La Gatera. 1993

Enrique Cerdán Tato

Los pronósticos meteorológicos no nos son nada propicios. A veces, los hombres y las mujeres del tiempo hablan de lluvias que no llegan y si llegan de poco sirven. La larga sequía del otoño es una seria amenaza para la agricultura y hasta para el consumo doméstico.

En una situación así, recordamos, casi con nostalgia, las habituales riadas e inundaciones, de las que ya tenemos noticias documentadas, en las actas capitulares del siglo XVIII, así como de las actuaciones previstas para evitar daños y males. En 1886, en su obra «Medios para mejorar las condiciones higiénicas de Alicante», Carreras escribía: «En días lluviosos da vergüenza ver Alicante, porque sus calles se convierten en inmensos lodazales, y no hay quien se cuide de mandar limpiarlas». Evocamos, sumariamente, algunas de las más importantes riadas de las últimas décadas, dentro del periodo de tiempo que estamos examinando en este espacio, es decir de 1939 a 1979. Las repentinas inundaciones causaron y causan considerables colapsos en el tráfico, provocan hundimientos y ocasionan víctimas mortales. Muy particularmente, la Prensa nos ofrece abundante información de los desastres producidos por las copiosas lluvias otoñales que, en 1957, arrasaron las cuevas del barrio de Benalúa, y en 1961, el 4 de septiembre, devastaron el camping de la Albufereta, el puente sobre el río Seco en El Campello, y dejó inutilizadas las líneas telegráficas.

Un año después, de la partida de Rabasa se precipitó un caudaloso río que discurrió por la avenida de Jijona, por la plaza de España y por las calles de Calderón de la Barca y de San Vicente, Rambla abajo. La gran avenida destrozó algunas fábricas, inundó el Raval Roig y San Blas, y castigó violentamente las vías del ferrocarril de Madrid. Del Barranco de las Ovejas, se evacuaron más de seiscientos vecinos y dos personas perecieron. El 8 de octubre de 1966, el agua alcanzó casi dos metros y medio de nivel, se llevó por delante cuanto pilló a su paso, varios coches entre otras cosas, y produjo estragos importantes en las casas de la Renfe, en el Rincón de Nogueroles y en la calle de Jaime Segarra, valorados en veinte millones de pesetas. Sucesivamente, y no podemos pormenorizar, se registran avenidas en los años 1971, 1973, 1978 y 1979, año en el que, el 20 de septiembre, las aguas arrastraron unos 600 vehículos. Fue entonces, cuando el Ayuntamiento destinó la mitad del presupuesto de urbanismo para mejorar la red de alcantarillado. Y no hablemos del 20 de octubre de 1982.

En su libro «Evolución urbana de Alicante», el profesor Antonio Ramos Hidalgo nos ofrece un minucioso estudio de esta catástrofe.

Que llueva, pues, pero sin esa violencia que los alicantinos conocemos de muy atrás.

La convocó la Junta Democrática de la provincia de Alicante, instancia unitaria, cuya comisión permanente quedó constituida, en junio de 1975, por: Justo Linde, José Linares, Manuel Jiménez y Miguel Segarra, por CC.OO.; Arturo Moreno y Pedro Planelles (en ocasiones también por Diego Such), por el PSP (Partido Socialista Popular); Carlos Salinas, por el PTE (Partido del Trabajo de España); Enrique Cerdán Tato, por el PCE; José Vicente Mateo y Antonio Díaz, por el Club de Amigos de la UNESCO; Salvador Forner, Juan Ruiz Manero y Francisco López Tarruella, por docentes; Manuel Moreno, por estudiantes; Manuel Alegría, Carlos Candela Ochotorena y Luis Berenguer Fuster, por independientes y profesionales; Alberto Asensio, por ID (Izquierda Democrática), hasta la formación del Consell Democràtic del País Valencià, en cuyas filas se integró su organización; Rosa Polo y Pepa Guardiola, por el MDM (Movimiento Democrático de Mujeres); Bernardino García Caro, por la Junta de Elche; Vicente Escudero, por la Asamblea Democrática de Orihuela; Jorge Grau, por la Junta de Alcoy; Miguel Soler, por la Junta de la Marina Alta; José Cremades y Fernando Polo, por los maestros y profesores. (Datos tomados básicamente del libro «La lucha por la democracia en Alicante», Ed. Casa de Campo, Madrid, 1978).

Meses antes, en enero del 75, se celebró una reunión numerosa en el Club de Amigos de la UNESCO, después de la que tuvo lugar en el sanatorio de San Francisco que dirigía el médico Francisco Zaragoza Gomis y que sería diputado de la UCD, y en cuyo acto se concretó la junta local y se sentaron las bases de la provincial, que se formalizaría el veintidós de febrero del mismo año, en un apartamento de Santa Pola, propiedad de Alberto Asensio Antón, donde se redactó el documento fundacional que se publicaría poco más tarde.

Casi de inmediato, la junta provincial convocó una manifestación para el 30 de abril de 1975, dejando el primero de mayo para las posibles acciones obreras. No fue fácil. En un chalé, próximo a San Vicente, se alcanzó el acuerdo ya de madrugada. Y el día señalado, a las nueve de la noche, en la Rambla, comparecieron cerca de tres mil personas, procedentes de todas las comarcas de la provincia. Hubo gritos de «¡Amnistía! ¡Libertad!», cargas policiales, carreras, golpes, unas treinta y tres personas detenidas y puestas en libertad bajo fianza, y multas gubernativas por valor de ciento cuarenta mil pesetas. Fue la primera manifestación que se produjo en Alicante, contra la dictadura, después de la guerra civil. Los diecisiete años transcurridos desde entonces no pueden borrar la memoria de un acontecimiento que ya ocupa su lugar en nuestra crónica.

A las nueve y media del 2 de febrero de 1968, en el salón de actos del Gobierno Civil, se reunieron, con el titular del mismo, Luis Nozal, el director general de Carreteras, Pedro de Areitio y Rodrigo; el alcalde de Alicante, José Abad; el presidente de la Diputación, Pedro Zaragoza Orts; el ingeniero-jefe regional de Carreteras, Luis Benlloch; el ingeniero-director del Puerto, Pablo Suárez; el jefe provincial de Carreteras, Enrique Santo; el abogado del Estado del Ministerio de Obras Públicas, Andrés Reguera; y el ingeniero de la Renfe y el jefe de la oficina de enlaces ferroviarios, señores Escolano y Tovar, respectivamente. Sin duda, se trataba de una sesión de alto nivel. Fernando Gil, comentó en INFORMACIÓN: «...Vimos al alcalde frotándose las manos. No hacía frío».

Dos horas más tarde, había concluido aquella «cumbre». Los acuerdos que se tomaron en la misma, afectaban a nuestra ciudad y a nuestra provincia, y naturalmente se registraron en la correspondiente acta. De entre ellos, sumaríamos aquellos de especial interés para la capital, algunos de los cuales ya han sido expuestos en esta columna: se suprimía el tráfico ferroviario a lo largo del paseo de Gómiz y de la playa del Postiguet, que ganarían así una amplia superficie para aparcamiento de vehículos; se procedería, a partir del día quince de aquel mes y en la citada playa, a la construcción de los pabellones de baño; se pavimentaría la vía de la Explanada, con lo cual el paseo de Vallellano tendría doble calzada, con dos vías en cada dirección (o sentido, más bien); se contemplaba el derribo de la estación de Madrid y se disponía la edificación de nuevas estaciones para viajeros y mercancías, en zonas distintas; la línea férrea de la Explanada, mediante un nuevo tendido, conectaría con el muelle de Levante; y se subastarían de inmediato las obras para el paso elevado al final de Juan Bautista Lafora y el desdoblamiento de la carretera de la Albufereta.

Con todos estos planes, el Ayuntamiento se iba a ahorrar los veintiocho millones de pesetas que tenía consignados para el proyecto del puente levadizo en la bocana del puerto, y la Diputación los diez que había previsto para el mismo objeto.

Por otra parte, se acordó que el tráfico de trenes por la Explanada fuera nocturno. Para su enlace con el muelle de Levante, se presupuestaron cinco millones; y se estimó en un año el tiempo para su proyecto y realización. Aquélla fue una sesión aprovechada.

Y qué impacto causó en algunos sectores de la afición. Tomás Tarruella dimitió de la presidencia del Hércules, el lunes, 18 de enero de 1971, aunque se formalizaría su cese, en acta del día siguiente. Dicho escrito dice: «En Alicante a 19 de enero del ya citado año, por haber surgido discrepancias en el modo de cómo debe dirigirse el Hércules Club de Fútbol, presidente y vicepresidente, de común acuerdo, convienen en: primero, que don Tomás Tarruella Alonso cesa por motivos propios y por propia voluntad; segundo, don Miguel L. Vidal Massanet, actual vicepresidente primero se hace cargo en este mismo momento en calidad de presidente, digo, de acuerdo con la vigente legislación federativa». Siguen luego otros apartados referentes al balance de la situación económica, como es normal en este tipo de actos.

El viernes, 22 de enero, Mariano Artés Carrasco, presidente de la Federación Regional de Fútbol, visitó la sede del club, confirmó a Vidal Massanet en el cargo, aún con carácter provisional, hasta la nueva asamblea que debía de celebrarse dentro de los plazos reglamentarios.

Ante los rumores que circulaban en torno a tal dimisión, desmintió que hubiera sido forzada y mostró el documento que hemos transcrito en parte, como testimonio de que Tarruella procedió con absoluta libertad en su decisión, sin recibir coacciones y movido exclusivamente por razones de índole personal.

No obstante, la marcha de Tomás Tarruella provocó controversias y especulaciones, como puede advertirse en la lectura de los periódicos de aquellos días de enero. Con Tarruella dimitió también el vicepresidente segundo, Juan Antonio Moltó.

Poco a poco, se serenaron los ánimos, hasta el punto de que otros miembros de la directiva que habían renunciado a sus cargos, reconsideraron su posición y finalmente, en carta dirigida a la Federación Regional de Fútbol, solicitaron su readmisión, llevados por su responsabilidad y amor al Hércules, como así lo manifestaron. Eran Leopoldo Maciá, Antonio Martínez y Rafael López Semper.

Por su parte, Vidal Massanet expresó su deseo de no presentar su candidatura, si otras ya lo hacían. El Hércules atravesó uno de sus muchos momentos delicados.

El alcalde Malluguiza se mostraba satisfecho y esperanzado a mediados de enero de 1971. Fundamentalmente, dos grandes obras retenían su atención: la Vía Parque y el Colector Oeste. Respecto de la primera, expresó su deseo de solicitar que se incluyera en el tercer plan de desarrollo. Era el acuciante problema de tráfico que exigía soluciones con premura. En el Plan General de Ordenación Urbana de aquel entonces, ya estaba prevista, con una longitud de catorce kilómetros y una anchura de cien metros, para conectar la carretera de Valencia con la de Murcia. Evidentemente, y así se publicó, «Alicante no había recibido los beneficios de obras de infraestructura promocionados por el Estado». Algo, en fin, que no constituía ninguna novedad.

Sin embargo, el Colector Oeste iba adelante. «Están trabajando por Los Ángeles, de donde arranca, pero tengo entendido que también van a empezar por la parte más próxima al mar. Tengo mucha fe en esta obra, porque incidirá en el futuro de extensas zonas de la capital, hoy carentes de este servicio sanitario y además prácticamente deshabitadas. La puesta en marcha del colector permitirá que amplias parcelas de la población cobren hoy un valor inapreciable y hagan posible el desarrollo de masivas construcciones. Caso concreto: el de los polígonos urbanísticos de San Blas y de Babel. Como primera consecuencia y una vez iniciado el referido colector, considero que sería muy conveniente poner en marcha la operación «venta de solares» de dichos polígonos», así se manifestaba en INFORMACIÓN.

El Colector Oeste partía de Rabasa hasta el Barranco de las Ovejas, con una longitud de cerca de seis kilómetros y un presupuesto de cuarenta y nueve millones de pesetas. Capaz para satisfacer las necesidades de alcantarillado y saneamiento de veinticinco mil viviendas, las obras se adjudicaron a la empresa «Cubiertas y Tejado», según el proyecto de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Su terminación estaba prevista para septiembre de 1972.

Ramón Malluguiza se refirió también a la salida de la avenida de Padre Esplá a la carretera de Valencia y, cómo no, a la prolongación de Alfonso el Sabio. Una espinita clavada muchos años ya y que, hasta el momento, nadie se la ha sacado a la ciudad. Parece que el 73 ha llegado con el remedio. Así sea.

El paseo de Campoamor, o de los Capuchinos, hasta mediados del pasado siglo, está de nuevo en ebullición. Tan traído y llevado últimamente, los comerciantes no las tienen todas consigo. Vamos a ver qué pasa en este año.

Sucede que, cuando a los vendedores que instalaban sus puestos en las calles de Quintana, Capitán Segarra y Calderón de la Barca, y en la avenida de Alfonso el Sabio, se les propuso trasladarse a Campoamor, no les hizo ninguna gracia, en un principio. Numerosos testimonios del rechazo casi unánimes, se encuentran en la Prensa de aquel tiempo. Sin embargo, tras reconsiderar su postura, concluyeron por aceptar la decisión municipal. En definitiva, era una zona con una considerable influencia comercial en barrios próximos como San Antón, Carolinas Bajas, Los Ángeles, el Altozano, la Plaza de España... No, no estaba nada mal. Incluso podría aumentar la clientela, en un espacio donde se podía comprar «de un cubo de plástico a un kilo de patatas».

Hubo muchos ajetreos en vísperas de la inauguración de lo que se conocería como boutique de Campoamor. El 6 de marzo de 1968, el concejal delegado de Mercados, Jaime Serrano, procedió a la distribución de los terrenos disponibles, para los cuatrocientos vendedores contabilizados. Los servicios de limpieza dejaron el paseo en condiciones. Y al día siguiente, todo aquello se convirtió en una fiesta.

No se cumplieron las previsiones. De modo que tan sólo acudieron a la cita trescientos dos comerciantes, de los cuales doscientos treinta y cuatro lo eran de frutas y hortalizas, y el resto de zapatos, bisutería, flores, mantas... Los vendedores de calzado, en su mayor parte, se negaron a desplegar sus tenderetes en un lugar que no les ofrecía aún las suficientes garantías. Pero los que se instalaron, echaron cuentas y no les había ido nada mal. Un argumento de peso, para convencer a los más remisos.

Los vecinos de las citadas calles y avenidas mostraron su satisfacción. Evidentemente, los ruidos de madrugada, vehículos, descarga de productos y golpes, no les compensaba de las ventajas de tener, tan a mano, productos de consumo cotidiano.

Así que el jueves, 7 de marzo de 1968, comenzó a funcionar el mercado de Campoamor. Después de veinticinco años y muchos cambios y vicisitudes, la pelota está en el alero. En los próximos meses, la solución.

No tuvo lo que se dice buena Prensa, en sus orígenes. Cuando el 7 de enero de 1971, se reanudaron las obras y se procedió a retirar los escombros, con objeto de descubrir posibles restos históricos y arqueológicos, muchos alicantinos manifestaron su temor de que el entrañable paseíto de Ramiro (o de Remiro del Espejo, según algunos investigadores) desapareciera del mapa urbano o sufriera sustanciales transformaciones, en favor de una zona de aparcamiento. La intervención del entonces delegado de Tráfico, Roque Calvo, negando tajantemente tal destino, encalmó los ánimos y despejó las dudas. O casi.

El proyecto fue redactado por el arquitecto municipal, Miguel López, y un colega del mismo, Félix Palacios, designado por Madrid, si bien, con posterioridad, el Ministerio de Educación y Ciencia puso la dirección de las obras en manos de otro arquitecto, el señor Valls.

La subasta de las referidas obras se llevó a efecto a mediados del año anterior y fueron adjudicadas a la empresa constructora OSEPSA. El presupuesto se aproximaba a los cuarenta millones de pesetas.

A instancias de la dirección general de Bellas Artes y antes de que se iniciara la edificación de la Casa de la Cultura, se celebró una reunión de técnicos, de la delegación y del Ayuntamiento, presidida por el alcalde, Ramón Malluguiza. Se presumía que en aquel lugar podían encontrarse las ruinas del baluarte de una de las murallas del castillo de Santa Bárbara. De ahí que se postergara la construcción, para comenzar los trabajos de excavación, y preservar así los presuntos sillares históricos.

Sin embargo, en una entrevista que mantuvo Pirula Arderius con Enrique Llobregat, consejero provincial de Bellas Artes, éste manifestó que «el bastión no tenía demasiada importancia y que estaba en estudio si pertenecía o no al trazado de la muralla».

En el proyecto de los ya citados arquitectos, la Casa de la Cultura ocupaba una superficie de algo más de mil doscientos noventa y siete metros cuadrados, se adentraba cuatro metros en la antigua fachada del pabellón conocido por «la gota de leche» (ya hablaremos de esta institución benéfica) y constaba de seis plantas.

Interesante, ameno y esclarecedor nos ha resultado el libro de don Antonio Aparici Díaz titulado «Historia y raíces de los bautistas en Alicante». Desde que un joven obrero llamado Pierrad, predicara el Evangelio, en el «Club Federal», el 7 de agosto de 1870, hasta el actual pastorado de don José Manuel González Moreno, el autor de la citada obra nos describe minuciosa y documentadamente el desarrollo y las zozobras de la Primera Iglesia Bautista, en nuestra ciudad, a lo largo de ciento veintidós años.

La constitución de dicha Iglesia se debe a William Ireland Knapp y al pastor Juan Martín Calleja, a quien el reverendo Knapp dejó al frente de la misma, y al que sucedería el ex sacerdote Benito Martín Ruiz, de «funesta y desastrosa intervención en Alicante». Llegaría para ocupar su puesto al frente de la congregación, el judío convertido al Evangelio, George Simeón Ben Oliel y Tuatí, «uno de los hijos del que fuera médico particular del sultán de Marruecos, a mediados del siglo XIX, Abraham Ben Oliel».

En carta del propio Knapp, se nos ofrece el testimonio de sus bautismos en nuestra costa. Textualmente escribe: «Fue la primera vez que yo había bautizado en el Mediterráneo, creo que Calleja lo había hecho a menudo. Podéis imaginaros los pensamientos y sentimientos que tenía cuando, estando en la orilla, aproximadamente a una milla de la ciudad, bajo un acantilado llamado La Cantera canté el himno «Aunque soy un trabajador, aquí el cielo es mi hogar...».

«Desde 1880 hasta 1910 hay un silencio histórico sobre la obra evangélica Bautista en Alicante». En la segunda época, destaca el cronista a don Daniel Benedicto Teófilo Vickman, así como al matrimonio formado por don Ramón Rodrigo y doña María Mora, quienes desempeñaron un importante papel en la reorganización y proyección de una Iglesia «debilitada en recursos de todo tipo».

En 1936, «la destrucción de los archivos y registros de la Iglesia Bautista de Alicante constituye una pérdida irreparable para nuestra historia». Ya en la posguerra, y siendo pastor, don Vicente Pastor García, la presión del presidente norteamericano Harry S. Truman hizo que «fueran abiertas las puertas del templo de la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Alicante». Fue el 16 de septiembre de 1951. Dicha confesión religiosa quedó inscrita en el Registro Oficial y celebró culto público «en el cine Calderón, en 1971 (algo insólito en aquellas fechas), con motivo de la conmemoración del primer centenario de la Iglesia Bautista en Alicante, donde nuestras raíces ya son historia». Por aquel tiempo, era pastor don Rubén Gil, con quien, por cierto, mantuvimos algunas entrevistas amistosas y profesionales.

Cuando se prepara un congreso internacional sobre la vida y la obra de nuestro espléndido compositor, lo recordamos en uno de sus fugaces tránsitos, por la ciudad. Se le requería de un lado y de otro, y andaba el maestro azacanado y sin apenas tiempo para el reposado diálogo.

Por entonces, ya tenía el pie en el estribo del transporte que había de llevarlo a Bruselas, como miembro del jurado del concurso de obras sinfónicas que convocaba el gobierno belga. Mediaba marzo de 1961. Poco antes, se había procedido a reorganizar el Instituto Musical que llevaba su nombre, instituido por la Caja de Ahorros del Sureste de España. Con tal motivo, visitó Alicante. A un redactor de este periódico se lo dijo: «Mi labor profesional, por una parte, y las obligaciones en razón de mis cargos de carácter internacional, no me consienten estar mucho tiempo aquí. He de pasar largas temporadas en Madrid, cuando no en el extranjero. Pero durante mis ausencias, ejerce las funciones directivas en el Instituto, una junta formada por los profesores señores Mas Porcel y Casasempere y por el secretario señor Ruiz Baquero».

En aquella breve estancia, Óscar Esplá anunció el estreno de su obra «Aitana». Iba a tener lugar en el teatro de los Campos Elíseos, de París, el siguiente 23 de mayo, a cargo de la orquesta nacional francesa, dirigida por el profesor Martinon. Además, estaba trabajando, en su segunda ópera, titulada «Plumas al viento», por encargo de la empresa del Scala de Milán.

«Espero -puntualizó- que esté concluida en el momento previsto, para poder estrenarla el próximo año, y creo que habrá ocasión de estrenarla en España, en el Liceo barcelonés». Respecto a su primera, comentó que la había escrito por especial encargo, para Estados Unidos, pero que la cantante para la cual se concibió, había muerto, de manera que aquella ópera pasó al olvido.

Estuvo unos días en Alicante. Luego, continuó su apretado programa de actividades. Aproximadamente un mes más tarde de aquella visita, José Perís Lacasa pronunció una conferencia sobre Óscar Esplá: «Junto con Falla, es el mejor arquitecto de la música española».

Tras un largo contencioso entre el Cabildo de San Nicolás y el Ayuntamiento, en 1959 se procedió a la demolición del viejo, abandonado y romántico cementerio de San Blas, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados por la comisión mixta liquidadora.

Sobre parte de aquellos terrenos, se levantaría, no mucho después, la Iglesia parroquial, en cuya cripta se inhumaron los restos que, por una u otra razón, no se trasladaron a la nueva necrópolis de Nuestra Señora del Remedio.

La superficie del templo, incluida la capilla de la comunión, alcanzaba los novecientos metros cuadrados. Lo suficiente, según el cura párroco, Agustín Pérez Segura, para atender las necesidades de «una feligresía de siete mil quinientas almas».

El proyecto del arquitecto Francisco Muños Llorens, quien lo realizó gratuitamente, incluía además «cine y dos escuelas parroquiales, casa del vicario y salones para las cuatro ramas de Acción Católica».

A los desmoronados tapiales del camposanto samblasino, le sucedería, muy pronto, el moderno diseño del edificio religioso.

Constituyó todo un acontecimiento la colocación y bendición de la primera piedra.

La ceremonia se celebró el sábado, día cuatro de marzo de 1961. Y asistieron a la misma el Ayuntamiento pleno, el presidente de la Audiencia Provincial, Aurelio Botella Taza, quien ostentaba la representación del gobernador civil, el presidente de la Diputación, autoridades militares y otras personalidades. Como padrinos, actuaron el alcalde de la ciudad, Agatángelo Soler Llorca y su esposa.

El obispo de la diócesis Orihuela-Alicante, Pablo Barrachina Esteve, procedió a la bendición de la piedra, ayudado por el deán de la catedral Bartolomé Albert, y el canónigo de la misma, Miguel Gil.

Al acto acudieron numerosos vecinos del barrio de San Blas.

Previamente, en el interior de esta primera piedra se introdujo un cilindro de cinc que contenía el acta con los datos referentes a la ceremonia que se realizaba, varias monedas de aquel tiempo y un ejemplar del día del periódico INFORMACIÓN.

Nos cuenta Juan Llorca Pillet, en su «Estudio histórico-artístico sobre la Colegiata de San Nicolás de Bari», cómo en 1826, y gracias a una suscripción pública y a la donación de unos cañones de bronce que hiciera Fernando VI, volvieron a sonar las campanas que «un gobernador militar de la plaza poco respetuoso con la Iglesia, quien para atender las necesidades del ejército, las permutó por trigo, librándose tan sólo de esta explicación la primera y dos más». Las campanas se llamaban, según el referido investigador, «Nicolasa Fernanda», la mayor de todas, «Rosario Barberá» -creemos que es «Rosario Barberá»- y «Petra y Paula», aunque «existen otras que no son dignas de mención».

En varias ocasiones, se ha recurrido a los donativos privados para evitar el deterioro de un edificio singular y emblemático, que hoy, de nuevo, ofrece aspectos preocupantes para su conservación. Aspectos que abordados a tiempo, soslayarían, sin duda, mayores problemas.

En 1961, a principios, se instaló en la ya catedral -desde que el 9 de marzo de 1959 se expediera la correspondiente bula pontificia- el espléndido cancel, en la puerta principal, y que separa el acceso de la nave central del templo. Fue entonces el cabildo quien, con objeto de iniciar las obras de consolidación y ornamentación del templo, determinó abrir una nueva suscripción, para sufragar los gastos. Entre ellos, las doscientas cincuenta mil pesetas para el referido cancel o contrapuerta, destinada a evitar corrientes de aire y ruidos del exterior. A tal fin, el pleno municipal, en sesión de 30 de septiembre de 1960, acordó conceder cien mil pesetas.

