La Ciencia española: del encuentro con Europa durante la República a la depuración franquista y el exilio¹

Francisco A. González Redondo

En 1988 Francisco Giral González, antiguo Ministro de la II República Española en el exilio, había completado el encargo recibido algunos años antes, por parte del Profesor Francisco González de Posada, de escribir su experiencia personal acerca de lo que había sido la Ciencia española en el exilio, o El exilio de los científicos españoles. El Coronel no tenía quien le escribiera... y en ese momento Giral no tenía quien le publicara la magna obra preparada, por lo que el Prof. González de Posada y la asociación por él presidida, Amigos de la Cultura Científica, en colaboración con el Centro de Investigación y Estudios Republicanos (CIERE), publicaron al año siguiente los primeros seis capítulos del libro en el n° 33 de la colección «Aula de Cultura Científica», que empezaba a dirigir entonces el autor de estas páginas.

Esta colaboración con el CIERE se completó ese mismo año con la edición, en el n° 35 de dicha colección, de la monografía preparada por otro ilustre exiliado, Augusto Pérez-Vitoria, sobre «El fin de una gran esperanza. 1936: el último curso de la Universidad Internacional de Verano en Santander».

En 1994 pudo ver la luz completo, por fin, el libro de Giral, publicado por la editorial Anthropos. En el Prólogo detallaba cuál había sido su origen:

Al reingresar en el escalafón de universidades en 1977, fui asignado a la Universidad de Salamanca. Previamente, había solicitado su reincorporación Augusto Pérez-Vitoria, Catedrático en la Universidad de Murcia. Fuimos los dos únicos catedráticos del exilio que estábamos en situación de volver en activo a la Universidad antes de cumplir la edad reglamentaria de la jubilación. La mayoría de los Catedráticos exiliados habían fallecido ya o rebasado la edad de jubilación. Estando en Salamanca, un buen día recibí la llamada telefónica desde Santander de Francisco González de Posada. Con apoyo de los Amigos de la Cultura Científica fui invitado varias veces a disertar sobre «Ciencia española en el exilio», lo que se cumplió entre 1980 y 1982. El interés de González de Posada por los científicos del exilio sobresalió desde el primer momento, llegando a adquirir niveles de auténtica emoción, lo que no ha sido frecuente en esta España llamada de transición.

Efectivamente, en el entorno de González de Posada comenzó entonces (hace ya más de 28 años) una importante tarea de recuperación de la memoria de los científicos españoles más importantes del primer tercio del siglo XX, lo que se ha venido en llamar la Edad de Plata de la Cultura española; prácticamente todos, de una manera u otra (en el exterior o en el interior), exiliados tras el proceso de depuración consecuente a nuestra Guerra Civil. Para ello, para que los españoles pudieran conocer lo que habían sido y significado Enrique Moles, Blas Cabrera, Julio Palacios, Arturo Duperier, Ángel del Campo, etc., desde Amigos de la Cultura Científica convocó a los descendientes y/o los discípulos más entregados al recuerdo de los físicos y químicos más significativos de esa época, organizando Ciclos de Conferencias, Congresos y Exposiciones, publicando artículos, libros y monografías, etc., en una ingente labor para la cual fue contando sucesivamente con la ayuda de, entre otros y muy especialmente, Mª Dolores Redondo Alvarado, Miguel A. González San José, Ángel Martínez Fernández, Francisco A. González Redondo, Dominga Trujillo Jacinto del Castillo, etc.

Pero la tarea se ha realizado con unas herramientas singulares: los legados que han ido donando a Amigos de la Cultura Científica Augusto Pérez-Vitoria, Nicolás Cabrera Sánchez, Elena Caleya de Palacios, María Eugenia Duperier, Ángel del Campo Francés, etc.

Con este marco no es de extrañar que Giral concluyera el Prólogo de su obra sobre el exilio de la Ciencia española escribiendo: «En este libro sobre la obra de los científicos españoles del exilio he tenido la valiosísima ayuda de Francisco González de Posada y de Augusto Pérez-Vitoria, a quienes hay que considerar como coautores de esta labor».

Y es que, aunque hoy los investigadores podemos dedicarnos a estudiar nuestro pasado reciente para reconstruir lo que se ha venido en llamara nuestra «memoria histórica», y hasta el Congreso de los Diputados ha aprobado en 2007 una Ley que no sólo aporta cobertura jurídica, sino que fija diferentes acciones de obligado cumplimiento para el conjunto del Estado (supresión de nombres y simbología franquista, etc.), la situación hace 25 años era bien distinta.

Así, el 18 de diciembre de 1985, el Prof. González de Posada, entonces Rector de la Universidad de Santander, tuvo la «osadía» de proponer que se sustituyera la estatua ecuestre del General Franco, ubicada en la Plaza del Ayuntamiento de dicha ciudad, por un monumento que honrase al «más prodigioso inventor de su tiempo», el montañés Leonardo Torres Quevedo. Al día siguiente, la petición fue tachada por el entonces alcalde santanderino², Juan Hormaechea Cazón, como propia de «posturas simples o simplezas a las que lleva un afán de protagonismo enfermizo», que la estatua «está donde está y plantear este tema me parece inoportuno, ofensivo y despreciativo para la autonomía municipal», y terminaba destacando cómo, en esos años, frente a lo propuesto por González de Posada, tanto Felipe González como el líder de la oposición habían mostrado un equilibrio excepcional.

La estatua de Torres Quevedo no pudo erigirse entonces en la plaza del Ayuntamiento de Santander, y está emplazada en Santa Cruz de Iguña, junto a la casa natal del insigne inventor. La estatua de Franco ha permanecido allí hasta 2008, cuando la construcción de un Parking ha impuesto su traslado. ¿Se hará caso ahora a la petición realizada por González de Posada hace ya más de 20 años?

Cuando en 1975 murió el Dictador, una nueva perspectiva para la interpretación de la Guerra Civil se habría en nuestra Historia. De hecho, el advenimiento de la democracia, la aprobación de la Constitución, la evolución de la Sociedad española y las numerosas investigaciones realizadas desde entonces, certificaron la realidad del juicio histórico al que tanto se había referido y encomendado en vida Francisco Franco. La Historia juzgó, pero el resultado fue el contrario del por él esperado: si el 'Generalísimo' había ido ganando las batallas entre 1936 y 1939, el 'Franquismo' iría perdiendo la Guerra a partir de entonces, precisamente por su decisión de cercenar todo proyecto de reconciliación nacional y condenarnos a los españoles a la división, separados entre vencedores y vencidos, nosotros, que sufrimos de una más que demostrada predisposición cainita a enfrentarnos los unos a los otros³.

Así, ya el 11 de noviembre de 1936, en el marco de confrontación fratricida por todos evocable, aparecía publicada en el B.O.E. una Disposición del día 8, firmada por Francisco Franco Bahamonde en Salamanca, con un preámbulo que sirve de prólogo adecuado para el tema que estudiamos en estas páginas⁴:

El hecho de que durante varias décadas el Magisterio en todos sus grados y cada vez con más raras excepciones haya estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y tradición nacional, hace preciso que en los solemnes momentos porque atravesamos se lleve a cabo una revisión total y profunda en el personal de Instrucción Pública, trámite previo a una reorganización radical y definitiva de la Enseñanza, extirpando así de raíz esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra Patria.

