores de ese Tribunal para el reconocimiento de la correspondencia y libros de caja de los libreros Mallén y Salvá, compañeros, cuyo expediente remitisteis con vuestra carta de 11 de septiembre de este año [1819], y se os devuelve para que ejecutéis, Señores, lo que al fin va sentado, con prevención de que, antes de comenzar el reconocimiento, hagáis saber a los libreros interesados que os halláis autorizados para ello por expresa orden de Su Majestad»152.

Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, Salvá emprendió el viaje al exilio italiano, dejando una ciudad de Valencia dominada por la mano dura del general Elío. Regresó en marzo de 1820 con la aureola de hombre culto, perseguido por el absolutismo y apoyado por la masonería. El 3 de abril fue elegido concejal, comenzando una brillante carrera política. Sin duda, Salvá tuvo mucho que ver con el encarcelamiento de los cuatro ex-inquisidores y en el pacífico crepúsculo de la vida del bibliófilo Nicolás Laso.

Pero también fueron acosados otros libreros. En junio es delatado por delito de tener libros prohibidos y exponerlos a la lectura pública, el librero valenciano Mariano Cabrerizo. En agosto testifica el librero Miguel Domingo, de 44 años, por tener y vender libros prohibidos¹⁵³. Los últimos días de 1819 los inquisidores Encina y Toranzo (no aparece la firma de Laso) interrogaron al impresor Manuel Muñoz (sobre el manuscrito titulado, Manifiesto presentado a Su Magestad, las Cortes Generales y Extraordinarias de España sobre puntos concernientes a el oficio de visitador y reformador apostólico que ejerce el Excelentísimo señor don Luis de Borbón, cardenal de Escala, arzobispo de Toledo, etc.¹⁵⁴.

Nicolás Laso vivió discretamente durante el último año de su vida la revolución liberal de 1820, a lo largo del cual se suprimió la Inquisición y se liquidaron los bienes que le quedaban. El 10 de marzo de 1820 llegó a Valencia la noticia de que Fernando VII había sido obligado a restablecer la Constitución de 1812 y, consecuentemente, se abolía la Inquisición ya que era incompatible con las disposiciones constitucionales. El mismo día 10 una muchedumbre asaltó los edificios del tribunal y liberó a los prisioneros, entre ellos el conde de Almodóvar (Granada, 1777-Madrid, 1846), jefe de la logia masónica valenciana, que inmediatamente se convirtió en capitán general por aclamación popular. Según Vicente Boix, la liberación de los presos liberales fue la última iniciativa del general Elío:

«Su última providencia fue mandar poner en libertad a los presos que se encontraban en las cárceles de la Inquisición, y entonces ocuparon ya varios grupos las avenidas de este tribunal, para recibir con entusiasmo a los que, por mucho tiempo, habían estado esperando este fausto acontecimiento [...] Un gran número acompañó desde la Inquisición al conde de Almodóvar y, vitoreándole y proclamándole capitán general, ya no dudó éste en ponerse al frente del movimiento»155.

Al día siguiente, sábado 11, la multitud invadió de nuevo el palacio inquisitorial y se llevó una gran cantidad de libros y documentos, lo que provocó un bando del mismo conde de Almodóvar llamando al orden, porque «la confusión y el desorden impiden que las autoridades, nuevamente nombradas y que merecen la confianza pública, no pueden ejercer sus funciones con la plenitud que la misma Constitución les prescribe»¹⁵⁶.

El cabildo municipal de la tarde del lunes, 13 de marzo, «habiéndose tratado sobre la necesidad de inventariar los papeles y efectos que existan en la casa de la extinguida Inquisición, para que no sufran extravío», acuerda formar una comisión «para pasar a dicha casa y formar inventario de los papeles, muebles y efectos y procesos que en ella se encuentren»¹⁵⁷.