El cancel fue tallado en madera noble por artesanos de Bañeres. Precisamente, meses antes de que éste se colocara, se publicó la obra del entonces cronista oficial de la ciudad, Vicente Martínez Morellá, «La iglesia de San Nicolás de Alicante». La última monografía de la que tenemos noticia es la titulada «La concatedral de San Nicolás de Bari», escrita por Adrián López Galiano y publicada por el Ayuntamiento, en 1988. Por cierto que, en sus páginas, se citan las otras campanas y cuyos nombres eran «Santa Faz», «Felicitas», «María de los Remedios», «Corazón de María», «Carmen», «Sacramente» y «Sancta Maria, ora pro nobis».

El jueves, 25 de abril de 1974, y con motivo de la Peregrina, se celebró la misa en el exterior del monasterio de la Santa Faz, por primera vez en su historia, cuando entonces faltaban quince años para la conmemoración del quinto centenario de presencia de la reliquia en Alicante.

Motivó esta novedad la coincidencia con el Año Santo y el hecho de la multitudinaria asistencia de romeros. Naturalmente, el Ayuntamiento pleno se reunió el viernes, 19 del mismo mes, para tratar el asunto. El acuerdo había que tomarlo por unanimidad y así se hizo. Posteriormente, se cursó comunicación del mismo al cabildo catedralicio para que, a su vez, y si lo estimaba oportuno, adoptara semejante resolución. Y todo ello «al amparo de lo establecido en los estatutos de 1938 y 1973, que previene que ha de existir conformidad entre los cabildos, ya que ambos son copatronos del monasterio».

A tal fin y para cumplir todos los requisitos previstos en el protocolo, el alcalde, Francisco García Romeu, designó a los caballeros custodios, cuyo objeto es certificar la salida y el retorno del lienzo verónico al sagrario. El nombramiento recayó en los señores Manuel Ibáñez Rodes y Javier Leach Ausó.

Aquel año, según estimaciones de la Prensa, cien mil peregrinos se desplazaron a la Santa Faz. Y alrededor de las once, cuando el obispo Barrachina Esteve ofició la histórica misa, habría en el caserío unas diez mil personas. Entre ellas, el alcalde y miembros de la corporación municipal, el gobernador civil, Benito Sáez González-Elipe; el presidente de la Diputación, Manuel Monzón, el canónigo y experto en temas relacionados con la tradición de la Santa Faz, Federico Salas. Y naturalmente los ya citados caballeros custodios y los custodios religiosos y canónigos Tomás Rocamora y Manuel Marco.

El acontecimiento compartía la primera página de este periódico con otra noticia de ámbito internacional: la revolución portuguesa de los claveles. Lamentablemente, nosotros no pudimos participar de tantos júbilos. Por entonces, con una veintena de personas más, ocupábamos los calabozos de la Comisaría de Policía. Días antes, unos señores de Madrid, nos detuvieron bajo la sospecha de integrar el comité provincial del Partido Comunista de España. Ni tan siquiera nos dejaron salir a la Peregrina.

Qué desconsiderados, ¿no?

Todos estaban de acuerdo en que el puerto se había quedado pequeño, muy pequeño. Y cuando se abriera de nuevo el Canal de Suez, qué. La única solución era ampliarlo desde la Estación Marítima hasta el faro de la escollera. Así se ganarían cuatrocientos cincuenta metros de longitud y veintisiete mil de superficie. El muelle catorce era la clave. Se echaron cuentas: en 1972, se utilizaron seis mil ochenta y siete contenedores para sesenta y dos mil quince toneladas de mercancías; en 1973, se disparó el aumento. Nada menos que quince mil trescientos noventa y siete contenedores, y ciento cuarenta y tres mil trescientas cincuenta y dos toneladas. Espectacular.

El alcalde manifestó públicamente que había presentado, en persona, un informe al director general de Puertos, en Madrid, resaltando la necesidad de las obras de ampliación, cuyo presupuesto se cifró en doscientos millones de pesetas. Los consignatarios Miguel Polo Sánchez y José Lamaignete Vila coincidieron en que «la ampliación debe hacerse ahora o perderemos la gran ocasión». Luis Ferrero opinó, como apoderado de la naviera Lucentum, que muchas mercancías se estaban desviando a otros puertos. Por su parte, Tomás Morató, secretario de la Cámara de Comercio, dijo: «A Alicante le asiste toda la razón, para pedir mejoras para su puerto. Y lo lamentable es que a estas horas aún no se hayan logrado».

Carlos Carbonell Zaragoza, vicepresidente de la agrupación de empresarios portuarios, disponía de un informe técnico que había sometido a la Junta del Puerto y en el que se podía leer: «Hay puertos privilegiados como el de Barcelona y Valencia, enclavados en nuestro litoral mediterráneo y en ellos se han gastado por parte del Estado sumas importantísimas, y es lógico esperar que a Alicante se le ayude a superar las necesidades que en la actualidad tiene, en beneficio del interés general. El puerto de Tarragona se ha beneficiado con más de dos mil millones de pesetas. Y creemos por deducción, que si se favorece a un puerto cercano a Barcelona en la proporción que se ha hecho es porque parece razonable que, si en un plazo no muy lejano, se abre el Canal de Suez, el tráfico por el Mediterráneo aumentará en gran manera».

Aparte de la ampliación, se pedía la instalación de una grúa capaz de levantar setenta toneladas. La cosa iba en serio. Tanto que hasta se había previsto la construcción de un pantalán para el atraque de los buques petroleros, es decir, como puerto para Campsa, y también para los mercantes que quisieran repostar. En 1974, lo tenían claro. Por favor, absténgase de leer las últimas líneas los presuntos implicados. A veces, los viejos fantasmas no perdonan.

De buena mañana, el alcalde Francisco García Romeu salió dispuesto a tomarle el pulso a la ciudad. Pero de cabo a rabo. Quería saber cómo andaban las cosas y qué remedio había que arbitrar para cada entuerto. Y así lo hizo. Por ganas, no sería.

Al periodista Pepe Casinos le dijo que le preocupaban seriamente los problemas de infraestructura y de redes viarias. Ah; y el agua. «Si no se planifica con visión de futuro, en cinco años, Alicante tendrá dificultades con el abastecimiento. Estamos haciendo planes parciales para polígonos industriales que una vez aprobados, no vamos a hacer factibles por falta de agua. Y como alcalde de hoy me siento en la obligación de resolver con miras para por lo menos veinte años». Hombre previsor, sin duda.

El automóvil se acercó a las «Casitas de papel», ¿las recuerdan? A principios de abril de 1974, quedaban en pie cinco bloques, de los que cuatro se iban a demoler de inmediato. El restante era prefabricado. «Ya tengo ganas de acabar con este asunto», murmuró el alcalde. De allí, se trasladaron al barrio de la Tómbola. García Romeu examinó las instalaciones de los semáforos que, de un día a otro, iban a regular el tráfico en la intersección de la calle Virgen de Monserrate y carretera de San Vicente. Además ya era hora de que se iniciara la pavimentación de la citada calle y de la de Virgen de las Nieves.

En el Pabellón Municipal de Deportes, prácticamente concluido, el alcalde se solazó: «La pista es excepcional, sólo tiene una gemela, considerada hasta hoy como la mejor de Europa: Munich». Luego, se percató del ritmo acelerado que llevaban las obras de acceso del Polígono de San Blas a Aureliano Ibarra.

Recaló seguidamente en la plaza de Gabriel Miró. «El pavimento de la rotonda está patas arriba. Se ha iniciado la colocación del nuevo a base de pequeños mosaicos de mármol al estilo de la Explanada, en blanco y rojo». Francisco García Romeu matizó que se iban a iluminar los ficus debidamente y a colocar un puesto para la venta de flores. «¿Los quioscos? Vamos a buscarle una más idónea situación al de Prensa. Y los demás no sé, quizás no puedan subsistir en su actual emplazamiento. Y si alguno subsiste, tendrá que ser de otro modelo más acorde con la plaza».

Por último, una visita a Santa Cruz, con el pedáneo Andrés Mas, «Farina». Los vecinos encalaban o pintaban sus viviendas. El alcalde recordó que habían instalado sesenta nuevas farolas de hierro muy típicas, y más de medio centenar de papeleras. En la plaza del Carmen, se estaban montando ocho bancos y el lunes siguiente, ocho de abril, se plantarían una docena de palmeras.

Después del intenso periplo, el alcalde García Romeu se mostraba tan campante. A veces, patearse la ciudad resulta un ejercicio muy recomendable para la salud. Personal y urbana.

A finales de enero de 1975, Benito Sáez González-Elipe, gobernador civil, y Manuel Monzón Meseguer, presidente de la Diputación Provincial, acompañados por sus respectivas mujeres, visitaron diversas instituciones benéficas y empezaron por el Hogar José Antonio, situado entonces en Campoamor. Los recibieron el diputado provincial Felipe Garrigós, el administrador del centro Francisco Sáez y los doctores Cristóbal Pardo, director de la Maternidad, y Pedro Herrero, de la clínica infantil. Por entonces, en dicho hogar se acogía a trescientos niños y a un centenar de ancianos. Pero la capacidad resultaba escasa y las instalaciones, algo precarias. De ahí que ya se estuviera edificando un nuevo establecimiento con mil quinientas plazas.

Gobernador y presidente de la corporación provincial se desplazaron a las obras, en la finca de «La Hondonada», entre el complejo de Vistahermosa y el caserío de la Santa Faz.

El autor del proyecto José Antonio García Solera y el ingeniero delegado de la empresa Huarte que realizaba la construcción, los acompañaron en su recorrido y les mostraron las diversas dependencias del nuevo Hogar José Antonio (luego, Hogar Provincial), cuya inauguración estaba prevista para el año 1977.

Con posterioridad, estuvieron en la granja psiquiátrica de Santa Faz, dirigida por el doctor Francisco Serra, y en donde les esperaba el diputado Manuel Compañ. En el centro había setecientos enfermos mentales, de los cuales setenta estaban detenidos a disposición judicial. Manuel Monzón informó al gobernador de lo proyectos de importantes obras de mejoras, por cuanto la llamada granja psiquiátrica se encontraba en condiciones de manifiesta insuficiencia, para atender debidamente la solicitud de nuevos ingresos.

Por último, las autoridades recalaron en el Hospital Provincial de San Juan de Dios, diseñado por el arquitecto Juan Vidal y cuya primera piedra se puso el cuatro de noviembre de 1924. Allí, se encontraba el diputado Francisco Alcaraz Varó, el médico y director de la institución, Luis Rivera Pérez, y el administrador, José Ferrándiz Casares.

Contaba el centro hospitalario con trescientas cincuenta camas y se estaban realizando obras de modernización, entre las que se contaban cuatro quirófanos climatizados.

Aquel 1975, se cerraría con un acontecimiento de primera magnitud para la historia de España: la muerte del general Franco.

El actual puerto de Alicante, comenzó a construirse en 1803. Se constituyó entonces una junta protectora que, mediante impuestos sobre naves y mercancías, por los conceptos de carga y descarga, fondeaderos, faros, sanidad, etc., atendía a los gastos de ejecución de las obras que se realizaron a lo largo del pasado siglo, especialmente las que se llevaron a cabo, a raíz del enlace ferroviario con Madrid, en 1855 y 1860. Esta junta protectora desapareció y el puerto pasó a manos de la Jefatura de Obras Públicas.

Por fin, una ley de siete de mayo de 1880 declaró de interés general de primer orden, nuestro puerto. Y veinte años después, concretamente, el 13 de diciembre de 1900, se creó la primera Junta de Obras y Servicios. Por aquel tiempo «el puerto carecía de abrigo, no tenía calados y los muelles eran estrechos y sin líneas de atraques suficientes para el tráfico de la localidad y para las necesidades de la navegación».

La citada primera junta, por Real Orden de 7 de junio de 1902, recibió una subvención de trescientas mil pesetas y la autorización para cobrar el veinticinco por ciento de los llamados derechos de descarga de Aduana. Esos eran sus recursos y con ellos debía de sacar adelante el plan proyectado por el primer ingeniero director que tuvo la Junta de Obras del Puerto, José Nicolau Sabater. Sucesivamente, y hasta la década de los sesenta, ocuparían tal cargo: Ramón Montagut Miró; Próspero Lafarga Navarro, quien modificó y amplió, el plan de obras citado; Luis Sánchez-Guerra y Sáinz; con carácter accidental, José Sena L. Alegría y Ramón Iribarren Cabanillas (ambos de octubre de 1935 a mayo de l939); Bernardo López López (también accidentalmente y sólo durante el mes de junio de 1939); Luis de Ansorena y Sáez de Jubera; y Pablo Suárez Sánchez.

Durante los primeros años, la junta llevó a efecto numerosas obras y adquirió material para las instalaciones portuarias. Por el interés que para el desarrollo de la ciudad han tenido, nos ocuparemos en su momento, de algunas de ellas. Hoy destacamos la pavimentación de la explanada de España y la urbanización de los terrenos del Postiguet que se aprobaron en 1910, con un presupuesto de algo más de doscientas ochenta y cuatro mil pesetas, la primera; y la segunda, de casi ciento cincuenta y dos mil pesetas.

El actual edificio donde se encuentra ubicada la Junta de Obras del Puerto y la Comandancia de Marina, se empezó a levantar en 1942.

Escribe el ingeniero director del puerto, Próspero Lafarga, que ante la necesidad de ensanchar la entrada al mismo por el muelle de Levante, aconsejó la conveniencia de solicitar de la superioridad, la expropiación del Mercado Central que se encontraba por entonces, en 1910, entre los inicios de la Explanada y la calle de San Fernando. «En rigor -transcribimos literalmente- esta expropiación estaba ya autorizada en una Real Orden del año 1862, en la cual se deslindó la zona del Puerto, pues en dicha disposición se fijaba como línea límite de dicha zona la que, siguiendo la línea de fachada de las casas del Paseo de los Mártires y cortando el Mercado, fuese a parar al ángulo del hotel Iborra (donde hoy se encuentra el Palas)».

Al margen de las vicisitudes del viejo mercado es lo cierto que los terrenos comprendidos entre la referida línea de casas y el mar correspondían a la Junta de Obras del Puerto.

Con todo, y a instancias de nuestro Ayuntamiento, una Real Orden de 22 de febrero de 1910, disponía que la reparación y conservación de las vías de comunicación enclavadas dentro de la mencionada zona estuvieran a cargo de la junta. El 3 de enero de 1911, y siendo alcalde Francisco Soto Mollá, el Consistorio hizo entrega al citado organismo de los paseos de los Mártires y Canalejas y de las carreteras lindantes con dichos paseos. «En el acta de entrega de estas vías se hizo constar que el Ayuntamiento de Alicante continuaría encargado de los servicios de Policía urbana, como alumbrado, riegos, arbolado, etcétera, cosa lógica, toda vez que los arbitrios de toda esta zona los cobra el municipio a pesar de estar enclavada dentro de la del Puerto», puntualiza Lafarga, quien especifica además que: «Las carreteras que con carácter de travesía están enclavadas en la zona del Puerto, comprenden la del paseo de los Mártires y la Explanada de España». Y después de advertir que la primera no requiere de atención especial «por estar asfaltada», la de la segunda «exigía la rápida transformación de su pavimento por otro más perfeccionado». El ingeniero Lafarga describe así el trayecto que recorre el tráfico y sobre el que se precisa la actuación: «Desde su entrada en la zona del puerto de Poniente, hasta el origen del muelle de Levante. Este trayecto se componía: primero, de la carretera de la Explanada de España hasta el paso a nivel llamado de "Alberola"; segundo, de la carretera del muelle de Costa».

Por fin, el 2 de julio de 1966, el Estado donó al Ayuntamiento que presidía Fernando Flores Arroyo, los terrenos ocupados por Juan Bautista Lafora, plaza del Mar, Explanada de España (que finalmente absorbió el espacio denominado paseo de los Mártires), parque de Canalejas, calle de Ramón y Cajal y avenida de Loring, así como diez mil trescientos cincuenta metros cuadrados del paseo de Gómiz.

Miren por donde, las obras de acondicionamiento de las vías férreas de los muelles de Levante, con objeto de que todas las maniobras se efectuasen con máquinas a vapor y no con caballerías, decidieron la construcción de una estación marítima en el Postiguet, «en la cual se efectuase la composición y descomposición de trenes, la clasificación de vagones y, sobre todo, sirviera para establecer el retroceso que inevitablemente era preciso para pasar del muelle de Costa a los de Levante».

Ya mucho antes, cuando el conde de Aranda visitó Alicante, por encargo de Carlos III, el Ayuntamiento recibió un escrito, en el que se decía: «El muelle es uno de los más interesantes de la monarquía por la extracción e introducción de los efectos comerciales, pero es corto, estrecho, con una punta solamente y aún angosto, de modo que ni siquiera pueden resolverse dos carruajes a un tiempo, ni pueden hacerse lugar entre sí los que salen y entran». En dicho documento, de julio de 1765, se aconseja su ensanche y la prolongación de la «ya viejísima obra iniciada por el rey Sabio». En un plano de 773, se señala como construido «un tramo de 186 varas».

Naturalmente, el desarrollo portuario y el creciente tráfico de mercancías, determinaron el establecimiento de la estación referida. Pero su proyección dependía de la urbanización de los terrenos próximos a la playa y a sus balnearios que constituían «el centro más animado de la ciudad en el verano». Con el propósito de evitar accidentes, dada la aglomeración de público y el frecuente tránsito de trenes, «se propuso cerrar todo el perímetro de la estación con una verja, construyendo además una pasarela superior a las vías, para los peatones, en sustitución del paso a nivel que existía entre la plaza de Ramiro y los baños, cuyo paso a nivel de haberlo conservado, hubiera constituido un peligro permanente para la circulación».

El resto de aquellos terrenos, se destinaron a la ampliación del paseo de Gomis (de Gómiz, en atención al alcalde Manuel Gómiz Orts y cuya rotulación, propuso el cronista de la ciudad Rafael Viravens, el 29 de diciembre de 1893), a carretera para los baños y a un andén sobre la playa del Postiguet.

«Con todas estas reformas -afirma Próspero Lafarga- nos proponíamos armonizar las exigencias del tráfico ferroviario del puerto, con el embellecimiento de aquella zona, sustituyendo los fangales y la barriada de barracones allí situada, por vías y paseos necesarios a la vida del puerto y de la ciudad».

El proyecto urbanístico de tales terrenos fue aprobado por una real orden de 18 de julio de 1910. Y el presupuesto, ya lo hemos dicho recientemente, ascendió a casi ciento cincuenta y dos mil pesetas.

Durante la guerra civil, nuestra ciudad sufrió un total de setenta y un bombardeos aéreos, según contabilizamos en nuestro informe, publicado en la revista «Canelobre» número 7/8, entre el 5 de noviembre de 1936, primero de ellos, hasta el último, que se produjo el 25 de marzo de 1939, aunque algunos testimonios de crédito afirman que el 29 de aquel mismo mes, aún hubo uno más, en vísperas ya de la ocupación de la ciudad por las tropas italianas de Gaston Gambara. El número de víctimas mortales oscila entre los cuatrocientos cincuenta y nueve y los cuatrocientos ochenta y uno «que cita Alina Santonja basándose en los datos de una organización internacional de ayuda sanitaria» («Historia de la ciudad de Alicante», tomo IV, página 328). Aunque los objetivos eran el puerto, los depósitos de Campsa, el aeródromo de Rabasa y las instituciones ferroviarias, fueron más de setecientos los edificios que sufrieron las consecuencias de aquellas incursiones. De las cuales, las más tristemente recordadas por los alicantinos, corresponden al 28 de noviembre de 1936, «el bombardeo de las ocho horas», posible represalia por el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, pocos días antes; y al 25 de mayo de 1939, sobre el mercado central, que ocasionó, según las fuentes, entre 236 y 313 muertos, y que fue calificado, por una comisión británica de «agresión deliberada contra la población civil».

La mayor parte de estos raids estuvieron a cargo de la aviación legionaria italiana, cuyo XXV grupo de bombardeo pesado, compuesto por «Savoia S-81» y el XXVII grupo de bombardeo veloz, por «Savoia S-71», tenía su base en el aeródromo de Son San Juan, en Palma de Mallorca. De acuerdo con los datos que nos suministra Alcofar Nassaes, en su obra «La aviación legionaria en la guerra española» (editorial Euros, Barcelona, 1975), en el puerto de Alicante hundieron los siguientes barcos: «Bogueville», francés; «Camposines», «Ernham», «English Tanker» (reflotado después, se llamaría «Castillo Almenara), «Eurahan», «Farhin» (después, «Castillo Montiel») y «Thorpehaven» (después, «Castillo Guadalest»), todos ellos de bandera inglesa. El citado autor que nos ofrece una pormenorizada relación de los bombardeos aéreos sobre Alicante, durante los años 1938 y 1939, con detalle de los objetivos (taller montaje aviones, estación de F.C., campo de aviación de Rabasa, instalaciones portuarias, Campsa, etcétera), no hace referencia al dramático ataque del 25 de mayo, y sí a un bombardeo sobre el puerto el día siguiente.

Un hecho curioso: conocíamos cómo el 6 de octubre del año 38, los «aparatos enemigos» arrojaron panecillos sobre Alicante, pero no que «el 20 de noviembre bombardearan con flores la ciudad en el aniversario de la muerte de José Antonio».

Aproximadamente, sobre el solar en el que ahora se levanta la casa de Carbonell, estuvo el viejo Mercado Central, desde 1843 hasta 1912 y un poco más. Pero fue en 1910, cuando se sentenció la definitiva demolición de unas instalaciones malolientes y que producían efectos muy desagradables a los vecinos y también a los veraneantes que se dirigían a los balnearios del Postiguet.

Sin embargo, no fueron estos los motivos más urgentes, sino, y ya lo hemos escrito, la necesidad de ensanchar los accesos al muelle de Levante. A consecuencia de una moción presentada por el director ingeniero del puerto, Próspero Lafarga, se disputó por Real Orden de 21 de junio de dicho año, la redacción de un proyecto de nuevo mercado en sustitución del que se pretendía expropiar.

El proyecto lo realizaron Lafarga y el arquitecto municipal Francisco Fajardo, y fue aprobado por el Ministerio de Fomento el 9 de febrero de 1911. Naturalmente, la construcción estaba a cargo del Consistorio, en tanto la Junta de Obras del Puerto debía limitarse a tasar los terrenos ocupados por el viejo. Para tal fin, la junta designó al arquitecto Santafé, el cual, con Fajardo, como técnico del Ayuntamiento, valoraron la totalidad del mercado en un millón doscientas cuarenta y casi tres mil pesetas. Tal valoración o tasación fue desestimada. Y el 14 de junio de 1912, otra Real Orden dispuso que la referida tasación se limitase a la parte del mercado enclavado dentro de la zona del puerto. Próspero Lafarga la llevó a cabo, por doscientas cincuenta y una mil seiscientas trece pesetas. Tasación que se aprobó, el 21 de enero de 1913, con la disposición de que «La junta de Obras del Puerto de Alicante, en virtud de las estipulaciones claras y precisas que convenga con el Ayuntamiento, habrá de quedar libre de toda reclamación ulterior por parte de los propietarios de las casetas adosadas al mercado que son también objeto de expropiación». Finalmente, las gestiones de Rafael Beltrán, presidente de la junta, con el alcalde de la ciudad se cerraron con el acuerdo de ambas partes. La cantidad fijada se abonó a las arcas municipales el 23 de diciembre de 1914, cuando ya presidía la corporación local Ramón Campos Puig.

Aunque previamente el alcalde, Federico Soto Mollá, había trasladado el mercado, con carácter provisional, a la actual Rambla de Méndez Núñez.

Romántico y lúgubre, como los versos atribuidos a Espronceda, nos describe un periodista del diario republicano «El luchador», el viejo cementerio de Tabarca, «situado a las mismas puertas del pueblo y en el punto que sirve de atracadero, frente a la cala, y en un estado lastimoso se encuentra el corralón destinado a guardar los cadáveres allí sepultados (...) Cuando ocurría una defunción se hacía imposible abrir nueva zanja, sin encontrar otro ataúd (...) Aquello está hoy convertido en grasa pringosa, trozos de madera, cráneos, fémures, algún destruido esqueleto mal envuelto en retorcidos trapos». En fin, aviven el seso y recuerden.

Para fortuna de todos y de los vecinos de la islita, muy en particular, el pedáneo Pascual Chacopino cabalmente se echó para adelante: la situación atentaba contra la salud pública y el sentido común. De manera que se fue a buscar la mediación de Alfonso Rojas Pobil de Bonanza y le informó de cómo estaba la cosa. De inmediato, el alcalde Federico Soto Mollá tuvo noticias y procedió en consecuencia, cuando el Ayuntamiento, como casi siempre, andaba más bien en precario.

Se encargó del asunto al maestro albañil Tomás Giménez Antón quien se entrevistó con el arquitecto municipal y establecieron las dimensiones del nuevo camposanto: emplazado al final del campo de Tabarca, tendría una longitud de cuarenta metros con cuarenta centímetros, y una fachada de veinte con sesenta, más un depósito con cubierta de teja, adosado al cementerio. El presupuesto ascendió a dos mil quinientas cuarenta y siete pesetas con ochenta y siete céntimos. De esta cantidad, mil quinientas cincuenta las abonaría el pedáneo de la recaudación de las ventas de agua de los aljibes; y el resto saldrían directamente de las arcas municipales.

