—30→
Cuando la década de los 50 avanzaba, la situación de España contrastaba fuertemente con la de los países industrializados de Europa: Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, Suiza, Holanda.
La historia económica de la posguerra española ofrecía, a grandes rasgos, las siguientes características: política de autarquía forzosa como consecuencia del bloqueo y del aislamiento internacional; escasez generalizada y hambres en sectores de la población paliadas gracias a las importaciones de trigo y carnes de la Argentina de Perón; ritmo de crecimiento económico muy bajo debido a que la producción del país era eminentemente agrícola y la industrialización se producía de manera muy lenta por la escasez de capital financiero y por las insuficiencias infraestructurales (carreteras, ferrocarriles, comunicaciones); a su vez, en esos años las tasas de crecimiento demográfico iban por delante de las tasas de crecimiento económico. En pocos años se pasó de los 28 millones de habitantes a los 31.
En esa década de los 50 se produjo un espectacular trasvase de trabajadores del campo que se trasladaron a las ciudades con sus familias. Más de dos millones de personas -concretamente 2.720.988, según datos oficiales estadísticos de la época- se trasladaron a las ciudades para asentarse en ellas no siempre en condiciones mínimamente dignas. Aquellas migraciones internas, espontáneas y caóticas, sembraron las afueras de muchas ciudades de chabolas, viviendas hacinadas, subarriendos y paro.
Fue una época dura y triste que empujó a muchos a buscar mejores condiciones de vida en la emigración a Europa.
Este movimiento migratorio empujó más allá de los Pirineos a una masa de población que oscila entre el millón y medio y los dos millones de españoles que se asentaron en varios países europeos43.
El flujo migratorio se intensificó a partir del Plan de Estabilización del Gobierno español del año 1959, impulsado por el equipo tecnocrático que dirigía Ullastres, concebido como antesala de los Planes de Desarrollo, pero que forzó a numerosas empresas a cerrar o a realizar expedientes de crisis con los correspondientes despidos de trabajadores que pasaron a engrosar el paro.
En los países industrializados de Europa, la coyuntura era, por el contrario, muy otra. Al término de la Segunda Guerra Mundial habían tenido que hacer frente con un enorme esfuerzo a las destrucciones de ciudades y de industrias. Los créditos del Plan Marshall y la buena capacidad organizativa de estos países -especialmente de la República Federal de Alemania- hizo que al cabo de diez o quince años ya hubieran recuperado el pulso de sus economías hasta el punto de sentir la necesidad de recurrir a mano de obra extranjera para proseguir su desarrollo. Téngase en cuenta que las bajas padecidas en la guerra habían disminuido notablemente su población activa.
De modo que en esos años mientras que en España la endeble capacidad productiva arrojaba al paro a una parte de la población, en los citados países europeos se buscaba mano de obra que les permitiera seguir su alto ritmo de desarrollo, así que, dicho sea en términos populares, se unió el hambre con las ganas de comer; «hambre» de mano de obra, y las «ganas de comer» de los pueblos del sur de Europa, estancados económicamente: españoles, italianos, portugueses, griegos y turcos.
—31→Emigrantes españoles a punto de subir al tren.
El último beso al hijo, ya en el tren, antes de marchar para Alemania a trabajar.
—32→Las nuevas tecnologías y las técnicas de racionalización productiva incrementaban la rentabilidad de las empresas y provocaron lo que se llamó el boom europeo. En la República Federal de Alemania el despegue fue tan espectacular que se le llamó el «milagro alemán».
Europa entraba en una era de abundancia y de prosperidad mientras que los países mediterráneos vivían años de escasez y de pobreza. Esa tensión geoeconómica alumbró los movimientos migratorios de estos países. Por lo que se refiere a España, provocó el flujo migratorio más importante del siglo. El sector más modesto de la clase trabajadora española fue empujado por «las leyes del mercado» a cruzar los Pirineos en una incierta aventura que en muchos casos resultaría más beneficiosa para la nación de destino y para la nación de origen que para el propio emigrado.
La necesidad de emigrar, sentida por los trabajadores beneficiaba obviamente al Estado, lo que transformó las opiniones y actitudes ante el hecho migratorio. Durante el siglo XIX la emigración había sido considerada un azote para la nación, por lo que suponía de pérdida de brazos, de inteligencias y de esfuerzos provechosos para la patria. Esta opinión quedó reflejada en documentos de la época. Por ejemplo, en el Real Decreto de 18 de julio de 1891 del Ministerio de Fomento que creaba una Comisión para estudiar los medios para contener la emigración. Ya entonces se era consciente de que la emigración acarrea un sinfín de calamidades al emigrante.
Otro documento oficial anterior, la Real Orden del Ministerio de la Gobernación de 16 de septiembre de 1853 advertía en su Exposición de Motivos que los emigrantes se exponían a «los abusos a que suele dar lugar la codicia de los especuladores que, llevados de sórdido interés, conducen a veces a los que emigran hacinados en estrecho espacio y sin las condiciones sanitarias que el decoro, la moral y hasta la humanidad misma reclaman».
Estas opiniones oficiales en el siglo XIX habían tenido precedentes radicales en los siglos anteriores en que la emigración era considerada una grave ofensa a la patria y estaba severamente castigada por la ley con penas de confiscación de los bienes de quien emigraba. Esas antiguas leyes fueron abolidas a principios del siglo XIX por los legisladores de Cádiz.
Llegados los años 50 del presente siglo, la emigración se veía desde los ámbitos oficiales de manera muy distinta. Una Ley de 17 de julio de 1956 creó el Instituto Español de Emigración con la finalidad de fomentar y encauzar los movimientos migratorios hacia Europa. Ahora la prosa oficial hablaba de «acción pública» impregnada de «sentido social» al estimar que «la emigración como un amplio campo de posibilidades abiertas ante la libertad del individuo y, al propio tiempo, fuente poderosa de vínculos y relaciones entre pueblos puede proporcionar resultados beneficiosos económico-sociales y en otros órdenes de la vida humana, no sólo al que emigra y a sus familiares, sino en bien general de los países, tanto de origen como de establecimiento». (Exposición de Motivos de la Ley de Bases de Ordenación de la Emigración de 22 de diciembre de 1960).
El régimen franquista consideró la emigración como una válvula de seguridad ante las tensiones sociales provocadas por el paro, las huelgas y los masivos desplazamientos de las poblaciones rurales empobrecidas hacia las grandes ciudades.
El hecho es que, estimulados por la necesidad de huir del paro o de un trabajo precario y unas condiciones de vida muy deficientes, y fomentado desde las instancias oficiales, entre 1960 y 1973 emigraron a Europa unos dos millones de españoles atraídos por los mejores niveles salariales europeos44.
Nuestros emigrantes a Europa apuntalaron de manera importante la economía española con sus remesas de divisas, hasta el punto de constituirse en el segundo capítulo en cuanto a ingresos de divisas de la balanza de pagos. El primer capítulo lo proporcionaba ya en aquellos años el turismo.
España ingresó a lo largo de los 60 cerca de tres mil millones de dólares procedentes de los ahorros de los emigrantes. Este fenómeno produjo un impresionante aumento de los capitales y de la capacidad financiera de las cajas de ahorro y de algunos bancos. Hubo alguna caja de ahorros de provincia con modesta renta per cápita que adquirió una gran potencia. La de Orense, por ejemplo.
En estos términos describía la llegada de los emigrantes españoles a Europa el periodista español Guillermo Díaz-Plaja que en 1974 estudió la situación de los emigrados españoles durante varios meses en Alemania, Francia y Suiza45.
¿Quiénes eran esos miles y miles de españoles que llegaban desorientados a las estaciones centroeuropeas enfrentándose a un destino que desconocían por más que pudieran tener alguna que otra referencia de algún familiar o amigo que les había precedido?
Eran trabajadores poco cualificados, de la construcción, de la industria o los servicios en pequeñas empresas o negocios familiares, o trabajadores del campo. Gentes por lo común de bajo nivel cultural, a veces, analfabetos de deficiente formación profesional. Por lo general eran gente joven -pocos niños y ancianos, si bien progresivamente al emigrante aislado le fue acompañando toda la familia-, predominio de hombres con buena capacidad potencial de trabajo ya que se decidían a emigrar los más capaces e inquietos. El número de mujeres emigradas en la década de los sesenta no alcanza a ser el 20 por ciento, lo que contrasta con la emigración española transoceánica de comienzos de siglo que fue esencialmente familiar (43,5 por ciento de mujeres)46. En no pocos casos se trataba de emigrados en «segunda instancia»: no era raro que andaluces, extremeños o campesinos castellanos que habían emigrado primero a Madrid, Bilbao o Barcelona, dieran más tarde el salto a Europa.
Las razones que les llevaban a la emigración eran el paro o la inseguridad en el empleo, o la precariedad derivada de un salario insuficiente o de trabajos estacionales en el campo, situaciones en las que no podían sacar adelante a sus familias. «La emigración era la única salida que prácticamente tenía el trabajador, el obrero, para poder mantener a su familia. Yo he visto llorar a un hombre a la hora del reconocimiento médico porque le dijeron que no podía emigrar porque tenía algo en los riñones», testimonia Ramón Rodríguez, emigrado a Alemania47.
En una encuesta que se realizó por el Instituto Español de Emigración en 1966, entre 7.000 trabajadores españoles en el extranjero, en la que se les preguntaba por las causas por las que habían emigrado, adujeron, entre otras, las siguientes:
Mejora de su salario | 91,2 por 100 |
Para ahorrar | 89,8 por 100 |
Por tener trabajo mal remunerado | 78 por 100 |
Para adquirir una vivienda | 65,4 por 100 |
Por tener trabajo eventual | 58,6 por 100 |
Por estar en paro | 47,2 por 100 |
Todas las respuestas son indicadores objetivos de que todos los emigrados buscaban como fin una mejora de sus condiciones laborales y económicas48.
¿De qué regiones procedían los emigrados y a qué —34→ países se dirigían? Las grandes zonas migratorias eran Andalucía-Extremadura y Galicia-Asturias. Le seguían Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha. A Francia se dirigieron el 48 por 100 del total de la emigración; a Alemania el 19 por 100; a Suiza, el 16 por 100; a Bélgica el 6 por 100; a Holanda el 6 por 100 y al Reino Unido el 5 por 100.
Los emigrados a Suiza y al Reino Unido procedían en mayor proporción de Galicia. La emigración a Alemania se nutrió fundamentalmente de extremeños y andaluces. Los que se establecieron en Bélgica procedían sobre todo de Asturias. En Francia se instalaron emigrantes procedentes de una mayor variedad de regiones49.
Esta anécdota recogida por el periodista español Guillermo Díaz-Plaja50 puede servir de introducción a algunas breves referencias a las duras condiciones que todo emigrante ha debido afrontar.
Los propios emigrantes eran conscientes de la explotación a que eran sometidos. En una mesa redonda publicada en 1974 en el ya citado número extraordinario de Cuadernos para el Diálogo, celebrada en Bruselas, en la que participaron emigrados españoles llegados allí desde Alemania, Francia, Suiza, Gran Bretaña y Holanda, los participantes se refirieron en términos muy críticos a su situación.
Ángel Enciso, emigrado en Bélgica, afirmaba:
Trabajadores españoles con sus modestos equipajes, integrantes de una expedición oficial, agrupados en el andén de la estación.
Carlos Pardo, periodista emigrado a Alemania denunciaba en dicha mesa redonda que las autoridades españolas responsables de la emigración no informaban o informaban mal de las condiciones en que se hallarían los emigrados:
Además de estas deficiencias informativas ocurría entonces que el régimen político español, la dictadura del general Franco y la Administración española, eran mal vistas por las democracias europeas lo que impedía la conclusión de acuerdos internacionales que garantizasen un nivel razonable de protección a los emigrantes. El emigrante español sumaba a su dura condición, la de ser miembro de un país desprestigiado, lo que le suponía una mayor desprotección.
Salida de emigrantes hacia Bélgica.
En las emigraciones de comienzos de este siglo, los españoles que se iban a América lo hacían con la intención de establecerse allí indefinidamente o con la idea de volver triunfantes, al cabo de muchos años. Los emigrantes —37→ de los años 60 a Europa veían en cambio la emigración como un remedio inmediato a sus problemas económicos y laborales que esperaban dejar solucionados en pocos años mediante el ahorro que les permitiría comprar el piso que anhelaban o establecer el pequeño negocio que les diera para vivir.
El retorno ha sido, y lo sigue siendo, la más profunda aspiración de los emigrados a Europa. Para hacerlo pronto posible ahorrarán hasta límites inverosímiles.
Hablar de ahorro emigrante es hablar de una voluntad férrea que impone unos modos de vida de una austeridad impresionante. Comprendiendo que a mayores restricciones de gastos, a mayores privaciones, el nivel de ahorro sube y el periodo de permanencia baja, yo he visto en la emigración -escribe Díaz-Plaja51- a muchos, muchísimos hombres que llevaban una existencia mucho más precaria de la que han abandonado en sus lugares de procedencia. Y esto durante periodos de tiempo bastante prolongados. Separaciones familiares durísimas -mujer e hijos a los que se ve solamente una vez al año- vivienda forzosa o voluntariamente reducidas a niveles ínfimos, por no decir infrahumanos, régimen alimenticio frugal, rozando el mínimo de calorías necesario para hacer frente a la fatiga y al clima, ausencia de consumo y caprichos -tabaco, alcohol, bebidas, cine, etc.-. |
La dura realidad terminaba imponiendo a la mayoría de los emigrados el permanecer más tiempo del que inicialmente pensaban. Porque se producía un desajuste entre lo que pensaban ahorrar y lo que realmente podían ahorrar. O porque una vez ahorrado lo necesario para comprar un piso en España, se daban cuenta de que con sólo resolver el problema de la vivienda, no por ello ya podían retornar. Necesitaban también encontrar un trabajo o poder montar un pequeño negocio (una tienda, un taller, un taxi, un bar, un terreno, comprar ganado...). Incluso ocurría que algunos que retornaban, al cabo de poco tiempo tenían que volver a la emigración renunciando por otra temporada a su más íntimo anhelo.
Según una encuesta realizada por Data S. A. en mayo de 198652, cuando ya una parte de los emigrados durante la década de los 60 había regresado, el 64 por 100 de los españoles en Europa se declaraban decididos a retornar a España. El 36 por 100 declaraban no haber pensado en el regreso. De los decididos a retornar el 55 por 100 habían comprado ya un piso en España, el 44 por 100 enviaban dinero a su familia, el 18 por 100 habían comprado tierras o ganado en España, el 18 por 100 estaban buscando trabajo en España, el 8 por 100 habían comprado algún negocio en España y el 20 por 100 no hacían ninguna de estas cosas.
La decisión de regresar a España se manifestaba con más constancia en los emigrantes que residían en Alemania y Suiza, donde la integración y el conocimiento del idioma presenta mayores dificultades. Los emigrados que expresaban menos deseos de regresar eran los que residían en Francia. La viabilidad del retorno dependerá siempre de la unidad familiar, de la actitud de los hijos, la segunda generación, por lo común más integrada en el país de acogida, y, desde luego, dependerá de las posibilidades reales de encontrar un trabajo en España.
A partir del año 1974 y hasta 1980 la crisis derivada del encarecimiento del petróleo redujo progresivamente las salidas y alentó los retornos de emigrantes que de nuevo se incrementarían a finales de los 80 hasta el momento actual.
A finales de 1993, la población española que vive en Europa ascendía a 551.451 personas, de las que 430.000 residen en países de la Unión Europea. Estos emigrados no responden ya, en su inmensa mayoría, a la vieja imagen del emigrante esperando el tren o el barco junto a una vieja maleta atada con cuerdas.
Por otra parte, a partir de la Constitución española de 1978 que responsabiliza al Estado de velar especialmente «por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero» y de «orientar su política hacia su retorno» (artículo 42), se establecieron diversos mecanismos de protección social de los emigrados y refugiados: convenios bilaterales de Seguridad Social con los países iberoamericanos, asistencia sanitaria, programas de vacaciones del Inserso, pensiones asistenciales, pensiones e indemnizaciones derivadas de la Guerra Civil, o en favor de quienes sufrieron prisión durante el franquismo por actuaciones de intencionalidad política, programas de apoyo a los retornados... Todo un racimo de actuaciones con las que el régimen democrático, —38→ a pesar de los recursos siempre limitados, ha afrontado la deuda histórica que la sociedad española tiene contraída con sus emigrados y exiliados.
Mientras permanecen en la emigración, dispersos por Europa y por América y otros continentes, cerca de 1.200.000 españoles (551.451 en Europa; 596.148 en América; 7.511 en África; 2.723 en Asia y 16.269 en Oceanía)53, en la década de los 70 se ha invertido la tendencia en España, que de ser un país de emigrantes ha empezado a ser un país de inmigración. En 1980 la población extranjera en España ascendía a 182.000 personas, cifra que en 1990 había superado las 400.000. A ese número habría que sumar los ilegales que podrían superar los 200.000, aunque es difícil fijar una estimación54.
Un grupo de trabajadores espera la llegada del tren especial que les conducirá a Francia para la vendimia (1984).
El fenómeno migratorio sigue siendo en España, por activa o por pasiva, una cuestión de permanente actualidad. Actualidad siempre dramática y a veces trágica, como nos lo recuerdan con demasiada frecuencia los emigrantes africanos que pierden su vida al cruzar el Estrecho en frágiles «pateras».
Afortunadamente han cambiado la mentalidad y las actitudes de los Gobiernos europeos y de los organismos internacionales ante los emigrados, aunque en la práctica los Gobiernos no siempre sean consecuentes con los principios que dicen profesar y con las normas internacionales vigentes.
Cuatro organismos internacionales se ocupan desde hace años de la protección de los derechos de los emigrados y de los refugiados: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el Consejo de Europa cuyo Convenio Europeo de Derechos Humanos protege a toda persona que se encuentre bajo la jurisdicción de los Estados firmantes, sean o no ciudadanos del Estado en que se produzca una violación55.
Esos organismos y la normativa internacional ofrecen a los emigrados y a los refugiados, en cualquier caso, unos cauces de defensa a través de los que pueden exigir ser tratados como seres humanos y no como simple mano de obra o como sujetos sospechosos.
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