El 17 de marzo se presentó una exposición al Ayuntamiento, firmada por cuarenta y cinco vecinos, con dos listas de sujetos que debían ser suspendidos del ejercicio de cualquier empleo o arrestados:

«Los ciudadanos y vecinos honrados de esta ciudad, insistiendo en su deseo de que no se vea perturbada la tranquilidad pública, ni que este vecindario, justamente resentido con algunos funcionarios públicos, los haga víctimas de su venganza particular, terminando tal vez en excesos lastimosos, lo que haya empezado por verdaderos sentimientos de patriotismo, a V.S. hacen presente la necesidad de suspender de sus destinos a los sujetos comprendidos en la nota que acompaña número 1.º Y no bastando esta suspensión respecto de algunos por la manera, sobrado pública, con que se han acreditado últimamente de agentes oficiosos de la tiranía y enemigos decididos de la justa libertad de sus compatriotas, son de sentir que, en el acto y en virtud de las facultades que V.S., puede reasumir por las circunstancias extraordinarias en que nos hallamos, mande que pongan en debida custodia y aseguren, para precaverlas de todo insulto popular, las personas contenidas en la nota que acompaña número 2.º [...], a fin de que separados de la vista del pueblo los sujetos que le son odiosos, se evite toda gestión de resentimientos particulares. No se trata, Ilustrísimo Señor, sino de evitar una desgraciada suerte a estas personas y de contener, por este medio, el furor, siempre temible, del público, sin perjuicio de que los magistrados examinen después la conducta de los mismos con arreglo a la Constitución que S.M. y todo el pueblo ha jurado. Y piden también que, para la mayor seguridad y satisfacción del público, se diputen dos ciudadanos honrados que vigilen por la mejor custodia de los presos indicados»158.

En la nota número 2.º se encontraban, como merecedores de la cárcel, Encina, Toranzo, Montemayor y Royo, calificados por Haliczer como «los cuatro inquisidores en ejercicio»¹⁵⁹.

El nuevo Ayuntamiento cedió a la creciente presión popular y ordenó el encarcelamiento de los que habían estado más implicados en el régimen del general Elío. Vemos que Laso no se encuentra en la lista de presos, a pesar de que aparece como primer firmante de los documentos inquisitoriales hasta principio de marzo de 1820. Por su carácter o por sus ideas o por su avanzada edad, don Nicolás no inquietaba a los liberales exaltados o estos no lo consideraron directamente comprometido con la gestión política del general Elío.

Una Real Orden del 20 de marzo mandó que se hicieran inventarios de todas las propiedades del tribunal, que serían administradas por la Oficina de Crédito Público, que en Valencia delegó en un pequeño comité, el cual tomó formalmente posesión del palacio inquisitorial el 13 de mayo. Algún tiempo después sale a subasta tasado en 413.000 reales de vellón y es adquirido por Lorenzo Areco por 401.000 reales, remate inferior a la estimación oficial, sin duda por hallarse dicha finca gravada con cinco censos¹⁶⁰.

Apenas constituido el nuevo Ayuntamiento, los liberales empiezan a maquinar su venganza respecto al general Elío y el 29 de marzo le escriben al Ayuntamiento para que la corporación municipal eleve una exposición al rey solicitando la prisión del general Elío, «móvil de nuestras desgracias, acarreó infortunios a una multitud de familias, que nunca podrán repararse»¹⁶¹.

El 2 de abril se publica la Constitución en Valencia y se coloca la lápida de la misma en la pared exterior de la capilla de la Virgen de los Desamparados.

El Ayuntamiento de Valencia recibe una carta del nuevo capitán general, el conde de Almodóvar, ordenándole que acondicione el salón del palacio de la Inquisición, porque, de inmediato, Garelli va a impartir precisamente allí sus clases de Constitución, a partir del 13 de abril, como había hecho en 1814:

«Habiendo resuelto instalar la cátedra de la constitución política de la monarquía española el día 13 de los corrientes, a las 11 de la mañana, en el gran salón de la extinguida Inquisición, al cargo del pavorde don Nicolás Garelli, espero del celo de Vuestras Señorías se sirvan dar las órdenes para la preparación y adorno de la pieza, como lo hizo con igual motivo en el año de 1814, por el conducto de su dignísimo individuo, don Timoteo del Olmo. Valencia, 11 de abril de 1829. El conde de Almodóvar. Señores del Ayuntamiento Constitucional de esta ilustre ciudad»162.