Para proceder a estas «revisiones profundas» se creaban con carácter temporal las comisiones que debían realizar la depuración de cada uno de los estamentos docentes. La correspondiente al personal universitario estaba compuesta por cinco miembros, tres de los cuales serían Catedráticos de Universidad, personas todas ellas «libremente elegidas» por el Presidente de la Junta Técnica del Estado, Fidel Dávila Arrondo, a propuesta de la Comisión de Cultura y Enseñanza, presidida por José María Pemán Pemartín, entidad desde la que se darían las oportunas órdenes para el cumplimiento de lo decretado y se formularía el «plan de reorganización y estudios».

Ese mismo día 11 se publicaban también en el B.O.E. las «Reglas para aplicación del Decreto 8 de Noviembre actual», firmadas en Burgos el día 10 por Fidel Dávila y dirigida a José María Pemán. De acuerdo con dichas «Reglas», las diferentes comisiones constituidas para cada estamento particular podrían «reclamar de cuantas Autoridades, Centros y personas lo estimen conveniente, cuantos informes crean necesarios sobre la conducta profesional, social y particular, así como actuaciones políticas del personal cuyos antecedentes y actuación les corresponda investigar, con objeto de poder formar un concepto acabado y total de cada uno de los interesados», debían instruir e informar los expedientes en el plazo de un mes y la Comisión de Cultura y Enseñanza acordaría las sanciones que estimara procedentes. Mientras se iban realizando las depuraciones, continuaron dictándose nuevas disposiciones.

Por Ley del 30 de enero de 1938 se constituyó el primer Gobierno presidido por el General Franco, organizándose la Administración del Estado en Departamento Ministeriales. El Ministerio de Educación Nacional se puso en manos de Pedro Sáinz Rodríguez, quien había sido anteriormente Delegado Nacional de Educación y Cultura de FET y de la JONS, y el 11 de marzo de 1938 se crea dentro del Ministerio una «Oficina Técnico-Administrativa» especial para coordinar las depuraciones.

A medida que el fin de la Guerra Civil se avizoraba próximo el proceso global de depuración se retomaba con especial intensidad, y con el punto de partida que imponía Franco, tal como transcribíamos arriba, parecía claro que el profesorado universitario iba a verse afectado profundamente. En efecto, una Orden Ministerial del 28 de enero de 1939, firmada en Vitoria por Sainz Rodríguez, fijaba que todos los funcionarios (en general) que hasta ese momento no hubieran pedido su rehabilitación y/o no tuvieran su expediente resuelto deberían solicitar el reingreso en su puesto anterior al 18 de julio. En particular, en el Artículo 4º, se refería al mundo de la Universidad en los siguientes términos:

El Profesorado de la Universidad perteneciente a los Escalafones del Estado dirigirá sus solicitudes de reingreso al Presidente de la Comisión depuradora creada en el Artículo 1º del Decreto de 8 de Noviembre de 1936 y que actualmente tiene su domicilio en Zaragoza.

Otras dos Órdenes de 4 de febrero de 1939⁵, de las que se hizo amplio eco la prensa española, expulsaban de la Universidad a un apreciable número de catedráticos y profesores porque era «pública y notoria» su «desafección al nuevo Régimen implantado en España, no solamente por sus actuaciones en las zonas que han sufrido y en las que sufren la dominación marxista, sino también por su pertinaz política antinacional y antiespañola en los tiempos precedentes al Glorioso Movimiento Nacional». Para completar sus propósitos la segunda de las dos Órdenes, la n° 1280, destacaba:

La evidencia de las conductas perniciosas para el país de los Catedráticos que se mencionan hace totalmente inútiles las garantías procesales que en otro caso constituyen la condición fundamental de todo enjuiciamiento.

Como puede apreciarse, el Franquismo contrariaba cualquier ordenamiento jurídico... incluso el existente suyo o el que pudiera generar en el futuro, y certificaba su 'suicidio'. Y es que el proceso de depuración no había hecho más que comenzar. La nueva Ley de 10 de febrero de 1939, en la que se establecían las «Normas para la depuración de funcionarios públicos», recogía las intenciones del régimen victorioso:

Es deseo del Gobierno llevar a cabo esta depuración con la máxima rapidez y dentro de normas flexibles que permitan reintegrarse rápidamente a sus puestos a aquellos funcionarios que lo merecen por sus antecedentes y conducta, y, al mismo tiempo, imponer sanciones adecuadas, según los casos, a los que incumpliendo sus deberes, contribuyeron a la subversión y prestaron asistencia no excusable a quienes por la violencia se apoderaron, fuera de toda norma legal, de los puestos de mando de la Administración.

Todos los funcionarios debían presentar ante la Jefatura Provincial del Cuerpo al que pertenecieran, o ante el correspondiente Ministerio una declaración jurada en la que se especificasen los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos del interesado. b) Cuerpo o Servicio a que pertenezca. c) Categoría administrativa. d) Situación en que se encontrare y destino que desempeñare el día 18 de julio de 1936. e) Si prestó adhesión al Movimiento Nacional y en qué fecha y forma lo efectuó. f) Si prestó su adhesión al Gobierno marxista, a alguno de los autónomos que de él dependían, o a las Autoridades rojas, con posterioridad al 18 de Julio, en qué fecha y en qué circunstancias, especificando si lo hizo en forma espontánea o en virtud de alguna coacción. g) Servicios prestados desde el 18 de Julio de 1936, indicando especialmente los destinos, tanto en su Cuerpo o servicio, como en otros, y los ascensos que hubiera obtenido, especificando los que lo hubieren sido por rigurosa antigüedad. h) Servicios prestados a favor del Movimiento Nacional. i) Sueldos, haberes, o cualquier otra clase de emolumentos, percibidos desde la iniciación del Movimiento y concepto por el que se le acreditaron. j) Partidos políticos y entidades sindicales a que ha estado afiliado, indicando la fecha de la afiliación y, en su caso, del cese; cotizaciones voluntarias o forzosas a favor de partidos, entidades sindicales, o Gobierno, que haya realizado, incluyendo en ellas las hechas a favor del Socorro Rojo Internacional, Amigos de Rusia y entidades análogas, aunque no tuvieren carácter de partido político. k) Si pertenece o ha pertenecido a la Masonería, grado que en ella hubiere alcanzado y cargos que hubiere ejercido; y l) Testigos que puedan corroborar la veracidad de sus afirmaciones y documentos de prueba que pueda presentar o señalar.

