El paso de Jovellanos y Meléndez Valdés por el Ministerio de Gracia y Justicia (1798)

Antonio Astorgano Abajo

Para los investigadores de Jovino, en especial para Don Gonzalo Anes, que indirectamente esclarecen la figura de Batilo.

Hace doscientos años que gobernó por espacio de menos de un año (noviembre 1797-agosto de 1798) un grupo de auténticos patriotas, hombres ilustrados y reformistas, como Saavedra, Jovellanos, Urquijo, conde de Ezpeleta o Meléndez Valdés. Las fuerzas de la reacción y las circunstancias adversas de una economía sometida a un férreo bloqueo por la Guerra contra Inglaterra los llevaron al fracaso, a la destitución y posterior destierro. Las presentes líneas quieren recordar este olvidado 98.

El ministro de Gracia y Justicia, Jovellanos, y el fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, Meléndez, apenas pudieron trabajar juntos seis meses en el ministerio, desde mediados de febrero hasta mediados de agosto de 1798.

Ministro¹ y fiscal formaron un «equipo muy compenetrado», puesto que, según Martín Fernández de Navarrete, todos los días despachaban dos veces, antes de comer y antes de cenar:

«Después de haber trabajado toda la mañana [Meléndez] iba a las dos y media a saludar a su tierno y fino amigo el Sr. Jovellanos (entonces Ministro de Gracia y Justicia), volvía a su casa, comía, reposaba media hora, se retiraba a leer, despachar y trabajar en su estudio, volvía por la noche otra media hora a ver al Sr. Jovellanos, y después hasta la cena de la noche, se encerraba a trabajar en su estudio»2.

Según Caso González, «la misión más importante que a don Gaspar se le encomendaba, o mejor dicho, que los nuevos ministros, Jovellanos y Francisco de Saavedra, recibían, impulsados por Cabarrús, apoyados por Godoy y respaldados por el Rey, era la de iniciar la desamortización y reformar la Inquisición. Dicho de otra manera, uno de los motivos de traer a Jovellanos al ministerio fue el deseo de Godoy de utilizar a un hombre de prestigio para implantar cierto liberalismo económico y preparar la desamortización, poniendo en práctica algunas ideas del Informe de Ley Agraria»³.

Son conocidas las terribles dificultades que el partido clerical les opuso, incluido el intento de asesinato, por envenenamiento, de Jovellanos y de Saavedra. Caso afirma: «Es totalmente seguro que antes de llevar Jovellanos un mes en el ministerio, y acaso mejor antes de los quince días, hubo alguien que tuvo la intención de asesinar por medio del veneno al nuevo ministro [...]. La consecuencia inmediata fue una grave gastroenteritis, de la que se encontraba bastante aliviado en la primavera de 1798. Poco después se le manifiesta la polineuritis, visible ya en La Granja a finales de julio o principios de agosto»⁴. Aunque no todos los historiadores están de acuerdo con la teoría del envenenamiento, hay unanimidad en que sus enemigos. con la reina a la cabeza, no les perdonaba nada y los atacaban inmisericordemente.

Fracasaron, a pesar de su gran valía, pues ministro y fiscal fueron cesados antes de un año, corriendo la misma senda del destierro, perseguidos por las fuerzas hostiles de la reacción, ya que nunca contaron con el apoyo incondicional de Godoy, el cual, por su parte, «nunca gozó de autoridad suficiente para dominar a los enemigos de la Ilustración», según afirmación de Richard Herr⁵.

Nunca sabremos la trascendencia del fracaso de la «generación de los ilustrados» (Jovellanos, Urquijo, Saavedra, condesa de Montijo, conde de Ezpeleta, Meléndez...), aunque su importancia histórica ya fue sugerida por Manuel José Quintana, conocido como «padre del liberalismo español», atento observador del nuevo equipo ministerial: «Entonces fue cuando se nombró a Jovellanos ministro de Gracia y Justicia, a Saavedra de Hacienda, y al conde de Ezpeleta gobernador del Consejo: tres hombres dignos, sin duda, y capaces de restaurar el Estado, si el Estado no hubiese tenido ya una enfermedad incurable, más poderosa que su capacidad y sus fuerzas»⁶.

Fue ante todo un grupo de patriotas, en el que no se miraba demasiado su profesión y en el que cabían eclesiásticos como don Antonio Tavira (1737-1807), nombrado obispo de Salamanca, el 14 de agosto de 1798, con la intención de reformar la vieja Universidad, e incluso inquisidores como el segundo inquisidor de Barcelona, don Pedro Díaz Valdés (1740-1807), elegido obispo de Barcelona, o el inquisidor fiscal de Valencia, don Nicolás Rodríguez Laso (1747-1820)⁷, nombrado director de la Casa de Misericordia de Valencia por Saavedra el 2 de mayo de 1798 (Ver apéndice 4).

Nunca sabremos si de haber triunfado los ilustrados en 1798, no habría existido la generación de 1898. Algunos de los regeneracionistas de fines del siglo pasado, como Joaquín Costa o Azorín, admiraban sinceramente a sus predecesores de un siglo antes.

Meléndez y Jovellanos eran dos personas de moral rigurosa («estrecha y severa filosofía», dirá Godoy en sus Memorias⁸ refiriéndose a Jovellanos) y les gustaba hacer las cosas con gran nivel de exigencia. Es conocida la repugnancia del asturiano hacia la bigamia de Godoy.

Después de examinar los procesos judiciales en los que intervino el fiscal Meléndez nos queda la sensación de que el Ministerio de Justicia (el ministro Jovellanos, el presidente del Consejo de Castilla conde de Ezpeleta y el fiscal Meléndez) hicieron un esfuerzo por aplicar la justicia con igualdad. Meléndez había dicho en el Discurso de apertura de la Real Audiencia de Extremadura que el fiscal era «abogado del público, órgano de la ley y centinela incorruptible entre el pueblo y el Soberano para mantener en igualdad sus mutuos derechos y obligaciones»⁹.

Pongamos dos ejemplos extremos. Por un lado, Meléndez no duda en pedir la pena de muerte para la Mendieta, hija de un colega magistrado, a pesar de las reticencias de un sector de la Sala de Alcaldes¹⁰. Por otro, la fiscalía se persona para acusar y hacer castigar duramente al violador de una niña pobre y huérfana¹¹.

La admiración de Meléndez por el oficio de fiscal había quedado patente en 1791 en el Discurso de apertura de la Audiencia de Extremadura. El afán por ser fiscal lleva a Meléndez a permanecer en la Corte durante el verano de 1797 y a viajar en numerosas ocasiones a Aranjuez, procurando justificarse de las acusaciones calumniosas e imprecisas que algunos propagaban en contra suya, las cuales le estaban obstaculizando el ascenso. Jovellanos, informado por sus amigos madrileños, llega a temer que el asedio de Batilo hacia Godoy se volviese contraproducente, por lo que le aconseja «que se vuelva corriendo a Valladolid» (Diario, 7 de julio de 1797); más adelante, el 27 de julio, se hace más apremiante, «clamándole» que «huya de la Corte a gozar de su buena reputación en el retiro de Valladolid»¹².

Esta constancia le hace al fin ganar la causa, puesto que el 3 de octubre recibe el aviso oficial de su nombramiento de fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, donde presta juramento el día 23. Poco después de tomar posesión, Meléndez vuelve a Valladolid, donde permanece hasta principios de febrero de 1798, según testimonio de Fernández Navarrete, recogido por Demerson: «volvió con licencia a Valladolid por unos días para arreglar sus asuntos domésticos y trasladar su casa a la Corte, y, por haberle acometido en este tiempo una fuerte reúma y por lo crudo del invierno, no pudo hacer su viaje hasta principios de febrero de 1798 para volverse a su destino»¹³.

El 10 de noviembre de 1797 el rey firma en San Lorenzo la «exoneración» de la Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia a Don Eugenio de Llaguno y nombra en sustitución a Don Gaspar de Jovellanos¹⁴.

El 13 de noviembre el extremeño recibe la grata noticia de que Jovellanos ha sido nombrado ministro de Justicia. El nuevo fiscal va al encuentro de su querido Jovino, con quien se reúne en La Robla el 17; por León y Medina de Rioseco llega el pequeño grupo a Valladolid y a casa del poeta, donde se apean el 19, a las doce y media de la noche.

Meléndez no se incorpora a su nuevo destino de fiscal de la Sala de Alcaldes hasta mediados de febrero de 1798.

Jovellanos se siente solo en el Ministerio. Necesita a todos sus amigos. Lamenta profundamente la rumoreada marcha de Cabarrús a la embajada de París. Anota en su Diario, el jueves, 16 de noviembre, «Yo al fin quedaré solo sin amigo, sin consejo y abandonado a mi pobre desalentado espíritu»¹⁵.

En numerosas ocasiones Meléndez adujo motivos médicos para posponer su incorporación a un nuevo destino¹⁶. Dudamos de muchas de esas enfermedades, pero creemos que, en esta ocasión, el extremeño realmente estaba enfermo, porque es difícil imaginarse ver partir a Jovino a su ministerio, «abandonado» de su Batilo, responsable máximo de la aplicación de la justicia penal de la Nación y del orden público de la capital del Reino, durante casi tres meses, desde mediados de noviembre hasta principios de febrero de 1798.

A principios o mediados de febrero. Meléndez llega a Madrid y, con un ardor que asombra a los que le rodean, se pone a trabajar. Aportemos el testimonio del discípulo Quintana, quien pudo observar personalmente al maestro, pues desde el 24 de diciembre de 1795 era fiscal de la Junta de Comercio y Moneda:

«Como la avanzada edad y achaques de su antecesor tenían muy atrasados los negocios de la Fiscalía, Meléndez se dio a despacharlos por sí mismo con tal actividad y aplicación, que no sólo le faltaba tiempo para otros estudios, mas también para el trato con sus amigos. Ofreciéronsele en la corta duración de su cargo causas graves y curiosas, donde hizo prueba de su juicio y de su talento; entre ellas la de la muerte de Castillo, cuya acusación fiscal corre en el público como un modelo de saber y de elocuencia. Éstas puede decirse fueron las últimas satisfacciones que tuvo en su carrera; y la suerte le preparaba ya el cáliz de aflicción que tiene siempre prevenido a los hombres eminentes, como para cobrarles con usura los pocos días que les concede de gloria y de alegría»17.

Muestra de la febril actividad desarrollada por Meléndez durante los siete meses en que fue fiscal en Madrid es el siguiente texto de Fernández Navarrete, basado en las confidencias de la viuda del poeta, doña María Andrea:

«Inmediatamente empezó a desempeñar sus obligaciones: su antecesor D. Josef Álvarez Baragaña18 era ya de bastante edad y enfermo, y por esto tenía atrasadísimo el despacho de los asuntos fiscales. Meléndez trabajó con mucho afán y asiduidad para dejarlos corrientes, y como todo lo hacía por sí, decía su agente fiscal, D. Ángel Barderas19, que no había visto hombre como él, que nada le dejaba hacer ni le mandaba cosa alguna. Su escribiente D. N. Pastor decía lo mismo, viéndolo trabajar día y noche. En el silencio de ésta hallaba el mayor desahogo y comodidad. La quietud de la noche (decía) es buena para trabajar»20.

La primera vez que encontramos la firma de Meléndez es el 14 de marzo, informando protocolariamente la petición, del 9 de marzo, del prior del Convento de Trinitarios, de un «Censo contra el oficio de Tesorero de la Sala con réditos de 660 reales anuales».

Por ironía del destino, lo más importante que conocemos de los casi veinticinco años que Meléndez estuvo dedicado a la carrera judicial, lo debemos al «corto tiempo que fue fiscal», porque tenernos la suerte de poseer las intervenciones más importantes de Meléndez ante la Sala de Alcaldes. Son siete obras, de temas variados, que en el volumen de los Discursos Forenses, publicado en 1821, ocupan 200 de las 300 páginas y son fuente imprescindible para conocer el pensamiento jurídico de la Ilustración española.

Desde mediados de junio parece claro el desmoronamiento del equipo ministerial de Jovellanos, con rumores de dimisión. El 10 de julio, Meléndez aparece en un certificado de esta fecha como subscriptor de un «donativo voluntario» de 3.000 reales. Respondía a la Real Cédula del 19 de junio de 1798 que solicitaba esta contribución «a las urgencias del Estado», y a la decisión de la Sala Plena, celebrada pocos días después, en la que, a pesar de la estrechez de los sueldos y de la carestía de los tiempos, «han acordado uniformemente todos los individuos de la Sala y el Sr. Fiscal contribuir cada uno con tres mil reales de vellón, por donativo voluntario, en el preciso término de los dos meses siguientes de julio y agosto».

El 27 de julio de 1798, Meléndez pronuncia la Acusación fiscal contra Basilio Casado, reo confeso de abigeato. Una requisitoria contra un vulgar ladrón de ganado. Es su último discurso forense en la Sala conservado.

Corren rumores de la caída inminente de Jovellanos. En agosto los ministros Saavedra y Jovellanos sufren desórdenes intestinales graves, que muchos sospecharon que se debieron al veneno.

El 25 de agosto, la Sala Plena acusa recibo de la destitución de Jovellanos, a través de la orden del Consejo, firmada por el Secretario, Bartolomé Muñoz, el 23 de agosto, «avisando haber exonerado S. M. al Excmo. Sr. D. Gaspar de Jovellanos y nombrado al Excmo. Sr. D. Josef Antonio Caballero». Alude al «Real Decreto, comunicado al Consejo en 16 de este mes, que fue publicado en él y acordado su cumplimiento en el día 20». Quizá fue la última noticia que Meléndez oyó como fiscal en un tribunal en el que tanta ilusión y trabajo había depositado, en medio de la soledad del que presiente el inminente cese y de algún desprecio de los colegas más conservadores que no le podían perdonar su ilustración profunda, claramente progresista, manifestada en sus intervenciones llenas de críticas a todo lo no conforme con la razón.

