Visor de obras.

Ni uno. No sacaron ni un concejal en aquella contienda de votos. Tras unos años al frente del gobierno municipal, el Partido Conservador, «pasó por el bochorno de ver derrotados a sus candidatos». El canalejista diario «El demócrata» no concedió tregua alguna: «Los conservadores con su jefe predicaron la intransigencia, la unión de todas las derechas en apretado haz de conservadores, carlistas, integristas y demás elementos reaccionarios». Las elecciones municipales del doce de diciembre de 1909, pusieron de manifiesto la profunda crisis por la que atravesaban las filas conservadoras. La prensa de aquel entonces subrayó sus divergencias, su falta de unidad, de organización y de jefatura. Ni los hombres de confianza de Juan Poveda, ni aquellos otros por los que se interesó el diputado Manuel Antón, consiguieron un acta de concejal. Fue un verdadero desastre.

Sin embargo, los demócratas de José Canalejas se llevaron nueve de las dieciocho vacantes que había que cubrir en la corporación municipal. También resultó elegido Federico Clemente quien mantenía estrechos vínculos políticos con el antiguo liberal Rafael Beltrán. Los ocho restantes puestos fueron siete para los republicanos y uno, para el socialista Monserrate Valero. Razonablemente «El Correo», liberal conservador, escribía: «Los candidatos mauristas que esperaban el acta concejil representaban distintas tendencias y una considerable masa del partido ha permanecido retraída (...) Hoy sólo hemos de decir que las divisiones entre los elementos monárquicos han dado el triunfo casi completo a republicanos y socialistas. También entre los concejales se observan divisiones».

Ciertamente, la conjunción republicano-socialista fue la virtual ganadora de aquellas elecciones. Elecciones en las que, por escasos votos, no sacó acta el también socialista y profesor José Verdes Montenegro. «El Diario de Alicante» se manifestaba así: «Liberales y conservadores han pasado a mejor vida, y aunque hagan pinitos en lo sucesivo, ambas colectividades políticas no lograrán rehacerse (...) Muy especialmente debe anotarse el triunfo de la coalición republicano-socialista, más grande que el de los demócratas, si se tiene en cuenta que solos fueron a la lucha, contra todos los demás partidos, que disfrutan del poder y de todas las influencias a él inherentes».

Para el Demócrata, órgano provincial del partido de Canalejas, la cosa estaba muy clara: el éxito había sido de José Canalejas, del diputado Francos Rodríguez, del senador Díez Moreu. Incluso del alcalde Pérez Bueno. En fin, primero de los demócratas; luego, de republicanos y socialistas. Cada quien matizaba y sopesaba de acuerdo con sus principios y conveniencias.

Por supuesto, los sucesos de la Semana Trágica no fueron ajenos al desarrollo de la conjunción republicano-socialista, en nuestra ciudad.

El dato escueto es que el alcalde Fernando Flores Arroyo, en nombre del Ayuntamiento y del pueblo de Alicante, recibió del Estado los terrenos que ocupan Juan Bautista Lafora, plaza del Mar, Explanada de España, parque de Canalejas, calle de Ramón y Caja¡, avenida de Loring y diez mil trescientos cincuenta metros cuadrados del paseo de Gómiz. Era el 2 de julio de 1966.

Muchos años antes, concretamente en 1910, el ingeniero director del puerto, Próspero Lafarga, ante la evidente necesidad de ensanchar la entrada al mismo, por el muelle de Levante, manifestó que era aconsejable solicitar de la autoridad competente la expropiación del Mercado instalado, por entonces, al comienzo de la Explanada y en la calle de San Fernando. Aunque, como apuntó el referido técnico superior, tal expropiación se contemplaba ya en una real orden de 1862, por la cual se deslindó el puerto y se estableció como límite de aquella zona, la línea de fachada de las casas del paseo de Los Mártires que, cortando el mercado ya dicho, iba a parar al ángulo del hotel Iborra (ahora, hotel Palas). Todos los relacionados terrenos correspondían a la Junta de Obras del Puerto.

Otra real orden de veintidós de febrero de 1922, disponía que la reparación y conservación de las vías de comunicación, dentro de la tal zona, estuvieran a cargo de la Junta. El tres de enero de 1911, y siendo alcalde Federico Soto Mollá, el Ayuntamiento entregó al organismo portuario los paseos de Los Mártires y Canalejas, así como las carreteras lindantes con los mismos. En la correspondiente acta de entrega, el Consistorio dejó constancia de que los servicios de policía urbana, alumbrado, riegos, arbolado y otros continuarían a su cargo. Cosa lógica, en opinión de Lafarga, toda vez que los arbitrios de la zona, enclavada dentro del puerto, los percibía el municipio. El ingeniero matizó que las carreteras del área portuaria «comprendían las de la Explanada de España y la del paseo de Los Mártires (aún eran dos tramos diferenciados), y si bien la segunda no requería atención especial, por estar ya asfaltada, la primera» exigía la rápida transformación de su pavimento «por otro más perfeccionado». A juicio del citado ingeniero, el trayecto que precisaba actuaciones era: el de la carretera de la Explanada de España, hasta el paso a nivel, llamado de Alberola y el tramo de la carretera paralelo al muelle de Costa.

En un trance adverso, lo dijo gallardamente Rafael Viravens Pastor, quien un año más tarde sería titulado cronista de la ciudad. Se lo dijo al gobernador civil, Enrique Fernández, que lo había hecho detener, junto con Julián de Ugarte: «Si usted nos apresa como carlistas, yo protesto de un hecho arbitrario. Si lo hace como alfonsinos, sólo hemos de manifestar que estamos dispuestos a dar la vida y la hacienda por la restauración de la dinastía borbónica». No mucho después, el gobernador los puso en libertad. La pelota estaba en el tejado.

En septiembre de 1873, y con el propósito de desbaratar el ataque de las fragatas insurrectas, el general Arsenio Martínez Campos se desplazó a nuestra ciudad. Sin embargo, el entonces capitán general de Valencia advirtió en las autoridades locales ciertas reticencias. Y es que éstas, por mediación del cuerpo consular acreditado, habían logrado del jefe de los cantonalistas una tregua, antes de llevar a efecto el bombardeo de Alicante. De acuerdo, con nuestros datos, por su parte el Gobierno envió al general Sanjuán, con el mayor secreto a Cartagena, para que mantuviera negociaciones con el cabecilla de los insurrectos, con quien llegó a nuestras costas a bordo de la fragata «Numancia».

Estas actividades casi subrepticias, molestaron razonablemente a Martínez Campos quien presentó su dimisión. Según parece, en el casino aseguró que, a partir de aquel entonces, procuraría a toda costa restaurar en el trono de España a los Borbones. Un año más tarde, en diciembre de 1874, el general proclamó en Sagunto, y dicen que a la sombra de un algarrobo, al rey Alfonso XII.

Arsenio Martínez Campos siempre tuvo el apoyo y la complicidad del marqués de Río Florido, Adrián Viudes Gardoqui. El marqués de Río Florido, cauteloso y previsor, preparó un refugio seguro para el general en su finca «Los Hoyos» de Mutxamel.

Aquella empresa podía irse al garete y convenía estar dispuestos para cualquier contingencia.

En Alicante, además de los ya citados, hubo otros destacados defensores de la restauración borbónica. Entre ellos, Carlos Navarro Rodrigo que, aún en el gabinete de Sagasta, no cesó de hacer política alfonsina, como «los Bas y los Campos que sostenía el periódico "El Constitucional", fueron los primeros en reconocer la dinastía borbónica, por lo que recibieron actas de diputados, presidencias de la Diputación y alcaldías».

Fue el edil Rafael Romeu Bonet quien lo propuso y la corporación plenaria lo acordó: nombrar a José Marvá Meyer hijo predilecto de nuestra ciudad. El general Marvá nació en Alicante, en 1846, y murió en el turbulento 1936. Además de militar fue matemático, desempeñó la presidencia del Instituto Nacional de Previsión y estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo. A todas luces, un alicantino ilustre.

Tras la decisión corporativa, el alcalde se lo notificó a Marvá: se trataba de rendirle un tributo de justicia, por sus altos merecimientos y las preeminentes cualidades que lo distinguían. El general respondió, de inmediato, el nueve de julio de 1923, expresando al Ayuntamiento su gratitud y subrayando que tal honor fortalecía los más íntimos vínculos de afecto con su ciudad natal, «que siempre encontrará en mí -manifestaba en su escrito de aceptación- al hijo dispuesto a servirla, con toda devoción y cariño».

Además del referido título, también se acordó rotular con su nombre una avenida. Recordamos la avenida con especial interés, porque allí tuvimos nuestro domicilio durante muchos años. Y aún la recordamos como un lugar espléndido para los juegos infantiles, con todos los riesgos que suponían aquellos enfrentamientos. Las «pedregás» de entonces, entre bandas de adolescentes, y que, con más frecuencia de la deseada, se saldaban con un chichón y con alguna que otra descalabradura. La orografía para el juego concluyó encarrilándose por los caminos del urbanismo.

Las obras de acondicionamiento de la avenida y su paseo central, se terminaron a finales de septiembre de 1925. El general gobernador civil, Cristino Bermúdez de Castro, escribió por aquellos días al alcalde y militar Julio Suárez Llanos: «Mi querido general y amigo: recibí su amable carta dándome cuenta de la terminación de las obras de la avenida del general Marvá, atención que le agradezco muy sinceramente (...)».

Con los años, la amplia avenida por donde bajaban las aguas del monte Tossal, cuando las lluvias, sería una de las más céntricas y transitadas vías urbanas. Durante mucho tiempo, por allí desfilaron generaciones de estudiantes que asistían al hoy instituto de Jorge Juan. Y muchos chiquillos, en la posguerra jugaron por entre las piedras del refugio antiaéreo y del que arrancaba una galería hasta los sótanos de la Diputación, según se decía. Estampas ya para el recuerdo.

Así entró el general Cristino Bermúdez de Castro y Tomás en Alicante: bando de declaración del Estado de guerra, en mano. Era el catorce de septiembre de 1914. La actitud del general obedecía a las órdenes de Primo de Rivera que confirmó tal proclamación en el territorio nacional. Días más tarde, serían disueltos todos los ayuntamientos de España. De tal medida, y con respecto al consistorio alicantino, ya hemos dejado aquí constancia, cumplidamente. En aquel bando, se suspendían temporalmente todas las garantías constitucionales.

El mismo día, el general Bermúdez de Castro oficiaba al alcalde -los documentos se conservan en el Archivo Municipal- y le advertía que, en cumplimiento de las órdenes recibidas, había procedido a implantar el estado de guerra. También le participaba al alcalde, Antonio Bono Luque, que asumía las funciones del Gobierno Civil. No obstante, esperaba que las relaciones cordiales entre ambos, no se perturbarían. Como era natural, el alcalde le contestó, veinticuatro horas más tarde, expresándole la seguridad de que tales relaciones serían fluidas, y de que la alcaldía prestaría todo su concurso, con objeto de que el desempeño de su mando resultara benéfico a los intereses de la ciudad.

Dos semanas después, lo hemos relatado, Bono Luque y todos los miembros de la corporación municipal presentarían su dimisión, tal y como se les había pedido. La presidencia del Ayuntamiento, por elección de los concejales designados, recaería en el también general Miguel de Elizaicin y España.

Según Tuñón de Lara, mediante la intervención militar, Primo de Rivera, «obligaba a suicidarse a más de un secretario municipal, acusado de ser el "cáncer de España"». No, en Alicante, no se registró suicidio alguno. Pero muy pronto, el delegado de la autoridad de Bermúdez de Castro, comandante de Infantería José Seva solicitaba de la alcaldía todo lo conveniente y preciso para acceder al archivo y demás dependencias municipales. El delegado llevó a cabo una minuciosa inspección en las cuentas y servicios de la Casa de Socorro. Todos andaban bajo sospecha. Y el somatén, creado por Real Decreto del dieciocho de septiembre de 1923, se extendió por todas las provincias españolas, mientras el gobierno militar solicitaba una relación de los alcaldes alicantinos, desde 1905. Por cierto que si fue Miguel de Elizaicin y España quien inauguró, al frente del Ayuntamiento de Alicante, la dictadura primorriverista, su hermano Florentino lo presidía, el veintiséis de febrero de 1930, apenas cuatro semanas después de la dimisión de Miguel Primo de Rivera.

El diecinueve de septiembre de 1940, se constituyó la nueva comisión gestora municipal. Ambrosio Luciáñez Riesco, confirmado en su cargo al frente de la Alcaldía manifestó que aquel mismo día finalizaba el mandato de la nombrada al liberarse la ciudad, el treinta de marzo de 1939. Por su parte, el gobernador civil, Miguel Revilla Azcune matizó que con los cambios en la corporación se pretendía, no un solo cambio de nombres y de personas, sino de un sistema por otro, «el de la Falange -dijo- que se va abriendo camino en los destinos de España». Entre los nuevos ediles había diversos ex combatientes. «El cambio en el Ayuntamiento significa, al mismo tiempo la fusión, la unidad política, el término de las intrigas, camarillas y comentarios». Era en sus propias palabras, la llegada de la juventud que más directamente contribuyó al triunfo del nuevo Estado.

Aparte de los aspectos políticos del relevo, se señaló también las transformaciones urbanísticas que ya había iniciado, meses atrás, el propio Luciáñez. El gobernador apostó por la destrucción de los barrios infectos de la Montañeta, proponiendo que tales lugares que eran focos de las mayores lacras sociales, desaparecieran, por el bien público y el ornato de la ciudad.

Al día siguiente, la nueva comisión permanente, en sesión inaugural, abordó el tema de la instalación de la Guardia Civil, en Alicante. Con carácter provisional, las fuerzas de la Benemérita se encontraban emplazadas en el edificio perteneciente al grupo escolar del barrio de las Carolinas. Pero, ante la posibilidad de trasladar a esta capital las oficinas del mando del 15 Tercio, dispuso que interinamente se alquilase un piso, para su ubicación. «El 15 Tercio comprende las comandancias de Alicante, Albacete y Murcia, la superioridad ha estimado la convivencia de que quede en Alicante el mando. Así, el reducido contingente de fuerzas que aquí había, toma crecidas proporciones».

Para resolver el problema, se acordó, por lo pronto, hacer obras en el señalado edificio escolar, hasta la construcción de un nuevo cuartel, sin desvirtuar el fin docente del inmueble. Así como también otras medidas, entre las que se contaba el abono al Ayuntamiento, por la Dirección General del Instituto, de los alquileres de los locales arrendados. Entre tanto, las autoridades locales buscarían en el perímetro de la ciudad un edificio destinado a casa-cuartel y al mando del Tercio, mientras se planeaba la construcción de un edificio de planta para tal objeto. «El once de octubre de 1940, la Dirección General de la Guardia Civil concedió al Ayuntamiento 27.700 pesetas anuales, para el alquiler, en esta ciudad, del grupo escolar "Padre Manjón" que la Benemérita ocupaba, hasta que pueda alojarse en otro o se edificara uno de planta, en que la instalación tuviera ya carácter definitivo».

El blasón de Alicante, como el de otras muchas villas y ciudades, ha estado sometido por siglos a diversas interpretaciones. Repárese si no en la variedad de los que existen aún, bien dibujados o impresos en papeles públicos, bien esculpidos en las piedras de nobles y antiguos edificios, o bien aquellos otros, no sujetos a los fundamentos de la heráldica y sí a la arbitrariedad, que aparecen en numerosas publicaciones de carácter privado, con objeto de establecer un modelo único que soslayara errores y se ciñera lo más estrictamente posible a los orígenes históricos de Alicante, el cronista oficial Francisco Figueras Pacheco presentó un informe pormenorizado al Ayuntamiento, presidido entonces por Alfonso de Santaolalla Esquerdo. En sesión plenaria del veinticinco de octubre de 1935, se aprobó el trabajo del referido cronista, y se acordó remitirlo a la Real Academia de la Historia, para su conocimiento y dictamen, así como elevarlo al Ministerio de Gobernación, lo que se hizo el dieciséis de mayo de 1936.

Lamentablemente, la guerra civil paralizó el proceso iniciado, como tantas otras cosas.