Se pretendía tanto reintegrar pronto a los más adeptos al régimen, con los que comenzaban su labor los instructores, como que éstos pudieran servir de testigos (y acusación) en las investigaciones posteriores de los 'depurables'. Y, como parece obvio, todos los funcionarios se vieron involucrados: unos, acusadores; otros, acusados; el resto, implicados. Nadie quedó a salvo; ninguno pudo permanecer neutral. Además de la declaración jurada personal, se veían obligados a realizar otras declaraciones complementarias incriminatorias del personal de su entorno sobre los que había certeza, sospecha, deseo o, simplemente, decisión de que se les pudiera aplicar cualquiera de los cargos mencionados.

Para el personal dependiente del Ministerio de Educación Nacional se determinaba en las «Disposiciones adicionales» que la depuración se realizaría «con arreglo a normas especiales que al efecto se dicten, teniendo en cuenta las concretas promulgadas desde un principio para realizar la citada depuración y la peculiaridad de la misión docente». En consecuencia, el 18 de marzo de 1939 firma Sáinz Rodríguez una nueva Orden específica para el personal de su Ministerio, creando la Comisión Superior Dictaminadora de los expedientes de depuración. Toma como punto de partida el mantenimiento tanto de todas las sanciones impuestas hasta ese momento como la composición y funcionamiento de las Comisiones depuradoras del personal de Enseñanzas Primaria y Media. Sin embargo, «dado su reducido número», para proceder contra el personal de las Universidades y las Escuelas Especiales (por ejemplo, de Ingenieros) el Ministerio designará Jueces Instructores propios, coordinado por la Jefatura del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media a través de los diferentes Rectorados.

Tras el fin de la Guerra, cuando el Régimen inicia su reorganización a medida que se van definiendo los ámbitos de poder de los diferentes sectores del bando victorioso, las riendas del Ministerio de Educación van a cambiar de manos. El 29 de abril de 1939 cesa por Decreto el monárquico Sáinz Rodríguez, haciéndose cargo interinamente de la Cartera el Ministro de Justicia, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de Rodezno. En todo caso, quien quedó a cargo del Ministerio fue el entonces Subsecretario, Alfonso García-Valdecasas, hasta que el 10 de agosto de 1939 tomó posesión el nuevo Gobierno, recayendo en José Ibáñez Martín la Educación Nacional. En estos meses de transición, y mientras se articulaba la inevitable reforma universitaria, las actividades en el Ministerio se centraron en la aplicación de toda esta normativa con objeto de ir cerrando el proceso de depuración.

El conjunto de la normativa depuradora franquista tenía un sustrato ideológico en el que se asentaban sus claros fundamentos: se asumía que España se había visto avocada a la «tragedia» por la acción, unas veces premeditada, otras inconsciente e irresponsable, de una 'bestia' que tenía un nombre muy claro: la Institución Libre de Enseñanza (ILE)⁶. Estas ideas básicas pueden leerse en diferentes libros, muy especialmente en Los intelectuales y la tragedia de España, de Enrique Suñer, y Una poderosa fuerza secreta, obra colectiva coordinada desde la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Si, por ejemplo, leemos el Prólogo de este último, empezaremos a entender quiénes eran los 'culpables de la tragedia', dónde había que buscar responsabilidades, y, por tanto, a quienes iba dirigida la 'purificación'.

A la revolución roja, el socialismo le ha dado las masas y la Institución Libre de Enseñanza le ha dado los jefes. Gran verdad que estampó El Socialista en los días jactanciosos del triunfo republicano de 1931, que la suscriben cuantos hombres capaces de sentido histórico y real han observado los acontecimientos de España, la confirman los hechos y la proclaman los mismos conspicuos institucionistas. Así, la euforia del Poder desató la cauta lengua de Fernando de los Ríos para decir (Discurso en Zaragoza. Heraldo de Aragón, 9 de febrero de 1932): «Las ilusiones de los discípulos de Giner de los Ríos se injertaron en la organización pedagógica española en el mayor silencio. La Escuela Superior del Magisterio, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la Escuela de Criminología y hasta la Residencia de Estudiantes han sido los gérmenes de la Nueva España; estos han sido los gérmenes que han posibilitado el advenimiento de un Régimen nuevo. La simiente está tirada silenciosamente en el surco. La República Española recoge los resultados de aquellos»

Esos párrafos del Prólogo terminaban con un ácido «A confesión de parte...». Aunque la realidad no fuese exactamente la descrita por el Ministro y recogida por el prologuista, y a pesar de que Manuel Bartolomé Cossío, sucesor de Francisco Giner de los Ríos en la Institución, desvinculase a ésta, en los años 30, de lo que Fernando de los Ríos y Julián Besteiro (antiguos alumnos de la misma) podían representar, la realidad es que durante la II República culminaba un proceso de modernización (internacionalización) de la Ciencia española que había comenzado con los modestos movimientos regeneracionistas de finales del siglo XIX (especialmente el espíritu y la obra de la Institución Libre de Enseñanza al margen de la Universidad oficial); se había asumido como camino ineludible tras el «desastre» del 98 (superando fútiles polémicas retóricas sobre nuestro pasado científico); había encontrado vías institucionales dentro del sistema y para el sistema con la creación del Ministerio de Instrucción Pública en 1900 (por un gobierno conservador en el turno de partidos); y, por último, a partir de 1907 había delegado su consecución (por un gobierno liberal debidamente animado por institucionistas republicanos y reformistas) en la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE).

Este mundo que nacía en esos momentos, y se desarrollaría en las décadas previas al estallido de la Guerra Civil, se constituía en el objeto de la depuración, objeto que se detallaba en el índice del mencionado libro:

Origen, ideas e historia de la ILE Menéndez Pelayo y la Institución Origen, ideas e Historia de la Institución La Institución Libre y la Enseñanza Los procedimientos La táctica de la Institución La formación del Profesorado La provisión de cátedras Los instrumentos oficiales La investigación científica acaparada y estropeada (la JAE) El Instituto-Escuela La Residencia de Estudiantes Los Cursos de verano La Escuela Superior del Magisterio El Centro de Estudios Históricos El Instituto Rockefeller La Escuela de Criminología Más organismos creados por la República La Institución Libre y la Sociedad La herencia de la Institución Libre

Efectivamente, la Junta para Ampliación de Estudios, creada con naturaleza de verdadera Universidad autónoma, financiada por el Estado, pero al margen y sin las obligaciones de las Universidades del Reino, será la institución que dirija nuestra Ciencia al encuentro de la Ciencia universal. Desde ella, la intelectualidad burguesa de pensamiento más avanzado llevaría a cabo una ingente tarea de convergencia con Europa en materia cultural y científica. Para ello, se crearían nuevos centros de investigación y ampliación de estudios en España, y verían la luz las «generaciones JAE» de científicos, que, por primera vez en nuestra historia, se formaban en Europa gracias al lúcido programa de pensiones en el extranjero puesto en marcha por la Junta.