Las obras se terminaron el 15 de enero de 1912. El técnico consistorial giró una visita de inspección y le dio su visto bueno. Todo estaba en orden. Bueno, todo menos los dineros. Porque si bien es cierto que la pedanía cumplió sus obligaciones contractuales, el Ayuntamiento no satisfizo la parte que le correspondía, «a pesar de haber hecho más de veinte viajes a Alicante el contratista. En todas sus visitas ha obtenido la misma contestación, siempre la misma discordante nota, siempre el no hay dinero por ahora, ya lo tendremos en cuenta. Y... en cuenta lo tiene aún, pero en cuenta pendiente». ¿Le suena a algún proveedor?

Pues, verán, Tomás Giménez Antón que no andaba muy sobrado, dijo que ni un difunto, en tanto no le pagaran, y retuvo las llaves. Hasta que su conciencia y las promesas del nuevo alcalde Edmundo Ramos Prevés, lo convencieron. Una junta resolvió finalmente inaugurar el camposanto. Curiosamente, el último cadáver sepultado en el viejo corralón fue el de Cayetana Ruso Martínez, de 86 años de edad, el 5 de enero de 1913. El primero del nuevo cementerio, el de Francisco Ruso Martínez, hermano de la anterior y de 89 años, el 24 de enero de 1913. Todo en familia. La pequeña crónica no tiene desperdicio.

Para quienes tan amablemente nos han pedido una breve historia de la calle que hoy lleva el nombre del médico Evaristo Manero Mollá, que tanto se interesó por la lepra en la Marina, y del cual el cronista provincial y presbítero Gonzalo Vidal Tur nos ofrece unos rasgos biográficos, en su obra «Alicante, sus calles antiguas y modernas», estos apresurados apuntes.

A mediados del siglo XVII, se instaló un mesón a extramuros y frente a una balseta que hacía las veces de lavadero público.

El mesón o posada, hasta principios del XIX se extendía junto a la playa, hasta la puerta de Elche (luego de la Constitución y hoy Portal de Elche) y llegaba hasta la plaza de las. Barcas (de Isabel II y más tarde de Gabriel Miró y popularmente de Correos).

A mediados de siglo el nombre de calle del Mesón de la Balseta se cambió por el de Calatrava, en memoria del notable político y gran jurisconsulto.

En la casa número dos de aquel entonces, nació y vivió Manuel Carreras y Amérigo que habría de ser jefe de la milicia nacional y del pronunciamiento liberal de 1844, junto a Pantaleón Boné, y alcalde de nuestra ciudad.

Carreras sufrió el destierro en Filipinas, hasta que regresó merced a un indulto real. Y curiosamente, en el mismo edificio vino al mundo, el autor teatral y fabulista Antonio Campos y Carreras que Manuel Rico García recoge en su «Ensayo biográfico bibliográfico de escritores de Alicante y su provincia», y sobre el cual Benedicto Mollá escribió, en «El graduador», notas biográficas sobre el autor de, entre otras obras, «Fábulas», con prólogo de Ramón de Campoamor, en 1864.

Y en la misma vía de Calatrava o de Manero Mollá vivió y murió el 13 de mayo de 1878, Francisco Forner Alcaraz, quien fue el primer decano del Colegio de Abogados de Alicante. El periodista Francisco Montero Pérez dice de ella que «se entra por la plaza de la Constitución y se sale por la de Isabel II».

Naturalmente utiliza los rótulos de 1915, cuando se ocupó de tan importante calle, hoy de Manero Mollá. Aunque aún se la conozca por su más antigua denominación: calle de la Balseta.

Que se sepa, más de catorce años anduvo el tema de aquí para allá, sin que finalmente saliera a flote. Apareció con el alcalde Agatángelo Soler; se concretó en los papeles, con el alcalde José Abad; reapareció efímeramente, con el alcalde García Romeu, a punto ya de que la historia diera uno de esos banderazos de época.

Nos referimos, al auditorio o teatro al aire libre que tantas expectativas despertó, en balde. Su emplazamiento estaba muy bien definido: en el monte Tossal, donde se alza el castillo de San Fernando, en la plataforma situada entre el parque infantil de tráfico y el antiguo colegio de Huérfanos Ferroviarios, justamente donde el edil Llopis quería construir el pabellón municipal de Deportes, sólo que la superficie disponible ya no daba para tanto. El llamado parque de Ruiz de Alda era lugar adecuado para celebrar los periódicos festivales de España y muchas otras manifestaciones escénicas y musicales. Entre pinos y a la fresca.

Por fin, el arquitecto municipal, Miguel López, redactó el anteproyecto y lo firmó el 8 de agosto de 1969. Pirula Arderius nos cuenta, en este mismo periódico, cómo lo acogieron de bien todos, o casi todos. El secretario de la corporación y el interventor, señores Peña y Seva, se mostraron igualmente muy interesados. Y el también arquitecto y, por entonces, teniente de alcalde Francisco Muñoz Llorens.

El plan de la obra preveía el movimiento y transporte al vertedero de cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve metros cúbicos de tierra, cuyo costo ascendía a un millón cien mil pesetas. Después, un escenario de dos plantas y de cinco por quince metros, así como los oportunos fosos para favorecer las condiciones acústicas de la orquesta. Y un aforo para casi tres mil espectadores. El presupuesto total se calculó en siete millones cuatrocientas cincuenta mil pesetas.

José Abad no lo dudó. Mediante decreto de 25 de enero, ordenó el estudio y redacción del proyecto con objeto de someterlo a la oportuna aprobación. Aprobación que la Permanente acordó por unanimidad, el 29 de octubre de 1970, y en cuyo acuerdo se recababa el asesoramiento técnico del Ministerio de Información y Turismo. Todo, pues, dispuesto. Pero fallaron las arcas municipales. A la hora de iniciarse las obras de preparación, la precariedad de recursos las paralizaron.

Años después, García Romeu quiso desenterrar el tema. Según parece, el presupuesto ya subía casi a los nueve millones de pesetas. Era el verano de 1975. Pocos meses más tarde pasó lo que pasó. Ahora, el destino del Tossal ya es muy otro.

Las anécdotas más o menos verosímiles que ya de antiguo circulaban en torno a Enrique Carbonell y Antoli, no empañan, en modo alguno, la gestión empresarial de un alcoyano que, en 1903, fundo una fábrica de géneros de punto, en la cual llegaron a trabajar «más de ochocientos obreros».

En Alicante, Carbonell adquirió un solar resultante de la demolición del viejo mercado, al que nos referimos en una de nuestras recientes columnas, e hizo construir en él el espléndido edificio que lleva su nombre. Los planos y la dirección de la obra corresponden al arquitecto Juan Vidal.

El seis de mayo de 1921, Carbonell presentó la solicitud al Ayuntamiento. El arquitecto municipal, Francisco Fajardo firmó el informe, aunque hubo algunas diferencias relativas a la altura, por cuanto para el paseo de los Mártires, estaba fijada en veintidós metros. La planta ocupaba una superficie de ochocientos ochenta y un metros cuadrados. Además y según una publicación de la época: «Adquirió la fábrica de gas (que se hallaba cerrada), modernizando sus elementos de producción, para dotar a Alicante de tan necesario servicio, a pesar de los cuantiosos sacrificios que requirió la realización de esta obra, llevando su desprendimiento al extremo de donar un millón trescientas mil pesetas, mediante la condonación del crédito que por dicha suma tenía la anterior empresa del gas, contra el Ayuntamiento de esta capital».

Enrique Carbonell murió en Madrid, el 23 de noviembre de 1924, después de someterse a una intervención quirúrgica en el sanatorio del doctor Carrasco. La noticia se supo por el abogado y escritor José Guardiola Ortiz quien recibió el triste aviso telegráficamente de Alfonso Reus, hijo político de Carbonell. Su desaparición causó un hondo pesar «por el cariño que le tenía a la ciudad de Alicante -informa "El Luchador"-, por ser el propietario de la colosal casa construida en el paseo de los Mártires y de la fábrica de gas tan importante para el pueblo alicantino».

De sus negocios se hizo cargo Alfonso Reus, quien era cónsul de Chile y Venezuela, «activo y competente, y que ha sabido compenetrarse con el espíritu que animó al señor Carbonell y que continúa, como decimos, la ruta trazada por dicho señor, y merced a su labor constante y eficaz los asuntos marchan en progresión ascendente».

La Prensa no le regateó elogios. Pero es el emblemático edificio de la Explanada el que ciertamente perpetúa su nombre. Su primer apellido, cuando menos.

Alfonso de Sandoval y Bassecourt, barón de Petrés, tomó la Alcaldía en 1899 y se apeó de ella en 1911. Conservador y silvelista, inauguró el siglo XX con buen pie, a decir de sus compañeros consistoriales. Lo cierto es que sus ausencias en las sesiones plenarias resultaban frecuentes, sobre todo durante la segunda parte de su mandato, y solía sustituirle el teniente de alcalde don Zoilo Martínez Blanquer. Don Zoilo, le dio la alternativa, en el más alto cargo del municipio, al liberal José Gadea Pro.

Los relevos, todo hay que decirlo, se hacían sin ninguna fandarria, sin ringorrangos, ni solemnidades. Así, cuando el barón de Petrés decidió hacer el petate y dejar libre el sillón de la Alcaldía, se limitó en una sesión ordinaria, a dar lectura a un escrito donde renunciaba a su cargo, por motivos personales, tan sólo en presencia de los ediles. Ocurrió el 12 de julio de 1901. «Elevado el gobierno de S. M. la Reina al honroso puesto de alcalde de Alicante, sin otros méritos que mi acendrado cariño a esta ciudad y mi constante anhelo de servicio (...). El momento ha llegado, señores concejales, de abandonar un puesto que puse empeño en obtener y del que me alejaré, si no completamente satisfecho, por lo menos confiado de haber ofrecido a contribución para su desempeño, todas mis potencias y facultades». Por supuesto, agradeció a ediles y funcionarios su colaboración y ayuda, al pueblo de Alicante y también a la prensa periódica «que si me ha censurado ha sido siempre dentro de lo correcto». En nombre de la corporación, le contestó Campos Aznar. Y continuó el orden del día, como si tal cosa.

Una semana después, el viernes, día 19, e igualmente en sesión ordinaria, bajo la presidencia de don Zoilo se dio cuenta de dos comunicaciones del Gobierno Civil, que transcribían las reales órdenes del 13 de aquel mismo mes de julio: en la primera, se admitía la renuncia del señor barón de Petrés; y en la segunda, se nombraba al concejal Gadea Pro, para substituirlo. Gadea ocupó el sillón presidencial y dio las gracias a la reina «por la honra que se ha servido dispensarle y a los diputados señores Arroyo y Terol, y al senador señor Beltrán, por haberle propuesto para el mismo». Y su primera actividad municipal fue magnánima: propuso que se sufragasen los gastos de entierro y funeral a don Pascual Blasco Torres que acababa de morir a los setenta y siete años de edad, «director de la escuela práctica de la Normal Superior de Maestros, y por todos los conceptos insigne pedagogo». El acuerdo fue unánime; y cerró la faena Guardiola Ortiz quien tras elogiar a tan prestigioso docente, manifestó que la pensión que disfrutaba, se suprimiera como tal, pero que la cantidad correspondiente a la misma, consignada en los presupuestos, se destinase «a costear la carrera de un estudiante pobre y alicantino, de mérito reconocido».

Fíjense cómo andaban de espabilados por aquel tiempo, que el Ayuntamiento envió al doctor Pascual Pérez, a Murcia, a ver qué pasaba con la salud pública en la vecina capital. Les contamos. A raíz de la muerte, en Madrid, «del ilustre alicantino, excelentísimo señor don de Aguilera y Aguilera, marqués de Benalúa y Grande de España», el alcalde Alfonso de Sandoval, barón de Petrés, pidió que constase en acta la consternación que causó el fallecimiento de tan insigne paisano que «dedicó su actividad e interés a la obra de surtir a la población de aguas potables de que estaba muy necesitada, y si le parece bien a la corporación que el Ayuntamiento costee honores fúnebres en sufragio del alma del malogrado alicantino». Se sumaron a la propuesta los señores concejales Martínez Torrejón, Martínez Blanquer, Orts y Rubert. La unanimidad se registra en el acta correspondiente a la sesión de 30 de noviembre de 1900.

Y fue aquel mismo día, cuando el citado Martínez Torrejón pidió al alcalde que diera cuenta al municipio de cuantas medidas se habían tomado, con motivo de la enfermedad que causaba estragos en Murcia.

El barón de Petrés cautelosamente manifestó que no más tener noticias de que algo anormal estaba sucediendo en dicha ciudad, mantuvo una reunión con la junta local de sanidad y a instancias de la misma, con las debidas reservas para no alarmar al vecindario, se acordó que viajara a Murcia, don Pascual Pérez Martínez, médico decano de la beneficencia domiciliaria. Una vez allí, podría estudiar la situación de los enfermos e informar cumplidamente a la Alcaldía de Alicante.

El barón de Petrés había recibido una carta del doctor Pascual Pérez donde le comunicaba que, desde el primer momento, se atribuía el mal a la triquina y a las deficientes condiciones higiénicas de los barrios murcianos donde se habían producido la mayoría de los casos. En consecuencia. señaló el alcalde, se adoptaron las providencias oportunas, tanto en la referente al consumo de carne porcina, cuanto a la higiene y policía general de Alicante. Para combatir la triquinosis, agregó, ya se habían retirado del mercado cuantos animales ofrecían sospecha de padecerla. Todo estaba, pues, bajo control.

Desde el martes ocho de enero de 1975, ya se podía decir: Tabarca, dos dos dos seis uno nueve, como un estribillo. Y la voz se iba a la islita casi de milagro. El teléfono había llegado y todos andaban exultantes y más próximos. El aislamiento era algo menor. De momento, el aparato prodigioso se instaló en el domicilio del pedáneo, Baltasar López. Así, casi de extranjis y antes de que la autoridad lo mangoneara oficialmente, se hicieron algunas llamadas. A la residencia del SOE, sin pe, donde se encontraba ingresado un tabarquino. Aquello daba gloria.

Por fin apareció el cortejo, el 16 del mismo mes. Desde Santa Pola. A echarse parrafadas y a que todos vieran lo buenos que eran. Como antes, como entonces, como ahora, como siempre. Llegó el gobernador, Benito Sáez González-Elipe; llegó el presidente de la Diputación, Manuel Monzón Meseguer; llegó el alcalde, Francisco García Romeu. Y otras jerarquías, y los componentes de la comisión para la promoción de la isla, el teniente de alcalde Evaristo Manero y los concejales Adrián Dupuy y Juan Carlos Tur, y algunos miembros de la corporación municipal. Hubo fuegos de artificio y redoble de campanas. Tabarca era una fiesta. La línea siempre estaba ocupada. Pero aquel día de la inauguración solemne, el señor gobernador cogió el auricular e hizo tres llamadas, tres. La primera, al subsecretario del Ministerio de la Gobernación, sin novedad en la isla; la segunda, a León Herrera, ministro de Información y Turismo, esto ya no hay quien lo pare; la tercera, al director general de Ordenación de Turismo, que nos manden un barquito cargado de extranjeros. Las crónicas del tiempo lo contaron profusamente, alborozadamente. Y no les faltaba razón.

Luego, el turno de palabras. Inevitable. El pedáneo, el alcalde, el gobernador que le puso las perlas. El gobernador concluyó su discurso a lo ecológico y exhortativo: «Mantened la pureza de vuestro ambiente, sin dejar que se contamine, para que siga siendo bastión de tranquilidad y espiritualidad, para mayor grandeza de Alicante y España».

Tabarca, por fin, con su teléfono. Se le podía cantar como Glenn Miller a Pensilvania, pero con otro número: dos dos dos seis uno nueve. Y te salía el pedáneo.

Por esta vez, sí. Por esta vez, los hechiceros de las seiscientas veinticinco líneas acertaron finalmente, sin necesidad de aventar el viejo arcón de las rogativas, ni de echarle una mano de óxido a los agujales de la ducha. De momento. Porque la meteorología anda desquiciada, con tanto residuo industrial y tanta actividad voraz, que ya no se sabe cómo va a cortarnos las mangas.

Por lo pronto, febrero nos ha traído el agua y el trueno. Esperemos que para bien de la agricultura y del abastecimiento doméstico. Y para un aire que raspaba ya, habitado de bichitos agresivos y nada saludables.

Hace más de veinte años, Francisco Andrés Pons cogió su pluviómetro y un periodo de treinta años y nos aseguró, con datos en la mano, que la cifra media de litros en febrero, en Alicante, era de veintidós.

El mes más lluvioso, de acuerdo con sus cálculos, correspondía a octubre, con cincuenta y cinco; y el más secarrón, a julio, con tan sólo cuatro.

Por entonces, también «España se moría de sed», aunque en la ciudad de Alicante el año 1974 fue pródigo: se recogieron casi trescientos ochenta y nueve litros, frente a los cien del anterior. La media, en los seis lustros del tiempo climatológico estudiado, estaba en trescientos cuarenta y la temperatura, en dieciocho grados. El director del Observatorio Meteorológico y también jefe de los mismos servicios en el aeropuerto de El Altet, Francisco Andrés Pons, era muy escrupuloso en sus cosas y el clima, por entonces, aún se comportaba con relativa formalidad. Se dejaba manosear, hasta que le tomaban bien las medidas. Y respondía a los pronósticos.

Hoy, ya se sabe: no se sabe. Entre una atmósfera que más parece un gruyere, la pertinaz tala de árboles, el empleo de tanto desodorante venenoso y el indiscriminado lanzamiento de sustancias químicas a todos los vientos, la aldea se nos está quedando de pena, y al tiempo no hay ya quien lo desenmascare.

Por fin, en la madrugada del dos de febrero, vinieron las lluvias. Alicante, desde lo alto, era un huertecito de paraguas. Sea para satisfacción de los más. Porque, en definitiva, el problema del agua, sólo lo solventa el agua, lo diga Agamenón o el inspirado pianista Narcís Serra.

Se presentó en el Ayuntamiento, a la hora en la que la corporación celebraba el primer pleno del año. Era tan sólo una visita de cortesía, pero todos se apresuraron a darle la bienvenida en el salón de sesiones. Qué día aquél. Unos y otros se deshicieron en amabilidad y retórica. El dos de enero, pero de 1903, no vayan a pensarse, el alcalde, José Gadea Pro, le cedió la presidencia y le dispensó los elogios de rigor. Seguidamente, la primera autoridad provincial echó mano del discurso. Breve y tópico. De compromiso, vamos. Y así, se refirió a las magníficas condiciones climatológicas de Alicante; y a sus hijos «cultos, laboriosos y agradecidos, con los que, como Quijano y Campoamor, les administraron rectamente». Agregó que «no hubiera ocupado tan alto cargo, si no tuviera, como tiene, el decidido propósito de ser el primero en el trabajo constante por la prosperidad y el buen gobierno de esta hermosa región».

Y luego, claro, los representantes de las diversas fuerzas políticas municipales, los portavoces de ahora, como si dijéramos, tomaron la palabra. Clemente, por los ediles del partido liberal, le ofreció la colaboración de todos ellos, «en los intereses administrativos que le están confiados». Les llegó el turno a los conservadores, y habló el concejal Ugarte para desearle «una brillante gestión y la esperanza de que gozara del apoyo de todos los elementos políticos y de todas las clases sociales». Casi lo mismo, le ofreció Porcel, conservador independiente. Y Palazón y cuantos con él, llegaron al Ayuntamiento bajo los auspicios de la Cámara de Comercio. Y Ramos Prevés, que sería alcalde diez años más tarde, en representación de los liberales demócratas. Y el republicano Guardiola Ortiz que manifestó: «Espero que el regocijo que ahora se muestra por su llegada, se convierta en sentimiento general cuando lo abandone, porque eso será prueba de lo acertado y justo de su gestión».

Aquel gobernador civil se llamaba Agustín Bullón de la Torre y lo nombró para tal puesto el presidente del Consejo de Ministros, Francisco Silvela, el 16 de diciembre de 1902. Fugazmente, le precedió Ramón Martín Bernal. Y antes, Rafael López de Oyarzábal. Interinamente, desempeñó las funciones de la autoridad provincial, el secretario del Gobierno Civil, José Mora Florín, muy azacanado, sin duda, con tantos y tan repentinos cambios.

El 16 de marzo de 1903, el liberal José Gadea Pro renunció a la Alcaldía. Sin excesivo protocolo, en sesión extraordinaria, ese día, el secretario procedió a la lectura de un escrito del Gobierno Civil, según el cual «se admite la excusa presentada» para continuar desempeñando el cargo de alcalde presidente de la excelentísima corporación, y de otro oficio de la misma superior autoridad «dando traslado de la real orden del trece de los corrientes de la R. O. En virtud de la que S. M. el Rey (Q.D.G.) tiene a bien nombrar alcalde presidente al concejal don Alfonso de Rojas y Pascual de Bonanza».

Gadea cedió el sillón a su sucesor y le entregó la vara «signo de su jurisdicción». Inmediatamente después, Alfonso de Rojas dijo: «Llegó el alto puesto sin méritos. Me inspiraré para desempeñarlo en los buenos propósitos que me animan, en las manifestaciones de la opinión del vecindario y, sobre todo, en las indicaciones de mis distinguidos compañeros de Consistorio, cuyo concurso para la buena administración de los intereses municipales confío obtener».

Por supuesto, los representantes de las formaciones políticas en el Ayuntamiento, hicieron uso de la palabra, uno tras otro. El propio doctor Gadea, en su nombre propio y en el de los concejales del Partido Liberal, le ofrece su cooperación. Campos lo felicita, junto con sus correligionarios de la minoría demócrata. Pérez Bueno, del partido conservador, como el propio Alfonso de Rojas, afirma que «con el valioso concurso de los elementos que componen la corporación que, en bien de Alicante, deben hacer caso omiso de sus respectivas filiaciones políticas, mucho y bueno puede realizar un alcalde de las condiciones de carácter y laboriosidad del señor Rojas», Rubert lo saluda con los ediles elevados al cargo por la Cámara de Comercio, Guardiola Ortiz, republicano, asegura que «se felicita de ya que no es alcalde el que eligiera libremente la corporación municipal, haya recaído la designación del rey en persona de tan relevantes condiciones como don Alfonso de Rojas, y afirma que va desterrándose ya la antigua práctica de traer la política a la Casa del Pueblo donde no debe entrar sino la firme voluntad de administrar bien y fielmente los intereses, sin perjuicio de escuela ni partido», literalmente tomado del acta de la citada sesión. En el siguiente pleno, ya bajo la presidencia de Alfonso de Rojas, se acordó aprobar la memoria y los planos del proyecto de prolongación del paseo de la Explanada, y poner el referido acuerdo en conocimiento del gobernador civil para informe de la Junta de Obras del Puerto.

Como tantos otros, Alfonso de Rojas y Pascual de Bonanza se pasó de las filas conservadoras a las liberales. Salvador Forner y Mariano García escriben en su libro «Cuneros y caciques»: «(...) todo un ejemplo de adaptación favorable al medio político ya que, de destacado dirigente conservador y alcalde por dicha tendencia en el Ayuntamiento de la ciudad, se convirtió nada menos que en jefe político de los demócrata-liberales alicantinos». Está claro que el transfuguismo tiene su historia.

El alcalde Ángel Luna, tras una reunión con el conseller de Administración Pública, Emèrit Bono, y algunos de sus colaboradores, anunció que las instalaciones, en el puerto, de Campsa dispondrán, en breve, de un plan de seguridad exterior. Aunque lo deseable sería el traslado de los depósitos, bienvenido sea cuanto tienda a paliar la peligrosidad de esa factoría.

Antes de construirla, los buques-tanque de la citada empresa descargaban el petróleo en el muelle catorce y de allí mediante una única cañería se trasladaba a las viejas instalaciones, situadas a unos tres kilómetros de distancia. En la memoria del puerto de Alicante, de 1952-1956, se lee: «El peligro que supone este modo de trabajar no creemos que escape a nadie. Las locomotoras que circulan por el muelle arrojan chispas que podrían ocasionar incendios. (...) Hay también otro peligro: como el barco descarga por una manguera conectada a la arqueta, la rotura de esta manguera por un reventón o tirón brusco o, simplemente, la rotura de una junta llevarían aparejadas el lanzamiento al agua de un chorro de gasolina o petróleo que, por muy pronto que se paren las bombas y se cierren las válvulas, supone verter unos miles de litros de carburante que se extendería sobre la superficie de la dársena, con la casi seguridad de incendiarse y llevar el fuego al costado del propio petrolero y de los demás barcos». Escalofriante.

Por entonces fue cuando Campsa solicitó la correspondiente autorización para levantar la nueva factoría «en el ángulo exterior del dique de poniente, ganando terreno al mar, instalando las tuberías de descarga en el muelle número once, con los mismos inconvenientes y peligros de la actual. Había por tanto que buscar una solución al problema sobre la base de separar en absoluto el lugar de descarga de los buques-tanque del resto de los muelles comerciales o pesqueros». Entonces, ya se apelaba a las condiciones acordadas en el XVII Congreso internacional de Lisboa en 1949, y entre las cuales se advierte: «El puerto para el tráfico de petróleos debe de estar destinado a él exclusivamente o si se establece en la proximidad de un puerto comercial ya existente, se compondrá de dársenas especiales aisladas y, si es posible, alejadas de otras zonas de actividad comercial». Riesgo y precaución.