El jueves 23 de marzo, el Redactor Constitucional de Valencia (así se llama ahora el antiguo Diario de la ciudad de Valencia) glosa literariamente el desmantelamiento de la Inquisición con la publicación de un artículo titulado «Visita a la Inquisición», que es una justificación de las tropelías cometidas en plena Cuaresma:

«¡Qué ejemplo de escándalo y horror, Valencianos, en el viernes del presente! ¡En el tiempo santo, en el tiempo aceptable, en los días de salud, la religión sacrosanta de nuestro Dios torpemente infamada! ¿Qué relación hay entre la doctrina del que murió de amor por salvar a los hombres y lo que habéis visto con espanto en los horrendos calabozos de la Inquisición de esta capital? ¿Quién pueda desearla? ¿Quién la contemple suave y justa? Ved el número inmenso de sus desgraciadas víctimas desde su funesto establecimiento hasta 1808. Y ¿quién numerará las de 1814 al glorioso marzo de 1820? Un día quizá se contarán también para escándalo de las edades. Leed en el siguiente resumen las víctimas y los tormentos, y aprendan los hombres cuál ciego e implacable fanatismo, cuál sanguinosa y desolante superstición pudieron hermanar con la Religión Santa de Dios los que se titulaban sus ministros. Perezca en buena hora el impío, pero perezca y acabe para siempre jamás la Inquisición».

A continuación se inserta una tabla con las «víctimas del furor inquisitorial», que coincide con la publicada por Llorente en su Historia crítica de la Inquisición de España (París, 1818). El articulista elabora un «Epitafio» de la Inquisición, tan vulgar estéticamente como cargado de verdad histórica, al menos en el último verso:

«Yace aquí para siempre, oh caminantes, la negra Inquisición en que inclementes quemaron a millares de inocentes, millares de inhumanos manducantes. Los políticos reyes la sufrieron, los pueblos menos bárbaros la odiaron, los títulos más tontos la aplaudieron, los serviles más necios la aclamaron, los sabios con razón la aborrecieron, y aquí los liberales la enterraron»163.

El 16 de mayo el comité de la Oficina del Crédito Público acordó inventariar el mobiliario y otras pertenencias del palacio y el 4 de junio, anticipándose obviamente a la decisión de las Cortes, resolvió vender las mencionadas propiedades en una serie de subastas que comenzaron el 21 de junio de 1820, reservándose el palacio inquisitorial para oficinas del Crédito Público¹⁶⁴.

Una ley del 17 de agosto suprime otra vez la Compañía de Jesús.

El Diario de la Ciudad de Valencia del 6 de noviembre anuncia la venta en pública almoneda, el 7 del mismo mes, a las tres de la tarde, «de los muebles y efectos que pertenecían al extinguido tribunal de la Inquisición de esta ciudad, cuya venta se efectuará en el mismo edificio».

El 20 de octubre el arzobispo de Valencia fray Veremundo Arias Tejeiro dirigió a las Cortes un largo manifiesto sosteniendo las reivindicaciones de la Iglesia. El 10 de noviembre fue arrestado y el 20 del mismo mes se produce un alboroto popular pidiendo el juicio rápido del arzobispo y de Elío, la separación de los jueces reaccionarios y el empleo de mayor fuerza contra los enemigos de la Constitución.

El Diario de la Ciudad de Valencia del miércoles 14 de diciembre de 1820 inserta el anuncio, firmado el 9 del mismo mes, cuatro días después de la muerte de Laso, por Ramón Queraltó, intendente general del Ejército y Reino de Valencia, por el que se subastarán el 11 de enero de 1821, cinco bienes inmuebles (casas y fincas) de la Inquisición. Eran los restos de un patrimonio inquisitorial que desaparece con su último administrador, el licenciado Nicolás Rodríguez Laso.

El 25 de marzo de 1820 Laso escribe con letra temblorosa una nota para concretar su último testamento del 24 de noviembre de 1816, dejando diversas cantidades a sus criados, «que no se hubiesen despedido de su casa y que estuviesen a su fallecimiento». Además dice que «tengo encargado un retablo o altar para la iglesia de Ledaña al arquitecto don Vicente Belda. Si acaso no estuviere pagado a mi fallecimiento, quiero se satisfaga de mi herencia»¹⁶⁵.