E1 27 de agosto de 1798 se comunicó a Meléndez sin previo aviso, la «Real Orden para que en el término de veinte y cuatro horas saliese de Madrid y se dirigiese en derechura a Medina del Campo, donde debería esperar las Órdenes de S. M.»²¹. No hemos encontrado registrada esta orden en el Libro de gobierno de la Sala.

A primeros de septiembre, el licenciado Bardera, en calidad de «Abogado-fiscal », empieza a firmar los informes de la Fiscalía.

El 7 de septiembre la Sala Primera firma la sentencia contra Manuel Carpintero, reo confeso de un robo de joyas, de diamantes y perlas hecho en la iglesia de la Almudena, para quien Meléndez había pedido la pena de muerte en la horca el 14 de junio, pero cuya publicación se retrasó por haber sido «consultado» al Rey, el cual la conmutó por diez años de presidio en Ceuta. Era la última sentencia atribuible, en gran parte, a Meléndez, que encontramos asentada en el Libro de Acuerdos. Reproducimos esta sentencia, por ser la última informada por Meléndez, por la complicación de los acontecimientos y el ruido del suceso y para apreciar el acertado criterio en la imposición de penas en función del grado de culpabilidad:

«Acuerdos de hoy, viernes, siete de septiembre de 1798, fechos por los señores, marqué de Casa García, ministro honorario del Consejo Real y decano de la Sala, don Manuel del Pozo, don Francisco de Urquijo, don Domingo Antonio de Miranda, don Josef Navarro, don Esteban Antonio de Orellana y don Manuel Pérez de Rozas, alcaldes de su Real Casa y Corte. El proceso del fiscal de Su Majestad, formado de orden del señor alcalde, don Francisco Policarpo de Urquijo, contra Manuel Carpintero, de 29 años, natural de la villa de Chinchón, casado , de ejercicio jardinero, vecino de Madrid, preso en la Cárcel Real de esta Corte, por el robo de diferentes alhajas, ejecutado a Nuestra Señora de la Almudena, la noche del 2 de junio de 1797, de que está confeso y se han recogido y restituido las alhajas. Por otros excesos estuvo antes procesado y preso el citado Carpintero. Y por sospechoso de alguna complicidad en el expresado robo está suelto, bajo Congregación, Roque Jacinto Díaz, y se hallan presas en villa y arrabales, María Marcos, prendera, Josefa Llort, que intervinieron en la venta de una de las alhajas robadas; Francisco Brown, Judas Tadeo Marín y Juan González, memorialistas, porque copiaron una carta dotal fingida por Carpintero, a fin de aparentar la pertenencia de parte de dichas alhajas. La Sala, en vista de todo, condenó a Manuel Carpintero a la pena ordinaria de horca y apercibió a los tres moralistas, Brown, González y Marín, imponiéndoles la multa de diez ducados al primero, cuatro al segundo, previniendo al tercero sea más cauteloso en el ejercicio de su empleo, por la intervención que todos tuvieron en la extensión de la hijuela supuesta. Y a la corredora Josefa Llort a la restitución del exceso de dinero que llevó demás a la compradora de lo entregado a Carpintero, privándola de su oficio por dos años y, apercibida, se aplique a otra ocupación más honesta, condenando a estos en las costas por sí causadas y a Carpintero en las demás, absolviendo libremente al crucero Roque Díaz. Consultada a Su Majestad, por su Real Orden de tres de este mes se ha servido conmutar la pena de muerte impuesta a Manuel Carpintero en diez años de presidio en el de Ceuta, llevándose en todo lo demás a efecto la sentencia consultada. Y se ejecute»22.

El 8 de octubre llega a la Sala la copia del Real Decreto de día anterior, fechado en San Lorenzo, por el que cesa el Gobernador del Consejo, conde de Ezpeleta, y se nombra uno nuevo, D. Gregorio de la Cuesta²³. Continuaba el desmantelamiento del equipo de gobernantes ilustrados. Ezpeleta había durado en el cargo menos de un año, pues la Sala había registrado su nombramiento el 8 de noviembre de 1797²⁴.

El 13de diciembre de 1798, el gobernador de la Sala comunica que el nuevo gobernador del Consejo, Cuesta, había nombrado el día anterior un sustituto en el puesto de Meléndez. Se trataba de uno de los magistrados rancios que, a pesar de tener el título de «Alcalde honorario de la Real Chancillería de Valladolid», nunca ejerció cargo alguno en dicho tribunal²⁵:

«Hallándose ausente Don Juan Meléndez Valdés, fiscal de la Sala, y a fin de que los graves negocios pendientes en ella, no padezcan atraso, he nombrado para fiscal interino, durante la ausencia de aquel, a Don Francisco López de Lisperguer, Alcalde honorario de la Real Chancillería de Valladolid. Lo que participo a Vuestra Señoría para su inteligencia y la de la Sala. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 12 de diciembre de 1798. - CUESTA. Sr. D. Antonio González Yebra»26.

En esa misma sesión, la Sala Plena acuerda la sustitución: «Señores de la Sala Plena: Téngase por Fiscal interino al Sr. Don Francisco López de Lisperguer y se haga saber a D. Ángel Díaz Bardera, Agente Fiscal, pase a dicho Señor Don Francisco López de Lisperguer todas las causas y papeles para su despacho».

El mismo día 13 se ejecuta el traspaso por medio del Secretario de Gobierno de la Sala, Sr. Palacio: «Yo, el infraescrito Secretario de S. M. y de Gobierno de la Sala, hice saber el decreto anterior a Don Ángel Díaz Bardera, Agente Fiscal de la misma Sala, que en el día despacha como Abogado Fiscal, de que quedó enterado. PALACIO»²⁷.

Pero el gobernador de la Sala, González Yebra, se encontró con la dificultad de que, según el reglamento, sólo podía asistir a las reuniones secretas quien hubiese jurado el cargo, cosa que no había hecho Lisperguer por no tener nombramiento real. El 18 de diciembre González Yebra dirige un oficio al presidente del Consejo de Castilla exponiéndole «la dificultad de no poder concurrir a los Acuerdos Secretos y demás asuntos del Fiscal sin que haga el juramento acostumbrado, para lo cual se debe presentar Real Título o Cédula de S. M. en el Consejo, como se verificó con el Sr. Don Manuel de Lardizábal, en virtud de la representación hecha a S. M. por el Sr. Conde de Campomanes, siendo gobernador del Consejo»²⁸.

El 18 de diciembre de 1798, el secretario del Consejo, Bartolomé Muñoz, envía a la Sala de Alcaldes la lista de los «Señores que han de componer las Salas para el año de 1799», en la que Meléndez sigue apareciendo como fiscal²⁹.

³⁰

similares que también es denominada «quinta sala del Consejo»³¹; que el gobernador es uno de sus consejeros; que él, como fiscal único, recién ascendido, es el máximo responsable de la justicia penal, de la paz y el orden en la capital de la monarquía. Meléndez sabía que su nuevo puesto era absorbente y desagradable, pero que solía durar poco, ya que lo normal era ascender muy pronto a alguno de los Consejos. Nuestro fiscal, que tan duramente había criticado la lentitud de la administración de la justicia en el Discurso de apertura de la Audiencia de Extremadura (1791), era feliz en un tribunal muchísimo más ágil que la encorsetada Chancillería de Valladolid, prácticamente con total libertad de actuación procesal, y se sentía con más responsabilidad para vigilar las posibles arbitrariedades que la rapidez de los sumarios podría generar. Quizá esto nos explica la hiperactividad y la severidad de algunas argumentaciones del nuevo fiscal de la Sala de Alcaldes.

A la dureza propia del cargo se le sumaron a Meléndez una serie de circunstancias adversas, que hicieron más difícil el ejercicio de sus funciones, como fue la de que los dos primeros juicios, contra los asesinos de Castillo y contra Marcelo Antonio Jorge, fueron dos parricidios en los que, inevitablemente, tenía que pedir la pena de muerte para los acusados. Por eso, el 23 de abril de 1798, día en el que ejecutaron a los asesinos de Castillo y en el que pronuncia la requisitoria contra Marcelo Antonio Jorge, se lamenta de su mala suerte:

«No sé, pues, qué singular acaso, que fatalidad desgraciada ha podido hacer que las dos veces que he hablado en este augusto lugar haya de haber sido persiguiendo un delito que hace estremecer la Humanidad, un delito ni aun de las mismas Fieras más indómitas y crueles. Parece que estaba reservado a mi compasivo y tierno corazón este género amargo de probarle, haciéndome comprar a tanta costa, y pagar con mis lágrimas el alto honor de sentarme entre Vuestra Alteza a doctrinarme con su sabiduría y participar de su gloria»32.

Recientemente hemos descubierto dos breves «informes forenses» del fiscal Meléndez que denominamos: Informe contrario a la manifestación de los cuatro Evangelios por un mecanismo óptico, (Ver apéndice 1), datado el martes de Pascua, 10 de abril de 1798, e Informe sobre la postura del vino, (Ver apéndice 2), fechado el 17 de mismo mes y año, con los que no duda en enfrentarse a la Inquisición y al Consejo de Castilla: con el primero evita una concentración de adoctrinamiento religioso a cargo de un notario de la Inquisición, y con el segundo pretendió que se aclarase la ruinosa situación de los abastos madrileños, arbitrariamente manipulados por el Consejo.

En la defensa de sus funciones no duda en enfrentarse al Consejo de Castilla. Por ejemplo, en el Informe sobre la postura del vino vemos al fiscal Meléndez representar ante dicho Consejo, que había ordenado la publicación de un bando en el que quedaba comprometida («inconsecuente») la postura de la Sala de Alcaldes: «el fiscal cree que la Sala está en necesidad de representar al Consejo [...] reclamando este ejemplar así por la conservación de sus derechos como por las consecuencias que puede tener para lo sucesivo».

Consideramos «muy ilustrados» los dos breves informes, en el sentido de ser la respuesta contraria, claramente enfrentada, a las posiciones conservadoras del Consejo de Castilla y de los sectores eclesiásticos tradicionales.

Como diría Maravall, se insertan en la polémica ideológica, «en la que los partidarios de la novedad parten de que una sociedad puede ser reformada, barriendo de ella las sombras del pasado y alumbrándola con la luz de la razón»³³.

De ambos informes deducimos que el fiscal se siente fuerte y con fe en la reforma de las costumbres y de los obstáculos económicos, lo que le permite oponerse a un proyecto de divulgación religiosa de un notario de la Inquisición, apoyado por el diputado eclesiástico y el alcalde de barrio, y representar contra la forma de las órdenes que el mismo Consejo de Castilla estaba tomando respecto al precio del vino.

Se nos muestra un Meléndez pedagogo, muy crítico ante prácticas sociales de signo tan distinto como el religioso y el económico, que busca una sociedad mejor y «desengañar al Pueblo sobre la injusticia», tomando por guía la razón. Es clara la finalidad de educar a «toda» la sociedad para regenerarla. Habla de «legos» y de «público». No parece distinguir entre «pueblo» y «plebe» o «vulgo» como hablan algunos estudiosos actuales.

El equipo ministerial de Jovellanos, acusado de poca actividad durante los meses de su ejercicio, tuvo en el fiscal Meléndez a un personaje muy trabajador y valiente, que se ganó, por sí mismo, el odio de los anti-ilustrados. Hubo algo más que la simple amistad de Jovellanos para justificar la pertinaz hostilidad del nuevo ministro de Gracia y Justicia, José Antonio Caballero, contra el fiscal Meléndez, viejos conocidos de muchos años como colegas en el claustro salmantino.

El gobierno ilustrado sufrió la oposición constante y creciente de las fuerzas conservadoras que se oponían a los cambios, sobre todo a partir de la dimisión de Godoy a finales de marzo de 1798. Todas las opiniones de los contemporáneos acusan a Caballero de ser la causa del destierro de Batilo, exclusivamente por razones políticas del momento y nunca se alude a viejos enfrentamientos personales. El ministro de Gracia y Justicia maltrató con especial dureza al fiscal Meléndez, desde el ministerio y a través de un proceso inquisitorial, y si no llegó al mismo grado que a Jovellanos, parece que se debió a la intercesión de Godoy.

Quintana apunta dos causas en el cese del fiscal Meléndez: la villanía de los elementos antijansenistas y la envidia de otros magistrados que deseaban su puesto. No da nombres, pero podemos concretarlos en el ministro Caballero y en su sustituto en la Fiscalía, Francisco López de Lisperguer: «Uno de aquellos hombres que, ejercitándose toda su vida en obras de villanía y perversidad, no logran subir al poder sino por el escalón de la infamia; de aquellos para quienes la libertad, el honor y aún la vida de los otros, lo justo y lo injusto, lo profano y lo sagrado, todo es un juego, y todo les sirve como de instrumento a su codicia, a su ambición, a su libertinaje o su malicia, proyectó consumar la ruina de Meléndez para hacer este obsequio a la Corte, con quien le suponía en guerra abierta, y ganarse las albricias de la destrucción de un personaje desgraciado. Siguióle con esta dañada intención los pasos, calificando y denunciando como intrigas peligrosas las visitas que él y sus amigos se hacían [...]. Por otra parte, el destino de Meléndez era apetecible, estaba suspenso, y la ocasión convidaba. Todo, pues, conspiro a inclinar la balanza en daño suyo»³⁴.

Dejemos a Lisperguer y fijémonos en el odio de Caballero hacia el poeta. Quintana sólo da una causa muy vaga: «proyectó consumar la ruina de Meléndez para hacer este obsequio a la Corte, con quien le suponía en guerra abierta, y ganarse las albricias de la destrucción de un personaje desgraciado».

La etopeya que nos da Quintana del ministro Caballero coincide con el convencional y revelador retrato que le pintó Goya en 1807 (Szépmüvészeti Múzeum de Budapest): una fisonomía siniestra, arrogante y mezquina. Pero sospechábamos que podía haber algo más en el odio personal entre Caballero y Meléndez. Efectivamente, la sombra maléfica de Caballero se proyectó más de cuarenta años sobre Meléndez, desde el ingreso en la Universidad de Salamanca en 1772 hasta el destierro francés en 1813.