Al comentar este serio problema que ya viene de atrás, recordamos un refrán japonés que, aludiendo al carácter volcánico de aquel archipiélago, dice: «Hay una ballena bajo nuestros pies». Nosotros tenemos la ballena junto a los pies de la ciudad.

Don Alfonso de Rojas, alcalde por aquel tiempo, era la imagen de la más viva aflicción. No comprendía cómo una «turba ilusa» le había montado un número de aúpa al presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura, cuando llegó a nuestro puerto, en la tarde del veinticuatro de abril de 1904. Don Alfonso definió aquel día «como infausto para la sociedad alicantina». Tan escandaloso suceso, llevó al entonces alcalde conservador a solicitar de la corporación municipal que presidía un gesto de reparación.

«Nuestra hermosa ciudad de Alicante, ha sido visitada por casi todos los hombres públicos que han regido los destinos de la patria, desde mediados de la anterior centuria, habiendo merecido, sean cuales fueran las opiniones políticas que informan sus actos de gobierno, cuando no manifestaciones de entusiasmo, sí respetuosa cortesía». Desasosegado por un recibimiento inesperado, enumeraba Alfonso de Rojas y Pascual de Bonanza los próceres que nos habían llegado casi en olor de multitud: «Cánovas del Castillo, alma de la Restauración; Sagasta, insigne jefe del partido liberal; Blanco, capitán general, jefe de Cuba, en vísperas de nuestros desastres coloniales; Salmerón, ex presidente de la República Española y jefe del Partido Republicano histórico; Vallés y Ribot y Palma, figuras prestigiosas dentro de los partidos republicanos; Canalejas, gran orador de la democracia. Y todos, absolutamente todos, obtuvieron franca y generosa hospitalidad».

En la moción que presentó ante sus concejales, el 27 de aquel mismo mes, se lamentaba: «Estos hermosos precedentes se rompieron en la tarde que considero infausta para Alicante, del pasado día 24 del corriente, en que una turba ilusa, sin perseguir ninguna finalidad política, arrastraron por el suelo el, a tanta altura elevado, pabellón de nuestra legendaria hidalguía». Después de calificar a los manifestantes de «masa inconsciente y manejable por todas las pequeñeces de ánimo», el alcalde concluyó: «Contra sus actos de consideración a un hombre gloria de la tribuna española y que, sean cuales fueren sus ideales políticos, representa al gobierno del país, os pido que protestéis, para que esta protesta de la representación legítima del pueblo de Alicante lave la mancha que en estos momentos empaña nuestra imagen de cortesía».

Y toda la corporación protestó y acordaron enviar la unánime protesta a quien correspondiera. Eran gentes muy cumplidas.

Cuando Alfonso de Rojas y Pascual de Bonanza solicitó un permiso de veintiún días, para despachar asuntos personales, le sustituyó al frente de la corporación municipal Luis Pérez Bueno, primer teniente de alcalde. Prácticamente, desde el 17 de octubre de 1905, hasta el uno de enero del siguiente año, ostentó la Alcaldía aún con carácter accidental o interino, y consecuentemente presidió los plenos del Ayuntamiento, en ausencia del titular.

Y fue durante su mandato cuando se autorizó a Amando Cros, gerente de la sociedad anónima de abonos y productos auxiliares de su mismo nombre, a construir una fábrica situada en unos terrenos comprendidos «entre el barranco de las Ovejas y el llamado huerto del Galid (o Galich)».

Era el primer día de diciembre del citado año. Y en aquella sesión plenaria, se acordó con objeto de contribuir a su impresión, la compra de diez ejemplares de la obra «Alicantinos ilustres», de la que eran autores José Mariano Milego y Antonio Galdó López.

También en la misma fecha, se conoció un escrito de la Asociación de la Prensa de Alicante, en el que se formulaba la petición de una subvención anual.

Un trago nada gratificante para Pérez Bueno debió ser la lectura de la comunicación del gobernador civil, el nuevo de dicho mes, por la cual «se declara nuevamente suspenso al señor alcalde don Alfonso de Rojas y Pascual de Bonanza; y de otro de la misma superior autoridad transcribiendo oficio del señor presidente de la Junta de Obras del Puerto solicitando el nombramiento de un nuevo representante del Ayuntamiento cerca de la expresada junta, por haber dejado de asistir diez veces consecutivas a las sesiones el señor concejal don Alfonso de Rojas».

La corporación designó al propio alcalde accidental, al objeto de cubrir la plaza en el referido organismo.

El último pleno que presidió Luis Pérez Bueno fue el celebrado el 29 de diciembre. Tres días más tarde, el uno de enero, tuvo lugar la sesión inaugural del nuevo Ayuntamiento. Quien fuera, por unas semanas, presidente accidental del mismo, ordenó al secretario la lectura de la real orden de 26 de diciembre del año recién concluido y mediante la que el Ministerio de la Gobernación nombraba alcalde al concejal don Manuel Cortés de Mira, quien inmediatamente después tomó posesión de su cargo. Año Nuevo, alcalde nuevo.

Luis Mauricio Chorro tomó posesión de la Alcaldía constitucional el 26 de marzo de 1907. En sesión extraordinaria, Manuel Cortés de Miras cedió los atributos de la presidencia municipal a su sucesor en el cargo.

El concejal Guardiola aseguró que el alcalde saliente dejaba un recuerdo imperecedero por cuanto, recogiendo el sentir popular de los alicantinos, había culminado la erección del monumento a los Mártires de la Libertad. Y, poco después, a propuesta de Mas Bonmatí, la corporación, unánimemente, concedió un voto de gracia a Cortés de Miras.

En sus dos años largos de mandato, Luis Mauricio Chorro llevó a cabo su gestión, siempre a remolque de unas arcas depauperadas. Meses más tarde de acceder a la Alcaldía, la junta directiva del recién creado, en Madrid, Centro Regional Valenciano, solicitó del Ayuntamiento de nuestra ciudad una subvención para colaborar a los propósitos que informaban tal institución: fomentar la instrucción, la asistencia médica y jurídica, todas las necesidades, en fin, que «pueden faltarles a los hijos pobres del antiguo Reino de Valencia, y buscarles trabajo, auxiliarles o procurarles medios para que regresen a su país natal». La comisión de Hacienda de nuestro consistorio estimó «digna, patriótica y altamente caritativa la misión que viene a desempeñar un centro regional de la importancia del de referencia», y propuso que se le dieran las gracias a su directiva por el nombramiento de socio protector que le habían concedido a la corporación de Alicante, y que, en el próximo presupuesto se consignara, a pesar del estado precario de los recursos municipales «la subvención que se considere prudente a favor del referido centro».

La misma comisión de Hacienda, integrada por los ediles Salvador Llopis, Vicente Ripoll y Such Sierra, dictaminó la falta de medios para contribuir al mantenimiento de las dieciocho mujeres aisladas que dependían del patronato real para la represión de la trata de blancas, en la delegación de la ciudad; y acordó comunicar a la vicepresidenta del mismo que se tendría en cuenta «su noble petición para atenderla como se merece, cuando haya recursos y lugar para ello».

Ya ven como por entonces, cuando Alicante contaba escasamente con cincuenta y cinco mil habitantes, la práctica de tan oscuro y criminal negocio ya causaba estragos. De este singular asunto, les ofreceremos más información en una próxima columna.

Poco antes de que Luis Mauricio Chorro abandonase la Alcaldía, el 11 de junio de 1909, Alfonso de Rojas y Pascual de Bonanza, a la sazón, primer teniente de alcalde, presidiría la corporación por indisposición repentina de su propietario.

Así lo afirmó Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri el día en que alcanzó la presidencia de la corporación municipal. Dijo: «Estoy dispuesto a llevar una administración recta y tan eficaz como lo permita el estado de los fondos municipales. Siento un gran amor por Alicante, donde mi apellido es conocido gracias a una notable personalidad y pariente mío quien dejó gratos recuerdos como alcalde que fue de esta ciudad». Después apeló a la ayuda de todos sus compañeros para solventar los asuntos difíciles que se le pudiera presentar en el curso de su gestión. «Sólo aspiro a que al terminar mi mandato se diga lo mismo que dijeron de mi antepasado: "Ahí va un hombre honrado"».

El relevo en la Alcaldía se produjo el 1 de julio de 1909 y por real orden del 26 del mes anterior. Luis Mauricio Chorro entregó la vara y el sillón presidencial a Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri, miembro del Partido Liberal.

Momentos difíciles aquellos. La movilización de los reservistas con destino a Marruecos y las tensiones provocadas por una guerra colonial, enfrentó a la opinión pública alicantina. «(...) en algún mitin (contra la guerra), un orador socialista se atrevió incluso a reivindicar el derecho del pueblo marroquí a la independencia, comparando su lucha con la que en España hubo contra la invasión napoleónica, y el Centro de Sociedades Obreras izó su bandera roja a media asta «para llorar la muerte de tanto hermano que en el campo de batalla ha derramado su sangre», escribe el historiador Francisco Moreno Sáez («Historia de la ciudad de Alicante», tomo IV).

Tras la intervención de Pascual del Pobil, hicieron uso de la palabra varios concejales, entre ellos el joven republicano y futuro alcalde de nuestra ciudad Lorenzo Carbonell Santacruz quien advirtió que la minoría de la que formaba parte «trae al Ayuntamiento una misión crítica, y espera que los actos del nuevo alcalde no darán lugar a ella, y se ofrece con sus compañeros a colaborar lealmente a la recta función municipal».

En la sesión inaugural, se designaron los ocho tenientes de alcalde por los otros tantos distritos en que se dividía la ciudad. Fueran éstos: Manuel Pérez Mirete; Ernesto Mendaro y del Alcázar; Francisco Pérez García; Guardiola Ortiz; Manuel Salinas; Rafael Orts Monllor; Arturo Gadea Pro y Enrique Ramos Botella.

El que antaño fuera alcalde accidental, Luis Pérez Bueno, sustituiría a Ricardo Pascual del Pobil, pocos meses después, con carácter ya de alcalde constitucional.

Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri presidió su última sesión plenaria como alcalde el diez de noviembre de 1909. Apenas unos meses, al frente del Ayuntamiento, desde que tomara posesión del cargo el uno de julio de aquel mismo año. Sin embargo, y como se verá, en varias ocasiones más alcanzaría la presidencia del consejo municipal. Incombustible.

En aquella ocasión, puso en conocimiento de sus compañeros corporativos que por la noche, en el tren de las diez y diez, setenta y seis reclutas y un cabo del regimiento de la Princesa, se iban a cubrir bajas en el ejército de Melilla. Imagínense cómo irían los pobretes. Precisamente para alegrarles el ánimo, el director de la Fábrica de Tabacos había entregado, para cada uno de ellos, un paquete de cigarrillos y dos puros, a lo mejor, para darles grima a los rifeños. Por su parte, Pascual del Pobil tenía previsto obsequiarlos con una peseta por barba -dos para el cabo, la jerarquía, ya se sabe-, una botella de vino y un panecillo con jamón, todo con cargo al capítulo de gastos de representación. Luego, el alcalde instó a los ediles a asistir con él, a la despedida de la pequeña tropa. Y así se acordó.

Una semana más tarde, el 17 de dicho mes, en capítulo extraordinario, Ricardo Pascual del Pobil, de acuerdo con la real orden del día 13 pasado, entregaba la vara de mando a Luis Pérez Bueno, nuevo alcalde constitucional de Alicante. Tras las palabras de despedida de Pascual del Pobil quien recordó que durante su gestión sólo se había producido el conflicto del gas, Pérez Bueno agradeció al gobierno el honor que le confería con tan alto nombramiento, que a la vez constituía «una pesada carga» y expuso su criterio acerca del doble carácter de las funciones del alcalde: políticas y administrativas. Añadió que, ya de antiguo, resultaba difícil saldar sin déficit los ejercicios municipales, «aunque ingresos y gastos aparezcan nivelados valiéndose de artificios legales».

A la Prensa alicantina, le agradeció también que generosamente le concediera la virtud de la honradez y que esperaba que no se la hiciera perder.

El 3 de diciembre, y en presencia del gobernador civil que acudió al Ayuntamiento, se desarrolló el programa de propósitos que lo animaban: construcción de grupos escolares; nuevo mercado; mejoramiento del matadero; urbanización e higienización de las vías públicas; alumbrado a la altura de la ciudad; y en fin, todo cuanto redundara en beneficio de ella.

El gobernador manifestó su asombro por el proyecto de construcción de un nuevo cementerio, pero no por el Ayuntamiento, sino por una junta presidida por el abad de la colegiata. Sin embargo, puntualizó «dicha empresa corresponde al Consistorio que obtendrá por ello ingresos considerables».

Si hace algo más de una semana, celebrábamos las bodas de plata de nuestra compañera y amiga Pirula Arderius, con el periodismo, en diciembre de 1928, solemnizó las de oro, Florentino de Elizaicin y España director de «El Correo», diario constitucional y parlamentario, como nos informa su propia cabecera. Con tal motivo, la redacción publicó un número de carácter extraordinario. Hemos podido realizar una lectura sosegada del referido número. Las colaboraciones de excepción, nos ofrecen no sólo el perfil profesional, político y humano de quien fuera, entre otras muchas cosas, alcalde de nuestra ciudad y presidente de la Asociación de la Prensa Alicantina, sino también un amplio panorama cultural, urbano y episódico de aquellos tiempos. La nómina de adhesiones y de personalidades de la vida pública que se dan cita en sus veinticuatro páginas resulta ciertamente tan espléndida como abrumadora: Mariano de las Peñas, gobernador civil de la provincia; Miguel Villanueva y Gómez, ex presidente del Congreso; Manuel Pérez Mirete; Francisco Montero Pérez; Baldomero López Arias, presidente de la Asociación de la Prensa de Elche; Ricardo Pérez Lassaletta; Enrique de Angulo, director de «La Voz de Levante»; Alberto Castro Girona, capitán general de la tercera región; Dositeo Climent, director del periódico «Vida Agraria»; Rafael Altamira; José M. Milego; Julio Suárez Llanos, alcalde de Alicante; Luis Sánchez Guerra, ingeniero director de nuestro puerto; el doctor Pascual Pérez; Antonio Martínez Torrejón; Juan Bautista Catalá Gavilá; Rafael Álvarez Sereix; el conde de Romanones; Carlos Lozano Campos, director del «El Tiempo»; S. Soler Asensi, presidente de la Cámara Oficial de la propiedad urbana; José Coloma Pellicer; Juan Sansano, director de «El Día»; Gonzalo Cantó; Salvador Sellés; Emilio Costa, director de «Diario de Alicante» y muchos más.

En tal ocasión, el director del diario republicano «El Luchador», Álvaro Botella Pérez, escribió: «Don Florentino de Elizaicin engrandece su periódico, lo transforma en barricada, y con ímpetu juvenil lucha diariamente por la libertad».

Entre sus antepasados figura también don Tomás España, comerciante que se empobreció defendiendo los ideales democráticos, que fue recluido en el castillo de Santa Bárbara; en el castillo de Alicante y por Carlos Esplá «santuario de nuestra rebelión».

En su toma de posesión de la Alcaldía constitucional, Federico Soto Mollá, anunció su propósito de municipalizar el servicio de abastecimiento de aguas y el alumbrado público.

Y aunque dijo que su único programa era trabajar, puntualizó que propondría al Ayuntamiento que el ingeniero Próspero Lafarga redactase un plan completo de alcantarillado y pavimentado de la ciudad, para cuyos proyectos deberían contratarse un empréstito.

Asimismo, añadió que se ocuparía del cementerio municipal y de la nueva cárcel. Se lo sabía como la lista de los reyes godos.

El relevo se produjo el 26 de diciembre de 1910, por real orden del 24 de aquel mismo mes.

El alcalde saliente, Luis Pérez Bueno, en su despedida, manifestó que de su gestión personal sólo quería recordar el homenaje a Rafael Altamira, «porque este ilustre alicantino se interesó para que el Ayuntamiento cediera a las sociedades obreras terrenos donde construir su casa social y él encargaba a la corporación que cumpliera el deseo del prestigioso Altamira».

Al acto asistió el gobernador civil a quien acompañaron hasta la sala capitular los ediles Rojas, Pascual del Pobil, Romeu, Guardiola y el propio Pérez Bueno.

Como de costumbre, se pronunciaron frases de congratulación y de alabanza. «Alicante -afirmó el nuevo alcalde, en su alocución- muestra ansias de alcanzar el lugar que le corresponde en el concierto de las ciudades españolas».

Casi mes y medio después de ejercer al cargo, y en sesión del 8 de febrero de 1911, Federico Soto Mollá puso en conocimiento del concejo que el sábado próximo, día 11 del mismo mes, estaba prevista la llegada de S. M. don Alfonso XIII a quien acompañaba el presidente del Consejo de Ministros José Canalejas «precario hijo adoptivo de la ciudad». Seguidamente propuso que la corporación en pleno acudiese a recibirlos, «con el entusiasmo que merecen».

El concejal republicano Guardiola Ortiz manifestó que, en consideración a los servicios prestados a Alicante por Canalejas, «la minoría que representaba había acordado adherirse a la propuesta del alcalde y que además asistiría al acto de colocación de la primera piedra del nuevo mercado atendida la trascendencia y beneficio que para Alicante ha de reportar la mejora». Finura no les faltaba. Ni tampoco firmeza cuando era de menester.

La primera piedra del Hospital Provincial San Juan de Dios se colocó el 4 de noviembre de 1924. El proyecto es de Juan Vidal. De acuerdo con el libro de Matilde Alonso, Carmen Blasco y Juan Luis Piñón, «Alicante: V siglos de arquitectura», el edificio «(...) se desarrollará a lo largo de un eje central limitado por dos cabezas: la capilla y las dependencias administrativas, al que se le adherirán ocho pabellones, según un doble peine, próximo a las estructuras panópticas. Nada escapa, ni al control material ni al ideológico, al confluir en los pabellones dos tipos de vigilancia: la de la enfermedad y la del ciudadano».

En diciembre de 1928, Manuel Pacheco, reportero de «El Correo» nos lo describe, con entusiasmo: «Esbelto, con sus torres de gran belleza arquitectónica, se alzaba retador hacia el firmamento (...)». Naturalmente, no podemos transcribir, por dilatada, su minuciosa visita que pormenoriza en un extenso reportaje. «Los terrenos que ocupa el nuevo Hospital Civil se hallan situados en el extremo sudoeste del llamado "Pla del Bon Repós", en el extrarradio de la ciudad, junto al camino de las "Cigarras" (...). Su superficie mide doce mil metros cuadrados».

Cuando Manuel Pacheco inspeccionó informativamente las obras acompañado del redactor gráfico Clavel que dejó, por cierto, unos testimonios inestimables, aún no se había construido el muro que lo circunda. Nos cuenta cómo lo recibió Jesús Nicolás, uno de los jefes de personal, quien les facilitó la entrada y les presentó a Abelardo Blanco, encargado o responsable de la administración de dichas obras. Posteriormente les recibió el propio Juan Vidal Ramos y el contratista Manuel Bernal.

Después de visitar todas las dependencias «del nuevo y moderno hospital de la perla del Mare Nostrum», el periodista Manuel Pacheco deja constancia de su agradecimiento a los ya citados y a José María Gallego, Juan Mondeja y Alfonso Mantoyo, todos ellos vinculados a la ingente obra. «Ya tienen los enfermos, los pobres, una casa alegre, risueña, blanca como la luz de la luna y dorada como los rayos de nuestro incomparable sol».

Cosas de la época, ustedes lo comprenden como nosotros. Pero ahora, ¿qué futuro le aguarda a tan espléndido edificio?

En noviembre de 1924, el doctor Gascuñana se vino a Alicante y, poco después, fundó el sanatorio «El Carmen» en un huerto de naranjos y limoneros de la calle del General Pintos.

Disponía de una sala de operaciones y de dos pabellones independientes, para los enfermos, «con un sello común de higiene y limpieza».

Gascuñana también creó, en Madrid, la Policlínica de la Magdalena y en ella trabajaron médicos tan prestigiosos como Luis Recasens, Vital Aza, Fernández Viega, Esteban Muñoz y otros tantos. Animado por un espíritu casi teresiano, el doctor Gascuñana, pondría en pie, antes de instalarse en nuestra ciudad, la Escuela Ateneo de Medicina. El cirujano se formó junto a los catedráticos Ramón Giménez y Julián de la Villa.

Además de atender su sanatorio, el doctor Gascuñana prestaba sus servicios en el Hospital Provincial y de la Cruz Roja. En 1927, ingresó en el primero de ellos. Un año antes aproximadamente, le entregaron la dirección del otro, encargado de los servicios de cirugía general. Respecto al segundo de los establecimientos hospitalarios mencionados, comentó: «El Hospital de la Cruz Roja está adquiriendo una importancia extraordinaria. Pero es sólo consecuencia natural del cariño a la institución del presidente de la asamblea local, don Antonio Martínez Torrejón, y consecuencia también de los amores y desvelos de la ilustre dama presidenta, señora doña Enriqueta Giraldo de Dema».

En 1928, cuatro años después de su llegada, declara a un periodista que ha practicado casi trescientas cincuenta operaciones. En su mayor parte, hernias. Fíjense qué curioso. Dice al respecto que el público se está convenciendo finalmente de que es una enfermedad cuyo remedio quirúrgico es inocente y que, sin embargo, su existencia puede ocasionar accidentes y peligros que en una gran proporción le resultaban mortales: «La incultura tiene gran culpa del retraso del remedio en los casos de estrangulación. Precisamente al popular Paque lo interviene de una hernia estrangulada, sin que por ello haya tenido que interrumpir su vida de cantos y bailes que le hicieron famoso».

El bueno del doctor Gascuñana era martillo de hernias. Lamentablemente con el SIDA no hubiera podido.

Miren: cuando un grupo de ciudadanos se lo proponen y no le dejan espacio al desánimo, las cosas van saliendo adelante. Ahí tienen si no a los palomeros que el año pasado le echaron mano al asunto y dieron un primer paso algo titubeante si quieren, pero, anda, tan campantes. Este año, otro, un poco más firme. Y así. Hasta que se consolide con firmeza una tradición perdida en 1932: la procesión cívica que partía de la plaza de la Constitución, del antaño pueblo y hoy barrio, hasta el singular y emblemático panteón de los Guijarro. Allí, el 14 de febrero de 1844, día de los desalmados entonces, el teniente general Federico (de) Roncali hizo fusilar a siete rehenes liberales, como represalia, cuyos nombres son: Ildefonso Basalio, José Mena, Luis Gil, Pío Pérez Villapadierna, Juan Gómez Algarra, Luis Molina, Arcadio Blanco (posiblemente, Blasco), todos ellos oficiales, según Nicasio Camilo Jover. Desde entonces, y como homenaje a los nuevos «mártires de la libertad», los vecinos de Villafranqueza conmemoran tan sangrienta y despiadada fecha, hasta el ya citado año, precisamente cuando se materializa la fusión de Alicante y el Palmó.

Puesta en pie de nuevo, la entrañable tradición del Ayuntamiento le cumple restaurar el ruinoso monumento funerario, que mandó construir don José Guijarro y Espinosa, entre 1799 y 1803. Las noticias en este sentido, son, cuando menos, esperanzadoras. Así lo manifestó el pasado domingo el concejal de Cultura José Antonio Martínez Bernicola, el pasado domingo y con ocasión del acto organizado por la Asociación de vecinos de Villafranqueza, y al que asistieron en torno a doscientas personas. Tras la procesión cívica hasta el lugar donde fueron ejecutados los insurgentes defensores de la Constitución donde por fortuna se habían realizado trabajos de limpieza y desescombro -el año pasado fue una aventura-, se abrió un turno de breves intervenciones que iniciamos nosotros, por amable invitación del presidente de los vecinos, y que continuaron los ediles María Teresa Molares (IU), Elsa Martínez (PP) y Martínez Bernicola (PSOE) que cerró dicho turno. En él, también participaron la portavoz de la Asociación ya mencionada y el abogado Manuel Peral Pérez quien se adhirió a la misma en nombre de la «Asociación de amigos de Giner de los Ríos», cuyos miembros son necesariamente masones. La banda musical La Amistad. Asistieron también el senador socialista Ángel Franco, los concejales Rafael Arnau, Alejandro Bas, Vicente Fillol, Vicente Huesca…

Por cierto, ahora se trata de localizar a los posibles descendientes de aquellos siete oficiales fusilados. Su relación que tomamos de Nicasio Camilo Jover, apareció en el Boletín Oficial de Alcoy, publicado «Aquel aciago día».

Así se desprende de los testimonios recogidos, por un equipo de investigadoras dirigidas por Isabel Alonso Dávila y Cristina Sánchez López, entre las vecinas de San Roque, calle de Villavieja, plazas del Puente, del Carmen y de Quijano. En el prólogo del libro publicado en la colección «Estudios Municipales», escribe su responsable José Luis Cividanes: «Su contenido gira sobre tres ejes: mujeres, posguerra, barrio. Estos sirven para articular los temas que las autoras nos sugieren a partir de los recuerdos. Siguiéndolos, se puede obtener una visión, de conjunto, sin renunciar a fijarse en la multiplicidad de aspectos que se nos presentan: estraperlo, cuidado de los hijos, relaciones vecinales, noviazgo, trabajo doméstico, ayuda familiar, represión política, educación, etc.».