El dieciséis de noviembre de 1940, la corporación que presidía Ambrosio Luciáñez Riesco, volvió sobre el tema que depuraba nuestro escudo municipal de los yerros conocidos «y que se puntualizan en el brillante resumen del cronista. Contendría: la barras de Aragón, que nacen del privilegio otorgado por Jaime II, el siete de julio de 1308; el castillo, legendaria fortaleza del pasado; la típica roca, simulando un rostro que mira a la izquierda del observador (concedidas por Alfonso X el Sabio en 1252), campo de gules (de color rojo) símbolo de la nobleza, la generosidad y el vencimiento con sangre; las letras A.L.L.A., con el significado de Akra-Leuca, Lucentum, Alicante (aunque oficialmente ahora significan Alicante, Lucentum, Lucentum, Alicante), origen, evolución y término del nombre auténtico de la ciudad, en lugar de C.I.I.A (Colonia Inmunis Illici Augusta, aunque hay otras posibles interpretaciones), por estar ya fuera de dudas que corresponden a Elche, al cual debemos esa reparación moral, no siendo justo que sigamos detentándolas; el toisón de oro, concedido por Carlos I, en el año 1524 (...)». El trece de marzo de 1941, se conoció el informe de la Real Academia de la Historia, elaborado por el comprovinciano marqués de Rafal, y que mereció la conformidad del Ayuntamiento. Y el veinticinco de abril de aquel mismo año, la subsecretaría del Ministerio de la Gobernación aprobó la modificación de nuestro escudo municipal. Es interesante, la lectura de la obra de Figueras Pacheco «El nuevo escudo de la ciudad de Alicante» (Ediciones Saitibi, Universidad de Valencia 1944).

Tanto como la dimisión en pleno de la corporación municipal. Y no porque Marruecos se anduviera con subterfugios en unas inexistentes negociaciones, sino por un conflicto de competencias entre el Ayuntamiento y la Junta de Obras del Puerto de Alicante. Ahora la Lonja es una espléndida sala de exposiciones; entonces, la Lonja era una magnífica exposición de pescado fresco.

Y todo comenzó por ahí. Empezó porque el Ayuntamiento pretendía que el pescado llegara con aquella misma frescura al consumidor. Y estableció el servicio adecuado para su transporte al mercado de abastos y a las estaciones. Pero el ingeniero director de la Junta de Obras del Puerto entendió que las disposiciones consistoriales significaban una injerencia en su jurisdicción y se negó. Cuánto celo.

Las autoridades locales querían que el género fuera transportado a los puntos de venta, en un servicio de camiones, para evitar su deterioro. Una medida de carácter sanitario e higiénico, con carácter obligatorio, y en cumplimiento de las disposiciones municipales. Pero el ingeniero, muy por el contrario, permitió que los vendedores de pescado fresco lo llevaran a brazo o en cuévanos a su lugar de destino, sin considerar los peligros que para la salubridad pública entrañaba aquel acarreo.

Medió en el asunto el general gobernador militar Cristino Bermúdez de Castro quien se puso del lado del ingeniero. Frente a tal decisión, alcalde y teniente de alcalde, reunidos en permanente, acordaron poner sus cargos a disposición de la superior autoridad y convocar un pleno extraordinario. El pleno se celebró el siete de diciembre de 1924. Y tras debatir largamente la cuestión suscitada, y después de considerar que se había procedido en cumplimiento de sus obligaciones, resolvió presentar la dimisión en su conjunto.

No debió de inmutarse el todopoderoso Bermúdez de Castro, quien unos días más tarde, en sesión extraordinaria del doce de dicho mes, dio posesión de sus cargos a los nuevos concejales, una vez destituidos los anteriores y el alcalde Miguel Salvador Arcángel. Antes de retirarse del salón consistorial, el general cedió la presidencia al edil de más edad: Julio Suárez-Llanos y Sánchez, general de brigada. De inmediato se procedió a la elección del presidente de la corporación recién designada, y por veinticuatro votos y una papeleta en blanco el mismo Suárez-Llanos ocupó la alcaldía. Probablemente, como ya estaba previsto. Lo que cuesta el pescado, ¿no?

Fue, en verdad, como un regalo de Año Nuevo, para los alicantinos. Y no resultó nada fácil echar por los suelos aquella fiscalización. Pero Federico Soto Mollá lo hizo, por fin, aún a sabiendas de que era una medida arriesgada, para la propia hacienda local.

Había accedido a la alcaldía el veintiséis de diciembre de 1910, y era consciente, como manifestó de forma pública, de las áridas faenas y grandes tristezas que, tal vez, le aguardaban. Sin embargo, apostó fuerte. Soto Mollá decidió culminar, durante su mandato, la supresión de un sistema tributario viejo y ominoso, de acuerdo con su calificación. Y no se demoró, en anunciarlo. El último día de aquel año, lo soltó en un bando, para el conocimiento y regocijo de todos sus vecinos. De casi todos, mejor.

«La clara interpretación de vuestras ansias, unidas a la firme voluntad del Ayuntamiento que presido, ha logrado libraros de ese impuesto que, todavía oprime y castiga, a casi toda España». Pero, en el texto tan prometedor, había una precisa apelación a la responsabilidad de los ciudadanos. Porque sin tal impuesto «las arcas municipales pierden un seguro ingreso». ¿Con qué argumentos podía, el nuevo alcalde, garantizar y hasta conjurar una situación tan delicada? No lo dudó Soto Mollá: con el amor y la honradez de los alicantinos a su pueblo. Con su sentido de la responsabilidad, para superar el quebranto económico que entrañaba la decisión.

El día antes de la publicación de tan generoso bando, en la primera, sesión que presidía, dejó constancia de su agradecimiento a los arrendatarios de aquel servicio, así como a los ediles que habían contribuido a su liquidación. Casualmente, en tan memorable ocasión, el salón de plenos ofrecía un aspecto casi festivo, como consecuencia de las reformas que, poco antes, se habían llevado a efecto.

En el bando, y por si acaso, se prevenía contra posibles y nada recomendables expansiones suprimir: los tributos de portazgo y consumo, podía arrastrar a ciertas expresiones populares absolutamente improcedentes.

Por eso, Soto Mollá, advertía: «Entregaos todos al natural regocijo de estas nuevas y sea vuestra notoria cultura guarda severísima, para que gentes extrañas y mal aconsejadas no cometan demasías, haciendo vergonzoso botín y pillaje de los restos y casetas del suprimido impuesto». Era la Nochevieja de 1910 y como ocurre tradicionalmente, las fiestas y sus consecuencias, propiciaban todas las precauciones posibles.

El «Tiflis» se incendió en nuestro puerto el martes, dos de marzo de 1915. Fue una catástrofe, cuyas causas, poco claras, el capitán del barco las atribuyó a una imprudencia. Tras dos fuertes explosiones, las llamas hicieron presa en la proa. Casi toda la tripulación y el capitán, señor Zyster lograron abandonar la nave, aunque según manifestaron algunos marineros cuatro de ellos quedaron atrapados, mientras otro, de nacionalidad británica, falleció en la Casa de Socorro, donde se encontraban varios heridos más.

Afortunadamente, cuando empezó el fuego, ya se habían desembarcado seiscientas toneladas de gasolina, para la factoría Deusch, ubicada en la cantera, y otras mil quinientas de mineral para la fábrica de Fourcade. Pero aún quedaban en sus ataques otras mil doscientas de productos altamente inflamables. La posibilidad de nuevas explosiones, hizo que fuerzas de la Guardia Civil obligara a los curiosos a retirarse de las proximidades del buque incendiado. Muchos alicantinos presenciaron desde el paseo de los Mártires y el parque de Canalejas, cómo ardía el «Tiflis», amarrado al muelle de poniente, sobre las dos de la tarde. Los remolcadores estaban averiados y no había forma de sacarlo del puerto. De modo que el comandante de Marina solicitó ayuda urgente a Cartagena.

La ciudad vivió una jornada de sobresaltos, hasta que finalmente dos vaporcitos consiguieron remolcarlo, hasta la playa de Babel, de donde posteriormente aquel barco matriculado en Amberes, sería trasladada a Barcelona.

Pero la tragedia del «Tiflis» tenía precedentes inmediatos. Así, en el año 1899, se declaró un incendio en el buque«Cabo San Martín» que fue sofocado gracias a la intervención de la brigada de bomberos, si bien por aquel servicio las autoridades locales pasaron factura a la casa armadora de dos mil pesetas, cantidad que fue satisfecha por el consignatario don Gabriel Ravello. Dicha cantidad se satisfizo a medias entre el deterioro del material empleado para la extinción del incendio y los jornales y extras de la brigada de bomberos. Cuando menos así lo expuso el alcalde, tras el incendio de otro barco, el «Florencio Rodríguez», en nuestro puerto, hecho que tuvo lugar el veintiuno de agosto de 1904, y que llevó a la corporación a recordar los acuerdos sobre siniestros de esta naturaleza, adoptados el veintiséis de junio de 1885. Sin embargo, el edil señor Vila, en aquella ocasión, manifestó que según la ley municipal los ayuntamientos de poblaciones que tuvieran puerto de mar estaban obligados a disponer de estos servicios y cuestionó que las empresas consignatarias tuvieran que hacerse cargo del pago de los mismos. Como no se llegó a solución alguna, se procedió a consultar a las autoridades municipales de Barcelona y Cádiz, con objeto de conocer su criterio en tales circunstancias.

El veintiuno de septiembre de 1868, los liberales se hicieron fuertes en el Teatro Principal, sitiados por fuerzas del ejército y de la guardia civil y agotadas las escasas municiones, abandonaron su improvisada trinchera y salieron, por el foso, al campo, al otro lado de las murallas, por donde ahora está la Caja de Ahorros Postal y el Mercado de Abastos. Otros muchos, se refugiaron en los consulados de Bélgica, de Italia y de Suecia y Noruega. La prensa citó a José Maltés, apodado «El Palamonero» y decidido partidario de las libertades, que encontró refugio, en una finca situada en Babel, «Carmen», aunque más conocida por el «Porquet», que administraba el entonces alcalde Juan Bonanza Roca de Togores.

Todo comenzó cuando en la bahía de Cádiz, las tripulaciones de la flota al mando del brigadier de la armada Juan Bautista Topete, gritaron: «Viva España con honra». Era el pronunciamiento contra la monarquía isabelina. Un pronunciamiento que habría de transformarse en una revolución popular. Era el dieciocho de septiembre de 1868.

Al día siguiente y en cumplimiento de las instrucciones del Gobierno de Madrid, el brigadier Francisco Aparicio y Parlo, gobernador militar de Alicante, declaró el estado de guerra, mediante un bando que fue dado a conocer por el Pregonero del Ayuntamiento, señor Fonseca, a quien acompañaba el notario señor Izquierdo Chaupurcino, escoltados por una compañía del regimiento Granada número 34, según Montero Pérez. Por su parte, el gobernador civil, Luciano Marín dictó medidas drásticas contra cuantos se alzaran en favor de aquel movimiento insurreccional.

De acuerdo con nuestros datos, el veintiuno de aquel mes, una orden del comandante Giner de la Benemérita, sin el previo toque de atención, provocó él enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los liberales alicantinos. El pueblo hizo frente con adoquines y con las escasas armas que consiguieron, tras asaltar algunas armerías, entre ellas la que se encontraba en la plaza de Isabel II (hoy, Gabriel Miró), propiedad del señor Vergara. Posteriormente se replegarían hasta el Teatro Principal, donde, durante cuatro horas, libraron una sangrienta lucha, con varios muertos.

El veintinueve, tras la derrota de los isabelinos en la batalla de Alcolea, la junta de autoridades se reunieron en el Ayuntamiento y acordaron cesar en sus funciones y abandonar la ciudad. Dicha junta estaba formada por los dos citados gobernadores, el alcalde y el juez de Primera Instancia Mariano Die Pesceto. Aquel día se ganó un espacio para la libertad.

A los pueblos flacos de memoria, los asaltan las malas pulgas del desarraigo. Si algunos de ustedes, busca en un diccionario enciclopédico el nombre de Francisco Javier Balmis, leerá: «(1753-1819) Médico español que dirigió la expedición organizada en 1803, para realizar en América la vacunación antivariólica». En otro, le mudan el apellido Balmis por el de Balmes, y lo titulan «cirujano y botánico español que viajó por la América meridional, las Filipinas y la China, con objeto de extender los beneficios de la vacuna». Escribió -nos dicen ciertos biógrafos- «una Memoria sobre las propiedades antisifilíticas del agave y de la begonia». Por último, en una tercera enciclopedia se nos informa más ampliamente acerca de su origen, de su profesión, de su agitada vida y de su considerable y relevante actividad científica.

Francisco Javier de Balmis nació en Alicante, en 1753, y murió en Madrid, en 1819. Fue el cronista provincial Gonzalo Vidal Tur quien aportó su partida de bautismo, en la parroquial de Santa María, el cinco de diciembre del citado año natalicio. En el diccionario Salvat se ofrecen más datos acerca de la labor médica y humanitaria del médico alicantino que «regaló al Museo de Historia Natural una colección de dibujos iluminados que representan las plantas más comunes de la China».

Para que la memoria no nos la jugara, la corporación municipal decidió, en sesión del catorce de febrero de 1919, es decir, dos días después de que se cumpliera el primer centenario de su muerte, rotular con su nombre una plaza que, por aquel entonces, llevaba el de Torrents, en atención al industrial y edil que fue de nuestro Ayuntamiento, don José Torrents Maluenda. El domingo siguiente, dieciséis del mismo mes, se descubrió una placa en honor del doctor Balmis.

Por enfermedad del alcalde, Antonio Bono Luque, le correspondió a Tomás Tato Ortega, teniente de alcalde, presidir el acto al que asistieron, además de numerosos concejales (López González, Soler, Ras), la directiva del Colegio de Médicos y conocidos doctores y personalidades alicantinas: Cortezo, Recasens, Evaristo Manero, Gadea Pro, Rojas, Beltrán, Lafarga, Guardiola Ortiz, y el diputado y ex ministro Francos Rodríguez, quien se desplazó expresamente de Madrid, para participar en el homenaje que posteriormente se rendiría a Balmis en el Teatro Principal.

El peatón que transite por la plaza de Balmis que lo recuerde. Que recuerde al médico de cámara de Carlos IV, que abandonó su posición, para llevar, durante tres años, su afecto y la vacuna contra la terrible viruela, a pueblos muy lejanos, a países remotos. Un alicantino ejemplar.

Nos preguntan frecuentemente muchos lectores de esta columna, si todas ellas se recopilarán en un libro. Pues, miren, ese es nuestro propósito y nuestro deseo. Y no la escueta columna de cada día, sino su complemento debidamente revisado. Como ya hace algunas semanas que dejamos atrás el millar, resulta que para «Alicante: crónica general del siglo XX», dispondremos para los primeros meses de 1996 de un volumen de algo más de dos mil folios mecanografiados. La pregunta es: ¿quién va a pechar con la edición de tan abultado trabajo?

Uno de sus capítulos más copiosos es el de los alcaldes y el de las correspondientes corporaciones que han estado al frente de nuestro municipio a lo largo de esos cien años historiados, en aquellos aspectos que hemos considerado más relevantes. Sabemos que fue Alfonso de Sandoval y Bassecourt, barón de Petrés, quien inauguró este siglo, que ya anda en sus postrimerías. Cerró el XIX e inauguró este, para ser precisos. Véanlo. Léanlo.

El barón de Petrés, conservador y silvelista, ocupó la Alcaldía en el año 1899. Y en ella se mantuvo, con el auxilio de don Zoilo Martínez Blanquer, teniente de alcalde, quien lo sustituía en sus repetidas ausencias, hasta el doce de julio de 1901 En una sesión ordinaria y sin estridencia alguna, el señor de Sandoval y Bassecourt, se limitó a dar lectura a un escrito, en el que renunciaba al alto cargo, por motivos personales. Recordaba en él, cómo había sido elevado el honroso puesto, por su majestad la Reina, sin otros méritos que su acendrado cariño a Alicante, así como su permanente deseo de servicio a la ciudad y a sus gentes. Pero «el momento ha llegado, señores concejales, de abandonar un puesto que puse empeño en obtener y del que me alejaré, si no completamente satisfecho, por lo menos confiado de haber ofrecido a contribución, para su desempeño, todas mis potencias y facultades».

Una semana después, bajo la presidencia del citado don Zoilo, se conocieron dos comunicaciones gubernativas que transcribían otras tantas reales órdenes, del trece de aquel mes de julio, por las que se admitía la renuncia del barón de Petrés, y se nombraba al concejal Gadea Pro para ocupar el puesto de alcalde-presidente del Ayuntamiento alicantino, gracias también a las gestiones del senador Beltrán y de los diputados Arroyo y Terol.

Sí, ahora, cuando el siglo está a un lustro de su liquidación, echando las cuentas resulta que, como hace cien años, quien lo cierre abrirá también el XXI, Luis Díez Alperi concluirá su mandato precisamente en 1999. Si saliera reelegido le cumpliría no sólo terminar y comenzar el siglo, sino también milenio. Pero las elecciones y sólo ellas, nos desvelarán el final de esta crónica.