El 16 de septiembre de 1820, «El señor don Nicolás Rodríguez Laso, ex inquisidor decano del extinguido tribunal de esta ciudad, presbítero, beneficiado de la villa de Iniesta, residente en la presente ciudad», se presenta ante el escribano José Vicente Estada para rescindir el arrendamiento de los frutos del beneficio de Iniesta, valorados en 20.000 reales anuales, a petición del arrendatario Francisco María López, «vecino y del comercio de la propia villa»¹⁶⁶.

En medio de esta tormenta política nadie diría que el último gran inquisidor de Valencia, Nicolás Rodríguez Laso, se disponía a morir en paz y a ser enterrado con todos los honores y «la música y antorchas» que podían proporcionar los trescientos cincuenta ducados destinados al efecto. Presintiendo la muerte, hizo testamento ante José Vicente Estada, escribano del número y Colegio de la ciudad de Valencia, en el día 24 de noviembre de 1820, que no hemos podido localizar.

Falleció el 5 de diciembre de 1820 en Valencia, según una copia de la partida de fallecimiento de 1864, ya que la original fue quemada por los revolucionarios en la última guerra civil (1936-1939):

«[Sello de timbre de 1864] Certifico, el infrafirmado archivero de la parroquia de San Lorenzo Mártir de la ciudad de Valencia: Que en el libro de mortuorios de la misma, que empieza en el año de 1820 folio 121, se halla la partida del tenor que sigue: "Partida. En esta iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir de Valencia, a los seis días del mes de diciembre del año 1820, se dio sepultura eclesiástica en el cementerio general extramuros de esta ciudad, pasadas las 24 horas, al cadáver del licenciado don Nicolás Rodríguez Laso, ex-inquisidor Decano del Santo Oficio de esta ciudad, natural del pueblo de Montejo de Salvatierra, obispado de Salamanca, hijo de don Fernando Rodríguez y de doña María Antonia Martín García Laso. Hizo testamento ante José Vicente Estada, escribano del número y Colegio de esta Ciudad, en el día 24 de noviembre de 1820, y asignó para bien de su alma la cantidad de trescientos cincuenta ducados, y el entierro a disposición de sus albaceas, que le mandaron generalísimo con misa de cuerpo presente con música y acompañamiento de su cadáver hasta la puerta de San Vicente. Asistió también la Reverenda Comunidad de Padres Capuchinos, que también acompañó hasta dicha puerta de San Vicente. Las antorchas y el Racional acompañaron hasta el cementerio el cadáver, y fue colocado en el nicho que le corresponde, el número 134, y, a mi presencia se cerró el tabique, de que doy fe. Y para que conste como a Racional de la dicha iglesia lo certifico y firmo. Don Vicente Miralles, presbítero Racional". Y para que conste donde convenga doy el presente, que firmo y sello con el de esta iglesia, día quince de noviembre de mil ochocientos sesenta y cuatro. Tomás Almenar, Archivero. [autógrafo y dos rúbricas]»167.

No deja de ser significativo para definir la mentalidad de nuestro inquisidor que, pudiendo ser enterrado dentro de una iglesia, mandase en la primera cláusula de sus tres testamentos conservados «que, revertido como corresponde a mi estado sacerdotal, sea sepultado en el sitio destinado por el gobierno».

Pero antes de morir Nicolás redactó una nota para desheredar a los sirvientes que lo habían abandonado para pasarse al bando liberal y dictó un magnífico epitafio, que aún puede verse en el Cementerio Municipal de Valencia (nicho 54, sección primera izquierda, 4.ª tramada):

«D.O.M. Lic. D. Nicolao Rodríguez Laso, ex oppido de Montejo de Salvatierra Diocesis Salmant. eiusdem celeberrimi Lycoei et Collegii Trilinguis alumno, in utroque versat iure, Grecae linguae magistro. Diversis litterarum Academiis adscripto: qui violatae Fidei. Barchinone et Valentiae quadraginta prope annis recti tenax egit quaesitorem: In Valentina misericordiae domo miseris et aegrotis. In Brephotrophio Barchinonensi expositis. Omni ope destitutis. Ingentia solatia praestitit. Et in Conquensi Diocesi quos Habuit redditus. Ecclesiarum eiusdem ornatui et pauperibus erogavit. et erogare jussit: Exec. Testam. grati. H. M. Pos. Vixit annos LXXIII. Menses III. Dies XVIII. Decessit Die V. Decembris MDCCCXX»

Debemos llamar la atención sobre la segunda parte del epitafio, donde se nos dan algunas noticias de su vida no tenidas en cuenta anteriormente.