El ministro de Gracia y Justicia desde 1798 hasta 1808, José Antonio Caballero, nació en Aldeadávila de la Ribera, diócesis de Salamanca, hacia 1750 y murió en 1821. De oscura ascendencia, de muy baja estatura, medio ciego y de carácter intrigante, es el máximo representante de la reacción durante la segunda parte del reinado de Carlos IV. Servil a Godoy y a la reina María Luisa, no cejó hasta desterrar o encarcelar al grupo de ilustrados que subió al poder en 1797, entre los que se encontraba Meléndez. El extremeño ya no se librará de la sombra del funesto marqués de Caballero, pues, habiéndose declarado éste claro partidario de Napoleón, Meléndez lo tuvo de compañero en el Consejo de Estado josefino.

Nos fijaremos sólo en la etapa anterior a 1789, en los largos años de convivencia de ambos como alumnos y catedráticos en la Universidad de Salamanca.

Por estos años existía en el Claustro la división en dos bandos, manifiestamente enemigos, entre los partidarios de las reformas, capitaneados por Ramón de Salas y Meléndez, y los inmovilistas, dirigidos por el catedrático de Derecho y censor regio, Vicente Fernández de Ocampo, al que se adscribía claramente, aunque agazapado como todos los trepadores, José Antonio Caballero³⁵, quien era bachiller en Leyes desde 1774 y licenciado en 1776. Por ironía del destino, Salas, natural de Belchite (Zaragoza), y Caballero, pertenecientes ambos a familias moderadamente acomodadas, se doctoraron en Leyes en un mismo acto el 17 de diciembre de 1776³⁶. Meléndez (bachiller en Leyes en 1775, licenciado en 1782 y doctor en 1783) y Caballero eran profundos conocedores del mundo universitario y de sus intrigas, pues el futuro ministro de Gracia y Justicia fue quien aprobó el Nuevo Plan de Estudios para la Universidad de Salamanca y demás Universidades del Reino en 1807.

El bando progresista está formado por hombres calificados de tolerantistas, poco religiosos, regalistas, filósofos y jansenistas³⁷. En el bando inmovilista están los principales oponentes a Meléndez en las disputas científicas planteadas en el Claustro universitario, destacan los nombres considerados por Batilo como despóticos, intransigentes, opresores, fautores de la ignorancia, inmovilistas y reaccionarios³⁸.

Los Libros de Claustros están plagados de incidentes entre ambas posturas. Fernández Ocampo, censor regio, boicotea en la Junta de Derechos todos los debates que el grupo progresista plantea sobre Filosofía y Derecho que se saliesen del rancio Derecho Romano. Por ejemplo, el que, en diciembre de 1785, el Dr. Salas pretende presidir sobre unas conclusiones de Derecho Natural en la Facultad de Leyes. Lo sorprendente es que el futuro ultrarreaccionario José Antonio Caballero parecía estar en la corriente de Meléndez, de manera que ambos se atreven a defender materias de Derecho Natural, el primero el 24 de noviembre de 1785 y Meléndez Valdés, el 16 de febrero de 1786, «de legibus naturalibus». En contraposición está el Dr. Fernández Ocampo, partidario del Derecho Romano, quien, por ejemplo, en 12 de mayo de 1786, defendió «de mendicatione»³⁹.

Aludamos a las confrontaciones que más directamente afectaron a Meléndez.

El enfrentamiento más conocido es el motivado por la defensa de las ideas de Beccaria en mayo y junio de 1784, cuando Nicasio Álvarez Cienfuegos, dirigido por el extremeño, pretendió, infructuosamente, defender unas conclusiones «sacadas literalmente» del libro de Lardizábal. El grupo de Meléndez Valdés defenderá estas y algunas otras proposiciones en la Facultad de Derecho en apoyo del humanitarismo penal, siguiendo la orientación del Fiscal del Consejo, Manuel de Lardizábal, quien, en 1782, había publicado un Discurso sobre las penas contraídas a las leyes criminales de España, para facilitar su reforma, siguiendo la orientación de la obra de Beccaria, Tratado de los Delitos y de las Penas, que fue traducido al castellano en 1774 en Madrid por D. Juan Antonio de las Casas, incluyéndose en el índice expurgatorio por edicto de 20 de junio de 1777⁴⁰.

En el curso 1784-85 los dos grupos se enfrentan por el injusto, arbitrario y clasista sistema de oposiciones a cátedras, dominado por los inmovilistas que no permiten la más mínima novedad. El tortuoso Caballero, que no era catedrático, sino sólo moderante de la Academia de Derecho Romano, tuvo una etapa aparentemente progresista: llegó a votar, en el apasionado debate del claustro del 25 de junio de 1785, en contra de teólogos y canonistas que defendían «que no se innove nada», y a favor de una propuesta contraria de Salas y Meléndez, que salió derrotada⁴¹.

En el curso 1785-86, los dos grupos se confrontan por la elaboración del plan y constituciones de la Academia de Derecho Real y Práctica Forense y por la propuesta para director de la misma, llegando a examinarse dos redacciones, muy diferentes en concepción filosófica y planteamientos jurídicos, en el Claustro pleno del 25 de febrero de 1786⁴², una de Salas y otra de Ocampo. En este claustro, el dulce Meléndez, «enardecido y lleno de celo», llegó a perder los nervios:

«El Doctor Meléndez en su lugar, y viendo que un proyecto tan útil iba a sepultarse como otros por intereses y fines que él cree particulares, exclamó agriamente contra este abuso, [...], exclamó también agriamente sobre estos errores, y dijo que de ellos venía el que no estudiásemos ni adelantásemos, que era indispensable nos llegásemos a persuadir que necesitábamos estudiar mucho y desengañarnos [...]. Reconvenido por algunos, que tal tez se tendrían por agraviados, volvió a instar, y a declamar sobre ellos de que en su opinión viene todo el atraso de nuestras letras, íntimamente penetrado de que en el lastimoso estado de languidez en que nos hallamos, son indispensables expresiones fuertes y cauterios en vez de remedios , suaves [...]. Dijo que se pase nombrar director en este claustro por evitar intrigas y partidos, y que cuanto ha dicho y declamado lo ha hecho y hace siempre deseoso del verdadero lustre de la Universidad»43.

No reproducimos la intervención totalmente opuesta del Dr. Ocampo. Sólo el voto contemporizador de Caballero:

«E1 Señor Doctor Caballero dijo: Que se revea este papel [las proposiciones de Salas] por los mismos que lo han formado, con otros nuevos que la Universidad nombre, y que se revean las órdenes anteriores, y que se haga mención de la proposición del Doctor Ocampo, pues lo merece»44.

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Se aprobó el reglamento de Ramón de Salas, pero parece que no llegó a ser implantada la Academia. Continuó funcionando, pues, únicamente, en la Facultad de Leyes, la Academia de Derecho Romano, cuya Moderantía, a la que había optado Salas, fue concedida, en el Claustro pleno de 14 de mayo de 1784, al Dr. José Antonio Caballero por mayoría de votos⁴⁵. En ella permaneció hasta que fue nombrado alcalde del crimen de Sevilla, en 1787, cargo, ¡ironía del destino!, ocupado veinte años antes por la principal de sus víctimas, Jovellanos. Se da la circunstancia de que Salas es nombrado Moderante de la Academia de Leyes en sustitución de Caballero.

Resumiendo, Meléndez y Caballero militaban en cada uno de los dos bandos enfrentados existentes en el seno de la Universidad de Salamanca, donde convivieron unos quince años (1772-1787 ) durante los cuales no manifestó claramente su reaccionarismo el futuro ministro, sino que procuraba alagar las decisiones del Consejo de Castilla, de manera que, a veces, se alinea con los progresistas, lo que le valió ser nombrado alcalde del crimen de Sevilla por el Consejo de Castilla, presidido por Campomanes.

La animadversión de Caballero contra Meléndez y Jovellanos alcanza su cenit a fines de 1800, víspera de los dos destierros más arduos de ambos. El 26 de noviembre de 1800, Godoy escribe en una carta confidencial a la Reina, citada por Caso: «Caballero me instruye de varios manejos de Meléndez Valdés. Yo no sé nada, pero lo creo todo, según las pruebas que me han dado anteriormente, y debe averiguarse por si, como creo, tiene relación con Jovellanos y Saavedra»⁴⁶.

Jovellanos y Meléndez eran los polos opuestos a la Inquisición y al partido clerical de Caballero. Pensaban que los hábitos y las creencias del pueblo debían ser depurados y sometidos a la estimación racional mediante la acción configuradora de la educación. Por eso desconfiaban de la manipulación ideológica con que se exponía el cristianismo por auténticos charlatanes.

Como buenos ilustrados, su catolicismo era interior, intelectual, abierto, tolerante, austero y sencillo. Jovellanos y Meléndez, como buenos filojansenistas, fueron partidarios de interiorizar la religión, reduciendo al máximo las ceremonias y las manifestaciones exteriores de la piedad propias del Antiguo Régimen, que, en el fondo, impedían la evolución hacia una sociedad más justa.

Para comprender el rápido desalojo del poder de los ilustrados Meléndez y Jovellanos, además del odio de la Reina, de la Inquisición y del partido clerical, ya aludidos, nos fijaremos en una importante causa económica, menos resaltada, que fue pretexto suficiente en favor de los reaccionarios: las dificultades económicas y comerciales que originó la guerra contra Inglaterra (1796-1802).

Al juzgar la eficacia del gobierno ilustrado de 1795 no se debe olvidar el ambiente económico, muy depresivo, de severa economía de guerra, en que tuvo que desarrollar su labor. Richard Herr sintetiza la situación: «Lo más urgente, en 1798, era la crisis fiscal de la Corona, que resultaba de las guerras. El déficit originado por los gastos bélicos se agravó con la disminución de los ingresos en las aduanas, provocada por el bloqueo británico de los puertos españoles [...]. La crisis fiscal socavaba el crédito de la Corona y la cotización de los vales bajaba de una manera alarmante. Los ministros y el propio Carlos IV temían por la estabilidad de la monarquía»⁴⁷.

La contracción del comercio interior debió ser grande por el bloqueo que los ingleses imponían a nuestros puertos, por las medidas mercantilistas que inmovilizaban las escasas cosechas de la meseta castellana y por la carestía de los precios iniciada en 1795, mantenida en 1798, que estrechaba las débiles economías domésticas de los madrileños, los cuales redujeron el consumo de productos a los estrictamente imprescindibles para sobrevivir.

Esta situación de consumo depresivo se confirma en las actas de la Económica Aragonesa. Llaman la atención los diversos experimentos para encontrar alimentos alternativos, como el pan de patatas y el de cebada. En la clase ordinaria de Agricultura del 6 de noviembre de 1797 se examina un artículo del número 85 del Correo Mercantil «que trata del método del mejor modo de emplear la cebada en alimento del hombre»⁴⁸.

La clase extraordinaria de Agricultura del 21 de febrero de 1798 plantea sustituir el trigo por las patatas: «consideró [la clase de Agricultura] que en el presente año, en que no se han sembrado muchas tierras o que aunque se hayan sembrado es muy probable que no haya cosecha por falta de aguas, se podría acopiar una porción de papas para repartir gratuitamente a los labradores que quisieran aprovechar estas tierras empleando esta simiente»⁴⁹. Uno de los mayores defensores del cultivo de las patatas en Zaragoza era el marqués de Ayerbe, quien sólo pudo vender a la Aragonesa unas cuarenta arrobas⁵⁰. También se editó un folleto con instrucciones para su mejor cultivo: «A fin de promover y extender el cultivo de las papas, que la Sociedad tiene acopiadas, pareció a la clase conveniente darles a los labradores el método más sencillo y claro de sembrarlas. Y con este motivo encargó al Señor Baranchán se sirviese hacer un extracto de la Memoria de Doile sobre el cultivo de las papas»⁵¹. El 23 de marzo estaba impreso «el papel sobre el cultivo de las papas [...]. Y se hizo distribución a los señores concurrentes y se quedó en repartirlos a los labradores y demás sujetos que quieran propagar el referido cultivo»⁵². Entre los premios que propone la clase de Agricultura para 1799 están cinco premios de 5 pesos para el labrador que demuestre haber recogido, al menos, 100 arrobas de papas⁵³.

La guerra contra Inglaterra comenzó el 6 de octubre de 1796. Fue el error capital de Godoy y causa de la ruina de España. Era secretario de Guerra el futuro afrancesado y amigo de Meléndez, Josef Miguel de Azanza.

Los ingleses, desde que España firmó la Paz de Basilea, expropiaban todas las mercancías españolas a bordo de los barcos neutrales que detenían en alta mar. La defensa del mercado hispanoamericano fue una de las bases de la alianza franco-española, concluida por el tratado de San Ildefonso (19 de agosto de 1796), que condujo, mes y medio más tarde, a que España declarase la guerra a Inglaterra. Mientras el gobierno de España contemporizó con los franceses, tuvo de enemigo a Inglaterra. En las colonias se vivía en perpetua alarma; además de la constante propaganda inglesa contra la metrópoli en favor de la emancipación, se tenían las sospechas de que «los herejes» intentasen algún golpe de mano contra alguna provincia americana⁵⁴.

En pocos casos una guerra exterior influyó tanto en la vida de todo ciudadano como la guerra contra Inglaterra de 1796-1802, puesto que el bloqueo marítimo de la poderosa flota inglesa, mandada por Nelson, inmovilizó el Comercio exterior y obstaculizó gravemente la conexión interior entre los diversos puestos españoles, ya que los ingleses bloqueaban el puerto de Cádiz y ocupaban enclaves en las Canarias y en Baleares. De hecho, la Corona llegó a ser insolvente. La guerra contra Inglaterra introdujo notables distorsiones económicas en el Comercio, en las finanzas estatales, en los abastos municipales y en el bolsillo del consumidor. Los puertos españoles se resentirán de falta de movimiento. La poderosa Inglaterra cerró los caminos a todo comercio y quebrantó los negocios florecientes de los burgueses catalanes realizados desde el desencadenamiento de la Revolución francesa, como ha demostrado Vicens Vises al estudiar las recaudaciones por derecho de peritaje en el puerto de Barcelona, cuyo movimiento de mercancías cayó por debajo, del nivel que tenía antes de 1760⁵⁵. El de Cádiz perderá entre 1796 y 1798, mil millones de reales, al estar prácticamente sitiado por la escuadra inglesa.