En los ámbitos de la Ingeniería y de las Ciencias bio-médicas el panorama a principios del siglo XX ya era algo más esperanzador que para las restantes disciplinas científicas. Esto se debía, en primera instancia, al enorme prestigio disfrutado por los ingenieros (especialmente de Caminos), médicos y farmacéuticos en la Sociedad española del siglo XIX, sobre todo si se los comparaba con matemáticos, físicos, químicos o biólogos. Pero, también, por la existencia de dos personalidades singulares que durante varias décadas constituyeron la representación internacional de nuestras Ciencias: Santiago Ramón y Cajal (Premio Nobel en 1906) y Leonardo Torres Quevedo (el «más prodigioso inventor de su tiempo» según Maurice D'Ocagne). Para ellos se crearon, hecho novedoso en la España de la época, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas (en 1901, por el Ministerio de Gobernación) y el Centro de Ensayos de Aeronáutica (en 1904, por el Ministerio de Fomento).

Tras muchos años durante los cuales en la Universidad oficial sólo «se hablaba» de Ciencia, y con retraso de varias décadas, la salida, gracias a la Junta, de profesores y recién titulados al encuentro del saber de Europa fue cambiando el panorama nacional. Para 1918 los españoles demostraban que también podían y sabían «hacer» Ciencia original al modo europeo; y, llegados los años veinte, incluso ¡al nivel europeo! Y se hacía, esencialmente, desde los Centros de la JAE: el Laboratorio de Investigaciones Físicas dirigido por Blas Cabrera, los Laboratorios de Química y Medicina de la Residencia de Estudiantes, además del Laboratorio de Cajal y del Museo de Ciencias Naturales dirigido por Ignacio Bolívar... claro que estos dos últimos también se habían integrado en la Junta en 1910.

Con la llegada de la República, y tras el intento semi-fallido de reforma de los estudios superiores consecuencia de la Ley Callejo de 1928, la primera «generación JAE» podía, por fin, corresponder al esfuerzo realizado desde 1907, dándole a la Universidad (y, por tanto, a la Sociedad) unos Planes de Estudio y unos Programas de Doctorado a la altura de los tiempos, sobre todo en los campos científicos, donde el desfase con Europa era más pronunciado.

Bajo la tutela de esa «primera generación», la renovación del profesorado por razón de edad, y la reorganización y dotación de nuevas Cátedras permitían la entrada en los claustros universitarios, especialmente a partir de 1932, de la «segunda generación JAE», primera formada en la Ciencia internacional antes, durante y después de sus pensiones en el extranjero.

Es cierto que la élite intelectual española poco se había implicado a lo largo de la historia en las tareas de educación del pueblo. Por tanto, no es de extrañar que si durante el Gobierno provisional de la II República la atención prioritaria en Instrucción Pública se había centrado en la Enseñanza primaria, la llegada de Fernando de los Ríos al Ministerio supusiera una época dorada para esos intelectuales reunidos en torno a los centros de la Junta.

Así, el 6 de febrero de 1932, tras asumirse presupuestariamente el compromiso adquirido por el Estado español con la Fundación Rockefeller en plena Dictadura, se inauguraba oficialmente el Instituto Nacional de Física y Química, basado en el reconocido internacionalmente Laboratorio de Investigaciones Físicas, dirigido desde 1910 por Blas Cabrera, y al que se unía el modesto Laboratorio de Química Orgánica, creado para Antonio Madinaveitia en 1916. Con el Instituto culminaba el proceso de convergencia científica con Europa. A partir de entonces, serían los profesores europeos (alemanes, franceses, etc.), los que vendrían a España, al centro más avanzado del momento, para investigar y aprender Física y Química con Blas Cabrera, Enrique Moles, Julio Palacios, Miguel Catalán o Antonio Madinaveitia. En 25 años de vida de la Junta, los científicos españoles le habían dado la vuelta a la situación inicial.

Pero la JAE no había podido cubrir algunos ámbitos que resultaban ineludibles para la República: la descentralización de una investigación científica radicada exclusivamente en Madrid y la atracción de la industria y los capitales privados a un mundo que parecía solamente académico. La nueva institución republicana concebida para llenar el hueco recibiría el nombre de Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas. Creada en julio de 1931, pero dedicada durante el primer bienio a la infructuosa empresa de la «Expedición Iglesias al Amazonas», a partir de 1934 irá dando vida a Laboratorios de Química en Salamanca y Oviedo, de Geoquímica en Santiago, de Metalurgia en Valencia, de Hematología en Zaragoza, etc., partiendo para ello del modelo que había supuesto el Instituto Torres Quevedo (nuevo nombre del Laboratorio de Automática tras retirarse el genial inventor) una vez integrado en la Fundación.

Aunque Cajal se había jubilado ya en 1922 (y fallecería en 1934), el campo de la investigación bio-médica, que había continuado desarrollándose en España durante la Monarquía de Alfonso XIII, también alcanzaría niveles europeos durante la República. Especialmente entre los científicos de la escuela de Cajal (Jorge F. Tello Muñoz, Fernando de Castro, Fernando Lorente de No), en el centro que llevaría su nombre y se inauguraría en 1932, el Instituto Cajal, y en el que se integraría el Laboratorio de Fisiología Cerebral dirigido por Gonzalo Rodríguez Lafora. Pero también por otros científicos de su entorno, como Nicolás Achúcarro en el Laboratorio de Histología Normal y Patológica, y su sucesor, Pío del Río Hortega, la figura más destacada de la escuela histológica española, que se integraría en el Instituto Nacional de Oncología en 1928 convirtiéndose en su Director en 1932 con el nuevo nombre de Instituto Nacional del Cáncer.

En agosto de 1932 anunciaba Fernando de los Ríos otra novedosa iniciativa propiamente republicana: «Vamos a la creación de la aristocracia del espíritu [...] La Universidad Internacional de Santander [la UIV], nutrida con profesores españoles y extranjeros, con becarios que serán estudiantes seleccionados por todos los centros superiores de Enseñanza y Universidades, con un número de dos por Facultad, entendiéndose que, dada la posición en que este régimen se coloca en cuanto a la cultura, esos dos seleccionados lo serán por razón de competencia y no por razón de sus posibilidades económicas». Y, efectivamente, la Península de La Magdalena se convertiría, durante los veranos de 1933 a 1936, en el foco científico europeo de referencia. Con Blas Cabrera como Rector desde 1934, y con Enrique Moles y Julio Palacios en el Comité de Patronato, las Ciencias, en sus niveles más elevados, ocuparon el lugar más destacado, hecho insólito en este tipo de encuentros estivales, entonces y hoy en día.

Pero el compromiso de la República (en su conjunto) con la Ciencia puede comprobarse realmente siguiendo los avatares de la celebración del IX Congreso Internacional de Química Pura y Aplicada, el primero que se planteaba desde la I Guerra Mundial. Había sido convocado durante la Dictadura con un Comité organizador presidido por Obdulio Fernández (Catedrático en la Facultad de Farmacia), con Ángel del Campo (Catedrático en la Facultad de Ciencias) y Enrique Moles («alma» del Congreso). Paralizado por la crisis económica de 1929, recibió un apoyo decidido por parte del gobierno republicano-socialista, especialmente a través del Catedrático de Química (en la Facultad de Farmacia) y Ministro, José Giral. Precedido por la Reunión Internacional de Ciencias Químicas de la UIV en agosto de 1933, pudo celebrarse en Madrid, del 5 al 11 de abril de 1934, con más de 1200 asistentes de todo el mundo, cuando las autoridades ministeriales del primer gabinete del bienio radical-cedista asumieron los compromisos adquiridos por sus predecesores.