No abundan las investigaciones ni los estudios sobre los efectos del Directorio Militar y de la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera, en nuestra ciudad. Sabemos, y lo hemos comentado en esta columna en diversas ocasiones, que durante tal periodo y en lo que respecta a medidas políticas entre otras, se mantuvo la censura previa de la Prensa, se nombró a dedo a nuestros representantes municipales, se creó el somatén, en 1924, y se exaltó, en la práctica, el modelo italiano del Estado fascista. Alicante, como España, vivió, entre septiembre de 1923 y enero de 1930, en una euforia autoritaria, que se desinflaba, sin remedio.

En lo que respecta a nuestro Ayuntamiento, recientemente dimos cuenta de cómo el general de brigada Miguel de Elizaicin y España fue elevado a la Alcaldía, por el general Bermúdez de Castro, gobernador civil y militar de la provincia, el uno de octubre de aquel ano. No duró mucho, sin embargo. Fíjense que rosario de dimisiones. El día dos de enero de 1924, presidía el plano de- la corporación José Tato Ortega, tercer teniente de alcalde y alcalde en funciones. De pronto se le vino encima: la dimisión de Federico Leach Laussant, a la sazón, primer teniente de alcalde, a quien después de un áspero debate, se le admitió, por doce votos a favor y once en contra; la dimisión del edil Juan Vicente Santafé Arellano, que alegó enfermedad, el pleno acordó recibírsela; la dimisión del concejal Jorge Llopis, motivada por las ausencias de la ciudad, que no se le admitió, por trece votos contra diez; la dimisión del igualmente concejal Agustín Millet Valtre, quien afirmó que sus ocupaciones y desplazamientos le obligaban a desatender los asuntos municipales, y se le concedió, por trece votos frente a diez.

Por último, el no va más: en instancia, Miguel de Elizaicin y España, también solicitó la dimisión de sus cargos de concejal y de alcalde, debido a su estado de salud. En fin, una vez más, opiniones en uno y otro sentido. Y por último la aceptación de la excusa. Además, dijeron algunos, tenía ya más de sesenta años. El edil republicano Lorenzo Carbonell pidió a la corporación que se recogiese en acta el sentimiento por verse privados de quien «se ha producido en el ejercicio del cargo como perfectísimo caballero». Interpreten esta singular fiebre dimisionaria. Fiebre que, como verán, no acabaría en esta sesión. Los concejales aunque designados, no parecía que estaban por la labor.

En Ayacucho se consolidó la independencia peruana. Durante diez largos años, un alicantino anduvo por aquellas tierras andinas, metido en empresas militares: era el mariscal de campo don José Carratalá Martínez. A él le correspondió redactar la capitulación, tras la batalla de Ayacucho.

Años después, ocuparía el Ministerio dé la Guerra, según real decreto de dieciséis de enero de 1838, firmado por la reina regente doña María Cristina de Borbón. En el referido documento que puede leerse en la «Gaceta de Madrid», se dice cómo a raíz de la renuncia de don Baldomero Espartero, y una vez admitida ésta, «en nombre de mi excelsa hija, la reina doña Isabel II», se elevaba a tal cargo a don José Carratalá.

Sin embargo, su paso por el Gobierno de la nación fue fugaz. Aquel militar que había combatido, en el Maestrazgo, contra los carlistas, logró finalmente obtener el grado de teniente general. Pero José Carratalá Martínez nunca pensó de joven en la carrera de las armas. Lo que son las cosas y lo que las circunstancias deparan. Había iniciado, estudios. eclesiásticos que abandonó para iniciar Derecho, cuya licenciatura obtuvo en Valencia, en 1808. Se instaló en Madrid, con su flamante título, dispuesto a ejercer la abogacía. Pero los sucesos de Aranjuez, provocaron su regreso a Alicante. Y en Alicante, se integró en la Junta de Salvación, cuando, el dos de mayo, empezó la lucha contra los franceses. Y ya no paró en sus hazañas bélicas.

De Alicante, se desplazó a Almansa, donde se encontraba el cuartel general y allí, su activismo hizo que se movilizaran numerosos jóvenes alicantinos, pertenecientes a familias distinguidas, hasta organizar con ellos un regimiento de infantería. Se le ofreció después el grado de comandante que, llevado por su modestia, rehusó, para aceptar tan sólo el de alférez.

Durante la guerra de la Independencia, se movió de un lugar a otro, recibió varias heridas y fue capturado por el enemigo, aunque logró evadirse. Por tantos hechos de guerra, recibió las condecoraciones de San Hermenegildo y San Fernando; y fue senador vitalicio y benemérito de la patria, en grado heroico.

Nacido en Alicante, el catorce de diciembre de 1781, murió en 1854. Montero Pérez, el entrañable cronista popular, nos echó un jarro de agua fría, cuando escribió («El Luchador», dieciocho de octubre de 1933): «a pesar de reunir tan relevantes condiciones, nunca se acordó de Alicante, a donde viera la luz primera, ni de los pueblos de su provincia, no teniendo éstos que agradecerle la más insignificante mejora». Cuanta ingratitud.

Ya lo hemos consignado: a raíz de la entrada en el Gobierno de Lerroux de ministros de la CEDA, el de octubre de 1934, se produjo una huelga general que, en Alicante, no tuvo la proyección que se esperaba. Se creó, un clima de tensiones y agitación en algunos centros de trabajo. Vázquez Limón, el gobernador civil, en la tarde del día siguiente, declaró el estado de guerra y detuvo al alcalde popular Lorenzo Carbonell y a varios de los concejales del Ayuntamiento surgido de las urnas, el catorce de abril de 1931. Pocos días después, fueron puestos en libertad. Pero aquel veinte de octubre, se destituyó la corporación republicana y se constituyó una comisión gestora municipal, que presidía el doctor Alfonso Martín de Santaolalla y Esquerdo.

El ocho de enero de 1936, en sesión plenaria que presidía el gestor de más edad, Agustín Sánchez Santana, se conoció un oficio firmado por el nuevo gobernador civil, A. Vives, por el cual se cesaba en sus cargos a Santaolalla y otros gestores, para nombrar una nueva y efímera comisión que, tras las votaciones oportunas, eligió como alcalde-presidente a José Pascual de Bonanza y Pardo, por ocho votos y una papeleta en blanco. No muchos días después, se conoció la convocatoria de elecciones generales, para el dieciséis de febrero siguiente.

El veintinueve de enero, en una rápida secuencia, el gobernador Alejandro Vives, tras aceptar la dimisión de los gestores municipales, anunciaba que en uso de sus facultades había dispuesto que se reintegrasen a sus cargos los concejales propietarios del Ayuntamiento, pertenecientes a la corporación municipal suspendida por providencia del diecinueve de octubre de 1934.

Aquel mismo día, se reunió la corporación en la sala capitular y habló Lorenzo Carbonell: «Aunque tarde -dijo vivamente- se ha hecho justicia al pueblo de Alicante, reponiendo a su Ayuntamiento. Ya estamos aquí, ya hemos vuelto. Y volvemos para prestigio de Alicante, para hacer de Alicante lo que queremos que Alicante sea». Después de evocar la memoria de los compañeros corporativos fallecidos en aquel tiempo, Rafael Blasco, Rafael Sierra y Lorenzo Llaneras, Carbonell propuso: la reposición de todos los empleados y autoridades municipales que fueron suspendidos después del seis de octubre de 1934; que se revisaran todos los acuerdos de la Comisión Gestora, nombrada por el gobernador Vázquez Limón y la anulación de las que procediera; y efectuar una detallada liquidación de las actuaciones de las comisiones gestoras, para pedir las responsabilidades que procedieran personalmente a cada gestor, y sobre todo para que el pueblo de Alicante conociera, con todo detalle, cómo se habían administrado sus intereses durante aquel periodo.

Concluyó gritando: «Viva Alicante, viva la República». Luego, ya lo hemos contado, salió al balcón para saludar a una multitud entusiasta.

Qué azacanada vida la suya, oigan. Lo persiguieron en Madrid y lo persiguieron en Alicante. Era un republicano recalcitrante y sus artículos irritaban a las llamadas gentes del orden. Un buen día, le echaron encima los tribunales de imprenta, por ver si así encalmaban sus ánimos y lo metían en cintura. Pero tenía amigos de la mejor ley que lo sacaban de apuros. En una ocasión Pi Margall salió en su defensa y amilanó a tantos adversarios. Pero había de terminar, como efectivamente terminó, en la cárcel. Fue en 1867, poco antes de la septembrina, y con un grupo de colegas republicanos, se fue de cabeza a las mazmorras del castillo de Santa Bárbara. Aquí, en su propia casa. Lo sometieron a Juicio y salió absuelto, junto con Tomás de España y Sotelo, otro subversivo como él.

Aureliano Ibarra y Manzoni nació ocasionalmente en Alicante, el veintiuno de enero de 1834. Sus padres, de Elche, se encontraban en nuestra ciudad cuando se produjo el parto. Aureliano Ibarra vivió en Elche, hasta los treinta años. Estudió el bachillerato y, posteriormente, se trasladó a Barcelona donde cursó Bellas Artes, en aquella Escuela que dirigía Vicente Rodes, otro alicantino.

Durante su estancia en Italia, gestionó la Academia de Bellas Artes de España en Roma, administró los lugares pío de Santiago y Santa María de Monserrate, patrimonio de los ciudadanos españoles; llevó a término indagaciones arqueológicas y literarias, y elaboró «un luminoso informe que elevó a Madrid, en el que demostraba, con documentos fehacientes, que el célebre cuadro de la Transfiguración, del que era autor Rafael de Urbino, había sido sustraído de la iglesia española de Santiago, a cuyo cabildo pertenecía».

Aureliano Ibarra murió en la alicantina calle de Gerona, el diecisiete de noviembre de 1890 ó de 1891, según otros investigadores. Escritor y arqueólogo, desarrolló una gran actividad en ambos campos. Investigó temas ilicitanos, y redactó una biografía de Jorge Juan. Eleuterio Maisonnave logró que lo nombraran director de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alicante.

Finalmente, en 1884, se ocupó de la administración de los bienes del Conde de Casas Rojas. Su vida ofrece aspectos interesantes, por su apasionamiento, sus aventuras políticas, su dedicación al estudio y aquel cierto aire de romanticismo que lo envolvía en su juventud.

En la noche del 17 de julio de 1936, llegaron a nuestra ciudad noticias inquietantes: algunas plazas del Norte de África se habían sublevado contra el Gobierno legítimo de la República. En las horas siguientes, hubo ajetreos en despachos oficiales y acuartelamientos militares, pero la mayoría de los ciudadanos durmieron tranquilamente.

Fue precisamente aquel diecisiete de julio, día de pleno municipal. El último que presidió Lorenzo Carbonell. El dieciocho, la radio informó al pueblo de los últimos acontecimientos, sin alarmismos, en un comunicado del Comité Provincial del Frente Popular. Pero los alicantinos empezaron a sentirse nerviosos. Durante una semana, el gobernador civil, Francisco Valdés Casas, mantuvo un pulso con el gobernador militar, José García Aldave. Y se lo ganó. La rebelión militar no llegó a prosperar en Alicante. El general García Aldave y alguno de sus oficiales fueron detenidos. El veinticuatro, la situación estaba dominada por las fuerzas políticas, sindicales y castrenses leales a la República.

Precisamente, el día veinticuatro, el secretario del Ayuntamiento hizo constar, en una diligencia, que, según órdenes del alcalde Lorenzo Carbonell Santacruz, quedaban suspendidas las sesiones de la corporación municipal, incluso la convocada, en segunda citación, para aquel mismo día. También la radio difundió la decisión del alcalde Llorenset.

El veintinueve de septiembre, oficialmente, se constituyó el Consejo Municipal. Previamente, se había nombrado nuevos ediles para sustituir a los que hasta entonces formaban la corporación, de acuerdo con un oficio de Valdés Casas, gobernador civil. Eran miembros de la CNT, UGT, FAI, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Izquierda Republicana y Unión Republicana. Prácticamente, del Frente Popular. No hubo elecciones para la alcaldía. Por acuerdo, se formuló una propuesta de cargos que fue aprobada por unanimidad. A raíz de la misma, el comunista Rafael Milla, en representación de la UGT ocupó la alcaldía-presidencia. Junto con él y como delegados de distrito fueron designados los siguientes: Emilio Baeza (CNT), Santiago Martí (UGT), Rafael Poveda (socialista), Pascual Orts (IR), Pascual García (Sindicalista), José Morales (CNT), Antonio Guardiola (comunista), Antonio Linares (CNT) y síndico Tomás Cano Ruiz (FAI).

Rafael Milla, aludió a sus condiciones físicas de agotamiento y dijo: «Adoptaremos un régimen de confraternidad y un programa: primero, luchar todos para aplastar al fascismo; segundo, construir un puesto firme en la retaguardia, para ayudar a los frentes; por último, administrar de manera tal los intereses municipales que represente un bienestar mayor a aquellas clases menesterosas a las que va a servir la revolución».

Hace tan solo unos días, en las páginas de este periódico se nos informaba de los muchos conciudadanos que próximamente participarán en la Administración de Justicia «mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine (...)», según se contempla en el artículo ciento veinticinco de la Constitución Española, que después de muchos años, parece que ya se pone en marcha, con todas las cautelas.

Miguel Primo de Rivera no más hacerse con el poder, disolvió la citada institución, con la misma premura que había disuelto las corporaciones municipales y tantas otras cosas. Pero el Jurado ya se recogía en la llamada Carta de Bayona, artículo ciento cinco, de 1808; y en el trescientos siete de la Constitución de Cádiz de 1812. No hay nada nuevo bajo el sol, ni siquiera las vicisitudes de esta institución popular, con casi doscientos años a sus espaldas, aunque suspendida reiteradamente y vuelta a sus funciones, según los reveses de la historia.

En 1822, por ley, se sustanció el ejercicio del Jurado, para aquellos delitos relativos a la libertad de imprenta. Y para todos los delitos, después de la revolución de septiembre de 1868. Un año más tarde, en la correspondiente Constitución vuelve a consagrarse, en su artículo noventa y tres. Así, funcionó desde finales de 1872, hasta el tres de enero de 1875, en que Antonio Cánovas del Castillo, por entonces presidente del Ministerio-Regencia, tuvo a bien decretar de nuevo su desaparición, de acuerdo con su ministro de Gracia y Justicia, Francisco Cárdenas.

Pero trece años más adelante, y andamos en 1888, concretamente el veinte de abril, una ley propiciada por el jurista Manuel Alonso Martínez, la reflotó. Aunque, por muy poco tiempo, estuvo vigente. Tras aquella instauración, el primer juicio por jurados que se celebró en Alicante, en el salón de sesiones del Ayuntamiento, fue el seis de mayo de 1889: una vista de la causa del juzgado de Dolores, seguida contra José Vázquez Cameño, al cual se le imputaba el homicidio de Vicente Sierra. Según la Prensa, resultó espectacular. El fiscal Pascual Ibáñez Palao solicitó para el presunto culpable la pena de catorce años, ocho meses y un día. El político y abogado Rafael Beltrán, defensor del acusado, la libre absolución, por cuanto su patrocinado había actuado en defensa propia. Los hombres justos, tras las deliberaciones de rigor, pronunciaron un veredicto de inculpabilidad, y Vázquez Cameño fue absuelto.

Hasta que Privo de Rivera lo suspendió, el Jurado tuvo una actividad de treinta y cuatro años y cuatro meses. En nuestra Audiencia Provincial, intervino en dos mil setecientos cuarenta juicios. Y, a partir de ahora, los que vengan.

Miguel Primo de Rivera, para mantenerse en el poder, tensó todas las cuerdas: en diciembre de 1925, le propuso al rey sustituir la dictadura militar por otra civil, no menos firme, y que, sin duda, habría de satisfacer los intereses de la aristocracia financiera y terrateniente; un año después, y tras la «sanjuanada» y la disolución del cuerpo de Artillería, el marqués de Estella consideró que su régimen se consolidaba. Para afianzar su programa de gobierno y su condición de presidente, «mandó celebrar un plebiscito peregrino».

En Alicante, como en toda España, dicho plebiscito se celebró durante los días once, doce y trece de septiembre de 1926. Fue la Unión Patriótica la encargada de llevar a cabo la consulta. En nuestra ciudad, se instalaron ocho colegios electorales y se nombraron los correspondientes presidentes e interventores. Durante los tres días señalados, se recogieron firmas de cuantos alicantinos de ambos sexos quisieron sancionar la política de Primo de Rivera, quien, por entonces, pretendía convocar una asamblea nacional en lugar del «caduco régimen parlamentario».