Todos los estudiosos de la política comercial formulaban la premisa de que «el Comercio es una guerra de paz». Por ejemplo, Giovanni Sappetti o Miguel Dámaso Generés⁵⁶. El bloqueo de la guerra se desencadenó cuando los estudios sobre el Comercio parece que estaban en auge, como demuestra la propuesta de premios de la Económica Aragonesa para 1796. La clase de comercio, celebrada el 21 de diciembre de 1795, bajo la presidencia de Normante, propuso un premio de 60 pesos «al que en un discurso demuestre los efectos que causan al Comercio de Aragón las aduanas puestas a la entrada de Navarra y proponga los mejores reglamentos que convenga adoptar en este punto sin perjuicio del Real Erario. Otro de 50 pesos a quien exponga y manifieste en un discurso las máximas que conviene adoptar acerca de la balanza mercantil. Otro de igual cantidad a quien describa mejor el estado de los caminos y posadas del reino y proponga los medios mejores y más adaptables para perfeccionar este ramo de policía. Otro también de 50 pesos a quien exprese y demuestre mejor en un discurso las causas del crédito y descrédito mercantil respectivas al Comercio interior y exterior y proponga los medios de aumentar y asegurar dicho crédito en lo posible»⁵⁷.

Al año siguiente, junta de la clase de Comercio del lunes 19 de diciembre de 1796, se convocan dos premios:

«Un premio de medalla de oro, patente de socio de mérito y 25 doblones a cualquiera que en un escrito manifieste mejor el estado del Comercio actual de Aragón con relación a las provincias de España y extranjeras. Se han de exponer en él las materias que salen en crudo y sin beneficiarse, como lanas, sedas, cáñamo y otras varias; e igualmente las que salen ya manufacturadas. Asimismo las que vienen de las mencionadas regiones ya labradas y sin labrar. En dichas relaciones deberán incluirse también los productos de los tres reinos, animal, vegetal y mineral, y por consiguiente los ganados de todas especies, los granos de todas las calidades, trigos, arroces, judías, etc., y los hierros, cobres, estaños, plomos y otros metales. Se desea, asimismo, una noticia de las ferias y mercados que hay en Aragón y la utilidad o perjuicio que resulta de ellas. Últimamente, después de estos antecedentes, expondrá el autor los medios de promover un Comercio activo y lucrativo, y determinará si uno de ellos será el establecimiento de consulado de Zaragoza como el de Burgos por ser más análogo a este país, y probará, por fin, si las aduanas interiores son o no estorbos y trabas a nuestro Comercio, indicando los medios de quitarlas, caso de que lo sean».

Respecto a los premios convocados el año anterior, se repite el del estado de los caminos y posadas, y se suprime el de la balanza mercantil⁵⁸.

La parálisis comercial provocada por la guerra, como veremos, afectó desde la Casa Real al humilde consumidor de un cuartillo de vino en la más   -1020-   mugrienta taberna. Particularmente, la Aragonesa se vio obligada a prescindir de uno de sus mejores docentes, pues una Real Orden de 13 de septiembre de 1796 destina al ingeniero militar y catedrático de Matemáticas, Luis Rancaño, al acantonamiento de tropas de Extremadura⁵⁹.

El 14 de febrero de 1797, Inglaterra destruyó gran parte de la flota española en aguas del Caco de San Vicente, cuya consecuencia más funesta fue impedir el Comercio con las posesiones americanas (se apodera de la isla Trinidad en febrero y ataca a Puerto Rico en abril) y el bloqueo de Cádiz (11 de abril). Se cortó casi por completo una de las más importantes vías de ingresos del erario público, el cual sin las rentas y tributos americanos iba agotándose. Los barcos ingleses navegaban a lo largo de la costa e impedían el intercambio entre las provincias litorales de España, con las colonias de América y con los pueblos comerciantes de Europa. No procede enumerar los productos afectados por este bloqueo, como granos y harinas, pescados frescos, salados y en escabeche, y vinos, aguardiente, y vinagres. El único producto que no resultó afectado fue el de la lana, pues, según Herr, «los ingleses permitieron cuidadosamente que Bilbao continuase exportando lana de merino a Inglaterra»⁶⁰. Los abastos fundamentales sufrieron el bloqueo y las consecuencias afectaron a todo el sistema.

Creó un malestar generalizado contra Godoy, el cual dimitirá el 28 de marzo de 1798.

La administración colonial fue de mal en peor, de tal manera que José Ingenieros afirma que «no había error en afirmar que el puerto de Buenos Aires, en vísperas de la Independencia, era una colonia de contrabandistas, de la meteduría [contrabando] lucraban desde los virreyes hasta los esclavos, y todos con perjuicio del erario»⁶¹.

En diciembre de 1797, Bonaparte regresaba a París como triunfador y se hacía cargo de la política extranjera del Directorio.

En Gran Bretaña cayó el gobierno de Pitt, que fue sustituido por el moderado Addington, y el 27 de marzo de 1802 se firmaba la paz de Amiens entre Francia, Inglaterra, Holanda y España. Se recupera la isla de Menorca y se confirma la pérdida de Trinidad.

Sólo a partir de ahora, España intentará recuperar el monopolio del Comercio con la América hispana. Pero ya era tarde. En contra de los dueños del monopolio tradicional, las doctrinas de Adam Smith reclamaban la facultad de vender los frutos del país a todas las naciones como un derecho natural de la tierra misma.

El 4 de octubre de 1802 se celebra el matrimonio del príncipe de Asturias con su prima, la infanta María Antonia, y, en reciprocidad, el heredero del trono de Nápoles se unía a María Isabel de Borbón, hija de facto de Godoy. Barcelona se convierte durante algunas semanas en la capital del reino, al celebrarse allí ambas bodas con gran derroche. Pero por el momento no importa. El dinero retenido en América, las mercancías y los metales preciosos comienzan a llegar. Los tributos y rentas acumuladas durante la guerra vierten ahora en las arcas de la Hacienda. Los sacrificios del consumidor español, uno de los cuales dio origen al Informe sobre la postura del vino de Meléndez, era derrochado por la Corte, mientras Jovellanos y Meléndez permanecían desterrados en Mallorca y Zamora respectivamente.

Desde que había comenzado la guerra, Godoy y, posteriormente, Saavedra y Cayetano Soler venían dictando una serie de normas y reformas cuya senda lleva constantemente a Hacienda. A principios de 1798, el Gobierno buscaba dinero por todas partes. El 21 de febrero, Carlos IV decretó que todas las casas de los propios de las Municipalidades fuesen sacadas a subasta pública.

El l0 de febrero de 1798 el general francés Berthier estaba a las puertas de Roma dispuesto a acabar con el pontificado.

En marzo, José Nicolás de Azara, amigo de Napoleón y nuestro mejor diplomático, accede a la embajada de París con la finalidad de mejorar la política exterior.

El 8 de marzo, se fundó la Caja de Amortización y en adelante todos los capitales de desamortización serían depositados en ella.

El 24 de abril de 1798, el Consejo publica otra orden por la cual se le reclamaban a los pósitos 17 maravedís por fanega, sobre los fondos sobrantes, en concepto de préstamo reintegrable al 3 por 100, para socorrer a las necesidades urgentes de la Real Hacienda.

En mayo de 1798, Napoleón partía de Toulon con destino a Egipto. El 20 de julio derrota a los mamelucos en la batalla de las Pirámides y entra victorioso en el Cairo. El 1 y 2 de agosto de 1798, Nelson destruye la flota francesa en la rada de Abukir, dejando al ejército francés aislado, en Egipto y afianzando su dominio en el Mediterráneo.

En mayo, el gobierno trató de obtener, infructuosamente, prestados tres millones de florines en Amsterdam. Ese mismo mes volverá reclamando a todo patriota el conocido «donativo voluntario», al que Meléndez contribuyó con 3.000 reales.

E1 23 de mayo de 1798 las medidas de ahorro llegan a la misma Casa Real, signo de la preocupante situación de la Hacienda Pública. Jovellanos, apoyándose en la Sociedad Económica Matritense, redactó o inspiró un Dictamen de la Sociedad Económica de Madrid a S. M. con motivo de las urgencias de la Corona, por la inevitable continuación de la guerra en el año de 1798, extendido por su individuo de número el Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos. Fue escrito a petición de Saavedra, ministro de Hacienda. Se exponen una serie de medidas para sanear el Real Tesoro y entre ellas algunas relacionadas directamente con la reducción de gastos de la Corona, que debieron disgustar enormemente a la caprichosa reina María Luisa y al resto de cortesanos. Se propone una «economía severa e inflexible» para reducir los enormes gastos de la Casa Real. Se afirma que tales gastos no bajan de 120 millones de reales, lo que significaba que la Casa Real consumía el 30 por 100 de la renta pública, lo que hoy llamaríamos el presupuesto de la nación. Plantea estudiar las medidas adecuadas para reducir claramente los gastos, empezando por la medida inmediata de «suprimir las jornadas o reducirlas, que por los ramos de alojamientos, de mesillas y de carruajes ocupan tanto lugar en los gastos de la Casa Real».

La Junta de la Económica Matritense, reconociendo que «V. M. sólo es quien puede determinar este sacrificio», destaca el valor ejemplificador que para el pueblo tendría tal medida: «La Junta no debe disimularle cuán poderoso sería, además de la economía pecuniaria y nada despreciable en las actuales circunstancias del día, el alivio tan grande que resultaría al público para el despacho de los negocios una comunicación más inmediata y más pronta entre los varios ramos del gobierno, la idea consoladora de que V. M. se asociase con sus privaciones a las que tiene que tolerar; y en fin, la presencia de V. M., siempre anhelada y siempre celebrada, todo concurriría en afirmar a V. M. aquel imperio de los corazones, el más firme y quizá el único apoyo de su autoridad»⁶². Tímidamente asoma el principio de la Hacienda liberal que pretende someter los gastos de la Casa Real a unas consignaciones presupuestarias.

Los vales reales emitidos en febrero de 1795 se depreciaron entre 15 y 20 por 100 en 1797 y entre 17 y 25 por 100 en 1798 por bajo de la par, de manera que en mayo de 1798 se nombró una junta de economistas, uno de ellos fue Cabarrús, para estudiar la manera de poner fin a la devaluación. Se suceden los decretos con medidas económicas que no mejoran la situación, de modo que los vales reales se descontaban en abril de 1799 casi por la mitad de su valor⁶³.

La isla de Menorca es tomada por los ingleses el 10 de noviembre de 1798, dificultando gravemente el comercio costero como demuestra la Real Orden de 10 de febrero de 1799 que ordena apresar y vender los «buques mahoneses», depositando su valor en la Caja de Amortización para devolver su valor a los dueños «al tiempo de la reconquista»⁶⁴. Otra Real Orden del 23 del mismo mes prohíbe «toda comunicación directa o indirecta con los naturales de aquella isla»⁶⁵.

Como la comunicación a través del Mediterráneo era casi imposible, no podía ser más oportuno el proyecto de navegación por el Ebro hacia el Cantábrico, presentado por el célebre canónigo, Juan Antonio Llorente, nombrado socio de la Aragonesa el 6 de enero de 1797, examinado en la junta del 10 de febrero:

«Viose un proyecto que ha remitido el Sr. Socio Dr. D. Juan Antonio Llorente, canónigo de Calahorra, sobre el modo de navegar el Ebro con barcos pequeños para el mas cómodo y útil transporte de nuestros aceites a aquellas partes de Castilla y el retorno de trigos, cuyo proyecto se acordó pasar a la clase de Comercio para que lo examine y diga su dictamen a la junta general»66.

La clase de Comercio celebrada el lunes 20 de febrero examina el proyecto de Llorente, la cual

«entiende que aunque no es nuevo este pensamiento (pues ya otras veces se ha tenido presente) con todo es digno de la mayor atención por las grandes ventajas que habrían de resultar de su ejecución. El autor de este proyecto propone las dificultades que se encuentran en el Ebro para navegarlo desde Tudela hasta Calahorra. Logroño y más allá; y propone asimismo los medios de vencerlos, pero a la Junta le parece que dichas dificultades y obstáculos son, sin duda, mayores de los que el autor se ha propuesto. Y acaso es este el motivo por que los que al presente hacen tráfico por el río con barcos, no pasan de Tudela arriba, siendo así que muchos años se hallan los granos muy abundantes y baratos en la Rioja y tierra de Almazán y a precios muy altos en Aragón, como sucede en este año, cuyo transporte si se hiciese por agua nos proporcionaría el tener en esta ciudad los trigos de aquel país a precios muy moderados y al mismo tiempo los conductores sacarían grandes utilidades con solo el transporte. [...] Es sentir la clase sería muy oportuno el que se hiciese el reconocimiento del Ebro desde Tudela hasta Miranda. Para lo cual hay , en esta ciudad prácticos inteligentes que hacen oficio de bajar por el río hasta Tortosa con llandres y balsas de pipas [...], para que, observando de nuevo las presas y demás obstáculos, mediten al mismo tiempo el modo de vencerlos. Y hecho todo lo presenten a la Sociedad para tratar nuevamente el asunto, pues, aun cuando se lograse solamente en este reino el comercio de importación por el Ebro de los granos y otros efectos que vienen al lomo de aquellas partes, serían para ambos países unas ventajas incalculables como se infiere de los datos siguientes: la conducción de cada cahíz de trigo por el río desde Zaragoza a Tortosa cuesta, al presente, nueve reales de plata. Y este mismo trigo conducido en carretas cuesta 30 reales de la misma moneda, y aún costaría mucho más conducido a lomo»67.