Al año siguiente, la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Estado emprendía la novedosa iniciativa de las Misiones culturales en el extranjero, organizadas por Blas Cabrera, mediante las cuales dos profesores, uno «de Letras» y otro «de Ciencias», exportarían nuestro saber al resto del mundo. Pudo concretarse en Portugal (con Américo Castro y Enrique Moles) y Filipinas (Gerardo Diego y Julio Palacios).

En suma, este apretado panorama de lo que fue la Ciencia en España en las primeras décadas del siglo XX permite, por un lado, comprobar las características de ese encuentro con Europa que culminaba durante nuestra segunda experiencia republicana; y, por otro, conocer qué (instituciones, planteamientos, ideología) y quiénes fueron los 'culpables' de ese encuentro, y qué y a quiénes habría que depurar.

Ahora bien, si singular fue el compromiso de la República «en paz» con la Ciencia, de sorprendente cabe calificar el compromiso de la República «en guerra (civil)» a partir de 1936⁷. Así se explicitaba en enero de 1937 desde Instrucción Pública en Valencia: «Es decisión de este Ministerio que todas las actividades y todos los trabajos científicos prosigan o se reanuden con la mayor intensidad en la medida en que lo consientan las circunstancias actuales y dando, naturalmente, preferencia a aquellos trabajos que puedan tener una aplicación directa o indirecta a las necesidades de la guerra».

Este apoyo a las investigaciones se materializó en centros de Valencia, Barcelona e, incluso, del Madrid sitiado. Así, en la capital se realizó la síntesis del ácido nicotínico (la vitamina antipelagrosa) en el equipo dirigido por Ángel del Campo en su Laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias y en el Instituto Nacional de Higiene de la Alimentación. Continuaron las investigaciones en el Instituto Nacional de Física y Química bajo la dirección de Enrique Moles (que ostentaba el cargo, además, de Director General de Pólvoras y Explosivos). Hasta la Ciencia más teórica y menos aplicada se siguió fomentando y financiando en el Seminario Matemático dirigido por José Barinaga hasta principios de 1939... Es más, Julio Palacios (quintacolumnista nacional, pero protegido por su hermano Miguel, Comandante Médico en el V Regimiento), pudo ir preparando los primeros manuales que servirían como libros de texto a la práctica totalidad de los físicos españoles formados durante el franquismo.

Incluso las clases más populares pudieron entrar en contacto con los contenidos científicos, antes reservados para los bachilleres de la burguesía, mediante experiencias como las Milicias de la Cultura y, muy especialmente, los Institutos para Obreros (reencarnaciones proletarias de los otrora elitistas Instituto-Escuela y Residencia de Estudiantes de la JAE), donde se impartieron cursos intensivos con todos los contenidos, especialmente los científicos, de la Educación secundaria.

También existió una República (de límites de contacto difusos con la que se conocería como «Tercera España») constituida por científicos «autoexiliados», que, progresivamente y con mayor o menor anuencia gubernamental, fueron abandonando España a partir de julio de 1936 y continuaron investigando y produciendo Ciencia, como españoles, en diferentes centros extranjeros durante la guerra. Casos paradigmáticos serían los de Blas Cabrera y Teófilo Hernando, ausentes desde octubre de 1936; Gustavo Pittaluga, Pío del Río Hortega y Severo Ochoa, desde enero de 1937; etc.

Pero si la República hizo un esfuerzo por la Ciencia durante la Guerra, un grupo de científicos le correspondieron defendiéndola públicamente con sus sucesivos llamamientos a la comunidad internacional. Fueron los miembros de la Casa de la Cultura, organizada en Valencia con el núcleo más significativo de la Universidad de Madrid, trasladado junto con el Gobierno a la capital del Turia. Sus manifiestos, con la firmas de Enrique Moles, Manuel Márquez, Antonio Madinaveitia, Gonzalo Rodríguez Lafora, Arturo Duperier, Jorge F. Tello, Pedro Carrasco, Antonio Zulueta, Isidro Sánchez Covisa, José M. Sacristán, José Puche, Miguel Prados, etc., junto a artistas y escritores, comenzaron a aparecer en noviembre de 1936⁸.

El primero, publicado todavía en Madrid el 1 de noviembre de 1936 con el encabezamiento «Escritores y hombres de ciencia protestan ante la conciencia del mundo contra la barbarie fascista» (El Liberal, p. 3), e incluyendo aún firmas como la de Ramón Menéndez Pidal, marcaba la pauta:

Profundamente conmovidos y horrorizados por las escenas de dolor vividas ayer en Madrid, tenemos que protestar ante la conciencia del Mundo contra la barbarie que supone el bombardeo aéreo de nuestra ciudad. Escritores, investigadores y hombres de ciencia somos contrarios por principio a toda guerra. [...] Doloroso es para nosotros, españoles que sentimos la dignidad de serlo, tener que proclamar ante nuestro país y ante el Mundo que hechos como éste, producidos sin objeto militar ni finalidad combativa alguna, simplemente por el sádico deseo de matar, colocan a quien los comete fuera de toda categoría humana.

El 23 de noviembre los intelectuales recibieron la orden de trasladarse a Valencia y, al día siguiente, la prensa recogía la noticia y el manifiesto correspondiente: «El pueblo se preocupa de salvar el arte y la ciencia de la barbarie fascista» (Mundo Obrero, p. 2). A la vez que salían escoltados por el Quinto Regimiento, y encabezados por Antonio Machado, publicaban:

Jamás nosotros, académicos y catedráticos, poetas e investigadores, con títulos de Universidades españolas y extranjeras, nos hemos sentido tan profundamente arraigados a la tierra de nuestra patria; jamás nos hemos sentido tan españoles como en el momento que los madrileños que defienden la libertad de España nos han obligado a salir de Madrid para que nuestra labor de investigación no se detenga, para librarnos en nuestro trabajo de los bombardeos que sufre la población civil de la capital de España [...] Queremos expresar esta satisfacción, que nos honra como hombres, como científicos y como españoles ante el mundo entero, ante toda la humanidad civilizada.

Pero los bombardeos al pueblo de Madrid y otras ciudades se repetían una y otra vez, y el 27 de diciembre de 1936, ya desde Valencia, hacen un «Llamamiento a los intelectuales del Mundo, de los hombres de Ciencia y artistas de la Casa de Cultura de Valencia» (Verdad, p. 2). Acompañados por firmas como las de Victorio Macho o José Moreno Villa, escriben:

La destrucción a que está sometida España, sus ciudades y sus obras históricas, alcanzan tal grado que podemos decir: Nuestro dolor -el vuestro y el de todos los seres sensibles del mundo- supera al soportado durante otras guerras. Con entereza magnífica y desprovistos de medios bélicos, sin armas ni soldados, aguanta el país y su Gobierno legítimo esta guerra no buscada, sino impuesta, guerra que es a la vez civil e internacional [...] El Gobierno legítimo salva de la destrucción no sólo las obras de arte más preciadas, sino a las personas también que con su producción representan en estos días los valores espirituales de la ciudad. Individuos ajenos a toda política.