Las dos primeras décadas de nuestra posguerra nos descubren matices poco conocidos de aquella oscura época, cuando no absolutamente inéditos. Isabel Alonso Dávila, en la introducción a uno de los capítulos de esta obra, afirmaba: «De hecho, el periodo cronológico que hemos elegido para nuestro trabajo coincide con el deterioro del barrio según el informe sobre la rehabilitación del Casco Antiguo. A través de las entrevistas realizadas hemos ido viendo cómo algunas casas destruidas, como consecuencia de los bombardeos de la guerra civil, no se volvieron a levantar y quedaron como eternos solares llenos de cascotes, que cobijaron los juegos infantiles de las niñas y niños del barrio en aquellos años».

Un estudio que aborda toda una amplia temática social, económica, laboral, educativa, en un espacio urbano, humilde pero solidario. Una considerable aportación a la bibliografía alicantina, con el recurso y el método de las fuentes orales. La memoria de las mujeres que protagonizaron años de escasez y de inseguridad; en circunstancias críticas, recogida fielmente por otras mujeres que, con las ya citadas, le han puesto nombre a los nueve capítulos: Emilia Caballero Álvarez, Elena Laurenzi, Dolores Juliano Corregido, Margarita Borja, Amparo Moreno Sardá, Nieves Simón Rodríguez, Elena Simón Rodríguez, Rosa Gayá e Isabel Rodes Gisbert. Experiencias y episodios afortunadamente recuperados. Y también el himno de la Vilavella, que empieza así: Barri de la Vilavella / anima ardent d'Alacant / Cases morenes de sol / vestides de colors clars. Tremendo y certero el testimonio de una de las vecinas: «Que entraron a sangre y fuego», los vencedores claro. Pero es que habíamos sido revoltosos, ¿o no lo entienden?

Federico Soto Mollá se dejó la Alcaldía, con el problema del alumbrado público a todo gas. El dos de enero de 1913, le pasó el testigo municipal a Edmundo Ramón Prevés.

Como de costumbre y de acuerdo con la normativa vigente, dos reales órdenes del treinta de diciembre anterior, aceptaba, la una, la renuncia o excusa del primero, y nombraba, la otra, al segundo para sustituirle en el cargo.

El edil Rico siempre se lamentaba de que la designación para la presidencia corporativa «la efectuara otra potestad que no fuese el Ayuntamiento». Pero acataba la disposición aún a regañadientes.

Cuando Federico Soto regresó a su puesto de concejal, el contencioso con la fábrica de gas continuaba sobre la mesa.

El nuevo alcalde escuchó lo que ya sabía de sobra: para la ciudad era urgente resolver el abastecimiento de aguas, el alumbrado público y el drenaje y saneamiento de la población,

Ramos Prevés dijo: «Cuando lo permitan los recursos económicos de los que legalmente pueda disponer, abortaré tan importantes cuestiones». Ninguna novedad. El Ayuntamiento continuaba endeudado.

En aquella misma sesión inaugural, Rico sugirió que el ingeniero municipal Próspero Lafarga realizara, si no lo había hecho ya, el estudio y proyecto del colector de la parte baja de Babel, obra de extraordinario interés y necesidad, para evitar así que «todas las excretas de aquella parte de la ciudad fueran al mar».

Y agregó que la Cámara Agrícola se ocupaba de un proyecto de traída de aguas de «las lagunas de Ruidera» y que consecuentemente el Ayuntamiento debería ponerse en disposición de la citada entidad, con objeto de que el Estado contribuyese a la realización de aquel proyecto.

Ramos Prevés estuvo tan sólo once meses escasos al frente de la Alcaldía.

El 21 de noviembre de aquel mismo año de 1913, cedió los atributos de su cargo al abogado Ramón Campos Puig, quien, por otra real orden de tres días antes, accedía al más alto cargo público de nuestra ciudad.

Por supuesto, el señor Rico volvió a expresar su protesta por la improcedencia del nombramiento, y se negó, coherentemente, a formar parte de la comisión protocolaria encargada de recibir al nuevo alcalde.

Un buen día, concretamente el 27 de febrero de 1914, algunos concejales le pidieron a la compañía MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante) que sus vehículos anduvieran más ligeros, que de la capital de España a la capital de la provincia el viaje resultaba un coñazo. En fin, que nos tuvieran algo de consideración. El mensaje, casi profético, lo firmaban Alfonso de Rojas, Ernesto Mendaro, Juan Langucha, Ricardo Pascual del Pobil, Rafael Orts, Sebastián Cid, Domingo Meliá, Juan Palazón, Vicente Ripoll, Salinas, Joaquín Vidal y Enrique Limiñana.

En realidad, presentaron una moción solicitando que se designase una comisión para que, asistida por todos los elementos precisos, recabase de la empresa ferroviaria: «Una modificación de los itinerarios de los trenes de viajeros, para que sea menor el tiempo que se tarde en salvar la distancia entre Madrid y Alicante, y los pueblos de la línea, a partir de Villena; y que se revisen las tarifas en el sentido de que sea más beneficioso para el comercio de esta plaza, que debe considerarse entre todos los puertos marítimos de España como la más en contacto con la capital de la monarquía».

Insistieron en que nuestra ciudad era el puerto de Madrid, por razones puramente geográficas, motivo por el cual -alegaban- al iniciarse la explotación de los caminos de hierro, una de las primeras líneas de carácter general fue la que nos unía con Madrid, «buscando la distancia más corta entre el mar y el centro de España. En otras épocas, cuando Alicante carecía de puerto en condiciones adecuadas, ciertas solicitudes podrían parecer excesivas, pero ahora, cuando en estos últimos años y gracias al generoso empeño de hombres como Canalejas, nuestro puerto posee condiciones admirables, para cumplir su misión comercial, todo lo que se retarde en cuanto a vías terrestres, equivale a retardar una pronta y útil comunicación con la corte llamada a favorecer la riqueza nacional».

Al alcalde, Ramón Campos Puig, la moción le pareció de perlas. Además no tenía carácter político, como manifestó, y consecuentemente deberían asociarse a ella aquéllos que se interesaran por el bienestar de la ciudad. El edil Rojas propuso que a la comisión municipal que se formara podían incorporarse los presidentes de la Cámara de Comercio, círculo mercantil, Liga de Propietarios y Diputación Provincial, y cuantos aspiraran a representar Alicante en las cámaras. En definitiva que la referida comisión se organizó con el alcalde como presidente y con los concejales Guardiola, Rojas, Sánchez Sampelayo y Herrero. Y se pusieron a llamar a las puertas de la MZA y siguieron llamando luego a las puertas de Renfe. Y ya hace años, ya.

Y cómo se le pusieron las cosas a Eugenio Botí Carbonell en la recta final de su breve mandato. A mediados de diciembre de 1915, se recibió una instancia firmada por Guillermo Campos y Carreras, gerentes de la sociedad Prytz y Campos, y por Juan V. Santafé, presidente del consejo de administración de la S.A. Electra Alicantina, advirtiendo al Ayuntamiento que no podían soportar la penosa carga que representaba el débito de la mitad casi del importe de la energía eléctrica suministrada al Consistorio. Era una situación tan difícil que les ponía en la obligación de suspender los servicios del alumbrado público, en la parte que ha dichas empresas le competía. El ultimátum era contundente: o se arreglaban las cuentas o el quince de enero próximo se cerraba el grifo.

Por si fuera poco, otra instancia dejaba a la corporación municipal contra las cuerdas. Fernando Muñiz y Chápuli Ausó, el primero de ellos, propietario de la Central Eléctrica del Bon Repós; y el segundo, director técnico de la de Benalúa, razonaban que la subida de las materias primas para la producción del fluido eléctrico resultaba tan considerable que habían llegado al acuerdo de cortar también el servicio que prestaban al Ayuntamiento, a menos que éste cooperase, en parte, a costear dichas materias, y, por supuesto, les abonase cuanto se les adeudaba. Alicante a oscuras. Las tensiones no podían ser ya más grandes en el seno del propio concejo municipal.

Acorralados, no tuvieron otra solución más que proceder con la mayor decisión y premura. Y se acordó liquidar la cuenta a las dos primeras citadas sociedades, en cuanto se trasladaba la solicitud de las otras al inspector técnico para que informara ampliamente acerca de las nuevas tarifas.

Eugenio Botí Carbonell ocupó la Alcaldía, el 4 de julio del referido año, cuando se le admitió la dimisión a su antecesor en el cargo, Ramón Campos Puig, según reales órdenes del 1 de aquel mismo mes. Y fue ciertamente su mandato intenso y lleno de zozobras. Cesó Eugenio Botí en sesión del uno de enero del año siguiente, para dejarle el sillón a quien ya lo había ocupado con anterioridad, Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri. Pero ni siquiera pudo estar presente en el acto inaugural del nuevo Ayuntamiento. Botí Carbonell se encontraba enfermo y le hizo el papel el primer teniente alcalde Francisco Pérez García, quien tras declarar concluida la gestión administrativa de la corporación que la tuvo a su cargo durante el bienio 1914-1916, dijo a los nuevos concejales que, de entre ellos, se votara un presidente accidental para darle posesión del cargo al nuevo alcalde constitucional Pascual del Pobil. Y salió elegido Tomás Alemany Blanquer.

«Desde mañana, las entradas a nuestro pueblo quedarán libres de custodios que os fiscalicen y pidan gabelas y tributos de portazgo de consumos», así comenzaba el histórico bando del alcalde Federico Soto Mollá que había tomado posesión del cargo el 26 de diciembre de 1910 («La Gatera», 16.2.93). «Las áridas faenas y grandes tristezas que acaso tengo que realizar y padecer -continuaba diciendo-, se mitigarán hasta el olvido con las albricias que puedo pedirme por haber visto coronada, durante mi mandato, la empresa noble y difícil de suprimir un sistema tributario viejo y ominoso».

No obstante, el júbilo, Soto Mollá previsoramente advirtió: «La clara interpretación de vuestras ansias, unidas a la firme voluntad del Ayuntamiento que presido, ha logrado libraros de ese impuesto que todavía castiga y oprime a casi toda España. Sin él, las arcas municipales pierden un seguro ingreso, pero la honradez y el amor de los alicantinos a su pueblo, remediarán este quebranto de su hacienda. En tanto, entregaos todos al natural regocijo de estas nuevas y sea vuestra notoria cultura guarda severísima, para que gentes extrañas y mal aconsejadas no cometan demasías, haciendo vergonzoso botín y pillaje de los restos y casetas del suprimido impuesto». Pues, fíjense, el bando está fechado el 31 de diciembre de 1910, es decir en Nochevieja, de modo que, sin tener que pagar impuestos sobre los comestibles y otros géneros que entraban en la ciudad, y con la juerga por delante, toda precaución resultaba poca.

El día antes, la corporación celebró sesión, la primera que presidía desde su reciente nombramiento, y en el transcurso de la misma hizo pública su gratitud a los arrendatarios de aquel servicio, y a los concejales que habían colaborado en su desaparición, muy especialmente a Guardiola Ortiz.

Por cierto, que el salón consistorial ofrecía un aspecto deslumbrante, después de una rápida reforma. Sólo andaban algo mosqueados los cronistas municipales. El del «Diario de Alicante» escribió: «(...) ha echado en olvido el nuevo alcalde a la Prensa que sigue usufructuando el pupitre incómodo y estrecho de antaño, en donde mal pueden desenvolverse cuatro personas. ¡Ayer éramos más de veinte allí, apretujados, amontonados...!».

La canallesca, ya se sabe.

Ya hemos dicho que en el primer y breve mandado de Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri, el Ayuntamiento se encontraba endeudado con la compañía madrileña de alumbrado y calefacción por gas. El nuevo alcalde tuvo que afrontar uno de los problemas más espinosos de aquella época. La situación llegó a ser tan apurada que el propio Del Pobil descalificó públicamente la gestión administrativa de su antecesor, Luis Mauricio Chorro, en un escrito que apareció en la Prensa de la época. En él, se explica el proceso del deterioro de las relaciones entre el municipio y la referida empresa. Con ánimo de encontrar una solución satisfactoria se aprobaron unas bases que posteriormente dieron lugar al otorgamiento de una escritura fechada el 19 de octubre de 1908. El documento notarial fijaba los derechos y obligaciones respecto al servicio de suministro de gas para el alumbrado público; entre las obligaciones figuraba la del Ayuntamiento de abonar mensualmente a la compañía 9.500 pesetas. «El 1 de julio -especifica Del Pobil que tomó posesión de la Alcaldía ese mismo día- me cercioré de que el Ayuntamiento no tenía la menor noticia de que la indicada escritura se hubiera otorgado, que mi antecesor había dejado incumplidas las obligaciones de la corporación municipal con la compañía, incluso la de pagar la referida cantidad mensual, y que esta última no había ejercitado sus derechos y acciones, consintiendo aquel estado de cosas». Además, al revisar la contabilidad, advirtió que se debían, desde el 1 de enero, el sueldo del personal de oficinas, las facturas del agua, el alquiler de locales y un largo etcétera. Así, era imposible atender los pagos de la empresa madrileña, la cual solicitó que se notificara el contenido de la escritura al arrendatario del impuesto de consumos. Naturalmente, quiso enterarse antes la corporación de lo que se decía en el instrumento público y acordó que una comisión estudiara el documento. Pero: «Sin esperar a que esto se resolviera, el notario, doctor don Lorenzo de Irízar, me entregó una notificación de la empresa conminando al Ayuntamiento con que si no se le entregaba, en término de 30 días, todo lo que se le adeudaba desde el primero de enero (más de 60.000 pesetas) suspendería el alumbrado al terminar dicho plazo». «Sólo tenía dos caminos, tratar por última vez con la compañía del gas, o instalar alumbrado eléctrico en las calles de Alicante». Y como ésta no se avino a las propuestas del alcalde, ni del gobernador que intervino, en el mismo sentido, adoptó la oferta de «La Electra Alicantina», «que dando una muestra de patriotismo, ha puesto a disposición del Ayuntamiento los medios para evitar que la ciudad se quede a oscuras un solo instante». La instalación provisional del nuevo alumbrado se inició un día antes del llamamiento de Pascual del Pobil, a los alicantinos, publicado el 20 de octubre de 1909. Con detractores y partidarios, el fluido eléctrico imponía la modernidad.

¿Lo soportarían, hoy?, ¿soportarían el tremendo varapalo que le metió el comentarista Francisco Montero Pérez al abogado y ex alcalde Ramón Campos y Puig, Ramoncito? Casi una página y media del diario republicano «El Luchador» y mucho sarcasmo, se tuvo que tragar el señor Campos, el 18 de agosto de 1915, con el desayuno.

Alcalde por real orden, el día de la toma de posesión todo eran júbilos, y «como es de rigor al serle entregada la vara, símbolo de la autoridad, pronunció un discurso de tonos levantados, tan levantados, que mereció la aprobación del numeroso público que asistió al acto. Quería introducir grandes economías, figurando entre éstas la supresión de la Banda Municipal, por opinar que era un objeto de lujo que no podía permitirse nuestro Ayuntamiento. Prometió construir el nuevo mercado; en fin, la mar de mejoras prometió a la ciudad». Y, sin embargo, sancionó el disparatado presupuesto municipal de 1915 que mereció la crítica del entonces concejal Federico Soto, «nada menos que del señor Soto el que sustenta la opinión de que debe ponerse en práctica el refrán "haz lo que debas aunque debas los que hagas"».

Francisco Montero Pérez no dejó títere con cabeza. «En Alicante ha habido administraciones locales que se recuerdan con horror. De entre éstas la de Bas, Barón de Petrés y la de Soto son de las que por generaciones serán censuradas acremente».

Pero, claro, la de Ramón Campos hacía récords. Y hace la siguiente reflexión: «Bas tuvo su apologista en Viravens, el cronista oficial y astuto político, y a su lado el periódico "El Eco de la Provincia"; el Barón de Petrés, Alfonso Sandoval, a Juan Pérez Aznar y a "La Regeneración"; Soto, a Tato (don Tomás) y al "Diario de Alicante". Pero Ramón Campos, si se exceptúan las pocas líneas de "El Periódico para todos", nadie, absolutamente nadie, se ha acordado de dedicarle un pequeño honor póstumo político, hasta sus amigos y correligionarios Chorro y Albert lo olvidaron».

Demoledor de principio a fin, el artículo de Montero Pérez, quien concluye proponiendo para el conservador Campos un epitafio: «Pasó como pasaron las sombras por este mundo».

Y aún, en la actualidad, se quejan.

En Barcelona, José Mariano Milego se marcó un discurso de época. Estaba allí en nombre y representación de su amigo y poeta Salvador Sellés, a quien los espiritistas le rendían un espléndido homenaje, en la Casa del Pueblo.

Era el mes de junio de 1915. En la mesa de honor se encontraban los señores Milego, Palau, Costa, Pomés, Pascual y la poetisa Matilde Navarro Alonso.

El abogado Milego le escribió una carta dándole cuenta de cómo había transcurrido el homenaje. Y terminaba: «Resumen: un acto digno. Corona hermosa para ti y para nuestro Alicante».

Por su cuenta, Eduardo Pascual le decía epistolarmente y refiriéndose a Milego y a sus palabras inaugurales que «ensalzó el ideal de la fraternidad humana, combatió el imperio de la fuerza bruta que pretende el dominio del mundo y elevó un himno a la libertad».

A raíz de aquel acontecimiento, Eugenio Botí Carbonell, a la sazón alcalde de la ciudad, recibió el siguiente telegrama:

«Fiesta poesía espiritistas españoles reunidos en Barcelona glorificando poeta alicantino Salvador Sellés. Ovaciones entusiastas a sublimes composiciones suyas. Otro alicantino, José María Milego, catedrático de Derecho Internacional, leído poesía "Gratitud" aplaudidísimo, pronunciando discurso dedicado a Alicante. Cumplimos acuerdo unánime dirigiendo saludos y felicitación al representante de tan afamado pueblo. Federación Española y Centro Barcelonés Estudios Psicológicos».

Eugenio Botí Carbonell respondió como cumplía con otro emocionado telegrama.

Salvador Sellés iba ya, por aquel entonces, para los setenta años de edad y no andaba para trotes, de forma que se quedó en casa, en tanto José Mariano Milego acudía, en su representación, a Barcelona.

Los periódicos de por aquí dieron noticia del acontecimiento cultural. Uno de ellos calificaba a Salvador Sellés de «poeta y revolucionario».

Por supuesto, se alabaron sus obras y las de José Mariano Milego, que era además autor y periodista.

Líricamente, Salvador Sellés calificó al castillo de Santa Bárbara de «altar sagrado de nuestra adoración».

Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri dimitió de la presidencia de la corporación municipal y en sesión extraordinaria del 23 de junio de 1917, anunció que por real orden de dos días antes se nombraba nuevo alcalde al concejal Manuel Curt y Amérigo. Pascual del Pobil expresó «su gratitud sin límites a todos sus compañeros, por la ayuda que durante su gestión le han prestado y que el pueblo juzgará (...)».

Tanto el portavoz de la mayoría, el edil Alano, como Juan Botella y Guardiola Ortiz, tuvieron frases de elogio por su celo en el cumplimiento de sus deberes y por la recta administración que había observado a lo largo de su mandato. Tras cederle las insignias y la vara a su sucesor, Pascual del Pobil abandonó el salón seguido por Alemany, Alberola, Ferré, Llorca, Pérez García, Sellés, Vidal Alano, Gras, Langucha, Ripoll y Meliá, en tanto entraba en el mismo Bueno Sales, Sánchez San Julián, Romeu Zarandieta, Gadea Pro, Bas Escalambre y Botí Carbonell.

Ciertamente, Manuel Curt, desempeñó la Alcaldía durante muy poco tiempo y fue la suya una presidencia controvertida y problemática. Terminó el 5 de diciembre de aquel mismo año, después de cinco meses y medio al frente del Ayuntamiento. Fíjense cómo ocurrió: tras varias sesiones a las que no pudo asistir, en la fecha señalada y bajo la presidencia del primer teniente de alcalde Juan Palazón y Belda, se dio lectura a una real orden del Ministerio de la Gobernación, de 29 de noviembre del año 1917, por la que ¡por fin!, se declaraba «el cese de todos los alcaldes nombrados por real orden y disponiendo se proceda por los ayuntamientos a elegirlos».

De inmediato, Guardiola Ortiz pidió que constase en acta la satisfacción que tal medida había producido en el seno de la corporación. La propuesta fue acordada por unanimidad.

Se procedió seguidamente a la elección del alcalde de entre los concejales y salió por diecinueve votos a favor y dos papeletas en blanco, Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri. El presidente accidental le dio posesión del cargo y el abogado Guardiola Ortiz sentenció que el alcalde ya no era del rey, sino del pueblo.

Posteriormente, el uno de enero de 1918, cuando se celebró la sesión inaugural del bienio 1918-1920, la nueva corporación con los concejales electos, procedieron a una nueva votación secreta. Cuando se efectuó el escrutinio, Pascual del Pobil no tuvo que abandonar la presidencia: la tenía a su favor veintiséis papeletas y sólo tres en blanco.

Oigan, cómo se lo montaban a finales del siglo pasado. Las arcas municipales andaban desbaratadas y había que echarle imaginación para sacar recursos dinerarios. De modo que el alcalde Rafael Terol y sus ediles se pusieron a darle vueltas al asunto y, entre otras cosas, sin duda, descubrieron que en aquel Alicante de 1888 «existían, por término medio, cien prostitutas». Cifra nada despreciable, si se considera que, por entonces, la población de la ciudad contaría con poco más de cuarenta mil personas. En proporción, hoy debería de haber, para estar a la altura de nuestros egregios antepasados alrededor de setecientas trabajadoras del sexo.

Pues muy bien. Manos al negocio. El 18 de enero del año siguiente, se sacaron cuentas, corporativamente hablando. Se le entrega una cartilla a cada moza de fortuna a cambio de una peseta, como la duración de la cartilla se establece en seis meses, hace un total de doscientas a doscientas cincuenta pesetas anuales. En esa cartilla se anota el resultado de cada reconocimiento facultativo a razón de dos reconocimientos, semanales, satisfaciendo por cada uno de ellos setenta y cinco y cincuenta céntimos según están clasificadas respectivamente en primera o en segunda y tercera clase, con arreglo al padrón formado al efecto». Qué cautos, ¿se dan cuenta, no? Por este concepto, les salía un total de cinco mil doscientas cincuenta pesetas, que vayan ustedes a saber ahora cuántas había en cada clase y a quién le cumpliría la faena de catalogarlas y cómo se lo hacía: si en función de la edad, de la cubicación, de la experiencia; y si el responsable actuaba al ojeo o se metía en el cuerpo a cuerpo, con el Kamasutra de carrerilla. En fin.

Luego a las dueñas de las casas de lenocinio se les pasaba un impuesto «por razón de vigilancia, inspección y estadística, de cinco, dos cincuenta y una peseta al mes, según las casas estén clasificadas en primera, en segunda o en tercera clase». Como si fueran aquellos viejos ferrocarriles, qué potra.

Eso de establecer tantas diferencias, ¿qué, las más moninas para quiénes? No sean mal pensados. Que todo se hacía en beneficio del Ayuntamiento.

Al final de los cálculos de «estos tres impuestos comprendidos en la denominación del capítulo tercero, artículo segundo del presupuesto adicional de ingresos, producían al año un total de seis mil doscientas cincuenta pesetas.

Un buen pellizco, ya nos entienden. No conocemos aún la denominación de ese curioso capítulo. De momento le ponemos una X. De incógnita.

Sobre Lorenzo Carbonell Santacruz ya se ha escrito mucho y bien. El popular alcalde republicano es un referente en la crónica ciudadana. Por su personalidad y sus actuaciones, al frente del Ayuntamiento ha merecido la atención de investigadores, de comentaristas y de biógrafos. Juguemos al túnel del tiempo y situémonos hacia mediados de 1932. Por entonces, así veía Alicante, el popular Llorenset: «Tanto los que aquí vengan en calidad de turistas como de invernantes, encontrarán una población donde los servicios municipales están perfectamente atendidos. Alicante es una de las ciudades más limpias de España, mejor iluminadas, que más atienden a la higiene del suelo y del subsuelo. Con la mitad de habitantes que Bilbao, tenemos más del doble número de luces, para que una urbe tan llena de sol durante el día no ofrezca el contraste de parecer ensombrecida por las noches. Nuestro sistema de saneamiento es de lo más moderno que se conoce, y gracias a él han desaparecido casi completamente enfermedades que antes eran casi endémicas».

El programa de realizaciones urbanas contemplaba muchas novedades, algunas de las cuales no se materializarían, por diversos motivos de los que ya daremos cuenta. Lorenzo Carbonell se refería apasionada, pero razonablemente a nuestra ciudad y a los proyectos que habían diseñado para mejorarla: el ensanche; la Playa de San Juan; las interesantes excavaciones arqueológicas que se estaban llevando a cabo «en lo que fuera Acra Leuca»; el moderno mercado de abastos, ya inaugurado una década atrás; las próximas obras de reforma de la parte oeste de la avenida de Méndez Núñez, «reforma que se completa con la desaparición de la Montañeta»; el aeropuerto que habría de construirse de cara al futuro; la municipalización del agua «otra de las aspiraciones que tenemos en trámites adelantados», la Ciudad Estudiantil, donde se ubicarían el Instituto de Segunda Enseñanza y las Escuelas de Comercio y de Magisterio; la repoblación forestal del Benacantil, «en cuya cumbre se instalará una serie de atracciones y a las que se ascenderá por medio de un funicular».