En el Diario en Viage de Francia e Italia nos sorprende gratamente la constante afición de nuestro inquisidor a visitar centros de enseñanza y de beneficencia. Por el epitafio nos enteramos que hizo bastantes obras de caridad (Omni ope destitutis / Ingentia solatia praestitit), en especial en Cuenca (Et in Conquensi Diocesi quos / Habuit redditus. Ecclesiarum eiusdem / ornatui et pauperibus erogavit), y que estuvo relacionado con el hospicio de Barcelona (In Brephotrophio / Barchinonensi expositis) y con la Casa de Misericordia de Valencia (In Valentina misericordiae / domo miseris et aegrotis).

Para finalizar, un apunte sobre la importante faceta de la economía personal en la etapa final de la vida de nuestro personaje. Nicolás tuvo el sueldo íntegro de inquisidor desde junio de 1786, después de morir el anterior inquisidor jubilado de Barcelona, que se quedaba con un tercio de su salario, por lo que, junto a los más de 25.000 reales que le rentaban los dos beneficios eclesiásticos de Cuenca y a la mejor situación económica de los tribunales provinciales gracias a inteligentes inversiones, Nicolás no tuvo apuros económicos hasta la Guerra de la Independencia y se permitió el lujo de participar, junto con su tío y sus hermanos, en la fundación de un mayorazgo en su pueblo natal de Montejo en 1786. Pero su economía fue empeorando al ritmo de los nuevos tiempos. En 1799 Nicolás será uno de los encargados de la venta forzosa de la mayor parte de las fincas poseídas por la Inquisición valenciana. En 1808 Napoleón confisca todas las propiedades del Santo Oficio, dando el golpe final a su estabilidad financiera¹⁶⁸. Hemos visto que el proceso revolucionario de 1808 a 1814 afectó gravemente a los ingresos procedentes de los beneficios de Cuenca, de manera que en 1814 eran inexistentes, aunque se recuperaron en gran parte pronto, como demuestran las escrituras de arriendo de los frutos de los mismos. Las mayores dificultades económicas de Nicolás se dieron entre 1808 y el final de su vida, aunque no es probable que fueran importantes, pues como «inquisidor primero» manejaba todos los fondos inquisitoriales entre 1814 y 1820 y la Inquisición valenciana tuvo la habilidad de conservar algunos bienes inmuebles hasta 1820. Nicolás nunca pasó apuros económicos como lo demuestran el hecho de que en su testamento dejase 350 escudos para un solemne funeral y las cláusulas de sus cuatro testamentos, donde aparecen algunos bienes inmuebles en Alfafar, Torrente y Picasent, bienes que, salvo pequeñas cosas («Lego a la Iglesia Parroquial de mi patria, Montejo de Salvatierra, Diócesis de Salamanca, todos los ornamentos, cáliz y demás perteneciente a mi oratorio privado»), terminarán en manos italianas:

«Lego a Doña Ignacia Esparraguera, viuda, que me ha servido de mujer de gobierno desde que fui a Barcelona, mil pesos, por una sola vez. Y a más la lego el usufructo de las tierras que tengo y disfruto en los términos de Alfafar, Torrente y Picasent, y compré, las unas de las monjas de la Trinidad, las otras del Hospital General, y las otras, que es un garroferal, de José González, maestro botero de Torrente. Y después de los días de la misma, estas propiedades o fincas pasarán en usufructo y propiedad a mi sobrino don Francisco de Sales Rodríguez Gallego, que está en el Colegio de Bolonia»169.