El 23 de febrero de 1937 acuden de nuevo a la opinión pública con el manifiesto publicado bajo el título: «Un grupo de escritores y hombres de ciencia se dirigen a la conciencia del mundo condenando la guerra» (Fragua Social, p. 3). Encabezados en esta ocasión por Manuel Altolaguirre y Francisco Ayala, decían:

Somos un grupo de intelectuales españoles, lo que vale tanto como decir de españoles consagrados por hábito y profesión a las tareas de la inteligencia, que son faenas de la paz [...] No podemos callamos porque la guerra que hacen los rebeldes ha roto todos los diques de la moral [...] Esta guerra de España -esta guerra en España- puede ser, en efecto, el prólogo sangriento de una guerra mundial de proporciones incalculables.

El 2 de junio de 1937 se encuentran con el bombardeo de Almería por parte de una escuadra alemana que, ya sin disimulo, enarbolaba todas sus banderas. Como no podía ser de otra manera, «La intelectualidad española protesta ante el mundo civilizado de la criminal agresión alemana y de la intervención fascista en España» (Claridad, p. 2). Con Jacinto Benavente como primer firmante, y reiterando su aparente equidistancia, escriben:

Nosotros, intelectuales y artistas españoles, profesores, hombres de ciencia, ajenos a todo partidismo, nos limitamos hoy a manifestar lo siguiente. Primero. La República española no ha provocado, no provocará jamás la guerra; no la queremos ni deseamos que la dramática suerte del pueblo español se extienda a otros países [...] En la heroica lucha que vienen sosteniendo, el pueblo español no está luchando solamente por su independencia y su libertad, sino también por la libertad, la paz y el progreso, la civilización del mundo entero.

Cuatro días después, el 6 de junio, de nuevo, los «Hombres de Ciencia, artistas y escritores hacen un llamamiento a la conciencia universal» (El Liberal, p. 4), acompañados en esta ocasión por Pablo Picasso. Todos estos y otros escritos, auténticas piezas literarias valiosas en sí mismas, pero colmadas de una belleza trágica, supusieron un verdadero prólogo al II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura que se celebraría en Valencia apenas un mes después, y al que habían ido abriendo el camino... Al mismo tiempo, los firmantes de los manifiestos se ponían (una vez más) en la diana que iba preparando la Comisión de depuración del profesorado universitario creada en el Decreto de Franco del 8 de noviembre de 1936 con el que empezábamos estas páginas.

Pero la Guerra se terminó en 1939, completándose entonces el exilio de una parte muy significativa de los científicos españoles, en un proceso de salida de España que comenzó desde los primeros días de la rebelión-alzamiento militar del 18 de julio de 1936. El destino inicial preferencial fue Francia, como paso previo hacia el Reino Unido y, sobre todo, la América española, especialmente tras el estallido de la II Guerra Mundial y la ocupación alemana de la mayor parte de Europa. Dos instituciones encauzaron gran parte de los fondos oportunamente sacados de España antes de la derrota: el SERE (Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, propiciado por Juan Negrín) y la JARE (Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles, en el entorno de Indalecio Prieto).

Asentados en los países de acogida (especialmente en México, por iniciativa del Presidente Lázaro Cárdenas), nuestros exiliados organizaron la UPUEE (Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero), presidida por Gustavo Pittaluga, y fundaron en México la revista Ciencia, dirigida por Ignacio Bolívar. Desde una y otra los científicos españoles en el exilio demostraron, como muy bien recogería años después Giral en el título de su libro, que se había producido el exilio de la Ciencia española. Y, desde una y otra, serían testigos de cómo el Franquismo, prohibiendo la entrada en España del segundo número de la revista (el primero había pasado desapercibido a los censores y se distribuyó por todos los centros del país), seguía dando pasos hacia su derrota final.

Mientras esto sucedía con nuestros científicos «perdedores» exiliados en el extranjero, en España nuestros «vencedores» se enfrentaban a la 'digestión de la victoria'. Al vislumbrarse el final de la Guerra, el primer Ministro de Educación Nacional de Franco, el monárquico Pedro Sáinz Rodríguez, eligió al catedrático de Termología de la Universidad Central de Madrid, Julio Palacios Martínez, para la reconstrucción de la Ciencia española. Palacios, que había sido quintacolumnista nacional y había participado en la 'maniobra Besteiro-Casado' para la rendición de Madrid, comenzó la tarea reuniendo a los científicos de la antigua Junta para Ampliación de Estudios que continuaban en España, presumiblemente afines al nuevo régimen, en los mismos centros existentes antes de la Guerra. Y, al llegar el verano, marchó a Argentina y Uruguay para intentar ganar para la causa de la 'nueva España' a nuestros emigrados.

Pero se trataría de una opción continuista, la de Palacios, que no cuajaría: la experiencia de una Ciencia que no fue, de un proto-franquismo que tenía que construirse y nunca lo hizo. La opción elegida fue la de postergar a Palacios. También la de ocupar las Cátedras vacantes (por exilio o por destitución de sus titulares) con profesores auxiliares afines al 'movimiento' o catedráticos de provincias que habían sido derrotados en oposiciones en los años 20 y 30 ante los ahora perdedores en la Guerra. A la vuelta de su misión en Argentina Palacios pudo comprobar que la situación había cambiado completamente; que la opción elegida por el Régimen sería la de la ruptura con el pasado, edificando sobre las cenizas de la JAE una nueva institución, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el anti-JAE que debía erigirse en el instrumento que acabase con 'la bestia', con la ILE y su espíritu.

Con estas y desde estas nuevas estructuras, el Gobierno de Franco hizo una llamada a nuestros exiliados en una Francia ocupada por las tropas alemanas desde el comienzo de la II Guerra Mundial:

En estos momentos críticos para Europa, España se dirige a sus hijos residentes en territorio francés, libremente o en campos de concentración, y les invita a volver al suelo de la Patria [...] Nuestra Nación, regida por el Caudillo Franco, está abierta a todos los españoles sobre cuya conciencia no pese el crimen [...] Nadie cree ya en la leyenda de la represión española. Todos saben cómo se administró la justicia de Franco [...] Todos los españoles de conciencia limpia y pasado honrado tenéis en la España, Una Grande y Libre que os espera, vuestro puesto para trabajar en la empresa de hacerla mejor y reparar sus males.