Ante las dificultades siempre surgen profesionales desaprensivos que abusan de la situación, como el gremio de los llamados «corredores de oreja» de Zaragoza, por lo que la junta general de la Aragonesa del 12 de mayo de 1797, a petición de la clase de Comercio, decide «hacer una representación al Real Acuerdo» de la Audiencia, cuyo regente Puig de Samper era asimismo director de la Aragonesa ese año, remitiéndole las ordenanzas y arancel del gremio para que las cumplan y reforme las perniciosas. También se hace otra representación a la Real Junta de Comercio en el mismo sentido⁶⁸. El 20 de octubre el Consejo de Castilla pide a la Audiencia de Aragón el expediente de los «corredores llamados de oreja»⁶⁹. En la junta general del 20 de abril de 1798 se leyó la minuta de representación redactada por Normante⁷⁰.

Una Real Orden de 18 de noviembre de 1797, dada la gravísima situación del transporte marítimo de la flota española, legaliza el contrabando para que los barcos neutrales puedan suministrar mercancías a las provincias americanas y volver con los productos de las colonias. De este comercio se beneficiará en primer lugar la Marina de los Estados Unidos, ante la envidia de los socios de la Aragonesa.

El 19 de septiembre de 1798, el nuevo ministro interino de Hacienda desde mayo, Miguel Cayetano Soler, (Palma de Mallorca 1746-Malagón 1809), propone al Rey la firma de cuatro decretos por los que se ordenaba la enajenación de todos los bienes pertenecientes a obras pías, hospitales, capellanías, hospicios, colegios mayores, casas de misericordia y demás instituciones religiosas. Esta desamortización tuvo bastante importancia, pues se vendió un sexto de los bienes de la Iglesia y descapitalizó de tal manera a la Inquisición que la dejó herida de muerte⁷¹.

Como todas estas medidas no eran suficientes para solucionar los problemas económicos y fiscales del Estado causados por la Guerra, el rey nombró, en mayo, una junta para estudiar la situación financiera, compuesta por el conde de Cabarrús, José Canga Argüelles, Miguel Cayetano Soler, un representante del Banco de San Carlos, uno de los Cinco Gremios Mayores, y otros. La junta propone al gobierno la utópica solución de un «donativo voluntario», solo concebible dentro de la mentalidad confiada en la bondad humana, propia de unos filósofos ilustrados más que de políticos pragmáticos. Los resultados de este «donativo voluntario» fueron decepcionantes, como era lógico esperar.

Detengámonos unas líneas en este acontecimiento económico fiscal, el más importante ocurrido durante la fiscalía de Meléndez, visto desde la atalaya de la Económica Aragonesa, que contaba en su seno con el núcleo más importante de estudiosos de la economía del momento. Hernández Larrea trajo, a la junta general del 6 de julio de 1798, un oficio del Regente de la Real Audiencia, fechado el día anterior, en que remite ejemplares impresos de la Real Cédula de 19 de junio anterior «en que se mandan abrir dos subscripciones del Donativo voluntario y préstamo patriótico», y de la Carta Orden del Real Conejo de 23 del mismo mes sobre «los justísimos motivos que ha tenido S. M. para esta Real deliberación, con el objeto piadoso de no gravar a sus vasallos con contribuciones forzosas, siempre que los subsidios que pide alcancen a llenar sus Reales intenciones y ocurrir a las necesidades de la Corona, defensa y decoro de la Monarquía».

La respuesta de los socios fue de exaltada «generosidad, celo y patriotismo» y de «ardiente amor a nuestro benéfico Soberano», pero la colaboración financiera no pudo ser muy elevada porque «sus individuos lo son igualmente de otras Corporaciones distinguidas, a quienes igualmente se ha comunicado la circular Real». Se acordaron las siguientes medidas:

1ª) «Que para no embarazarse estos auxilios de unos Cuerpos a otros, haga la Sociedad un servicio común donando a S. M. el producto de la contribución anual de los socios perteneciente al corriente año de 1798».

2ª) Como la Tesorería contaba con escasos fondos, se resolvió formar una junta, compuesta de los tres oficiales (presidente, Hernández Larrea; censor 2º, Manuel Latorre, y secretario, Diego de Torres), y de Jorge del Río, bibliotecario, con la finalidad esencial de que redacte una carta, dirigida a los socios pidiéndole la cuota de 1798, destinada al citado «donativo voluntario».

3ª) «Asimismo se acordó que, desde luego, se conteste al señor Regente que se hará el mayor esfuerzo posible y que a su tiempo le avisará de la cantidad y plazo en que se deba satisfacer»⁷².

La junta de comisionados se reúne el 11 de julio en casa de Hernández Larrea y redacta una carta circular dirigida a los socios (Ver apéndice nº 3). Destaquemos el primer párrafo en el que se expone «la situación crítica que una larga guerra ha puesto a la Nación española, impidiendo la industria, la circulación del comercio y la conducción de los crecidos caudales que S. M. tiene detenidos fuera de la Península, lo que en el día es causa de que se hallen extremamente reducidos los productos de las rentas reales, mientras que por otro lado se acumulan y aumentan progresivamente los extraordinarios gastos con que es preciso atender a la defensa, decoro y prosperidad de la Monarquía». Después de señalar «la piedad del Rey», que no quiere gravar a sus vasallos con contribuciones forzosas sino con «el medio natural y suave de establecer el donativo voluntario y préstamo patriótico», y de reconocer que «la Sociedad ha experimentado de parte del Rey una protección y liberalidad sin límites», se propone «dentro de sus estrechas facultades [...], ceder o donar voluntariamente la contribución de sus individuos perteneciente al año 1798», en señal de «testimonio público de su amor y lealtad en que se cifra el verdadero patriotismo».

De este modo se evita la excesiva carga de la doble imposición individual ya que «los individuos lo son, al propio tiempo, de los Reales Consejos, Audiencias, Cabildos Eclesiásticos, Ejército, Universidades Literarias, Oficinas Reales y otras corporaciones distinguidas, a quienes se ha dirigido igualmente la circular Real».

La carta termina concretando el modo de cotizar los 60 reales de la anualidad de 1798: «como urge la entrega del referido servicio voluntario en común, [...] se servirá remitir a poder del Señor Tesorero, Don Martín Zapateo, los 60 reales de vellón de la anualidad corriente de 1798, destinada al expresado objeto»⁷³.

En la junta general del 16 de noviembre se resume la cantidad aportada por la Aragonesa al donativo voluntario: 5000 reales por la anualidad de 1798 como contribución colectiva de los socios, más 900 reales de tres afiliados (500 del Rector de Velilla de Ebro, 200 del catedrático de la Universidad, Judas Tadeo, y otros 200 del hacendado Manuel Lasierra). En total, sólo 5900 reales llegaron a manos del tesorero Zapater, íntimo amigo de Goya⁷⁴. Cantidad poco generosa, si tenemos en cuenta que cada uno de los miembros de la Sala de Alcaldes contribuyó con 3000 reales. Aunque en la carta se estimulaba la contribución individual, («se formará lista de contribuyentes y remitirá a S. M. con noticia de lo que igualmente hayan satisfecho por sí o en otros Cuerpos, para que se perpetúe en la memoria de nuestro magnánimo Soberano los nombres de unos patriotas tan nobles e insignes»), sólo 3 de los más de 80 socios cotizantes hacen una aportación extraordinaria. Señal deque las dificultades económicas generales del Estado se reflejaban en los bolsillos particulares de los más «patrióticos» ciudadanos aragoneses.

El 10 de julio Meléndez aparece en un certificado de esta fecha como subscriptor de un «donativo voluntario» de 3.000 reales como contribución «a las urgencias del Estado». La Sala Plena de Alcaldes, celebrada pocos días antes, había acordado «unánimemente», a pesar de la estrechez de los sueldos y de la carestía de los tiempos, que «todos los individuos de la Sala y el Sr. Fiscal contribuyesen cada uno con tres mil reales de vellón, por donativo voluntario, en el preciso término de los dos meses siguientes de julio y agosto».

El «donativo voluntario» no resolvió los problemas financieros del Estado ocasionados por la guerra, pues una Real Orden de 17 de marzo de 1799 reproduce los argumentos que habían justificado el famoso donativo: «No bastando las rentas de la Corona que entran en mi Real Erario para cubrir las cargas ordinarias y extraordinarias que se aumentan considerablemente por la presente guerra, al paso que ella impide las especulaciones del comercio y que se traigan los caudales y efectos de América, de que resulta una notable baja en las rentas reales [...], he resuelto que se saque por una vez y se ponga en la Real Caja de Amortización el veinte por ciento o la quinta parte de los fondos de granos y dineros que tengan los Pósitos»⁷⁵.

Las críticas circunstancias surgidas de la guerra imponían una política económica que tenía muy poco que ver con los conocimientos teóricos que la minoría intelectual ilustrada, ligada al gobierno, defendía y enseñaba en las cátedras de Economía de España. Era una enseñanza que recogía lo esencial de las corrientes de pensamiento económico que circulaba por la Europa del momento. Observemos la vinculación del ministerio ilustrado con la ciencia económica a través de la Cátedra de Economía Civil de la Económica Aragonesa.

Richard Herr afirmó, basándose en los anuncios de la Gazeta, que, a partir de 1794, «La Sociedad Aragonesa pasó a ser la agrupación provinciana de Amigos del País más floreciente. En 1797 esta Sociedad estableció escuelas de química, botánica y agricultura. Al mismo tiempo las clases de su profesor de Economía Política, Normante y Carcavilla, estaban más concurridas que en tiempos de Carlos III»⁷⁶. Efectivamente, en 1796 fueron 36 alumnos y 57 en 1798. La Económica Aragonesa era, pues, el modelo de institución económica y docente en el periodo del gobierno ilustrado de 1798, y como tal mimada por el mismo.

En otro lugar describimos la colaboración de Meléndez con la cátedra de Economía Civil de la Aragonesa durante su estancia en Zaragoza, en el periodo 1789-1791⁷⁷. Durante 1798 no hemos encontrado ningún lazo de Meléndez con dicha Sociedad, a diferencia de Arias Antonio Mon y Velarde, el director de la Aragonesa hasta junio de 1790, en que fue designado para fundar la nueva Audiencia de Extremadura, quien escribe una carta que se lee en la junta general del 17 de agosto de 1798⁷⁸.

Pero la Aragonesa continuaba presente en la vida de Meléndez. Goya a mediados de 1797 le había pintado un estupendo y cariñoso retrato a Meléndez, momento en el que debieron recordar los viejos amigos comunes de Zaragoza.

En marzo de 1798, el fiscal Meléndez volvió a recordar la cátedra de Economía de la Aragonesa, por la desgraciada circunstancia de tener que pronunciar una ruidosa acusación contra uno de sus ex-alumnos, don Santiago San Juan, el garbanzo negro de una magnífica hornada de economistas. En la junta general del 11 de marzo de 1796, Normante da cuenta de que los alumnos matriculados en la cátedra de Economía Civil era 36⁷⁹. Por la calidad de los alumnos equivaldría a un curso de doctorado actual: Benito Fernández de Navarrete, Isidoro de Antillón, el bachiller en jurisdicción civil José Duaso, el mismísimo catedrático de Agricultura de la Aragonesa y de Medicina de la Universidad Alejandro Ortiz, el Dr. José Bernito de Cistué, los abogados Dr. D. Joaquín Gómez y don Josef Bandrés, el que será gran economista Juan Polo y Catalina, y un alumno muy especial en la vida de Meléndez, el bachiller en jurisprudencia, Don Santiago San Juan, cursante del segundo curso de Economía. Todos ellos recibirán premios en la junta general del 4 de noviembre de 1796⁸⁰.

Decimos «garbanzo negro», porque el fiscal Meléndez se verá obligado a pedir la pena de muerte para «Don Santiago San Juan, natural de la ciudad de Barbastro, reino de Aragón, de estado soltero, pasante de abogado, su edad 24 años cumplidos»⁸¹, pena ejecutada en el garrote el 23 de abril de 1798. Había asesinado al comerciante de lienzos, don Francisco del Castillo, la noche del 9 de diciembre de 1797, teniendo como cómplice a la viuda del malogrado Castillo, circunstancias que pueden verse en el contundente Discurso Forense n.º 1 de Meléndez y adivinarse en el Capricho n.º 32, Por que fue sensible, de Goya. Otra vez la Económica Aragonesa se cruza en la vida de Meléndez.

Prácticamente todos los personajes públicos más importantes van siendo nombrados socios de la Aragonesa: En la Junta general del 26 de agosto de 1796, Eugenio Larruga es nombrado socio de mérito de la Aragonesa por «los distinguidos y notorios méritos que tiene contraídos en beneficio de la agricultura, de las fábricas y del comercio con sus obras dadas al público sobre estos ramos u otros del Instituto de la Sociedad»⁸² y pasa a ser asesor de la misma⁸³.

En la junta del 21 de octubre de 1796, Don Antonio Cornel, teniente general de los Reales Ejércitos y gobernador político y militar de la ciudad de Lérida es nombrado socio, de la Aragonesa⁸⁴.

En la junta general de la Aragonesa del 2 de diciembre de 1796 son nombrados socios D. Josef Gardoqui, intendente general del Reino, y Don Martín de Garay, contador principal del mismo⁸⁵ .

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En la junta general del 17 de noviembre de 1797 se acordó felicitar a Don Melchor Gaspar de Jovellanos, Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia y al Excmo. Sr. Dr. Don Francisco de Saavedra, Secretario de Estado y del Despacho Universal de Hacienda⁸⁶. Saavedra contesta desde San Lorenzo el 22 de noviembre. No sabemos si lo hizo Jovellanos.

También era socio de la Aragonesa el ministerio de Hacienda y el alcalde de Casas y Corte en excedencia, Cayetano Soler.

