Visor de obras.

Después de las muchas vicisitudes ciudadanas que precedieron a la sublevación militar del 18 de julio de 1936, y de la que se tuvieron noticias en nuestra ciudad la tarde anterior, procedentes de las plazas africanas, el Ayuntamiento paralizó sus actividades. En el libro de cabildos y con fecha 24 de aquel mes, se puede leer una diligencia que dice: «Hago constar por la presente, según orden verbal del señor alcalde don Lorenzo Carbonell Santacruz que ha sido hecha pública por la radio, han quedado suspendidas, hasta nueva orden, las sesiones de esta corporación, incluso la convocada en segunda citación para el día de hoy».

En septiembre, se destituyó a Carbonell por el Consejo de Administración Municipal, según documento que reproduce Vicente Ramos en la ya citada biografía de Lorenzo Carbonell, y cuyo texto es el siguiente: «En virtud del acuerdo de este consejo, en reunión celebrada ayer, queda destituido de las funciones que se le encomendaron por sufragio por entender que, en virtud de exigencias de la realidad revolucionaria por que atraviesa la nación, corresponde la gestión administrativa de los intereses municipales a los organismos obreros que representamos desde ayer por designaciones recaídas, y por haber hecho dejación de la Alcaldía, al estar abandonada desde que empezó el movimiento. Salud». El comunicado lleva fecha de 25 de septiembre. El martes siguiente, día 29, se procedió a la constitución del Consejo Municipal que estaba integrado por las siguientes personas, con indicación del partido político o central sindical de cada una de ellas, como así lo solicitó Cano Ruiz, para que constara en acta: Vicente Iborra (CNT), José Morales (CNT), Antonio Linares (CNT), Felipe Martínez (CNT), Tomás Cano Ruiz (FAI), Pascual García Guillamón (Partido Sindicalista), Ramón Carratalá (UR), Santiago Martí Hernández (UGT), Francisco Domenecho Mira (UGT), Rafael Dorado Bañón (UGT), Antonio Oliver (UGT), Antonio Guardiola (PCE), Antonio Eulogio Díez (IR), Pascual Ors Pérez (IR), (entran durante la sesión) Rafael Millá Santos (UGT), Emilio Baeza (CNT), Miguel Aguado (PCE), Celia Valls (UGT) y Rogelio Clement (CNT). En un principio, la CNT manifestó que en cada sesión «sea uno de los camaradas quien la dirija». Pero tras un debate, se aprobaron los cargos de presidente (Rafael Millá), ocho delegados de distrito y un síndico (Cano Ruiz). Era el primer gobierno municipal de la guerra civil, sancionado por el gobernador civil Valdés Casas.

No, no nos metamos aún en la guerra civil, aunque el titular así lo sugiera. Hacemos un breve retorno al pasado, a mediados del siglo XIX, para darnos de bruces con un grupo denominado Música Bélica que el Ayuntamiento contrató y subvencionó, según se desprende del Cabildo correspondiente al 31 de agosto de 1857. De los orígenes de la actual Banda Municipal de Música ya hemos dejado constancia en esta columna. Pero en la citada fecha, don José Charques, en nombre propio y del conjunto que dirigía, contrajo una serie de obligaciones con el Consistorio a cambio de mil reales de vellón, «por mensualidades vencidas, para distribuirlos entre los individuos que componen la banda de música».

Entre tales obligaciones se encontraba la de tocar por espacio de dos horas, «para recreo de la población, los días festivos» y, por supuesto, en el lugar que ordenara el «jefe de música». Además, tenía que actuar en las procesiones a las que asistiera la corporación y «en los actos de serenatas, cuando venga a esta ciudad alguna de las personas de la Real familia, el Capitán General del Distrito, y cuando disponga el excelentísimo Ayuntamiento obsequiará a los señores Gobernadores de la provincia, con motivo de la toma de posesión».

Naturalmente, en todos los actos, los componentes de Música Bélica debían presentarse «con el mayor aseo, tanto en el uniforme como en el instrumento». Y respeto, mucho respeto a los concejales que si no, multa al canto o suspensión de haberes y destinos. Manu militari. También es cierto que podían contratarse «en alguna función o fiesta, aunque sea fuera de la capital, dando cuenta al jefe de música». El músico mayor, José Charques recibía 260 reales de vellón. Pedro Bossio y José Maestre, clarinete principal y bajo fundamental, cien; lo mismo que Pedro Fo, paredón primero. Luego ya había de todo: desde los 75 que recibía Tomás Carratalá por tocar el trombón, a los 15 de Antonio Rubio por darle al flautín. La caja de guerra era cosa de Ramón Frías y Mariano Carreras estaba de redoblante. Había palillos, Ramón Verger y Antonio Lledó; triángulos, Manuel Llobregat; y más bajos y más trombones y más paredones, a cargo de Francisco Jover, Antonio Campos, Rafael Ramoyno, José Llorens: mientras Nicolás Baeza le pegaba a la bomba y Vicente Pastrana, al bombardino. Música Bélica, a nuestros antepasados, cómo les sonaba. A día feriado, a ángeles, probablemente.

Después se marcaría varios rigodones en el Casino, pero antes, el rey estuvo en la plaza de Balmes, donde la Junta de Obras del Puerto había levantado un templete, con su correspondiente mesa y unos caballetes en los que se expusieron los diversos planos que el ingeniero Próspero Lafarga había hecho para el futuro mercado (ahora mercado central de abastos). El secretario del Ayuntamiento, con la gravedad requerida, dio lectura a la siguiente acta: «En la ciudad de Alicante, el día 12 del mes de febrero del año 1911, en la plaza de Balmes, S. M. el Rey don Alfonso XIII (q.D.g.) procedió a colocar solemnemente la primera piedra para la construcción de una plaza de abastos, entendiéndose la presente acta que con S. M. firman su real séquito, representantes en Cortes, autoridades de esta ciudad y demás personalidades invitadas. Acto seguido, se encerró ésta en unión de varias monedas y periódicos, en una caja de plomo que fue depositada en la cavidad abierta en la piedra objeto de la ceremonia». Según la Prensa, estamparon su firma el monarca, el presidente del Gobierno, el ministro de Marina, el director general de Obras Públicas, el marqués de Torrecillas, el capitán general de la Región, el general Sánchez Gómez, el presidente de la Junta de Obras del Puerto y, naturalmente, el alcalde.

Era domingo. El día anterior, Alfonso XIII y la reina, acompañados del presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas y Méndez, a las ocho y media, habían dejado el tren en el parque que lleva el nombre del referido político. Allí mismo, y en medio de una impresionante multitud, el alcalde alicantino, Federico Soto Mollá, les dio la bienvenida en nombre de la ciudad. En varios coches, soberanos, autoridades y personalidades se trasladaron a la Colegiata de San Nicolás donde escucharon un Tedeum.

Los reyes se retiraron a descansar al «Giralda» fondeado en nuestro puerto, y Canalejas se hospedó en el domicilio del senador Díaz Moreu. Fue una visita regia con un programa apretado: Ayuntamiento, Club de Regatas, Teatro Principal, banquetes, bailes, corrida de toros. «Diario de Alicante» pormenoriza, hora a hora, tanta actividad. Alfonso XIII se desplazó a Villajoyosa con objeto de inaugurar la línea férrea de La Vila a Denia. Y fue, según el mencionado diario, en aquella ocasión, cuando el Rey, después de atender la petición de los pescadores y marineros, de que se construyese el puerto, confirió a la citada población el título de ciudad.

Hubo un tiempo durante el cual el ahora ajetreado Portal de Elche ofrecía un aspecto tenebroso, casi de película gótica: en aquel lugar se alzaban las siniestras horcas donde se ajusticiaba a los reos de la ciudad y de los pueblos inmediatos que, por entonces, pertenecían aún al término municipal de Alicante, a excepción de Villafranqueza, a la que Felipe III le concedió el privilegio de villa real. Privilegio que otorgaba jurisdicción propia en lo criminal a don Martín Franqueza, quien, en virtud de la misma, podía instalar el tremendo artilugio, liquidar al condenado a la última pena, desmontar el tenderete y entregar el cadáver a las autoridades alicantinas, para que lo expusiesen a la vergüenza pública, por el tiempo prescrito por las leyes, y en la llamada plaza de las Horcas.

Menos mal que, en 1811, se abolió en España la muerte por horca «por repugnante de la humanidad» se sustituyó por la de garrote vil. Qué alivio. Así se ejecutaba menos ostentosa y rudimentariamente. Era el progreso. Años más tarde, Eleuterio Maisonnave y Cutayar plantó allí mismo y en 1869, el llamado árbol de la libertad. El alcalde estaba muy contento y los buenos ciudadanos también. Pero no se sabe cómo los reaccionarios, con nocturnidad y alevosía, les birlaron el árbol de la libertad, y las orondas gentes se quedaron estupefactas. Era un incipiente sentimiento ecológico.

La plaza de las Horcas o el Portal de Elche, porque de él partía el camino a la vecina ciudad, más o menos, por la actual calle de Teatinos, se llamó plaza de la Constitución, en atención a la Pepa, es decir a la carta magna de marzo de 1812, y por decreto del 14 de agosto del mismo año. Días después, el uno de septiembre, se colocó la placa correspondiente, cuando era alcalde don Nicolás Scorcia, conde de Soto Ameno.

Pero, nada. Llegaron los absolutistas, metieron la placa en un féretro, la pasearon por las calles como si fuera un ceremonial de pompas fúnebres y terminaron arrojándola a una acequia que pasaba por el malecón.

El 30 de mayo de 1814, colocaron otra placa con el nombre de plaza de Fernando VII. En fin, la cosa no tiene enmienda. Porque durante el trienio liberal, la cambiaron otra vez y se llamó plaza de la Constitución.

Y a partir del 21 de abril de 1824, plaza de Fernando VII. Y de la Constitución, en 1876 de nuevo.

Desde mayo de 1881, una fuente que instaló el marqués de Benalúa, don José Carlos de Aguilera, nos sirvió las aguas de La Alcoraya, alumbradas por candelabros de dieciséis globos de cristal y mecheros de gas. Hasta que en octubre de 1898, llegaron las aguas de Sax.

Floreal del Raspeig, qué hermoso nombre y tan revolucionario le colocó el consejo local al pueblo de San Vicente, con motivo de la guerra civil. Y por ahí andan los billetes puestos en circulación por el consejo municipal, en una emisión de moneda fraccionaria, que ilustran un interesante trabajo de José Manuel Díez Fuentes, en la reciente revista de fiestas de San Vicente del Raspeig o de Floreal del Raspeig, en aquellos agitados tiempos. Y es cosa de tradición, oigan.

Si será que, en abril de 1911, «El Correo», órgano oficial del partido conservador en la circunscripción, diario que dirigía el notable periodista Florentino de Elizaicin, se encrespó con aquella población, porque carecía de un lugar de enterramiento para las personas que no practicaran «la religión del Estado» es decir, la católica apostólica romana, se puntualiza, y a las que se les daba sepultura en el camposanto.

En San Vicente donde «hasta hace poco la totalidad profesaba la religión del Estado y los casamientos por lo civil eran desconocidos», el citado periódico observó un cierto relajamiento en las costumbres. Denunciaba que se contraían matrimonios por el juzgado solamente y eso por «sostener ideas materialistas, espiritistas, sin religión». Un cataclismo.

Así que el inspector provincial de Sanidad y antiguo alcalde de Alicante, doctor José Gadea Pro, examinó el asunto del cementerio y decidió que era conveniente construir uno situado en otro sitio para las personas que murieran al margen del catolicismo. La cosa llegó hasta el gobernador civil, Rufino Beltrán, quien tomó cartas en el asunto y publicó una circular en el Boletín Oficial de la Provincia ordenando que «los ayuntamientos que como el de San Vicente carecen de cementerio adecuado se destine otro lugar a los que no comulguen con nuestra religión».

Y todo eso pasaba porque la mayoría de la corporación era republicano y consecuentemente también el alcalde, Pedro Lloret. De forma que se apresuraren a adquirir terrenos para los enterramientos de gentes materialistas e incrédulas, increpaba el periódico, «porque es un asunto que no admite demora». ¿Se dan cuenta? Precisamente, la vieja noticia llega entre el pasado 14 de abril, proclamación de la segunda República, y hoy, festividad de San Vicente Ferrer. En fin, el azar.

No es que esto fuera precisamente Dodge o Kansas City, pero las historias de matones a sueldo también tenían su rinconcito. Por ejemplo, las peripecias de Inocencio Faced, el presunto asesino del «noy del sucre», nos la cuenta un redactor de «El Luchador» que se firmaba «El detective de la linterna». Por él sabemos que el pistolero aragonés llegó a nuestra ciudad hacia septiembre u octubre de 1930 y se hospedó en la pensión «Los Corales», por dieciocho reales diarios, de acuerdo con el propietario de la misma, Manuel Leonís Samper. Según el citado periodista, Faced se trasladó de Barcelona a Sevilla, donde fue detenido por el agente de Policía Ignacio Clemente y trasladado a la Comisaría. Pero lo pusieron en libertad por cuanto no había contra él reclamación judicial alguna. Sin embargo, nos dice el «Detective de la linterna», «su responsabilidad como pistolero al servicio de Martínez Anido y de Arlegui es cosa comprobada».

Faced consiguió trabajo en los talleres del diario «La Voz de Levante», que abandonó cuando al manejar una tipograph se hirió en una mano. Luego, se dedicó a «actuar de espía», por encargo de una determinada congregación religiosa, y escribió un curioso folleto titulado «Por qué no maté al general Martínez Anido», el periodista, primero atribuye la edición de tal folleto «a la administración del mencionado diario católico», para luego afirmar que se imprimió en «Gráfica Levantina», a la cual el autor dejó a deber trescientas setenta y cinco pesetas de las cuatrocientas convenidas por una tirada de cinco mil ejemplares. Se sabe que del mismo se enviaron un centenar a Orihuela, otro a Callosa de Segura y un tercero a Alcoy. Inocencio Faced hacía una vida retraída: salía tarde de la pensión y paraba en la bodega «La Parra», de la avenida de Maisonnave. Él mismo afirmaba que su maestro era Gregorio Romero Vicent, director de «Las Noticias», donde, al parecer, publicó algunos artículos, con el pseudónimo de Armando. Hubo momentos de peligro y «los vivió un hombre de ideales puros. Antiguo militante del Partido Socialista. Actualmente -escribía el referido redactor-, afiliado al Partido Comunista. Este amigo se confió con Faced y éste lo vendía. La Policía conocía muchas cosas y otros que no son la Policía las propagaban, con la piadosa intención de enrolar en algo muy grave al comunista alicantino. De éste llegó a decirse que recibió veinticinco mil pesetas para la revolución. Ello era completamente falso».

El pistolero y confidente, «entraba impunemente en la Casa del Pueblo». Tan curioso y siniestro personaje, el sábado dieciséis de mayo de 1931, tomó un autobús de «La Albaterense» y se perdió no se sabe dónde, dejando en Alicante más de una deuda. Qué fraude.

Muchos actos festeros se van a dar de bruces con otros tantos electorales. Imagínense a un candidato que se cuela, por error y con apresuramientos, en una kábila samblasina y empieza a darles la murga a los moros: se lleva un abucheo de aúpa. O a la comisión de un distrito que llega de pronto a un mitin y le suelta la traca a los «cuneros» de Madrid, ¡menudo sobresalto! Alicante se acuesta de reflexión y se levanta de fuego de artificio. Recuerdan aquello, ¿no?

En fin, peor lo tuvieron los de las constituyentes republicanas que le pegaron bien al sufragio nada menos que el 28 de junio de 1931, cuando les Fogueres apenas si habían echado a andar.

Y todo salió bien. A Sant Joan lo que era de Sant Joan y a las urnas lo que les correspondía. Y les correspondió un triunfo para la coalición de izquierda republicana y socialista, con una abstención que sobrepasó, por poco, el veintinueve por ciento. De aquella confrontación electoral salieron diputados Carlos Esplá Rizo, Rodolfo Llopis Ferrándiz, Manuel González Ramos, Antonio Pérez Torreblanca, Juan Botella Asensi, César Oarichena Genaro, Jerónimo Gomariz Latorre, hasta un total de once, de casi todos los palos.

De casi. Porque a los intelectuales les pegaron un revolcón de mucho cuidado. Lo que son las cosas. Se presentaron en una lista que olía de muy lejos a estética, a música y a filosofía, pero el cuerpo electoral pedía otra marcha más concluyente, y dejó a los moderados en la cuneta. La plataforma se montó en toda España y se llamaba Agrupación al Servicio de la República. En Alicante, la formaban Azorín, Óscar Esplá, Figueras Pacheco, Bernácer Tormo… Azorín también figuraba en el conjunto izquierdista, lo que provocó no pocas alteraciones, que ya contaremos. El veintiséis de junio, celebró su más relevante acto político -la referida candidatura-, a las diez y media de la noche, en el Teatro de Verano. Habló Azorín y también participaron, según «El Luchador», Figueras Pacheco, Germán Bernácer, Óscar Esplá, Ángel Pascual Devesa y Pérez García-Furió. En tal acto se leyeron unas cuartillas de Ortega y Gasset.

Pero los resultados cuantitativos fueron de pena. Con los datos que nos facilita el profesor y amigo Mariano García Andreu, por ejemplo, Azorín obtuvo, en la capital novecientos noventa y cinco votos, y en la provincia cerca de tres mil. Y Óscar Esplá doscientos veinticuatro y quinientos treinta y nueve, respectivamente.

Por fortuna, en el tema de Hogueras, Gastón Castelló se llevó la mayoría y ganó el primer premio, y otros muchos, con «los enemigos del alma alicantina», que se plantó en Benito Pérez Galdós.

La anécdota es como se sigue: «El entusiasta patriota don Salvador Barberá continuando la costumbre de otros liberales, desde 1845 de honrar la memoria de los mártires, a pesar de la vigilancia extrema que ejercían los execrables esbirros de González Barbo, arrojó en la glorieta que daba frente a la calle de Bilbao, en el entonces recién construido Paseo de Olalde, varios ramos de flores y algunas coronas, fijando en medio un listón de madera con una tablilla al final de la que aparecía escrito: "Paseo de los Mártires de la Libertad"». Sea o no cierto, resulta hermoso el episodio que refiere Francisco Montero Pérez, en marzo de 1913.

Verdad que, en el antiguo Malecón, y de acuerdo con los planos del arquitecto municipal José Guardiola Picó, se realizó una explanada, con algunos jardines, gracias a la iniciativa del gobernador civil, Perfecto Manuel de Olalde, y del alcalde constitucional Juan Bonanza Roca. Era el año de gracia de 1867. Se le puso el nombre de Paseo de Olalde. Un año después, tras la septembrina, la Junta Revolucionaria de Alicante, bajo la presidencia de Tomás España acordó «poner al indicado sitio el nombre de "Paseo de los Mártires de la Libertad", sancionando así legalmente la denominación que el pasado ocho de marzo le puso el precitado patriota Salvador Barberá».

Como se recordará, en esa misma fecha pero de 1944, en el Malecón, fueron fusilados veinticuatro de los más activos participantes de la rebelión progresista, entre ellos el ya casi mítico coronel de carabineros, Pantaleón Boné.

De forma que los terrenos escabrosos e irregulares comprendidos entre la actual plaza del Mar hasta el antiguo fuerte de San Carlos, a la altura de la plaza de Gabriel Miró, se han rotulado sucesivamente Malecón, Paseo de Olalde, Paseo de los Mártires y finalmente Explanada de España.

Un espacio con mucho de escaparate y más actividad mercantil y de historia de nuestra ciudad. Agatángelo Soler, siendo alcalde, llevó a cabo la pavimentación de mármol de distintos colores de la Explanada, en los años 1958 y 1959.

Pavimento, deteriorado después de siete lustros, que otro alcalde, Ángel Luna, está ahora restaurando. Se entiende: personalmente, ellos, no. Que las figuras retóricas son, a veces, impertinentes del todo.

La antigua plaza de Ramiro (o Remiro, para algunos cronistas) habría de llamarse en 1920, de la baronesa de Satrústegui, ya lo escribimos, en esta misma columna, y del teniente Luciáñez, a partir de 1939, para finalmente recobrar su primitivo nombre. En sus orígenes era amplia y de suelo accidentado. El alcalde Carlos Chorro Zaragoza decidió construir, en parte de la misma, un jardín, cuyas obras se iniciaron en 1882 y se concluyeron en 1885, cuando ya la alcaldía la ocupaba Julián de Ugarte y Palomares.

En noviembre de este mismo año, el cronista Rafael Viravens y Pastor propuso que llevara el nombre del gobernador civil Ruiz Corbalán, que estaba al frente de la provincia, por aquel tiempo, y que se había distinguido por su lucha contra la epidemia de cólera «introducida por la familia Queixal, procedente de Marsella» de acuerdo con Antonio Ramos Hidalgo. El Ayuntamiento acordó dar el nombre del político al reciente jardín.

Durante ocho años, de 1890 a 1898, se levantó en el mismo una estatua de bronce dedicada al filántropo José María Muñoz, a quien la Asociación de Amigos de los Pobres, cuya sede estaba en Sevilla, había adjudicado el nombramiento de «Héroe de la caridad». En vida del citado filántropo, que tanto hizo por Murcia, Orihuela y otros pueblos damnificados por las inundaciones de 1879, ya se le dedicaron tres monumentos más, pero se negó enérgicamente a que se le erigiera la estatua en la ciudad en la que residía. Había nacido José María Muñoz en Cabezuela (Cáceres) en 1814 y falleció en Alicante en 1890, año en el que se instaló el monumento dedicado a su memoria (por cierto, una sugerencia para Maruja Torres: «Cómo ser amigo de los pobres y no empobrecerse en el intento»). Lo curioso es que al entierro del virtuoso Muñoz sólo asistieron, según Montero Pérez, su guía espiritual y ocho personas mas.

En 1912, parte del jardín de Ruiz Corbalán fue destinado a escuela y en sesión del 18 de julio de 1913, se acordó, con la conformidad del interesado, darle el nombre de Rafael Altamira. La escuela nacional se entregó el 11 de agosto del referido año. Dos días después, el edil Guardiola Ortiz, en sesión plenaria, propuso que con el bronce de la estatua de José María Muñoz que había sido retirada por orden de la alcaldía que detentaba entonces José Gadea Pro, se le hiciera otra. El escultor Vicente Bañuls era el elegido.

Plaza o paseo de Ramiro y jardín de Ruiz Corbalán, cuánta historia y cuántas historias, ahora en la nostalgia, la penumbra y el abandono.

Fíjense si era discreto Óscar Esplá que prohibió a la Prensa la publicación de una carta que había recibido del presidente de la sociedad Die Musik National Gesellschaft, de Viena. El señor Edgard Natham le comunicaba en ella cómo iba el concurso internacional de obras para orquesta, al que había concurrido nuestro compositor. Era enero de 1911 y Esplá tenía apenas veintiún años.

Sin embargo, los periodistas consiguieron enterarse de los tres autores seleccionados: Vicente D'Indy, con «Sinfonía en La»; Gustav Mahler, con «Sinfonía en Re bemol»; y Óscar Esplá Triay, con «Suite en La bemol». Además, el jurado del prestigioso premio advertía oficialmente que la del alicantino era «una de las más grandes obras definitivas escritas desde César Frank».

Ya se lo pueden suponer: Alicante se puso de luces. Entre los miembros del citado jurado, se encontraban músicos tan conocidos como Strauss y Saint Saens. De modo que sus amigos le prepararon una velada especial donde estaban Bañuls, Guardiola Ortiz, Figueras Pacheco y Gabriel Miró. Precisamente Miró había escrito en el «Heraldo de Madrid», una año antes, casi una profecía: «Y aunque espero que la obra artística de Óscar Esplá ha de venir elogiada y estudiada de los maestros de fuera, yo pido a los nuestros, como Bretón Granados, Chávarri, Pedrell, Arbós y a todos los de esta altísima estirpe que no olviden al desconocido músico español que yo sólo lo trazo para las gentes distraídas y que, como yo, tienen escasa noticia de este maravilloso arte». El deseo mironiano se cumplió plenamente.

Juan Latorre contaba cómo don Trino, el padre de Óscar, le preguntó un buen día: «¿Quieres encargarte de la educación musical del chico?». Latorre aceptó y no mucho después le dijo: «Trino, el chico es de buena madera, puede hacer mucho, llegará». José Latorre en la carta que con motivo de obtener el premio en Viena, le dirigió públicamente en «El Graduador» lo elogiaba abrumadoramente y le aseguraba que ya formaba parte «de la augusta trinidad, con los eminentes maestros Tomás Bretón y nuestro inolvidable Ruperto Chapí, honra y gloria de la intelectual España».

Muy pronto ya, en la primera semana de mayo, dará comienzo el «Encuentro sobre sociedad, arte y cultura en la obra de Óscar Esplá». Un repaso merecido, profundo y académico de nuestro desaparecido compositor.

Sin duda, entre las logias masónicas alicantinas más destacadas figura la «Constante Alona», aunque la «Numancia» no le iba a la zaga. Acerca de esta última, y por la vía de la amistad, hemos recibido una muy interesante documentación que, en parte, ofrecemos a los habituales lectores de esta columna.

Sabemos que, a partir de 1937, en Burgos, primero, y luego en Salamanca, la secretaría particular del generalísimo, a través de la Delegación Nacional de Servicios Especiales, procedió a la recuperación y archivo de cuantos documentos se referían a la masonería. Fondo que serviría posteriormente, para la aplicación de la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, del primero de marzo de 1940. De tal secretaría particular del general Franco, disponemos de unos papeles fotocopiados, con la signatura 584-A-2, donde constan los nombres, profesiones y domicilios de todos o casi todos los integrantes de la logia «Numancia», número 417, de nuestra ciudad.

Dicha relación comprende un total de cuarenta personas, aunque nos falta la última página de la misma. De entre ellas, citamos algunas, con sus correspondientes grados, es decir «la sucesión de iniciaciones que enseña la doctrina y fines de la Orden». Agustín Millet Valtres, comerciante, con el mayor grado de los contenidos en la citada lista, el treinta; Emilio Costa Tomás, director del periódico «El Día», con el cuarto; José Estruch Ripoll, odontólogo, con el dieciocho; Eduardo Irles Garrigós, empleado del Ayuntamiento, con el tres; Franklin Albricias Goetz, pastor evangélico, con el tres; Álvaro Botella Pérez, periodista de «El Luchador», con el tres; Marcial Samper, comerciante de vinos, con el dos; José Pérez García, catedrático, con el uno; Antonio Ferrándiz Masiá, jornalero, con el uno; Antonio Pérez Torreblanca, abogado, con el uno; Rafael Chinchilla Milego, médico y profesor, con el uno; y Mariano Trucharte Samper, capitán de carabineros, con el uno.

Estos nombres y cuantos se incluyen en la referida relación, aparecen en el cuadro de la logia «Numancia», procedente del expediente 513, de Santa Cruz de Tenerife.

Como curiosidad, cada uno de los iniciados recibía un nombre simbólico. Así el de Franklin Albricias era Teófilo; y el de Álvaro Botella Simarro.

El agua. Siempre el agua, su carencia y sus problemas. El agua enfrentó a los agricultores de Alicante y Villena, en 1910. Una difícil pugna entre los regantes del «Canal de la Huerta de Alicante» y los de la «Fuente del Chopo» u «Hoyo de la Virgen», en la partida villenense de La Laguna.

Mítines, manifestaciones, arbitrajes. De todo hubo.

Y empezó cuando los propietarios de la finca «El Carrizal», en el término municipal de Villena que lo eran también de los registros mineros «Consuelo» y «Previsora» y de sus correspondientes ampliaciones, encontraron en éstos un caudal de agua de unos ciento sesenta litros por segundo.

De inmediato, los señores Atienza, Esteve y Carrió se apresuraron a construir un canal de mampostería de nueve kilómetros de longitud, para el riego de la citada propiedad. Según la Prensa, en varias ocasiones, trataron de vender o arrendar aquellas aguas o parte de las mismas, sin conseguirlo. Fue entonces, cuando los agricultores de la huerta alicantina entraron en negociaciones con los ya citados señores.

El veinticinco de octubre de 1907, se constituyó la sociedad anónima denominada «Canal de la Huerta de Alicante», con un capital de dos millones de pesetas, representado por cuatro mil acciones de quinientas cada una de ellas.

Luego, y por otro medio millón, adquirieron de los tres propietarios referidos, un caudal de ciento cincuenta litros por segundo. Y trazaron una conducción de cincuenta y ocho kilómetros para asegurarse así aquellas aguas.

Por entonces, algunos propietarios de tierras de La Laguna considerando que tales obras podrían mermar el caudal de la «Fuente del Chopo», consiguieron que las autoridades paralizaran los trabajos, en virtud del artículo veintitrés, de la entonces vigente Ley de Aguas. Qué embrollo.

Ese mismo artículo lo exhibirían los regantes alicantinos toda vez que la cantidad de aguas previstas habían disminuido casi en su tercera parte.

De modo que se propusieron fórmulas de conciliación que no lograron prosperar, en principio. Virguerías. Y es que la guerra del agua siempre salpica a unos y otros. Aunque termina evaporándose.

Pues, fíjense, el 14 de abril de 1931, cuando se proclamó la Segunda República, en el Ayuntamiento de Alicante ondeó airosamente toda una reliquia: la bandera que los palomoneros izaron en la proclamación de la Primera República, el 11 de febrero de 1873. Es un dato curioso y poco divulgado. Naturalmente, antes la habían alzado en las casas consistoriales de Villafranqueza y después la trasladaron a la capital.

Por aquel entonces, El Palamó andaba en trámites de anexionar su municipio al de Alicante. La fusión oficial se registraría, por último, en la «Gaceta de Madrid» de 28 de abril de 1932, después de un largo y controvertido proceso, al que ya nos hemos referido en esta misma columna.

Un escrito dirigido a Marcelino Domingo, entonces ministro de Instrucción Pública del Gobierno provisional, fechado el 14 de junio del 31, de firma casi ilegible (puede ser: A. M. Segarra) y con el sello de la Alcaldía constitucional de Villafranqueza (Alicante), explica la angustiosa situación y denuncia el desamparo que sufren sus vecinos, obligados «a la corriente emigratoria, por no poder soportar las pesadas cargas con que están gravados y por la incomodidad que resulta el estar a tres kilómetros de la capital y no tener medios fáciles y cómodos de comunicación con ella».