El alcalde Carbonell dijo: «Alicante es una población a la que con toda confianza puede acudir el capital con la seguridad de buenos negocios, especialmente en construcciones y en industria hotelera». Hoy las previsiones ya no son tan optimistas. Ambos sectores no andan precisamente muy boyantes. Otros tiempos, otras voces.

Antes de lo previsto, Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri salió de la Alcaldía. Pero por la puerta grande. El dirigente liberal alegó motivos de salud, que le impedían continuar en el cargo, y aportó certificación facultativa expedida por el decano del cuerpo médico de la Beneficencia Municipal, Pascual Pérez Martínez. Rogó a sus compañeros de cabildo que le aceptaran la dimisión que presentó verbalmente, y les testimonió su gratitud y afecto. Pascual del Pobil cerraba definitivamente así su tercer mandato municipal. Ciertamente, recibió frases de elogio de todos los grupos políticos presentes en aquella corporación. Elizaicin y España, en nombre de la minoría maurista, y Sánchez San Julián, de la conservadora, lamentaron la decisión, pero comprendieron las razones que le empujaban a la renuncia. Lorenzo Carbonell como portavoz de la Alianza de las Izquierdas, manifestó su respeto por Ricardo Pascual del Pobil, primero de los alcaldes elegido por los propios concejales. Y Tomás Tato hizo uso de la palabra, por la mayoría liberal y afirmó que el alcalde dimisionario honraba a su partido y que, en su opinión, el día de mañana, cuando se quisiera hablar de un alcalde modelo tendría que citarse inevitablemente al señor Del Pobil. Tras el intercambio de alabanzas, se suspendió la sesión, durante diez minutos. Después, al reanudarse, se procedió a emitir los votos que darían la presidencia corporativa a Antonio Bono Luque, por veintisiete a favor y uno en blanco. Bono Luque expuso sus propósitos de trabajar por y para Alicante, y se confesó partidario de continuar la gestión de su antecesor en el cargo. Carbonell declaró que la minoría que él representaba había votado a Bono, a quien deseó éxito en el desempeño de sus funciones. Y tuvo un recuerdo para el padre del nuevo alcalde, para Román Bono Guarner «figura relevante del comercio y de la industria alicantinos, para los que conquistó no pocos mercados» y señaló que, en su casa, en la de don Román, siempre tuvieron acomodo los ideales democráticos. Sucesivamente, les tocó el turno a Pascual del Pobil, por los liberales; Elizaicin, por los mauristas; y Bono Sales por los conservadores. Las felicitaciones fueron unánimes. En la siguiente sesión del concejo, y bajo la presidencia de Antonio Bono Luque, de acuerdo con la comunicación de la junta de delegados de la Casa del Pueblo, se aprobó que los trabajadores municipales se adhirieran a la fiesta del trabajo, si así lo estimaban oportuno y que «a la manifestación que con tal motivo ha de celebrar la clase obrera concurra la Banda Municipal de Música». Una medida prudente, lógica y aconsejable.

Después de un periodo de conflictividad social motivado por la carestía de la vida, el comité conjunto de la UGT y de la CNT convocó la huelga general, para el 13 de agosto de 1917. En toda España, en Alicante y su provincia, se produjeron cierres, manifestaciones e incidentes. Aunque la Prensa reconoció el carácter pacífico de las acciones, el gobierno militar proclamó la ley marcial. En nuestra ciudad, se llevaron a cabo diversas detenciones, entre ellas las de los dirigentes obreros Rafael Millá, presidente de la Sociedad de Obreros Tipógrafos, Manuel Esquembre y Juan Bañó, también la de varias mujeres trabajadoras. Los periódicos estuvieron varios días sin publicarse. Mientras las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, unidades de regimiento de la Princesa y marineros del cañonero «Bonifaz», destacadas en el puerto, tomaron militarmente la ciudad. El «Diario de Alicante» recoge la detención de Juan Barceló, alpargatero ilicitano, y de Matilde Hernández quienes, al parecer, estaban en contacto con el comité de Madrid. La huelga tuvo repercusión en los núcleos más industrializados o de mayor implantación socialista y sindicalista: Elche, Alcoy, Elda, Aspe, Sax... En Villena cobró una considerable virulencia, al arrancar los trabajadores las vías férreas y cortar las comunicaciones telegráficas y telefónicas y la luz. Los disparos de las fuerzas de orden público ocasionaron una víctima mortal y varios heridos. Siete días después, se restableció la normalidad. Al castillo de Santa Bárbara fueron a parar, en el transcurso de aquellos agitados días, casi centenar y medio de hombres y mujeres. Algunos no saldrían en libertad hasta transcurridos nueve o diez meses.

El Ayuntamiento de Alicante, reunido en pleno, el 24 de agosto de aquel año, se mantuvo atento a la moción del alcalde, Manuel Curt y Amérigo, en la que se decía, entre otras cosas: «La perturbación que lograron producir manejos revolucionarios puede asegurarse que ha pasado definitivamente, gracias al esfuerzo de los poderes públicos y a la cooperación prestada por los elementos conscientes y sanos del país (...)». En la misma, se proponía una felicitación al Gobierno «por el acierto con que sus órdenes han sido dadas y ejecutadas». Discrepó el concejal Botella quien manifestó que la situación constitucional le impedía hacer comentarios sobre una proposición que juzgaba hechos que no se podían dar por concluidos. Pascual de Pobil, en nombre de la mayoría liberal, presentó una enmienda en la que se formulaba la gratitud también al Ejército y al gobernador militar Fernando Moltó. Sólo votaron en contra Sánchez Sampelayo y Botella. El 23 de noviembre, la corporación aprobó, por unanimidad, otra moción, desarrollada por Guardiola Ortiz, en la que se solicitaba del presidente del Consejo de Ministros «una amplia amnistía para los delitos políticos declarados durante la pasada huelga». El edil Botella matizó la diferencia entre esta sesión y la anteriormente comentada. Entre ambas, se había producido la revolución de los Sóviets.

Una real orden destituyó a Antonio Bono Luque de la Alcaldía, para instalar al frente de la misma a Juan Bueno Sales. En sesión extraordinaria de 18 de enero de 1921, Bono Luque se despidió de la corporación. Dijo que en sus casi tres años de mandato había hecho todo cuanto le fue posible. Y destacó la anhelada inauguración del nuevo mercado, que ya muy pronto sería una realidad; la última epidemia gripal que precisó de la inmediata habilitación del cementerio municipal, cuyas obras dejaba muy adelantadas, ya que los noventa mil metros de superficie estaban cercados por tres de sus lados y con los cimientos del restante concluidos. Habló también del presupuesto de consolidación para el próximo ejercicio que además de afianzar el crédito del Ayuntamiento, ofrecía medios necesarios para emprender y realizar proyectos y mejoras. Finalizó su intervención con palabras de gratitud, para cuantos le habían prestado su apoyo y colaboración.

Ricardo Pascual del Pobil, en nombre de la mayoría liberal, manifestó su respetuosa, pero enérgica protesta, al poder constituido por cuanto al nombrar nuevo alcalde de Alicante, contrariaba los deseos del pueblo expresados reiteradamente al elegir al alcalde que «va a cesar en breves momentos». Lorenzo Carbonell, que habló en representación de la minoría izquierdista, recordó que su partido abogó siempre por la elección del alcalde a cargo de los concejales, ya que tal derecho, reconocido por un gobierno, demostró un mejor desarrollo de la vida municipal, con más interés por la patria chica y «esto sucede así porque el alcalde de elección popular se halla más ligado a su cargo al que le llevaron los compañeros de Consejo, en tanto al alcalde de real orden sólo le vincula un documento que en Madrid se expide». A Carbonell le llama la atención que se designe alcalde-presidente sin que el cargo se encuentre vacante y sin antes dar el cese a Bono Luque. Por todo lo cual, solicita que conste en acta la protesta de la corporación. El edil Sevila lamentó la destitución de Antonio Bono «por provenir de un gobierno que no representa a la opinión pública, en su sentir». Terminó afirmando que si Bueno Sales se dejara fuera de las casas consistoriales su etiqueta datista (partidario del presidente del Gobierno, Eduardo Dato). Y «labora por Alicante, tendrá su concurso, de lo contrario lo combatirá, sin tregua ni descanso».

En medio de tanta discrepancia, Juan Bueno Sales ocupó el sillón presidencial y manifestó que tenía que acatar la disposición del ejecutivo. Luego, añadió que procedía del proletariado y que su familia era modesta, pero honrada. Seguidamente, dio lectura a su manifiesto-programa.

A Bueno Luque le sucedería, también por real orden, Pedro Llorca Pérez, el 1 de abril de 1922. Éste, a su vez, abandonaría la Alcaldía, el 8 de noviembre del mismo año, en sesión presidida por el segundo teniente de alcalde, Sánchez Santana. Un oficio del Gobierno Civil comunicó al Ayuntamiento su cese y notificó que se procediera a la elección del nuevo alcalde. Se votó y el escrutinio entregó de nuevo la vara a Antonio Bono Luque, con veinticuatro papeletas positivas, en tanto Juan Santaolaya Esquerdo sólo obtenía cinco. En menos de dos años, nuestra ciudad había conocido tres alcaldes. Y Primo de Rivera estaba a punto de llegar.

El mismo día que Antonio Bono Luque se ganó de nuevo y por votos, la Alcaldía, a costa de Pedro Llorca Pérez, se recibió un escrito de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alicante, en el que se decía que estando ya casi a punto de finalizarse las obras del nuevo Mercado de Abastos, el Ayuntamiento podía fijar la fecha que considerase más oportuna, para su inauguración. El director gerente de la citada entidad, José Carreras, manifestó, además, que la caja «utilizando la facultad que le concede el contrato escriturario que tiene en vigencia con la corporación municipal, va a tomar a su cargo la recaudación de los arbitrios que han de satisfacer los puestos del interior del referido mercado, hasta tanto la adjudique el Ayuntamiento por los trámites de subasta y que mediante concurso celebrado en el día de hoy se había encomendado a don Manuel Espuch Calcia, quien se ha comprometido a satisfacer semanalmente y por anticipado, la cantidad de cinco mil cien pesetas que deberá ingresar cada lunes en la caja».

Ricardo Pascual del Pobil, aquel 8 de noviembre de 1922, recordó que la comisión correspondiente había insistido en que el acto inaugural tuviera lugar el siguiente domingo 12 de dicho mes, y que debía invitarse a la duquesa de Canalejas y a sus hijos, en memoria del insigne estadista don José Canalejas que, «con su Majestad el Rey, vino a Alicante, hace diez años, a colocar la primera piedra de esa magnífica plaza de Abastos». Añadió que la más rudimentaria justicia exigía que públicamente se expresase la gratitud sin límites del Ayuntamiento y de la ciudad entera a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, «a cuyo alicantinismo demostrado con hechos, se debe que la población cuente con un soberbio mercado».

El regidor Guardiola Ortiz recordó entonces el tiempo transcurrido desde que desapareció el antiguo mercado de la Puerta del Muelle (o del Mar), hasta que adquirieron impulso las obras del actual. Explicó que un día concibió el proyecto de que el dinero del ahorro popular, sirviera para poner en pie el edificio, pero que se asustó al percatarse de la considerable cantidad que suponían tales obras. Sin embargo, al exponer sus propósitos a sus compañeros del consejo de administración que entonces presidía, le dispensaron una favorable acogida. La entidad benéfica aportó novecientas mil pesetas y se obligó a pignorar sus reservas económicas; de forma que tuvo que satisfacer al Banco de España un interés del cuatro y medio por ciento, más un medio de comisión, en tanto que al Ayuntamiento sólo le cobraba el cinco y medio, y que consecuentemente de aquella inversión sólo percibió un cero cinco por ciento. No obstante, se hizo con el propósito de conseguir una base de prosperidad para Alicante.

Un día antes de que se constituyera el Directorio presidido por Miguel Primo de Rivera, un piquete del Regimiento de la Princesa proclamó la ley marcial, a las ocho de la tarde del viernes 14 de septiembre de 1923.

En las redacciones de los periódicos hubo un estremecimiento cuando se recibió el oficio firmado por Cristino Bermúdez de Castro que decía: «Declarado el estado de guerra en esta plaza y su provincia se servirá usted remitir a este Gobierno Militar antes de la publicación del periódico de su digna dirección, dos ejemplares de cada número que serán sometidos a la previa censura, sin que pueda salir el periódico a la luz pública hasta tanto se haya autorizado y devuelto por el censor uno de los ejemplares».

«La parte tachada con lápiz rojo por la censura deberá ser llenada, sin que se permita dejar espacios en blanco, ni estampar puntos suspensivos en aquélla».

«El Luchador» al avisar a sus lectores de tales circunstancias, comentó en sus páginas: «Desde hoy, están nuestros originales e informaciones sometidos a la previa censura militar. Sólo pedimos que se tenga en cuenta nuestro deber periodístico, nuestros intereses y los del público, y que los censores se inspiren en un elevado criterio patriótico que no cercene, en absoluto, la libertad de prensa ni el derecho de opinión».

El general Bermúdez de Castro, gobernador civil y militar, mantuvo un encuentro cortés y amable con algunos periodistas a quienes manifestó su deseo de que no se produjera alteración en la vida ciudadana. «Todo el mundo podrá hacer lo que quiera, dentro de lo que deba», advirtió sutilmente.

Sin embargo, les confesó a sus interlocutores que no haría distinciones por las ideas de cada quien. «La misma consideración me merece un hombre de ideas retrógradas que un republicano o un socialista. Todos son ciudadanos a los que debemos amparar o castigar, según su conducta se ajuste o se aparte de la ley».

Poco después, y al hilo de la frase que pronunció Primo de Rivera: «El caciquismo ha desaparecido», el citado diario la emprendió contra cuantos consideraba protagonistas de tan siniestra práctica, y escribió, ya de salida: «Si ahora el general Cristino Bermúdez de Castro secundando estas palabras inicia una campaña contra el caciquismo alicantino, tumor que ha envenenado toda la provincia, hallará el concurso de valiosos elementos; eliminar el vitando caciquismo abrirá una era provechosa en el progreso material de Alicante». Y tiró de la manta y subieron muchos ilustres nombres a la picota. Ya lo contaremos, ya.

Hace ya algún tiempo, no recuerdo exactamente quién me preguntó qué repercusiones había tenido la toma de la Bastilla, en nuestra ciudad. Ciertamente, en aquellos momentos no disponía de datos sobre el particular, como para facilitarle la información que me solicitaba. Pero, a partir de aquel entonces, inicié una búsqueda por entre los viejos papeles para satisfacer mi propia curiosidad y, al tiempo, poderle responder a mi amable, aunque olvidado interlocutor.

De la búsqueda ya referida, se tienen noticias de la conmemoración de la efemérides en los años comprendidos entre 1848 y 1850, aunque los actos se celebraban con el mayor sigilo, en los locales de una logia masónica que se encontraba instalada, a su vez, en el edificio de un consulado en la plaza Ramiro.

La Prensa nos dice que a tal logia pertenecían numerosos alicantinos procedentes de todas las clases sociales. Naturalmente, no se facilitaban nombres de los asistentes a la celebración del 14 de junio de 1789.

Tras el triunfo de la revolución de septiembre de 1868, el periódico «El Municipio», de Alicante, dedicó un número extraordinario a los acontecimientos que sacudieron Francia y que habría de cambiar el curso de la historia.

Francisco Montero Pérez escribió en «El Luchador», en 1915, que el advenimiento de la restauración y concretamente, el periodo comprendido entre 1875 y 1891, a pesar de las persecuciones que tenían que soportar la Prensa democrática, los diarios «El Graduador» y «La Unión Democrática», «no dejaron ni un año de conmemorar tan memorable fecha», soslayando constante y hábilmente las trabas y dificultades de todo orden que se les imponía, para la defensa de sus ideales.

Refiriéndose a su propio tiempo, el citado Montero Pérez señala que, siendo como era la libertad muy relativa, la revolución Francesa se celebraba en nuestra ciudad con «actos públicos que revestían una gran brillantez». Por supuesto, tales actos debían de levantar ronchas en algunos sectores sociales nada propicios a cuanto significara participación popular.

Pero se impuso un cierto espíritu de tolerancia y de transigencia. Algo, en fin, siempre recomendable.

El general Arsenio Martínez Campos y Antón llegó a Alicante, en septiembre de 1873, con objeto de rechazar el ataque de las fragatas insurrectas. Encontró, sin embargo, el capitán general de Valencia una clara oposición de las autoridades locales, ya que éstas habían conseguido, por medio del cuerpo consular, que el jefe de los cantonales, Leandro Carreras, prorrogara el plazo para bombardear la ciudad. Por otra parte, y según parece, el Gobierno envió, en secreto, al coronel Sanjuán, para que se entrevistara, en Cartagena, con el dirigente de los insurrectos, y se embarcara con él en la fragata «Numancia», con la que llegó a Alicante. Estas circunstancias provocaron la dimisión de Martínez Campos quien dijo en el Casino que procuraría, desde entonces, la restauración de la dinastía borbónica.

En diciembre de 1874, en Sagunto y bajo un algarrobo, proclamó al rey Alfonso XII. En todo momento, contó con el apoyo de un alicantino: Adrián Viudes Gardoqui, marqués de Río Florido, que previsoramente y por si fracasara la empresa, dispuso refugio seguro para el general, en su finca los «Hoyos», de Mutxamel.

Carlos Navarro Rodrigo que figuraba en el gabinete ministerial de Sagasta, en 1874, también fue un defensor de la restauración; como el periódico «El constitucional» que no cesó de hacer política alfonsina.

«Es más, los que sostenían a dicha publicación eran los Bas y los Campos que, a pesar de servir a Sagasta, en el mismo citado año, fueron los primeros en reconocer la dinastía borbónica, por lo que recibieron actas de diputados, presidencias de la Diputación y alcaldías».

Por aquellos meses, el gobernador civil Enrique Fernández, cumpliendo órdenes de la superioridad, detuvo a dos personalidades a las que se consideraba carlistas: Julián de Ugarte y Rafael Viravens y Pastor, quien sería nombrado en febrero de 1875, cronista oficial de nuestra ciudad. Viravens, enérgicamente, le dijo al gobernador: «Si usted nos detiene como carlistas, yo protesto de un hecho arbitrario. Si nos detiene como alfonsinos sólo hemos de manifestar que estamos dispuestos a dar la vida y la hacienda por la restauración de la dinastía borbónica».

Casi de inmediato, ambos quedaron en libertad. Fueron muchos los que apostaron por un rey cuyo nieto se la está jugando en Pamplona.

Con el mismo desparpajo que había disuelto las corporaciones locales, don Miguel suspendió la ley del Jurado, poco después de hacerse con el poder. La institución ya se contemplaba en el artículo ciento cinco de la Carta de Bayona de 1808 y en el trescientos siete de la Constitución de Cádiz, de 1812. Más tarde, una ley de 1822, estableció en España el juicio por jurados para los delitos de abuso de la libertad de imprenta; y para todos los delitos, tras la revolución de septiembre de 1868. También se consagraría en el artículo noventa y tres de la Constitución de 1869. Funcionó desde finales de 1872 hasta el tres de enero de 1875, en que se decretó su desaparición por el presidente del Ministerio-Regencia, Antonio Cánovas del Castillo, y Francisco Cárdenas, ministro de Gracia y Justicia.

Merced al jurista Manuel Alonso Martínez, trece años más tarde, y por una ley del 20 de abril de 1888, se volvería a instaurar. En nuestra ciudad, estuvo vigente, como en el resto de España, muy poco tiempo. Los juicios se celebraban en el salón de sesiones del Ayuntamiento. En uno de éstos, se condenó a la pena capital a cierto reo procedente del juzgado de Elche y que fue ajusticiado, según los periódicos de la época, en los terrenos que hoy ocupan el Parque de Canalejas. Era el año 1874.

Cuando se implantó nuevamente, el primer juicio por jurados que se celebró en Alicante lo fue el seis de mayo de 1889. Una vista de la causa del juzgado de Dolores, seguida contra José Vázquez Cameño a quien se le imputaba el homicidio de Vicente Sierra. Resultó espectacular. Por entonces, presidía la Audiencia Provincial, Ramón Barrotea y Giménez. El fiscal, Pascual Ibáñez Palao, solicitó para el presunto culpable la pena de catorce años, ocho meses y un día. Rafael Beltrán, conocido y prestigioso abogado alicantino, pidió la libre absolución de su patrocinado, por cuanto, según alegó, había procedido en defensa propia. Tras las oportunas deliberaciones, los ciudadanos que formaban el jurado pronunciaron un veredicto de inculpabilidad. José Vázquez Cameño fue absuelto.

Hasta que Primo de Rivera lo suspendió, el jurado actuó en España durante treinta y cuatro años y cuatro meses. El cálculo de un minucioso periodista arrojaba un total de dos mil setecientos cuarenta juicios celebrados en nuestra Audiencia.

El jurado se impondría años más tarde. Ahora, nuestra Constitución contempla la participación de los ciudadanos en la administración de justicia a través de tal institución, en su artículo ciento veinticinco. Pero como si nada.

Lo dijo el gobernador cívico-militar y general Cristino Bermúdez de Castro, en el Ayuntamiento, el 25 de octubre de 1923: que había que repatriar las tropas de Marruecos, después de tantos años de escabechina; que se iba a constituir todo un ejército de observación y dispuesto para partir raudo a tan conflictiva zona; que el general encargado del despacho de Guerra había pensado en Alicante; que Alicante era un lugar adecuado para lo soldados; que eran varios miles de hombres los que necesitaban hacer no una vida de acuartelamiento, sino de campaña; que, en consecuencia, necesitaban una considerable extensión de terreno para realizar maniobras y ejercicios de tiro, de fusil y de artillería; que Fontcalent y sus aledaños reunían condiciones adecuadas; que convenía ofrecer estos terrenos al Estado antes de que se anticiparan otras ciudades; que las arcas de municipio andaban en precario; que el comercio debería contribuir por cuanto se beneficiaría con la numerosa guarnición; que, además, Alicante ascendería de rango y podría conseguirse una serie de mejoras en materia de comunicación y transporte, como el ferrocarril de Alcoy y la doble vía hasta Alcázar de San Juan; que a tan importante base militar no se le podía negar una cosa así.

Terminó el general Cristino Bermúdez de Castro. Huy, qué coincidencia. El alcalde, igualmente general Miguel de Elizaicin y España manifestó que procedía convocar una magna asamblea de entidades para debatir el asunto expuesto.

La asamblea se celebró el domingo siguiente, 28 de octubre. De entrada, el gobernador informó de que el Directorio había destinado cuatro mil infantes y artilleros a nuestra ciudad y que ya contaba con la cooperación entusiasta del municipio. La respuesta fue contundente: el presidente de la Asociación de la Prensa, Florentino Elizaicin; el de la Cámara de Comercio, Gras; el del Círculo Mercantil, Meziat; el de la Junta de Obras del Puerto, Clemente; y el representante del Sindicato de Vinos, Dupuy; «ofrecieron su incondicional y ardoroso apoyo para la realización de la empresa».

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento presentó un proyecto mediante el cual se recargaba, con carácter transitorio y en una décima, los impuestos y arbitrios municipales, excepto aquellos que afectaban a los artículos de primera necesidad. Cuánta delicadeza, en fin.

Era previsible. Y le tocó al tercer teniente de alcalde, en funciones de alcalde, José Tato Ortega, capear tan intempestivas circunstancias. La fiebre dimisionaria se materializó en la sesión del 2 de enero de 1924. Javier Leach Laussant inició la relación: mi estado de salud no me permite continuar. Y saltaron Lorenzo Carbonell y Santaolalla y Mora. Que no. Que no se ajustaba al artículo 43 de la ley local. Después de un complicado debate, el presidente optó por la urna. Y la consulta le fue favorable. Le siguió Jorge Llopis: que tengo que ausentarme de la ciudad, oigan. Y otra vez a echar mano del voto. Pero no. No prosperó y tuvo que quedarse en su sillón. Más suerte tuvieron Agustín Millet y Juan Vicente Santafé Arellano, a quienes sí les aceptaron la renuncia. Por fin el propio Miguel de Elizaicin y España que dimitió de sus cargos de alcalde y concejal, porque, como alegó, ya no estaba para muchos trotes. «Además el ser mayor de 60 años le confiere el derecho de excusarse». Hubo unanimidad. Sin duda, por debajo de motivaciones se movían otras garambainas, ya se lo pueden figurar. Muy gentil, Carbonell pidió que constara en acta «que el señor Elizaicin se ha producido en el ejercicio del cargo como perfectísimo caballero, en forma que nadie podrá aventajarlo, demostrando, al mismo tiempo, ser un buen alicantino». Días más tarde, el 8 de aquel mismo mes, Tato Ortega, en condición de presidente interino, informó de un oficio del general y gobernador Bermúdez de castro, por el cual se nombraba edil al militar Miguel Salvador Arcángel, quien no pudo asistir debido al reciente fallecimiento de su padre. Pero a nadie se le ocultó: la Alcaldía ya estaba cantada, como se verá. Seguidamente, presentaron la dimisión los señores José Pérez García, Lorenzo Carbonell Santacruz, Francisco Yáñez Tormo, Jorge Llopis Vicens, César Oarrichena, Agustín Mora Valero, Manuel Viñes de Casas, Miguel Guardiola Cernuda y Juan Santaolalla Esquerdo. Y se les aceptó a todos. A continuación se eligió un primer teniente de alcalde, José María Antón Tarí. A él le corresponderá tres días después presidir la votación que, por 24 síes y una papeleta en blanco, daría la Alcaldía a Miguel Salvador Arcángel. Una maniobra anunciada. Arcángel dijo que no podía formular programas, pero sí garantizar una administración intachable. Pérez Pérez descubrió el pastel: que al enterarse la corporación de que llegaba don Miguel como regidor y digno jefe del ejército, supusieron que el general-gobernador deseaba que dicho edil llegase al sitial que ya ocupaba, y que aun reconociendo a otros con méritos, no dudaron en darle sus votos, admitiendo así las excelentes cualidades del nuevo alcalde». Vale.