Si venimos calificando al licenciado Nicolás Rodríguez Laso, como «el último inquisidor de Valencia», es porque después de él ya no volvió a existir otro personaje con esa cualidad, para lo cual debemos aclarar las relaciones de la Inquisición propiamente dicha con la llamada «Junta de Fe», compuesta, en parte, por algunos personajes que habían sido familiares de la Inquisición de Valencia. Los principales fueron Miguel Toranzo (último inquisidor fiscal) y José Royo (secretario de la Junta de Fe, que nunca llegó a ser inquisidor de Valencia, aunque los revolucionarios de 1820 lo encarcelasen como tal), que protagonizarán la condena de Gaietà Ripoll, el infortunado maestro de escuela en Russafa, y su ejecución el 26 de julio de 1826. Actuaron como miembros de la Junta de Fe, que era un tribunal eclesiástico diocesano, creado por una carta pastoral del 16 de octubre de 1824 del arzobispo, el oratoniano Simón López García (1744-1831), recién ascendido desde el obispado de Orihuela (nombrado el 20 de junio y toma de posesión el 27 de septiembre de 1824), que no siguió los procedimientos de la Inquisición, la cual era un tribunal estatal fuertemente jerarquizado y siempre en sintonía con el gobierno. Sabido es que las Juntas de Fe actuaron al margen de una Inquisición, que de hecho no funcionaba y cuya existencia jurídica después de 1823 es bastante discutida, e incluso con la oposición del gobierno fernandino, quien veía en dichas juntas la encarnación de la extrema derecha política y religiosa. Para ver la ideología de la Juntas de Fe valenciana, basta recodar la actuación del fiscal Miguel Toranzo (nacido en 1770) en el período 1817-1819 en la Inquisición de Valencia y anotar su pobre currículum, presentado en 1814: «Procurador del Real Fisco: doctor don Miguel Toranzo y Ceballos, presbítero. Por gracia del Excelentísimo Señor Inquisidor General Don Ramón Josef de Arce, arzobispo de Zaragoza, en 19 de octubre de 1803 fue nombrado procurador de este Real Fisco. Es de edad de 44 años. Tiene el salario de 33 libras y 4 sueldos, reales de vellón 499 reales 32 maravedís. Tiene un beneficio en la Parroquial Iglesia de San Andrés Apóstol, del que percibe 1.500 reales»¹⁷⁰.

Toranzo era un funcionario muy servicial ante las necesidades de la Inquisición. Así, hemos visto que, ante la falta de receptor, ocupó interinamente la Receptoría de cuentas desde la instalación del tribunal hasta fin de julio de 1815, siendo el único que presentó las cuentas en el plazo oportuno, siéndole aprobadas. En recompensa, el Consejo de la Suprema lo nombró inquisidor fiscal de Barcelona¹⁷¹.

La Junta de Fe fue un sucedáneo de Inquisición en el que un auténtico inquisidor profesional, como Nicolás Laso, antiguo filojansenista, con casi cuarenta años de experiencia, difícilmente habría participado.

Sin duda, Laso fue el encargado de restablecer el mecanismo del aparato inquisitorial valenciano entre 1814 y 1820. Sus antiguas ideas reformistas (juez subdelegado de imprentas en 1805, director de la Casa de Misericordia de Valencia, nombrado por Francisco Saavedra el 2 de mayo de 1798) y filojansenistas (amigo de la condesa de Montijo), sus viejas amistades (duquesa de Almodóvar y arzobispo Compani), su moderación y prestigio personal (Académico de la Historia, de la de Bellas Artes de San Carlos y de la Sevillana de Buenas Letras) quizá, eran una ayuda para el restablecimiento del desprestigiado mecanismo inquisitorial. El 20 de agosto de 1814 una carta, firmada solamente por Laso, comunica que el tribunal está en funcionamiento «a fuerza de fatiga y actividad»¹⁷².

Pero hemos visto que los tiempos de la Inquisición de la Ilustración habían pasado y dejado paso a otros mucho más turbulentos y contradictorios. Escasa de dinero y de familiares con cierto nivel cultural e intelectual, la maquinaria inquisitorial fue degradándose y sus funcionarios del tribunal de Valencia, de servidores fieles del Estado, pasaron a ser hombres serviles del capricho de los prohombres del absolutismo fernandino, como el general Elío. La vorágine de la evolución histórica absolutismo-liberalismo de los nuevos tiempos desbordó al viejo ilustrado y decano inquisidor, el licenciado Nicolás Rodríguez Laso. Simbólicamente su muerte acaeció el año de la supresión definitiva de la Inquisición y en el mes en que se sacaron a pública subasta los bienes de la misma. Como buen capitán, el último gran inquisidor de Valencia sostuvo durante veintiséis años la nave y juntos pasaron a mejor vida en 1820.