Tras señalar la orfandad de toda protección oficial y la crítica circunstancia económica, prácticamente insostenible, «el alcalde y concejales que suscriben» solicitan del ministro su mediación para: «Que por cuenta del Estado, se construya un grupo escolar de cuatro secciones y una para párvulos, cediendo el municipio el terreno adecuado (…); que por la Compañía de Tranvías y Electricidad de Alicante, se cumpla lo acordado y prometido, pero nunca realizado, construyendo el ramal que aúna este pueblo con la capital, evitando así que los vecinos -hombres y mujeres- que trabajan todos en la capital, tengan que marchar a pie, a cumplir sus obligaciones (…); que la Compañía Telefónica Nacional instale una central y podamos tener comunicación con Alicante y con el resto de España; que por el Estado se condonen -o se conceda una moratoria hasta la terminación de las Constituyentes- las deudas que este municipio tiene pendientes con la Hacienda y la Diputación Provincial (…); y que por el Ayuntamiento de Alicante se lleve a la práctica el acuerdo tomado el pasado año, de anexionar a la capital, este pueblo (…)».

Antes, los palamoneros confiesan decididamente que son liberales y republicanos, desde tiempo inmemorial, y que el único lugar de España «que conserva como sagrada reliquia la bandera que sirvió para proclamar la Primera República Española, la que ondeó triunfante en este pueblo y en la capital el día catorce de abril».

Que lío. Lo montó el diputado a Cortes Emilio Díaz-Moreu Irisarry, quien en agosto de 1910, reunió en su domicilio alicantino al presidente de la Asociación de la Prensa, Florentino Elizaicin, al decano de los periodistas de aquel entonces y director de «El Graduador», Antonio Galdó Pérez, y a Enrique Ferrer, José Coloma, Manuel Cano, señores Solbes y Teruel, directores y representantes respectivamente de los diarios «El Noticiero», «El Popular», «El Pueblo», «El Pueblo de Alicante» y «El Eco de Levante». El parlamentario les dijo que se trataba de organizar una semana deportiva, por todo lo alto, para el próximo invierno, «con base al ofrecimiento que hizo el Rey de asistir a la inauguración del nuevo Club de Regatas».

A partir de aquel momento y hasta febrero del siguiente año, anduvieron de cabeza. En el proyecto, se involucraron las fuerzas vivas de nuestra ciudad y los periódicos no cesaban de darle aire al asunto.

En septiembre, el gobernador civil de la provincia, Fidel Gurrea, tomó la batuta y citó en su despacho al alcalde, Pérez Bueno; al diputado Díaz-Moreu; el ingeniero Próspero Lafarga; a Andrés Bellido; al señor Rico, por el Orfeón; al señor Prieto, por el Círculo Mercantil; al señor Caturla, por la Liga de Propietarios; al señor Macho Moreno, por la Escuela Normal de Maestros; y así sucesivamente, aparte, claro, de los representantes de la Prensa.

«El elocuente concejal demócrata» Federico Soto Mollá, se declaró partidario de un programa breve pero sustancioso: concurso de aviación, corrida de toros, tiro de pichón, inauguración del Real Club de Regatas y baile en el Casino. Pero hubo discrepancias y finalmente se acordó nombrar una comisión con objeto de ordenar tantas sugerencias: con Emilio Díaz-Moreu, los presidentes del Casino, del Club de Regatas, del Tiro Nacional, de «La Peña» y de la Asociación de la Prensa.

Por fin, en febrero de 1911, se celebraron las fiestas de invierno. Alfonso XIII inauguró, el día 11, el nuevo edificio del Club de Regatas.

Qué mal se las vio Miguel de Elizaicin para sacar adelante el pequeño dispensario de Benalúa. Un barrio joven, de todavía cercana construcción y con algo más de tres mil habitantes. Pero había que insistir y el entonces presidente de la Cruz Roja, en nuestra ciudad, no tuvo empacho alguno. De modo que solicitó del Ayuntamiento una subvención. Y esperó. Esperó en balde, porque la subvención no prosperó. Cosa de papeles, ya se sabe. Que si esto, que si lo de más allá. En fin, había que echarle mucho altruismo al asunto y se le echó generosamente. Sobre todo el doctor González y su hijo que era practicante. Ambos atendían el dispensario que era, a decir de los periódicos, como una pequeña Casa de Socorro. Tanto que si bien aquello de la subvención se enredó en las densas tramas burocráticas, la corporación «encontró muy justo que, en vista de la labor que el señor González viene realizando, se le incluya entre los médicos supernumerarios de la Casa de Socorro».

Pero tuvieron que producirse algunas graves desgracias, para que se pusiera de relieve la gran tarea desarrollada por aquel dispensario. Primero, fue el hundimiento de una fábrica de guano y, poco después, el grave accidente sufrido por una joven que viajaba en tren de Murcia. El modesto establecimiento sanitario de escasos recursos estuvo al quite, en ambas ocasiones. Y su ejecutoria fue ejemplar. Era en 1911.

De modo que la más perseverante labor no se destapó hasta entonces. Y se supo públicamente que en el dispensario, casi inadvertido, se realizaban diariamente «entre ocho y diez operaciones», y que el número de visitas domiciliarias, en los nueve meses de funcionamiento; pasaban de las tres mil. Eso sin contar que el servicio de vacunación era permanente y de carácter gratuito.

Si de nuevo, nos referimos a Óscar Esplá, es porque el próximo miércoles se inicia el «Encuentro sobre sociedad, arte y cultura en su obra», con la participación de notables musicólogos, críticos y catedráticos, en los salones del Ayuntamiento. En los mismos salones que, allá por 1911, concretamente el treinta de enero, el entonces joven compositor recibió un homenaje a raíz de obtener el premio internacional de una prestigiosa institución vienesa.

Óscar Esplá siempre mantuvo buenas relaciones con los escritores y especialmente con Gabriel Miró, quien escribió el texto de su primera composición orquestal, «El sueño de Eros», como recuerda el propio Esplá, en la conferencia que pronunció en nuestra ciudad, en mayo de 1961. Gerardo Diego escucharía aquella obra juvenil, en Santander, aunque no hace referencia alguna a la autoría del poema mitológico. Sí cuenta una curiosa anécdota: «Viajábamos -dice Diego (revista "Canelobre" número tres)-, en nuestras excursiones, en su Buick, matrícula de Alicante 707. A Óscar le gustaba el capicúa y creyó que aquel año tocaría el "gordo" de Navidad en el numerito. Hizo lo posible por encontrarlo, pero resultó que lo tenía reservado para todos los sorteos un cliente de Fortuna. Y, en efecto, salió premiado el número capicúa».

Amigo también de Federico García Lorca, de Juan Ramón Jiménez y de Rafael Alberti, entre muchos otros, por supuesto, sobre poemas de este último compondría sus «Canciones playeras». Y trabajaría con Cipriano Rivas Cheriff, en el ballet «El contrabandista». Y con Claudio de la Torre, escritor, dramaturgo y director de cine en Hollywood, en «El pirata cautivo». Y con Torcuato Luca de Tena, en «La ira de Dios» que no alcanzó los escenarios, como afirma Eduardo López-Chávarri.

Cuando se habla de Óscar Esplá siempre está próximo el «Misteri d'Elx». Es una referencia obligada. Lo estudió y lo investigó minuciosamente. Toda una reliquia musical en la que Esplá había de volcarse. No era para menos. Por eso en el Encuentro que ya se avecina se contempla el concierto escenificado de tan irrepetible obra. La semana que ahora se abre, se resolverá finalmente bajo el signo de la música.

También le rodaron fatalmente las cosas al comediógrafo alicantino. Madrid, con el estruendo de la aviación de los sublevados fundiéndole el otoño, y el bueno de Arniches, con setenta años a cuestas y lleno de presagios sombríos. Había que hacer las maletas y salir de allí a toda leche. La remota terreta se le figuraba una especie de oasis. Y no se lo pensó dos veces. Con sus hijos y sus nietos, se vino para Alicante y casi se da de bruces con el malhadado bombardeo de las ocho horas, del que, mañana mismo, les contamos algunas peripecias. Y de aquí, para Valencia. Todo el camino con los «caproni» revoloteándole la ingeniosa sesera, como si le tuvieran una ojeriza empalagosa. Qué días. Era diciembre de 1936. Un periodista escribió: «En Madrid y en Alicante ha visto los rostros llenos de pánico de sus nietos, ante el estrépito y la ruina que le seguían». Y agregó: «Habla de sus últimas vicisitudes, con acento tembloroso y falta poco para que sus ojos se nublen de lágrimas». Y dijo Carlos Arniches: «¡Madrid era algo tan mío, tan de mi corazón que entre sus escombros ha terminado mi vida de autor!».

Su paso por nuestra ciudad, la suya, fue advertido por algunos diarios que se hicieron eco de la noticia, aunque no tuvieron tiempo para entrevistarlo. Ni tiempo, ni ocasión. En medio de aquel fragor, los lapiceros se enardecían y ni andaban para meterse en intríngulis teatrales. «El Luchador», sí. «El Luchador», según nos comenta al nueve de diciembre de tan dramático año, puso un redactor tras su pista. Y el redactor lo visitó en Valencia. «Yo no soy político -confesó don Carlos- no he sido político nunca. Todo el mundo lo sabe. Pero no quiero disimular en la nebulosa del apoliticismo, mi indignación y mi horror, ante las crueldades de una guerra despiadada, hecha por quienes no quieren apartar del furor de la lucha a niños inocentes y a infelices mujeres. ¿Qué se quiere castigar con esto...? Pues el ansia de un pueblo que clama por su derecho al bien, a la justicia y a la igualdad entre los hombres, a que todos seamos mejores, más cultos y más libres». Apoliticismo lúcido el suyo, aún con las señales de tan feroz enfrentamiento, no dejó de ser autor. Ni tras su muerte. «Don Verdades» se estrenó póstumamente, en 1944.

Tras constituirse el consejo municipal, bajo la presidencia de Rafael Millá, a últimos de septiembre de 1936 («La Gatera», 14.4.93), Alicante, alejada de los frentes de combate, no sufrió la embestida de la guerra civil, hasta el cinco de noviembre de aquel año.

Al alba, se produjo el primer bombardeo aéreo de los muchos que habría de sufrir nuestra ciudad, no demasiado bien pertrechada de las adecuadas defensas.

En aquella ocasión, «El Luchador» escribió: «La aviación fascista ha realizado otro de sus criminales propósitos, el de bombardear a la indefensa población civil. A las cuatro y veinte de la madrugada, fueron divisados tres aviones que venían desde mar adentro, por la parte de Tabarca. Dos de ellos volaban a bastante altura, y el tercero descendió a unos doscientos metros del suelo dejando caer sobre la capital unas bengalas. Los antiaéreos dispararon unos cien cañonazos y las ametralladoras abrieron una cortina de fuego».

Los proyectiles cayeron especialmente en el puerto y en sus inmediaciones. Sin duda, el vapor asturiano «Ciaño» era uno de sus objetivos. Uno de ellos, rozó al Banco Hispano Americano ocasionando serios desperfectos, así como en los edificios próximos, entre los que estaba el hotel Victoria. A consecuencia del ataque, murieron dos personas: Tomás Campillo López, de setenta y dos años, y vigilante nocturno del referido banco; y José Virgilio Cayado, tripulante del «Ciaño».

Durante el bombardeo, el gobernador civil, Valdés Casas, con su secretario particular, Eduardo Planelles, y el del gobierno de la provincia, Luis Torán, acompañados por Llopis, comisario de policía, recorrieron los lugares afectados. Otro tanto hicieron las autoridades militares, el comandante de la plaza, general Gamir, con el comandante Baroja y Eduardo Rubio, jefe de las fuerzas de Asalto.

En aquella incursión de los aviones enemigos, el responsable del destacamento del castillo de Santa Bárbara, siguió la evolución de los trimotores, hasta que, según la Prensa, logró con sus baterías, ponerlos en fuga. Pero no fue más que un anticipo de lo que pocos días más tarde había de llegar: el bombardeo de las ocho horas, de tan amarga memoria para los alicantinos.

Sin duda, muchos alicantinos y alicantinas aún lo recordarán. El espanto se cernió sobre la ciudad. Eran las siete y poco más de la tarde, cuando llegó la primera oleada de «capronis».

Díez días antes, el fiscal Gil Tirado había firmado la sentencia de muerte de José Antonio Primo de Rivera, la condena a reclusión perpetua de su hermano Miguel y la de seis años y un día a su cuñada Margarita Larios.

Posiblemente, el segundo bombardeo que sufrió Alicante fue una acción de represalia, por la ejecución de José Antonio. Cuando menos, tal se desprende de ciertos documentos a los que se refirió el gobernador civil, Valdés Casas, y que probaban un inminente ataque aéreo, si no se aplazaba el fusilamiento o se conmutaba la pena capital por la de encarcelamiento de por vida. El texto íntegro del comunicado que la primera autoridad provincial remitió a partidos políticos y organizaciones sindicales lo ofrecimos, en nuestro trabajo publicado en la revista «Canelobre» número 7/8 y titulado «La masacre de los Savoia».

En fin, el caso fue que el sábado veintiocho de noviembre de 1936, trimotores enemigos, en sucesivas oleadas, bombardearon Alicante, desde las siete y algo de la tarde, hasta las tres de la madrugada. Los aviones dejaron caer sobre la capital y algunos pueblos próximos un total de ciento sesenta y siete bombas. Previamente, se detectó la presencia de algunas unidades navales, posiblemente alemanas, en las proximidades de nuestras costas. Los impactos de los proyectiles, algunos de ellos incendiarios, causaron daños en las instalaciones portuarias, en las cercanías de la estación de MZA, en el Gobierno Civil y en los depósitos de petróleo de la factoría de la CAMPSA, en el barrio de Babel, que ardieron, aumentando así el pánico de la población civil. Se registraron tres víctimas mortales y veintiséis heridos, entre ellos y levemente, Eduardo Rubio Funes, comandante de las fuerzas de Asalto. Popularmente y por el largo periodo de tiempo que nuestra ciudad estuvo sometida a tan implacable incursión aérea, este bombardeo se conoce por «el de las ocho horas».

Por cierto que el Consejo Municipal -el Ayuntamiento, en tiempo de guerra-, en sesión de tres de diciembre y a propuesta del consejero -antes, concejal- Ramón Carratalá, se acordó que constara en acta el agradecimiento de la corporación al Cuerpo de Bomberos, por su eficaz labor, por «su arrojo y heroísmo», durante aquel malhadado día.

En sesión del veintisiete de mayo de 1937, el presidente del consejo municipal -equivalente al alcalde del Ayuntamiento-, Rafael Millá Santos presentó su dimisión. El antiguo tipógrafo y destacado comunista escribió: «Habiendo podido observar un cambio de actitud respecto a la presidencia, en algunas de las minorías que me otorgaron sus votos para ocupar dicho cargo, he decidido poner a vuestra disposición la dimisión del mismo, con el fin de facilitar el nombramiento de aquella persona que exprese mejor el deseo de la mayoría. La Unión General de Trabajadores, con cuya representación estaba en este puesto, tenía declarado que, en cuanto le faltase el concurso de cualquiera de las minorías que le habían votado, abandonaría el puesto. Fieles a esa declaración, la cumplimos. Salud y República».

Tras la renuncia de Millá, se produjo un amplio debate en el que intervinieron los consejeros (o concejales) Antonio Eulogio Díez, por los republicanos; Antonio Melgar, por los comunistas; Serafín Aliaga, por la FAI; Francisco Carbonell Azuar, por los socialistas; y Carlos Botella Lillo, por la CNT. Finalmente, y después de ponderar la limpia y ejecutoria de Millá, se le aceptó la dimisión. Ocupó la presidencia en funciones, Francisco Pérez Domenech, por apenas una semana.

El día tres de junio, Hernández Fuster, del Partido Sindicalista, propuso para la presidencia del consejo municipal, al también ugetista Santiago Martí Hernández. En nombre de tal organización sindical, Rafael Millá expresó su acuerdo y manifestó su deseo de que el candidato fuese elegido por unanimidad, como, en efecto, así sucedió. Santiago Martí sería reelegido el veinticinco de noviembre de aquel año, con la abstención de la CNT y de la FAI, y una papeleta en blanco.

Durante la Guerra Civil, además de Rafael Millá y de Santiago Martí, alcanzarían la presidencia del Ayuntamiento o consejo municipal Ángel Company Sevila y Ramón Hernández Fuster. Este último, y ya le hemos referido en esta columna, tan sólo permaneció al frente del mismo una semana de turbulencias y crispaciones. Él mismo entregaría el gobierno de la ciudad a Ambrosio Luciáñez Riesca, primer alcalde del periodo franquista.

Estaban en su puesto de trabajo. Eran las ocho menos cuarto de la tarde, cuando sonaron unos golpes en la puerta. Abrió un chico de once años, Juanito Bañón Clemente, y entró un siniestro individuo, con boina y el abrigo gris perla, con las solapas cubriéndole el rostro. Sacó una pistola de gran tamaño y les gritó que levantaran las manos. Entre tanto, otros cinco pandilleros penetraron en los talleres del diario «El Luchador». «Traed las botijas», gruñó el individuo del abrigo gris. Dos grandes vasijas de unos cinco litros de capacidad conteniendo gasolina fueron vertidas en el local. «Vosotros atrás, más atrás», les conminaron los asaltantes metiéndoles el cañón de sus revólveres en el vientre. Linotipistas, empaquetadores y amigos, se retiraron, en tanto aquellos tipos prendieron fuego y salieron, por la calle del Cid hacia Gadea.

Estaban en su puesto de trabajo, el martes cuatro de febrero de 1936. Esteban Vicente Llorent Benito, Emilio Aznar Archilla, Pedro Ferrández Ferrándiz, Paco, Morant Vercher, Rafael Martínez Pastor, Alfredo Torres, José Carratalá y Luis Conca que trabajaba en Radio Alicante. Ellos fueron testigos y protagonistas de aquella acción.

Por fortuna, actuaron con presteza. Avisaron a la redacción del periódico, y su director, Álvaro Botella, salió disparado hacia los talleres. Mientras, se llamaba a las fuerzas de Asalto, a la Guardia Civil y a los Bomberos. La intervención, rápida y eficaz, sofocó un incendio que hubiera podido tener graves consecuencias. Según «El Luchador», miles de personas manifestaron su repulsa por el atentado y su adhesión al diario. Por su parte, el Frente Popular visitó al gobernador civil con objeto de expresarle su protesta. Al día siguiente, se detuvo a cinco personas sospechosas de haber adquirido la gasolina.

Poco después, «El Luchador» escribía: Otro día (refiriéndose a la Derecha Regional Agraria) sujetos despreciables incendian nuestros talleres y son los colegas «El Día» y «El Correo» los únicos que en Alicante hacen pública su condena por tan execrable hecho «Diario de Alicante» lo silencia. Y «Mas» (órgano de la DRA) con falacias y trapacerías creen hallar justificación al criminal atentado diciendo que «el hecho de ayer tarde es consecuencia de otros anteriores».

«El Luchador» daría cumplida noticia de la trama negra desarticulada por aquel tiempo. Diecisiete pistoleros fueron detenidos, «sabíamos también -afirma el citado diario- dónde les reclutaron y quién vino con ellos desde Barcelona». Otra historia que ya les recordaremos.

Tras la guerra -guerra civil, se entiende-, los chiquillos aún jugamos, durante cierto tiempo, por entre las ruinas y galerías subterráneas de los refugios antiaéreos. Hacíamos de aquellos lugares de memoria pánica, espacios para la aventura y el riesgo del descalabro. A lo largo de los años cuarenta, fueron desapareciendo del paisaje urbano. Recordamos especialmente, los de la Montañeta, los del paseo de Marvá y los del paseo de Gadea. Los niños de hoy tienen toboganes, columpios y polideportivos; los niños de la posguerra teníamos desolación, cartillas de racionamiento y una inventiva abundante para fabricarnos juguetes con latas de sardinas, botones y chapas de gaseosa.

Tras los bombardeos de 1936, se decidió la construcción de los refugios necesarios, para garantizar la seguridad de la población civil. En la memoria correspondiente a julio de 1938, la Junta Local de Defensa Pasiva, constituida en el mismo mes del año anterior, se detalla: «El número de refugios construidos actualmente es de cincuenta y cinco, y el número de personas que pueden cobijarse en los mismos se eleva a treinta y ocho mil ciento cuarenta. En siete de estos se están realizando obras de ampliación que permitan aumentar su capacidad en dos mil cuatrocientas plazas. El plan general de refugios que tiene aprobado esta junta local proyecta construir treinta y siete más (...)».

Había también otros sitios donde ampararse de las incursiones de los aviones enemigos, generalmente italianos y procedentes de las Baleares: refugios particulares e institucionales, Ayuntamiento, Diputación Provincial, Casa de Socorro, Mercado Central, fábrica de tabacos.

El Teatro Principal, y así nos lo contó Pablo Portes, tenía su sirena de alarma y la confianza de muchas gentes, en especial, de las vinculadas al espectáculo. Y a «León» un perro «grande, negro, con el pelo largo y ensortijado» y un instinto finísimo. De modo que cuando metía el rabo entre los cuartos traseros y se iba sigilosamente para el patio de butacas, no fallaba: las bombas estaban al caer. A «León» un mal día que andaba por el bar «Cocodrilo», ni su instinto lo salvó. Y aunque echó a correr hacia el teatro, la metralla, más rápida que sus patas, lo deshizo.

A muchos niños de la posguerra nos hubiera gustado conocer a «León». Claro que había otros muchos perros vagabundos que los laceros atrapaban y los conducían a lugares tenebrosos, como si también fueran republicanos.

Cuando Ángel Company Sevila fue elegido presidente del Consejo Municipal confesó que no entendía nada de política, como ya había advertido en diversas ocasiones. «No soy el más adecuado para desempeñar este cargo. Mi formación la he recibido en las calles y en los patios de las cárceles». Aquella presidencia o Alcaldía le llegó de manos de Izquierda Republicana.

Cuando en la sesión municipal del ocho de septiembre de 1938, Santiago Martí Hernández, dimitido poco antes, recordó que había que proceder a la elección y que a la Izquierda Republicana le correspondía proponer candidato, se armó una buena. Su portavoz, Llaneras, pidió un plazo breve para designar a quien consideraran más idóneo. Pero el plazo suponía una interinidad que debilitaba las actuaciones del Consejo Municipal (Ayuntamiento), lo que no parecía ni oportuno ni prudente. Por eso, afirmó que «dado el trance en que el Partido Socialista nos coloca, que se encargue la FAI y que el nombramiento recaiga a favor del compañero Company».

Tras unos momentos de reflexión, se procedió a emitir los votos. Y el subsiguiente escrutinio arrojó los siguientes resultados: Ángel Company Sevila, once; Santiago Martí Hernández, siete; y dos en blanco.

Intervinieron a continuación los consejeros (o concejales) Monedero, por la minoría comunista; Domenech, por la socialista; Millá, por la UGT. En definitiva, tanto los que habían votado a Company como los que no, depositaron su confianza en el nuevo presidente y le ofrecieron su ayuda. Domenech manifestó: «El antifascismo y el amor al pueblo de los consejeros alcanza tales proporciones que sabemos que cualquiera de ellos al frente de la corporación, puede realizar una labor excelente».

Luego, les tocó decidir, también por sufragio, quién iba a presidir la consejería local de abastos, uno de los puestos clave. Los socialistas propusieron a Isaac Nogués y los cenetistas, a Manuel-Durán. No hubo muchas dudas; Durán salió por diecisiete votos, frente a los dos de su oponente y una papeleta en blanco.

Al nuevo presidente del municipio le iba a tocar enfrentarse con dos de los bombardeos aéreos más singulares de nuestra reciente historia: el sangriento del Mercado Central y el psicológico de los panecillos, de los que oportunamente daremos cuenta. Tenemos constancia de que aún hay muchas personas que sufrieron el primero y se asombraron con el segundo.

Justamente, hoy, «La Gatera» cumple un año. Se inició con el propósito de recuperar aspectos poco o nada conocidos de la historia de nuestra ciudad: efemérides, anécdotas y episodios olvidados o ignorados. Y ni un solo día ha faltado a su cita. Nos satisface, y lo decimos sin rubor y sin presunción, el interés que, ya en sus orígenes, despertó entre muchos lectores. El interés y la participación. Sabemos, porque así nos lo han dicho, que bastantes de ellos recortan sistemáticamente la columna y la guardan. Y sabemos también qué numerosos alicantinos se han implicado en esta cotidiana tarea. Lo demuestra un epistolario considerable y un más que considerable afán de colaboración. Son frecuentes las conversaciones telefónicas o personales, con objeto de puntualizar una información determinada, de constatar un dato, de ofrecer un punto de vista inédito. Ha habido y hay mucha generosidad por parte de cuantos se dirigen a nosotros; bien, para confiarnos su testimonio, bien, para hacernos depositarios de viejos papeles y documentos de imparable valor. Por eso dejamos aquí públicamente el reconocimiento de una deuda de gratitud a cuantos nos animan en tan grato y fascinante trabajo. Sin duda, esta columna se hace, día a día, con el concurso desinteresado e ilusionado de muchos conciudadanos. Contadas, pero ha habido también algunas críticas que igualmente agradecemos, porque se han producido de forma respetuosa y siempre al dictado de las más rectas intenciones. Y luego, las sugerencias subjetivas que procuramos recoger, cuando resultan oportunas y pertinentes, y se compadecen con los propósitos que informan nuestra cotidiana comparecencia, en las páginas de INFORMACIÓN, el periódico que alentó, sin cortapisas, esta iniciativa.

Por lo que a nosotros respecta, hemos procedido con el mayor rigor e imparcialidad, documentando adecuadamente cuantas cuestiones abordamos, consultándolas y contratándolas hasta donde nos ha sido posible. Y eso sí, dándoles, o procurándolo, tanta más agilidad y amenidad cuanta mayor o más ostensible era la aridez del tema tratado. Créannos. Hemos manejado miles de documentos, una copiosa bibliografía y una apasionante hemeroteca, para levantar toda esta columnata que precisamente se comenzó hace, hoy, un año. Casi cinco centenares de folios mecanografiados, con la crónica de nuestro más próximo o remoto pasado, se han metido por la gatera que abrimos en aquel entonces.

Fue fugaz y sorprendente. Imagínense. Una ciudad como la nuestra, ya con muchos y fatales ataques aéreos a sus espaldas, con una nutrida nómina de víctimas mortales y de edificios civiles destruidos, que de pronto se ve envuelta en una nube de panecillos que bajan del cielo, entre el rumor sordo y siniestro de los temibles trimotores. Pero, ¿qué pasa aquí? Estupor y desconfianza, como primera reacción. Contemplan aquel pan blanco y deseable con recelo. Puede estar envenenado, puede ser toda una sucia artimaña. Finalmente, algunos lo prueban y no, no pasa nada. Forma parte de una estrategia psicológica. Se trata de quebrantar los ánimos, de decirles cómo se vive en el otro bando, de desmoralizar a la población.

El seis de octubre de 1938, José Muñoz, comisario jefe de los servicios de vigilancia, levanta el parte que textualmente dice: «A las diez cuarenta y cinco horas del día de hoy, varios aparatos han volado sobre esta ciudad, no habiendo arrojado bomba alguna, pero según noticias han arrojado desde dichos aparatos varios panecillos».

No mucho después, en la sesión ordinaria que celebra el consejo municipal o Ayuntamiento pleno, García Pino manifiesta: «Hoy en la visita que nos ha hecho la aviación facciosa, en vez de soltar, como de costumbre, las bombas, han arrojado unos cuantos panecillos y unas proclamas.

Nosotros, minoría comunista, de acuerdo con las demás minorías, si lo estiman conveniente, creemos que se debe salir al paso (...) Creemos que a nosotros nos compete no levantar la moral del pueblo, que no hace falta, pero sí que el consejo municipal haga oír su voz a través de la radio, haciendo historia de todo lo que significa para el pueblo la reacción y el fascismo».

La propuesta la reciben los restantes partidos y sindicatos que integran el Consejo favorablemente. El socialista Santiago Martí, hasta poco antes alcalde, opina que deben dirigirse para recordarles todo cuanto «los traidores y renegados facciosos han realizado sobre Alicante». El comunista Millá, en nombre de la UGT, se muestra de total acuerdo y afirma que ese pan «está hecho con el trigo robado a la España leal o producido a base de salarios muy bajos».

En principio, se delega en el propio Rafael Millá, para que pronuncie una alocución. Pero la minoría comunista aboga por Marina Olcina «porque tiene facilidad de palabra y porque al ser mujer desmienta la hipótesis de que entre ellas merece favor el gesto de los facciosos». Marina Olcina, nuestra entrañable amiga, activista del PC, habló, con la firmeza y lucidez de siempre.

La situación se pudría por momentos, aunque algunos, con más arrojo que estrategia, aún confiaban. Pero aquel mes de marzo de 1939 iba a cerrarse con el naufragio de la Segunda República española, en el Puerto de Alicante. De un Alicante que vivió la angustia y la zozobra con intensidad y desesperación.

Después de muchas vicisitudes, Ángel Company Sevila presentó la dimisión de su cargo de presidente del Consejo Municipal. En sesión extraordinaria del día 21, Manuel Rodríguez, gobernador civil de la provincia, desde hacía dos semanas, comunicó, por escrito, que aceptaba la renuncia de Company y convocaba aquella sesión con objeto de nombrar a quien ocupara la Alcaldía. No hubo demora alguna. Se produjo una primera votación que dio siete síes al candidato sindicalista Ramón Hernández Fuster y cuatro papeletas en blanco.

Unos resultados insuficientes, según manifestó el secretario de la corporación, en virtud del artículo cincuenta y uno de la entonces vigente ley municipal. Había, pues, que repetirla. La llegada, en aquel momento, del consejero o concejal Rafael Pagán Navarro resolvió el asunto. La urna, esta vez, fueron ocho los votos favorables al candidato, con lo cual quedó proclamado alcalde.

Rafael Ibáñez Llobregat que presidía con carácter provisional la sesión, le cedió el puesto. Y Hernández Fuster habló. Dio las gracias a las minorías -la comunista ya no estaba en el Consejo Municipal- por su «elevación a tan honroso cargo que nunca había pensado ocupar, pero en el que pondría toda su voluntad y esfuerzo al servicio del pueblo alicantino y de la corporación municipal».

Fue un acto fugaz. Ninguno de los consejeros presentes hicieron uso de la palabra y se levantó la sesión una hora y diez minutos después de su iniciación.

Hernández Fuster sólo presidió el pleno ordinario del 23 del citado mes. Apenas si tuvo tiempo ni ocasión. Una semana más tarde, el 30, se reunió el Ayuntamiento para constituir la Comisión Gestora que había de presidir Ambrosio Luciáñez Riesco, en una sesión de la que ya dejamos constancia en esta misma columna. La ciudad ya estaba en manos de las fuerzas del general Franco.