Tomen nota: «Ángel del hogar y ángel que a todos nos inspire», exclamó rendidamente el primer teniente de alcalde, Juan Navarro de Castro, cuando las tres señoritas concejalas (entonces, concejales), entraron en el salón de sesiones.

Miguel Salvador Arcángel, alcalde desde el 11 de enero de 1924, dejó atributos y vara el 12 de diciembre del mismo año. Por aquel tiempo, en plena dictadura de Primo de Rivera no había elecciones, salvo entre los ediles y con las recomendaciones de rigor, para sacar por sufragio al presidente de la corporación.

Pues bien, el ya citado día, Miguel Salvador, dio cuenta a sus colegas de que el general-gobernador civil le dirigió un oficio anunciándole el nombramiento de los nuevos miembros corporativos y el cese de cuantos ocupaban las concejalías. Fue una breve sesión extraordinaria, a la que siguió otra de carácter inaugural, y a la que asistió el propio Cristino Bermúdez de Castro, con objeto de presidir la constitución del nuevo Ayuntamiento.

El hasta aquel momento alcalde abandonó la presidencia que ocupó el concejal de más edad de los recién nombrados: el general de brigada Julio Suárez-Llanos y Sánchez. Acto seguido se procedió a la elección de alcalde. Tras el escrutinio, Suárez-Llanos se llevó el gato al agua, con veinticuatro papeletas a su favor y una en blanco, ¿qué pasa?

Suárez- Llanos, posesionado de su cargo, afirmó que no tiene condiciones oratorias y que siente también no haber nacido en esta hermosa ciudad, a cuyo clima incomparable debe la recuperación de la salud y de las energías. Declaró que haría cuanto pudiera por Alicante ya que contaba con la cooperación del general-gobernador, de los concejales y de la Prensa, cuyo apoyo demandó.

Y luego, toda una novedad: tres concejales, tres, las señoritas Catalina García Trejo, Cándida Jiménez Gargallo y María del Socorro Solanich Lacombe. Una de ellas, la señorita Jiménez, en nombre de sus compañeras, dirigió un saludo al alcalde, a la corporación y al público asistente. Afirmó que llegó al escaño que se le confirió no con satisfacción, sino con miedo y agregó que si en los momentos solemnes de su vida tuvo miedo no fue más que por su nombre y que ahora lo sentía acrecentado, porque era ella la representación de la mujer dignificada a la que por primera vez se la traía a este Ayuntamiento y además porque no podía olvidar que, ella y sus compañeras, eran maestras.

Y fue entonces cuando Juan Navarro de Castro, madrigalesco y galante, recitó aquello de: «Así como el hombre proclamó a la mujer ángel del hogar, los concejales desean que las distinguidas señoritas que vienen a honrarnos con su colaboración sean también aquí el ángel que a todos inspire el lema de la obra común que debe ser y será el bien de Alicante». Qué fino ¿no? Ahora ya no les dicen cosas así, ni nadie las instala en el coro de las potestades, ¿verdad Maribel, María Teresa, Mary Ángeles y Elsa? Y es que son de cortitos...

Miguel Primo de Rivera dimitió, con su incontinencia verbal y campechana, el 30 de enero de 1930, y Dámaso Berenguer, por encargo del rey, formó un gobierno casi de remiendo o «una tertulia palatina», como escribió Ángel Ossorio y Gallardo.

En Alicante, el general Suárez-Llanos se mantuvo en la Alcaldía hasta mediados de febrero. En los dos últimos plenos que presidió se jubiló al decano de la beneficencia municipal, Pascual Pérez Martínez, y se solicitó para el mismo médico la medalla de oro de la ciudad. El 26 de febrero se constituyó el nuevo Ayuntamiento, bajo la presidencia del gobernador civil Rodolfo Gil Fernández. El día antes se había proclamado a los ediles: Florentino de Elizaicin, Ricardo Pascual del Pobil, Francisco Alberola, César Oarrichena, Marcial Samper, Gaspar Peral y Agustín Mora. Samper preguntó si renunciar al cargo que se les confirió, en su criterio, de forma anticonstitucional, sería objeto de sanción. El gobernador le respondió que apelara a su conciencia. De inmediato, Manuel López González comentó que resultaba vergonzoso no disponer de una Constitución. Elizaicin, el de más edad, dio la bienvenida al gobernador «y en nombre de los alicantinos se complace en tributarle el testimonio de sus respetos». Gil Fernández saludó a los representantes de la ciudad «en nombre de un gobierno que no tiene clasificación política determinada». Cedió la presidencia a Elizaicin y se dio lectura a un oficio gubernativo por el que se trasladaba una real orden que disponía que la Alcaldía y tenencias de Alcaldía las ocuparan los de más edad. Así que la Alcaldía le correspondía a Antonio Hernández Lucas que excusó su ausencia por enfermedad, en tanto la primera y segunda tenencia fueron para Juan Guardiola Forgas y el periodista Elizaicin. Guardiola renunció alegando que tenía más de 65 años, y Elizaicin asumió la Alcaldía. En la sesión constitucional del día siguiente se conoció la excusa para el desempeño de sus respectivos puestos de Hernández Lucas, Federico Leach y Campos Saludas. Elizaicin quedó confirmado alcalde de Alicante. Y la corporación acordó solicitar del Gobierno que se le dejase libertad para elegir los cargos consistoriales. Elizaicin que sólo estaría al frente del Ayuntamiento 2 meses, hasta el 24 de abril de 1930, en que sería sustituido por Gonzalo Mengual Segura, afirmó que «acepta el cargo porque cree que el noble propósito del Gobierno es normalizar el régimen constitucional, suspenso más de seis años». Y agregó que durante la Dictadura, aunque le ofrecieron cargos en la Diputación y en el Ayuntamiento, no los aceptó, porque nunca quiso colaborar con el sistema dictatorial que imperaba.

El 24 de abril de 1930 le tocó el relevo a Florentino de Elizaicin. En un pleno extraordinario, presidido por el gobernador civil, Rodolfo Gil Fernández, se procedió a instar a la Alcaldía a Gonzalo Mengual Segura.

Fue Guardiola Ortiz quien pidió la palabra de inmediato. En nombre de los ediles republicanos, quienes le habían encomendado, según manifestó, la misión un tanto difícil de exteriorizar su criterio. El abogado y escritor alabó la buena voluntad del hasta aquel momento alcalde, Florentino de Elizaicin, y expresó el acierto que había demostrado el gobierno al designar a Mengual Segura, «cuyas relevantes dotes nadie osará negar».

Pero, a continuación, José Guardiola hizo constar la pena que a él y a sus correligionarios, les producía el hecho de que la petición unánime de que se dejara al Ayuntamiento en libertad para elegir los cargos de alcalde y de tenientes de alcalde, se hubiera visto desatendida por los poderes centrales. Ante tal adversa circunstancia y en señal de protesta, los republicanos de la corporación abandonaron sus escaños. Salieron del salón capitular: Guardiola Ortiz, Ramos Pascual del Pobil, Eugenio Ribelles, López González, César Oarrichena y Rafael Álamo.

Después de felicitar al señor Elizaicin y España por sus dos meses al frente del consistorio, advirtió que cesaba en sus funciones tan sólo porque no se le podía exigir «que continuara la ruda labor que sobre él pesaba». Luego, y refiriéndose a las manifestaciones formuladas por los concejales republicanos, argumentó que no había menosprecio ni agravio hacia el Ayuntamiento de Alicante, por parte del gobierno, sino el deseo de esperar a ver si se podía acceder a lo que de él se interesaba.

Cuando el recién nombrado alcalde, Gonzalo Mengual, tomó su turno, leyó unas cuartillas. «No vengo a este puesto a título de representante ni siquiera de afiliado de ningún partido (...) No vengo más que a ser con los señores concejales y funcionarios de esta casa, un fiel administrador de los intereses que nos están encomendados (...) No tengo proyectos. De todas maneras, en un periodo como éste, de breve paréntesis y en las condiciones morales en que llego, toda discreción es poca... No se pueden tener proyectos. No tengo más programa que lo dicho». Y más adelante: «Derechas, izquierdas y centro, ¿dónde está aquí eso? Para mí no existe. Yo miro y sólo veo a mi alrededor personas educadas, alicantinos cuya misión en este sitio no es más que administrar honradamente. ¿Lo demás qué importa aquí?». Y otro párrafo de su discurso: «¡Oh, libertad!, hermosa libertad que te sonrojas y con razón al ver nombrado un alcalde de real orden. Triste paradoja la que hace ver que para ser alcalde, para poder ser para todo un pueblo ha sido preciso ser nombrado por un régimen de excepción».

Al alcalde Gonzalo Mengual Segura le dieron el pase en febrero de 1931. Aceptó con la más absoluta resignación: «La voluntad real me dio el título, la misma voluntad me lo quita».

El día tres de aquel mes, el secretario Enrique Ferré procedió a la lectura de las comunicaciones recibidas con el cese de Mengual y el nombramiento de Ricardo Pascual de Pobil y Chícherri. Los alcaldes del rey tenían sus horas contadas.

Del Pobil se apresuró a agradecer al gobierno de su majestad el honor que se le confería. En su intervención depositó su confianza en los señores concejales, «puesto que a todos nos guía el mismo fin, han de prestarme su cooperación en tal sentido. Y nada más. A disposición de los alicantinos».

Pero el horno no estaba para bollos. Según el diario republicano «El Luchador», tras las palabras del alcalde entrante, uno de los asistentes a la toma de posesión, gritó: «¡Mentira!».

Y, naturalmente, se organizó un sustancioso guirigai. Hasta en la tribuna de la Prensa se promovió un incidente entre un redactor de «El Luchador» y el director de «El Día».

«El alcalde, descompuesto como nunca lo hemos visto, abandona su sillón y ordena a los agentes de la autoridad que expulsen a los alborotadores (…) Como el orden no se restablece, los ediles dejan el salón terminando el acto».

Con la misma fecha, cinco de febrero de 1931, y en la primera página del citado periódico, Lorenzo Carbonell Santacruz escribió, reiterándose así en sus principios: «El señor Mengual no ha sido alcalde del pueblo de Alicante, como no lo será tampoco el señor del Pobil. Han sido, y son, dos dependientes del representante provincial del gobierno político de Madrid, y es muy natural que cuando a éste le conviene prescindir de los servicios, aunque sean acertados, de esta serie de efusivos señores excesivamente complacientes, a costa del prestigio colectivo de los pueblos (…) Los alcaldes de verdad de los pueblos son los elegidos por éste» (…)

Ya estaba cerca el mes de abril. Y en las elecciones del 12 se jugaba bastante más que los escaños municipales. No obstante, en aquellos comicios, nuestra ciudad iba a dotarse de uno de los alcaldes más populares y prestigiosos de todos los tiempos: Lorenzo Carbonell. Llorenset.

¡Qué emoción! Por fin, Alicante iba a disponer de una central telefónica automática. Los periodistas fueron invitados a presenciar el prodigio. Uno de ellos describe así el funcionamiento: «El abonado normal al pedir el número con el cual quiere comunicar escucha la confirmación de la señorita telefonista que recibe su orden.

En el sistema automático el abonado oye el "tono" o "señal para marcar" que le indica que su línea está en condiciones de servir la comunicación que desea o es lo mismo que la telefonista mecánica (que en este caso se llama registradora), le pregunta con qué número quiere comunicar y observado esto, marca en el disco de su teléfono las cifras que corresponden al abonado con quien desea hablar». Como de magia.

Los informadores asistieron a la avenida de Zorrilla (hasta finales del pasado siglo verdadero gueto de infelices putitas; luego, avenida de José Antonio; y, hoy, de la Constitución). Allí, y donde todavía sigue, se encontraba la nueva y flamante central de teléfonos.

Más tarde, se trasladaron a la antigua, situada en el paseo de los Mártires, atendidos siempre por Francisco Lozano, jefe del primer distrito; Manuel Gil Cámara, jefe comercial; Casimiro Hervás, administrador de zona; Alejandro Hidalgo, jefe de tráfico; Federico Fernández, ingeniero; Demetrio Mestre, jefe de conservación; y José Just, director de la recién montada central.

Todo era parabienes y asombros. «El antiguo y arcaico sistema los sustituye un moderno equipo y una completísima red de cables que aseguran la perfección del sistema telefónico, en forma desconocida en España, hasta hace pocos años». Después de admirar las instalaciones, los periodistas fueron invitados a un almuerzo en el hotel Palas, por la Compañía Telefónica Nacional de España.

Era el 27 de marzo de 1931. La inauguración oficial estaba prevista para el día siguiente a las cinco y media de la tarde.

A la misma hora, se abrirían al público ocho locutorios: uno, en la avenida de Méndez Núñez; y siete más, en los barrios extremos, «los que el vecindario podrá usar, tanto para servicios interurbanos, como para los del interior de la ciudad». Aquel día, Alicante dio un paso enorme en el campo de las comunicaciones. Ya quedaba muy poquito para las elecciones municipales del 12 de abril. Así todo se sabría más aprisa.

Cuando ya marzo está a punto de concluir, recordamos que el 8 de este mes solía celebrarse una procesión cívica en memoria de Pantaleón Boné y sus hombres fusilados en el Malecón, por el reaccionario general Roncali, en tal día del año 1844. Se ha perdido la tradición, en tanto Villafranqueza la está recuperando lenta pero pertinazmente de dos años a esta parte, el 15 de febrero, cuando allí, en el panteón de los Guijarro fueron ejecutando, aquel fatídico año, 7 oficiales levantados contra el absolutismo. Y esto porque en 1931, con las elecciones municipales que habrían de traer la República, a un tiro de piedra, los partidos antimonárquicos y la Casa del Pueblo convocaron la habitual manifestación, en ese día. 10.000 asistentes, según periódicos de la época, era una cifra muy considerable para una ciudad que, por entonces, contaba con algo más de 60.000 habitantes. En tales circunstancias, la numerosa afluencia tenía una muy especial significación. La comitiva, describe «El Luchador», la abrían los batidores de la guardia municipal, a la que seguían unos 600 niños de la Escuela Modelo, con su director, Francisc Albricias, al frente. Luego, republicanos, socialistas, sindicalistas, comunistas y obreros. «El Círculo Republicano de Carolinas -informaba el referido diario- ha tenido la feliz iniciativa de resucitar la costumbre de antaño que hace bastantes años había caído en el olvido. Bellísimas muchachas eran portadoras de sendas palmas con crespones ostentando los nombres de los mártires inmolados por Roncali». Cerraba la comitiva el Ayuntamiento, presidido por el alcalde accidental, García Ruiz, y la banda municipal de música. Finalmente, el alcalde recordó a los asistentes la efemérides que se conmemoraba. Por fortuna, no se produjo ningún incidente. Las autoridades gubernativas y militares habían tomado precauciones. Por ejemplo, una sección de seguridad se apostó «detrás de la casa de Carbonell, en tanto otra, permanecía junto al edificio de la Audiencia Provincial. Mientras, en el cuartel de San Francisco, se encontraban dispuestas dos secciones más de la Guardia Civil de Infantería y medio escuadrón del mismo cuerpo, por si acaso. Aquella era una manifestación claramente republicana y los sucesos del 15 de diciembre último, con su secuela de detenciones, a los que pronto nos referiremos en esta columna, estaban aún muy próximos. Precisamente, cuando las 10.000 personas participaban en la procesión cívica, las autoridades y los representantes de los institutos armados imponían una condecoración a cierto concesionario de una línea de autobuses que, en los aludidos sucesos. «dedicó sus vehículos al transporte de tropas y se negó a cobrar cantidad alguna por los servicios prestados». ¿Qué nombre se le da a quien actuó así?

Aquel lunes, los taxis y automóviles destinados al servicio público abandonaron los puntos, mientras algunos tranvías que se habían echado a la calle de buena mañana, se apresuraron a meterse en sus cocheras. Ni un coche, ni un solo carro circuló por nuestras calles. El pulso ciudadano se había quedado suspenso. Los cafés y los bares cerrados a cal y canto. Hasta el mediodía estuvieron abiertos los mercados de ultramarinos y de tahonas. Pero todos los obreros de las cerámicas, las cigarreras de la fábrica de tabacos, los dependientes de comercio, los portuarios; todos, se sumaron a la huelga, aquel lunes, día quince de diciembre de 1930.

Por supuesto, la autoridad alertó a las fuerzas del orden. Y desde la madrugada, patrullas de la Guardia Civil de a pie y montada, y agentes de Seguridad vigilaron cualquier movimiento que pudiera parecerles sospechoso. Y fue a las seis de la tarde, cuando un piquete del regimiento de la Princesa número cuatro proclamó la ley marcial. El bando se leyó, una y otra vez, por distintos puntos de Alicante.

Al día siguiente, el guardacostas «Lauria» que se encontraba ya en el puerto días atrás, «fondeó en un sitio estratégico desde el que se dominaba la población». Se habían tomado medidas muy severas y «la Guardia Civil efectúa algunas cargas y se produjeron, al parecer, algunos heridos». El miércoles, y por orden del general gobernador se practicaron detenciones y varios obreros y republicanos ingresaron en la prisión provincial. Llegaron refuerzos: seiscientos legionarios, al mando del comandante Giménez, de sexta bandera del Tercio. Salvo «El Tiempo» y «La Voz de Levante», la prensa sólo reapareció el diecinueve de aquel mismo mes.

Desde el Pacto de San Sebastián, de 17 de agosto último, el panorama político y social andaba crispado. Los sucesos de Jaca, la sublevación de los militares republicanos que se cerraría con el fusilamiento de los capitanes Galán y García Hernández precipitaron los hechos. La huelga revolucionaria estaba prevista para el día quince. Pero a raíz de las acciones de Galán, el doce, el gobierno ordenó la detención de los más destacados dirigentes. Sucesivamente, ingresarían en prisión Alcalá Zamora, Miguel Maura, Largo Caballero, Fernando de los Ríos… «Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza estaban detenidos en Alicante», dice Tuñón de Lara.

No obstante, en la madrugada del lunes y como se había convenido, estalló la huelga. El citado historiados escribe: «En Alicante y toda su provincia (…) En Aspe fue proclamada la República y sitiado el cuartel de la Guardia Civil; en Callosa de Segura, Elche, Elda y Monóvar se cortaron las comunicaciones telefónicas y en Novelda se cortó la vía férrea».

Al pordiosero Francisco Toledo se le gastó un malhadado día hasta la voz atiplada de limosnear. Mecachis, también era desgracia la suya. Después de tantos años de destino en el atrio de San Nicolás, ya no le quedaban recursos para persuadir a los devotos feligreses de la colegiata. Qué desastre. Al pordiosero Francisco Toledo le entró la jubilación como una sorpresa afilada y cruel. Y se derrumbó. Desde el alba, sin sacarse una perra chica era mucho para el cuerpo. Todo el descrédito se le vino encima de golpe y no pudo soportarlo. Francisco Toledo se supo desahuciado y le pegó duramente el arrebato.

Acarició las viejas piedras del templo y se levantó. Luego, se le puso una nube de nostalgia en el estómago y «se dirigió al altar que hay a la derecha de la puerta y que está la imagen de Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Se arrodilló ante ella y murmuró una plegaria. Tenía que inmolar tanta miseria de una vez.

Pausadamente, sacó una navaja y se la clavó en la región cervical izquierda, de cuya herida empezó a brotar una gran cantidad de sangre».

Y el revuelo que se armó, imagínense. Se avisó de inmediato a los guardias municipales que lo trasladaron apresuradamente a la casa de socorro. El médico Francisco P. Sevila lo atendió de urgencia y tuvo que ingresarlo en el hospital civil. Su estado era gravísimo.

El intento de suicidio por hambre y desesperación se produjo el 17 de julio de 1886. La noticia, recogida en la Prensa de la época, me la ha facilitado el buen amigo e investigador Vicente Huesca.

Días después, el veintidós del citado mes, se celebró la ceremonia de purificación que previenen las leyes canónicas.

«El derramamiento de sangre dentro de la iglesia, por motivos de ésta o parecida naturaleza, inutiliza todas las cruces y signos que demuestran su consagración».

Con toda seguridad el pordiosero Francisco Toledo que decidió quitarse de en medio de un tajo, no tenía ni la más vaga idea de los trajines que su tremenda decisión habían de provocar. Quizá de haberlo sabido, se hubiera dejado morir de inanición, en cualquier esquina. Precisamente, lo que les sobra a los pobres es caridad y modestia. Aunque nunca terminan de comprender por qué hay pobres. Ni nosotros tampoco.

Para conmemorar el aniversario de la primera República proclamada el 11 de febrero de 1873, las autoridades permitieron una visita a los presos republicanos y socialistas, encerrados a raíz de los ya referidos sucesos de diciembre de 1930. Por aquellos días, la llamada «dictablanda» de Berenguer agonizaba. Nada más que una semana después le sucedería en la presidencia del gobierno el almirante Juan Bautista Aznar. Veintitantos días antes se había levantado el estado de guerra (24 de enero de 1931) y pronto un decreto liberaría a los periódicos de la censura previa. En toda España, y en nuestra ciudad, naturalmente, se vivía con inquietud e intensidad. Así, el 11 de febrero se pudo visitar a los detenidos en la cárcel provincial. Eran muchos. Y sus correligionarios llegaron hasta el locutorio para asombrarse ante la actitud de aquellos hombres que no mostraban desaliento ni flaqueza alguna. «Estos beneméritos de nuestra civilidad han dado a la estancia carcelaria el raro optimismo de una mansión agradable. Todo allí es amable; lo hacen amable los republicanos recluidos». El prestigioso diario «El Luchador» lo vio así: «Los visitantes republicanos, radicales, socialistas, rivalizan en atenciones. La cara venerable de don Baldomero López Arias, cuyo único dolor consiste en el olvido en que lo tiene la Asociación de la Prensa, de la que es miembro fundador (...) El rostro sereno de don Julio López Orozco, sólo nos habla para estimularnos en el cumplimiento de nuestros deberes cívicos (...) Pepe Morales y González Ramos, los obreros cultos y entusiastas de toda idea generosa y libre, nos cuentan de esperanza e ilusión (...) Esplá, Alted, Alenda, García, tantos hermanos en ideales, se apretujan en el recinto del locutorio y tienen para nosotros unas frases de agradecimiento, unas palabras animosas (...) Abandonamos la cárcel, el hoy palacio de la dignidad ciudadana, y tarda mucho en desaparecer el eco de aquellas voces». «El Luchador», en el mismo número, reproducía un informe del madrileño «El Sol», en el que se daba cuenta de cómo detuvieron en Alicante a Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza «a la llegada del correo de Madrid. Estuvieron en la cárcel de Alicante, hasta que los condujeron a la de aquí. Esposados y a pie marcharon de la cárcel a la estación teniendo que recorrer una distancia que no se hace en menos de un cuarto de hora. Y los trajeron a Madrid como los delincuentes más vulgares, en un coche de tercera de un tren mixto. Todo ello motivó una enérgica protesta de los colegios de abogados de Madrid y Alicante». Irían saliendo de sus celdas poco después. Los últimos, los de Aspe. El régimen monárquico se desmoronaba. Y firmó su sentencia el 6 de marzo, con la convocatoria de elecciones municipales para el próximo 12 de abril.

Por fin, y tras las elecciones locales del día 12 que facilitó un abultado triunfo a la candidatura antimonárquica, el jueves, 16 de abril se procedió a la constitución del Ayuntamiento, bajo la presidencia del gobernador civil Carlos Esplá Rizo. En los salones de la Casa de la Ciudad no cabía ni un alfiler. El acontecimiento no era para menos. En los escaños, los ediles salidos de las urnas estaban visiblemente emocionados, sólo faltó el liberal Ricardo Pascual del Pobil que no llegó a tomar posesión de su cargo. Esplá Rizo pronunció un breve discurso del que rescatamos unos fragmentos: «En estos momentos en los que triunfa la República y el alicantinismo, yo dedico un recuerdo emocionado a todos los alicantinos republicanos (...). Ha habido en el proceso político que nos ha llevado a esta victoria un gran orden, una gran tranquilidad, una gran serenidad, pido a Alicante que esta serenidad, esta tranquilidad y este orden, continúen para bien de todos». Luego, se procedió a la elección de alcalde y, tras el escrutinio, Lorenzo Carbonell, como se esperaba, se llevó 37 votos. Sólo hubo una papeleta en blanco. «El resultado fue acogido con una tremenda ovación». El gobernador civil manifestó: «Lorenzo Carbonell es un hijo del pueblo. Es legítimo que en un régimen popular sea un hombre del pueblo quien ocupe la alcaldía». En su intervención, el primer alcalde republicano, dijo, entre otras cosas: «(...) Somos los apóstoles de un ideal y queremos que este ideal irradie en todas las conciencias, para que hagamos una obra tan grandiosa que nuestros sucesores puedan afirmar: "los alicantinos, los republicanos del año 31 fueron los precursores, los grandes apóstoles de la felicidad del pueblo antes que la de ellos"». También hicieron uso de la palabra: Alberola Such por la minoría monárquica; González Ramos, por los socialistas; y Ruiz Pérez-Águila, por los jóvenes republicanos.