En la Junta general de 29 de junio de 1798, la Aragonesa endurece los requisitos para la admisión de socios:

«procurando recaiga siempre en patriotas beneméritos, en quienes resplandezca el celo del bien público [...]. Se juzgó que si antes de tener fondos la Sociedad, cuando éstos consistían únicamente en la contribución voluntaria de los socios, se miraba en proponer sujetos dignos, mucho más debe ahora tomarse en consideración la dignidad de los Caballeros que se elijan, mayormente cuando la experiencia ha demostrado que fue tibio el celo de muchos señores que lo manifestaron por incorporarse en el catálogo, y que después fueron pocos los que llenaron sus obligaciones a que se habían constituido según los Estatutos, excusándose muchos aún de pagar la contribución anual [...], cuidando la misma Junta de que sus propuestas recaigan en personas de la mayor dignidad y circunstancia o en aquellas que por sus luces, literatura y patriotismo se tuviere necesidad de ellas para el adelantamiento de los objetos del Cuerpo»87.

En la junta general del 30 de diciembre de 1796 se examina el prospecto de Semanario de Agricultura⁸⁸ y en la junta del 13 de enero de 1797 se acuerda subscribirse a dos ejemplares, además del que recibirá gratis la escuela de Agricultura⁸⁹.

A pesar de la desastrosa situación de las finanzas públicas, el primer secretario de Estado, Francisco de Saavedra, acepta «un nuevo plan o estado de fondos» de la Aragonesa, cuyos gastos ascendían a 42.500 reales anuales, mediante una Real Orden, dada en Aranjuez el 11 de junio de 1798 y leída en la   -1032-   junta general de la Aragonesa del 22 de junio de 1798⁹⁰. Era una subvención importantísima y digna de subrayar, dadas las dificultades financieras del Estado.

La Aragonesa colabora en el Censor de 1797⁹¹ y , en todas las medias económicas del equipo ilustrado de Godoy. Saavedra y Jovellanos, como la que impulsó la libertad en el campo de los gremios⁹², en fluida correspondencia⁹³.

Esta comunión entre la Aragonesa y el equipo ministerial ilustrado se reafirma en el junta general del 29 de junio de 1798, cuando se da cuenta de que con fecha 23 de junio se había escrito al primer Secretario de Estado, Francisco Saavedra, «dándole gracias de parte del Cuerpo por el influjo y decidida protección con que S. E. miraba nuestros adelantamientos patrióticos mediante las Reales Órdenes que se había dignado comunicar»⁹⁴ . En esa misma junta general, se distribuyen los premios de la Escuela de Economía Civil, donde los alumnos de segundo y tercer curso recibieron como premio el «Informe sobre la Ley Agraria, extendido por el Excmo. Sr. Don Gaspar Melchor de Jovellanos», magníficamente encuadernado⁹⁵.

Saavedra y Jovellanos eran informados puntualmente de las actividades de la cátedra de Economía Civil y Comercio, como se deduce de la carta-orden, de   -1033-   14 de julio, leída en la junta general del 27 de julio, en la que el asturiano «aplaude el celo del Cuerpo patriótico por la enseñanza de los estudios útiles y por los exámenes de la Escuela de Economía Civil y premios distribuidos a sus alumnos». Jovellanos alaba el trabajo de la Escuela de Economía, el de su catedrático Normante y ya se fija en los dos alumnos más sobresalientes, los economistas Polo y Catalina y Duaso⁹⁶.

Inmediatamente la Aragonesa escribe una carta de agradecimiento a Jovellanos y otra a Saavedra «participándole lo obrado hasta aquí por la Sociedad acerca del donativo voluntario»⁹⁷.

El pensamiento económico del ministerio ilustrado, Saavedra, Jovellanos, Meléndez, Urquijo, etc., está en sintonía con los círculos económicos más avanzados del momento, que nosotros simbolizamos en la cátedra de Economía de la Aragonesa. Hemos visto que la Económica Aragonesa quizá fue la Sociedad de Amigos del País más favorecida por el equipo ministerial de Jovellanos y Saavedra. De su cátedra de Economía Civil y Comercio saldrá el magnífico equipo de economistas de Normante, catedrático titular, y sus alumnos más aventajados, Juan Polo y Catalina y José Duaso.

En la junta general del 22 de junio de 1798 Normante da cuenta de los exámenes finales y se enumeran una serie de pensadores económicos, entre los que se encuentran los más prestigiosos economistas europeos del momento:

«Señores: La Cátedra de Economía Civil y Comercio, habiendo concluido su décimo cuarto año de enseñanza de las verdades de esta deliciosa e importante ciencia de la prosperidad nacional, ha tenido sus actos públicos y de aprobación de curso [...] en los que han ejercitado 27 de los 57 discípulos».

De primer año se examinaron 20 alumnos, uno de ellos era Tadeo Calomarde, «sobre la doctrina de las instituciones en todos sus diferentes tratados de   -1034-   conocimientos preliminares y de las materias de aumento progresivo de los habitantes, policía, ocupaciones útiles en general, Agricultura y demás artes primitivas, fábricas y demás artes secundarias, comercio y rentas públicas».

«Los de segundo año [cuatro alumnos] sobre instituciones, parte teórica de la ciencia de los cálculos políticos y la doctrina de las obras nacionales de la misma ciencia, explicadas en lecciones ordinarias de este año que han sido: Informe de la Real Sociedad Económica de Madrid, extendido por el Excmo. Sr. Don Gaspar Melchor de Jovellanos, el Progreso Económico de Don Bernardo Ward y , la Recreación Política de Don Nicolás Arriquivar. Y los discípulos de tercer año, además, de ejercitar sobre las materias y doctrinas expresadas, han desempeñado también el examen que les correspondía por su clase, de la parte práctica de la Aritmética política, resolviendo por ella cuantos problemas se les han propuesto de los diferentes artículos de Economía Política, sujetos a cálculo, habiendo aumentado a estos ejercicios Don Juan Polo y don José Duaso, como lo habían propuesto, el de exponer y aplicar las partes que les ha cabido por suerte de los Discursos sobre la Industria y educación popular del Excmo. Sr. Conde de Campomanes, y de las obras político-económicas del Dr. D. Sancho de Moncada, Don Jerónimo Uztáriz, Don Bernardo Ulloa, Don Miguel Zabala, y Don Francisco Romá, Mrs. Quesnai, Melon, Dutor, Dargeul, Fortbonais, Condillac y Necker, Cab, Davenant, Munt, Child, Carys, Hume y Smith, Ludovico Antonio Muratori, Antonio Genovesi y Conde de Verri, cuyos ejercicios todos los discípulos han merecido, no solamente la aprobación de los caballeros socios examinadores, sino también repetidos elogios, Zaragoza, junio 22 de 1798, Don Lorenzo Normante, Catedrático de Economía Civil y comercio».

En esta lista están todos los autores de temas económicos, considerados autoridades, que inspiraban el pensamiento del equipo ministerial y por tanto de Meléndez . Nos consta que el extremeño había leído los principales de estos autores hacía tiempo, pues en su biblioteca de 1782 estaban Bernardo Ward, Campomanes, Sancho de Moncada, Melon, Condillac, Hume, Smith, Muratori, Genovesi y conde de Verri⁹⁸. Lecturas, sin duda, ampliadas en los dieciocho años siguientes.

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La libertad de comercio era defendida por los periódicos ilustrados, ligados al gobierno, y mirada con envidia por la Económica Aragonesa. Por ejemplo, en la clase de Comercio del 12 de noviembre de 1798, «se leyeron también algunos artículos de los Semanarios [de Agricultura] y Correos [Mercantiles], especialmente los dos del consulado de Veracruz, donde se hace ver el grande progreso que en aquellas costas estaba tomando el Comercio en el ramo del algodón, mediante el mucho fomento de la Agricultura y de las fábricas de dicho ramo, y que esto ha sido efecto únicamente de la habilitación de los puertos, pues antes de esta franquicia apenas se conocía su cultivo, con cuyos datos se afirma la clase en que la libertad del Comercio es el mayor impulso de la Agricultura y de las artes y de consiguiente del Comercio»⁹⁹. Recordemos que la epístola VII de Meléndez está dedicada a Godoy por impulsar el Semanario de Agricultura.

A lo largo de la primavera de 1798 llegan a España muchos de los ex-jesuitas después de más de treinta años de destierro en Italia. Sufrieron las consecuencias de la guerra, pues raro era el barco con ex-jesuitas, navegando entre Italia y España, que no era apresado por los ingleses, como narra el Padre Manuel Luengo en su conocido Diario¹⁰⁰. Luengo llega a principios de junio y después de pararse un mes largo en Teruel, donde un hermano suyo era canónigo, arriba a La Nava, su pueblo natal, cercano a Medina del Campo, a primeros de septiembre.

Hemos visto que por estos mismos días Meléndez comienza su destierro en Medina. Luengo y Meléndez, dos notables intelectuales, inevitablemente se encontraron en estas poblaciones cercanas y pequeñas, a pesar de su ideología muy distinta.

No sabemos la fecha exacta de la entrevista. Suponemos que fue el 19 de septiembre de 1798, cuando Luengo escribe:

«Ayer estuve en Medina del Campo para presentarme al Ordinario de este país, que es un vicario, que reside en aquella villa. [...]. De esta misma Villa, como de otros varios lugares cercanos, han ido ya varios a La Nava a darme la bienvenida, y en ella se juntaron tantas personas distinguidas de todas clases, a los que ya me habían visitado, para congratularse conmigo y hacerme todo género de demostraciones, que aquí ha sucedido, a proporción, lo mismo, que en La Nava, en Teruel, y en otras partes, [...] Es inexplicable el afecto y estimación que me han mostrado, y no pudiendo apostarme, según su deseo en tiempo tan corto, me han obligado a darles palabra de volver con más sosiego. Y la cumpliré después que haya satisfecho a otras tales obligaciones, y logrado algún reposo»101.

Meléndez no guardó la más mínima discreción durante la entrevista, pues Luengo salió convencido de que era un «filósofo», muy peligroso (ver apéndice 5).

E1 30 de septiembre de 1798 Luengo anota la caída de Jovellanos , quien «en su corto ministerio ha hecho algunos favores a varios jesuitas particulares con ocasión de algunas cosas de literatura. Y una de ellas fue el socorro de mil pesos duros a los jesuitas castellanos que escriben la Historia Eclesiástica. Y a este modo ha favorecido a Masdeu, que continúa escribiendo su historia, y acaso estará ya en León para aprovecharse de los muchos y apreciables manuscritos que hay en el archivo de aquella ciudad. A Juan Andrés, a quien ha convidado con mucho empeño para que se venga a España, y acaso algún otro literato».

Al hablar del «motivo de la deposición» de Jovellanos, el ex-jesuita recoge la opinión de que es «un filósofo y miembro principal en España de la secta filosófica, esparcida por toda la Europa y no poco multiplicada en esta monarquía, la cual tiene los dos grandes proyectos de arruinar todos los tronos y la Religión Católica. En tal caso es muy pequeño el castigo que se le da, como también es muy ligero el que se continúa dando a Meléndez Valdés, que aún está confinado en esta vecina villa de Medina del Campo, en la que le he visto y hablado, y merecido muchas expresiones de obsequio. Y no puedo menos de decir que todo su aire y su lenguaje respira filosofía. Los dos son muy amigos y por consiguiente hermanos, y por las cosas que se han sabido de éste segundo [Meléndez], se debe de haber conocido el carácter filosófico del primero».

Dejando aparte ciertas imprecisiones, basadas en informaciones orales de antiguos estudiantes salmantinos, como la de pensar que de José Antonio Caballero, «se puede decir casi con certeza que es tan filósofo como Jovellanos y Meléndez, y de éste segundo, a lo que me asegura quien conoció a los dos, es amigo el nuevo Secretario de Gracia y Justicia, y los dos son dos bellos espíritus criados en la renovada o, por mejor decir, corrompida universidad de Salamanca», Luengo cree a Meléndez más «filósofo» que Jovellanos, y en consecuencia, más peligroso. No se conforma con el simple destierro, sino que habla de «apremios» (tortura), «castigo ejemplar» y de «abatir y exterminar la secta filosófica». Luengo tenía muy recientes las revoluciones francesas e italianas y para evitar que en España suceda lo mismo propone medidas enérgicas:

«¿Y de qué servirá haber conocido a estos dos enemigos de la Religión y del Trono, especialmente no haciendo en ellos un castigo ejemplar, para que otros teman, ni apremiándolos para que declaren los demás hermanos cómplices en las mismas máximas y atentados filosóficos? Sin estas diligencias, y pasos hechos con actividad y vigor hasta llegar a abatir y exterminar la secta filosófica, de nada servirá en España la deposición y castigo de Jovellanos, de Meléndez y de algunos otros para salvar el Trono y la Religión, como no sirvieron otros semejantes en el Estado Pontificio y en otros varios de Italia»102.

Meléndez, seguro de la verdad de sus ideas y de la rectitud de su conducta, no era consciente de la gravedad de la situación en la que se encontraba el ministerio de Jovellanos y no adoptó la discreción, esperable de la más elemental prudencia, cuando se habla con un enemigo ideológico, como eran los ex-jesuitas, en especial, Manuel Luengo, el cual dedica muchas páginas de su voluminoso Diario a lanzar suspiros por la restauración de la Compañía de Jesús y por el exterminio de la secta jansenista y de los «filósofos». Sin olvidar la pública amistad de Luengo con el catedrático y viejo antagonista de Meléndez, Custodio Ramos, canónigo lectoral y delegado de la Inquisición en Salamanca.

Si el desterrado Meléndez es manifiestamente ingenuo en su entrevista y agasajos al ex-jesuita Luengo, manifestándole claramente su ideología, parece lógico suponer que lo fuese todavía más en Madrid, concediendo ventajas a los enemigos del partido clerical. Ciertamente, el ministro Jovellanos y sus colaboradores no cuidaron los aspectos psicológicos de los acontecimientos históricos que les tocó vivir, lo cual es importante siempre, pero más en este periodo de tránsito de un régimen a otro¹⁰³.

Esto explica la mayor dureza que al principio tuvo el destierro de Meléndez respecto al de Jovellanos. Meléndez era considerado tan peligroso o más que el asturiano. El fiscal Meléndez se ganó, por sí mismo, el odio de los antiilustrados. Si el cese de Jovellanos tuvo la recompensa aparente del nombramiento como Consejero de Estado, el de Meléndez fue el destierro fulminante¹⁰⁴.

La reina María Luisa, la principal enemiga del ministerio ilustrado, le escribía en 1802 a Manuel Godoy: «Nadie ha aniquilado esta monarquía como esos dos pícaros ministros, cuyo nombre no merecían, y es Jovellanos y Saavedra [...] ¡Ojalá jamás hubiesen existido tales monstruos...!»¹⁰⁵. Es la descalificación del partido clerical hacia unos patriotas que sólo intentaban racionalizar el Estado, en cuyo intento, inevitablemente, debían enfrentarse con los privilegiados del Antiguo Régimen. Después de dos siglos parece claro que los«pícaros» e impresentables estaban a la sombra de la reina.

Se ha achacado al ministerio de Jovellanos el no tener tacto cuando se enfrentó con la mentalidad religiosa de la época ni con la Inquisición. Recuérdese el enfrentamiento de los jansenistas con la Inquisición, surgido el 7 de octubre de 1797 con el nimio pretexto de la colocación de un confesionario en un convento de Granada. El 15 de febrero de 1798 Jovellanos envía una carta a varios obispos que se pronuncian contra el inquisidor de Granada: « Jovellanos quiso aprovechar la ocasión para atacar de frente a la Inquisición, quizás con intención de acabar con ella». Saugnieux califica el ambiente de los primeros meses de 1798 nada menos que como «la primera ofensiva del llamado partido jansenista contra los ultramontanos, de los innovadores contra los escolásticos»¹⁰⁶.

No nos atrevemos a calificarlo de «ofensiva del partido jansenista», pero nosotros hemos podido constatar en los dos informes inéditos de Meléndez, quizá el más estrecho colaborador del ministro Jovellanos, una sintonía total entre ambos.

En el Informe contrario a la manifestación de los cuatro Evangelios por un mecanismo óptico vemos que la actuación de Meléndez es una réplica fiel a la política religiosa de su ministro Jovellanos. El fiscal, imbuido del espíritu ilustrado, hace fracasar el proyecto de un notario de la Inquisición de Madrid, que contaba con todas las bendiciones exigibles por la mentalidad «ultramontana» y «escolástica» mayoritaria de la época.

Pero ni Meléndez ni Jovellanos, de inspiración jansenista, podían estar de acuerdo con que se explicasen los Evangelios desde la perspectiva de la Inquisición, la más tradicional, aunque no se oponían a la enseñanza ilustrada de los mismos. Cuando Meléndez, uno de los «apóstoles ilustrados» de los que habla Sarrailh¹⁰⁷, leyó en la Cuaresma de 1798 que el proyecto «sólo se dirige a impresionar en el sentido católico las basas fundamentales de la Religión, y que éstas son los cuatro Santos Evangelios, sobre los cuales está, ciertamente, fundado todo verdadero cristiano para el conocimiento de su ser», no dejaría de calificar en su interior al promotor, el notario de la Inquisición, Hernández Pacheco, como un predicador más al estilo de Fray Diego José de Cádiz, capaz de embaucar al mundo de los artesanos, tenderos, obreros y otros empleados de Madrid que «vive en una profunda ignorancia, lleva una existencia mediocre y no conoce sino distracciones groseras o reprensibles». El objetivo de Pacheco significaba la antítesis de la concepción pedagógica de Meléndez, uno de los ilustrados más convencidos de los beneficios de la campaña educativa del Despotismo Ilustrado, junto con sus amigos Cabarrús y Jovellanos, como había demostrado con su participación en múltiples memoriales y proyectos, siendo catedrático o magistrado. Chocaban en el objetivo básico: difundían ideologías enfrentadas. Si nuestro fiscal luchaba por la reforma de las costumbres a través de la eficacia configuradora de la educación, el notario de la Inquisición venía a reafirmar las viejas creencias del reaccionario poder eclesiástico.

Al buscar los motivos del destierro de Jovellanos y de Meléndez y del proceso que se le siguió a éste en el tribunal eclesiástico de Ávila desde el otoño de 1800 hasta su sobreseimiento y parcial rehabilitación por Real Orden de 27 de junio de 1802, siempre se han señalado causas generales en el marco de la lucha de la Inquisición y de los reaccionarios contra el grupo de los ilustrados. El incidente del confesionario de Granada y el informe, denegando el proyecto de manifestar los Evangelios, son causas concretas de odio hacia Meléndez y Jovellanos por parte de Hernández Pacheco, la Inquisición madrileña y el partido clerical. Eran un «atentado» contra la Inquisición y su mentalidad que no se podía perdonar.

Si como afirma Aguilar Piñal la demagogia de los oradores sagrados fue «el reto que no supo o no pudo vencer la Ilustración española y de aquí su fracaso», al fiscal Meléndez y al ministro Jovellanos les quedó la satisfacción de haber ganado una escaramuza en la lucha por el cambio de mentalidad, que pagarán con el destierro.

El Informe sobre la postura del vino es característico de un fiscal ilustrado y valiente. Nos descubre el espíritu burgués de Meléndez, que consciente de su valía personal, se atreve a criticar las formas mercantiles de la vieja sociedad, en la línea del Expediente en el informe de Ley Agraria de su amigo y ministro Jovellanos.

No sabemos la reacción del Consejo de Castilla, bastión del tradicionalismo, pero debió pensar que así como dos años antes Godoy le había colocado como fiscal a Juan Pablo Forner para controlarlo, ahora el fiscal Meléndez era el eco del ministro Jovellanos en la Sala, o al menos una persona independiente no dispuesta a tolerar arbitrariedades. Como diría Fernández Albadalejo, la «monarquía administrativa», encarnada por el fiscal Meléndez que defendía al equipo ministerial Saavedra-Jovellanos, obtuvo un pequeño triunfo sobre la «monarquía judicial» o el rancio Consejo de Castilla en el campo de la reordenación de las economías municipales¹⁰⁸.

Nos queda la duda del alcance exacto de los informes de Meléndez. Quizá su intención iba más allá de la simple prohibición de un espectáculo sobre los Evangelios y de la mejor o peor redacción de un cartel sobre la postura del vino. ¿,Buscaba el equipo de Jovellanos el enfrentamiento con la Inquisición y el partido clerical en asuntos religioso-morales y con el Consejo de Castilla, en política económica? Es muy probable, si, como afirma Madol¹⁰⁹, el nombramiento de Jovellanos fue una respuesta a los ataques que, en la primera mitad de 1797, sufría Godoy por parte del partido clerical, la Inquisición y el Consejo de Castilla. Lo cierto es que estas fuerzas sociales aprovechaban las dificultades económicas que la guerra imponía al gobierno de Saavedra-Jovellanos y continuaban frenando las reformas del ministerio ilustrado en 1798, cuyo fracaso irá generando un desencanto que explotará en la revolución de 1808.

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SAUGNIEUX, Joël: La Ilustración cristiana española. Escritos de Antonio Tavira (1737-1807), Oviedo, Centro de Estudios del siglo XVIII, 1986.

«Muy Poderoso Señor: El Fiscal se ha enterado así del proyecto de Don Isidoro Hernández Pacheco para demonstrar en una cámara obscura los cuatro Santos Evangelios y con ellos las bondades de nuestra Augusta Religión, como del diseño, que acompaña a este proyecto, e informe del diputado eclesiástico y alcalde de barrio en que abonan al citado Pacheco y estiman por útil su solicitud. Y en vista de todo, no puede dejar de exponer a la Sala: Que las augustas verdades de nuestra Religión son para meditarlas en el silencio y en el retiro y no para representarlas en farsas ni juegos, que no pueden menos de prestar mucho motivo para el ridículo y el desprecio, y exponerlas así al escarnio y murmuraciones de los incrédulos. Que por esto su Divino Fundador huyó de todo aparato y representación cuando las anunció a los hombres y, siguiendo su celestial ejemplo, en los primeros siglos de pureza y virtud aún en los templos era prohibido este aparato; y todo era sencillez y verdad. ¿Qué parecerían los divinos milagros del Evangelio, las predicaciones del Salvador, su Pasión sagrada y la cosa más pequeña de cuanto contienen estos Augustos Códigos, si algo en ellos puede sufrir este nombre, mal pintados en un vidrio y hechos al juguete de un demonstrador óptico? ¿Con qué devoción es de esperar que las gentes concurriesen a ellos? ¿Y cómo podría permitirse que en una casa particular y en una sala, tal vez mal adornada, se representase por un lego lo que en el templo, casa de Dios y lugar de oración, sólo es dado a los Ministros del Señor anunciar al Pueblo para instruirle y edificarle? Si se pensase por los enemigos mismos de nuestra Religión en un proyecto para hacerla despreciable y ridícula, el Fiscal cree que no podría hallarse otro más oportuno que el que ha ideado el celo inconsiderado de don Isidoro Pacheco. Así, los Concilios y los Obispos celosos instruidos declamaron siempre y al cabo consiguieron prohibir las representaciones de los Misterios que se usaron en la Edad Media: y en nuestra España hemos visto prohibirse también los Autos Sacramentales, aunque compuestos por los mejores ingenios y representados con el mayor decoro. Los legos, en la Iglesia, no estamos para enseñar sino para oír. Los Sacerdotes del Señor nos deben instruir y repartir el pan de la predicación, no con sombras y apariencias vanas sino con palabras de salud y vida eterna en la cátedra de la verdad, para que las meditemos y nos ocupemos en ellas día y noche como dice el Señor. Por todo lo cual, parece al Fiscal que, por, más laudable que sea el celo del citado Pacheco, es su proyecto poco cuerdo y digno de desestimarse por la Sala, denegándosele la licencia que para ello solicita. O acordará, sin embargo, lo que fuere de su superior agrado. Madrid y abril, diez de 1798. MELÉNDEZ VALDÉS. Firma autógrafa y rúbrica)»110.

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«13 de abril de 1798. Vino: Real Resolución para quede cada arroba de vino que se introduzca en Madrid, sin excepción de personas, se exija una peseta para ocurrir a las pérdidas que están sufriendo en los abastos; y que se aumente un cuarto en cada cuartillo de vino. Acordado de la Sala de 24 de dicho abril sobre el modo de hacer la publicación de bandos o carteles». «Muy Poderoso Señor: El Fiscal ha visto este expediente y en él la minuta del bando remitida por la Sala al Consejo con la que éste le ha devuelto enmendada con su oficio del día de ayer. Y estima que si la Sala hizo cuanto debía en acordar se cumpliese inmediatamente con la impresión y fijación del bando acordado por el Consejo, no puede, sin embargo, dejar de hacerle presente así la inconsecuencia en que ha caído con el público por su obediencia, pues, habiendo bajado la postura del vino en 28 de noviembre último, en atención a su excesiva abundancia, y, continuando ésta, el bando que acuerda su subida, sin señalarle ni objeto ni causa alguna, manifiesta, necesariamente, o injusticia o poca detención respecto de la Sala, cosa que se saldaba con la minuta que ésta pensó; como [no puede dejar de hacer presente el Fiscal] lo diminuto y breve de la que se ha impreso y publicado y las justísimas razones que había para anunciar esta alza con toda la expresión y claridad con que la Sala la tenía concebida. De este modo se saldaba, a un tiempo, lo acertado de su anterior providencia en beneficio público, y se daba un paso adelante en ilustrar al Pueblo sobre las inmensas pérdidas que los Abastos sufren y que han acarreado el sistema ruinoso que se ha seguido en ellos, y la falsa y torcida política de no querer reducir las cosas al costo y costas que exigen la justicia y la razón en cuanto se vende al Pueblo y sirve a alimentarle. En las pérdidas y apuros actuales, uno de los recursos más cuerdos y acertados ha sido, ciertamente, la subida del vino acordada por el Consejo y aprobada por S.M. Este Tribunal debe gloriarse en una operación que dictan a una la necesidad y la buena administración y que cae sobre un género, sino del todo dañoso al bien de la sociedad, al menos de grandísimo perjuicio en su consumo excesivo y que, por lo mismo, está pidiendo, de justicia, recargos gravámenes que hagan costosa la embriaguez y pongan en contribución a los desarreglados para la causa pública y templanza de los demás. Así pues, la minuta de bando que anunciase todo esto, que manifestase el objeto del recargo, la perpetuidad que, probablemente, debe tener, la aprobación con que la ha sellado S.M. y el autor del pensamiento, lejos de poder producir efecto ninguno malo, ayudaría, ciertamente, a ilustrar y desengañar al Pueblo sobre la injusticia con que quiere se le mantenga sobre barato, y la necesidad en que está, como lo estamos todos, de sufrir los efectos de la abundancia o carestía de los víveres que le sustentan. El Pueblo mismo tiene un derecho a este útil desengaño. Y cuanto se hace por mantenerle en tinieblas son, en opinión del Fiscal, otros tantos pasos impolíticos, cuyas funestas consecuencias 1legan a experimentarse con el tiempo, como en el día sucede con el sistema equivocado de Abastos, seguido hasta aquí. Ni hay que temer incurrir en su odio por estos principios. Los opuestos sí que llega un día en que le acarrean sobre los que los siguen, y acaso sin poder destruir sus recelos y ganar de nuevo su confianza. Sean siempre francas y veraces la Justicia y la Administración Pública y el hombre que, (dígase lo que se quiera), oye la razón y no puede resistir a la evidencia, les doblará la cerviz y venerará aún a la misma mano que le castiga, así como venera a la Justicia, no sólo cuando remunera, sino cuando aflige y persigue al delincuente. Por estos indudables y útiles principios, el Fiscal cree que la Sala está en necesidad de representar al Consejo lo extraño que le ha sido la enmienda de la minuta de su bando y la nueva y diminuta remitida por él, reclamando este ejemplar así por la conservación de sus derechos como por las consecuencias que puede tener para lo sucesivo. En otro caso resolverá lo que fuere de su agrado. Madrid y abril, diez y siete de 1798. MELÉNDEZ VALDÉS (firma autógrafa y rúbrica)111.

«Muy señor mío: Por el Muy Ilustre Señor don Josef María Puig de Samper, Regente de la Real Audiencia de este Reino, se ha pasado oficio a esta Real Sociedad Aragonesa, con fecha 5 del corriente, de orden del Rey, manifestando la situación crítica en que una larga guerra ha puesto a la Nación española, impidiendo la industria, la circulación del comercio y la conducción de los crecidos caudales que S.M. tiene detenidos fuera de la Península, lo que en el día es causa de que se hallen extremamente reducidos los productos de las rentas reales, mientras que por otro lado se acumulan y aumentan progresivamente los extraordinarios gastos con que es preciso atender a la defensa, decoro y prosperidad de la Monarquía. Con cuyo motivo y por no gravar la piedad del Rey a sus vasallos con contribuciones forzosas, se ha dignado elegir el medio natural y suave de establecer el donativo voluntario y préstamo patriótico que expresan los Reales Decretos insertos en la Real Cédula de 19 de junio último, que el mismo señor Regente ha dirigido a la Sociedad, excitando el celo y generosidad de sus individuos a que den en una ocasión tan urgente las pruebas más verdaderas de su amor y lealtad a nuestro benigno Soberano. Sensible la Sociedad a estas disposiciones benignas del Rey, desde luego se vio inflamada y movida del más inmenso amor y gratitud y quisiera tener medios y fondos suficientes para llenar sus Reales intenciones, como que de ello resultaría el mayor bien del Estado y, a los vasallos, el beneficio de librarse de nuevas contribuciones, quedaría más desembarazada la industria nacional y, por consiguiente, las clases, cuyo mejoramiento y prosperidad son el cuidado económico del Cuerpo Patriótico, tendrían menos estorbos y les llegaría más pronto el día feliz de sus adelantamientos. En estas circunstancias, la Sociedad, que ha experimentado de parte del Rey una protección y liberalidad sin límites, ha creído debía en lance tan oportuno dar, aunque dentro de sus estrechas facultades, un testimonio público de su amor y lealtad en que se cifra el verdadero patriotismo, a cuyo fin, estando destinados por S.M. para varios objetos determinados los escasos fondos que existen en la tesorería de la misma, no ha hallado otro arbitrio que el de ceder o donar voluntariamente la contribución de sus individuos perteneciente al año 1798, atendiendo a que con algunos atrasos que deben diferentes socios, podrá cumplir las demás obligaciones en que está comprometida con el público. Como los individuos lo son, al propio tiempo, de los Reales Consejos, Audiencias, Cabildos Eclesiásticos, Ejército, Universidades Literarias, Oficinas Reales y otras corporaciones distinguidas, a quienes se ha dirigido igualmente la circular Real, ha tenido por principal objeto la Sociedad no gravarles para el donativo acordado con más cantidad que la que deben satisfacer como socios por la anualidad corriente, según la obligación de honor que contrajeron al tiempo de su ingreso, con arreglo a los Reales Estatutos, evitando con este servicio en común, que nada cuesta a los individuos en particular, la implicancia y confusión que pudiera haber de unos Cuerpos a otros, substrayéndose de contribuir en cada uno de ellos por haberlo hecho en la Sociedad; o al contrario, no concurrir a ésta individualmente con donativo voluntario por haberlo practicado en los demás Cuerpos. Así, pues, queda V.S. y demás socios en llena libertad para contribuir por sí o como miembros de cualquiera otra corporación a las necesidades de la Corona y del Estado por los medios que expresa la Real Cédula o por los que le dicte su generoso corazón y celo notorio de que está bien enterada la Sociedad, la cual, en casos que V.S. quisiera hacer algún servicio voluntario por medio de la misma, lo admitirá también con reconocimiento y gratitud y lo elevará a noticia del Rey. Al propio tiempo, ha acordado que como urge la entrega del referido servicio voluntario en común, se encargue a V.S., como lo ejecuto, que hasta fin de septiembre próximo lo más tardar, se servirá remitir a poder del Señor Tesorero, Don Martín Zapater, los 60 reales de vellón de la anualidad corriente de 1798, destinada al expresado objeto, en inteligencia de que no hay otro medio de llenar esta sagrada y precisa obligación y de que se formará lista de contribuyentes y remitirá a S.M. con noticia de lo que igualmente hayan satisfecho por sí o en otros Cuerpos, para que se perpetúe en la memoria de nuestro magnánimo Soberano los nombres de unos patriotas tan nobles e insignes. Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años. Zaragoza, 13 de julio de 1798. Besa la mano de V.S. su más atento y seguro servidor, Diego de Torres, Secretario»112.

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«Muy Poderoso Señor: Por la copia que acompaño quedará Vuestra Alteza enterado de la Real Orden de Su Majestad que se me ha comunicado por la Secretaría de Estado. Y deseando no faltar en manera alguna a mi obligación, lo pongo en noticia de Vuestra Alteza, practicando lo mismo con el Ilustrísimo Inquisidor General, esperando sea de la aprobación de esa superioridad el obedecimiento de dicha Real Resolución. Nuestro Señor guarde a Vuestra Alteza muchos años. Valencia y mayo, 8 de 1798». «Copia [del nombramiento]. Enterado el Rey del celo, actividad, prudencia y demás circunstancias de Vuestra Señoría ha venido en nombrarle por director de la Real Casa de Misericordia Hospicio de Pobres de esa ciudad, en los términos y con las facultades que lo fue el difunto don Pascual Caro, el cual desempeñó este piadoso encargo y real confianza con mucha utilidad pública y a entera satisfacción de Su Majestad, de cuya Real Orden lo participo a Vuestra Señoría con la prevención de que, en lo que pueda ser conveniente al mejor desempeño de este encargo, siga Vuestra Señoría correspondencia con el Colector General de Expolios y Vacantes, que es y fuere, a quien Su Majestad ha nombrado superintendente de ella, como lo es de otras varias Casas de Misericordia del reino. Y para los casos en que Vuestra Señoría no pueda por su ausencia, ocupación y algún justo motivo asistir personalmente a dicha Real Casa, concede Su Majestad a Vuestra Señoría la facultad de nombrar persona de su satisfacción, que en ellos asista en persona a dicha Real Casa y cuide de todo lo necesario a la misma y sus pobres. Todo lo comunico a Vuestra Señoría de orden de Su Majestad para su inteligencia y cumplimiento. Y de la misma doy el correspondiente aviso con esta fecha al Colector General de Expolios y Vacantes. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Aranjuez, 2 de mayo de 1798. Francisco de Saavedra. Señor don Nicolás Rodríguez Laso»113.

«Ayer estuve en Medina del Campo para presentarme al Ordinario de este país, que es un vicario, que reside en aquella villa. Ya de antemano me había concedido su licencia para celebrar, y en presencia me la confirmó, y acordó también el uso del Rescripto del papa para confesarme con cualquiera que haya sido jesuita, y para confesar a todos ellos, y, por lo demás, me hizo mil expresiones de afecto y estimación; pero sin descuidarse, como hacen por lo común los demás Ordinarios, en ofrecerme las licencias para confesar y predicar. De esta misma Villa, como de otros varios lugares cercanos, han ido ya varios a La Nava a darme la bienvenida, y en ella se juntaron tantas personas distinguidas de todas clases, a los que ya me habían visitado, para congratularse conmigo, y hacerme todo género de demostraciones, que aquí ha sucedido a proporción lo mismo, que en La Nava, en Teruel, y en otras partes. Aunque el tiempo fue corto, me fue forzoso dejarme ver en casa de los marqueses de Tejada, y las dos únicas hermanas que viven, Clara y Leonor, hicieron casi locuras de afecto y de cariño, y poco menos hicieron en varias casas principales, en que me dejé ver, y en los conventos de las Claras, Fajardas y Magdalenas, en los que estuve también de paso. En todas aquellas y en todos estos, había algunas personas que me conocieron antes de ir a la Italia, y en éstas, principalmente, es inexplicable el afecto y estimación que me han mostrado, y no pudiendo apostarme, según su deseo en tiempo tan corto, me han obligado a darles palabras de volver con más sosiego. Y la cumpliré después que haya satisfecho a otras tales obligaciones, y logrado algún reposo»114. La Nava (Valladolid). Día 30 de septiembre de 1798 «En estos días ha habido alguna mudanza en el ministerio, y la anotaremos brevemente; pues no deja de ser cosa propia de nuestro Diario, aunque ya es esto una cosa tan ordinaria y tan común, que se oye sin que cause grande impresión. El Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos, Secretario de Estado y Gracia y Justicia, ha sido despojado de este empleo, en el que puede haber estado como unos diez u once meses, o a lo más un año, y parece que se retira a Asturias, que es su patria, y conservará, por lo menos, el sueldo de consejero de Estado. En su corto ministerio ha hecho algunos favores a varios jesuitas particulares con ocasión de algunas cosas de literatura. Y una de ellas fue el socorro de mil pesos duros a los jesuitas castellanos que escriben la Historia Eclesiástica. Y a este modo ha favorecido a Masdeu, que continúa escribiendo su historia, y acaso estará y en León para aprovecharse de los muchos y apreciables manuscritos que hay en el archivo de aquella ciudad. A Juan Andrés, a quien ha convidado con mucho empeño para que se venga a España, y acaso a algún otro literato. Del motivo de su deposición se habla públicamente con tanta seguridad que merece algún crédito y ser notado brevemente, y en términos generales. Se habla de Jovellanos, aunque no ha sido abogado, sino colegial mayor de los antiguos, como de un filósofo y miembro principal en España de la secta filosófica esparcida por toda la Europa y no poco multiplicada en esta monarquía, la cual tiene los dos grandes proyectos de arruinar todos los tronos y la religión católica. En tal caso es muy pequeño el castigo que se le da, como también es muy ligero el que se continúa dando a Meléndez Valdés, que aún está confinado en esa vecina villa de Medina del Campo, en la que le he visto y hablado, y mereció muchas expresiones de obsequio. Y no puedo menos de decir que todo su aire y su lenguaje respira filosofía. Los dos son muy amigos, y por consiguiente hermanos, y por las cosas que se han sabido de éste segundo [Meléndez], se debe de haber conocido el carácter filosófico del primero. ¿Y de qué servirá haber conocido a estos dos enemigos de la Religión del Trono, especialmente no haciendo en ellos un castigo ejemplar, para que otros teman, ni apremiándolos para que declaren los demás hermanos cómplices en las mismas máximas y atentados filosóficos? Sin estas diligencias, y pasos hechos con actividad y vigor hasta llegar a abatir y exterminar la secta filosófica, de nada servirá en España la deposición y castigo de Jovellanos, de Meléndez y de algunos otros para salvar el Trono y la Religión, como no sirvieron otros semejantes en el Estado Pontificio y en otros varios de Italia. En lugar de Jovellanos ha entrado en la Secretaría de Estado de Gracia y Justicia el Sr. D. José Antonio Caballero, de quien se puede decir casi con certeza que es tan filósofo como Jovellanos y Meléndez, y de éste segundo, a lo que más asegura quien conoció a los dos, es amigo el nuevo Secretario de Gracia y Justicia, y los dos son dos bellos espíritus criados en la renovada o, por mejor decir corrompida Universidad de Salamanca. ¿Qué ventaja, pues, para la Religión y para el Trono se podrá esperar de esta mudanza de Secretario de Estado de Gracia y Justicia? Toda ella se vendrá a reducir a que Caballero, con un corazón tan contrario a la Religión y al Trono como su antecesor, será algo más cauto y más reservado que él para no ser privado de su empleo. ¡Gran desgracia de los Reyes Católicos que casi no pueden dar un oficio cerca de sus personas, ni aún los de tanta confianza como las secretarías de estado, sino a enemigos suyos, de su trono, de sus familias y de la Religión Católica! Y en esta miserabilísima esclavitud se hayan, aunque sin conocerla, desde que se apoderaron de la privanza del sencillo Carlos III los abogados de Roda, Campomanes, Moñino y otros semejantes, sin que en tan largo tiempo, ni al rey difunto, ni a los presentes soberanos, ni sus confesores, por lo común religiosos Franciscanos, ni otras personas de celo y de lealtad les hayan hecho abrir los ojos y conocer esta raza de hombres fingidos, y de impíos filósofos que les rodea, y que al mismo tiempo que disfrutan de su privanza y de sus favores, maquinan su abatimiento y perdición. Se lisonjearon estos hipócritas abogados que lograrían tener siempre engañados a los monarcas, si éstos no tuviesen a su lado jesuitas, y temieron que éstos, estando al lado de los Reyes, romperían muchas veces los eslabones de la terribilísima cadena, con que ideaban ligar a los soberanos, hasta arrastrarlos con ella al precipicio y a su ruina. Así lo declaró uno de ellos, poco antes de morir, como se notó en este Diario hacia el año de 1794 o 1795, y no se puede menos de reconocer que han logrado perfectamente su intento. En la primera Secretaría de Estado ha habido también alguna mudanza. El Sr. D. Francisco Saavedra, Secretario de Hacienda en propiedad, ha servido interinamente la dicha Secretaría de Estado por algún tiempo; y ahora, dejando la de Hacienda, ha entrado en propiedad en la otra. Esta novedad se atribuye públicamente a algún disgusto de la reina María Luisa con Saavedra, porque éste no la dio a toda su satisfacción en ocasión de pedir Su Majestad alguna gran cantidad de dinero. Si fuere cierto este motivo de salir Saavedra de la Secretaría Hacienda, será un glorioso testimonio de su mérito y de su integridad. Y, en efecto, siempre se ha hablado con elogio el Sr. Saavedra desde que entró en la Secretaría de Hacienda; y por tanto se puede esperar que continúe dirigiendo bien los grandes negocios de la Secretaría de Estado, como ni tampoco del de su sucesor en la Secretaría de Hacienda, el Sr. D. Miguel Cayetano Soler. Pero siempre se puede fiar poco de los que andan en estos tiempos en las oficinas de las secretarías de Estado y en otros empleos semejantes de la Corte115.