Algunos compatriotas acudieron a la llamada, confiados y esperanzados, sufriendo en sus carnes todo el peso de la «justicia» de la 'nueva España', donde el profesorado, además de estar sometido a los procesos de 'depuración' (Educación) y de 'responsabilidades políticas' (Justicia civil), también podía sufrir 'consejos de guerra' (Justicia militar). Entre ellos, especialmente ejemplificante fue el caso de Enrique Moles, que se constituyó en toda una 'vacuna para optimistas'. El antiguo Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad Central, Director General de Pólvoras y Explosivos del Gobierno de la República durante la Guerra Civil, fue detenido en la misma frontera en diciembre de 1941, sometido a juicio sumarísimo y condenado por el Consejo Supremo de Justicia Militar el 10 de marzo de 1942:

FALLAMOS que debemos condenar y condenamos al procesado paisano Enrique Moles Ormella, como autor de un delito de adhesión a la rebelión militar, a la pena de reclusión perpetua, hoy de treinta años de reclusión mayor.

Por otro lado en 1944, cuando pudo ir comprobándose que Alemania iba a perder la Guerra Mundial, los monárquicos del régimen creyeron llegado el momento de adherirse al manifiesto de Lausanne a favor de la opción de D. Juan de Borbón, pequeño arañazo al Régimen que terminó con el confinamiento de algunas personalidades significativas, como Julio Palacios (recluido en Almansa) quien, una vez reintegrado, optaría por el 'semiexilio tolerado' por el Franquismo entre Lisboa y Madrid.

Para 1945, derrotada Alemania, la España de Franco se 'adaptaba al nuevo medio' y, revisadas numerosas sentencias de depuración, reintegraba a sus Cátedras a ilustres científicos que habían sufrido el ostracismo del 'exilio interior': la Universidad española recuperaba personalidades de prestigio científico como José Barinaga o Miguel A. Catalán.

Pero a partir de esos años la principal arma universitaria contra el Franquismo, aunque desde dentro del Régimen, sería la Mutualidad de Catedráticos. Esta institución, de la que sería Secretario General y alma mater desde 1946 el Catedrático de Geometría de la Universidad de Madrid, Pedro Pineda Gutiérrez, velaría por el reconocimiento de los derechos pasivos no sólo de los catedráticos jubilados en España, sino también de todos aquellos que habían salido exiliados y, al alcanzar la edad de jubilación, tenían derecho a recuperar las cotizaciones anteriores a la Guerra.

Realmente, Palacios y Pineda se convertirían en la referencia en el interior para todos nuestros exiliados quienes, de una u otra manera, tenían en su mente la vuelta a España. Sin embargo, fueron pocos los que retornaron para quedarse definitivamente antes de la muerte del Dictador, siendo el caso más conocido de entre los que sí lo hicieron, el del Catedrático de Geofísica de la Universidad Central Arturo Duperier Vallesa.

Efectivamente, al comenzar los años 50, con Joaquín Ruiz Giménez como Ministro de Educación Nacional y Pedro Laín Entralgo en el Rectorado de la Universidad de Madrid, se fueron dando los pasos hasta lograr la vuelta voluntaria de un Duperier en retirada después de sufrir un infarto en su exilio londinense. Con 'descargos de conciencia' de unos, e intervenciones de otros (entre las que destacan del propio Secretario General del CSIC, José María Albareda), en 1953 la Universidad española 'recuperaba' a su físico más internacional de entonces... quien, una vez en casa, comprobaría cómo sus colegas se las arreglaban para acelerar su trágico final poco tiempo después, reteniendo en la aduana los aparatos donados por el Imperial College de Londres para que Duperier pudiera continuar en Madrid sus investigaciones sobre rayos cósmicos, hasta la muerte del físico español.

En todo caso, las acciones de unos y otros científicos, en y desde el interior y el exterior, contribuyeron a ir socavando un Régimen que no podía sobrevivir al 'Generalísimo'. En este sentido, los años 60 fueron testigos de las iniciativas de personalidades como Enrique Tierno Galván o José L. López Aranguren y las acciones emprendidas contra ellos, que despertaban el clamor por la justicia de numerosos españoles, entre ellos esa persona que tanto había laborado defendiendo los derechos de los Catedráticos, Pedro Pineda. Así, el 10 de noviembre de 1965, un ya septuagenario Pineda escribía al entonces Ministro de Educación Nacional, Manuel Lora Tamayo:

Aunque separado, por edad, de la función docente, nada universitario me es indiferente. Aguijonea mi conciencia ser culpable de una aparente indiferencia ante las sanciones impuestas a nuestros compañeros, y ante las muchas peticiones que, en diversas formas, se hacen de que tan ilustres profesores sean repuestos en sus cargos. Yo me adhiero a esas peticiones y me permito añadir que debe ser hecho cuanto antes mejor. No creo que la petición de este viejo pueda enojarle. El anciano es, en muchos aspectos, histórico. Tiene la experiencia de una larga vida y una perspectiva amplia de lo anterior a ella. Por eso yo no dudo que alguna vez serán repuestos esos profesores, y vería con gusto fuera V. mismo el que tuviera medios de hacerlo.

El Régimen languidecía, pero Franco mantenía su victoria bélica en ese mundo en Guerra fría contra el bloque soviético que tanto le favorecía. A su muerte en 1975 comenzaría el juicio histórico, certificándose progresivamente la derrota final de su obra, el Franquismo.

Los españoles tenemos ante nosotros una nueva etapa de nuestra 'historia interna'. Los cada vez más numerosos estudios realizados, tanto durante el propio franquismo como desde la muerte del Dictador, están sacando a la luz muchos datos que permitan ir construyendo con fidelidad nuestro pasado. Pero no caigamos en las tentaciones cainitas que se destacaban antes. Hagamos 'memoria', pero memoria completa; prohibamos la 'amnesia', pero prevengamos la 'venganza'.

En este sentido, quiero terminar este trabajo invitando a la lectura de las palabras que, desde su exilio en México, escribía Manuel Tagüeña a Julio Palacios, el 15 de Julio de 1956, toda una llamada para una reconciliación entre españoles que sigue hoy pendiente¹⁰:

Muy estimado maestro: Recibí oportunamente su carta. Agradezco mucho sus palabras de ánimo. Me han dado una gran alegría ya que aumentan en mucho mis esperanzas de reintegrarme espiritualmente a mi patria. Usted ha sido la primera persona a la que he escrito a España (aparte de mis familiares) y en su contestación me tiende amistosamente la mano a través de los años y de las distancias. Esto representa para mí una ayuda moral que no olvidaré nunca. Su actitud comprensiva me afirma en la idea de que es España donde se conservan más valores humanos, sin los cuales la vida pierde su verdadero sentido. Estoy lleno de deseos de poder laborar para que los españoles se conserven unidos y no puedan repetirse las tragedias de nuestra generación.

En suma, estudio y Memoria, sí; pero uno y otra con el objetivo de una reconciliación que cierre las 'tragedias de toda una generación'.

Todos aquellos lectores que deseen ampliar el conocimiento de los temas que se han tratado en estas páginas disponen hoy de una abundante bibliografía. Además de las referencias ya clásicas de otros autores, seguidamente relacionamos también algunos de los trabajos que hemos publicado, una importante muestra de los cuales han sido donados a la Biblioteca del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid.