Ocuparon las tenencias de alcaldía: Franklin Albricias, de Acción Republicana; Nicolás Lloret Puerto, radical; Marcial Samper Ferrándiz, radical socialista; Agustín Mora Valero, radical; Pedro Beltrán de la Llave, de la Derecha Liberal Republicana; Rafael Blasco García, radical; Ángel Martínez Torregrosa, socialista y Juan Cremades Fons, radical socialista. Como síndicos: José Pérez García-Furió, republicano federal; y Antonio Pérez Torreblanca, radical socialista. El día 26 se produjo el relevo en la Diputación Provincial: abandonó la presidencia Pérez Mirete, monárquico, quien continuaba como dimisionario al frente de la corporación, se constituyó la comisión gestora, con la presencia de Esplá Rizo, y fueron elegidos para los cargos de presidente y vicepresidente, Franklin Albricias y Julio Ortolá, respectivamente. El Alicante republicano había puesto en marcha sus instituciones públicas.

El cinco de octubre de 1934, Lorenzo Carbonell el alcalde republicano y popular, presidió un pleno en el que se conoció la resolución del Ministerio de Obras Públicas aprobatoria del proyecto de urbanización y creación de una ciudad-jardín en la Playa de San Juan.

El cinco de octubre de 1934 se iniciaba la huelga general que adquiriría caracteres insurreccionales en muchos lugares, y en Asturias concluiría en una verdadera revolución. «La formación del gobierno radical CEDA fue la señal esperada.

La UGT declaró la huelga general y Lerroux reaccionó proclamando el estado de guerra».

En nuestra ciudad no llegó a extremos virulentos, pero hubo manifestaciones, cierres, enfrentamientos, disparos y detenciones. Ya lo contaremos, con minuciosidad.

Por lo pronto, el gobernador dio la orden de meter en el talego a Lorenzo Carbonell y a los concejales, «excepto los socialistas», según Vicente Ramos, biógrafo del alcalde. Pero no tardarían en ser puestos en libertad.

Sin embargo, en la sesión extraordinaria celebrada el veinte de aquel mismo mes, a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos, y en presencia de algunos de los miembros de la Comisión Gestora «designada por esta autoridad, para la administración municipal, presidida por el de más edad, Manuel Pérez Rama», se leyó la comunicación número 1.146, del Gobierno Civil, dirigida al secretario del Ayuntamiento, firmada por el titular Vázquez Limón, y que decía: «Con esta fecha he adoptado el siguiente acuerdo: En vista de que el Ayuntamiento de la capital no ha prestado en las circunstancias actuales la debida e inexcusable asistencia al poder público, incurriendo en grave extralimitación de carácter político; teniendo presente lo dispuesto en el artículo 189 de la ley municipal y en la ley del 28 de julio de 1933, he venido en acordar lo siguiente: primero, queden suspendidos en el ejercicio de sus cargos los señores concejales que forman actualmente el Ayuntamiento; segundo, de la administración municipal se encargará una comisión gestora compuesta por los señores vocales cuyos nombramientos se extienden con esta fecha. Lo comunico a usted para que se sirva dar conocimiento del anterior acuerdo al señor alcalde y demás señores concejales que cesan por suspensión. También deberá convocar, por mi orden, a sesión extraordinaria dando posesión a los señores vocales de la comisión gestora. Ocupadas la presidencia por el de mayor edad se procederá a la elección del presidente de dicha comisión y a continuación se verificará la elección de cargos. Alicante, 19 de octubre de 1934».

Cosas del llamado «bienio negro». Claro que Lorenzo Carbonell volvería. Pero a su tiempo.

Hace poco, y con motivo de la Mostra de la Cuina de El Campello, hablamos de nuestros vinos y de su presencia en la literatura y la filmografía universales. Se citaron numerosas novelas y películas en las que se referencia el vino de Alicante y el fondillón, según. Precisamente ayer, me visitó de improviso Jaume Pomares i Bernat, economista y licenciado en Derecho, que reside en Suecia, desde mucho tiempo atrás, pero a quien no se le desbaratan las recias raíces ni la memoria de su ciudad, de nuestra ciudad, y sus asuntos. Tiene todas las trazas de un embajador proclamado por la luz y la lumbre del recuerdo. Va y viene de las tierras boreales a las mediterráneas, y siempre encuentra un hueco para la amistad y la conversación.

Me entrega un curioso estudio sobre nuestros vinos en Suecia; muy documentado, muy detallado, muy grato. Según los datos que nos ofrece, es en el año 1534 «cuando se tiene que aplicar a un barril de vino de Alicante (Alikant, en el original), por comparación, la tarifa más alta que existía», aunque probablemente ya se importaba desde mucho antes. En 1640, el poeta sueco Stiernhielm se refiere a los vinos españoles, y de entre los mejores, nombra el de Alikant o Alekant, un vino palaciego. Lo demuestra el hecho de que el ilustrado Bengt Bergius, en su «Discurso acerca de las exquisiteces», publicado por la Real Academia de Ciencias de Suecia (1785-1787), relaciona más de setenta y cinco vinos de todo el mundo, y califica al de Alicante como uno de los mejores; tanto que en las bodegas de la corte rusa de San Petersburgo, el zar tenía sus reservas de «Vinum Alonense». «Nombra igualmente, poniéndolo de oscuro y suculento, el de "Alocke" que no puede ser otro que el que fue tan famoso y que se producía en L'horta d'Alacant, con el nombre de Aloque».

Sorprendentemente no se cita al fondillón. Quizá, como explica el propio Jaume Pomares, «porque en Suecia se valoraba más la garantía de calidad que suponía el nombre de Alicante, que el de fondillón que nada significaba, que era más moderno y que resulta más difícil de pronunciar en sueco que el nítido y musical Alekant o Alikant».

Y algo lamentable que nos dice el autor del mencionado estudio: después de quinientos años de presencia y prestigio, los vinos de Alicante han caído en el olvido. En «The story of wine», de Hugh Johnson, considerado como el primer experto en la materia, «no les dedica, en su obra, ni un renglón». Y eso que los monarcas escandinavos Magnus Ladalus, en 1566, y Juan III, en 1582, le pegaban lo suyo a la garrafita de «Alikant». Menos mal que personas como Jaume Pomares y algunos de nuestros más conscientes vinateros andan en la brecha.

Tras el cese de Lorenzo Carbonell y de toda la corporación local, el 19 de octubre de 1934 («La Gatera», viernes último), la gestora municipal nombrada por el gobernador civil, Vázquez Limón, y de acuerdo con las instrucciones del mismo, procedió a la elección de su presidente. Salió elegido por cinco votos y una papeleta en blanco Alfonso Martín de Santaolalla y Esquerdo. Como tenientes de alcalde: José Julián Baeza Ivars, Felipe Herrero Arias, Manuel Pérez Rama y José Bardisa Ibáñez; y como síndico, Vicente Mayor Climent. Era el 20 del dicho mes. En las sesiones sucesivas de los días 24 y 31, se completaría la comisión con Lino Esteve Sanz y Juan José Tortosa; y Cándido Sánchez Muñoz y Vicente Martínez Pinna, quienes cubrieron las vacantes de Vélez Guillén y Gómez Sigüenza, ya que se anularon sus nombramientos.

En su toma de posesión del cargo, Martín de Santaoalla manifestó que «los azares de la política le habían conducido a ocupar un puesto que jamás podía alcanzar, y que en otras circunstancias no lo hubiera ocupado, por cuanto había consagrado su vida a su profesión médica». Y agregó: «Pienso que para venir a este sitio de la alcaldía de Alicante es preciso una votación popular, pero os digo, para bien de todos y para bien mío, que mi presencia en esta alcaldía será breve». Finalmente confesó que no llegaba como representante de ninguna bandería política y sí a laborar, como un alicantino, por el bien de la ciudad y a atender la administración de los bienes que se le confiaban al concejo de su presidencia.

Sin embargo, Alfonso Martín de Santaolalla permanecería al frente del Ayuntamiento hasta el 8 de enero de 1936. En el pleno consistorial extraordinario de aquel día y bajo la atenta mirada del nuevo gobernador, Alejandro Vives, se produjo el relevo. Otra comisión gestora sustituía a la anterior que había cesado poco antes.

Entre los nuevos gestores municipales se encontraban: Agustín Sánchez Santana que por ser el de mayor de edad ocupó el sillón presidencial, José Varón García, Rafael Bonete García, Joaquín Guardiola Rodríguez, Rafael Antón Carratalá, Antonio Maciá Fuster, José Poveda Vilanova, Juan Latorre Baeza y José Pascual de Bonanza y Pardo.

Como era preceptivo, se procedió a la votación para elegir al presidente, y con sólo una papeleta en blanco, y el resto favorables, se proclamó alcalde a Pascual de Bonanza. Su presencia al frente del Consistorio sí que iba a ser ciertamente fugaz. Tres semanas justas. Aunque pronto volvería.

Efectivamente, el 29 de enero de 1936 regresó Lorenzo Carbonell a la Alcaldía, después de más de 15 meses de suspensión en el cargo por orden gubernativa. La primera autoridad provincial comunicó al Ayuntamiento que había aceptado la dimisión de la Comisión Gestora, presidida por José Pascual de Bonanza Pardo, nombrada el 8 del mismo mes, y en oficio adjunto advertía que: «En uso de las facultades que me están conferidas, he acordado, con esta fecha, reintegrar a sus cargos de concejales propietarios del excelentísimo Ayuntamiento a todos los señores que integran esta corporación municipal suspendida por providencia de este gobierno de fecha 19 de octubre de 1934». Se reparaba así una situación irregular que afectaba tanto a los ediles elegidos en las urnas, como al pueblo de Alicante.

Entre ambas fechas -el 8 y el 29 de aquel enero- se había firmado el Pacto del Frente Popular, integrado por las fuerzas políticas de izquierda, de cara a las elecciones legislativas previstas para el 16 de febrero. Dicho pacto se concluyó formalmente el 15 de enero. «El programa del Frente Popular se limitaba a la amnistía general, la reintegración a sus puestos de los represaliados por el movimiento de octubre, la nueva vigencia de la reforma agraria y del estatuto de Cataluña, reformas en la legislación social y en la enseñanza. Se hacía constar que los partidos republicanos habían rechazado la propuesta de nacionalización de tierras, formulada por el Partido Socialista, y la de la nacionalización de la banca, hecha por los dos partidos obreros» («La España del siglo XX», de Manuel Tuñón de Lara).

Es el caso que, en nuestra ciudad, Lorenzo Carbonell Santacruz y sus compañeros de cabildo -salvo tres de ellos fallecidos en ese periodo de 15 meses, Blasco, Sierra y Llaneras- regresaron al Ayuntamiento, en medio del entusiasmo popular. Carbonell dijo en tan señalada ocasión: «Aunque tarde se ha hecho justicia al pueblo de Alicante. Ya estamos aquí; ya hemos vuelto. Y volvemos para prestigio de Alicante, para hacer de Alicante lo que queremos que Alicante sea». Luego, desde el balcón de la Casa Consistorial se dirigió a los ciudadanos y, tras exhortarlos a mantener la disciplina, el respeto, los ideales de libertad y de justicia, expresó sus deseos de éxito en los comicios del 16 de febrero.

Una envenenada interpretación de sus palabras, provocó una nueva suspensión del Ayuntamiento encabezado por Carbonell, y la reposición de la Comisión Gestora que presidía José Pascual de Bonanza. Era el 12 de febrero de 1936. Muy pocos días después, con el triunfo del Frente Popular, las cosas volverían a su sitio. Y Lorenzo Carbonell, por tercera vez, ocuparía la alcaldía que se había ganado legítimamente mucho tiempo atrás.

Ya hemos escrito que las palabras que Lorenzo Carbonell pronunció desde los balcones del Ayuntamiento, con motivo de su reposición en la Alcaldía, fueron manipuladas sin escrúpulos por algunos diarios de Madrid, «El Debate» y «El Sol», y el alicantino «Mas», órgano de la Derecha Regional Agraria. Vicente Ramos en su biografía de Carbonell denuncia la falacia de que fue víctima el alcalde popular; y Juan Martínez Leal, en «La Historia de la Ciudad de Alicante», se pronuncia en el mismo sentido. «El incidente es revelador del clima político que se vivía».

Pero está también el artículo de una publicación menos sospechosa y que se titulaba republicana: «El Diario de Alicante». En su edición del martes, 4 de febrero de 1936, y en un muy áspero comentario al mitin pronunciado por Lorenzo Carbonell en un cine de El Campello, escribe: «(...) sabemos todos que no hay fuerza humana que lo contenga. Y así fue. Arremetió contra las derechas de un modo grosero y violento. Dijo que el día de las elecciones, a quien vean con una candidatura de derechas en la mano que le corten el brazo, que se lo metieran por las narices y que se lo comieran. Y lo que es peor, dijo al grupo de bárbaros que le jaleaban y aplaudían, que hicieran lo que él decía, pues la Guardia Civil estará con los izquierdistas».

«Luego, continuó afirmando que los hombres de derecha son todos unos ladrones y unos asesinos... y otras lindezas semejantes. Y abandonó el pueblo, dejando allí una semilla desastrosa que puede producir frutos de violencia y crimen» (...) «Nosotros Diario de Alicante que no tenemos nada de monárquicos, que somos tan republicanos o más que el señor Carbonell, formulamos una enérgica protesta». Tras afirmar que disponían de pruebas que «harán fe a disposición de la autoridad que nos requiera», concluía: «Don Lorenzo Carbonell ha perdido los estribos».

Dos días después, titulaba: «El gobernador Vives recoge nuestra denuncia respecto a la "soflama" del alcalde Carbonell en Campello». Sin duda, el diario que servía los intereses de Chapaprieta, aportó su granito para la nueva suspensión del gobierno municipal.

Curiosamente, el mismo 4 de febrero y en las páginas de la tal publicación, se noticiaba la denuncia al juzgado del hallazgo de unos cartuchos de dinamita en las dependencias municipales, y que produjo una cierta alarma. «Estas manifestaciones tajantes de los concejales repuestos, esta actitud que se atribuye al señor Carbonell de inexorable venganza (...) Todo eso ha creado un ambiente de inquietud propicia a la fantasía». Como se comprobó, los cartuchos sin fulminante, pertenecían a un funcionario que era, a su vez, contratista de obras, y que los había dejado en el Ayuntamiento. Una anécdota inoportuna.

Figúrense la que se estaba montando con tanto quita y pon. Pues aquel febrero del 36, si empezó con descalificaciones y andanadas verbales, no se iba a enderezar, con unas elecciones de por medio que mantenían en vilo a las fuerzas políticas enfrentadas. Y cómo sentó la nueva suspensión del Ayuntamiento republicano y llegado del sufragio universal sometido a tantas zozobras. Se lo cargó, por orden de la superioridad, el gobernador civil de la provincia, Alejandro Vives: Llorenset y sus compañeros corporativos a la calle. Y colocó, otra vez, a la gestora municipal, capitaneada por Pascual de Bonanza Pardo, como mandó el Ministerio de la Gobernación, el 12. Y dos días después, en los salones consistoriales, se leyó el comunicado número 197, que, entre otras muchas cosas, afirmaba que «considerando que el alcalde y concejales de los ayuntamientos de Alicante, Alcoy y Orihuela, una vez repuestos en su cargo, en lugar de reanudar la labor que les incumbía en la dirección y gobierno de los intereses morales y materiales de sus respectivos municipios, encaminaron su gestión a promover excitaciones en el ánimo público, con el designio de agitar las pasiones del vecindario, incitándoles al desorden, con fines políticos que rebasan la esfera peculiar de su competencia, colocándose de esta suerte aquellas corporaciones que son de derecho público, en abierta rebeldía con el Gobierno de la nación, que los había reintegrado en sus puestos, no obstante haberse extinguido por el transcurso del tiempo legal el mandato que les había conferido el cuerpo electoral (...)». En fin, carretera y manta. Por unas horas, porque las urnas ya estaban dispuestas.

La campaña levantada contra Lorenzo Carbonell en Madrid y Alicante dio, sin duda, sus frutos. Frutos fugaces, pero amargos. De inmediato, la secretaría del comité ejecutivo de la Unión Republicana despachó, desde la capital, una nota: «Han sido destituidos fulminantemente los ayuntamientos populares de Alicante, Alcoy y Orihuela, entre el estupor general y la indignación del pueblo. La medida arbitraria y lamentablemente coaccionadora que han tomado las autoridades obedece, sin duda, a la fuerza arrolladora del Frente Popular (...)». La nota está fechada el 15 de febrero de 1936 y un día después se celebraban las elecciones a Cortes. Con la aplastante victoria de las izquierdas, en nuestra ciudad, Carbonell y sus ediles de nuevo a sus escaños. Los reponía el periodista y gobernador civil provisional, Álvaro Botella Pérez, que aceptaba simultáneamente la dimisión de Bonanza Pardo y demás gestores. 48 horas antes se había declarado el estado de guerra y la censura de Prensa. Qué movida. Y no termina aquí. Si hasta hubo incendios, heridos y muertos. Ya varán, ya.

Miren, nadie duda de que bajo el mandato municipal de Lorenzo Carbonell, nuestra ciudad, dio una zancada urbanística muy considerable. Hay unanimidad y hay pruebas más que suficientes. En esta misma columna («La Gatera», 6.3.93), nos referíamos a unas declaraciones del propio citado alcalde, en las que exponía parte de su programa de obras públicas. Durante su primera etapa al frente del Ayuntamiento, es decir, desde su elección del 12 de abril de 1931, hasta su suspensión el 19 de octubre de 1934, Carbonell Santacruz planteó la demolición de la Montañeta una superficie amplia de terrenos irregulares, comprendida entre las avenida de Alfonso el Sabio y Soto, la plaza 14 de Abril y las calles Navas y Jerusalén. En acta del ocho de enero de 1932, se recoge la declaración de urgencia del desmonte, cuyo proyecto correspondía al arquitecto Miguel López y al ingeniero Sebastián Canales. Pero lo más destacado, por su envergadura, es el plan de urbanización de la Playa de San Juan que el alcalde presentó a la corporación. Recogemos un fragmento de la moción presentada, por cuanto no disponemos de espacio suficiente para transcribir el texto íntegro de la misma: «Alicante tiene dentro de su término una playa incomparable, que, por su limpidez, extensión y belleza, no tiene rival entre las playas españolas: la llamada de San Juan, cuyo disfrute queda privado a los alicantinos y forasteros por falta de fáciles medios de comunicación y de instalaciones adecuadas para hospedajes, baños, etcétera». Dos años más tarde, el anteproyecto de Pedro Muguruza recibiría la aprobación municipal. Aunque ya hemos escrito en estas mismas páginas acerca de tan interesante asunto, lo detallaremos algo más, próximamente. La política educativa se concretó el 23 de septiembre de 1931, con el visto bueno consistorial al Plan de construcción de escuelas y ordenación escolar de Alicante, que preveía la edificación de veintitrés grupos escolares. En la segunda etapa de su mandato y en el pleno del diecisiete de julio de 1936 -qué vísperas tan oscuras-, la corporación aprobó por unanimidad la memoria formulada por los técnicos municipales de orden de la Alcaldía, de un proyecto de conjunto para el saneamiento y reforma interior de la población, en el que se incluía, además de otras obras, la reforma total de la plaza de la República, la urbanización de la plaza de Séneca, el proyecto total del camino de ronda y la apertura de la avenida o rambla de Méndez Núñez de norte a sur, es decir, desde la calle de Alfonso el Sabio al paseo de los Mártires. Muchos de estos trabajos no se concluirían hasta algunos años después. Por en medio, la guerra civil.

Insistimos en el clima de apasionamiento que imperó en nuestra ciudad en las semanas precedentes a las elecciones legislativas del 16 de febrero de 1936, las últimas de la República. El alboroto que produjo una maliciosa interpretación del discurso de Lorenzo Carbonell y del mitin que pronunció en el cine Marina, de El Campello, posteriormente y de manera contundente desmentida, crispó los ánimos. «El Luchador», que rebatió las acusaciones contra el alcalde popular, sufrió un atentado, el miércoles, día cinco, que «se imputó a los hombres de Falange (que no participaban en las elecciones)», según la obra de Mariano García Andreu, en la que analiza documentadamente los diversos comicios electorales celebrados durante el periodo republicano. Hubo, además de éste, algunos incidentes más que citan diversos autores, como los insultos que profirió una vendedora del mercado central contra un niño de Asturias; y el asalto a la sede de Falange por parte de las juventudes del Frente Popular, que refiere el historiador Martínez Leal, de acuerdo con los testimonios de Emilio Berenguer.

Si cabe, el ambiente se enrareció con la nueva suspensión de la corporación que encabezaba Carbonell Santacruz, en sesión municipal del catorce de aquel mes, por disposición ministerial que transmitió el gobernador civil Alejandro Vives Rogel.

En medio de aquel baile de alcaldes y de la polémica suscitada, acudieron a las elecciones la candidatura antirrevolucionaria compuesta por el centrista independiente Joaquín Chapaprieta; Rafael Alberola Herrera, Juan Torres Salas y Eusebio Escolano Gonzalo, por la Derecha Regional Agraria; Silvino Navarro Rico, conservador independiente; y los gubernamentales de centro, Miguel Cámara Cendoya; José Canalejas Fernández y Baldeón Martínez de León. El Frente Popular presentó a: Rodolfo Llopis, Miguel Villalta Gisbert, Ginés Ganga y Salvador Garia, socialistas; Carlos Esplá Rizo, Juan José Cremades y Eliseo Gómez Serrano, de Izquierda Republicana; y Jerónimo Gomáriz Latorre, de Unión Republicana.

Tras el escrutinio, fueron elegidos todos los candidatos del Frente Popular, y sólo tres de la candidatura antimarxista: Chapaprieta, Torres Salas y Escolano Gonzalo. Además de éstos, se presentaron otros varios candidatos, entre los que García Andreu, en «Alicante en las elecciones republicanas, 1931-1936» cita a César Oarrichena (radical), Manuel González (socialista disidente), José A. Primo (Falange), y los conservadores José Martínez y José Galán.

El triunfo del Frente Popular fue aplastante en nuestra ciudad, con casi el ochenta y uno por ciento de los votos a su favor.

Se celebraba, aquel 20 de febrero de 1936, una manifestación por el triunfo del Frente Popular y la reposición del Ayuntamiento presidido por Lorenzo Carbonell, cuando, casi simultáneamente, grupos sin filiación determinada desataron la violencia y la confusión. El periódico «El Día», dirigido por Juan Sansano, lo contaba así: «Nuestra casa fue asaltada por una turba inconsciente que, con furor de hiena, sin respeto a lo que representaba años y años de dolor y sacrificio, destrozó nuestros talleres, incendiando los materiales». El mismo periódico hace un inventario de tan lamentables actos: «Durante 6 horas las turbas saquearon e incendiaron los objetos de la redacción del "Diario de Alicante" y del Centro Republicano Independiente; destrozaron el domicilio de la Derecha Regional Agraria y los talleres de "Mas" (órgano informativo del citado partido); destruyeron el Centro Tradicionalista, Federación de Estudiantes Católicos, Centro Católico y Centro Radical, y cometieron enormidades en las iglesias de Santa María, la Misericordia y San Nicolás. Todo ello con una dejación definitiva de la autoridad que revela una ineptitud rayana en lo inverosímil (...)». «El Día», debido a los daños causados por aquella embestida, no reaparecería hasta el día 1 de abril. El «Diario de Alicante» afectado por tales incursiones calificó a sus autores de «hordas desatadas»; mientras que «El Luchador» alegó que «quienes integraban estos grupos eran de los más bajos fondos de nuestra ciudad (...) pasando por toda esa plebe de gentuza que encuentran albergue en La Goteta, en Las Provincias y otros lugares infectos». Daba noticia de la identidad de una de las dos víctimas mortales a raíz de las actuaciones de las fuerzas policiales, el argentino Enrique Docampo, de la pérdida de documentos históricos de los archivos de Santa María y aseguraba que «no obstante la vandálica invasión, la fuerza pública logró con presteza normalizar la situación».

En su edición del día 21, «El Luchador» publicaba la siguiente nota: «Republicanos y obreros de Alicante: la Comisión Política del Frente Popular de Izquierdas se dirige a la opinión izquierdista alicantina haciéndoles saber el ferviente deseo de que no se produzca ninguna violencia que ponga obstáculos a las autoridades republicanas. Piden esta colaboración el alcalde popular y los diputados de izquierda que acaba de elegir el pueblo alicantino». Carbonell, en sesión plenaria, atribuyó tan detestables acontecimientos a «elementos dudosos y extraños». Durante la jornada de despropósitos, Radio Alicante transmitió el comunicado del Frente Popular. Precisamente, ese día 21, tomó posesión del Gobierno Civil, que desempeñó interinamente a lo largo de 4 días Álvaro Botella, su titular Francisco Valdés. Aquel vendaval de conflictos preludiaba la ya no muy lejana guerra civil.