En la última década del pasado siglo, Pablo Iglesias, visitó en varias ocasiones Alicante. A consecuencia de tales visitas se crearon las agrupaciones de la capital, de Elche, de Crevillente. El PSOE en las legislativas de ya hace un siglo, y en las anteriores y posteriores, no levantó cabeza. El caciquismo imperante y bien arraigado era omnipresente y todopoderoso. En 1895, y de acuerdo con Francisco Moreno Sáez, en su «Las luchas sociales en la provincia de Alicante (1890-1931)», el PSOE presentó un candidato por Alicante (para las elecciones municipales), por el distrito de San Antón, de población obrera -probablemente, Carratalá Ramos, que presidía la agrupación local- y, aunque no fue elegido, el programa municipal del partido se publicó en la Prensa y los sectores integristas se alarmaron ante esa amenaza «para el porvenir».

Con el nuevo siglo, llegó al instituto de nuestro ciudad, procedente de Orense, el catedrático José Verdes Montenegro que cumplió un relevante papel en el socialismo alicantino. Tras los sombríos acontecimientos de la Semana Trágica, se puso en pie la conjunción republicano-socialista. No mucho después, en las elecciones municipales del doce de diciembre de 1909, Monserrate Valero, del PSOE conseguía una concejalía de nuestro Ayuntamiento, por el distrito de San Antón, por el cual también fue elegido el canalejista Francisco Pérez. En aquellos comicios, y para cubrir los dieciocho escaños, salieron nueve del partido de Canalejas, entre ellos, Alfonso Rojas y Federico Soto; siete republicanos, como Román Bono, Antonio Rico y Guardiola Ortiz; y un socialista, Monserrate Valero. Sin embargo, Verdes Montenegro que ocupaba el cuarto lugar por el distrito del Ensanche no obtuvo los suficientes sufragios. Cuando el primer socialista que formó parte del Ayuntamiento alicantino abandonó su partido, hubo críticas por cuanto no se había apoyado lo suficiente al profesor de Ética, Verdes Montenegro.

En cualquier caso, los conservadores fueron los grandes derrotados. «El Correo», (14.12.1909) comentaba: «Es decir que el partido conservador, con pena lo decimos, por falta de organización, de unidad de miras y de jefatura, no ha sacado triunfante a ningún candidato en esta contienda electoral». También destacaba que «por primera vez, han luchado los republicanos junto a elementos socialistas». Era, por entonces alcalde, Luis Pérez Bueno.

Que no. Que nadie se nos mosquee. Que cuando escribimos esta columna todavía no se ha jugado el esperado partido en Elche. Que la suspicacia se esfume. Que no pronosticamos nada. Que simplemente nos limitamos a recordar un encuentro histórico. Un encuentro de hace ya cerca de sesenta y un años. Un encuentro entre el Hércules F. C. y el Madrid F. C. Así, un Madrid a secas, sin el Real por delante, quizá porque corría el almanaque republicano.

Fue el dieciocho de septiembre de 1932, con motivo de la inauguración del «gran Stadium que construyó el señor Bardín, en una travesía de la carretera de Ocaña, junto al cuartel del regimiento número cuatro». Y a tan señalado acontecimiento acudieron, según los periódicos de entonces, nada más ni nada menos que nueve mil alicantinos. Figúrense cómo tiraba ya la afición por aquellos tiempos. En la fachada del estadio que llevaría el nombre de Renato Bardín, ondeaban las banderas alicantinas, española y francesa, cuando llegó el alcalde Lorenzo Carbonell y cortó la cinta inaugural. Luego, y lo contamos en otra ocasión, Lolita Bardín efectuó el saque de honor. Para los nostálgicos del balompié, repetimos las alineaciones, los «teams» que se decía en inglés. Por el Madrid: Zamora, Ciriaco, Quincoces, Regueiro, Valle, Ordóñez, Lazcano, Luis Regueiro, Bestit, Hilario y Guruchaga. Por el Hércules: Jover, Torregrosa, Maciá II, Tarrasa, Gamir, Páez, Ramón, Nieto, Gorgé, Aracil y Maciá I. Y qué emoción, cuando el árbitro de tan espectacular encuentro le pegó al silbato. Se llamaba García Calvo, ¿les suena?, y le anuló un gol al Madrid, porque consideró que Hilario estaba fuera de juego. Pero fue inútil. A los veintisiete minutos del segundo tiempo, Regueiro le encajaba un tanto a Jover. Hervía el recién inaugurado campo de fútbol. Y aún se confiaba, cuando menos, en un empate. Pero ya saben lo que pasa: en el último minuto, Guruchaga centró y Bestit remató sin concesiones. Con un cero a dos, en el marcador, concluyó aquella jornada deportiva y singular.

Ojo. Mucho ojo con el voto, que pueden darle una sorpresa. Hace años, había algunas listas «que estaban circulando con una serie de hombres de la izquierda, propagadas por la derecha; en la misma lista aparecían candidatos independientes, radicales y algún izquierdista. La finalidad era sembrar cierta confusión en el electorado», afirma Mariano García Andreu, en «Alicante a las elecciones republicanas, 1931-1936». En el mismo sentido, se pronunciaban algunos periódicos de la época, alertando así de posibles manipulaciones. Ahora, no. Ahora las candidaturas resultan como carcelarias, las del congreso están bien cerradas y mejor bloqueadas.

Ejemplo de todo esto, una papeleta que dice: candidatura para diputados a Cortes constituyentes (28 de junio de 1931) y en la que aparecen los nombres de Rodolfo Llopis, Carlos Esplá Rizo, José Martínez Ruiz (Azorín), Ángel Pascual Devesa, Germán Bernácer Tormo, Óscar Esplá Triay, José Pérez García-Furió, Francisco Figueras Pacheco, Juan Botella Asensi, Julio María López Orozco y Romualdo Rodríguez de Vera. Es decir, algunos de la candidatura de la izquierda republicana y socialista, y otros de la agrupación al servicio de la República, Figueras Pacheco, Óscar Esplá, entre otros.

El único que, en principio, figuraba ciertamente en ambas listas era el maestro Azorín. Pero Azorín declinó su participación en el gran mitin que tuvo lugar en la Plaza de Toros, el 20 de aquel mes, y en el que intervinieron, «ante doce mil personas», Rodolfo Llopis, Juan Botella Asensi, Julio María López Orozco, etc. Sin embargo, el magnífico escritor sí intervino, cinco días después de la fecha indicada, en el Teatro de Verano, en un acto de la mencionada agrupación y en el que también se leyeron unas cuartillas de Ortega y Gasset.

A pesar de las artimañas, la izquierda republicana y socialista obtendría más del setenta y dos por ciento de los sufragios, en tanto que los intelectuales que integraban la candidatura de la agrupación al servicio de la República se iban a pique.

Estos son los votos que sacaron algunos de ellos: Germán Bernácer, 1.591; Azorín, 995; Figueras Pacheco, 795; Óscar Esplá, 224, frente a los más de doce mil que se llevaron tanto el republicano Carlos Esplá como el socialista Rodolfo Llopis.

En marzo de 1929, la corporación municipal acordó conceder la medalla de oro de la ciudad al periodista Florentino de Elizaicin y España. Había sido presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante y fundador, entre otras publicaciones, del periódico «El Correo», y meses más tarde, ya lo hemos reflejado aquí, ocuparía nuestra Alcaldía. Un año antes, había fallecido su mujer, Elia Orts y Monllor.

Cuando alcanzó la presidencia del Ayuntamiento no era ciertamente un recién llegado a las tareas del municipio. Ya en 1885, apenas un joven de veinticinco años, fue elegido concejal y nombrado teniente de alcalde, por el entonces titular de la Alcaldía Julián Ugarte y Palomares. Florentino de Elizaicin se distinguió, en todo momento, por su entrega a la ciudad, desde los diversos cargos y responsabilidades que a lo largo de su vida desarrolló.

Curiosamente sufrió un proceso militar, estando al frente del Ayuntamiento. Lo empapeló el general Cano Ortega. Y todo porque autorizó la salida de unas banderas republicanas, para determinados actos de carácter conmemorativo. El gobernador militar entendió que, con su actitud infringía la legislación castrense y le montó un número.

Sin embargo, no se amilanó el combativo periodista ni el alcalde conocedor de los sentimientos y tradiciones de sus paisanos. Aquel que, sin temblarle la voz, dijo en la plaza de Joaquín Dicenta (hoy plaza del Mar): «Alicantinos, en el año 1844, fueron vilmente asesinados, por la espalda, aunque ellos quisieron dar la cara, veinticuatro ciudadanos que no cometieron otro delito más que ser amantes del progreso y de las libertades de la patria. El Ayuntamiento que me honro en presidir viene a depositar esta corona de flores. Las flores se marchitan, pero en el corazón de los alicantinos perdurará el recuerdo de aquellos héroes». Se refería naturalmente a los mártires de la libertad.

Y agregó Florentino de Elizaicin y España: «Este bastón que ostento en la diestra perteneció a mi abuelo que fue también alcalde de Alicante y que, por fortuna no fue salpicado por la sangre en aquella ocasión. Disfrazado de marinero y acompañado de mi madre, pudo escapar de la persecución, en un velero, hasta Marsella».

En verdad que los alicantinos de la ciudad y de la huerta andaban satisfechos con las obras de recrecimiento del pantano de Tibi, que el ministro de Agricultura, Rafael Gasset, alentó en su política de regeneración de la agricultura española. A él se debe el decreto de 28 de agosto de 1900 «que puso a la firma de la reina regente». El mismo ministro inauguraría la ampliación del pantano, a primeros de octubre del citado año.

Días más tarde, el alcalde de Alicante, Alfonso de Sandoval, barón de Petrés, presentó una moción, en sesión plenaria, de cinco de aquel mes, proponiendo que se le concediera el galardón más alto: el de Hijo Adoptivo de Alicante. No hubo discusión alguna.

Los diez ediles asistentes, Martínez Blanquer, Alberola, Guardiola Ortiz, Rubert, entre ellos, fueron unánimes en su decisión positiva.

Además, el señor Gasset se manifestó dispuesto a favorecer a nuestros conciudadanos «en la importantísima cuestión del puerto tan suspirado por nuestro comercio y que gracias al mismo ha entrado en vías de resolución con la constitución de la Junta de Obras».

Un mes o casi más tarde, el teniente de alcalde Zoilo Martínez Blanquer que presidía provisionalmente la corporación municipal dio cuenta del escrito de agradecimiento que el ministro Rafael Gasset y Chinchilla, dirigió al Ayuntamiento y en el que afirmaba que «en adelante como hasta aquí, seguiré prestando mi humilde ayuda a cuantos sus intereses legítimos puedan necesitar».

Por cierto que, unos meses antes, el concejal Rubert advirtió de la estancia en nuestra ciudad de Teobaldo Blanch y propuso que una comisión lo visitara en prueba de consideración y afecto.

El señor Blanch, según el mencionado edil, no era otro que el jefe de tráfico de los ferrocarriles de Madrid-Zaragoza-Alicante y «el verdadero fundador de los trenes llamados botijos», ¿los recuerdan, claro? Aquellos vagones cargados de madrileños y con muchas horas de traqueteo por delante, que se popularizaron en las dos últimas décadas del pasado siglo y que fueron pioneros de unos veraneantes, que querían tomarse unos baños en los ya desaparecidos balnearios del Postiguet o del paseo de Gómiz, mejor.

Pues miren, fue el teniente de alcalde Fernández Grau quien en 1902, propuso que se estrechasen las más cordiales relaciones entre los ayuntamientos de Valencia y Alicante. Para lo cual solicitó que se tomara el acuerdo de invitar a una comisión de la corporación valenciana con objeto de que visitara Alicante. También es verdad que no hubo tal acuerdo. Otro edil, Ugarte, opinó que la mencionada invitación se debía de formular cuando se presentara una oportunidad relevante. En fin, el asunto no prosperó.

Y todo porque con motivo del cuarto centenario de la Universidad valentina, acudió una representación municipal de nuestra ciudad presidida por el ya citado Fernández Grau y por el republicano Guardiola Ortiz. Ambos regresaron muy satisfechos de las atenciones recibidas. Fernández Grau manifestó literalmente «las altas distinciones de que fue objeto por parte del Ayuntamiento de la ciudad del Cid, que han excedido a toda ponderación, por lo que entiende que el de Alicante debe mostrarse noblemente reconocido».

En un banquete, al que asistieron todas las comisiones o delegaciones oficiales, Eduardo Vincenti, teniente de alcalde de Madrid, abogó por la autonomía municipal y propuso que se llevara a efecto una asamblea de todos los ayuntamientos españoles, para debatir tan interesante cuestión. Por supuesto Guardiola Ortiz, se manifestó totalmente de acuerdo con la propuesta.

De ahí que la comisión alicantina, en la que estaba incluido Martínez Torrejón, aunque no puedo acudir a su regreso de Valencia y en sesión plenaria de siete de noviembre del ya referido año, hizo una propuesta de tres puntos. El primero, un mensaje de gratitud por las atenciones que les dispensaron. El segundo, la aludida invitación al Consistorio valenciano, que se soslayó. Y el tercero «que el alcalde o concejal que éste designe concurra a la asamblea de ayuntamientos de que antes se ha hecho mención cuando ésta sea convocada».

Ya lo hemos dicho, Ugarte intervino como se ha contado y agregó además que si la comisión se había enterado de ciertas declaraciones que un maestro alicantino había hecho en la asamblea pedagógica de Valencia molestas para el Ayuntamiento. Inmediatamente, el alcalde, José Gadea, se apresuró a aclarar que el profesor al que se refería el concejal, ya lo había visitado ofreciéndole explicaciones satisfactorias del todo.

Sí quedó recogida la aprobación de asistir a la asamblea de ayuntamientos de toda España. Quizá era el germen de la actual Federación de Municipios y Provincias.

El deán Vicente Bendicho se anota el tanto de ser el primer historiador de Alicante. Sin embargo, su obra desde que se concluyera en 1640, y los capítulos finales en 1667 probablemente debidos a su hermano Jaime, no se publicó en su totalidad hasta 1991, en edición de María Luisa Cabanes Catalá, con una introducción de Cayetano Mas Galvañ y cuando aún era alcalde José Luis Lassaletta Cano.

La «Chronica de la Muy Ilustre, Noble y Leal Ciudad de Alicante», es, sin duda, una de las fuentes de conocimiento más importantes, junto con «Ilice ilustrada o Historia de la Muy Noble, Leal y Fidelísima ciudad de Alicante», de los jesuitas Juan Bautista Maltés y Lorenzo López, terminada en 1752 y editada, con un estudio previo del ya citado Cayetano Mas, en 1991; y la más divulgada de todas «Crónica de la Muy Ilustre y Siempre Fiel ciudad de Alicante», de Rafael Viravens Pastor que vio la luz en 1876 y que posteriormente se publicaría en edición facsímil por Agatángelo Soler Llorca, en 1976, año de su primer centenario, y en 1989 por nuestro Ayuntamiento.

En 1901, y encontrándose al frente de la Alcaldía José Gadea Pro, expuso, en el curso de un pleno, la necesidad de que «los pueblos y ciudades conozcan su historia particular relacionada con la general de la nación. La ciudad de Alicante no es afortunadamente de la que menos hechos gloriosos e importantes acontecimientos registran en su historia, aunque no sean muchos los hombres sabios o ciudadanos que se hayan dedicado a recopilar en crónicas o tratados especiales; pero no puede tacharse a su Ayuntamiento de olvido de cosa tan principal y de elemento tan importante de cultura local. Los concejales saben que durante muchos años incluyó la corporación en sus presupuestos consignación para el sueldo de un cronista que como fruto de sus afanes y desvelos dio a la estampa la "Crónica de Alicante", digna compañera de la del gran Bendicho (...) que aun inédita es una de las más preciadas joyas que avaloran el archivo municipal».

Seguidamente, el alcalde, doctor Gadea, propuso la reimpresión de la obra de Viravens, por cuanto sólo quedaba un ejemplar de la misma en la biblioteca del municipio, y solicitó autorización para que la de Vicente Bendicho se publicara en el Boletín Municipal, para evitar así que «pudiera perderse por los estragos del tiempo». Hoy ya están a salvo las tres.

A Manuel Prytz y Antonie, el Ayuntamiento republicano presidido por Lorenzo Carbonell y de forma unánime, le concedió la medalla de oro de la ciudad. Corría el año 1932.

Manuel Prytz disponía de una hermosa finca de recreo, en la partida de Beniali del término municipal de San Juan, y decidió hacer donación de la misma al Consistorio alicantino, para residencia de los presidentes de la República y de otras personalidades que visitaran nuestra ciudad. Un espléndido regalo que no mucho después pasaría al patrimonio provincial.

El presidente de la Diputación, Agustín Mora, el tres de mayo de 1933 dirigió una instancia al ministro de Gobernación que propiciaría una permuta con el Ayuntamiento: la dicha finca a cambio del antiguo hospital provincial, según acuerdo del veinte de agosto del mismo año. La Diputación adquirió además, en los alrededores de «Buena Vista», una superficie de treinta y seis mil metros cuadrados. Para muchos la tal permuta supuso la desaparición tanto de la repetida propiedad de Prytz como del viejo hospital de San Juan de Dios. Y tuvo consecuencias que, en su momento, documentaremos.

En el cabildo de veintitrés de marzo de 1934, consta que «han quedado inscritos en el correspondiente del sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante, el derecho a favor del Ayuntamiento de diecisiete minutos de agua para riego del Pantano Nacional de Tibi, correspondiente a la finca de recreo denominada «Bella Vista» (...) actualmente propiedad del municipio a virtud de donación del mismo hecha por don Manuel Prytz y Antonie (...) ante el notario de la localidad don Francisco Bádenas Soler».

Manuel Prytz, del que tantas anécdotas y noticias nos facilita la Prensa de aquellos años, era hijo de Hugo Prytz Carter, natural de Gotemburgo, y de Luisa Antonie Larrea, nacida en nuestra ciudad.

Hugo Prytz y Guillermo Campos Carreras pusieron en pie, a finales de 1890, una empresa de electricidad, aunque sus principales actividades se concretaban en el comercio de almendras.

Los Prytz tenían su domicilio en la calle de San Fernando. Con algo de saga escandinava.

Tal día como hoy, pero de hace cincuenta y cinco años, era miércoles. Y aquel fatídico miércoles, sobre las once de la mañana comenzó el más cruento bombardeo aéreo sobre la población civil de nuestra ciudad. En el mercado central de abastos, las mujeres iban a la desesperada para conseguir provisiones. Ninguna sospechó, entre prisas y gritos, la tragedia que iba a sobrevenir, de un momento a otro.

Fueron nueve aviones, posiblemente «Savoia», los que dejaron caer unas noventa bombas sobre aquel objetivo inerme. Algunos testimonios que hemos recogido, afirman que también se produjeron ametrallamientos. No mucho después, la ciudad era un caos. Y las escenas que se sucedieron, dantescas. Omitimos descripciones ciertamente de escalofrío. El dramaturgo Lauro Olmo escribió en su articulo titulado «Los niños de la guerra» («República de las Letras», mayo de 1986): «Un veinticinco de mayo, al mediodía, hora de máxima concurrencia, los italianos bombardearon la plaza central del mercado de Alicante. Fue una verdadera masacre. Yo no andaba lejos, dejándome lo ocurrido un recuerdo imborrable».

Sin embargo, es difícil establecer el número de víctimas mortales con el que se saldó aquella brutal agresión. Así, «Avance» órgano oficial de los socialistas alicantinos, en su número 158, afirma: «Doscientos cincuenta muertos, en su mayoría mujeres y niños, nos ha causado la aviación italo-germana en su última incursión sobre Alicante». El diario «Liberación», de la CNT, baraja la misma cifra. La comisión británica, enviada por el gobierno conservador de Chamberlain, tras constatar casos concretos de «agresiones deliberadas contra la población civil», contabiliza 236 muertes. Por otra parte, el alcalde o presidente del consejo municipal, Santiago Martí Hernández manifestó, al día siguiente, que había habido centenares de víctimas; y meses después, ya con más datos, en sesión del 4 de agosto del mismo año, dijo que hubo 300 muertos.

El cuerpo consular extranjero acreditado en Alicante, dirigió una nota al gobernador, Jesús Monzón, manifestándole el pésame. En un párrafo, se dice: «El hecho de que desgraciadamente el ataque haya sido recibido en el casco céntrico de la población, alejado de objetivos militares y que por ello las numerosas víctimas producidas pertenecen al elemento civil, hará más hondo el dolor de V. E. (...)».

Veinticinco de mayo de 1938: una fecha que permanece punzante y cruelmente grabada en la memoria de nuestra ciudad.

La que se montó, cuándo Herman Galesloot solicitó autorización para efectuar el cambio de tracción animal a tracción a vapor, por la línea del tranvía urbano. Galesloot era el administrador delegado de la compañía belga Tranvías y Ferrocarriles de España y alegó, en su solicitud, que tan sólo se trataba de un ensayo y que necesitaba quince días para que tanto el Ayuntamiento como el vecindario pudieran percatarse de que era menos perjudicial la referida tracción a vapor que la de sangre.

Entre sus argumentos figuraban que, con la nueva fuerza motriz, se evitaban las paradas y los relevos de las bestias de tiro, por un lado; y por otro, que las máquinas de vapor estaban perfectamente dotadas de condensadores y comedores de humos, de manera que de ninguna forma despedirían carbonilla. Por otra parte, la velocidad de los vehículos sería aproximadamente la de un peatón, con la ventaja, además, de que iban provistos de potentes frenos para impedir cualquier peligro. Por si todo esto fuera poco, y con ánimo de soslayar molestias, en lugar del silbato de vapor, por el trayecto urbano, se utilizarían campanas y bocinas.

Tanta novedad, tantas prisas, tantos adelantos, requerían una seria reflexión por parte de los ediles, que tenían que concederle el correspondiente permiso, para realizar el ensayo. Vila advirtió que en ningún caso tal prueba, de autorizarla, prejuzgaba la concesión que, en su día, pudiera concederle el Ministerio, si bien tendrían todos una idea de las ventajas e inconvenientes que pudiera ofrecer el paso de locomotoras por las calles de la ciudad. Guardiola Ortiz dijo que con ocho días era suficiente para constatar los resultados de la experiencia. Experiencia que, por supuesto, debería ser inspeccionada por el arquitecto municipal, y presenciada por la comisión de ornato y por la policía urbana, sin que significara, en modo alguno, un avance de la opinión municipal el hecho de acceder a la autorización que pedía Herman Galesloot. Además, Guardiola Ortiz, dejó bien claro que previamente se pusiera en conocimiento de los ciudadanos, por medio de la publicidad. La corporación que presidía aquel diez de junio de 1904, el teniente de alcalde Luis Pérez Bueno, en ausencia del titular Alfonso de Rojas, accedió a la solicitud, con las condiciones apuntadas.

El dos de julio del mismo año, la comisión de ornato informó: «(...) La importancia del proyecto y sus consecuencias exigen el mayor celo en la resolución del asunto. Pero para no incurrir en demora, por ahora, la concesión del tranvía a vapor debe permitirse solamente hasta la plaza del Teatro (se solicitaba hasta la calle de Bilbao), pero recomendando a la empresa que las máquinas que lo recorran arranquen del paso a nivel de la calle Sevilla y no de la plaza Santa Teresa». Luego, llegarían problemas de protestas.

El alcalde José Gadea Pro anunció oficialmente el fallecimiento de Rafael Terol, el 15 de enero de 1902. Dijo, de quien había sido diputado tres veces consecutivas, por nuestra circunscripción, que era «una personalidad cuyos prestigios y amor a Alicante estaban únicamente reconocidos». A renglón seguido, el doctor Gadea presentó una moción que firmaban también los ediles Fernández Grau, Ramón Guillén, José Alamo, Manuel Escolano, Campos, Pastor Charques, Francisco Pérez, Antonio Mandado, Visconti, Miguel Mas, Francisco Orts y Clemente Ayala. Rafael Terol había muerto dos días antes.

En dicha moción se manifestaba que «el Ayuntamiento de Alicante que representa por la ley, y por lo que es más fuerte que la ley, por la voluntad libre del cuerpo electoral, al pueblo, nunca ha permanecido indiferente ante las manifestaciones del sentimiento público por la pérdida de un alicantino ilustre. Maisonnave, el gran Eleuterio Maisonnave, mereció de la corporación municipal acuerdos que, si no estaban en relación con su importancia, demostraban el agradecimiento de su ciudad querida. Rafael Terol Maluenda debe también obtenerlos (...)». Finalmente, se proponía que «una calle de la población que indique una comisión de señores concejales designados al efecto, lleve, en lo sucesivo, el nombre de Rafael Terol esculpido en dos lápidas costeadas por los fondos municipales». La comisión, integrada por José Alamo, Guardiola Ortiz, José Porcel, Palazón y Nicolás Baeza decidió, poco después, que esa calle fuera la llamada, hasta entonces, Larga o de Babel. Larga porque era la de mayor longitud en el arrabal de San Francisco y posteriormente, de Babel porque conducía a la partida del mismo nombre.

Quemamos ya el último tramo de esta fulgurante y azacanada centuria y con la próxima, estrenamos también milenio: el 2001 es una cifra emblemática. ¿Cómo la recibirá Alicante? ¿Qué actos o celebraciones programará nuestro Ayuntamiento? ¿Quién ocupará la Alcaldía? En 1901, era titular Alfonso de Sandoval y Bassecourt, barón de Petrés, y no parece que a la cosa, municipalmente hablando, se le diera demasiada importancia.

El catorce de diciembre de 1900, el concejal Martínez Torrejón alertó al personal. Propuso que para la entrada del siglo XX, se dispusieran festividades civiles y religiosas. Abogó por la traída a la ciudad de «la divina reliquia de la Santa Faz», para lo cual debería procurarse un acuerdo con el cabildo colegial de San Nicolás. En cuanto a las manifestaciones de carácter profano, parecía oportuno que a las doce de la noche del día treinta y uno sonara la música. Además, recomendó acciones caritativas: comidas extraordinarias para los pobres de los asilos y los presos. Tampoco olvidó a los empleados municipales, el edil Antonio Martínez Torrejón, y pidió que a la plantilla, como reconocimiento a sus buenos servicios, se le diera una gratificación que «podía consistir en la tercera parte del sueldo a los que cobraran más de dos mil quinientas pesetas anuales, y la mitad, a los que cobraran menos, dándose también la paga mensual sin descuento a todos los demás que cobren del Ayuntamiento». La corporación acordó la propuesta.

A raíz de la misma, el alcalde decretó, el veintidós de aquel mismo mes, que «para cumplimentar el acuerdo tomado y de conformidad con los estatutos expedidos en 1636 y los reales de 1669, he tenido a bien nombrar a las comisiones que actuarán en la traslación de la Santa Faz a esta colegiata y restitución a su monasterio, a los señores concejales: don José Martínez Oriola, don Francisco Pérez García, don Francisco Orts, don Enrique Fernández Grau, don Ricardo Guillén Pedemonti, don Juan Rubert Orts, don José Poveda y don Juan Palazón Belda; a los síndicos señores don Francisco Alberola Cantarae y don Eugenio Botí Carbonell; y como secretario al de la corporación, don Ventura Arráez Pérez». Previamente, se pasó oficio al abad y cabildo de San Nicolás del traslado de la reliquia para que en «la noche del treinta y uno del corriente presida la entrada del nuevo siglo (...)». ¿Cómo entraremos en el XXI? ¿Con Felipe? ¿Con José María? Qué odisea, ya en vísperas.

El once de mayo de 1931, se desataron las furias. Diecinueve edificios religiosos ardieron aquel día con su noche: la residencia de los Jesuitas, el convento de las Monjas de la Sangre, el de las Capuchinas, el de las Oblatas, los colegios de los Salesianos, de los Franciscanos, de los Maristas, la iglesia de Benalúa, y así sucesivamente. Una explosión de anticlericalismo y un espectáculo lamentable que había comenzado, en Madrid, unas horas antes. De aquel episodio, aún poco esclarecido, Tuñón de Lara dice: «Desde luego, el aventurerismo de unos pocos sirvió de chispa al incendio (...)». El mismo historiador escribe: «En algunas provincias, la cólera popular, más lúcida, se descargó con mayor fuerza contra los periódicos representantes de la oligarquía: "La Verdad", en Murcia, "La Voz de Levante", en Alicante (...)».

En la madrugada del lunes, once, al martes, según el diario «El Luchador», el alcalde y el vigilante de Villafranqueza advirtieron «un rumor de colmena que los alarmó. Salieron a su encuentro sorprendiéndoles un grupo de unas treinta monjas y educandas de las Oblatas que presas de enorme pánico, buscaban refugio y llegaban con el temor de no ser recibidas bien, dado el falso concepto de hereje que siempre propagaron los cavernícolas católicos, con respecto a Villafranqueza».

Las religiosas fueron alojadas en una casa de El Palamó de manera sigilosa, en virtud del imperante clima de crispación. Posteriormente, se dio cuenta al gobernador y se llevaron a cabo gestiones tendentes a que «algunas de las familias de la capital que blasonan de catolicismo» se hicieran cargo de ellas, sin que tales gestiones resultaran fructíferas. Consecuentemente, el alcalde palamonero recurrió al vecindario y les expuso la situación. No hubo problemas. Monjas y jovencitas quedaron distribuidas entre todas las casas de los humildes trabajadores, dispuestos a compartir su corta ración con ellas, hasta que sus familiares las recogieran. «Este acto de hospitalidad, esta verdadera profesión de caridad cristiana, la brindamos como ejemplo a los que llevados de su cerril intransigencia, a los que alardeando de una religiosidad que no sienten, menospreciaron y escarnecieron siempre a los bondadosos ciudadanos del primer pueblo republicano de la provincia». La historia no tiene desperdicio: el llamado pueblo de los herejes ofreció una hermosa lección de solidaridad y de civismo.

Un periódico describía a El Palamó como un pueblo -entonces, lo era aún- escaso en monumentos históricos, pero de copioso ideario en materia de libertades políticas y religiosas.

En un marco tan propio a la tolerancia, nació María Antonia Ripoll, la que, andando el tiempo, daría a luz al gran tribuno Emilio Castelar. Por tan conocido, poco ya podemos decir de quien asumiría la presidencia de la Primera República, después de un exilio de dos años, en Francia. Antes, a últimos de febrero de 1873, Castelar, al frente de la cartera de Estado, consiguió abolir la esclavitud en Puerto Rico. Aunque nacido en Cádiz, sus vínculos con Elda y Villafranqueza son inapelables.

Haciendo honor a sus orígenes «palamoneros», Emilio Castelar dijo: «Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de Amadeo de Saboya, la monarquía democrática. Nadie ha acabado con ella. Nadie trae la República. La traen todas las circunstancias. La trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la historia». Flamante oratoria que, sin embargo, el tiempo y las peripecias se encargarían de pulverizar.

En El Palamó, en su pequeño cementerio, hubo una cripta destinada a los protestantes. Con objeto de atender las necesidades y cuidados de aquel recinto funerario, Francisco Albricias que fundó la Escuela Modelo, recibió en 1910, una considerable ayuda económica de otro ilustre palamonero, José Morote. Morote entregó la nada despreciable cantidad de diez mil pesetas al mencionado pastor protestante, con ánimo de paliar la carencia de medios que padecía Albricias, para atender tan urgentes servicios.

Precisamente, en la Escuela Modelo daría clase José Torregrosa «que fue durante tantos años director de la banda de música de Villafranqueza y que tanto honró a nuestra provincia». Mucho hemos escrito, en esta columna y en otros espacios, sobre El Palamó. Y probablemente, todavía escribiremos más. De lo suyo; y tampoco ocultamos una cierta inclinación por las cuestiones de nuestro, ahora, barrio. En particular, desde que constatamos documentalmente, el origen palamonero de algunos de nuestros próximos antepasados. Entiéndasenos: una debilidad acreditada por la crónica y por la sangre.

La juventud del compositor Luis Foglietti está cortada con el patrón de los folletines decimonónicos. Eso, al hilo de lo que escribió el tenor alicantino Ricardo Pastor, en el «Diario de la Marina», de La Habana, ciudad en la que residía y dirigía una academia de música y declamación. Curiosamente, el artículo sobre Foglietti se lo dedicó a un tercer alicantino: al también maestro Rafael Pastor.

En el citado artículo nos cuenta el suicidio del padre de Luis Foglietti Alberola, pocos meses antes de nacer éste, y su adolescencia llena de privaciones, de sacrificios, de estudios, hasta que se trasladó a Madrid, después de componer el pasodoble taurino «Lagartijillo» que le proporcionó cierta popularidad, especialmente entre los aficionados a los toros.

«Su vocación por la música -escribe Ricardo Pastor- se inició en nuestro autor desde muchacho; con una flautita de caña que él mismo se hizo, desparramaba entre sus jóvenes y admiradores oyentes las primeras melodías que iba aprendiendo de oído, de las músicas y organillos, en el vagar callejero (...)». Sin apenas posibilidades económicas, Foglietti aprendió por su cuenta solfeo y piano, gracias al que pudo adquirir su madre y que casualmente fue el mismo que tuvo que malvender, cuando su marido decidió quitarse la vida.

Con objeto de ganar algunos dineros, el joven y perseverante intérprete consiguió tocar «por las noches y en algunos cafés, polcas y mazurcas», y así pudo hacerse con algunos ahorros que le permitirían su desplazamiento a Madrid, cuando tenía algo más de veinte años. Gonzalo Vidal Tur nos dice de estas peripecias: «Muy joven, adolescente de quince años, obtuvo la plaza de pianista en el célebre establecimiento público de la "Cervecería de las Dos Naciones". Luego, a ésta, agregó la del "Café Suizo" y más tarde la del "Español"».

Y el tenor Pastor, en su mencionado artículo fechado el 6 de junio de 1918, poco después de su muerte a consecuencia de la epidemia de gripe afirmó: «Toda o casi toda la música que Foglietti compuso (exceptuando algunos ensayos o arreglos de operetas que hizo en sus últimos años) tenía su raigambre en el pueblo. En él se inspiraba». Luis Foglietti nació en nuestra ciudad, en 1877.

Es bastante más que el nombre de una calle.

Al principio, se llevó discretamente. Como siempre ocurre, con escaso fundamento, se pretendía evitar que cundiese la alarma. Pero fue inútil. Ya el veinticuatro de septiembre de 1918, «El Luchador» advirtió: «Creemos conveniente repetir que la enfermedad reinante es la gripe, con carácter epidémico que degenera frecuentemente en pulmonías».

Por si fuera poco, el cementerio católico de San Blas estaba saturado: «Se nos dice que no hay terreno para abrir una nueva fosa común (...) En momentos de epidemia más o menos importante la situación se hace intolerable». Tanto fue así que en octubre, el veinte, no hubo más remedio que proceder a la apertura de una parcela hábil para enterramientos, en el nuevo cementerio municipal. La situación se deterioraba velozmente. Unos días antes, el miércoles, nueve del mencionado mes, se divulgaba una noticia inquietante: escuelas y colegios quedaban clausurados para impedir la propagación de la voraz enfermedad. A principios de aquel octubre enfebrecido, el concejal y director del diario republicano «El Luchador», Juan Botella Pérez, escribía: «La mortalidad crece de manera alarmante, cada día. Y contra la gripe no hay ningún específico». A toda prisa, se tomaban medidas sanitarias y se difundían consejos higiénicos. Pero fue el martes, día catorce, cuando el Ayuntamiento se reunió con carácter extraordinario para afrontar la insoportable situación. Allí, con el alcalde, Antonio Bono Luque, y los ediles, se encontraba el gobernador civil, Caballero y Montes, y el doctor José Gadea Pro, inspector de Sanidad. «En Alicante ha adquirido la epidemia gripal proporciones alarmantísimas y lejos de disminuir en intensidad, el número de atacados ha ido en aumento, en estos últimos días. La estadística de defunciones demuestra que el exceso de mortalidad representa el quíntuplo de la normal», se afirmaba en la moción de la alcaldía, en la que se propuso el «saneamiento de todo el barrio llamado de Las Provincias y de la parte alta de las barriadas del Carmen y del Arrabal Roig», donde se hallaban, según los informes, los principales focos de infección.

En 1905, se conmemoró patrióticamente el tercer centenario de la publicación de «El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha». Alicante no faltó a la cita. Así, el cuatro de febrero de aquel año, una moción del alcalde Alfonso de Rojas, que fue aprobada, proponía que se llevaran a efecto diversos actos, para celebrar el acontecimiento.

La comisión de festividades se puso manos a la obra. En el pleno ordinario del veintinueve del siguiente mes de marzo, presentó ante la corporación todo un proyecto de celebraciones. «Que se invite a autoridades, entidades oficiales y artísticas a que asistan al ocho de mayo próximo, fecha de la efemérides que se conmemora, al descubrimiento de la lápida que perpetúe el recuerdo de ese día, la que se hallará emplazada a la plaza y calle llamada hoy de la Aduana y que a contar de esta fecha llevará el preclaro nombre del insigne escritor Miguel de Cervantes», (se trata de la callecita que va desde la plaza del Ayuntamiento a la del Mar, junto a los antiguos juzgados). Además de sugerir que se desplazara a Madrid una embajada municipal para participar en tan notable aniversario, los ediles organizadores de tales fastos propusieron también que, por la noche, se celebrara en la plaza de Alfonso XII (actualmente del Ayuntamiento) y «calle y plaza indicadas del escritor, una verbena popular» amenizada por una banda de música y el laureado «Orfeón Alicantino». Y por último, se decidió, a propuesta de los concejales Such Sierra, Mandado y Palazón, «que se iluminara el Palacio Consistorial, como en las grandes solemnidades».

El veintiséis de abril, muy prudentemente, el alcalde Rojas, previa declaración de urgencia, propuso que la lápida conmemorativa del tercer centenario de la publicación de «El Quijote», se colocase en un lugar apropiado de la fachada principal del Ayuntamiento «evitándose con esto los riesgos de cambios que dicha lápida podría tener colocada en casa particular, sin perjuicio de las lápidas que se pongan en la calle de la Aduana, cuyo nombre se ha acordado sustituir por el de Miguel de Cervantes».

El cronista provincial y presbítero Gonzalo Vidal Tur, en su interesante obra «Alicante, sus calles antiguas y modernas», por error, atribuye las conmemoraciones al tercer centenario de la muerte del insigne autor, que se produjo once años después de la aparición de «El Quijote».

Ya saben: el veintitrés de abril de 1616.

Imagínense ustedes la conmoción que causó en España y en nuestra ciudad los ecos confusos y remotos de la revolución rusa de 1917. Para la llamada gente de orden, el bolchevikismo -así se decía y escribía- era «un baldón para la humanidad». La Prensa conservadora alicantina le tiró a degüello, en tanto algunos periódicos republicanos la saludaron, en un principio, con entusiasmo. En plena guerra europea, el comunismo espeluznó a la burguesía y los sectores católicos lo denostaron sin contemplaciones. Mientras, los obreros recibieron la noticia con esperanza y admiración.

«En el semanario sindicalista alicantino "Reivindicación" aparece en agosto de 1919 un editorial que demuestra la absoluta identificación existente entre los libertarios alicantinos con la revolución rusa (...)» escribe Francisco Moreno Sáez, en «Las luchas sociales en la provincia de Alicante (1890-1931)». Más tarde, cuando se esclarezca el panorama, se establecerán las diferencias entre el comunismo soviético y el libertario. Algo parecido ocurre con los socialistas que, aun sin ocultar el inicial alborozo de sus bases, se irán distanciando y adoptando posiciones más cautelosas.

Por supuesto, matronos y políticos dinásticos se estremecían de terror no más mentar la bicha. El historiador antes citado refiere una anécdota, posible origen de las «conspiraciones de agentes del exterior y de los enanos infiltrados» que tanto abundarían andando los años: «(...) la psicosis llegaba a extremos ridículos, como lo ocurrido en 1920, cuando unos turistas que visitaban el castillo de Santa Bárbara son confundidos con bolcheviques». Bueno, ya saben.

En septiembre de 1918, «El Luchador» publicó un despacho procedente de Madrid en el que se afirmaba que el dirigente revolucionario había muerto: «Noticias de Moscou dan cuenta de cómo ocurrió (...). Cuando el acto terminó (se refería a un congreso) y Lenine salía acompañado de otros comisarios, en el momento de tomar el coche, varias mujeres se le acercaron, diciéndole: queremos pan. Lenine, dirigiose a una de ellas para contestarle, mientras otra de las muchachas que estaba cerca, disparó dos tiros contra Lenine atravesándole el pecho, quedando exánime».

Qué alivio para la reacción y qué sobresalto para el proletariado. Claro que tan sólo por unas horas. La información, posiblemente fraudulenta y manipulada, se reveló en toda su falsedad, poco después. Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, murió el veintiuno de enero de 1924, de «parálisis de los órganos respiratorios», según el parte médico.

En la reciente biografía «Canalejas y el Partido Liberal Democrático», su autor y amigo, el profesor Salvador Forner Muñoz, se refiere a la biblioteca particular del citado político «conservada en buena parte en el Archivo Histórico Municipal de Alicante», como fuente de considerable utilidad, para su trabajo histórico.

Posiblemente, tal biblioteca fue la primera, o una de las primeras, que, con carácter público, disfrutaba nuestra ciudad, aunque su emplazamiento, en opinión del periodista López González, no era el más adecuado, en tanto en cuanto no propiciaba la deseable asistencia de lectores y estudiosos.

Eso se desprende del contenido de un artículo periodístico, publicado en «El Luchador», el día treinta de julio del año 1918, por el ya mencionado comentarista, y que en uno de sus párrafos, nos describe así las dificultades para su acceso: «Hay que subir al Palacio Municipal y atravesar dos vestíbulos, casi siempre llenos de concejales, guardias, porteros, empleados y comisiones. De manera que si la biblioteca estuviera instalada en la planta baja del edificio se vería más concurrida».

López González advertía también de que faltaban obras eminentemente prácticas capaces de divulgar conocimientos de mecánica, electricidad, química, economía, estadística, agricultura, pedagogía, etcétera. Además de su traslado a la planta baja, donde aún se encontraban las instalaciones de la Casa de Socorro, si bien ya estaba prevista la construcción de un edificio adecuado a tal fin, proponía que «Por quien fue el más importante donador, la biblioteca pública conservaría el nombre de Canalejas, pero en el local se colocarían cuadros de honor, con la relación de cuantos hubieran entregado libros para completar y perfeccionar constantemente la obra iniciada (...)».

Sobre José Canalejas Méndez, ya hemos hablado en repetidas ocasiones, así como de sus vínculos a esta ciudad y a su provincia.

En el año 1891, y siendo alcalde Manuel Gómiz Orts, Alicante le concedió el titulo de «Hijo Adoptivo».

Años después, su viuda donó al Ayuntamiento de Alicante la biblioteca personal del estadista asesinado, cuando presidía la corporación municipal Eugenio Botí Carbonell.

El diez de agosto de 1932, el general José Sanjurjo Sacanell encabezó una sublevación contra la República, alentado por grupos monárquicos, terratenientes, aristócratas y varios militares. El intento fracasó y se produjeron numerosas detenciones, entre ellas la del propio Sanjurjo y la del también general Cavalcanti.

Dos días más tarde, el Ayuntamiento celebraba una sesión plenaria, bajo la presidencia del teniente de alcalde Nicolás Lloret Puerto, en ausencia del titular de Alcaldía, Lorenzo Carbonell. La condena de aquella rebelión fue unánime y contundente. La indignación ante tales acontecimientos, en Sevilla y Madrid, principalmente, era palpable. El edil Antón García afirmó que había recogido el ambiente de la calle y «que lo que el pueblo demandaba categóricamente era el fusilamiento de Sanjurjo y Cavalcanti, teniendo en cuenta que por motivos menos graves se deportó a un puñado de obreros, a Bata, dejando a sus familias en la miseria».

Pérez Águila, en nombre de la minoría radical, abogó por la aplicación del Código de Justicia Militar «donde no hay más que una pena para esta clase de delitos. Es la pena de muerte». Y agregó que se actuará con la misma rapidez con que se había procedido, aunque injustamente, en los casos de Galán y García Hernández, mártires de la República. En el mismo sentido, se pronunció el radical-socialista Cremades Fons.

Por aclamación, se tomaron los acuerdos que, al día siguiente, elevaría la corporación en instancia, al presidente del gobierno de la República. En dicha instancia, cuya copia se conserva en el archivo municipal, además de hacer constar la enérgica protesta por aquellos sucesos y de reiterar su incondicional apoyo al régimen republicano, se solicitaba las máximas sanciones que las leyes permitieran contra los citados generales «sobre los que debe desplomarse inflexible la severidad de la ley. Igualmente se pedía la libertad del teniente coronel Mangada, en prisiones militares, por defender la República, pundonorosa y lealmente.

Con la misma fecha, se ofició al director general de Seguridad expresándole la felicitación del Ayuntamiento y haciéndola extensiva «a las fuerzas del asalto que han actuado a sus órdenes, por su brillante comportamiento, en el fracaso intento de sublevación militar». En el expediente, se recoge también un escrito dirigido al alcalde de Sevilla enalteciendo «a ese noble pueblo y autoridades por su gallarda actitud contra la rebelión, bien demostrado patriotismo y lealtad al poder constituido y condenando acerbamente los hechos luctuosos ocurridos en esa ciudad». Los representantes de nuestro pueblo no tuvieron pelos en la lengua, a la hora de condenar la intentona golpista.

Sí, señor. Y por fascista. Lo desposeyeron del título de «Hijo adoptivo» y de la Medalla de Oro de la ciudad. Al abate Gabriel Lambert, alcalde de Orán.

A propuestas del consejero (o concejal) Francisco Carbonell Azuar, el Ayuntamiento pleno en sesión de quince de abril de 1937, tomó el acuerdo, por unanimidad.

En el escrito que el citado edil dirigió al Consejo Municipal, que estaba presidido por Rafael Millá Santos, se decía: «En el mes de mayo de 1935, con ocasión de haberse trasladado a la ciudad de Orán la representación de la Gestora Municipal y de la Gestora de les Fogueres, en viaje de propaganda de nuestras fiestas fogueriles, ocurrió el fallecimiento en aquella capital del representante del Ayuntamiento alicantino (Manuel Pérez Rama) y la ciudad hermana se desbordó en atenciones. El Consejo Municipal de Orán, el comercio y el pueblo oranés rivalizaron en generosidad. Para corresponder a esta prueba de cariño, la Gestora radical que a la sazón regía este municipio (presidida por Alfonso Martín de Santaolalla y Esquerdo) acordó conceder el título de "Hijo Adoptivo" y la Medalla de Oro de la ciudad al abate Gabriel Lambert, que desempeñaba la Alcaldía de dicha capital (el acuerdo es de 31 de mayo de 1935)», según se deja constancia.

Y más adelante, afirma: «En la actualidad, dicho abate Gabriel Lambert es uno de los dirigentes del fascismo de Orán, enemigo del Frente Popular y de nuestros camaradas que apoyan la lucha antifascista española. Es por lo tanto indigno de ostentar las distinciones que equivocadamente le fueron concedidas, ya que no le correspondían a él, personalmente, sino a la corporación a la que pertenecía».

Finalmente, proponía, en su nombre y en el de la agrupación socialista, que se le retiraran tales honores y se le confirieran al Ayuntamiento de la ciudad argelina, «como representante más auténtico del pueblo oranés».

La propuesta, fechada el nueve de abril de 1937, fue aprobada en todos sus términos, seis días después.

En consecuencia, se acordó enviar notificación al Ayuntamiento de Orán, a Gabriel Lambert, con la expresa indicación de que entregara la medalla a su municipalidad, y al cónsul de España en Orán, con objeto de que practicase las diligencias oportunas, como así se hizo.

El edil Francisco Carbonell Azuar fue inflexible.

El clima de crispación de aquellos tiempos de guerra y la sospechosa actitud del beneficiario de tales distinciones, «adherido a la causa fascista contra la que tan heroicamente lucha el pueblo español en defensa de su independencia», lo dejaron sin sus vistosas plumas. Aunque, posiblemente, cacareando.

El seis de octubre de 1934, a raíz de la huelga general y de las inquietudes de un gobierno que se derechizaba, por momentos, don Francisco Llano Encomienda, general de la Tercera Región Orgánica y comandante militar de Valencia, hizo público un bando en el que se decretaba el estado de guerra. El siete, don José García Aldave, general de Brigada y comandante militar de Alicante, lo ratificó para la provincia y al día siguiente ofició a los ayuntamientos, interesando acuse de recibo. Por cierto, que también se remitió a Villafranqueza, y el alcalde de Alicante, Lorenzo Carbonell, se dirigió a la autoridad castrense manifestándole que Villafranqueza pertenecía «a este término municipal al extinguirse aquel Ayuntamiento, en el que figuraba como una de sus partidas rurales». No obstante ordenó al pedáneo la fijación del bando para conocimiento de los vecinos.

El Regimiento de Benalúa patrulló por la ciudad y efectuó disparos al aire con ánimo de disuadir a la población. Sucesivamente se produjeron enfrentamientos entre soldados y manifestantes en la Estación de Madrid, en el Mercado Central de Abastos, en el puerto. El gobernador civil, radical lerruxista, ordenó el cierre de la Fábrica de Tabacos y, ya lo hemos dicho en otra ocasión, la detención del alcalde y de otros concejales, que pronto recuperarían su libertad.

El nuevo, Lorenzo Carbonell, verbalmente anunció que quedaba suspendida la convocatoria del pleno previsto para el otro día, toda vez que el gobernador civil, Vázquez Limón, le había comunicado que iba a proceder al nombramiento de una comisión gestora municipal en sustitución de la corporación salida de las urnas.

Mientras los sucesos de Asturias polarizaban el interés general, en nuestra ciudad, el veinte de aquel mes de octubre, se suspendió al alcalde y a los ediles por considerar que «(el Ayuntamiento) no ha prestado la debida e inexcusable asistencia al poder político, incurriendo en grave extralimitación de carácter político». Poco después, se procedió al nombramiento de la ya prevista Comisión Gestora que sería presidida por el radical Alfonso Martín de Santaolalla y Esquerdo.

Durante algún tiempo, los alicantinos carecieron de su Prensa habitual y no pudieron circular ni formar grupos de tres o más personas. ¿Les recuerda algo relativamente próximo?

Sin duda, fue aquélla una de las primeras reivindicaciones ciudadanas. El veintidós de enero de 1925, varios vecinos del barrio de San Gabriel dirigieron un breve escrito al director de la Sociedad Distribución Eléctrica de Alicante, en solicitud del tendido necesario para «dotar al barrio de referencia y a los domicilios particulares de tan principal elemento». Firmaban: Pascual Sempere, «el tío Pascualet»; Enrique López, «el tío Enrique»; José Pérez; Antonio Pérez, «el primo»; Vicente Pérez, «Sento, el primo»; Antonio García, «el pelut»; Vicente García, «Botiguera»; José Botella, «el tío Botella»; «El Roch»; Benjamín Antón, «el gavilán»; «El pinolet»; «El carreño»; «El tío Félix»; Antonio Gómez, «el minero»; Esteban Pastor, «el metralla»; Francisco Pomares, «El enrea»; y unos cuantos más cuyas firmas y/o apodos no hemos podido descifrar en la fotocopia del original, que obra en nuestro poder. En definitiva, San Gabriel, como Goethe, quería luz, más luz eléctrica, claro.

Según parece, la primera casa que se levantó en el paraje era propiedad de don Ramón Soler, practicante de la Cruz Roja, que además tenías una barbería en la plaza de Navarro Rodrigo, y a quien ayudaba su hijo Gabriel. Don Ramón Soler le puso al naciente barrio el nombre de su hijo, del cual, de acuerdo con algunos testimonios, fue padrino Gabriel Miró. Nos lo cuenta «el hombre más antiguo nacido en San Gabriel», don Francisco Durá Botella, «el Pantorrilla», que vino al mundo el veinte de diciembre de 1907, en la calle Les Casetes, más tarde de la Corbilla y por último de Cocentaina. En unos papeles manuscritos del citado señor Durá Botella, se nos ofrecen datos curiosos acerca del entrañable barrio en sus orígenes, como la primera escuela donde ejerció el magisterio don Deogracias Izquierdo, con quien colaboraba su hijo.

La fábrica de ácidos y abonos Cros comenzó a construirse ene 1905, bajo la dirección del señor Pastor, sobre el proyecto encargado a los señores Benker y Hartonaun, domiciliados en el 129 de la rue Martre en Clychy (París). La fábrica que aceleró el proceso de desarrollo del barrio de San Gabriel, estaba terminada el seis de julio de 1907, según certifica don Francisco Ramos Bascuñana, en el libro de visitas presentado en la inspección para la sanidad, firmado en octubre del siguiente año por el referido inspector regional, Ramos.

El quince de febrero de 1932, el Ayuntamiento de nuestra ciudad se dirigió al presidente de la República, solicitando el incautamiento del Convento de las religiosas Agustinas de la Sangre de Cristo, con objeto de destinar el inmueble a escuelas públicas. Ciertamente, las necesidades de primera enseñanza apremiaban y el edificio se encontraba deshabitado, a raíz de los sucesos de mayo último «en que (las monjas) hubieron de abandonarlo ante el asalto de las turbas que lo invadieron y saquearon, produciendo considerables destrozos».

El edificio de referencia fue colegio de la Compañía de Jesús, hasta que ésta fue disuelta, en 1867, y los jesuitas expulsados. Entonces «la Dirección General de Temporalidades, suscitada al efecto, confió dicha casa al común de la ciudad, para pensión y colegios, cuya finalidad no fue cumplida». Un Real Decreto de cuatro de octubre de 1785, dispuso lo siguiente: «El Rey se ha servido aplicar la Casa Colegio (...) a la priora y religiosas Agustinas del Convento de la Sangre de Cristo de la propia ciudad, por no haberse verificado el destino que su Majestad dio, tiempo hace, a dicho colegio para casa de pensión o pupilaje por falta de medios para la dotación de maestros y operarios; pero con la precisa calidad de que se ponga toda, desde luego, a la disposición del obispo de Orihuela, para que con su notorio celo y cristianos auxilios formalice y distribuya en estos sitios las oficinas que estime conveniente y conduzca para fomentar el laudable objeto de la educación, enseñanza y recogimiento de las niñas en que tanto interesa el público».

La corporación municipal, presidida por Lorenzo Carbonell, alegaba ante el Consejo de Ministros que desde octubre de 1785, hasta mayo de 1932, las aludidas religiosas habían incumplido las condiciones estipuladas en la escritura de entrega del edificio en litigio, por cuanto no se habían impartido clase y era notorio en Alicante que dicha comunidad había establecido una residencia conventual de clausura. «(…) En consecuencia, siendo procedente dicho inmueble de los bienes incautados a la Compañía de Jesús en su primera salida de España, estimaba el Ayuntamiento que podía ser incautado nuevamente por el gobierno de la República», en beneficio de las urgencias escolares.

Cuando finalmente el general Primo de Rivera se las piró, a principios de 1930, Dámaso Berenguer, presidente del Gobierno, recogió los añicos que del Estado había hecho la dictadura y empezó a remendar todo aquello: amnistía, reincorporación a sus cátedras de los profesores que habían tenido que abandonarlas en medio de la desesperación, constitución de nuevas corporaciones provinciales y locales... Fíjense, en este punto, por real decreto núm. 528, de quince de febrero de 1930, cesaron los alcaldes y concejales, y fueron sustituidos de la siguiente forma: la mitad o la mitad más uno, si la división no fuera exacta, a los mayores contribuyentes; y el resto. «a los individuos que mayores votaciones hubieran obtenido desde las elecciones de 1917» (es decir, además de estas, en las de 1920 y 1922). En definitiva, el espíritu y la letra del referido decreto no era otro más que organizar los ayuntamientos de forma automática y buscar la ponderación de sus elementos componentes, sin atender a partidismos (a patrimonios, sí), cuidando tan sólo de que fueran personas de solvencia, de prestigio y hasta de, ¿atentos?, «cierta tradición democrática».

Pues, miren, los mayores contribuyentes, con destino a las elecciones de senadores, de más a menos cuota, según certificación librada el nueve de diciembre de 1926 por el administrador de rentas públicas, eran diecinueve, a saber: Juan Guardiola Forga, Plácido Gras Boix, Federico Leach Lausant, Agustín Izquierdo Marcili, Luis Giménez Aicardo, Vicente Coloma Company, Ángel García Sánchez, Antonio Hernández Lucas, Antonio Campos Saavedra, Manuel Campos Saludas, Sebastián Cortés Sevilla, Juan Grau Valalba, José Juan Poveda, Salvador López Carboneras, Nicolás Lloret Puerto, Francisco Martínez Alberola, José Mataix Simó, Agustín Mora Molina y Gaspar Peral Sempera.

Todos ellos fueron proclamados concejales, junto a otras dieciocho personas que ya lo habían sido y ampliamente votados, en los comicios dichos, el veinticinco de los mencionados mes y año. Los dos días siguientes se procedió a constituir el nuevo Ayuntamiento, en presencia del gobernador civil, «ilustre periodista y eximio escritor», Rodolfo Gil Fernández.

Por edad, la alcaldía le correspondió a Hernández Lucas. Pero Hernández Lucas se excusó, por razones de salud. Le seguía Guardiola Forgas también se excusó por tener más de sesenta y cinco años. Y el tercero, Florentino de Elizaicin España se quedó, echándole la mejor voluntad, al frente de la presidencia municipal. Por poco tiempo. El veinticuatro de abril, dos meses después, una real orden colocaba de alcalde a Gonzalo Mengual Segura. Momentos antes, los republicanos Guardiola Ortiz, Pobil, Ribelles, López González, Oarrichena, Álamo y Ramos, abandonaron la sala capitular. Como a ellos no les permitían ni siquiera elegir los cargos de entre la propia corporación, ejercieron su derecho al pataleo.

Entre otras desgracias, la contienda civil propició abundante y barata mano de obra. Ejemplos los hay en cantidad. Uno más, el diecinueve de diciembre de 1939, Ambrosio Luciáñez Riesco, alcalde de Alicante, dirigió una instancia al general presidente del Patronato Central de redención de penas por el trabajo, del Ministerio de Justicia, en petición de cien reclusos-trabajadores, con objeto de ultimar el desmonte y nivelación de la Montañeta, «que es una de las zonas más céntricas, populosas y habitadas de la ciudad (en la que), dividiendo las llamadas urbana y del ensanche, existen unos montículos procedentes de milenarios macizos rocosos, de viejas murallas y antiquísimos fortines militares, sobre ellos asentados en tiempos pretéritos, que impiden el normal desarrollo de la población, taponando diversas calles y entorpeciendo la construcción de viviendas».

Ambrosio Luciáñez habló del asunto con el gobernador civil, Fernand de Guezala, quien le recomendó que escribiera, en su nombre, al general Pío Suárez Inclán, advirtiéndole de su solicitud y rogándole que se tomara interés en aquel asunto. Al alcalde, el mismo día que cursó la citada instancia, franqueó una carta personal, destinada al militar. La respuesta no tardó apenas. Sin duda, funcionaron los mecanismos bien engrasados. El presidente del Patronato de referencia, contestó con fecha veintitrés de los mismos mes y año: «(El Patronato) ha tomado el acuerdo de acceder a la solicitud formulada de cien reclusos trabajadores (...), quedando a cargo de esa corporación establecer la debida vigilancia que asegure, en absoluto, la posibilidad de cualquier evasión que pudiera pretenderse. Procede de conformidad con lo dispuesto en la orden ministerial de siete de octubre de 1938, el ingreso en la cuenta corriente que este Patronato tiene establecida en el Banco de Vizcaya, en Madrid, de la cantidad a que se calcule puedan ascender los gastos, para atender puntualmente el pago de jornales y asignación familiar, tomando como base para hacer el cálculo la cifra de 5 pesetas por recluso y día de trabajo, comunicando seguidamente a este Patronato la cantidad ingresada, fecha de ingreso y número de talón».

Luego, vendrían las rebajas. ¿Eran 5 pesetas o tan sólo 4 con 25 como primeramente se dijo?, ¿había que abonar 6 ó 7 pesetas a la semana?, ¿quién iba a cargar con los gastos de traslado y alojamiento de los prisioneros? Todo ello, lo diligenció, antes de aceptar el trato, el secretario general del Ayuntamiento. Enrique Ferrer Bernabeu. Había muchos entre rejas, para negociar.

A finales de aquel mes de mayo de 1930, la expectación era grande. Tanto que el día 15, el presidente de la Audiencia Provincial solicitó del Ayuntamiento el salón de sesiones para celebrar el juicio oral de la causa que se seguía contra «Juan Hernández y otros», por los delitos de falsificación y expedición de billetes del Banco de España y timbres del Estado. Previendo la asistencia masiva del público y teniendo en cuenta el considerable número de participantes convenía un lugar amplio. En la referida solicitud se especificaba que «para la perfecta y legal realización del acto se precisa que la pieza que se habilite para sala de audiencia debe de tener, además de la separación del estrado con el público, lugar suficiente para la asistencia de letrados y Prensa, y local para la colocación de las piezas».

Las necesidades se extendían también a sitio bien seguro para el retén de los procesados presos, y dependencias aisladas para los testigos. En fin, todo un montaje. Aun así, el Ayuntamiento contestó favorablemente: «Por lo que al salón de sesiones respecta quitando del estrado los escaños y la tarima sobre la cual están los de segunda fila, cree esta alcaldía que habrá espacio suficiente para la instalación de las banquetas correspondientes a las partes. Los procesados y su escolta pueden situarse en el espacio que ha de quedar ante la puerta de la capilla; y en la parte izquierda del salón se dispondrán pupitres para la Prensa y asientos para los señores letrados». Para las piezas de convicción se preparó el local de la planta baja «con acceso a la calle y en comunicación con el despacho de los cabos de la Policía Urbana». No había más calabozo que el antiguo situado en el entrepiso.

Aquel juicio que se prolongó más de lo previsto, hasta terminar el dos de julio, hizo que el alcalde, Gonzalo Mengual Segura, pidiera la interrupción de las sesiones, durante los días 23 y 24 de junio, con motivo de las Hogueras, porque durante tales días, se esperaban en el Palacio de la ciudad «comisiones forasteras y bandas de música». En sesión plenaria del 5 de julio, el edil Alberola Such lamentó la carencia de un coche celular que hubiera evitado el lamentable espectáculo de la conducción de presos a pie por las calles. El Ayuntamiento volvería a ser juzgado. El 5 de junio de 1939, dos meses después de terminar la guerra civil, la auditoría de Guerra del Ejército de ocupación dirigió a Ambrosio Luciáñez Riesco, alcalde, un oficio: «Siendo necesario para la recta administración de justicia el salón de sesiones de esa alcaldía, ruego a usted tenga a bien disponer su preparación para las vistas públicas que este consejo ha de celebrar diariamente a las 15 horas y media de la tarde». De escalofrío.

De calor, en el verano recién llegado. Y, dentro de unas horas, de fuego. Pero Alicante arde, como cada año, también de ajetreos. El calendario de las presentaciones de los llibrets, tuvo un doble cierre: «Fogueres'93», de la Comisión Gestora, y «Festa'93», la revista oficial del Ayuntamiento.

Nos ha llamado la atención, en la última de las publicaciones citadas, un artículo de nuestra buena amiga María del Carmen Cortés sobre los bandos de hogueras, y que se abre con aquel primero del alcalde Julio Suárez Llanos, de veintidós de junio de 1928, y con el cual inaugurábamos las fiestas de San Juan, según los nuevos planteamientos de José María Py y un grupo de alicantinos. En definitiva se trataba de reconvertir monumentalmente una vieja tradición.

El fuego solsticial, el punto en que la primavera cede el turno al verano, tiene su origen en rituales y celebraciones paganas. Pero dejemos el asunto en manos de antropólogos e historiadores. Nos interesa particularmente cómo se lo montaban los alicantinos, en esa noche de los prodigios, cuando aún no existían hogueras, artísticas y trabajadas, sino un montón de trastos inútiles, de «esteras viejas y desechos del fenecido invierno», que escribió Carlos Arniches, a los que se les prendía fuego en la víspera del día de San Juan, en medio del regocijo de chiquillos y mayores. Consultando actas de cabildos y bandos de la segunda mitad del siglo pasado, las referencias a estas celebraciones son frecuentes. Sebastiá García, en su memoria de licenciatura, nos cuenta cómo el poeta Vila Blanco, en 1854, y en su libro destinado a exaltar la memoria del gobernador don Trino González Quijano, víctima como tantos otros de una tremenda epidemia colérica, describe las hogueras que se encendían para purificar el aire: «Alicante semejaba una noche de San Juan, por la gran cantidad de piras que ardían en sus calles y plazas». Asimismo nos recuerda un bando de 1870 (¿del alcalde Eugenio Barrejón o ya de Gaspar Beltrán?), en el cual «se prohibía disparar cohetes y encender hogueras en sitios peligrosos». Al parecer, tal bando se sacaba todos los años, cuando llegaba el momento. Hasta que, por descuido o lo que sea, no salió en 1881, y, claro, el vecindario se lo pasó en grande. «Con más animación que en los años anteriores se celebró en esta capital la popular y tradicional verbena de San Juan». Contra la manía de prohibir está la virtud de actuar «con abrumador desorden desde las primeras horas de la noche, haciendo renacer la alegría a todos los semblantes que contemplaban tan popular fiesta». Los alicantinos decimonónicos no se cortan en asuntos de marcha.

El veintidós de junio de 1934, el Ayuntamiento concedió el título de hijo predilecto a Carlos Ramos Pinsa, alicantino, benaluense, comerciante en vinos, concejal, miembro de la Comisión Gestora. En la misma sesión, se le otorgó la medalla de oro de la ciudad a monsieur Pierre Gouré, presidente del comité de la hoguera de Orán. Ambos, junto con el cónsul general de España en la ciudad argelina, Tomás Sierra Yustazara, y un grupo de entusiastas, hicieron posible, tras muchas vicisitudes, aquel acercamiento surgido al calor del fuego y de la fiesta, entre Alicante y Orán.

Después de muchas peripecias, la hoguera oranesa, titulada «Tornem a lo de ans en el vestir», fue plantada en la plaza del Mar. Era el año 1933. Con anterioridad y para preparar todo aquel montaje, se trasladarían a la ciudad norteafricana el alcalde de Alicante, Lorenzo Carbonell, el presidente de la Gestora, Manuel Collía, el doctor Ángel Pascual Devesa y varias personas más, invitadas por el alcalde de Orán, el abate Gabriel Lambert, al que nos referimos muy recientemente en esta columna. Luego, habría actos públicos, en mayo del referido año y en el Teatro Municipal de aquella ciudad, con motivo de la elección de la reina y damas de la «foguera de Orán». Allí estaría La Wagneriana, banda de pulso y púa, bajo la dirección del maestro José Torregrosa, y la Bande du Foyer Musical, y desfile por las grandes avenidas de Los Claveles y el Empastre para acalorar los ánimos y darle buena marcha al invento. Mientras, nuestra Bellea del Foc abría el baile, en el Casino de Canastel, con el gobernador general.

Orán se sumó así a las tradicionales fiestas de San Juan y durante cuatro ediciones de las mismas, hasta 1936, levantó su monumento fogueril en la citada plaza del Mar. En aquel primer año, se desplazaron a nuestra ciudad, desde Orán y Argel, casi cuatro mil personas, la mayor parte de ellas provistas de unos bonos para alojamiento en distintos hoteles alicantinos, de unas ochenta pesetas cada uno, y de un salvoconducto valedero para la excursión festiva, por cinco días.

Carmela Ramos que escribió un extenso y minucioso artículo en «Festa'84» titulado «Cuando las fogueres "conquistaron" Orán y los oraneses "inundaron" Alicante», cuenta cómo «el Comité de Orán y sus anfitriones presenciaron la "cremà" desde la cumbre del Benacantil. Fue el colofón del día. A las doce en punto, una tras otra, y seguidas todas, se produjo la "cremà", en los treinta y dos distritos».

Era la despedida. Era 1936. Y poco después, ya saben.

La periodista Asunción Valdés pronunció su discurso de mantenedora en el homenaje que, año tras año, le rinde al gran prosista alicantino la hoguera que lleva su nombre. Hay que felicitar tanto a nuestra compañera Asunción, como a la comisión que anualmente promueve este acto de reconocimiento y recuerdo a un escritor a quien su tierra no le fue demasiado propicia.

Junto al busto que perpetúa su memoria, la jefa de Prensa de la Casa Real dejó el testimonio de su admiración y también de su conocimiento de la obra mironiana.

El busto mismo surgió como homenaje a Miró, dos años después de su muerte, en sesión municipal de veintisiete de mayo de 1932, a propuesta del presidente de la corporación Lorenzo Carbonell. Con tal motivo, el portavoz de la minoría socialista, González Ramos, manifestó que «veía con mucha satisfacción aquella propuesta del alcalde, pero estimaba que, a su juicio, Gabriel Miró no pertenecía sólo a la capital, ya que su grandeza le hizo irradiar fuera de ella y por eso el recuerdo de su nombre no desaparecería». Lorenzo Carbonell consideró aceptable la sugerencia del edil y dispuso que se solicitara la colaboración de la Diputación y de los ayuntamientos de toda la provincia. El acuerdo fue unánime.

A renglón seguido, se remitieron escritos a todos los alcaldes dándoles cuenta del referido acuerdo e invitándoles a participar, con la cantidad que cada municipio pudiera, en el presupuesto del busto del autor de «El humo dormido». No tardaron mucho en llegar las respuestas.

En el expediente, o parte del mismo, que se conserva en el Archivo Histórico Municipal, constan algunas de las aportaciones procedentes de diversas ciudades y pueblos de la provincia, y que relacionamos seguidamente: Jijona, cincuenta pesetas; Sax, veinticinco; Finestrat, diez; Salinas, diez; Pinoso, cincuenta; Novelda, cincuenta y Elche, doscientas cincuenta. También el treinta y uno de mayo de aquel año, se ofició al presidente de la Diputación Provincial de Alicante notificándole el acuerdo y recabando su ayuda, tal y como había decretado el alcalde Carbonell: «(...) que se realice un homenaje al gran escritor Gabriel Miró colocando un busto en los jardines de su nombre (…). Y una vez aprobada el acta, expídase certificación del acuerdo para el expediente incoado al efecto».

Hoy, la comisión de la hoguera continúa al pie del busto y del espíritu de aquel Ayuntamiento republicano.

Esta noche, a las doce, poco más, poco menos, comenzarán a volatilizarse las hogueras, en medio de la dictadura del ruido y de esas partículas que flotan sobre la ciudad y la maquillan de púrpura.

Todos o casi todos los monumentos arderán, pues, en la madrugada del día de San Guillermo, según el calendario gregoriano. Y ahí no valen mascletàs ni papeleos.

En esta edición, se han superado récords: la hoguera más voluminosa desde el año 28, la oficial del Ayuntamiento, montada a base de paciencia, de riesgo y de broncas, por Pedro Soriano; y la hoguera más cara, con sus seis millones de presupuesto, la del Polígon de Sant Blai, del constructor Paco Juan, que, además, se ha llevado, en una votación aplastante, el primer premio especial.

Olímpico el panorama festero, tanto que hasta hemos dispuesto, también y dentro de la imperante mariscalomanía, de mascota: Foguet. Un año fecundo.

Hoy es fiesta. Ya el Ayuntamiento pleno, en sesión del doce de diciembre de 1939, determinó el veinticuatro de junio, San Juan, junto con los días ocho de agosto y veintiséis de diciembre, respectivamente, «la Santísima Virgen del Remedio, patrona de la ciudad, y el segundo día de Navidad», fiestas locales.

Por cierto que la última citada sería sustituida por acuerdo del veintitrés de marzo de 1940, por la fiesta de la Liberación de la ciudad que se conmemoraba el treinta del citado mes.

Sin embargo, el veintiuno de noviembre de ese año, José Morón, inspector provincial de Trabajo, ofició al alcalde de Alicante, a la sazón Manuel Montesino Gomis, con objeto de que indicase las fiestas locales religiosas y «obligatorio el precepto de la misa y de la abstención de trabajos forenses y serviles».

Seis días después, el Ayuntamiento contestó diciendo que era tradicional la celebración de las fiestas de San Juan y de las otras ya citadas.

«En estos días los alicantinos fervorosos se imponen como obligatorio el precepto de la santa misa, se abstienen de trabajos forenses y serviles y celebran clásicas fiestas cívico-religiosas». Qué tiempos.

Ahora los parroquianos acuden masiva y desbocadamente a los servicios profanos de la barraca popular y de las otras, y vierten sobre la ciudad el incienso de los decibelios, a porrillo.

Que los sociólogos ocupen los púlpitos.

La tendencia a la exageración, en todos los campos, parece fuera de cualquier duda. Acerca de los bienes inmuebles cuya titularidad correspondía a las diversas organizaciones sindicales y políticas que se integraban en el Frente Popular se ha especulado lo suyo; y, con frecuencia, a impulsos de intereses poco o nada esclarecidos. Sin embargo, muy poco se documentaba. En nuestro cotidiano espacio y con el mejor ánimo de contribuir con datos a resolver esta cuestión ofrecemos, aun de manera fragmentaria y sucinta, por razones de extensión textual, un informe redactado por el comisario-jefe de la Guardia Urbana de Alicante, expedido en nuestra ciudad el diecisiete de noviembre de 1939.

En el mismo, se afirma que «de las diligencias practicadas por esta Comisaría resulta que la Federación Anarquista Ibérica, Partido Socialista Español, el Socorro Rojo Internacional, la Juventud Socialista Unificada, Asociación de Amigos de Rusia, la Federación Universitaria Española, las Juventudes Libertarias, y los partidos políticos de Unión Republicana, Izquierda Republicana, Partido Democrático Federal, Partido Comunista y Partido Sindicalista, no poseían inmuebles en esta localidad, como propietarios.

Según el documento, la CNT sí detentaba la propiedad de «la fábrica de conservas "Las Palmas", establecida en la carretera de Santa Pola y comprada por la entidad el día diez de julio de 1937, al súbdito francés Jorge Gilles, en una cantidad oscilante en unas setenta mil pesetas. El edificio número dos de la calle de Sevilla era propiedad, desde antes del Glorioso Movimiento, de la sociedad "Unión Tabaquera", adherida a la UGT, y cuyo edificio es regido, en la actualidad, por la Central Nacional sindicalista.

Por último, señalaba el edificio número 25 de la calle de Onésimo Redondo adquirido el ocho de diciembre de 1914 por las sociedades obreras que se expresan en el adjunto documento privado, hecho por las sociedades propietarias de la Casa del Pueblo de esta ciudad. Solo tiene el inmueble expresado cada una de las entidades mencionadas y de cuyos mobiliarios y utensilios ha dispuesto la Central Nacional para sus diferentes atenciones».

Con relación a las posibles cantidades depositadas por las organizaciones sindicales y políticas citadas, en un principio, no se dispuso de dato alguno, por cuanto «los bancos con sucursales en esta plaza han manifestado que sólo darán cumplimiento a este requerimiento, si es solicitado por el elemento oficial, pero ha podido apreciarse que, desde luego, poseían dinero en algunos centros bancarios varios organismos de los que componían el Frente Popular y de aquella situación». En diligencia posterior, el comisario-jefe informa que dispone de los saldos solicitados y de los que daremos cuenta oportunamente.

En relación con nuestra columna de ayer, un lector que desea permanecer en el anonimato, nos pregunta quién/quiénes era/eran los propietarios de la Casa del Pueblo. Afortunadamente, disponemos de la documentación precisa para satisfacer su curiosidad histórica.

En la escritura otorgada, el 18 de diciembre de 1914, ante el notario don Lorenzo de Irízar y Avilés, se relacionan las sociedades propietarias de la Casa del Pueblo, eran «La Marítima»; «La Terrestre»; «La Defensa» de almacenistas; Ferroviarios Andaluces, «La Aurora», de camareros; Litógrafos; Agrupación Socialista, «La Feminista»; «El Progreso», de carreteros; «La Defensa», de toneleros; Tipógrafos; Barberos; Dependientes de Comercio; y «La Unión», de zapateros.

Más tarde y según el acta de veintisiete de noviembre de 1927, se reunieron en la referida Casa del Pueblo en la calle de Pablo Iglesias, además de las sociedades propietarias, las otras siguientes: Fábricas; «El Progreso Culinario», de cocineros; Hidráulicos; «Unión Tabaquera»; «La Lucha», de pintores; Pavimentadores; Ferroviarios de MZA; Operadores de Cine; «La Montadora», de metalúrgicos; y «La Paz» de trabajadores del puerto. Aquella sesión, estuvo presidida por Juan Meseguer, presidente del consejo de delegados y representante de la sociedad «La Marítima»; y actuó de secretario José Clavel, representante de Ferrocarriles Andaluces. Asistieron además, en representación de las restantes sociedades: Alfredo Botella, Cristóbal Sarrió, Juan Sellés, Manuel Navarro, Vicente Martínez, Rafael Sierra, Francisco Lucio, Vicente Torregrosa, José Ramos, Antonio Samper, Arturo Galiano, Juan R. de la Cruz Ruiz, Julio Abril, Antonio Pallás, M. Barberá, Vicente Ferrero, Antonio Martínez, Francisco Pastor, Arnaldo Soto, Eduardo Cerdán, Alfredo Cortés y Rafael Ferriz.

Las sociedades propietarias se comprometieron a reconocer la copropiedad en la Casa del Pueblo de los relacionados que, en aquel entonces, eran tan sólo inquilinos. Así se acordó y selló, en el «Documento Privado hecho por las sociedades propietarias de la Casa del Pueblo de Alicante», que desde entonces pasó a pertenecer a las veinticuatro entidades sociales, encuadradas, la totalidad o la mayoría de ellas, en la UGT y en la CNT. El mencionado documento fue publicado, poco después, y en él se contiene cuantos datos hemos ofrecido, y muchos otros, no sólo a nuestro a nuestro interlocutor, sino a quienes se interesan por los más diversos aspectos de la crónica reciente de nuestra ciudad.

El tres de agosto de 1939, poco más de cuatro meses después de terminada la guerra civil, el gobernador solicitó a todos sus alcaldes de la provincia un «avance de cálculos de daños y perjuicios sufridos en cada término, así como relación de asesinatos y otras muertes violentas», además de muchas más cuestiones relativas a la situación económica, industrial, agrícola, etc.

De inmediato, el alcalde Ambrosio Luciáñez Riesco se puso manos a la obra. Días más tarde, tenía sobre su mesa un informe del arquitecto municipal, M. López, en el que se totalizan 706 edificios siniestrados durante la contienda fratricida. El técnico citado especifica que de ellos, doscientos cincuenta y cinco, presentan estado ruinoso o grandes desperfectos; ciento setenta y siete, se encuentran con destrozos de menos importancia, pero afectados en su estructura; y el resto, es decir, doscientos sesenta y cuatro, están dañados tan sólo en tabiques, cristales, cielos-rasos, en la obra ligera, en fin. Todo lo cual se «justiprecia, de manera aproximada, dada la urgencia y celeridad del presente -informe fechado el 14 de agosto del "Año de la Victoria"-, en un total de cuatro millones seiscientas veintisiete mil quinientas pesetas».

Por supuesto, mucho más que estremecedor resulta el capítulo relativo a las víctimas, en el plazo comprendido, según se dice en la correspondiente memoria, entre el doce de septiembre de 1936 y el uno de julio de 1938, y cuyo número asciende a doscientos cincuenta y ocho: ciento treinta y cinco asesinados, y ciento veintitrés fusilados, «dentro del término, y en cuarteles, prisiones y cementerio», además de otras dieciséis «fuera del término». En una relación que rubrica el conserje del Cementerio Municipal Nuestra Señora del Remedio (posiblemente, J. Satonja), el diez de agosto del citado año, se determinan la fecha y causa de la muerte, «durante el periodo de dominación marxista». En la misma aparecen muchos «desconocidos» y por ejemplo, los nombres de Dolores Oloriz Mombida «asesinada (linchada) en el Mercado (27-11-1937)» y de Ramón Laguna López fusilado el uno de julio de 1938.

En la extensa memoria que, con estos y otros muchos datos, remitió el Ayuntamiento al gobernador civil, Fernando de Guezala, el 24 de agosto del ya repetido año, a estas muertes violentas, se agrega la cifra de quinientas veintisiete víctimas a consecuencia de los bombardeos. De los bombardeos de la aviación y de los barcos de Franco y, particularmente, de sus aliados italogermanos. La memoria está firmada por el alcalde y el secretario general del municipio.

Ya lo advertimos: las entidades bancarias se negaron, en principio, a facilitar datos acerca de los depósitos dinerarios de las organizaciones integrantes del Frente Popular, y de las personas consideradas afines al mismo, «si el requerimiento no era solicitado por el elemento oficial».

Pues bien, el elemento oficial cursó las oportunas instrucciones y, días después, las autoridades de la dictadura obtuvieron las respuestas apetecidas. Cuando menos, hemos accedido a tres relaciones de otros tantos establecimientos bancarios.

De momento, no disponemos de más documentación sobre el particular. Y aunque resulte árido, nos parece no sólo oportuna, sino de obligado cumplimiento su expresión, con objeto de que estudiosos e investigadores de nuestra historia contemporánea más inmediata conozcan tales pormenores, los amplíen y analicen cumplidamente, en beneficio de cuantos nos interesamos por estas cuestiones.

Así, y atendiendo a la petición oficial, el Banco Popular de los Previsores del Porvenir, el veinte de noviembre de 1939, se dirigía al comisario jefe de la Policía Urbana, en los siguientes términos: «Acusamos recibo de su atento oficio número 1308, y en su contestación cumplimos manifestarle que las cuentas existentes en este establecimiento, que a nuestro juicio se encuentran comprendidas en las instrucciones de su citado escrito, son los que delatamos a continuación con los respectivos saldos que presentan: María Aracil y Marcial Samper, 572 pesetas; Fermín Botella Pérez, ciento treinta y tres, con cincuenta céntimos; Gonzalo R. Eulogio Díaz, trescientas veintidós, con setenta; subsecretario Trabajo y Acción Social, mil doscientas noventa y tres, con quince; Bernardino Gomariz Pérez (padre de Jerónimo Gomariz), mil cuatrocientas noventa y una, con quince; y Marcial Samper Ferrándiz, ochocientas diecinueve, con noventa».

El Banco Central responde: «Detalle de depósitos existentes en la sucursal de este banco en Alicante, pertenecientes a partidos políticos y organizaciones que integraron el llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adheridos a éste». Y relaciona: Comité Provincial del PCE, diez, con cincuenta; Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, treinta y una mil ochocientas cincuenta y nueve; Socorro Rojo Internacional, mil; Administrador «Nuestra Bandera», setenta y ocho; Sindicato de Artes Gráficas, veintiuna mil cien, con setenta y cinco; Sociedad de Empleados Plaza de Toros, veintidós; Unión de Muchachas, treinta y cuatro; y así, hasta veintiséis titulares, cuyas cuentas corrientes fueron igualmente bloqueadas.

Hace algunos meses, ya comentamos, en este mismo lugar, lo que dio en llamarse la Catedral de la Rambla. Concretamente, en el edificio número uno de la plaza de Castelar (actualmente Portal de Elche) y en el primer piso, se celebraban de matute y, según otros, haciendo la vista gorda, oficios religiosos. Una vez terminada la Guerra Civil, movidos por la significación de aquella vivienda, los ediles Ignacio Sevila, Manuel Rovira y Luis Magra, elevaron una petición al Ayuntamiento, el trece de julio de 1939, año de la victoria, como ya se sabe. En ella proponían, a sus camaradas del Consejo Municipal, que «esta corporación en nombre del pueblo alicantino, coadyuve a sostener esta capilla y su culto, ofreciéndolo al Sacratísimo Corazón de Jesús con toda solemnidad el día que se señale». Previamente, en la instancia de referencia, los avalistas de tal petición dejaron constancia de la existencia de la «capilla de Santa Teresita del Niño Jesús» conocida durante el periodo rojo por «la catedral de la Rambla».

No mucho después, el secretario local, Enrique Ferré certificó que en la sesión del día veintidós del mismo mes se había acordado que la moción pasara a informe de la comisión de Hacienda, y que ésta propusiese a la permanente municipal la cuantía de la subvención solicitada y el crédito del presupuesto de gastos, con cargo al cual habría de librarse su pago, y también con objeto de que en los presupuestos de 1940, se consignase una cantidad destinada a la citada capilla.

El 8 de agosto, la comisión de Hacienda se mostró titubeante: encontraba muy legítimos los deseos de los católicos alicantinos, pero los recursos económicos no daban para mucho. De modo que procedía la denegación, aun reconociendo que «en los días del terror rojo, en los cuales les era imposible (a los católicos alicantinos) acudir a los templos, para buscar en Jesús Sacramentado todo el consuelo de la religión». En fin, una vela a Dios y otra, a las depauperadas arcas. Curiosamente, en el expediente, esta resolución aparece tachada. Alguien, muy posiblemente, debió darles a los concejales de la comisión de los dineros un tironcito de orejas. O se les apareció la propia Santa Teresita y los puso a caldo. El caso es que, una semana después, estimaron posible conceder un «donativo modesto» y la promesa de consignar para 1940 una cantidad suficiente para atender a los gastos de la tal capilla. El donativo ascendió a mil pesetas. La Catedral de la Rambla sobrevivía, aunque en precario.

No más clausurarse el ciclo de los fuegos rituales y jubilosos, les toca el turno a aquellos que esparcen la calamidad y el pánico. Los fuegos que desertizan el monte, que lo devastan y ponen en riesgo a las gentes y a los pueblos. Las altas temperaturas estivales además de propiciarlos estimulan los placeres más sórdidos de unos pirómanos que, por lo que se ve y lo que se dice, andan a jornal.

En este oscuro asunto, a lo fortuito y negligente de determinados comportamientos irresponsables, hay que agregarle, como factor de peso, una intencionalidad criminal motivada por intereses bastardos.

Las medidas que se han arbitrado, por parte de los organismos autonómicos, provinciales y locales, tendentes a su prevención y control merecen el apoyo de todos. Más medios materiales y humanos, y una mayor vigilancia son indispensables. Un fuego provocado, va más allá del delito ecológico, con ser éste mucho y grave.

Naturalmente, aunque su presencia en toda nuestra geografía resulta cada año más alarmante, no se trata de un fenómeno espontáneo ni de una acción premeditada nuevos. Observen el rigor con que se perseguía a los incendiarios, en 1941, por ejemplo.

El entonces gobernador civil de la provincia, Luis González Vicén, remitió al alcalde una circular que, a su vez, reproducía otra del Ministerio de la Gobernación, urgiendo drásticas medidas en evitación de que ardieran, por unas u otras causas, nuestros bosques. Aunque ciertamente las precauciones fueran algo tardías, se hizo público un bando, el veintidós de septiembre de aquel año, en el que se expresaban las siguientes disposiciones: 1º. Queda terminantemente prohibido encender lumbre en los montes y en las proximidades de los lugares de fácil ignición; y 2º. Los contraventores serán detenidos y entregados a la autoridad militar, como incursos en el artículo nueve de la Ley de Seguridad del Estado, de veintinueve de marzo último, sin que pueda admitirse como excusa ignorancia o imprevisión, ya que por medio de bando, y con carácter general, quedan advertidos de las responsabilidades a que se hacen acreedores».

Para que no hubiera dudas, el mencionado bando se difundió por toda la ciudad y en cada una de las partidas rurales, profusamente. Manu militari. Claro que también estaban, ya en puertas, las aguas torrenciales del otoño.

No, no se trata de una película de Fu Manchú, sino de la curiosidad del señor Kwan Matsumara, encargado de negocios del exótico país, en España. ¿Quién se iba a imaginar que de tan lejos se interesarán por nuestros desastres bélicos? Pues oigan, tal como lo contamos. El honorable Matsumara, de la legación del Manchoukou, escribió una amable carta a nuestra Alcaldía, en la que solicitaba datos acerca de la situación de Alicante, tras la guerra civil. Concretamente, quería saber: número de edificios destruidos y de fábricas y casa comerciales saqueadas; personas asesinadas, por los rojos, se entiende; valor total en pesetas de las pérdidas sufridas a lo largo de la contienda; y tiempo de la dominación marxista. En tal carta, fechada el doce de abril de 1940, que se encuentra custodiada en el archivo municipal, Kwan Matsumara alegó que necesitaba todas aquellas referencias, por cuanto estaba elaborando un amplio informe acerca de los daños causados por el frente popular, en distintas ciudades españolas.

Claro que, por aquel entonces, el Manchoukou no era más que un Estado títere del Japón y la Segunda Guerra Mundial ya se venteaba también por el Pacífico. Así que posiblemente el honorable Matsumara contribuyera con su gestión al descrédito no sólo de la Unión Soviética, sino de sus aliados cuando el ataque sorpresa a Pearl Harbour estaba a un tiro de piedra, como quien dice. ¿Y si la Casa de la Primavera, aún sin saberlo, espoleó en sus decisiones, al Imperio del Sol Naciente? Qué cosas. Es el caso que nuestro Ayuntamiento, solícito, atendió la petición y remitió a la legación en Madrid del Manchoukou, un breve, pero minucioso dossier. En el mismo, se contenían cifras de los edificios afectados, de la valoración de los daños materiales, de las víctimas mortales. Con respecto a las fábricas y casas comerciales decía: «No existen datos numéricos relativos a este extremo, pudiendo sólo afirmarse que la mayoría experimentaron grandes deterioros y perjuicios cuantiosos, principalmente en sus instalaciones, máquina y depósitos, como resultado de las incautaciones llevadas a cabo por los rojos y de su espíritu de rapiña, a la par que de su incapacidad para dirigir la producción». El cronista oficial de la ciudad, Francisco Figueras Pacheco, que recibió el encargo de redactar el correspondiente informe, lo termina de la siguiente manera: «(El dominio rojo) comenzó el dieciocho de julio de 1936, al iniciarse el glorioso Movimiento del Ejército Nacional. Terminó el treinta de marzo de 1939, dos días antes de la liberación total de España, por las armas del Caudillo. Alicante fue, en aquel periodo, una de las ciudades españolas que más sufrieron bajo la esclavitud de los marxistas. El señor Kwan Matsumara estaba servido.

En una alcoba desolada y fría, Manuel Rico García apiló sus manuscritos. Los contempló ensimismado. En tales volúmenes había consumido gran parte de su vida. Y en aquel momento, se disponía a prenderles fuego. Patético. Por fortuna, una discreta llamada a su puerta, lo substrajo del trance y salvó el esfuerzo de tantos y tantos años. Ciertamente, su visitante fortuito no pudo ser más oportuno.

Con el erudito local Manuel Rico se creció la adversidad. Sus paisanos no se mostraron con él nada generosos. Y llevó una vida precaria y, en ocasiones, a la desesperada.

Autodidacta, adquirió una vasta formación humanística y llegó a ser, según la Prensa de su tiempo, correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando, también de la de Buenas Letras de Barcelona, de lo Rat Penat y de la Sociedad de Amigos del País. Escribió apasionadamente, abrumadoramente. Autor, entre otras obras, de un «Ensayo biográfico bibliográfico de escritores de Alicante y su provincia», «Bosquejo histórico sobre el origen y desarrollo de la imprenta en Alicante y su provincia», «Un siglo de periodismo. Ojeada histórica sobre el periodismo en Alicante y su provincia», «Crónica general de la provincia de Alicante». Y mucho más.

Los datos los tomamos de Rodolfo de Salazar, quien en un artículo, publicado en el «Eco de Levante», el veinticuatro de enero de 1911, nos cuenta las desventuras de Manuel Rico García «el trabajador infatigable, el hombre que echó sobre sus hombros la pesada cruz de hacer justicia a Alicante».

Luego, lanza un llamamiento a todos: senadores, diputados, concejales, asociaciones culturales, intelectuales, para que pongan fin a una situación insostenible. «Cuando estuvo enfermo del cuerpo, la prensa alicantina, siempre noble, clamoreó justicia para él. Hoy que sufre del cuerpo y del alma, ¿quién más que la prensa ha de levantar bandera por él, por ese campeón de nuestra historia provincial?». Fue precisamente el periodista Rodolfo de Salazar quien lo visitó el día en que Manuel Rico en «una hora trágica de agotamiento total de energías» se disponía a prenderle fuego a sus originales y «veintiún tomos en los que constan, clasificada y encuadernada, la correspondencia que hombres tan ilustres como Menéndez y Pelayo, Ramón de Campoamor, Marqués de Molins, Polo y Peyrolon, Altamira y Crevea, Baldomero Galofre y Álvarez Sereix le han dirigido».

Publicó poco en vida. Póstumamente, han aparecido algunas de sus obras. Manuel Rico García que nació en 1850, murió en 1913. Hace ya ochenta años.

De calle iba el alcalde Julio Suárez Llanos con el reloj de la Casa Consistorial. Ni los cuartos daba. Era vetusto, de maquinaria antiquísima y pródigo en averías. De modo que se consideró oportuno adquirir otro, a la altura de los tiempos y de la torre del Ayuntamiento. Pero ni de coña.

Se formalizó una primera convocatoria el veintiséis de noviembre de 1924. Y cuando llegó el día de la adjudicación, el alcalde accidental José María Antón no tuvo más remedio que dejar desierto el concurso: no se había presentado ni una oferta. Claro que no era cuestión de desistir de tan loable empeño. Así que se insistió y se hizo pública una segunda, a través del Boletín Oficial de la Provincia y de la Gaceta de Madrid, amén de otros medios privados, el siete de febrero del año siguiente. Pero tampoco, en esta ocasión, se presentó nadie. Suponemos que decepcionados por aquel desplante, optarían por recurrir de nuevo al apaño, hasta que aguantara.

Probablemente, se trataba del mismo reloj que, según Nicasio Camilo Jover, se instaló en el Palacio Municipal, en 1793, y que procedía de la Colegiata de San Nicolás. En cualquier caso, andaba más que cascado de tanto hacerle virutas al tiempo.

Después de los intentos de Suárez-Llanos, le tocó la vez a Lorenzo Carbonell. En 1933, la maquinita se paró y la reparación ascendía a tres mil pesetas. Echaron cuentas y decidieron que era preferible y hasta más económico comprar uno nuevo. Se anunció el concurso, con todos los requisitos y bendiciones administrativas, y se estableció un plazo de veinte días para las ofertas. Cuando llegó la fecha, tan sólo había dos pliegos que se abrieron en presencia del alcalde, del edil Pedro Beltrán de la Llave y el secretario Juan Guerrero. Uno, de bases minuciosas, procedía de la firma «Blasco y Liza», de Roquetas, «única casa en España que sólo se dedica a relojería monumental», y ofrecía una pieza por seis mil cuatrocientas cincuenta pesetas, con diez años de garantía. El segundo, era de Miguel López Reynel, de Alicante, «casa fundada en 1875» y domiciliada en la plaza de la Constitución, Portal de Elche, hoy. El señor López Reynel se comprometía a repararlo adecuadamente y «a dejarlo en condiciones de funcionamiento como uno nuevo», por la cantidad de mil quinientas pesetas. Pero la cosa estaba clara. La empresa «Blasco y Liza» se llevó el reloj a la torre. Lo instaló y los alicantinos volvieron a tener sus horas contadas.

No; nuestra ciudad no se muestra muy generosa con los monumentos escultóricos urbanos. Desde el dedicado a los Mártires de la Libertad que se evaporó tras la guerra civil, hasta los más recientes de Eusebio Sempere, Arcadio Blasco, Eduardo Lastres, Adrián Carrillo, José Gutiérrez Carbonell, Anzo, Pérez Parra… apenas si hay algo más por medio. Se quedaron nonatos los de Jorge Oteiza y Baltasar Lobo. Y muchos, en el transcurso del tiempo, han soportado irracionales vejaciones. De todos ellos ya iremos espigando episodios y catalogándolos sumariamente. Nos consta que, por fortuna, existe una memoria de licenciatura acerca de capítulo tan ciudadano y artístico, habría que publicarla.

Lo mismo que nos consta que, el nueve de noviembre de 1920, el Ayuntamiento recibió oficialmente el monumento dedicado al político e hijo adoptivo de Alicante, José Canalejas Méndez, construido por una Junta del mismo nombre, presidida por Rafael Beltrán. Algunos años después de concluida la obra de Vicente Bañuls, la citada Junta decidió entregar la estatua de Canalejas a la ciudad, por cuanto consideró cumplida su gestión.

El Ayuntamiento, tras recibir la oferta de Rafael Beltrán, acordó formar una comisión integrada por el alcalde constitucional, Antonio Bono Luque, y los concejales Elizaicin, Pobil, Pérez Molina, Bonmatí y el secretario Enrique Ferré. El citado día, se llevó a efecto la entrega y se levantó acta de la misma, que firmaron el alcalde y los referidos ediles, por la corporación municipal; por la Junta, su presidente Rafael Beltrán; y los presidentes de la Casa del Pueblo, del Real Club de Regatas y del Casino, señores Sánchez, Guillén y Lafarga, respectivamente.

En el texto de la misma se contempla que: (…) El señor Beltrán, presidente de la Junta del Monumento a don José Canalejas, manifiesta que en nombre de la misma, terminada felizmente la misión que tomó a su cargo de construir en Alicante un monumento que perpetúe la memoria del insigne estadista e inolvidable protector de este pueblo, tenemos el honor de hacer entrega de este monumento al excelentísimo Ayuntamiento.

Muchos recordarán a Pascual Pérez. El médico decano del Cuerpo de Beneficencia y Sanidad municipal se jubiló el cuatro de diciembre de 1929, aunque siguió prestando servicios en la Gota de Leche. ¿Saben lo que cobraba en el momento de la jubilación? Siete mil pesetas anuales. Le sucedió en la jefatura facultativa el doctor Juan Sebastiá Teijeiro, por antigüedad, y a los mil duritos que se embolsaba cada año le sumó dos lechugas más, por el ascenso. Qué desahogo. Y con mando, además.

Poco antes se reorganizó la sanidad local. Así que los médicos numerarios primeros del citado Cuerpo adquirieron el rango de inspectores de sanidad. Mas como quiera que debía haber un inspector por distrito y en Alicante eran ocho y sólo seis los profesionales con la categoría sin contar el decano, se les subió de empleo a los que eran numerarios segundos: Francisco Ramos Martín y Luis Pinedo Rodríguez. Había que cumplir la normativa al pie de la letra.

Al alcalde Julio Suárez Llanos, general de la Brigada, le tocó poner en marcha el tinglado. De modo que una vez cumplida la tarea, tuvo que reajustar la plantilla con motivo de la despedida, por edad, de Pascual Pérez. Le correspondió a Ángel Pascual Devesa, por escalafón, de entre los médicos adscritos al servicio de guardia de la Casa de Socorro. Pascual Devesa se vio también de inspector municipal de Sanidad.

Por fin, después de tanta movida, la corporación aprobó el Cuerpo de Sanidad municipal, Rafael Ramos Esplá, Eduardo Mangada Paul, Ladislao Ayela Planelles, Carlos Limiñana Beviá, Miguel Gueri Salvá, Francisco Ramos Martín (todos con cinco mil pesetas de sueldo anual), Luis Pinedo Rodríguez y Ángel Pascual Devesa (con cuatro mil ambos); médicos numerarios de tercera, Ramón Guillén Tato, Andrés Pascual Devesa, Álvaro Campos Saavedra y Rafael Gandulla Cordech (con tres mil pesetas); y médicos de entrada, Enrique González Llombert y Fernando Claramunt López (con dos mil quinientas).

Para los presupuestos de 1930, ya se preveía un aumento salarial a todos los facultativos. Facultativos que a más de un lector le repararía una fractura de fémur o una descalabradura, fruto de la pedreas habituales entre pandillas de chicos o de caídas en la montañeta o en las correrías por las afueras.

La historia comenzó en 1925. De Hellín surgió la iniciativa de trazar una nueva línea de ferrocarril eléctrico, de vía normal, que «partiendo de Alicante y cruzando la de Madrid, Zaragoza y Alicante (por la mencionada localidad albaceteña) terminara en Linares». Se buscaba una salida al mar, a los mercados extranjeros.

Se procedió con diligencia. Y en un principio, aquella idea no fue mal recibida. Se trataba de constituir una mancomunidad de treinta y cuatro municipios, con objeto de distribuir los porcentajes para sufragar, de momento, el coste del anteproyecto y de los estudios preliminares. Desde Hellín, se urgió a nuestro Ayuntamiento para que enviara un delegado a la asamblea que se celebraría el domingo 29 de marzo, en la expresada villa manchega.

En la referida asamblea, a la que sólo acudieron once delegados de otros tantos municipios, se eligió presidente de la mancomunidad a José Serra, teniente de alcalde de Hellín, quien así lo comunicó a los ayuntamientos implicados en la construcción del futuro ferrocarril Alicante-Hellín-Venta La Encina-Linares. Naturalmente, la mancomunidad carecía de facultades suficientes, hasta que no fuera aprobada por real decreto.

El diez de julio, José Serra convocó al delegado alicantino y exhortó al general de brigada y alcalde de Alicante, Julio Suárez-Llanos, a actuar con diligencia, «para no quedar eliminado en Ayuntamiento de su digna presidencia de la mancomunidad, favoreciendo involuntariamente al estancamiento del brillante porvenir que a su población le espera, en cuanto el trazado se convierta en realidad».

Suárez-Llanos consultó con los letrados municipales, quienes informaron de la invalidez del acto de la asamblea general, toda vez que ni asistieron a la misma todos los delegados ni se redactaron los estatutos. Se enfrían los iniciales ardores y se espacian las relaciones epistolares. No parece que el proyecto prospere. En carta fechada el uno de mayo de 1926, el alcalde alicantino escribe: «(...) La falta de ambiente que en esta ciudad se aprecia respecto del ferrocarril por usted proyectado, dificulta notoriamente la gestión ya que los de esta índole son ineficaces si no lo impulsa un sincero entusiasmo». Y termina: «Ello me obliga a expresar a usted la conveniencia de que prescinda de nuestro concurso».

Habrá aún nuevos intentos, pero inútiles. Ni el mapa con el trazado de la línea, ni las apelaciones al patriotismo y al progreso, convencen a la corporación alicantina ni a su presidente. Al trenecito de Linares se le dio un contundente carpetazo.

Que los vencedores de nuestra guerra civil sentían una viva admiración y respeto por los fascistas italianos y los nacionalsocialistas alemanes está fuera de toda duda. Cuando menos, durante los primeros años se sucedían las muestras de simpatía y respeto hacia las potencias de Eje. Luego, las cosas ya cambiarían. Las cosas o sus apariencias.

En nuestro ámbito local, abundan los testimonios de esa admiración. Basta con leerse los libros de actas de las sesiones corporativas del Ayuntamiento. Hay varias referencias a la división Littorio y constan igualmente las concesiones de la medalla de oro de Alicante al cónsul alemán Von Knobloch y al vicealmirante Carls de la Marina de la guerra alemana.

En algunas columnas anteriores, nos hemos referido a algunas de estas menciones y distinciones. En definitiva, las tropas italianas al mando del general Gambara fueron las primeras en entrar en Alicante, abriéndoles camino así a los soldados del general Franco.

Menos conocido es el acuerdo tomado en sesión plenaria del uno de julio de 1939, con motivo de la muerte del almirante Ciano, padre de Galeazzo Ciano, conde de Cortellazo, llamado conde Ciano, diplomático y yerno del duque Benito Mussolini, quien finalmente sería acusado de traición, juzgado por un tribunal fascista y ejecutado en 1944.

En aquella ocasión, se decidió remitirle al dicho conde Ciano, por entonces ministro de Relaciones Exteriores, un telegrama, cuyo texto reproducimos íntegramente: «Ayuntamiento presido sesión plenaria acaba celebrar acordó unánimemente hacer constar en acta y transmitir vuestra excelencia, pésame sentidísimo fallecimiento almirante Ciano. Al apenado hijo ilustre finado y al esclarecido ministro gran nación amiga expresa Alicante represento rendidos homenajes sincera condolencia pérdida irreparable. Dígnase vuestra excelencia admitirlos amablemente. Alicante ofrécele tristísimo motivo honda simpatía, profundo respeto, perdurable gratitud uniranle siempre poderoso imperio italiano». Lo firma: Luciáñez, alcalde. Y aparece expedido en la fecha ya señalada.

Aunque algo críptico, el texto revela los sentimientos ya aludidos de las nuevas autoridades, hacia quienes les habían ayudado técnica y militarmente en su lucha contra el Ejército de la República Española.

La llegada del acorazado sueco puso en vilo a las fuerzas vivas alicantinas. Durante varios días hubo trajines y cruce de cortesías. Se advertía en aquella movida la intervención de Manuel Prytz y Antoine, cónsul de Suecia en Alicante. El 6 de diciembre de 1934, Prytz invitó al alcalde, Alfonso Martín de Santaolalla, y a su esposa, a la comida oficial de gala que, con motivo de la llegada del «Óscar II», se iba a celebrar el día 20 del expresado mes, «bajo la presidencia del señor ministro de Suecia en España y señora de Danielsson», en los salones del Casino.

El alcalde correspondió con otro banquete, en el Club de Regatas, y puso en marcha todos sus dispositivos protocolarios. Casi un centenar de saludas salieron del Ayuntamiento: se trataba de cumplimentar al ministro escandinavo y a los jefes y oficiales del «Óscar II», con un almuerzo, el día 23 de diciembre. Confirmaron su asistencia, entre otros, claro: Juan Martínez Blanquer, abogado del Estado; Luis Sánchez-Guerra, ingeniero director de nuestro puerto; Ángel Bartolomé Fernández, coronel del regimiento de Infantería número cuatro; José María Estañ Herrero, jefe de la comandancia de la Guardia Civil; José Chápuli Ausó, jefe provincial de Estadística; el general José García-Aldave, comandante militar de esta plaza; el conde Gustavo de Laigue, cónsul de Francia... Y se excusaron otros muchos: el vicealmirante Juan Cervera, jefe de la base naval de Cartagena; Antonio Martínez Torrejón, decano del Colegio de Abogados; José Lafuente Vidal, director de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad; Mariano Marín, presidente de la Audiencia Provincial; y un considerable etcétera. ¿Causas? Indisposiciones, viajes, ocupaciones, vaya usted a saber.

En sus discursos, el alcalde Santaolalla advirtió que aquélla era la primera vez que «una ilustre representación de la Marina sueca visitaba nuestra ciudad». Y ya más a lo culto, les dijo a los huéspedes: «Yo quiero recordaros en este acto que, hace ya muchos años, vuestro rey Óscar, llegado desde Francia a nuestra frontera, dio un saludo de amistad con un ¡Viva España!, al que contestó uno de los poetas de habla castellana, nuestro inmortal Rubén Darío, con versos que son llama y fragancia del corazón español. Recojo de estos versos de antaño que mantienen su lozanía, unas palabras de salutación a nuestro país y las repito haciéndolas de Alicante, desde estas tierras de luz: «¡Un saludo le envía / al sol de medianoche, el sol del Mediodía».

Para que vean.

Aunque, por cortesía, comencemos por afirmar que, efectivamente, el relojero al que nos referíamos en nuestra columna del pasado lunes se apellidaba Llopis Reynel y no López Reynel, como por involuntario error aparecía. Acierta de pleno nuestro corresponsal, el señor José Carlos Lozano Llopis, cuando supone que nos documentamos correctamente. Así es. Sobre la mesa de trabajo aún disponemos de la copia de los papeles del expediente del negocio de gobernación número 17 que puede consultar en el archivo municipal, en la carpeta referente a los años de 1924 a 1933. Allí, se conservan dos escritos que lo evidencian: una instancia del propio Llopis Reynel, debidamente firmada y dirigida al Ayuntamiento, y una certificación donde se recoge la apertura de los pliegos presentados al concurso, para la adquisición de un reloj de torre, destinado al Palacio Municipal, uno de los cuales pertenece a Miguel Llopis Reynel, como rubrican el alcalde Lorenzo Carbonell, el teniente de alcalde, Pedro Beltrán de la Llave y el secretario Juan Guerrero. Constatación oficial y más que suficiente para poner las cosas en su lugar. Nosotros consideramos que cada apellido merece todos los respetos, aunque no altere el curso de los acontecimientos. Gracias, pues, por su oportuna intervención. La crónica es cosa de todos, que todos somos, por igual, protagonistas, y no sólo los supuestos grandes hombres. ¿Y lo que le pasó al doctor Gadea? Lo acusaron, junto con otros concejales, de ser algo así como el contratista de puestos públicos, y de disponer de un testaferro. Así se lo relata, en una instancia, al alcalde, Manuel Cortes de Miras, el once de enero de 1907: «Víctima de calumnias lanzadas por gentes malditas, con cerebro de zorra y corazón de hiena». José Gadea Pro, que pilotó la Alcaldía a principios de siglo, y en otras ocasiones, se declaraba abiertamente objeto de las pasiones de enemigos dispuestos a despedazar «nombre, honra y decoro». Y solicita la dimisión de su cargo edilicio, que aceptó un año antes, contra sus deseos, dice, y a ruegos de cariñosos amigos. Sin embargo, cansado ya, toma posesión de su cargo de médico del Hospital Provincial, «donde encontré siempre entre los desgraciados a los que prodigo mis cuidados facultativos, más gratitud que entre las gentes a las que prodigué mercedes a manos llenas, y son hoy los primeros en lapidar mi honor y mi casa con las pedradas de la ingratitud». Gadea que se incorporó al ejercicio de su profesión en la beneficencia provincial, extremo que tuvo que acreditar ante el Ayuntamiento para que le concedieran el cese solicitado, concluye: «Mañana, en cuanto Dios lo permita, iré a regir los destinos sanitarios de otra provincia, donde tenga sólo aquella función facultativa y la política no me aceche traidora con sus torpes dardos».

Pues, miren, que se birlaron un atlas geográfico del antedespacho de la Alcaldía y la oposición fue a por todas. El edil y periodista Ernesto Mandaro se destapó, un buen día, y dijo que el Ayuntamiento era objeto de acusaciones como las que se contenían en el periódico «El Pueblo» y que, en consecuencia se debía salir al paso de las mismas, tomar la iniciativa y ordenar, por quien corresponda, una inspección, al fin se aclarar todo aquello; luego, se refirió a la supuesta sustracción de unos libros y de un objeto de arte ofrecido, como premio, por la Cámara de Comercio; por último, afirmó que el teniente de alcalde Vila había manifestado, ante testigos, que en contaduría le negaron unos datos que precisaba.

Salió al paso el alcalde conservador, Alfonso de Rojas y Pascual de Bonanza, y afirmó que la tal inspección la pedían «los dos o tres periodistas» tan sólo, y que si resultaba necesaria ya se encargaría él personalmente de solicitarla, en su momento. En cuanto al aludido objeto donado por la Cámara de Comercio dio explicaciones pertinentes, así como de los libros, presuntamente sustraídos y que, en cualquier caso, se reducía al dichoso atlas, cuya autoría era difícil de averiguar por «la mucha gente que entraba en el antedespacho».

Todo esto sucedía el diecisiete de junio de 1904. Seis días más tarde, y en un pleno extraordinario, Vila sentenció: «Aquí se ha faltado a la ley no sólo por el alcalde, sino por todos los concejales que no han fiscalizado como debían la administración municipal». El republicano Guardiola Ortiz, desde su exigua minoría, protestó airosamente: que no, que de eso nada, que no le fueran ahora a cargarle el muerto. Finalmente se nombró una comisión para que investigara el asunto.

Lo curiosos es que casi veinte años más tarde, y al amparo del real decreto del 29 de octubre de 1923 que autorizaba a los ciudadanos a formular quejas y reclamaciones ante los consistorios municipales, el 15 de noviembre del mismo dicho año, Enrique Pedrón García formuló varias peticiones. La primera decía: «Que se reclame en nombre del excelentísimo Ayuntamiento el estado en que se encuentra un proceso que se le siguió al que fue alcalde de Alicante, don Alfonso Rojas y P. de Bonanza, referente a las actuaciones administrativas de dicho señor y en la que fue objeto de comentarios, por parte de la opinión pública, reflejadas en las columnas de la Prensa periódica, el número de metros cúbicos de grava que se consumieron en el arreglo o restauración de algunas calles de esta capital, entre ellas la que lleva el rótulo de Ramales (hoy Reyes Católicos)».

Como veremos, en una próxima ocasión, las respuestas fueron ambiguas e incompletas. Cosas que pasan y se desvanecen.

En diciembre de 1926, la Federación Nacional de Empleados y Obreros Municipales dirigió una circular a todos los alcaldes de España invitándoles a imitar el ejemplo tan singular del Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona había concedido a su plantilla medio sueldo como gratificación de Pascuas. Una iniciativa alentadora. Con tal motivo, el comité central de la referida organización, que presidía Manuel Cerezo Garrido y de la que era secretario general Gerardo Tabanera Abad, decía en su circular: «(...) la atención es justa, pues hace tiempo que bancos y empresas favorecen a sus subordinados con idénticas gratificaciones. Sin embargo (esta práctica) no es muy común en los ayuntamientos (…). Funcionarios y obreros municipales, salvo raras, muy raras excepciones, son los que están peor remunerados en todas partes, peor aún que los particulares, y en una gran inferioridad con los del Estado y de la provincia».

La referida circular fue remitida, el 16 de diciembre al alcalde de Alicante, Julio Suárez-Llanos, con una carta de disculpa, ya que «por tener este comité su casa en Madrid, no es posible cumplir los requisitos legales para hacerle entrega de la petición».

Suárez-Llanos no demoró su respuesta. El mismo día 24 les escribió con la mayor amabilidad: «La petición de ese comité -puntualiza en uno de los párrafos-, por lo que a esta corporación respecta, es innecesaria: desde el año 1924, todos los funcionarios y obreros que prestan sus servicios al Ayuntamiento, perciben, en concepto de gratificación de Navidad, una suma equivalente al tres por ciento del sueldo anual que disfrutan, y en el presupuesto aprobado para el próximo año 1927 figura el crédito necesario para satisfacer, a fin de año, y a todo el personal una paga entera como aguinaldo. Este Ayuntamiento, que abona quinquenios de quinientas pesetas a los funcionarios administrativos y técnicos, y de trescientas a los subalternos, y que satisface totalmente el impuesto de utilidades a todos sus empleados, acaba de acordar una revisión de plantillas y servicios, con la mira puesta en el deseo de que su personal se equipare en sueldo y categoría a los del Estado, y de que sus obreros mejoren asimismo su condición económica».

Eso sí, al alcalde le dolió que en la circular de marras no se hubiera solicitado que se imitara no sólo el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, sino también el de Alicante, cuando éste se había anticipado, en dos años, «a lo hecho por el de la capital de Cataluña».

Flipaditos, le respondieron de inmediato, felicitándole «por su laudable gestión en favor de los compañeros», y ofreciéndole reparaciones por el despiste.

Todos o casi todos los alicantinos recuerdan el primer bando que sobre las «Fogueres de Sant Chuan», publicó el alcalde Julio Suárez-Llanos, el veintidós de junio de 1928. Se apelaba en él al patriotismo de todos y se rogaba al pueblo, con singular encarecimiento, «que se sumara a los buenos deseos de las entidades organizadoras de las próximas fiestas». En uno de sus párrafos se dice: «(...) para darles la mayor brillantez, que el vecindario se asocie a tan feliz iniciativa, poniendo a continuación sus entusiasmos, sin regateos ni omisiones lamentables».

Recientemente, en la revista «Festa'93», María del Carmen Cortés publica íntegro el texto y lo analiza. Leyéndolo, cualquiera diría que el alcalde Julio Suárez-Llanos y Sánchez era un apasionado del fuego como fiesta y diversión. Sin embargo, y sin entrar en juicios, nos limitamos a recordar que un año antes, exactamente el veintidós de junio de 1927, el mismo alcalde que hace constar también su condición de general de brigada, publicó otro que no nos resignamos a dejar sin la debida y completa reproducción. Dice así: «hago saber; que cumpliendo lo dispuesto en el artículo treinta y nueve de las ordenanzas municipales, me hallo dispuesto a castigar sin contemplaciones a cuantos para celebrar las verbenas de San Juan y San Pedro, quemen hogueras en la vía pública, eleven globos de tela o de papel con esponjas o mechas encendidas dentro de la población o disparen en su recinto petardos, tracas, cohetes y demás fuegos de artificio».

«He de prevenir al vecindario que el excelentísimo gobernador civil de la provincia me comunica que castigará de modo inflexible a los infractores de la antedicha orden, la cual exigirá que se cumpla sin excusa ni pretexto alguno, imponiendo duras sanciones a los que la contravengan».

«A los señores tenientes de alcalde, a los alcaldes de los barrios y a los agentes todos de mi autoridad, recomiendo muy especialmente que vigilen por el estricto cumplimiento de lo expresado y que me denuncien a quienes desobedezcan lo prevenido en este bando, para adoptar las resoluciones a que haya lugar».

Y ahora, reflexionen y saquen sus conclusiones. ¿No le gusta al alcalde y general las manifestaciones más espontáneas y tradicionales de nuestro pueblo?, ¿ocultaba algún temor?, ¿se inclinaba por unas hogueras artísticas, controladas y metidas en cintura?, ¿velaba especialmente por el orden? Insistimos, que cada cual saque sus conclusiones. Pero es evidente que entre ambos bandos hay todo un abismo muy significativo. Para un serio estudio.

A Miguel Primo de Rivera y Orbaneja lo elevaron al rango de Bienhechor los siete municipios por donde tenía que pasar, ¡qué hermoso sueño frustrado!, el ferrocarril de Alicante a Alcoy. Es decir además de las dos ciudades ya citadas, Ibi, Onil, Castalla, Tibi y Agost. Y menuda peripecia para entregarle el artístico pergamino al general. Gracias a la mediación del ex alcalde Luis Pérez Bueno, que si no...

Julio Suárez-Llanos y Sánchez que también era general, pero de brigada, y alcalde de la ciudad, recibió, por fin, aviso de otro general, el gobernador civil y militar Bermúdez de Castro de que «el presidente del Consejo de Ministros, los recibiría el lunes, veintidós de noviembre de 1927», aunque luego se retrasó una semana justa.

El pergamino lo realizó el pintor Adelardo Parrilla, por dos mil ochocientas pesetas; y el marco de caoba, «con relieves y cadena de plata», Pascual Sempere, que cobró mil ochocientas setenta y cinco. El total, y de acuerdo con los criterios equitativos del marqués de San Jorge, alcalde de Alcoy, se abonó en función del número de habitantes de cada uno de los citados municipios. A Alicante le correspondió pagar dos mil quinientas noventa y ocho pesetas con veinte céntimos, el que más; y el que menos, a Tibi, cincuenta y nueve con veintidós.

Quien las pasó canutas fue el fotógrafo madrileño José Zegrí: para percibir las setenta y cinco pesetas de los retratos que les hizo a los representantes de los Ayuntamientos con Primo de Rivera, en el acto de entrega, tuvo que mantener una nutrida correspondencia con Suárez-Llanos, hasta que consiguió hacerse con el dinero.

Claro que aún fue peor, cuando meses antes, nuestra ciudad nombró al dictador «Hijo adoptivo», el nueve de octubre de 1926, por incluir el tren de Alcoy en el programa de prioridades en materia de ferrocarriles, y decidió entregarle el correspondiente pergamino en comisión. Pero, nanay. El general no estaba para ringorrangos. Y Luis Pérez Bueno intervino. El paciente Pérez Bueno fue una y otra vez, pero le decían que el señor presidente no tenía designado día alguno para audiencias. En una carta reservada, le confesaba a Suárez-Llanos: «La psicología de todo lo anterior, querido don Julio, creo verla con claridad. En los comienzos de su mandato, pudieron halagar al presidente las efusivas manifestaciones de cariño de toda España (...) pero se habituó a ellas hasta serle poco menos que indiferentes (...)».

Por último, Primo de Rivera recibió a Pérez Bueno en audiencia especial. El dictador le dijo que con tantos cuadros pensaba formar una galería de alto interés. Era el dieciséis de marzo de 1927.

La dictadura de Primo de Rivera llegó a nuestra ciudad de la mano del general de división Cristino Bermúdez de Castro y Tomás, el catorce de septiembre de 1923. Ese día, comunicó oficialmente al Ayuntamiento que, en cumplimiento de las órdenes recibidas, declaraba el estado de guerra en la provincia y asumía las funciones de gobernador civil. Simultáneamente, se publicaba un extenso y riguroso bando de contenido marcial: se extremaban las medidas de seguridad, se suspendían las garantías constitucionales, se imponía la censura previa, siempre en nombre de los principios de orden y autoridad.

El alcalde, Antonio Bono Luque, lo tuvo claro. En sesión plenaria de veintiocho de aquel mismo mes, presentó su dimisión y con él, la mayoría liberal. Le siguieron todos los demás. Santaolalla y Bueno Sales, en nombre de las minorías de la Alianza de las Izquierdas y de los conservadores respectivamente.

De inmediato se dio cuenta al general gobernador civil: «En sesión que acaba de celebrarse, (la corporación) ha acordado presentar la dimisión, en su totalidad, por entender todos y cada uno, como así lo han declarado, que en las actuales circunstancias, su patriotismo les obliga a facilitar la labor que ha emprendido el nuevo régimen, no oponiendo el más ligero obstáculo a los deseos de renovación de las corporaciones administrativas reiteradamente expuestos por el poder constituido». Bermúdez de Castro se apresuró a admitir la masiva dimisión. Ahora bien, rogó al alcalde que, en tanto se designaran a las personas que habían de sustituirles, continuaran en sus puestos, según comunicación trescientos noventa del Gobierno Civil.

Bono Luque le respondió que obedecía sus indicaciones y que permanecerían en sus cargos, hasta que les llegara el cese. El uno de octubre, se produjo el relevo. El secretario del Ayuntamiento, Enrique Ferré, certificó cómo el coronel jefe de la zona de reclutamiento de Alicante, por delegación del general Cristino Bermúdez de Castro, presidió el acto de constitución del nuevo Ayuntamiento, que sería presidido por el también militar Miguel de Elizaicin y España, y del que formaban parte, como tenientes de alcalde: Federico Leach Laussant, Antonio Valero García, José Tato Ortega, José Pérez García-Furió, Juan Vicente Santafé, Juan M. de Santaolalla Esquerdo, José Guillén Pedemonti y José María Ramete Escobedo.

Estos cambios se consumaron merced al real decreto del treinta de septiembre, por el que se acordaba la disolución de todos los ayuntamientos de España y se arbitraban los mecanismos por los que habían de ser sustituidos. Una muy importante página de nuestra Historia.

Pintaban espadas, por entonces, y la cosa se les puso fina a algunos de nuestros más ilustres representantes. Dos meses después de instaurada la dictadura primorriverista, el nuevo alcalde Miguel de Elizaicin recibió una comunicación del Gobierno Militar de Alicante, como para congelarle el resuello. El oficio, manuscrito y firmado por Miguel Salvador, con todos los sellos de rigor, decía, meridianamente: «Nombrado juez para la formación de un procedimiento previo, con el fin de depurar las responsabilidades en que hubiesen incurrido los ayuntamientos de esta capital, desde los años 1905 a 1923, ambos inclusive, por el cobro de cantidades relacionadas con los servicios de Asistencia Médica Municipal, ruego a V. E. se digne manifestar a este juzgado, a la mayor brevedad posible, los nombres y domicilios de los alcaldes constitucionales de esta ciudad, en los años anteriormente citados, así como los del concejal o concejales que durante los repetidos años hubieran tenido intervención o inspección directa en la Casa de Socorro, de los que también se consignarán sus actuales domicilios».

Cuando el general Elizaicin y España recibió aquella comunicación, fechada el 26 de diciembre de 1923, al día siguiente mismo, procedió a escribir de su puño y letra: «Cumpliméntese el servicio con toda urgencia». El horno no estaba para bollos y el alcalde, al fin, era igualmente militar.

Veinticuatro horas después, se le remitió al comandante juez instructor del Gobierno Militar la relación solicitada. Además se le manifestaba que «no existen en las oficinas municipales antecedentes relativos a que haya habido concejal o concejales especialmente delegados para la intervención o inspección directa en la Casa de Socorro, pues los servicios del Cuerpo de Beneficencia y Sanidad Municipal al que corresponde dicho centro, están reglamentados y sólo en algunos casos suelen ser objeto de informe o visado por el presidente de la comisión de beneficencia y sanidad».

La presunta limpieza de corruptelas y abusos de caciques y políticos al viejo uso que inspiraban los propósitos de Primo de Rivera, puso bajo sospecha a varios y muy respetables alcaldes alicantinos. Citamos sólo los nombres de cuantos figuran en la relación, mientras omitimos las direcciones y las fechas en que tomaron posesión de su cargo: Alfonso de Rojas, Manuel Cortés, Luis Mauricio Chorro, Ricardo P. del Pobil, Luis Pérez Bueno, Federico Soto, Edmundo Ramos, Ramón Campos, Eugenio Botí, Manuel Curt, Antonio Bono, Juan Bueno Sales, Pedro Llorca y Miguel de Elizaicin. Disciplinadamente, el primer alcalde de la dictadura se incluyó también. Todos dispuestos para una depuración anunciada, menos aquellos a quienes la muerte ya los había depurado definitivamente.

Aquel hombre tenía una inclinación natural para el himno. Se inflamaba escribiéndolos. Y era tanta su aplicación y tan desbordado su entusiasmo, que por quince pesetas llegó a ofrecerle al señor alcalde de Alicante la liviana y enaltecedora mercancía que se relaciona: himno a la Unión Patriótica, himno al libro, himno al ahorro, himno al maestro e himno al progreso. En este último artículo y dada su meticulosidad y precisión, especificaba: «Para los actos de inauguración, colocación de la primera piedra, rotulación de calles, recepciones, homenajes a personas ilustres, etc.». Sin percatarse, aquel hombre había descubierto el himno multiuso. Lo cierto es que gentes así, de esa fibra y de esa inventiva, ya no se encuentran. Qué penuria.

La fastuosa oferta se produjo epistolarmente en septiembre de 1926, y el poeta y mayorista de tan sutil género no se desalentó por el silencio del general Suárez-Llanos, a la sazón, alcalde de la ciudad.

Muy seguro de la calidad de su mercancía, y transcurrido un tiempo bastante prudencial, le escribió de nuevo al alcalde advirtiéndole que si no le convenía, pasara el interesante catálogo a otras personalidades, por el mismo precio y por si acaso pudiera resultarles de utilidad. No sabemos de cierto cómo reaccionó el general. Pero muy posiblemente debió de sentirse incómodo con el recado que lo convertía en una especie de comisionista de metáforas.

Aquel portento de hombre se llamaba Julio Menéndez García y era administrador de Correos de Carlet (Valencia). Un año antes, ya había remitido al alcalde cuatro ejemplares de su «folleto propulsor del establecimiento y celebración del "Día de la Madre", en España». En carta adjunta, le recomendaba a Suárez-Llanos que se dignara ponerlo en manos de los directores de los periódicos locales, para que con el mayor celo, propagaran tan hermosa idea. Finalmente, le pedía que le apoyase cerca del gobierno para la aprobación de la instancia que había elevado al mismo y en la que solicitaba se declarase de obligado cumplimiento el «Día de la Madre», a cuya exaltación naturalmente ya le había dedicado una de sus composiciones.

El folleto no tiene desperdicio. En su portada, hace un llamamiento a los gobiernos, el clero y la Prensa, al objeto de que en «España y en las naciones de habla hispánica se rindiera homenaje a la madre». Además de paciente, ¿qué hizo el general?, ¿lo cantó alguna vez, en la intimidad?

A Julio Menéndez le falló el marketing. Aún no disponía del auxilio de las grandes superficies comerciales que ofrecen un calendario apretado de celebraciones, tal y como le encandilaba al ingenioso administrador de Correos.

O cuando menos, muy probablemente. Para los coleccionistas de frases aéreas que luego las clavan en el álbum de la memoria emocionada o en la tipografía del folleto turístico y climatológico, no viene mal unas palabras de Azorín que, si no son inéditas, que creemos que sí, apenas son conocidas. Casi con toda seguridad, no tardarán en figurar en ese catálogo de excelencias que inauguró el marqués de Molins y en el que figuran Gabriel Miró, Wenceslao Fernández Flores y tantos otros escritores que enaltecieron, por la vía del sentimiento, de la sorpresa o de la oportunidad, nuestra tierra. Con motivo del ingreso de José Martínez Ruiz en la Real Academia Española, el Ayuntamiento que presidía el militar Miguel Salvador Arcángel acordó que constara en acta sus felicitaciones al autor de Monóvar, así como trasladar copia del mismo al propio Azorín y a su pueblo natal.

Días después, el nuevo académico dirigió una carta al alcalde de Alicante, cuyo contenido es el siguiente: «Señor de toda mi consideración: con toda el alma agradezco el parabién de ese Ayuntamiento. No olvido nunca a la hermosa tierra alicantina; presente está en mi discurso de la Academia. En el concierto de España, Alicante pone la gracia, la elegancia sutil de sus paisajes clásicos. Para mis coterráneos un saludo afectuosísimo. Usted reciba el testimonio de mi mucha y respetuosa consideración». El texto está fechado en Madrid, el tres de noviembre de 1924, y se conserva en el archivo municipal de nuestra ciudad.

Bastantes años más tarde, el cinco de junio de 1963, la corporación local, bajo la presidencia entonces de Agatángelo Soler Llorca, otorgó el título de «Hijo adoptivo» al insigne prosista. «(...) el próximo día ocho, el famoso escritor, académico de la Lengua y gloria de las letras españolas, cumplirá noventa años (...) Tan destacado valor de la provincia alicantina, a la que tantas páginas ha dedicado exaltando sus costumbres y paisajes, en su larga y fecunda labor, no puede quedar sin recibir en estos momentos de su venerable ancianidad el afecto y homenaje de la capital de la provincia». Por supuesto, el acuerdo fue unánime. Azorín, el gran economista del estilo, puede quedar en vendedor de imágenes y de camas hoteleras. Quién se lo iba a decir. Tan adusto, tan preciso, tan ajeno a esas cosas.

A José Marvá Mayer se le rotuló una calle, una avenida de pequeñas cordilleras y áridos valles por donde la chiquillería se hacía la guerra a cantazos y se rompían muchas crismas. Finalmente y para evitar la barbarie, se levantó el instituto de segunda enseñanza, con unas escalinatas de palacio vienés, se desmontó la incómoda orografía urbana y se edificaron casas, comercios, bancos y oficinas. Poco a poco, la civilización se ganó aquellas afueras tan generosas con una adolescencia que apenas si conocía más juguetes que las latas de sardinas vacías, los botones de los viejos gabanes y las tabas.

Pero mucho antes de los semáforos y de la invasión de los automóviles, a propuesta del concejal Rafael Romeu Bonet el Ayuntamiento le dio el nombre del general y matemático José Marvá Mayer a la futura y azacanada avenida. Luego, el seis de julio de 1923, ahora ha hecho setenta años, el mismo edil consiguió que la corporación le otorgara el título de «Hijo predilecto», «rindiendo así tributo de justicia a los altos merecimientos y a las preeminentes cualidades que en V. E. concurren», según las propias palabras que le trasladó por escrito el alcalde, Antonio Bono Luque.

José Marvá, nacido en Alicante, a principios de 1846, ocupaba la presidencia del Instituto Nacional de Previsión y la Dirección General de Trabajo, ya retirado de la vida militar, cuando recibió la grata noticia. Inmediatamente, escribió en agradecimiento por «el honor desproporcionado con mis merecimientos y que me liga con los más íntimos lazos de afecto a nuestra ciudad que siempre encontrará en mí al hijo dispuesto a servirla, con toda devoción y cariño».

Mientras, las obras del paseo central seguían su curso. El treinta de septiembre de 1925, ya estaban terminadas. Hay un escrito del general gobernador civil, Cristino Bermúdez de Castro, al alcalde Julio Suárez-Llanos, en la que le dice: «Mi querido general y amigo: recibí su amable carta dándome cuenta de la terminación de las obras de la avenida del General Marvá, atención que le agradezco muy sinceramente. Igualmente, le agradezco el ejemplar del reglamento de la "Gota de Leche", que me mandó ayer, y me propongo asistir al acto de inauguración, mañana a las seis de la tarde».

José Marvá Mayer murió en el turbulento 1936. En la posguerra, los niños y algunos adolescentes, continuaron sus hazañas entre las ruinas de los Salesianos y del refugio antiaéreo que se construyó al principio de la avenida y una de cuyas galerías, según se dice, daba en los sótanos de la Diputación. Toda ciudad que se precie tiene sus secretos pasadizos. O se los inventa.

De aquellos años que anduvimos a dentelladas, si escarbas, sale aún la letrina. Unos viejos papeles, ya historia superada e inolvidable, nos cuentan cómo el alcalde pedáneo del caserío, Tomás Climent González, compareció en el Ayuntamiento, y declaró ante el secretario, Enrique Ferré. En sus declaraciones aportó los nombres de «los individuos que intervinieron cuando funcionó la checa, en el Monasterio de la Santa Faz». El asunto rodaba de lejos. Y así, la delegación de Alicante de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, apremió al alcalde para que les facilitase la filiación de «aquellos detenidos cuya presencia se considera necesaria para la investigación que se interesa».

Por su parte, el alcalde, Ambrosio Luciáñez, notificó a la autoridad militar que se estaban practicando excavaciones «en patios, criptas y pozos del edificio, propiedad del Ayuntamiento, destinado a monasterio», con objeto de comprobar si existían cadáveres inhumados de forma clandestina que pudieran corresponder a personas asesinadas por los que actuaban en la mencionada checa.

El pedáneo dio los nombres. Nombres que omitimos por razones comprensibles. Y sólo mencionaremos los apodos o alias de quienes los tuvieron. El pedáneo contabiliza: un matrimonio cuya esposa era conocida por «La Castigadora»; también el llamado «El Quinset» y una mujer a la que decían «La Trapera». Además de los directamente implicados por el alcalde pedáneo, cita éste a otros dos hombres: del primero afirmó que era de ideas izquierdistas, y del segundo que perteneció a la FAI.

Por último, un nuevo individuo que, siempre según el declarante, residía en la finca «Quita Pesares», en la plaza Foglietti de la referida partida, «el cual estuvo durante todo el periodo rojo formando parte del tribunal popular y quien era gran propagandista del comunismo. Tenía amistad con los que formaban la checa, y según oyó decir, tal individuo había dado "paseos", sin que le conste esto de una manera cierta».

Concluidas las indagaciones, el cinco de octubre de 1939, el alcalde ofició al auditor de guerra: «Las excavaciones han terminado ya, sin más resultado práctico que el hallazgo de un cadáver. Con éste son veinticuatro los sepultados en los patios del Monasterio, pero se abriga la sospecha de que haya algunos más en otros lugares, acaso en fincas y territorios próximos». Por fortuna, parece que la sospecha no se confirmó. Ya era más que suficiente.

Hubo un tiempo -ha habido muchos, hay muchos-, en el que el emblema de Caín no fue tan sólo la quijada del burro, sino todo el burro. Un burro que, en ocasiones, volaba, descendía del cielo y pulverizaba el lecho nupcial y la cuna, el repulido perol del hambre y al anciano de adusto perfil anarquista. Desde el cinco de noviembre de 1936 al veintiocho de marzo de 1939, nuestra ciudad soportó setenta y uno o setenta y dos bombardeos aéreos, por parte de la aviación facciosa, especialmente a cargo de aparatos y tripulaciones italianos y alemanes. Es en el año 38, cuando las incursiones se hacen más frecuentes. De algunas de ellas, ya hemos dejado constancia en esta columna.

Por supuesto, fueron muchas y dolorosas las secuelas y las consecuencias. Por ejemplo, tras el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, se produjo, como represalia, el tremendo bombardeo llamado de «las ocho horas», durante el cual Alicante vivió espeluznado. La espiral ya estaba en marcha: al día siguiente, el veintinueve de noviembre de 1936, fueron ejecutados en el cementerio cincuenta y dos detenidos de ideología derechista, entre ellos César Elguezábal. El documento que reproducimos resulta concluyente: «Fuensanta Hernández Yagues, natural de Murcia, vecina de Alicante, domiciliada en la plaza de Castellón, número doce, casada, mayor de edad, manifiesta que el cinco de agosto de 1936, fue detenido en el pueblo de Tibi, donde se encontraba veraneando, su sobrino César Elguezábal Hernández. Lo condujeron a Alicante donde fue encarcelado en el Reformatorio de Adultos, y de allí lo sacaron violentamente, en unión de otros camaradas, la noche del veintinueve de noviembre de 1936. Lo asesinaron en el cementerio y allí fue inhumado en una fosa general. Actualmente se halla su cadáver en un nicho provisional construido por el Ayuntamiento», firma la declaración, el dieciséis de agosto de 1939.

Pero los numerosos bombardeos, ¿cuántas víctimas mortales produjeron? Nosotros teníamos documentados cuatrocientos cincuenta y nueve, hasta septiembre de 1938, Aline Santonja, según cita Juan Martínez Leal, en «La historia de Alicante», totaliza cuatrocientos ochenta y uno. Por último, hemos encontrado un documento del Ayuntamiento que dice: «Relación numérica de los muertos habidos a consecuencia de los bombardeos que sufrió la ciudad», en el cual se especifican minuciosamente las víctimas, con la fecha correspondiente, y la cantidad final se eleva a quinientos veintisiete, según las propias autoridades franquistas, cuyos aviones ocasionaron tal sangría. Cómo se infiltró Caín, en uno y otro lado. A destajo iba el muy hijoputa.

El siete de octubre de 1905, el Gobierno Civil de la provincia suspendió cautelarmente, en su cargo de alcalde, a Alfonso de Rojas y Pascual de Bonanza, según comunicación trescientos setenta y siete. Alfonso de Rojas recibió el oficio el día nueve y se apresuró a notificar lacónicamente a la superior autoridad que, con tal fecha, entregaba mando y jurisdicción al primer teniente de alcalde Luis Pérez Bueno.

Desde tiempos atrás, el diario «Heraldo de Alicante» hostigaba a Rojas y Pascual de Bonanza, quien solía remitir a la Fiscalía aquellos artículos que consideraba injuriosos para su persona y gestión.

Días después de la drástica medida, el doce del citado mes, tuvo lugar un pleno extraordinario, en el Ayuntamiento, bajo la presidencia de Antonio Masanet y Abad, delegado del gobernador civil. Antonio Abad advirtió a la corporación que se disponía a verificar una inspección de la administración municipal, y manifestó, para quitarle hierro al asunto, que su visita «sólo plácemes para los concejales pueden resultar». Pero no tragaron.

Y aunque el delegado dio por terminada la sesión, los ánimos andaban más que alterados, y Alfonso de Rojas pidió la palabra, sin que el señor Masanet y Abad se la concediera. Entonces, Alfonso de Rojas formuló una ingeniosa pregunta a la presidencia: ¿Aquello que se estaba celebrando era ciertamente una sesión extraordinaria del Ayuntamiento o una reunión? El delegado no titubeó: una sesión extraordinaria, por supuesto. A lo que su interlocutor le contestó, con agilidad, que entonces, hacía constar su protesta, por cuanto se había convocado con dos horas de antelación.

El delegado reflexionó brevemente y cambió de tercio: se trataba de una reunión. Y Alfonso de Rojas volvió a dejarlo sin alientos: no tenía objeto, ya que si celebraba para anunciar la inspección, ésta ya había comenzado a las diez de la mañana, en tanto la presunta reunión lo había hecho a las cinco de la tarde. El delegado sin recursos dialécticos, optó por levantarse, entre las descalificaciones de los ediles, quienes arguyeron que el delegado carecía de «categoría y condiciones». Al día siguiente, en una instancia al gobernador recusaron al delegado y solicitaron que se diera cuenta al ministro de la Gobernación, «vindicando así el daño inferido a este pueblo, y como es consiguiente, a la corporación que lo representa». Alfonso de Rojas, alcalde constitucional, por real orden del tres de marzo de 1903, volvería a la presidencia municipal el cuatro de noviembre de 1905. Apenas un mes más tarde de su suspensión. Pero ya estaba tocado y en vísperas de elecciones locales. De tal modo que el primero de enero de 1906, ocupó la Alcaldía Manuel Cortés de Miras.

En Inca, se hilvanó el luto isleño y por Alicante corrió un calambrazo, cuando se supo la noticia. El veintinueve de julio de 1929, se le astilló el corazón, en aquella plaza, al torero Ángel C. Carratalá. Ayer hizo ya 64.

Indagando carpetas y papeles, por donde navegan los pececitos de plata de la crónica, andaba, aún airoso, un folleto titulado «Flores marchitas», un conjunto de artículos originales, de Pica-Dura, comentarista y crítico taurino del «Diario de Alicante», publicado con motivo de la trágica muerte del torero. En el prólogo, dedicado a «Percal», su autor ruega a don Emilio Costa, don Juan Marcili y don Ramón Serra «que patrocinan mi idea que, con usted, formen la junta depositaria-administrativa del folleto». Era, en fin, un homenaje y una intención altruista. Y aceptaron. En una instancia dirigida al alcalde y fechada a primeros de octubre de aquel año, suplican la compra de ejemplares de aquel librito «eminentemente moral, lujosamente presentado, compendioso de una vida de triunfos del alicantino Ángel C. Carratalá». El Ayuntamiento, casi de inmediato, acordó la adquisición de cien, al precio marcado de una peseta cada.

El propósito era abrir una cartilla en la Caja de Ahorros, con los beneficios de la venta, a nombre de Ángel Celdrán de Castro, huérfano del malogrado torero. No había dudas.

Ángel Celdrán Carratalá, nació en 1903, en Alicante, en la calle de Bazán número sesenta. Dicen sus biógrafos que, en contra de la opinión familiar, ya toreaba en novilladas con picadores hacia 1924, «y sus grandes éxitos datan de 1926, en cuyo mes de julio armó aquí un gran alboroto, en aquella inolvidable corrida de miuras que se dio siendo empresario de la plaza de Alicante, Pascual Ors».

«Vino la tremenda cornada de Palha de Logroño -evoca en el epílogo del referido folleto, «Percal»- y nos hizo creer que, si no con el hombre había acabado con el diestro. Más al verle de nuevo ante los toros, nos convencimos de nuestro error. Carratalá seguía toreando como antes de la cogida y además era ya un excelente matador de toros. Bien fresco está el recuerdo de las estocadas que dio a sus adversarios del veintiocho de abril y del dos de junio, y al último que aquí despachó el catorce de julio». El comentarista dice: «Así toreaba Ángel C. Carratalá, jugándose la vida constantemente». Hasta que en Inca, una tarde, toda la juventud se le hizo escombros.

El uno de agosto y dirigida a Miguel Perales que se firmaba Pica-Dura, se recibió una carta firmada por Francisco Franco, desde Zaragoza. En uno de sus párrafos, dice: «(...) Todavía profundamente afectado por el desgraciado fin que en Inca, ha tenido mi querido amigo y compañero Ángel Carratalá». La carta está publicada en el «Diario de Alicante».

La ciudad entera brincó como si quisiera esquivar una carretilla implacable. Se encrespaba el levante y un sol de justicia facturaba a las gentes al Postiguet, al Cocó, a los balnearios. Las catástrofes siempre llegan en punto, cuando nadie las espera. Y aquella llegó a su hora: a las 12.30 del 31 de julio de 1943. Hace ya 50 años y también era sábado. Un sábado luminoso que enlutó con 17 víctimas mortales y otras 123 con heridas diversas, según la Memoria publicada por el Ayuntamiento, en 1944. Primero, fue el fuego. Luego, todo saltó por el aire y el histórico Consulado del Mar se vino abajo, con su heráldica, acompañado de otros muchos edificios. Hasta 62, arruinados o dañados, de acuerdo con la contabilidad del siniestro.

Cuando la explosión, los bañistas saltaron como delfines y los que andaban en el tajo, como liebres. Que se lo pregunten a los funcionarios municipales que sintieron cómo crujía la casa consistorial, mientras los cristales caían como confetis. ¿Los rusos? Pues no. La tragedia la provocó la armería «El Gato», en la calle Altamira. «En la planta baja de la casa número 30 de dicha importante vía urbana, con acceso también a la de Capitán Meca, número 2, había establecida desde antiguo una expendiduría de cartuchos, armas y artículos de caza y pesca. Sólo para tales géneros hallábase autorizada la industria. Nadie podía sospechar siquiera que el local estuviese convertido en un depósito de pólvora, detonadores y dinamita, en elevadas cantidades. La sorpresa resultó harto cruel». «Por causas que todavía se ignoran, prendiose fuego a tan peligrosas materias e hicieron explosión en plena mañana, cuando mayor era el tránsito y más intensa la concurrencia de gentes».

El gobernador civil, González Vicens suscitó una comisión integrada por el alcalde, Román Bono Marín, en quien delegó; el delegado de Hacienda, señor Fuster; primer teniente de alcalde, señor Quero; ingeniero jefe de la inspección de Hacienda, Eladio Pérez del Castillo; presidentes de las Cámaras de Comercio y Propiedad Urbana, señores Lamaignere Rodes y Soler Asensi, respectivamente; y arquitecto municipal, señor de Azúa. Como secretario y vicesecretario de dicha comisión actuaron el concejal Manuel Montesinos Gómiz y el jefe del negociado de Beneficencia, Carmelo Simón.

Tras la tremenda catástrofe, Alicante se volcó. Fuerzas militares, de la Policía Armada, de la Guardia Civil, de la Guardia Urbana, medios de transporte, voluntarios civiles, todos se entregaron a las tareas de salvamento y desescombro. La armería «El Gato», propiedad de Alfredo Llopis guardaba ilegalmente 400 kilos de dinamita y 2.000 detonadores. La sentencia publicada en el BOP, el 14-5-59, cómo andaba ya de lenta la justicia, condenó a los procesados Alfredo F. Llopis Alemañ, José A. Ferrándiz Miralles y José García Jerez al pago de distintas indemnizaciones.

Como se pusieron los del comercio y los que no eran del comercio, cuando se percataron de que les estaban endilgando billetes de chasco. La ciudad recelaba de todos y se pasaba las horas tanteando el papel e indagándolo a través de una lámpara. Alguien había inundado Alicante de dinero falso y cundió la alarma.

Leopoldo Riu Casanova, que era el gobernador civil no demoró la gestión y puso a los mejores sabuesos de los cuerpos de seguridad a olfatear el singular asunto. Mediaba 1901 y el censo saltaba, de muy poco, los cincuenta mil habitantes, algunos de los cuales iban de su casa al trabajo en los apacibles tranvías de mulas.

Aquel verano, el diecinueve de julio, el barón de Petrés dejaba la Alcaldía y en el sillón presidencial del Ayuntamiento se sentaba el doctor José Gadea Pro. Las cosas andaban más o menos como de costumbre, cuando desvencijó la calma aquella pesadilla de la moneda falsa, que tantas pretensiones podía desbaratar.

Sin embargo, en noviembre estaba todo resuelto. La Guardia Civil había localizado y desmantelado la fábrica clandestina de los billetitos envenenados. El teniente de la Benemérita José León, se apuntaba un tanto de popularidad y eficacia. Y el gobernador, por supuesto.

A buen recaudo los falsificadores, el edil Guardiola Ortiz solicitó de la corporación un acuerdo en el que se hiciera constar el agradecimiento por el relevante servicio que había prestado a la sociedad alicantina, Leopoldo Riu Casanova. El alcalde aún fue más lejos: había que pedir para el señor gobernador de la provincia «una gran cruz del Reino», con la cooperación de entidades, centros y organismos oficiales. El asunto, aprobado por unanimidad, fue además declarado de urgencia. Una gavilla de pliegos se desplazó de aquí para allá. Y escribieron sus adhesiones y felicitaciones a la primera autoridad y el citado oficial de la guardia civil, «Los Nueves», tranvía urbano de Alicante; el Banco de España; la Caja Especial de Ahorro; la Diputación Provincial; la Sociedad Económica de Amigos del País de Alicante; las Escuelas Normales de maestros y maestras; los Colegios de Médicos y de procuradores; la Cámara de Comercio; el Sindicato de Riegos de la Huerta; el Tiro Nacional; la Junta de Obras del Puerto; la Sociedad de Capataces y estivadores del puerto. El gobernador Riu Casanova había velado por los intereses de la ciudad. Y a la ciudad bien valía aquella gran cruz que se reclamó casi en olor de multitudes.

Nadie pase por el trance del cronista, cuando entre los legajos, el polvo y las tintas desvaídas, se da con una relación de escalofrío: «Asesinatos y fusilamientos fuera del término municipal». El siniestro papel no está fechado, aunque deduce que corresponde a los meses inmediatamente posteriores, a la caída de la Segunda República, a mediados de 1939. Sí lleva un sello que dice: «Ayuntamiento de Alicante. Cementerios». De la tal relación el cronista, y bien que lo sabemos, ya tenía aviso, por una más amplia lista se personas ejecutadas, durante los años de la guerra, y de la que en esta columna dejamos testimonio. Pero al encontrársela, le entran el estremecimiento y la duda. Cavila lo suyo y finalmente se decide por ofrecerla pensando que de tan punzante historia quizá venga en sacarse, para lo porvenir, mayor cordura en todos y más arrobas de humanidad. Aunque, murmura, viendo lo que se ve en Bosnia y en tantos otros lugares, a ese animalito racional que se supone llevamos dentro, la conciencia le sestea en demasía.

La relación la abre Daniel Hernández-Prieta Caturla, ingeniero de Caminos fusilado en Barcelona. Y sigue: Ildefonso Ramón Borja, asesinado en una de las carreteras. de Orihuela; Segundo Brufal Amorós, industrial panadero, en uno de los caminos de Tibi; el matrimonio Antoliano Pérez Prats y Maria Rosa Serra Cruañes, maestros nacionales, cuyos cadáveres se encontraron en el arenal de Santa Pola; Severiano Martínez Garriga, torrero de faros, muerto también en Barcelona; Carlos Ochotorena, coronel subinspector de la Guardia Civil, en una de las cárceles de Bilbao; Esteban Capdepón Pastor, secretario de Ayuntamiento, en Guardamar del Segura; Mariano Barrera Morant, soldado movilizado y ejecutado igualmente en Barcelona; Jacinto Calderón Goñi, teniente coronel de Infantería, asesinado en la carretera de tránsitos de Campanar, de Valencia; José Cerdá Pastor, presbítero, en Monforte del Cid, en la carretera general de Madrid; Amador Leal Pérez, brigada militar, asesinado en el frente de Granada, por un comisario rojo; Manuel Martínez Díaz, alférez de la Guardia Civil, en el barranco de Aguas, cerca de Campello; Eduardo Bonastre Pérez, en la carretera de Crevillente; José María Ruiz Olmos, médico, asesinado por milicianos y cuyo cadáver no ha aparecido todavía (se supone que fue arrojado al mar); Francisco Vogel, dependiente del almacén de vinos de don José de Barrios Cifuentes, sin que tampoco háyase podido encontrar su cadáver aún.

El cronista copió la relación literalmente del documento citado y apenas si tuvo ánimos para los comentarios. Sólo dijo que en la historia de este siglo también contaba el odio, el rencor, la revancha y la barbarie. Y mucho.

Recientemente, a la Casa del Gobernador la han puesto de establecimiento hotelero coquetón. Sea para bien de la islita y de sus huéspedes más sosegados y ecológicos. El proyecto venía de atrás y por fin se ha realizado. Hace años, los tabarquinos necesitaban perentoriamente un cementerio, casi nada. Pues, miren, en enero de 1911, lanzaron un mensaje al Ayuntamiento y el Ayuntamiento lo recibió 16 meses después.

Ya comentamos aquí la angustiosa situación de los vecinos de Tabarca que escribieron al alcalde, Federico Soto Mollá, contándole que ya no se podían efectuar inhumaciones y que el camposanto «se encontraba casi a las paredes del pueblo», lo que constituía un grave peligro para la salud de aquellas gentes.

Cuando el alcalde leyó la instancia decidió que una comisión de ediles se desplazaran a la isla y además de resolver el tema del cementerio, investigaran también sobre el importe del consumo del agua de los aljibes. Nada consta de las gestiones. Lo cierto es que frente a tanta pasividad, los afectados construyeron, por su cuenta, una necrópolis, para no dejar a sus muertos por ahí.

Así las cosas, el cuatro de abril de 1913, el nuevo alcalde, Edmundo Ramos Prevés, dispuso que el arquitecto municipal y una comisión compuesta por los concejales Guardiola, Pérez García y Salinas, hicieran el petate y partieran rumbo a la abandonada isla. Tampoco crean que salieron disparados, ni mucho menos. El informe lleva fecha del 17 de junio del mismo año. En él se dice: «En una palabra, que el cementerio de Tabarca (con una capacidad superior a lo necesario para que en un periodo de veinte años no sea preciso ensancharlo) es un lugar de reposo que aparte de su sencillez y reducidas dimensiones, científica y poéticamente podrían envidiar las más prósperas y ricas poblaciones». Qué optimismo, ¿no? Eso sí, el arquitecto aconseja al Ayuntamiento que abone a los vecinos la mitad de su construcción, dos mil quinientas noventa y siete pesetas con treinta y siete céntimos.

Por su parte, los ediles comisionados afirmaron que «las cuentas del agua, muy bien llevadas, por cierto, a razón de cinco céntimos dos cántaros, apenas basta para costear entretenimientos y mejoras, así como la pequeña retribución asignada a la mujer recaudadora del producto de la venta del agua». Y ya ven, los citados ediles, aunque tarde, tuvieron la gallardía de cantar las verdades: «De la visita hemos sacado también la creencia de que el Ayuntamiento no cumple en el pueblo de Tabarca todos los fines municipales, pues no atiende ni al alumbrado, alcantarillado y aceras, que por lo demás y sólo gracias al cuidado de sus moradores, se encuentran en bastante buen estado». Quizá por eso.

Andaba fino el general Julio Suárez-Llanos con el muy ilustre abad de la Colegiata de San Nicolás, cuando lo dejaron colgado en las puertas del templo. Nos imaginamos cómo debió sentirse: nadie salió a cumplimentarlo y, claro, se picó el buen hombre. Era el día de la Virgen del Remedio, es decir, el cinco de agosto, pero de 1929. Además, el gobernador civil había delegado su representación en el militar que era también alcalde de la ciudad, por otra parte. Así que aguantó, en silencio, el revés, pero sólo durante veinticuatro horas. Luego, por escrito, elevó su malestar a su «respetable señor», el abad de la Colegiata.

El general que había pleiteado, en su condición de alcalde presidente del Ayuntamiento, con el cabildo eclesiástico, por las inhumaciones que se efectuaban aún en el viejo cementerio de San Blas, propiedad de la iglesia, no las tenía todas consigo. ¿Aquella indelicadeza era premeditada o simplemente fortuita? Por si acaso, decidió notificarla a la autoridad superior con objeto de evitar su presumible reincidencia. Lo deja muy claro en su carta.

«(...) Ostentando la doble representación de la ciudad, como alcalde, y del excelentísimo gobernador civil, por expresa delegación del mismo, tuve el honor de presidir ayer la procesión religiosa de la Patrona de Alicante, pero advertí, con extrañeza y sentimiento, que al presentarme en el templo colegial, no se tuvo la gentileza, siquiera fuese para dispensar al cargo, aunque no a la persona modestísima del que lo ocupa, aquellas atenciones que merece».

Luego, Julio Suárez-Llanos ya se muestra más exigente en su tono y le dice: «Acaso un lamentable descuido, ajeno a la voluntad de usted y de quienes le secundan, determinaron esa falta».

«No obstante, debo expresar a usted la contrariedad que me produjo y mi propósito de transmitirla, en la primera ocasión, al reverendísimo señor obispo de la Diócesis, para que, aun suponiéndola casual y no intencionada, los prestigios de mi cargo impónenme la necesidad de exteriorizarla, ante quien corresponde, para que no se repita».

Se ve que el general no le echó un vistazo a la historia: la relación entre ambos cabildos, el municipal y el eclesiástico, ha pasado por épocas borrascosas. Aquello no fue más que un incidente anecdótico del que dejamos aquí constancia, precisamente en estas fiestas patronales.

Los pobres tienen cada ocurrencia que ya nos contarán, ¿verdad usted? Vistos desde el otro lado, del lado de la barrera del dinero, que es como hay que verlos, causan muy frecuentemente perplejidad y hasta inquietud. Y es que son imprevisibles. Miren que les decimos.

El periodista Miguel de Elizaicin, que era por entonces director y propietario de la revista quincenal «Museo-Exposición», tenía un corazón de oro fino y una curiosidad desbordada. Una y otra cosa le llevaron al descubrimiento de que los fríos del invierno machacaban a los «desheredados de la fortuna» -de los que, por cierto, nunca se dice quién los deshereda-. De manera que, en lugar de cobijarse en la mesa camilla y cerquita del brasero, como parece lógico y procedente, se metían sin más en los hornos de yeso y, claro, se asfixiaban muchos o, en el mejor de los casos, se quedaban hechos unos zorros.

Cavilando lo suyo, al señor Elizaicin le vino la feliz idea de que podían refugiarse «en los sótanos del edificio sin terminar que existe en el barrio de Benalúa y que se dedicaba a Hospital del Niño Jesús, hoy guarida de gitanos y gente maleante», como le sugirió el periodista a su buen amigo Luis Pérez Bueno que andaba de alcalde accidental o interino. De este centro nos aclara Rafael Martínez San Pedro, en su «Historia de los hospitales de Alicante», que «en 1895 y con el fin de establecer un hospital para niños pobres, se creó en Alicante la sociedad El Niño Jesús, que presidió doña Victoria Amérigo de Garrido. Se abrió una suscripción pública y se estableció este nuevo centro benéfico en el barrio de Benalúa, pero no se llegó a inaugurar».

Miguel de Elizaicin, en su carta del veintisiete de diciembre de 1905, le comentaba que aquello podía transformarse en «un albergue nocturno con muy escaso gasto de luz y calefacción. La propiedad del edificio, como todos sabemos, es de la Junta de Damas que presidía doña Victoria Amérigo de Garriga, a cuyo entusiasmo y esfuerzo se deben los trabajos realizados y, si a esto se agrega su nunca desmentida caridad para los desvalidos, hay que esperar que no negará el permiso para dedicarlo, en esta temporada de fríos, al objeto indicado».

Terminaba: «Si la idea te parece aceptable, consúltala con tus compañeros de ayuntamiento, por si la creen factible». Y en una esquina del papel, una discreta advertencia: «Si lees esta carta a los compañeros, suprime la firma o cámbiala por "un vecino"».

Mientras, los pobres continuaban metiéndose en los hornos de cal o de yeso, auténticas cámaras de gas, para hurtarse de la desapacible intemperie. Ni siquiera sabían que se encontraban en la Casa de la Primavera. Cuánta ignorancia.

Vienen de muy atrás y encontraríamos precedentes en las ferias medievales. Pero, a principios de siglo y desde las tradicionales conmemoraciones religiosas y patronales, se organizaron, en torno a la procesión de la Virgen del Remedio, programas que comprendían verbenas, regatas en el puerto, certámenes de bandas, corridas de toros, castillos de fuegos de artificio, batalla de flores y unos juegos florales de mucho empaque.

Fíjense, por ejemplo, en 1901, algunos de los miembros del jurado que otorgó los diversos premios poéticos y literarios: José Echegaray, Rafael Álvarez Sereix, que finalmente dimitiría, Carlos Arniches y Celso Lucio. Al año siguiente: Francisco Figueras Bushell (padre del cronista Figueras Pacheco), Rafael Campos Vassallo, José Guardiola Ortiz, Pascual Pérez Martínez, entre otros, mientras el farmacéutico y catedrático José Soler Sánchez y Heliodoro Carpintero declinaron los correspondientes nombramientos justificadamente.

En 1902, la Sociedad Mantenedora de Festejos «La Festival Alicantina» se dirigió al alcalde, José Gadea Pro, con objeto de encargarse «del reparto de limosna de los pobres, anunciado para el cuatro de agosto próximo, en el jardincillo de la plaza de Isabel II (Portal de Elche)». El alcalde accedió a la petición. «La Festival Alicantina» era una empresa diligente y de aire moderno. Le daba a todo, como ya se verá.

Y el doctor Gadea, muy consciente de que tan apretados programas constituían un reclamo poderoso para atraer a nuestra ciudad a forasteros y veraneantes escribió a los agentes comerciales de las compañías ferroviarias Madrid, Zaragoza y Alicante y Andaluces, adjuntando al primero, cincuenta carteles, y treinta al segundo, con objeto de que los fijaran en todas las estaciones respectivas, para conocimiento del público en general.

Alicante vivió los primeros años del siglo con euforia y se volcó en sus fiestas de agosto. Hasta tal punto que, ya en 1903, a las diversas comisiones de «música y alboradas», «veladas marítimas», «iluminación», «fuegos artificiales», «Tiro pichón», etcétera, presididas respectivamente por Ernesto Villar, Francisco Aznar. Nicolás Baeza, Arturo Herrero y Trino Esplá, se sumó, dicho año, la de «cinematógrafo», a cargo de Luis Rodes. Estábamos a la última, echándole inventiva y exotismo. Miren, hasta en uno de los programas se decía textualmente: «Batalla de flores, corriendo la pólvora una tribu marroquí». Ahora, el edil Bernicola lo tiene como más a huevo, aunque la tribu marroquí llegue en patera. O a nado, que ya es todo un espectáculo.

Fue «Lo Rat-Penat», societat de amadors de les glories valencianes, quien se acordó de don Antonio Valcárcel Pío de Saboya y Moura, conde de Lumiares, cuando se cumplieron los cien años de su muerte.

El alcalde de Alicante, que andaba en el asunto, recibió una carta firmada por el presidente y secretario de la citada entidad cultural, Gurich Alberola y Manuel Giner San Antonio, en la que le decía: «La junta de gobern d'aquesta societat acordá, per aclamació, celebrar el primer centenari de la mort del il-lustre arqueolech alacantí (...)». Para honrar la memoria del «benemérito patricio», considera lo más oportuno dedicarle una lápida conmemorativa, a cuya inauguración, dentro de los actos programados, asistirían una comisión de «Lo Rat-Penat». Reproducimos literalmente otro párrafo del escrito: «En nom, puix, de "Le Rat-Penat" tinch l'honor d'agerir al Extm. Ajuntament de sa digna presidencia la esmentada lapida, que sera enviada dins de pochs dies, pregant li l'acepte com tribut d'admiració d'aquesta Societat al insigne compte de Lumiares y penyera de germanor entre Alacant y Valencia».

En sesión plenaria del seis de noviembre de 1908, la corporación municipal que presidía Luis Mauricio Chorro, decidió aceptar el generoso ofrecimiento de «Lo Rat-Penat», así como invitar al Ayuntamiento valenciano a los festejos que se preparaban para los días trece, catorce y quince del referido mes.

En el expediente, que se conserva en el archivo histórico municipal, hay un telegrama donde se anuncia la llegada «del gran poeta Teodoro Llorente y de la notabilísima banda de Valencia», así como una carta autógrafa del bisnieto del conde de Lumiares, desde Milán, agradeciendo las atenciones para con su antepasado y prometiendo su comparecencia en los actos, si antes resolvía los asuntos por los que se encontraba en Italia.

En el apretado programa de actos, con banquetes, visitas, actos académicos y velada apologética incluida, figuraba, al pie de la fachada del Palacio Consistorial, el descubrimiento solemne de «La lápida conmemorativa del centenario, donada a la ciudad de Alicante, por la ilustre Sociedad valenciana Lo Rat-Penat».

Antonio Valcárcel Pío de Saboya, conde de Lumiares, nació en Alicante, el quince de marzo de 1748 y murió en Aranjuez, el catorce de noviembre de 1808. Arqueólogo, historiador, numismático, entre sus obras figura «Lucentum, hoy la ciudad de Alicante, en el Reino de Valencia».

Siendo alcalde, el doctor Gadea Pro se equivocó en sus vaticinios. En uno de sus bandos, publicado el quince de septiembre de 1902, y refiriéndose a la memoria del gobernador civil Trino González de Quijano, afirmó que «perduraría mientras hubiera alicantinos». Pues, mire usted, o ya no hay alicantinos, sino visitantes y algunos emboscados, o aquí se padece una amnesia colectiva de mucho cuidado. A Quijano ya sólo lo recuerdan los ancianos, los niños, varias parejas de enamorados que buscan la umbría cómplice de las araucarias y los ciudadanos que van a presentar sus quejas y denuncias a la OMIC.

Y lo recuerdan no en forma de gobernador, que tampoco se sabe muy a ciencia cierta cuál es la hechura cabal de los gobernadores recién manufacturados, sino en forma de solemne panteón o de jardín con airecillo de romanticismo envenenado por los tubos de escape y los decibelios.

Antes era otra cosa. A los mártires de la libertad, a Maisonnave y a Quijano se les rendían honores, cuando les tocaba la vez. Y los concejales asistían con gravedad, levita, corbata, guantes negros, fajín y medalla. Qué empaque el de aquellas corporaciones municipales, cómo impresionaban a sus convecinos. ¿Se imaginan, ahora?

En 1902, el Ayuntamiento conmemoró el cuarenta y ocho aniversario de la muerte de González de Quijano. Y como cada año de los de entonces, se organizó la procesión cívica y se invitó a los notables y al pueblo en general, a participar en los actos programados. José Gadea Pro, el alcalde, pidió al Orfeón de Alicante que actuase, «para que la manifestación de duelo cobrase mayor importancia y relieve, ante el monumento a Quijano». El treinta y uno de agosto, la junta general aceptó acudir a dicha manifestación que «el pueblo alicantino dedica todos los años al insigne patricio y filántropo Trino González de Quijano». Así se lo comunicó al presidente del Orfeón, doctor Antonio Rico Cabot.

«Quijano -dice en su bando Gadea Pro- fue, en la terrible epidemia de cólera morbo que afligió a Alicante, hace cuarenta y ocho años, no sólo la autoridad cumplidora fiel de sus deberes, sino el hombre heroico que impulsado por la caridad cristiana, combatió tan denodadamente en pro de sus administrados, que en aquella lucha contra lo invisible, dio en holocausto su vida (...) Alicantinos: acordémonos siempre de Quijano, y hagamos que, de generación en generación, se repita por nuestros hijos, con la cabeza descubierta, tan sugestivo nombre».

El próximo 15 de septiembre se cumplirá el ciento treinta y nueve aniversario. Otra cosa no, pero las cabezas están, por lo común, descubiertas, y algunas hasta rapadas. Si será por eso del respeto y el dolor.

Una extensa y elogiosa carta dirigida al alcalde de Alicante, Luis Pérez Bueno, por el rector de la Universidad de Oviedo, Fermín Canella, testimonió el éxito del catedrático de aquélla e ilustre alicantino Rafael Altamira Crevea, en América, donde «tan alto puso el pabellón de la ciencia española en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Nueva York, México y Cuba».

Desde La Habana, Altamira escribió a Pérez Bueno el 20 de febrero de 1910, asegurándole que cumpliría la promesa formulada a los alicantinos: en Nueva York embarcará, en un vapor alemán, el dieciocho de marzo, y llegará a Santander, para, una vez allí, «tomar la vía terrestre que más facilidades ofrezca, con objeto de dirigirme, sin más incidencias, a ese Alicante que llevo siempre en el alma». A finales de marzo, la capital de la Montaña le rindió un recibimiento multitudinario. Su alcalde, Pedro San Martín Riva, organizó un banquete en su honor, al que invitó a su colega de Alicante.

En nuestra ciudad se preparaba activamente un programa de actos en homenaje a quien nuestro Ayuntamiento, en sesión plenaria del siete de mayo de 1909, había inaugurado la relación de «Hijos predilectos». Título que se le otorgó con la anuencia de sociedades, corporaciones y centros de enseñanza locales, siendo entonces alcalde Luis Mauricio Chorro, por el viaje académico que iba a realizar por diversos países sudamericanos.

A su regreso, con todos los triunfos obtenidos, y en medio de un verdadero clamor popular, se le entregaría el pergamino correspondiente en los salones del Palacio Consistorial, el 3 de abril de 1910. Ese mismo día, a las doce, se procedió a descubrir la placa que daba el nombre de Rafael Altamira a la calle que, hasta entonces, se había llamado de la Princesa. Vicente Bañuls, que realizó tanto el citado pergamino como la placa, en carta del trece de abril de aquel año, le dijo a Pérez Bueno que «renunciaba a toda recompensa que pudiera dedicarse a su trabajo personal y labor artística, porque era parte interesada en aquella obra patriótica». Tan sólo pasó la nota de gastos por cemento, escayola, colores de acuarela, etcétera, y que ascendía a doscientas pesetas.

Al homenaje se sumaron numerosas personalidades científicas, literarias, académicas y políticas. José Canalejas, presidente del Consejo de Ministros, se adhirió a tan indiscutibles muestras de admiración, respeto y cariño. A propuesta del alcalde de Alicante, numerosas poblaciones de la provincia entregaron a Rafael Altamira el título de «Hijo Adoptivo»: San Vicente, Muchamiel, San Juan, Campello, Villafranqueza, Elche, Villajoyosa, Cocentaina... En el Archivo Histórico Municipal se conserva un voluminoso expediente acerca de tan señalado acontecimiento.

En este habitual espacio ya contamos los inicios del Canal de la Huerta. Le tocó a Luis Pérez Bueno contribuir a su inauguración. A tal fin, el alcalde de Alicante publicó un extenso bando advirtiendo que el domingo nueve de octubre de 1910, llegaría a nuestra «hermosa huerta el caudal de aguas que ha de fertilizarla y aumentar su valor, como instrumento natural de producción y riqueza. Por lo tanto -decía- los alicantinos estamos de enhorabuena y debemos mostrarnos complacidos de que con capitales propios, manejados por una patriótica junta, se haya realizado en breve espacio de tiempo la magna empresa de la traída de aguas del Zaricejo».

Naturalmente, el Gobierno delegó su representación en uno de los miembros de su gabinete, acompañado de varias personalidades y de los representantes de Alicante en las Cortes. En su bando, el alcalde se refería gozosamente al acontecimiento: «A compartir nuestro legítimo júbilo y dar relieve al solemne momento de inaugurar el Canal de la Huerta, el Gobierno de la Nación envía a uno de sus ministros, que nació en la región alicantina, al de Gracia y Justicia, excelentísimo señor don Trinitario Ruiz Valarino, que llegará mañana en el correo de Madrid y al que acompañan ilustres personalidades oficiales y nuestros activos y celosos representantes en Cortes».

Observen qué parrafada tan enfática la que se sigue: «La ciudad de Alicante agradece la visita del representante del Gobierno y lo demostrará recibiéndolo con cariñoso entusiasmo y engalanándose en loor de una fiesta de paz y progreso que señala nueva y próspera etapa para la hermosa huerta en que encontramos los alicantinos el sosiego de los espíritus y el descanso para el organismo fatigado del rudo batallar por la existencia». El alcalde no aclara quiénes eran aquellos alicantinos batalladores, aunque no hay que esforzarse para averiguarlo. Pobretes.

«¡Alicantinos!, mañana debe ser para nosotros día de regocijo, pues por el propio esfuerzo, las aguas llegan a fecundar la entrada del magnífico trozo de la región alicantina que se llama Huerta de Alicante».

Como era previsible, el consejo de administración de la Sociedad del Canal de la Huerta, en escrito de doce del mismo mes, testimonió al alcalde Luis Pérez Bueno su gratitud «por la directa participación que ha tenido en los festejos celebrados para la inauguración de las obras del Canal cuyo éxito débese muy especialmente a su eficaz cooperación e iniciativa».

Nuestro puerto y su tráfico siempre han sido motivo de satisfacciones y también de disgustos. Véanlo si no ahora, con tan reducido movimiento y tan abultada movida. Que si Campsa, que si tal o cual línea que se desplaza a otro lugar. Véanlo, por una u otra razón, en los papeles casi a diario. Claro que el tema tampoco constituye una novedad.

Imagínense el sobresalto de los alicantinos y de los más directamente implicados en el tema, cuando, no sabemos muy bien cómo, se corrió el aviso de que el Ministerio de Marina había tomado el acuerdo de suprimir el servicio mensual Mediterráneo-Nueva York-La Habana. Sin pérdida de tiempo, se reunió la corporación municipal y decidió enviar al presidente del Consejo de Ministros y a los titulares de Marina, y de Agricultura, Industria y Navegación, un telegrama en el que el alcalde Lorenzo Carbonell rogaba encarecidamente se dejara sin efecto la medida acordada. «Dicha medida priva a Alicante del único servicio oficial de tráfico (a cargo de la compañía Trasatlántica) que pasará a otras compañías, con grandes perjuicios de comercio. Consecuencia, elevación fletes sin control establecido para itinerarios oficiales. Ayuntamiento recogiendo aspiraciones clase mercantil solicita mantenimiento itinerario en beneficio economía nacional. Reiterando al Gobierno adhesión, confía ver rectificada medida perjudicial intereses Alicante». Previamente, el presidente de la Cámara de Comercio, Nicolás Lloret, notificó a la alcaldía que había tenido conocimiento de la suspensión de tan importante servicio que «aislaba a la ciudad y a su tráfico portuario y beneficiaba a las compañías extranjeras». La Cámara también se dirigió al ministro de Marina, pidiéndole que rectificase. Después de la alarma y el subsiguiente papeleo, sorprende el oficio del director general de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, dirigido al alcalde Carbonell, el cinco de abril de 1932, y cuyo texto es: «Con fecha veintinueve de marzo próximo pasado se dijo al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante lo que sigue: Vista su instancia en solicitud de que no sea suspendida la línea número tres de la Trasatlántica "Mediterráneo-Nueva York-La Habana", esta Dirección General ha acordado participar a V. E. que indudablemente ha padecido un error al suponer la supresión de tal servicio, toda vez que en este departamento ministerial no hay noticias de que vaya a ser suprimido».

El Ayuntamiento quedó enterado y así se lo hizo saber a la Dirección de Navegación. Se dio cuerpo a un rumor infundado y había que envainársela. Sin comentarios.

Salieron a las ocho, y tenían prevista su llegada a nuestra ciudad trece horas más tarde, del día veintinueve de Julio de 1911. Aquellos aviadores eran unos intrépidos. El raid aéreo de Valencia a Alicante y regreso al día siguiente constituyó todo un acontecimiento. Para garantizar la seguridad de los participantes en la carrera se desplegó un impresionante dispositivo de seguridad que comprendía barcos de guerra, ciclistas, automovilistas, vigías, unidades de la Cruz Roja y mucha leña.

Cualquier itinerario era válido, pero el Real Aeroclub de España destacó la peligrosidad de las montañas del interior y señaló una ruta más larga, pero también más protegida: Dense cuenta: «Partiendo de Valencia, playa de la Malvarrosa, los aviadores deberán seguir la orilla del mar, como camino más cómodo y que ofrece fácil punto de aterrizaje. Se seguirá esta línea hasta las proximidades de Cullera, en donde deben abandonar la costa tomando al oeste de la montaña y seguir sobre la llanura, hasta coger nuevamente la orilla del mar, en cuanto crucen el río Júcar, hasta Setla. Aquí un punto de hoguera, situado en la playa, indicará a los aviadores que deben abandonar la costa y tomar rumbo hacia Ondara, rumbo que estará marcado por otro punto de hoguera, en una colina donde hay dos molinos de viento (...)».

Un vuelo encantador. El piloto no se chamuscaba por pelos. Y de Ondara a Gata «donde se pondrán nuevas hogueras, vencerán luego el espolón montañoso que muere en el cabo de La Nao, salvando la divisoria al este de la carretera, con objeto de alejarse de los peligrosos remolinos de viento. Para salvar esta cadena montañosa, los aviadores deberán elevarse a unos setecientos metros sobre el nivel del mar». Luego, Calpe, «fácilmente reconocible por el peñón y un punto de cuatro hogueras». Altea. Y de Altea a Villajoyosa. «En toda la costa de Altea a Alicante no hay más cultivos que olivos, vid y frutales, por lo cual es arriesgada la toma de tierra en todo este recorrido, a excepción de dos pequeñas playas en el pueblo de Benidorm». Qué curioso paisaje, ¿no? Por último. «la llegada a Alicante se marcará por un punto de hoguera en un monte elevado al sur del itinerario y por cuatro que marcan el aeródromo situado en el campo del Tiro Nacional, al NO de la ciudad». La carrera de aeroplanos fue un éxito: no se incendió ninguno.

Aquello, ya lo supondrán, constituyó una movida impresionante. Cartas, telegramas, movilizaciones. Los alcaldes de Valencia y Alicante, Ernesto Ibáñez Rizo y Federico Soto Molla, se marcaron un buen tanto. Aunque, para no perder el paso, hubo entre ambas ciudades alguna suspicacia, a la hora de echar cuentas. Como está mandado.

Aún el sol no se expendía en tetrabrick, pero los veraneantes tampoco le hacían asco. Y sin filtros viscosos, que los males cutáneos no eran más que la piel tímida del oficinista. La salud se la ponía uno con el bañador. Y todo aquello había que ordenarlo y ordeñarlo. Así nació la Junta Provincial de Turismo. Nació el veinticuatro de mayo de 1932 y al amparo del decreto de cuatro de diciembre de 1931. Se notaban las ganas de no perderse tantos caudales. De modo que se reunieron en el Gobierno Civil y se leyeron de una sentada las disposiciones que regulaban las nuevas tendencias del Patronato Nacional de Turismo y en las que se daba cancha a regiones, provincias y municipios. Al pie de la letra, la tarea resultó rutinaria. Más que en los libros, todo estaba -y sigue estando- en el articulado del reglamento. Así, pues, quedó formada la primera Junta Provincial de Turismo de Alicante: presidente el gobernador civil, Vicente Almadro Sanmartin; vicepresidente, el presidente de la Diputación, Franklin Albricias Goets; vocales, Lorenzo Carbonrell Santacruz, alcalde de la ciudad; Antonio Muñoz Román, jefe de Obras Públicas; Nicolás Lloret Puerto, presidente de la Cámara de Comercio; y José Guardiola Ortis, presidente de la comisión de monumentos. Como secretario, el que lo era del Ayuntamiento de Alicante, Juan Guerrero Ruiz. Pero hacía falta también un intérprete-informador, y el cargo le correspondió a Generoso Diéguez Martínez.

Aquello ya estaba. Así que había que ponerse manos a la obra. O a las obras. Una de ellas sería el Parador de Calpe o de Ifach, del que hablaremos con mayor amplitud. Otras, un montón de proyectos, muchos de los cuales habrían de naufragar en medio de las adversidades. Los tiempos que se aproximaban no traían presagios esperanzadores.

Un folleto publicado por el Patronato Nacional, dedicado a Alicante y a «sus monumentos artísticos y lugares interesantes», relacionaba en nuestra ciudad los siguientes: Casa Consistorial, San Nicolás de Bari, iglesia de Santa María, Castillo de Santa Bárbara y monasterio de la Santa Faz. ¿Se percatan? Si le añadimos un par de cosas, el museo de La Asegurada y la sala de exposiciones de la antigua Lonja de Pescado, el folleto todavía puede ser útil.

También es cierto que a las playas ahora les dan banderas con doce estrellitas y se les ponen notas semanales, como si fueran la aritmética o la Historia Sagrada. Claro que entonces no se sabía apenas qué era eso de la contaminación, y aunque se supiera, cómo iban a hacerlo, ¿echándoles sifón?

Cuarenta, cincuenta, sesenta años atrás, los chicos de entonces se aventuraban por la Condomina, para hacerse con la golosina de la planta de la regaliz o del orozuz Con el botín de rizomas dulces y pectorales, algunos aprovechaban la aventura para darse un baño, en un paisaje sin el acoso de los automóviles ni las barreras de los grandes edificios. Aquello era un hermoso territorio, para la holganza y el juego. La soledad sólo la espantaba alguna que otra casita rural y una colonia de chalés en torno a la estación de San Juan-Marco, ya en el término de El Campello. La carretera, tras la aprobación de su proyecto, en Madrid, se empezó a construir en junio de 1933, con la inauguración oficial de las obras a cargo del presidente del Gobierno, Manuel Azaña, y de los titulares de Obras Públicas y de Justicia, Indalecio Prieto y Álvaro de Albornoz.

Así se puso en marcha uno de los más ambiciosos deseos de los alicantinos y de su Ayuntamiento, que presidía Lorenzo Carbonell. Lorenzo Carbonell presentó un año antes, concretamente el 18 de agosto de 1932, una moción, aprobada por unanimidad. En la moción se proponía: «La redacción de un proyecto que dotara a la playa de San Juan de zona de construcción para viviendas, hoteles, balnearios y medios de comunicación y transporte con Alicante».

Indalecio Prieto se entusiasmó y prestó su apoyo ministerial a la urbanización y explotación de la playa. Para cubrir aquellos objetivos, se anunció un concurso de anteproyectos para una Ciudad Jardín, en tan privilegiado emplazamiento. Al mismo concurrieron, según la Prensa local, los siguientes arquitectos: Francisco Ostembach Bertrán, de Barcelona (y se cita también a Gabriel Amat Pagés y a Joaquín Iglesias Abadal); Pedro Muguruza Otaño, de Madrid; y Gabriel Penalva, de Alicante. El premio, dotado con 25.000 pesetas, se lo llevó Muguruza, en cuya memoria se contemplaba, de acuerdo con las fuentes periodísticas, un campo de golf de dieciocho agujeros; aeropuerto, estadio, ciento setenta y cinco manzanas para hotelitos, paseos, bosques... El arquitecto dijo que el proyecto lo había confeccionado por encargo de una empresa financiera que estaba dispuesta a ofrecer al Ayuntamiento de Alicante, caso de que sea adjudicado el concurso al proyecto que presentaba, la construcción por cuenta suya, sin que el Ayuntamiento desembolsase cantidad alguna. Terminada la construcción, la empresa entregaría al Ayuntamiento la «Ciudad Jardín Prieto», que habría de ser amortizada en veinticinco anualidades.

En la memoria de la Junta Provincial de Turismo de 1933, se afirma que en tal proyecto se incluía un estadio con capacidad para sesenta mil espectadores. Lo que hay, a la vista está. La Ciudad Prieto es sólo una muy probable ciudad flotante e invisible.