• ABELLÁN, J. L. (dir.) (1978) El exilio español de 1939. Madrid: Taurus.
• ALTED VIRGIL, A. (1984) Política del nuevo Estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante la guerra civil española. Madrid: Ministerio de Cultura.
• ALTED VIRGIL, A. (1991) «Bases político-ideológicas y jurídicas de la Universidad franquista durante los ministerios de Sainz Rodríguez y la primera época de Ibáñez Martín (1938-1945)». En: J. J. Carreras Ares (dir.) (1991), 95-124.
• CARRERAS ARES, J. J. (dir.) (1991) La Universidad española bajo el régimen de Franco. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
• FERNÁNDEZ TERÁN, R. E. y GONZÁLEZ REDONDO, F. A. (2007) «La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en el Centenario de su creación». Revista Complutense de Educación Vol. 18 (n° 1), 9-34.
• GARCÍA CAMARERO, E. (1978) «La ciencia española en el exilio». En: J. L. Abellán (dir.) (1978), Vol. 5, pp. 191-243.
• GIRAL GONZÁLEZ, F. (1988) «Ciencia española en el exilio (1939-1988)». Aula de Cultura Científica, 33. Madrid: Amigos de la Cultura Científica.
• GIRAL GONZÁLEZ, F. (1994) Ciencia española en el exilio (1939-1989). Barcelona: Anthropos.
• GONZÁLEZ DE POSADA, F. (1994) Julio Palacios: físico español, aragonés ilustre. Madrid: Amigos de la Cultura Científica.
• GONZÁLEZ DE POSADA, F. (1995) Blas Cabrera: físico español, lanzaroteño ilustre. Madrid: Amigos de la Cultura Científica.
• GONZÁLEZ DE POSADA, F. y BRÚ VILLASECA, L. (1996) Arturo Duperier: mártir y mito de la Ciencia española. Ávila: Diputación Provincial de Ávila-Institución Gran Duque de Alba. (Reimpresión: Ávila, 2006).
• GONZÁLEZ DE POSADA, F., GONZÁLEZ REDONDO, F. A., PÉREZ-VITORIA, Á. y TRUJILLO JACINTO DEL CASTILLO, D. (2005) Enrique Moles: farmacéutico, químico y artista. Madrid: Amigos de la Cultura Científica-Real Academia Nacional de Farmacia.
• GONZÁLEZ DE POSADA, F., GONZÁLEZ REDONDO, F. A., GONZÁLEZ REDONDO, J. R. y TRUJILLO JACINTO DEL CASTILLO, D. (2006) Ángel del Campo y Cerdán: eminente químico español. Madrid: Amigos de la Cultura Científica-Junta de Castilla-La Mancha.
• GONZÁLEZ REDONDO, F. A. y VILLANUEVA VALDÉS, M. A. (2000) «La depuración de los científicos españoles entre 1936 y 1939. Un caso de estudio: Blas Cabrera Felipe». Llull. Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Vol. 24 (n° 51), 685-703.
• GONZÁLEZ REDONDO, F. A. (2001) «La actividad del Laboratorio y Seminario Matemático de la Junta para Ampliación de Estudios durante la Guerra Civil». La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, Vol. 4 (n° 3), 675-686.
• GONZÁLEZ REDONDO, F. A. (2002) «La reorganización de la Matemática en España tras la Guerra Civil. La posibilitación del retorno de Esteban Terradas Illa y Julio Rey Pastor». La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española. Vol. 5 (n° 2), 463-490.
• GONZÁLEZ REDONDO, F. A. (2002): «La Matemática en el panorama de la Ciencia española, 1852-1945». La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, Vol. (n° 3), 779-809.
• GONZÁLEZ REDONDO, F. A. y FERNÁNDEZ TERÁN, R. E. (2002): «Nuevas perspectivas en torno a la política de pensiones de la Junta para Ampliación de Estudios: modelos de encuentro con Europa de la Universidad española». Revista Complutense de Educación, Vol. 13 (n° 2), 563-593.
• GONZÁLEZ REDONDO, F. A. (2004) «El panorama de la Ciencia española entre 1898 y 1945». En F. González de Posada, et al. (eds.): Actas del III Simposio «Ciencia y Técnica en España de 1898 a 1945: Cabrera, Cajal, Torres Quevedo», pp. 11-34. Madrid: Amigos de la Cultura Científica.
• GONZÁLEZ REDONDO, F. A. (2004) «El papel de Julio Palacios en la reorganización de la Ciencia española tras la Guerra Civil». En F. González de Posada, F. A. González Redondo y D. Trujillo Jacinto del Castillo (eds.) Actas del IV Simposio «Ciencia y Técnica en España de 1898 a 1945: Cabrera, Cajal, Torres Quevedo», pp. 109-130. Madrid: Amigos de la Cultura Científica.
• GONZÁLEZ REDONDO, F. A. y FERNÁNDEZ TERÁN, R. E. (2004) «El criterio de relevancia científica y la organización histórica por generaciones de la Ciencia española». Revista Complutense de Educación, Vol. 15 (n° 2), 687-700.
• GONZÁLEZ REDONDO, F. A. y DE VICENTE LASECA, L. (2005) «El 'oficio de matemático' en España en el siglo XX: Pedro de Pineda y Gutiérrez». La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, Vol. 8 (n° 3), 837-868.
• GONZÁLEZ REDONDO, F. A., FERNÁNDEZ TERÁN, R. E. y VILLANUEVA VALDÉS, M. A. (2006) «El compromiso de un científico con la Sociedad. Blas Cabrera y los problemas de la Educación superior en España (1919-1931)». Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación, Vol. 25, 493-518.
• GONZÁLEZ REDONDO, F. A. (2007) «La Ciència durant la República». En C. Escrivá y R. Maestre (coords.) València, la Ciutat dels Sabuts. 70 Aniversari del II Congrés Internacional d'Escriptors per a la Defensa de la Cultura, pp. 31- 37. Valencia: Societat Coral El Micalet.
• OTERO CARVAJAL, L. E. (dir.) (2006) La destrucción de la Ciencia en España. Depuración universitaria en el franquismo. Madrid: Editorial Complutense.
• PÉREZ-VITORIA, A. (1989) «El fin de una gran esperanza, 1936: El último curso en la Universidad Internacional de Verano de Santander». Aula de Cultura Científica n° 35. Madrid, Amigos de la Cultura Científica.
• ROMERA IRUELA, Mª J. y GONZÁLEZ REDONDO, F. A. (2006) «La Pedagogía Social de Pedro Carrasco Garrorena». Revista de Pedagogía Social, Vol. 12-13, 209-231.
• SÁNCHEZ RON, J. M. (1999) Cincel, martillo y piedra. Historia de la Ciencia en España (siglos XIX y XX). Madrid: Taurus.
• TAGÜEÑA LACORTE, M. (1969, 2005) Testimonio de dos guerras. Barcelona: Planeta.
• TRUJILLO JACINTO DEL CASTILLO, D. (2003) El exilio de Blas Cabrera. Discurso de Ingreso. Madrid: Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote.