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Cooperaron a la reclamación del P. García los presbíteros: don Domingo Paniagua, secretario del obispado; don Domingo Morales, secretario del cabildo, y Notario Mayor don Francisco Flores, licenciado; y don Juan de D. Salazar.
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Formaban entonces el Cabildo los señores: Fermín de Zorondo, Gregorio Moreno, José María Soto, Apolinario del Pino, Juan Manuel Arraigada, José Puga, José Miguel Galindo y Esteban Fonseca.
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Carta escrita desde Chillán el 25 de marzo de 1835, y que hemos tomado de El Mercurio de Valparaíso, del día 23 del mismo mes. La totalidad casi de los documentos que citamos en este capítulo salen por primera vez a la publicidad.
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Chillán, 20 de febrero y a las 2 de la tarde de 1835:
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Carta del gobernador Prieto al intendente de Concepción. Todas las noticias que se contienen en este capítulo son tomadas del Archivo de la intendencia de Concepción y de las Actas de sesiones municipales. El archivo se guarda en la Biblioteca Nacional, en Santiago. Algunos datos obtuvimos en el Archivo General de Gobierno.
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Alemparte estaba en Santiago cuando el terremoto. Lo reemplazaba accidentalmente en Concepción el suplente don Ramón Boza. Éste dio cuenta a Santiago de la gran catástrofe. De las comunicaciones de Boza damos en el Apéndice N.º 3 dos notas que cuentan lo que pasó en Concepción. Contienen ellos lo que Boza habría dicho, si hubiera estado en Chillán, salvo lo que tienen de estrictamente local.
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Una de las medidas importantes que se tomó fue la de rematar en pública subasta el ramo de matadero y recova; el modo pintoresco en que se verificó, nos incita a dar de ello esta ligera noticia. En los anuncios del remate se pusieron condiciones bastantes onerosas, que debía llenar el que obtuviera el negocio.
Llegado el día del remate, llamó a puestas la Junta de Almoneda, y se presentó como postor don Hermenegildo Arias, con ofrecimiento de $725. Mejoró la postura don Juan José Marchena, y sobre éste subió Arias, hasta que en la última puja ofreció $905: «Y pregonada que fue esta última postura -dice el acta de remate- por una, dos y tres veces, y no habiendo comparecido otro Postor, se mandó por dicha Junta apercibir de remate y se dijo: 'y porque no hay quien puje, ni habrá quien ofrezca más!...: ¡a la una!..., ¡a las dos!..., ¡y a las tres! ¡Qué buena...!, ¡qué buena...!, ¡qué buena prole! (sic) Haga a don Hermenegildo Arias la recova por el término de un año, con las obligaciones consabidas».
Componía la Junta de Almoneda el gobernador, el juez letrado y el alcalde y el notario público.
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Es bueno dejar aquí constancia de que el gobierno nacional, desde que se supo la noticia de la gran catástrofe de 20 de febrero, fue partidario de la traslación de los pueblos arruinados, si no se realizó en todo el deseo del gobierno, fue porque se le opusieron serias dificultades. La traslación de Concepción se estudió antes y mejor que la de Chillán.
Volvieron a revivir los proyectos del siglo XVIII, de llevar la ciudad a Talcahuano, a Cosmito, a Landa, a Punta de Parra y al mismo Penco: los ingenieros don Juan José Arteaga y don Ambrosio Lozier presentaron al respecto un concienzudo informe, favorable a los deseos de los vecinos, que no deseaban emigrar de sus destruidos hogares. Chillán y la Florida cambiaron de ubicación.
Alemparte, con la actuación que le vamos conociendo, reflejaba el pensamiento del gobierno, que era al mismo tiempo el suyo propio.
Permaneció en el antiguo sitio el pueblo de Pemuco que, según comunicación de su cura don Julián Jarpa al gobernador, se destruyó enteramente. El caserío de Larqui, en donde estaba la otra parroquia del partido de Chillán, se destruyó, como lo decía su cura don José María Mora. Poco después fue trasladado más al sur, en donde se fundó la ciudad de Bulnes, en honor del general don Manuel Bulnes, que acababa de ganar la guerra contra Perú y Bolivia en 1838.
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Pocos días después de la elección de del Canto, era elegido municipal don Manuel Acuña, en reemplazo de don Domingo Puga, que tal vez falleció entonces. El municipal Puga no aparece en ninguna de las actuaciones que se venían haciendo desde febrero pasado por el municipio para arreglar el negocio que nos ocupa. Tal vez estaba enfermo desde el terremoto y sólo en este mes de junio renunció o pasó a mejor vida.
El elegido Acuña renunció porque, según él lo dijo en la sala municipal, su elección no era legal. Fue elegido y confirmado don Bernardino Torres, que ya era juez de comercio y que desempeñó su nuevo cargo con singular puntualidad. Comenzó a funcionar el 11 de julio de 1835.
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Algún tiempo después acordaban los municipales mandar pagar renta mensual de diez peso al preceptor, si tenía dieciséis alumnos en la escuela. Para el caso de que ese número no se llenara se rebajaría la renta a prorrata de la disminución de alumnos. Quedaba encargado del prorrateo el cura párroco, los días sábados, cuando hiciera la visita semanal a la escuela.