Al término de las tales jornadas, se contabilizaron nada menos que un total de veinticinco mil veintiocho firmas, de una población aproximada de sesenta y ocho mil personas. Mientras que en España se alcanzaba la cifra de 6.697.164, según datos que tomamos de «La España del siglo XX», de Manuel Tuñón de Lara.

El alcalde y general de brigada don Julio Suárez-Llanos y Sánchez rubricó el resumen, donde se hacía constar tanto las firmas como los trescientos treinta pliegos, donde se había estampado. Aquel plebiscito, se realizó sin ninguna garantía, ni siquiera se comprobó la identidad de los firmantes. Aún así, se consideró un verdadero triunfo de la dictadura primorriverista. Si bien tal acción fue calificada, en un escrito anónimo, de «ilegítima y facciosa».

Con todo, Suárez-Llanos se apresuró a dirigir al dictador un telegrama, que se conserva en nuestro Archivo Municipal, con otros documentos relativos a este asunto, y cuyo texto es el siguiente: «Terminado plebiscito. Éxito supera todo cálculo. Hónrome transmitir a V.E. nombre ciudad y Ayuntamiento que presido, entusiástica felicitación, reiterándole adhesión fervorosa para bien de la Patria. Deseamos continúe V.E. frente Gobierno realizando debidamente labor engrandecimiento amada España. Alcalde Suárez-Llanos, general de brigada».

En 1881, a don José Carlos de Aguilera y Aguilera le dieron una serenata, en su domicilio de Madrid, con motivo de la concesión del título de «hijo adoptivo» de nuestra ciudad, según acuerdo de la corporación municipal. Así se manifestaba la gratitud de los alicantinos hacia el propietario de las aguas de la Alcoraya que, por aquel entonces, abastecían Alicante.

Pero no pararon ahí los honores. En cabildo de tres de enero de 1883, se solicitó la grandeza de España, para el marqués de Benalúa. En su momento, don Federico Bas a la sazón diputado a cortes por nuestra provincia, remitió un escrito al Ayuntamiento, notificando, de forma oficial, que el ministro de Gracia y Justicia había recibido la confirmación del Rey a la petición del municipio, concediéndole al señor de Aguilera y Aguilera el aludido privilegio de primera clase.

En julio del citado año, Francisco Pérez Medina, apoderado del marqués de Benalúa, remitió una instancia a la corporación consistorial en la que pedía la correspondiente autorización, para edificar un barrio nuevo, de trazado higiénico, en nombre de la sociedad «Los diez amigos», de la cual el propio don José Carlos de Aguilera y Aguilera era presidente de honor. La presidencia efectiva la ostentaba el doctor y profesor don José Soler y Sánchez. Además de ambos, integraban, entre otros, tal sociedad: Clemente Miralles de Imperial, Juan Foglietti Piquet, Armando Alberola Martínez y Pascual Pardo Jiménez, que había sido el alma de aquella idea y el promotor de la futura urbanización.

No hubo problemas de consideración. El proyecto se aprobó en agosto del año de referencia. Y el día cuatro de enero de 1884, se determinó que de conformidad con los dictámenes del arquitecto municipal y de la comisión de ornato, se aprobaron los planos para la construcción del barrio de Benalúa, cuyas obras serían dirigidas por el mismo arquitecto municipal, don José Guardiola Picó.

Don José Carlos de Aguilera y Aguilera nació en Madrid, en 1848, y murió en la misma capital, en 1900. Durante algunos años, vivió en nuestra ciudad, en el domicilio paterno de la calle de San Nicolás. Fue concejal de nuestro Ayuntamiento y, por último, antes de regresar a Madrid, vendió su propiedad y derechos sobre los manantiales de La Alcoraya a una sociedad inglesa.

Como ya hemos escrito en esta columna, el 29 de septiembre de 1936, se constituyó el Consejo Municipal que presidió, por acuerdo de las organizaciones sindicales y partidos políticos, el dirigente comunista Rafael Millá Santos, en su condición de representante de la UGT.

Pero el veintisiete de mayo de 1937, Millá presentó a los consejeros (o concejales) una moción en la que ponía a disposición de todos su dimisión, con objeto de facilitar el nombramiento de otra persona que pudiese expresar el deseo de la mayoría. Había advertido, según explicaba, ciertos cambios de actitud en algunas de las minorías que le otorgaron sus votos, y, de acuerdo con la declaración de la UGT, en la que se recogía tal circunstancia, abandonaba el puesto, cumpliendo con la mayor fidelidad el acuerdo. La moción estaba fechada un día antes.

A raíz de la misma, se produjo un intenso debate. La minoría socialista se pronunció en el sentido de que se necesitaba un presidente capaz de conseguir que todas las minorías se incorporaran de nuevo al Ayuntamiento, y trabajaran por el engrandecimiento de Alicante. Eso sí: que quien ocupara el cargo fuera un hombre del Frente Popular. Posteriormente, hicieron uso de la palabra republicanos, comunistas, ugetistas y representantes de la CNT-FAI. Por último, se aceptó la dimisión de Rafael Millá, y se propuso que durante una semana estuviera al frente del Ayuntamiento el teniente de alcalde al que le correspondiera, en tanto los distintos grupos que integraban el Consejo Municipal acordaban la persona que «había de regir los destinos de Alicante».

Por fin, el tres de junio de 1937, y bajo la batuta de Francisco Pérez Doménech, cuarto delegado de distrito, en funciones de presidente, se procedió a la elección. Fue el sindicalista Hernández Fuster quien propuso para tal a Santiago Martí Hernández, también de la UGT, en la confianza de que lograra aunar a todas las minorías del Ayuntamiento. La propuesta, efectivamente fue respaldada por unanimidad. Santiago Martí afirmó: «Me doy cuenta de que en estos momentos es muy difícil ocupar este puesto. Yo no lo aceptaría si no contase con la valiosa cooperación de los hombres destacados de todas las minorías aquí presentes, y espero que el pueblo, en su inmensa mayoría, ayude al municipio a salir de esta nueva etapa».

El dieciocho de noviembre de aquel año, Santiago Martí, junto con otros tres, cesó como vocal del Consejo Municipal por la UGT, pero fue nombrado como tal por el Partido Socialista. Quedó así vacante el cargo de presidente. En una nueva elección, celebrada siete días más tarde, aun sin la participación de los representantes de la CNT y de la FAI, Martí fue elegido de nuevo alcalde.

Mal lo debieron pasar los palamoneros, al filo ya de la segunda mitad del pasado siglo, cuando un jefe político (gobernador civil) como José Rafael Guerra, que había sido destinado a la provincia para organizar los servicios policiales y mantener el orden, tras el pronunciamiento de Boné, les formulaba demandas que escapaban a sus posibilidades.

De modo que no le sentó nada bien ni al Ayuntamiento, ni al pueblo de Villafranqueza, cuando la autoridad de referencia hizo publicar una real orden en el Boletín Oficial de la Provincia, correspondiente al veintidós de febrero de 1847.

Por entonces, las nubes eran esquivas, como lo son ahora, y la sequía, una pesadilla. De ahí que el alcalde, don José Guijarro y Sala convocara una sesión extraordinaria, con ánimo de poner las cosas en su justo medio, y sin circunloquios.

El veinticuatro de aquel mes, se reunió la corporación o la mayor parte de ella. Allí, en la sala consistorial, se encontraban, además del citado presidente del Ayuntamiento constitucional, don Rafael Alcázar, teniente de alcalde, los regidores don José Torrente, don José Guijarro García, don Rafael López y el regidor don José Barrachina. Con ellos, el secretario y una importante concurrencia de vecinos. Después de un debate acerca de los contenidos de la circular, decidieron contestar, artículo por artículo, al jefe político.

Sustancialmente le dijeron, y así consta en el libro de cabildos, que ni el año anterior ni otros muchos antes había habido en el pueblo cosecha alguna de cereales y de subsistencia de primera necesidad; que, en consecuencia, hacía mucho que se advertía escasez en la población, y que para remediarla se habían surtido «con más facilidad de los cereales importados de las Andalucías al puerto de Alicante»; que si continuaba faltando, como se observaba de unos días atrás, aquella importación, los habitantes de Villafranqueza serían víctimas, «con mayor razón, cuando en algunos pueblos de la montaña, se ha prohibido la extracción de cereales; que por tantas razones manifestadas se veía que no podían permitirse exportación alguna», sino que antes bien, se procurase «que no faltase, como quedaba dicho, las importaciones de las Andalucías».

Y concluían con un presagio nada consolador: los sembrados presentaban, por entonces, un mal aspecto, por falta de lluvia, y que podía asegurarse ya que la mayoría de los campos, en manera alguna, la simiente invertida en ellos iba a fructificar. Villafranqueza atravesaba una época de necesidad. Ahora que se cumplen cuatrocientos años de su fundación, recordaremos aspectos poco conocidos, como el comercio de nieve que los palamoneros ejercían.

Lo expusimos aquí, hace muy pocos días, a petición del general Bermúdez de Castro, el también general y alcalde de nuestra ciudad, Miguel de Elizaicin y España, elaboró la lista de cuantos habían desempeñado el máximo cargo municipal de 1905 a 1923. En tal lista figuraban los siguientes nombres: Alfonso de Rojas, Manuel Cortés de Miras, Luis Mauricio Chorro, Ricardo P. del Pobil, Luis Pérez Bueno, Federico Soto Molla, Edmundo Ramos Prevés, Ramón Campos Puig, Eugenio Botí, Manuel Curt Amérigo, Antonio Bono Luque, Juan Bueno Sales y Pedro Llorca (liberales, conservadores, demócratas, en su mayor parte), todos alcaldes de la Restauración. En llegando a este punto, y movido, sin duda, por la disciplina militar, el propio Miguel de Elizaicin se incluyó en tan sospechosa lista.

Sospechosa porque de acuerdo con el oficio que la substanció, firmado por Miguel Salvador, nombrado juez para la formación de un procedimiento previo, el objeto de la misma no era otro que depurar las responsabilidades, en que hubiesen incurrido los ayuntamientos del ya especificado periodo, «por el cobro de cantidades relacionadas con los servicios de Asistencia Médica Municipal».

En el mismo oficio se solicitaba también el nombre y domicilio de aquellos concejales delegados para la intervención directa en la Casa de Socorro. La sanción que inspiraba la medida de Primo de Rivera, para expedientar a quienes hubieran propiciado corruptelas, o cacicadas al viejo uso, cuestionó, en principio, la honorabilidad de muchos alcaldes alicantinos.

El oficio que llevaba fecha del veintiséis de diciembre de 1923, se contestó en veinticuatro horas. El propio Miguel de Elizaicin escribió de su puño y letra: «Cumpliméntese el servicio, con toda urgencia».

Así, se remitió al juez instructor del Gobierno militar, la referida relación. Además se notificaba textualmente que «no existían en las oficinas municipales antecedentes relativos a que hubiera habido concejales especialmente delegados para la intervención o inspección directa de la Casa de Socorro, pues los servicios del Cuerpo de Beneficiencia y Sanidad municipal al que corresponde dicho centro están reglamentados y sólo en algunos casos suelen ser objeto de informe o visado, por el presidente de la comisión de beneficiencia y sanidad».

Dos meses largos después de instaurado el directorio militar, entendemos que el alcalde Miguel de Elizaicin debió de pasar un mal trago. Pero ciertamente, el horno no estaba para bollos y las órdenes eran escuetas y afiladas.

Fue el maestro de obras Antonio Garrigós quien, en terrenos de su propiedad construyó tres grandes aljibes o cisternas, capaces para contener medio millón de litros de agua potable procedentes de las lluvias. Desde el año de su anunciada construcción hasta 1898, los llamados pozos de Garrigós prestaron un considerable servicio al vecindario. El cronista provincial, Gonzalo Vidal Tur escribe cómo el hábil maestro condujo aquellas aguas tan necesarias hasta la planta baja de una casa situada en la calle Mayor, esquina a la de Maldonado, mediante una cañería adecuadamente dotada de filtros. Allí, se vendía, a precios asequibles, por cántaros.

No obstante y con objeto de evitar posibles filtraciones que perjudicaran las aguas, en 1887, el farmacéutico José Soler Sánchez, las sometió a un exhaustivo análisis y las calificó de eminentemente potables. Así se velaba por la salud, pública de la ciudad que tan escasos recursos ácueos presentaba. Además de sus famosos pozos, Antonio Garrigós construyó también, en la playa del Postiguet, uno de los singulares balnearios, ya desaparecidos: «La Estrella».

En 1967, nuestro Ayuntamiento, en virtud del acuerdo del veintitrés de febrero de dicho año, adquirió, por doscientas veinticinco mil pesetas, una finca, cuya descripción es la siguiente: «Se encuentra en las faldas del monte Benacantil, con una casa compuesta de planta baja, y ocupa el terreno algo más de setecientos cincuenta y cuatro metros cuadrados, y existen debajo del mismo varias cavernas comunicadas entre sí, con entrada por la calle Remigio Sebastiá. La planta de la referida casa mide ochenta y ocho metros cuadrados. Forma el conjunto un solo predio que linda al norte con el monte Benacantil; al sur, con la plaza del Puente; al este, con la calle Remigio Soler, subida al castillo de Santa Bárbara y monte Benacantil; y al oeste con las casas de Antonio Lon, Francisco Botella Galiana, Roque Barbar Ferrer y monte Benacantil».

El municipio se la compró, para su patrimonio, a Esperanza Garrigós Soler, viuda de don Francisco de Federico Martínez. A su vez, su último propietario se la adquirió a José Luis de Federico Garrigós. En aquel paraje emblemático, no hace muchos años, se celebraron exposiciones de arte, y era ciertamente un espectáculo fascinante.

De aquel alicantino que se llevó por delante la fiebre amarilla, en 1870, ya no queda ni sus aguas, ni su balneario «La Estrella». Queda su memoria y una página en nuestra crónica. Una página singular, ciertamente.

Ahora que tantas dudas asaltan al ciudadano acerca de la buena administración de los dineros públicos, parece oportuno recordar lo que un diario alicantino, «El Correo», escribió del que, en tiempos de José Canalejas, fuera alcalde de nuestra ciudad: Luis Pérez Bueno, de quien ya tantas cosas hemos contado en esta columna. «Su actuación como corregidor de esta capital -dice en sus páginas, del ocho de mayo de 1934- dejó recuerdos gratísimos, imperecederos, por su puritanismo administrativo».

Según la información que nos suministra el mencionado periódico, Pérez Bueno, contó, en todo momento, con el apoyo de las diversas clases sociales, de la Prensa y hasta de sus propios compañeros corporativos. Una vez concluido su mandado al frente de la Alcaldía, se trasladó a Madrid, para desempeñar el cargo de director del Museo Nacional de Artes Decorativas e impartir clases en la Escuela de Artes y Oficios. Era un hombre, según la publicación que dirigía Florentino de Elizaicin que «ni robó ni dejó robar», por eso se le incluyó en la relación de ciudadanos de honradez absoluta.

Aquel mismo día, y tras la espléndida glosa de Luis Pérez Bueno, «El Correo», sustanciada a raíz de la conferencia que pronunció en la asociación de alumnos de Bellas Artes, se recogía en sus páginas el hecho de que, un año antes, Elizaicin, en su condición de censor de la Asociación de la Prensa, presentó una moción, aprobada por unanimidad en la Asociación, con el propósito de entregársela al alcalde, Lorenzo Carbonell, con quien la Prensa andaba a la greña.

Miren si no, lo que escribía, al respecto, el periódico «Hoy»: «No comprendemos las razones que motivan al señor Carbonell para hacer a la Prensa leal objeto de trato tan despectivo. Vana pretensión la nuestra, si esperamos una explicación. Hemos de resignarnos forzosamente a las "cosas" de nuestro alcalde (...)». Ahora bien: le brindamos al señor Carbonell una frase muy de su estilo: «¿Veis como estos periodistas gorrones no necesitan ser invitados, para decirnos qué ha pasado en la acera de enfrente. Adelante, pues, con esa conducta. Ya veremos cuando se le suba la dignidad a la azotea a estos modestos periodiquillos de Alicante, y cataloguen, en un librito, las "cosas" del simpático Carbonell». La amenaza estaba en pie. La mayoría de los profesionales de la información consideraban reprochable la actitud del alcalde con relación a su trabajo. Un enfrentamiento que, lamentablemente, se produce con demasiada frecuencia.

Y se la pasaron a cuantos habían servido a Miguel Primo de Rivera, bien en el Ayuntamiento, bien en el Gobierno Civil, bien en cualquier otra institución de la dictadura. Pocos meses después de que el marqués de Estella, dimitiese de la presidencia del Gobierno, el periodista y concejal César Oarrichena formuló la siguiente propuesta que reproducirnos literalmente: «Que se deroguen los acuerdos adoptados durante la dictadura, en que concejales que no expresaban la opinión popular acordaron declarar alcaldes honorarios, hijos adoptivos y cuantos títulos honorarios se han concedido en la pasada etapa a personajes políticos dictatoriales, como Bermúdez de Castro y otros, a los cuales nada tiene que agradecer el pueblo de Alicante».

Aquel mismo cuatro de julio de 1930, el pleno municipal, en sesión ordinaria acordó nombrar una comisión de entre sus miembros que, al hilo de la propuesta de Oarrichena, revisara detenidamente las decisiones corporativas tomadas a lo largo del periodo del Directorio Militar y de la dictadura del general Primo de Rivera. La comisión quedó formada por los ediles José Sánchez Santana, José Guardiola Ortiz y Ricardo P. del Pobil. Así se les notificó a cada uno de ellos, encargándole la presidencia de la misma al primero de los citados.

En noviembre, concretamente, el veintiséis, de 1930, el cabildo tuvo conocimiento de la dimisión del vocal de aquella comisión, Ricardo P. del Pobil, a quien se le admitió. En su lugar, se designó a Florentino de Elizaicin y España. Era ciertamente una papeleta.

Así como ya hemos dejado aquí constancia de los alcaldes alicantinos de aquel periodo histórico, también citamos a los gobernadores civiles que estuvieron durante el mismo al frente de nuestra provincia: el general Cristino Bermúdez de Castro, quien cesó en su cargo en diciembre de 1927. Tras unas semanas de interinidad de Eduardo Lastre Ramírez, secretario, del gobierno civil, fue nombrado Modesto Jiménez de Bentrosa, quien cedería el testigo, seis meses después, en julio de 1928, a José María Mayans, conde de Trigona; en noviembre de aquel mismo año, tomó el relevo el también general, Mariano de las Peñas Franchi-Alfaro, quien ocuparía el alto empleo, hasta el doce de febrero de 1930, en que el presidente del Consejo de Ministros, Dámaso Berenguer, la admitió la dimisión, puso al frente de la provincia a Juan Díaz Caneja. Ya soplaban otros vientos.

El recientemente desaparecido Agatángelo Soler Llorca, alcalde de la ciudad y amigo de tantos, por su talante e integridad, fue quien dispuso la pavimentación de mármol de diversos colores de la Explanada, en los años 1958 y 1959. La Explanada era ya el lugar más emblemático de Alicante: «Un espacio de actividades mercantiles, de recreo, de solaz y de historia».

Antes que nada fue el Malecón. Más tarde, el arquitecto José Guardiola Picó trazó los planos de una explanada, con algunos jardines, de acuerdo con la iniciativa del gobernador civil Perfecto Manuel de Olalde y del alcalde constitucional Juan Bonanza Roca. Por entonces, corría el año de gracia de 1867. Un año después, se produjo el pronunciamiento y la insurrección progresista y liberal de septiembre. A raíz de aquellos sucesos, la Junta Revolucionaria que presidía Tomás de España, decidió rotular aquel paseo que llevaba el nombre de Olalde, con el de paseo de los Mártires de la Libertad, sancionando oficialmente la denominación que le dio el patriota Salvador Barberá. Salvador Barberá «continuando la costumbre de otros liberales, desde 1845, de honrar la memoria de cuantos allí habían sido fusilados el ocho de marzo de 1844, a pesar de la vigilancia extrema que ejercían los execrables esbirros de González Bravo, arrojó en la glorieta que daba frente a la calle de Bilbao, varios ramos de flores y algunas coronas fijando en medio un listón de madera, con una tablilla, al final de la cual aparecía escrito: «Paseo de los Mártires de la Libertad». El episodio lo narra Francisco Montero Pérez.

Por supuesto, no tenía la longitud de la actualidad, si no que alcanzaba de la Puerta del Mar, hasta la altura del edificio del Casino. Mucho antes, Pedro Fermín de Iribarri explanó aquellos terrenos hasta el baluarte de San Carlos, situado a la altura de la plaza de las Barcas (y sucesivamente de Isabel II y Gabriel Miró). Finalmente, se prolongaría hasta la calle de Canalejas, ya en el siglo que se nos acaba. Paseos y glorietas dieron paso a los andenes centrales.

Malecón, primero, paseo de Olalde, luego, para finalmente tomar el nombre de paseo de los Mártires y Explanada de España o Explanada a secas. Ambos últimos nombres convivieron durante algún tiempo. Una real orden de 1929 determinó que tanto la Explanada como el Parque de Canalejas quedaban constituidas en vías urbanas.

El poder desgasta. Desgasta especialmente al que no lo ejerce, pero también a quien lo usa. Durante la Guerra Civil, el Consejo Municipal (la corporación municipal, para entendernos) estuvo presidido por el ugetista y socialista Santiago Martí Hernández, desde que fue elegido el tres de junio de 1937, en sustitución de Rafael Millá ugetista y comunista, hasta primeros de septiembre de 1938, si bien es cierto que el dieciocho de noviembre de 1937, Martí Hernández fue reelegido, no como representante de la UGT, sino del Partido Socialista.

Pero en sesión del uno de septiembre de 1938, Eulogio Díez que presidía el Consejo, con carácter interino, manifestó que, en nombre de los partidos republicanos que integraban el Frente Popular y que formaban parte de nuestro Ayuntamiento, consideraba que tanto el compañero presidente (el alcalde) como el consejero local de abastos estaban ya gastados. Tanto que pedía la renovación de los mismos, en aquella sesión.

Santiago Martí Hernández y Arnaldo Soto no dijeron ni pío y se limitaron a abandonar el salón capitular. Seguidamente, la propuesta formulada por el portavoz de los republicanos fue sometida a votación. Y se aprobó por nueve papeletas a favor y seis en contra. Naturalmente, se produjo un tenso debate en cuanto a la procedencia o no de aquella renovación de cargos.

El hasta entonces presidente, Martí Hernández, después de escuchar a unos y otros, decidió poner su cargo a disposición del Consejo Municipal, tras dejar bien sentado que no consideraba en modo alguno, que hubiese fracasado en su gestión.

Una semana más tarde, el ocho de septiembre, se procedió a tirar del voto, no sin antes haber mantenido una viva discusión sobre el tema. La elección dio los siguientes resultados: Ángel Company Sevila, once votos; Santiago Martí Hernández, seis votos. Y dos papeletas en blanco. Se proclamó presidente a Company Sevila, de la FAI. Company Sevila era rotundo en sus palabras: «No soy ni he sido jamás tan fatuo que me crea capaz de ostentar esta presidencia. Soy hombre de la calle; repito que me he forjado en la calle y en los patios de las cárceles; y de política, como me habéis oído decir miles de veces no entiendo ni una sola palabra (ay, si ahora se pusiera por delante esa misma sinceridad, cuántas cosas íbamos a comprender). Aún así, expresó su deseo de hacer las cosas como se debían de hacer, en beneficio del pueblo de Alicante.

Para el cargo de consejero local de abastos salió elegido Manuel Durá, propuesto por la CNT, en lugar de Isaac Nogués que avalaban los socialistas.

Nos consta que no resulta ameno, pero es una forma matemática de conocer nuestra ciudad, y cualquier alicantino lo agradece, sin la menor duda. Nos referíamos al primer padrón conocido y fecharlo en el siglo XVIII, según el notable cronista de Alicante, don Vicente Martínez Morellá. Nos referimos a un documento que se conserva en el Archivo Municipal y que se titula: «Libro del repartimiento que la Muy Ilustre Ciudad hizo del equivalente real de la sal y aguardiente en 1754. Y para que el repartimiento fuera justo, se confeccionó el vecindario de todas las personas residentes en Alicante, con expresión de los nombres, edad y número de que se compone cada familia».

Hay otro documento, también de largo epígrafe, del diecinueve de noviembre de 1798: «Padrón de todos los vecinos de esta ciudad, caseríos y partidas de su término, hasta la distancia de dos leguas (medida de longitud equivalente a 5.572 metros y 7 decímetros) conforme al vecindario general hecho por la Real Justicia de esta población, a conocimiento y con intervención del síndico, curas, escribanos del Ayuntamiento, y en dichas partidas por sus respectivas diputados de justicia (...)».

En el primero de los referidos documentos, la población urbana se estima en 11.204 habitantes y la de todo el término en 14.987. En el segundo, se contabiliza un total de 3.977 vecinos, distribuidos de la siguiente manera: 94 nobles, 42 eclesiásticos, 400 matriculados, es decir, profesionales y comerciantes, y 2.029 pertenecientes al llamado estado general. El número de habitantes lo deducimos multiplicando la cifra de vecinos por cinco o cuatro con cinco, lo que nos da un número comprendido entre dieciocho mil y veinte mil, después de descontar un cinco por ciento de ocultaciones, esto es, de personas que no se empadronaban, con ánimo de eludir el pago de los impuestos. La picaresca, ya saben. En resumen, la tasa media anual de crecimiento demográfico, durante el siglo XVIII, era de un cero coma setenta y dos por ciento, algo menor que la nacional.

No reflejamos aquí y ahora, el censo de Campoflorido, de 1717; la relación de 1732; los censos del conde de Aranda, correspondientes a los años 1754 y 1768; el de Floridablanca, de 1786; y algunos otros, particularmente, el censo ordenado por Manuel Godoy, en 1797.

Alicante que abrió el siglo XX con un censo de 50.142 habitantes, tenía al uno de enero de 1995, y según la rectificación aprobada de su padrón, 276.526. Un crecimiento muy considerable.

En presencia del nuevo gobernador civil, incorporado a su destino el veintiuno de febrero de 1936, el abogado republicano Francisco Valdés Casas, se constituyó la Diputación Provincial del Frente Popular. Mostraron a la primera autoridad sus credenciales Álvaro Botella Pérez, Vicente Sansano, Alberto Moltó Brotons, Manuel Sellés Ots, José María Navarro Abad, Juan Samper Fortepiani y José Cañizares Doménech.

Valdés Casas, en una breve, pero tajante disertación, les recordó que todos ellos procedían «del campo honrado de la lucha política», y de su decidido amor a la provincia. Los exhortó, en aquel acto, a cumplir decididamente la tarea de poner en orden la administración de «unos intereses desbarajustados, deshechos, maltrechos en el bienio ominoso que ha padecido la historia de España». Después de aquellas palabras, el gestor de más edad, Samper Fortepiani, ocupó la presidencia y anunció que se iba a proceder a la elección del presidente. El posterior escrutinio se llevó a cabo con agilidad: el periodista Álvaro Botella Pérez tuvo seis votos favorables y sólo se contabilizó una papeleta en blanco, presumiblemente la suya.

Fue entonces, cuando Álvaro Botella dijo que representaban al Frente Popular y que estaban dispuestos a terminar, de una vez por todas, con el caciquismo imperante en la provincia. Como representante de Izquierda Republicana, Alberto Moltó, y José Cañizares del Partido Socialista, le expresaron su adhesión, Cañizares, entonces, señaló cómo el pueblo sentía adversión hacia la Diputación, por cuanto la consideraba como «la entronización del más infecto caciquismo». Tras las formalidades de rigor, Álvaro Botella nombró secretario particular a Teodomiro López Mena, de las Juventudes de Izquierda Republicana, y como asesor jurídico a José Ramón Clemente Torregrosa.

Álvaro Botella Pérez llevó unos días muy agitados. El diecisiete de aquel mes se puso al frente del Gobierno Civil que había dejado Alejandro Vives, repuso de nuevo al Ayuntamiento popular de Lorenzo Carbonell que había sido suspendido, una vez más, aquel catorce de febrero, y tuvo que asistir a la manifestación del Frente Popular, en tanto trataba de frenar los desmanes que grupos exaltados que asaltaron las sedes políticas y las redacciones de periódicos derechistas -«El diario de Alicante» y «El Día» entre otros- y pretendieron incendiar nuevamente iglesias y edificios religiosos, como San Nicolás y Santa María, sin que se agote con éstos la nómina de tan lamentables acciones.

El comercio de la nieve llega de muy adentro de los tiempos, pero por nuestras comarcas, se activa y regula en los siglos XVII y XVIII. La nieve era un bien necesario no sólo para las celebraciones festivas y los paladares exigentes, sino para asuntos más urgentes, para la elaboración de remedios medicinales, para la conservación de alimentos, especialmente, carnes y pescados, para la fabricación de bebidas refrescantes. Las rigurosas temperaturas estivales hacían de la nieve, en nuestra ciudad como en tantas otras poblaciones, uno de los recursos más preciados y también un comercio próspero. Alicante la demandaba y la consumía en abundancia. Los estudiosos de este casi legendario trajín, conocen muy bien, y nos han informado e ilustrado, acerca de las peripecias de los neveteros ibenses -precursores del «gelaor» vagabundo- y de la localización de los pozos o neveras de nieve, en las montañas de Ibi o de Alcoy o de tantos otros lugares, donde se conservaba y distribuía el género, muy particularmente durante los meses de verano, en los que se hacía indispensable. Nombres como los de Antonio Rico y los del matrimonio formado por Bartolomé Picó e Inés Cabanes son señeros, de acuerdo con las investigaciones, en esta singular industria.

Industria arriesgada. Sobre todo en lo que se refiere al transporte de la preciada mercancía. Transporte a lomos de caballerías o en carros, por el camino de la diligencia que enlazaba Alicante con Ibi, o por atajos de herradura o por abruptos vericuetos montaraces, cuando urgían las prisas. Aquello era épico y rozaba el guión cinematográfico de una película de aventuras.

Hay descripciones que hielan el aliento y que se conservan en papeles y cabildos. Así ocurrió, por ejemplo, el siete de septiembre de 1775, cuando diluvió, y Francisco Guillem y Andrés Nomdedeu que llevaban veinticuatro cargas de nieve, a Alicante, se vieron sorprendidos por la tormenta, «en el sitio llamado Llano de las Ventas», y se echaron al suelo convencidos de que no había remedio y que las aguas terminarían por arrastrarlos y ahogarlos, en tanto las bestias se iban por los campos. Por fortuna, sus familiares lograron rescatarlos, después de la intempestiva noche.

La épica de las neveteros, llegaría incluso, y según apunta M. Monleón en su artículo «Pozos de nieve en la Foia de Castalla», hasta 1926, año que dicen de la nevá grossa. Qué, saga aquélla, qué comercio tan fascinante y peligroso. Y quién se lo iba a imaginar viendo al apacible chambilero, a la salida de la escuela.

Desde el ocho de septiembre de 1938, en que salió elegido, hasta el dieciséis de marzo de 1939, el faísta Ángel Company Sevila ocupó la presidencia del Consejo Municipal (la alcaldía del Ayuntamiento). La Guerra Civil estaba ya decidida.

En aquellas crispadas circunstancias ya nadie daba un duro por la República en sesión corporativa del veintiuno de marzo, bajo la presidencia interina del segundo consejero delegado, Rafael Ibáñez Llobregat, dio lectura a un oficio del gobernador civil que, una vez admitida la dimisión del Ángel Company, convocase aquella reunión extraordinaria, con objeto de elegir nuevo presidente. Asistieron muy pocos consejeros, pero se procedió a la votación. Y la votación dio el siguiente resultado: Ramón Hernández Fuster, cuatro papeletas afirmativas; y otras cuatro en blanco. Entonces, el secretario, Juan Guerrero Ruiz, advirtió que como quiera que el candidato no había obtenido la mayoría prescrita por el artículo cincuenta y uno de la entonces vigente ley municipal, se llevara a cabo una nueva votación. La llegada oportuna del consejero Rafael Pagán Navarro salvó, sin duda, la situación. Porque Ramón Hernández obtuvo los votos necesarios.

Ramón Hernández Fuster (Escribimos a raíz de su muerte: INFORMACIÓN, 28 de abril de 1988) pronunció unas breves palabras y terminó con un «Viva la independencia de España».

En su breve y turbulento mandato, sólo tuvo ocasión de presidir la sesión ordinaria que se celebró días después de su elección, es decir, el veintitrés de aquel aciago marzo. Dio fe el citado secretario de que, una semana exactamente más tarde, se celebraría la constitución de la Comisión gestora del Ayuntamiento franquista, presidido por Ambrosio Luciáñez Riesco.

Precisamente, Ramón Hernández acudió a las casas consistoriales, tras la derrota republicana, para entregarle simbólicamente a Luciáñez los atributos de su cargo, en un gesto noble. El último alcalde de la República sólo volvería a pisar los salones municipales para ser sometido a juicio sumarísimo y condenado a treinta años de reclusión mayor, «por adhesión a la rebelión y pertenecer al Partido Sindicalista». Por cierto que, como señaló acertadamente el ex alcalde José Luis Lassaletta, la última acta, la correspondiente a la citada sesión, aún no ha sido aprobada. Ya va siendo hora de que se cierre tal capítulo.

En los últimos días, hemos dejado constancia de los alcaldes del Frente Popular, durante la Guerra Civil: Rafael Millá, Santiago Martí Hernández, Ángel Campany Sevila y Ramón Hernández Fuster.

El paso de don Nicolás Domínguez por nuestra ciudad fue breve, pero ciertamente enigmático. ¿Y quién lo iba a sospechar de aquel jefe político de la provincia -precursor de los gobernadores civiles- que fue nombrado, bajo la regencia de María Cristina, por un presidente del Gobierno con fama de reaccionario, por real orden de diciembre de 1938? Llegó el bueno de don Nicolás el dos de enero del año siguiente y se marchó del cargo el veinticuatro de junio siguiente. Apenas seis meses en la provincia de Alicante.

Pero en tan escaso tiempo se relacionó con conocidos progresistas y liberales, como Manuel Carreras y Tomás de España, en lugar de hacerlo con personajes relevantes del moderantismo: por ejemplo, el alcalde Miguel Pascual de Bonanza y Roca de Togores o su correligionario José Minguilló. Se ve que a don Nicolás Domínguez le atraían más las ideas avanzadas. O eso parece, a la vista de los pocos datos que sobre él conocemos. Observen que según cuentan algunas crónicas periodísticas, el ordenanza de tan alto funcionario le escuchó cantar, en más de una ocasión y en su despacho solitario, un himno republicano, cuya letra decía: «Es un verde, blanco, rosa (rojo en italiano) / la bandera tricolor». Y hasta es muy probable que el jefe político don Nicolás Domínguez tuviera, cuando menos, una cierta simpatía por los carbonarios, sociedad secreta y revolucionaria, enemiga del absolutismo y partidaria de la República, que tuvo su origen en Italia y se extendió posteriormente por Francia y España. Un tipo realmente singular y desconcertante.

Pero se marchó de aquí y apenas si se supo más. Si de sus amigos, de los cuales ya hemos contado episodios en más de una ocasión. Manuel Carreras ejerció la jefatura civil del levantamiento progresista de Pantaleón Boné en 1844, y cuatro años después, fue apresado, juzgado y condenado a muerte. Se libró de la ejecución y fue deportado a Filipinas. Carreras conspiraba contra Narváez, con otros civiles, y todos dieron en las mazmorras de la cárcel que dirigía el padre del futuro ministro Carlos Navarro Rodrigo. No pudo fugarse de los calabozos del castillo de San Fernando, y consiguió la conmutación de la última pena, gracias a las gestiones del diputado a Cortes por nuestra provincia, don Antonio Ribero de Cidraque. Y, según dicen, a su propia esposa que imploró su perdón a los pies de la reina. De una reina a la que acabaron echando. En fin, la historia.

El doce de diciembre de 1924, tras la dimisión que se produjo el siete de aquel mes del alcalde Miguel Salvador, «El Correo» que dirigía Florentino de Elizaicin ponderaba las gestiones de gobernador cívico militar, Cristino Bermúdez de Castro tendentes a nombrar un nuevo presidente del Ayuntamiento y apuntaba, con mucho tino, que según sus informaciones el nombramiento recaería en el general de brigada Julio Suárez-Llanos y Sánchez. Julio Suárez-Llanos y Sánchez solía pasar los inviernos en nuestra ciudad, de cuyo benigno clima era un devoto.

Y no se equivocó en sus vaticinios el citado diario. Aquel mismo día, se cumplió cuanto había anunciado en sus páginas. Cuatro días más tarde, el ya elegido alcalde Suárez-Llanos recibió en su despacho oficial del Consistorio a cualificados representantes de los periódicos locales. Allí estaban, compartiendo charla y piscolabis, José Alonso, de «El Luchador»; Emilio Costa, que dirigía el «Diario de Alicante»; Luis Salvador, de «El Tiempo»; Juan Sansano, director de «El Día»; Pablo Andanas, director de «La Razón»; José Sampere, director de «El Eco del Comercio»; Enrique Pedrón, director de «El Tercio»; el señor Montero, del «Boletín del Magisterio»; y Antonio Sánchez Rabadán, de «El Correo». Estaba también, Florentino de Elizaicin y España, en su condición de presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante; Enrique Ferré, secretario del Ayuntamiento, y Carmelo Simón, secretario particular del mismo.

Se habló de muchas cosas, en un ambiente cordial y distendido. En un momento dado, el general y alcalde manifestó que carecía de programa determinado, para afrontar los problemas de la ciudad, ya que no había tenido tiempo suficiente para estudiarlos. Pero agregó que ya había citado a los arquitectos con objeto de que le informaran acerca de las obras más urgentes que era necesario realizar. Estaba igualmente preocupado por la limpieza urbana: las calles ofrecían un total abandono, ya que los dieciséis hombres de la brigada eran insuficientes, para proporcionar el servicio que se requería y, por otra parte, los vecinos se mostraban poco escrupulosos y dejaban las basuras domésticas en medio de las calles, a horas, intempestivas. Por último, el nuevo corregidor les dio una noticia altamente satisfactoria: iba a solicitarle a Bermúdez de Castro que levantara la suspensión del «Diario de Alicante». De inmediato, la Asociación de la Prensa se adhirió a la petición, en un acto de solidaridad.

Muchos de aquellos periódicos afirmaban, al día siguiente, que el alcalde Suárez-Llanos llegaba con buen pie a nuestra ciudad. Era una respetable opinión.

La nieve era un lujo y una necesidad. Especialmente, para las ciudades y pueblos de clima cálido, y sobre todo en los meses de verano. Habla que preservar alimentos y productos farmacéuticos de las elevadas temperaturas; y a nadie, de los que tenían recursos, le amargaba un sorbete, en plena canícula. Hasta bien entrado el presente siglo, se ejerció el mercadeo de la nieve.

En Villafranqueza hubo que regular su comercio. Comercio que, tal y como se desprende de los libros de cabildos, se ejercía, en un principio, por libre y a la voluntad de cuantos «quisieran surtir de nieve a los vecinos». Pero de aquí, según advirtió la corporación, presidida por el alcalde, José Guijarro y Sala, se derivaban perjuicios de consideración para la salud pública. Y, por otra parte, de acuerdo con la experiencia, la mayor parte de los días y en casos de urgencia, no estaba abastecida la población como era de menester.

En virtud de estas circunstancias, el Ayuntamiento dictó normas para su distribución y avituallamiento. Según dichas normas, se fijó el precio de la libra de nieve de dieciocho onzas; y se estableció que Villafranqueza debería de estar provista de género del quince de mayo al quince de octubre, sin que, en ningún caso pudiera faltar más de dos horas en la expendiduría. Pero si acaso faltase, por cada hora el arrendatario del servicio, único que podía venderla, estaba obligado a pagar al Consistorio, una multa de quince reales de vellón.

Con objeto de evitar el incumplimiento de esta disposición, el mismo quince de mayo, el arrendatario debía depositar, en la persona designada a tal efecto, por la corporación municipal, la cantidad de doscientos reales de vellón «para de ellos extraer las multas en que incurriera, que será de obligación reponer, a medida que se extraiga, de manera que siempre y hasta la conclusión del arriendo han de existir en depósito los dichos doscientos reales, que además darán la correspondiente fianza a la seguridad del contrato».

Por supuesto y así se especifica, la nieve debía ser de buena calidad y el puesto de expedición de la misma tenía que estar situado en el centro de la población. Por supuesto, no podía negarse a persona alguna, si bien tenían prioridad, para su adquisición, los vecinos de Villafranqueza.

Esta normativa fue aprobada el diecinueve de marzo de 1847. Era entonces alcalde José Guijarro Sala, quien, el uno de enero. del siguiente año, sería sustituido, en el cargo, por Antonio García y Segura, el que, a su vez, le daría el relevo, cuatro años mas tarde, a Antonio García y Sabater.

Si Ramón Hernández Fuster fue el último presidente del Ayuntamiento republicano y el veintitrés de marzo la Comisión del Frente Popular, celebró su postrera sesión, Ambrosio Luciáñez Riesco presidió la primera Comisión Gestora Municipal de la época de Franco, el treinta de marzo de aquel año de 1939.

La Comisión fue designada por el gobernador civil provisional, José Mallol Alberola, quien había tomado posesión de su efímero cargo el mismo día, y puso al frente de la citada a Luciáñez Riesco, quien en aquel acto dejó claro que declinaba toda responsabilidad -según sus propias palabras, recogidas en acta- que pudieran derivarse de la gestión ilegal y arbitraria de los consejeros republicanos y marxistas, que habían regido la vida municipal desde el dieciocho de julio de 1936. Agregó, en su inicial intervención, que al tomar posesión de la Comisión Gestora, sin hacer inventario detallado de cuantos bienes integraban el patrimonio municipal en su diversa totalidad, igualmente declinaba cualquier responsabilidad en tal orden.

Cinco días después, se celebró la segunda sesión del nuevo Ayuntamiento, y Ambrosio Luciáñez expresó que el gobernador civil, entonces Antonio Romaguera de Monza, los había investido con la autoridad de concejales. Seguidamente, se refirió a la labor sencilla, pero enérgica, que tenían que llevar a cabo, con objeto de que «el pueblo de Alicante viera desaparecer todo vestigio del periodo cruel del barbarismo rojo, para levantar una nueva España, que había de merecer la admiración del mundo». Tras su alocución, que concluyó con los gritos de rigor, se conoció que la primera autoridad de la provincia había nombrado delegado gubernativo en el Ayuntamiento a Ricardo P. del Pobil y Chicheri.

En aquellos primeros tiempos, la corporación o, más propiamente, la llamada Comisión Gestora, llevó a término la depuración de funcionarios municipales, y el cambio de nombre de numerosas calles de la ciudad. El treinta y uno de julio, por ejemplo, en sesión extraordinaria, se efectuaron los siguientes cambios: calle Cano Manrique, por Italia; calle Quiroga, por Alemania; calle Barrejón, por Portugal; calle Pi y Margall, por general Sanjurjo; calle Pablo Iglesias, por Onésimo Redondo; calle del Doctor Rico, por Ruiz de Alda; avenida Mare Nostrum, por Combatientes Alicantinos; plaza Juan Poveda, por camarada Ibáñez Mussó; calle Torrijos, por César Elguezábal; calle Cruz de Malta, por Capitán Meca; calle Federico Clemente, por Teniente Robles; calle FUE, por Acorazado Deutschland. A la moción del alcalde, un grupo de concejales añadió el cambio de la Plaza de la baronesa de Satrústegui, por la plaza del Teniente Luciáñez, propuesta que recibió una calurosa unanimidad. Hoy, se llama con su más tradicional nombre, Paseíto de Ramiro y tiene problemas de remodelación.

Ya dimitido Miguel de Elizaicin y España, seis días más tarde, concretamente el ocho de enero de 1924, José Tato Ortega, alcalde en funciones, tuvo que dar cuenta de las nuevas dimisiones que continuaban la racha de la anterior sesión del pleno municipal. De una tacada, presentaron su renuncia al cargo de concejal: José Pérez García, Lorenzo Carbonell, Francisco Yáñez, Jorge Llopis, a quien no se le había admitido anteriormente, César Oarrichena, Agustín Mora, Manuel Viñes, Miguel Guardiola y Juan Santaolalla. Todas ellas se aceptaron por unanimidad.

Frente a las bajas, un alta relevante: en el mismo pleno que comentamos se recibió un oficio de Bermúdez de Castro, por el cual se nombraba concejal al también militar Miguel Salvador Arcángel. Seguidamente, se procedió a la elección de los cargos de tenientes de alcalde que habían quedado vacantes. José María Antón Tarí, ocupó la primera tenencia; Carlos Manero Pinade, Alfredo Lamainère Rodes y Heliodoro Madrona Pujalte, respectivamente, la cuarta, la quinta y la sexta.

En sesión extraordinaria del once de enero de 1924, se procedió a la votación del nuevo alcalde y, por veintitrés papeletas a favor y una en blanco, presumiblemente la suya, Miguel Salvador Arcángel se llevó la alcaldía por delante. El doce de diciembre, el presidente del Ayuntamiento dio a conocer los concejales nombrados por el general gobernador militar, que había de sustituir a los que aún integraban la corporación. Y aquella misma tarde, en sesión inaugural, se procedió a la elección de un nuevo alcalde: el general Julio Suárez-Llanos y Sánchez relevaba de su cargo a Miguel Salvador. En la corporación que se formó en aquella fecha figuraban las dos primeras concejalas que ha habido en nuestro Ayuntamiento: Catalina García Trejo y Cándida Jimeno Gargallo.

Aproximadamente un mes más tarde de la dimisión del general Primo de Rivera y liquidada su dictadura, el 26 de febrero de 1930, el gobernador civil presidió la sesión en la que Florentino de Elizaicin y España, por razón de mayor edad, ocupó la alcaldía, por poco tiempo. En sesión extraordinaria del veinticuatro de abril de 1930, por real orden y en presencia del mismo gobernador civil, Rodolfo Gil Fernández, se dio posesión del cargo de alcalde a Gonzalo Mengual, mientras los ediles republicanos abandonaban sus escaños porque, una vez más, se había desatado la unánime petición de elegir corporativamente al más alto cargo municipal.

Era un foco de peligro, para la salud pública, y un atentado para los veraneantes que se dirigían a los bellos balnearios del Postiguet. El 17 de noviembre de 1909, el alcalde constitucional don Ricardo P. del Pobil le daba el relevo del cargo a don Luis Pérez Bueno, nombrado por el gobierno de su majestad.

Pocos días después de ocupar la Alcaldía, Pérez Bueno convocó a la Prensa local, con objeto de informarla de sus más urgentes y próximas actuaciones: el mercado de abastos, el matadero y las escuelas públicas. Tras su exposición, solicitó de los representantes de los medios de comunicación, el concurso necesario para llevar a cabo aquellos proyectos y otras mejoras de urbanización que la ciudad requería.

Respecto al mercado insistió en las deficiencias que presentaba y consecuentemente en la necesidad de construir otro nuevo. Como quiera que el erario público andaba en precario, afirmó la posibilidad de que alguna empresa extranjera se comprometiera a llevar a efecto las obras oportunas. Ya sabemos que no fue necesario, que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad atendió el asunto y que el traslado del mercado hasta su lugar definitivo, que es el que hoy ocupa, pasó por las instalaciones provisionales en la Rambla, en un proceso que duraría unos trece años.

La antigua plaza de abastos se construyó en 1843 y los planificó el arquitecto don Emilio Jover. Pero, en palabras de otro de nuestros grandes arquitectos, don José Guardiola Picó, «Alicante en el siglo venidero» (imprenta de Galdó Chápuli Hermanos, Alicante, 1897), aquel proyecto no llegó nunca a realizarse, ya que ni siquiera se pusieron en pie las verjas de hierro que debía cerrarlo durante la noche. Aquella plaza, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, estaba situada en los terrenos que actualmente ocupan la plaza del Mar, la Casa Carbonell, y se extendía por las calles de San Fernando, Aduana, Roger, Cruz de Malta, San Fernando, Princesa, Triunfo y plaza de Alfonso XII. De acuerdo con el citado arquitecto, Guardiola Picó, tras la revolución de septiembre de 1868, don Eleuterio Maisonnave, como alcalde de la ciudad y dada la insuficiencia del viejo mercado, le ordenó que construyese otro en la plaza de San Francisco, pero el proyecto no prospero.

El mismo Guardiola Picó sostuvo la teoría de que Alicante debía disponer de otros mercados en distintos barrios, además del central. Y abogó por la desaparición del llamado García Calamarte, instalado en la plaza de Hernán Cortés o Plaza Nueva.

Así fue, cuando menos sobre el papel. A mediados de junio de 1943, el entonces alcalde Román Bono Marín recibió un telegrama del secretario general de Correos y Telecomunicaciones, teniente coronel de la Guardia Civil, don Manuel Rodríguez Zaragoza, en el que le informaban de que la Casa de Valencia, en Madrid, había decidido «plantar» en las fiestas de las Hogueras de San Juan, de 1944, un monumento, y que «de manera espontánea se había ofrecido a modelar el insigne escultor don Mariano Benlliure». El alcalde agradeció a todos ellos tan interesante aportación, de la que la prensa dio noticia.

Román Bono Marín tomó posesión de la alcaldía el dieciocho de febrero de 1942. El gobernador civil, Luis González Vicén, resolvió que cesara en la presidencia municipal don Javier López Benito, tercer teniente de alcalde, que la desempeñaba con carácter provisional, desde que Ambrosio Luciáñez Riesco la abandonara. Un punto poco claro. En aquella misma sesión extraordinaria del pleno, el gobernador civil ya citado, manifestó que se había hecho preciso proceder a una sustitución en los cargos del Ayuntamiento, si bien advirtió seguidamente que no eran momentos oportunos, para hacer la historia de las razones que motivaron la referida sustitución.

El señor Bono Marín estuvo al frente de la presidencia consistorial hasta abril de 1946. En sus cuatro años largos de alcalde tuvo que atender muchos y urgentes asuntos. Sin duda, uno bastante espinoso debió ser el expediente debió ser el expediente de depuración del arquitecto municipal don Miguel López González, quien, por unanimidad, quedó destituido, con pérdida de todo derecho. Se propuso que se incluyese en el oportuno expediente las declaraciones prestadas por don Pedro Herrero Rubio, para su remisión al presidente del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo; y que una vez resuelto el expediente, se enviara al gobernador civil, y éste lo elevara al ministro de la Gobernación, según lo dispuesto en la orden comunicada de cuatro de mayo último. Todo esto que se trató en la sesión corporativa del diecisiete de julio de 1942, se confirmaría el veinticuatro de noviembre de aquel mismo año (aunque, en septiembre del siguiente, el dicho expediente de depuración sería revisado, por orden de la superioridad, y se encomendó al gesto (concejal) don Manuel Montesinos Gómiz que instruyera las correspondientes diligencias).

Bajo la presidencia de don Román Bono Marín se aprobó la construcción de la actual estación de Autobuses, en noviembre de 1943. El mismo mes y el mimo año en que murió el ex alcalde don Ricardo P. del Pobil y Chicheri. Cuánta historia.

Nuestro callejero refleja una parte muy considerable de la crónica de la ciudad: hechos, nombres de alicantinos ilustres por una u otra razón, de personajes más o menos conocidos de la vida local o nacional, también y lamentablemente, de guerras y de batallas. El callejero tiene, en sucesivas lecturas, una lectura no sólo descriptiva, sino ideológica y política. Nuestro callejero, como casi todos los callejeros, ha observado a lo largo de los tiempos muchos cambios en su nomenclatura. Cambios motivados por razones topográficas, referenciales, culturales y científicas, testimoniales, bélicas, honoríficas y todo un largo etcétera. De ahí que, con más frecuencia de la deseada, resulte difícil localizar por un nombre de antaño una calle actual: a las transformaciones urbanísticas que haya podido experimentar, hay que agregarles otras circunstanciales, para encontrarle su rotulación en el Alicante de hoy.

Por ejemplo, la calle del Mar, ¿cómo se llama ahora? Y respondemos así a una pregunta que se nos formuló: ahora se llama de Rafael Altamira. Desde abril de 910, en que el Ayuntamiento quiso tributarle un homenaje a tan relevante alicantino, y cuyas razones ya expusimos en esta misma columna, hace algún tiempo. Sin duda, ha sido ésta una de las vías que más nombres ha exhibido a lo largo de su existencia. Del Mar y posteriormente, a principios del siglo XIX, del Correo. Pero en 1820, se la bautizó con el nombre de Riego, en honor al general Rafael de Riego y Núñez que en aquel mismo año, protagonizó el pronunciamiento liberal, en Cabezas de San Juan. Como era de esperar, una vez cumplido el trienio constitucional y recuperado el poder absoluto para Fernando VII, el nuevo consistorio decidió darle el nombre del generalísimo francés que consumó aquella empresa y se le puso el nombre de Duque de Angulema. Diez años más tarde, a la muerte del rey felón, se, la llamó calle de Princesa.

Pero tras el movimiento revolucionario que destronó a Isabel II, en 1868, y por la participación señalada en el mismo Juan Prim, se le dio el apellido del influyente militar, hasta que, con la restauración borbónica, volvió a denominarse de la Princesa. Sin duda, la actual calle de Altamira es un caso muy claro de esa movida onomástica que determina la simple situación topográfica o la compleja situación histórica. En otros países, como bien saben, se lo montan a base de números. Y se acabó.

Román Bono Marín estuvo al frente de la Alcaldía de Alicante desde que el gobernador civil, Luis González Vicén, le diera posesión del cargo, el dieciocho de febrero de 1942, hasta el nueve de abril de 1946. En aquella fecha y en sesión extraordinaria, otro gobernador, José María Paternina Iturriagoitia, cesó a los componentes de la comisión gestora municipal y, en su lugar, nombre a quienes habían de sustituirlos, con carácter provisional, y al alcalde presidente Manuel Montesinos Gómiz. El nombramiento definitivo de todos ellos se produciría en otra sesión. igualmente extraordinaria, el veinte de los mismos mes y año.

El nueve de mayo de 1949, presidió la corporación el teniente de alcalde Joaquín Quero y Brabo por dimisión del titular Montesinos Gómiz. A finales de aquel mes, Francisco Alberola Such ya ocupa la presidencia del Ayuntamiento. Tres años después, Alberola Such, atiende a la constitución de un nuevo Ayuntamiento, formado por concejales de la anterior corporación y por los que se integran a la misma, procedentes de las elecciones celebradas a finales de 1951, por los tres grupos señalados por la ley: el de cabezas de familia, el de representación sindical y el de representación de entidades.

Aquel año de 1952, el alcalde da la noticia de que se puede considerar ya como un hecho el emplazamiento en nuestra ciudad de dos importantes empresas: Aluminio Ibérico, S.A. y Manufacturas Metálicas Madrileñas, S.A. Ambas coinciden en señalar como adecuados a sus instalaciones los terrenos de la finca denominada «Granja El Carmen», de propiedad municipal. La extensión aproximada es de novecientos mil metros cuadrados y el precio de venta de una peseta por cada uno de ellos. Eso sí, se respeta la zona del Palmeral, con la obligación de destinarla a parque público. Finalmente, se adjudicarían dichos terrenos por un millón y medio de pesetas, a la entidad Manufacturas Metálicas Madrileñas, S.A., para sí y para Aluminio Ibérico, S.A.

El veinticinco de noviembre de 1952, se aprobó una moción propuesta de Alberola Such, en la que se recoge una consulta a Ministerio de Obras Públicas con objeto de recibirla pertinente autorización, para modificar el titulado «Plan Muguruza», sobre urbanización, saneamiento y explotación de la Playa de San Juan, que fue aprobado por orden de veintiocho de septiembre de 1934. También durante aquel año -en abril- se abordó el tema de la Estación de Madrid, anteriormente de MZA; había que desplazarla a otro lugar, por cuanto impedía el desarrollo de la ciudad. Lo más conveniente era trasladarla a las proximidades de la Estación de Murcia. Se estableció un programa mínimo de supresión de los pasos a nivel: Maisonnave, Reyes Católicos, parque de Canalejas y Explanada.

El 19 de. octubre de 1954, el gobernador civil, Evaristo Martín Freire, presidió el relevo: Agatángelo Soler Llorca ocupaba la Alcaldía de Alicante.

Ya hemos dejado constancia en este espacio y en otras publicaciones, del proceso de agregación del municipio de Villafranqueza al de Alicante, que se inició a finales de 1929 y culminó, con el aviso oficial de esta anexión publicado en la «Gaceta de Madrid», el veintiocho de abril de 1938. De este asunto y de otros igualmente relacionados con El Palamó hemos mantenido interesantes conversaciones con el amigo y estudioso Vicente Fillol.

Hubo otro intento de agregación que no llegó a consumarse, cuando menos de acuerdo con el curso de nuestras investigaciones, aún en marcha. Fue en 1856 y a raíz del proyecto de los presupuestos municipales de gastos e impuestos, para el siguiente años. En aquel entonces, la comisión encargada de formarlos concluyó que, incluso después de gravar varios artículos de consumo, las cosas y las cuentas no salían: había un déficit considerable de entre seis y siete mil reales de vellón. La solución no era otra más que recurrir a un reparto vecinal de aquel déficit, lo que resultaba sumamente oneroso para los palamoneros.

El dos de septiembre del citado año, en los salones del Ayuntamiento, se reunió la corporación, presidida por el regidor primero, José Torregrosa, y sus compañeros Francisco Maruenda, Gregorio Llull, Vicente Asensi y el síndico Salvador Llull. Además se convocó a aquella sesión a doce contribuyentes, con objeto de que expusieran sus opiniones, en tan delicado asunto. De ahí surgió la idea de solicitar la anexión a la ciudad de Alicante, para evita así el costoso reparto vecinal de aquellos caudales. El presidente advirtió que tal era, en definitiva, el cometido de tal sesión.

La respuesta fue unánime. Incluso uno de los contribuyentes se ofreció a sufragar los gastos o parte de los mismos necesarios, para la anexión al municipio alicantino, a lo que el presidente se opuso. En tal punto, el síndico manifestó que, antes de solicitar la referida anexión, se debía de procurar la agregación al término de Villafranqueza de terrenos inmediatos al mismo. Tal vez así se lograra disponer de los medios suficientes para cubrir el presupuesto.

En el debate que se suscitó, el secretario municipal manifestó que la ley vigente de Ayuntamientos, en la segunda parte del artículo 199 se prevenía que formado el presupuesto durante el mes de agosto, se sometiera a examen en la primera sesión ordinaria de septiembre, y en el artículo 200 que, en sucesivas reuniones extraordinarias se reformase cuantas veces fuera preciso, para ultimarlo antes del treinta del citado mes. Sin embargo, se acordó hacer una exposición solicitando la agregación del pueblo y su término a Alicante.

Luego -y ya hablaremos de ello- llegarían las dimisiones y los enfrentamientos. Pero aquel acuerdo no llegó a consumarse.

A Francisco García Romeu, durante su mandato al frente de la Alcaldía de nuestra ciudad, le tocaron dos tragos inolvidables. El que fuera fiscal jefe de la Audiencia Provincial se sobresaltó lo suyo, cuando el veinte de diciembre de 1973, el presidente-del Gobierno, almirante Carrero Blanco, saltó por los aires, víctima de un tremendo atentado. En realidad aquel día se inició la transición, aunque entonces no se presumía con la suficiente claridad. El magnicidio fue un sobresalto colectivo.

La corporación municipal no celebró sesión hasta el veintiocho de dicho mes. Muy probablemente, los preludios de la Navidad y la propia trascendencia de la noticia, impidieron una más ágil convocatoria. En el transcurso de aquella sesión, García Romeu expresó su rotundo dolor y el sentimiento que había producido en la ciudad, «el alevoso crimen cometido en la persona del presidente del Gobierno, excelentísimo señor don Luis Carrero Blanco». El alcalde destacó «la extraordinaria personalidad, lealtad y prudencia de tan insigne gobernante, así como su incondicional adhesión al régimen, su entrega absoluta y fidelidad al Caudillo». García Romeu manifestó la más enérgica repulsa a la ignominiosa acción, y la unánime reacción que, frente a la misma, se había producido en todos los sectores sociales de la ciudad. Consecuentemente y en su condición de primera autoridad local, remitió telegramas de condolencia al Gobierno y a los familiares «del ilustre hombre público».

Luego, el alcalde propuso a la corporación en pleno que para perpetuar la memoria y el ejemplo de Carrero Blanco, se le dedicase una céntrica plaza en la población. «Sugiere -se recoge textualmente, en el acta de aquella sesión ordinaria- en principio, la resultante de los derribos al final de la Rambla, lugar donde han de poder ubicarse unos jardines amplios y de gran prestancia, que enmarcarían un busto de tan preclaro gobernante». Los quince únicos concejales asistentes mostraron su total acuerdo con la propuesta, aunque fuera en vano.

Pero Francisco García Romeu aún llegaría a sufrir otro monumental sobresaltó, en sus tiempos de alcalde: el de la muerte del General Francisco Franco. Cuando sucedió, el presidente del Ayuntamiento se encontraba de vacaciones. Pero ciertamente, durante su mandato, toda la más sólida urdimbre de la dictadura se fue desmoronando.

El recientemente desaparecido Agatángelo Soler Llorca permaneció al frente de la Alcaldía desde el diecinueve de octubre de 1954, fecha en que sustituyó en el cargo a Francisco Alberola Such, hasta el treinta de septiembre de 1963, días después le sustituiría Fernando Flores Arroyo. Si tuviéramos que establecer el récord de permanencia continua en la Alcaldía, a lo largo del presente siglo, ya podemos afirmar que el primero sería -o es- para José Luis Lassaletta Cano, también conocido por Lassa o, durante algún tiempo, el alcalde baldoseta, con doce años, presidiendo la corporación municipal, y el segundo para Agatángelo Soler Llorca, también conocido por el Agatán o el alcalde pildoreta, con nueve años o casi. Aun en distintas épocas históricas y políticas -dictadura y democracia-, premios, pues, para ambos, desde el respeto que les debe la crónica ciudadana. Y desde ese mismo respeto y consideración, utilizamos los apodos o sobrenombres con los que cariñosa y popularmente se les conoció, en sus respectivos mandatos.

En los últimos meses que Soler Llorca ocupó tan alto cargo concedió el título de Hijo Adoptivo al gobernador civil Miguel Moscardó Guzmán, en su despedida como tal, y al escritor insigne José Martínez Ruiz, «Azorín», «con lo que se asocia su nombre al de sus Hijos predilectos Gabriel Miró, Carlos Arniches y Óscar Esplá, que también dieron prestigio y honra a Alicante a través de sus obras», tal y como se recoge en la correspondiente acta capitular, aunque ya nos referiremos a ello más espaciosamente.

Agatángelo Soler Llorca se despidió de sus compañeros de corporación y de todos los funcionarios del Ayuntamiento, el treinta de septiembre de 1963. La siguiente sesión la presidió, como alcalde accidental, Juan Sorribes Mora. Y el catorce, el gobernador civil Felipe Arche Hermosa, en sesión extraordinaria, dio posesión del cargo de alcalde al ya citado Fernando Flores Arroyo.

A finales de aquel año, se aprobó por unanimidad, una moción del concejal Fernando Claramunt López, en la que tras enumerar las obras realizadas por Agatángelo Soler (modernización de la Explanada, para convertirla en uno de los paseos «más célebres y bonitos del mundo», la fuente luminosa de la plaza del Mar, las playas del Postiguet y de la Albufereta) solicitaba se le dedicase una placa en la que se hiciera constar que los ascensores para el acceso al castillo de Santa Bárbara se debían a su iniciativa y a su impulso.

El rey Carlos III envió a nuestra ciudad al conde de Aranda, cuando el Ayuntamiento había recibido un interesante informe acerca de lo que, con el tiempo, sería nuestro puerto. El informe decía: «El muelle es uno de los más interesantes de la monarquía, por la extracción e introducción de los efectos comerciales, pero es corto, estrecho, con una punta solamente y aun angosto, de modo que ni siquiera pueden resolverse dos carruajes a un tiempo, ni pueden hacerse lugar entre silos que salen y entran». Una descripción muy oportuna, para emprender mejoras del mismo, a todas luces imprescindibles. Tal informe data de 1765. Y en él, se propone su ensanche y prolongación, ya que se trataba de «una viejísima obra iniciada por el rey Sabio». Un plano de 1773 muestra un tramo construido de tan sólo 186 varas (la vara es una medida de longitud de ochenta tres centímetros y cincuenta y nueve milímetros).

En años sucesivos, tal y como ya hemos venido refiriendo, el puerto se desarrolló, como correspondía a la ciudad; y el consecuente crecimiento de su tráfico determinó la instalación de vías férreas en los muelles de Levante, de forma y manera que las mercancías se transportasen en vagones movidos por máquinas de vapor y no por caballerías. Tal actividad requirió la construcción de una estación en el Postiguet, en la que se llevase a cabo la composición y descomposición de trenes, y particularmente que sirviera para el retroceso inevitable, para pasar del muelle de Costa a los de Levante.

Pero el establecimiento de la mencionada estación dependía, a su vez, de la ordenación de los terrenos colindantes con la playa y sus balnearios que constituían una de las zonas más atractivas y animadas de Alicante, durante la época veraniega. Por tal razón, en el área destinada a la estación, en su perímetro, por supuesto, se levantó una verja metálica al objeto de evitar accidentes, dada la afluencia de público.

Con el mismo propósito, se construyó una pasarela elevada, por sobre las vías, y para uso de los peatones, en lugar del paso a nivel que separaba la plaza de Ramiro y los baños.

Una vez determinada la superficie necesaria, el resto de los terrenos se destinó a ampliar y mejorar el paseo marítimo de Gómiz (rotulación que propuso el cronista Viravens, en memoria del alcalde Manuel Gómiz Orts, el veintinueve de diciembre de 1893). Próspero Lafarga dijo: «Con todas estas reformas nos proponíamos armonizar la exigencia del trafico ferroviario del puerto, con el embellecimiento de aquella zona, sustituyendo los fangales y la barriada de barracones, por vías y paseos necesarios a la vida del puerto y de la ciudad». El proyecto urbanístico fue aprobado, por real orden, el dieciocho de julio de 1910. Y su presupuesto ascendió a casi ciento cincuenta y dos mil pesetas. Y después, ya saben, más y mejores transformaciones.

Pocos meses antes de cesar en su cargo, Fernando Flores Arroyo, presentó una moción, en base a los informes que el Ayuntamiento encargó al ingeniero Manuel Calduch Pont. Se trataba de estudiar detenidamente los datos relativos a la vía más importante de conexión de la «futura autopista del Mediterráneo, con el nuevo acceso norte de Alicante». Para tal vía, según el correspondiente informe técnico, se establecía una anchura mínima admisible de cuarenta y dos metros. Sólo así se podría soportar una intensidad media de tráfico (I.M.D.) de cuarenta mil vehículos.

En el mes de junio de 1966, se calculaba una población futura en la zona de San Juan de unos cuatrocientos mil habitantes. De manera que, considerando una familia media de cinco personas, y un vehículo por persona, el parque de motorización previsto era de ochenta mil vehículos; es decir, un coeficiente de treinta y tres vehículos por cada mil habitantes. Por supuesto, a los vecinos de la Playa de San Juan se les atribuía un nivel de renta muy superior al de los de otros sectores urbanos de nuestra ciudad. Aparte de que, en aquel entonces, se preveía también un aumento poblacional que triplicaba en 1980. En todo caso, las cuentas que echaban no dejaban de ser más que optimistas.

Sin embargo, en otoño, el once de octubre de aquel año de 1966, Flores Arroyo salía por la puerta grande del Ayuntamiento después de que le fuera admitida la dimisión, en la que alegaba su deseo de reintegrarse al frente de sus negocios y ocupaciones. En la correspondiente sesión plenaria, el gobernador, Luis Nozal López, dio a conocer una comunicación del Ministerio de la Gobernación, por el cual se admitía la ya citada dimisión, y se aceptaba la propuesta de nombramiento para la alcaldía de José Abad Gosálvez.

José Abad, poco después, entraba en el salón de sesiones, flanqueado por los dos ediles más jóvenes de aquella corporación: Gaspar Peral Baeza y Cristóbal Espinosa Palmer. Seguidamente, el nuevo alcalde, hizo lo que se hacía entonces: prestar juramento, con arreglo a la fórmula de rigor, de rodillas frente al crucifijo y con la mano derecha sobre los Evangelios, para, por último, recibir la vara de mando y la insignia de su cargo.

Por cierto que veinte días más tarde de la toma de posesión y por decreto, José Abad concedía a Agatángelo Soler Llorca el título de alcalde honorario del Castillo de Santa Bárbara, por ser el iniciador de la restauración del mismo; y el título de Hijo Adoptivo a Antonio Ramos Carratalá, director general de la denominada, por aquel tiempo, caja de Ahorros del Sureste de España.

Aunque de formación autodidacta, el bibliógrafo Manuel Rico García adquirió, a lo largo de su vida una esmerada formación humanística, y llegó a ser miembro correspondiente de las reales academias de la Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando. La Prensa dice que también lo fue de la de Buenas Letras de Barcelona, y miembro de lo Rat Penat y de la Sociedad de Amigos del País.

En un artículo publicado en el «Eco de Levante» correspondiente al veinticuatro de enero de 1911, Rodolfo de Salazar nos facilita una copiosa información acerca de la obra de aquel ilustre paisano: el conocido «Ensayo Biográfico Bibliográfico de Escritores de Alicante y su provincia», «Bosquejo histórico sobre el origen y desarrollo de la imprenta en Alicante y su provincia», «Un siglo de periodismo. Ojeada histórica sobre el periodismo en Alicante y su provincia». Y muchas más obras. Obras cuya mayor, parte no se han publicado e ignoramos aún el porqué.

Fue precisamente el citado Rodolfo de Salazar quien impidió que el propio Manuel Rico, en circunstancias insostenibles y decepcionado del comportamiento de cuantos le negaron las ayudas necesarias, prendiese fuego no sólo a sus manuscritos, sino también a un valioso legado de cartas que le remitieron, entre otros, Menéndez y Pelayo, Ramón de Campoamor, el marqués de Molins, Rafael Altamira y Álvarez Sereix. Hasta veintiún tomos, debidamente encuadernados y clasificados, con los originales de aquellas epístolas.

Cansado de tanta adversidad, el erudito Manuel Rico se encerró en su desolada alcoba y se dispuso a destruir toda aquella interesante documentación y el fruto de su propia vida; una vida dedicada al trabajo y a la investigación. Según parece, sus conciudadanos no le mostraron generosidad alguna. Por suerte, la inesperada visita a su domicilio de Rodolfo de Salazar le disuadió de llevar a cabo la tan desesperada y patética acción. A raíz de aquella tremenda visión, Salazar lanzó un llamamiento a intelectuales y políticos, a concejales y asociaciones culturales, con objeto de que pusieran fin a un desamparo ciertamente insostenible. «Cuando estuvo enfermo del cuerpo, la Prensa alicantina, siempre noble, clamoreó justicia para él. Hoy que sufre del cuerpo y del alma ¿quién más que la Prensa ha de levantar bandera por él, por ese campeón de nuestra historia provincia?». Manuel Rico García murió en 1913. Tenía entonces sesenta y tres años de edad.

Que el verdugo no se lleve las ropas del reo una vez ejecutado, ni se beneficie de gajes y gratificaciones. Que el verdugo cobre sus dietas y se marche por las veredas del siniestro patíbulo, que el verdugo apoquine sus gastos personales y los bagajes que necesite. Que el verdugo limpie y cuide los instrumentos propios de su faena.

Un curioso documento nos informa acerca de los gastos y derechos que habían de exigirse para la ejecución de las sentencias de muerte, según decreto de Fernando VII, del tres de diciembre de 1822, aprobado por las Cortes extraordinarias que desarrollaba, en sus catorce artículos la erección y funcionamiento administrativo y operativo de los cadalsos o patíbulos. En Alicante, y siguiendo las instrucciones de publicación y difusión, don Manuel Soler de Vargas, regidor honorario, alcalde primero constitucional de la ciudad, lo dio a conocer el nueve de enero de 1823.

El documento se encuentra a disposición de historiadores y estudiosos, en nuestro Archivo Municipal y, hasta ahora, no parece que haya sido objeto de investigación. El acceso al mismo no constituye ningún privilegio, sino que se trata de un derecho de cualquier ciudadano interesado en el mismo.

En el decreto se contempla que las diputaciones provinciales señalarán, por una vez a los ayuntamientos de las cabezas de partido, donde no la hubiere, la cantidad que para, la construcción del cadalso, fuera necesaria. Cada voz que se precisará armarlos de nuevo y también para las pequeñas reparaciones se abonarían a los mismos doscientos reales de vellón, por cada ejecución y cincuenta más por cada reo, cuando fuese más de uno. Se establece también los alquileres de caballerías para conducir al condenado, así como para sogas, serón y cordeles, si se precisara arrastrarlo. Al reo se le pagaban por sus alimentos, asistencia y alumbrado durante el tiempo que estuviese en capilla, treinta reales de vellón diarios.

Pero, finalmente, todos los gastos los tenía que liquidar el condenado a la pena capital de sus bienes, si los tuviese, salvo -menos mal- aquellos que ocasionase la construcción del patíbulo y los instrumentos precisos para la ejecución de la sentencia. Ya ven ustedes: el reo también tenía sus beneficios y rebajas. Era, en verdad, una administración de justicia muy considerada.

Al verdugo o ejecutor se le daba una paga de ochenta reales, en cuya cantidad se comprendía los gastos de ida y vuelta a su lugar de origen. Y encima no le permitían ni despojar a los cadáveres de sus ropas, como era de costumbre. Malos tiempos, para el verdugo.

Creemos recodar que, hace ya unos años y en esta columna, nos referimos a una anécdota poco conocida, y que ahora cobra un mayor relieve en el IV centenario de la fundación de Villafranqueza. Cuando la proclamación de la Segunda República, a mediados de abril de 1931, el aún vecino pueblo andaba en trámites para anexionarse a Alicante, pero el día catorce en el Ayuntamiento de nuestra ciudad ondeó airosamente una verdadera reliquia: la bandera que los palamoneros izaron en la proclamación de la Primera República, justamente el once de febrero de 1873, fíjense. Poco antes por supuesto, la habían alzado en su Casa Consistorial y de inmediato la trasladaron a la capital.

Dos meses después de la histórica fecha, citada en primer lugar, los palamoneros se dirigieron por escrito al ministro de Instrucción Pública, del Gobierno provisional de la República, Marcelino Domingo, en pliego de firma dudosa (puede ser A. M. Segarra) y con el sello de la Alcaldía constitucional de Villafranqueza, con objeto de exponerle la angustiosa situación en la que se encontraban y de patentizar el desamparo de los vecinos que se encontraban obligados a emprender la corriente emigratoria, por cuanto no podía soportar las cargas con que estaban gravados, ni siquiera disponían de medios fáciles de comunicación con la ciudad de Alicante, de la que distaba apenas tres kilómetros.

Después de dejar constancia de la falta de toda protección oficial y de las críticas circunstancias económicas, «el alcalde y concejales que suscribían solicitaban del ministro su intervención, para que, por cuenta del estado, se construyera un grupo escolar de cuatro secciones y una para párvulos, cediendo el municipio el terreno adecuado (...) que por la Compañía de Tranvías y Electricidad de Alicante, se cumpliera lo acordado y prometido, pero nunca realizado, construyendo un ramal que aunara el pueblo con la capital, evitando que los vecinos, que trabajan todos en la capital, tuvieran que marchar a pie a cumplir sus obligaciones (...); que la Compañía Telefónica Nacional instalara una central para poder tener comunicación con Alicante y el resto de España; que por el Estado se condonasen las deudas que el municipio de Villafranqueza tenía pendientes con Hacienda y con la Diputación Provincial (...); y que por el Ayuntamiento de Alicante se llevase a la práctica el acuerdo tomado el pasado año de anexionar a la capital este pueblo (...)».

Román Bono mantuvo conversaciones con altos jefes de la Policía Armada. Posteriormente, el alcalde trasladó a sus compañeros del Ayuntamiento, el propósito de aquellas fuerzas de orden público de instalarse en nuestra ciudad, siempre y cuando se les facilitase un solar de superficie suficiente, para su emplazamiento.

El veinte de septiembre de 1945, en pleno extraordinario, se abordó el tema. En un principio, se propuso como solución unos terrenos de propiedad particular que lindaba con las calles de Alona y Foglietti, y con fincas de los herederos de don Manuel Prytz y don José Lujano. Sin embargo la propuesta no llegó a prosperar, toda vez que se precisaba de la anexión de otro solar adjunto que ocupaba, por entonces, una industria. Por otra parte, y de acuerdo con los informes periciales, para edificar a cuatro fachadas, se requerían obras importantes de explanación, lo que se encarecía y dificultaba considerablemente el proyecto.

Pero había, como señaló el arquitecto municipal, un solar que poseían en pleno dominio y conjuntamente la Diputación Provincial y nuestro Ayuntamiento, que se encontraba situado en las inmediaciones del anterior. El local, con una superficie de tres mil doscientos treinta y seis -y algo más- metros cuadrados, comprendía una manzana limitada por las calles de Foglietti, al norte; Doctor Soler, al sur; Moratín, al este; y, al oeste, Isabel la Católica. La corporación acordó ceder dicha parcela, con carácter gratuito al Estado, más concretamente, al Ministerio de la Gobernación para la edificación de un cuartel destinado a la Policía Armada. Dicha cesión se llevaría a cabo por la Diputación y el Ayuntamiento, por cuanto se trataba de una propiedad proindivisa, al advertir el alcalde que la institución provincial se hallaba propicia a tal cesión, la corporación autorizó a don Román Bono, para que en nombre y representación del Ayuntamiento y con la ausencia de la Diputación, pudiera suscribir cuantos documentos fueran necesarios para formalizar la donación.

El nueve de abril de 1946, en presencia del gobernador civil don José María Paternina Iturriagagoitia, que presidía el cabildo extraordinario, se cesó a todos los componentes de la Comisión Gestora Municipal, que hasta aquel día había administrado los intereses de Alicante y se nombró provisionalmente hasta su aprobación por la superioridad, a la que se había elevado la propuesta, a quienes habían de hacerse cargo, en lo sucesivo, del mismo cometido. Para presidir la nueva Gestora, en su condición de alcalde, se designó a don Manuel Montesinos Gómiz.

A uno de los alcaldes más queridos por el pueblo alicantino, se le condenó por el delito de masonería a la pena de veinte años y un día de reclusión mayor. Se le juzgó en rebeldía, porque Lorenzo Carbonell Santacruz se encontraba, por entonces, exiliado en Orán a donde había llegado, procedente de nuestra ciudad, tras una breve estancia en Marsella.

Previamente, según se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia, el relevante alcalde republicano fue sentenciado en Valencia, por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas «a inhabilitación absoluta de los cargos que se refiere el artículo once, durante quince años, extrañamiento a que tras posesiones de África, y a la económica de pago de cien mil pesetas, (quedando pendiente de la resolución el apartado h), hasta tanto se dicten las disposiciones transitorias para aplicación de la ley especial de la Represión de la Masonería y del Comunismo (...)». La fecha es del veintiocho de septiembre de 1940 y la de su publicación en el BOP, del dos de noviembre del mismo año.

Pero a esta sentencia, habría de agregarse aún otra más cruel: la dictada por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo en Madrid, el tres de diciembre de 1943, según fotocopia de la misma que obra en nuestro poder, y cuyo original se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca. En la misma, el citado Tribunal, que presidía el general Saliquet, se nos informa que el procesado, en ignorado paradero, Lorenzo Carbonell Santacruz ingresó en la logia «Constante Alona», de Alicante, y que adoptó el nombre simbólico de «Máximo Gorki». Llorenset, con el apelativo respetuoso y entrañable con el que se le conocía, en nuestra ciudad, siempre de acuerdo con el citado documento, alcanzó el grado dieciocho de «Soberano Príncipe Rosa cruz». Estos hechos, que la sentencia recoge como probados, y particularmente «el de su alto grado, alcanzado en la Masonería», constituyen una circunstancia agravante, «por lo que procede imponer la mayor de las penas señaladas (en la Ley de 1.º de marzo de 1940)». Tras los considerados pertinentes, «se le condena a la pena de veinte años y un día de reclusión mayor, accesorias legales de interdicción civil e inhabilitación absoluta perpetua (...)». Asimismo, se dispone que por la Dirección General de Seguridad se procede «a la busca, captura y prisión del sentenciado».

Lorenzo Carbonell abandonó Alicante en la noche del 29 al 30 de marzo de 1939, en el barco «Marítima», rumbo a Marsella, cuando prácticamente nuestra ciudad estaba en manos de las tropas franquistas. Regresaría de Orán, en 1960, con setenta y siete años de edad. Por fortuna aquella sentencia nunca llegó a cumplirla.

Días atrás, recogimos en nuestra cotidiana crónica cómo, tras una resistencia tenaz, al ejército francés que, en ayuda de Fernando VII, implantó el antiguo régimen, el gobernador militar de la plaza, don Joaquín Pablo Chapalangarra tuvo que rendir la ciudad de Alicante. La capitulación se firmó por parte del coronel vizconde Foullon de Doué, comandante de las tropas francesas estacionadas en Elche y en representación del teniente general también vizconde de Bonnemains; y de los tenientes coroneles Miguel de Iribarren y Luis María Sarasti, segundo comandante y secretario del gobierno superior político de la provincia de Alicante, por delegación que les fue otorgada por Chapalangarra. Se rubricó este convenio para la entrega de la plaza y fuertes de Alicante, el seis de noviembre de 1823, y prácticamente se cerraba así el trienio liberal (1820-1823).

En el extenso documento, se advierte que el gobierno constitucional había sido disuelto y que, en su consecuencia el propio general Chapalangarra, sus tropas y todos los habitantes de Alicante quedaban sometidos a la autoridad de su majestad, «como había hecho la nación». A cambio, se les ofrecía a soldados, milicianos, vecinos y personas que residiesen, en aquel entonces, en la ciudad, la garantía de mantener sus ideas políticas, y para aquellos que quisieron abandonar Alicante, el pasaporte necesario, cuyo plazo de entrega expiraría el treinta y uno de enero del siguiente año. Se estipulaba en las condiciones de la capitulación, la entrega del fuerte de Santa Bárbara y en las puertas de San Francisco y Nueva, el martes, once del referido mes. En esta misma entrega, se comprendía también el castillo de San Fernando.

El acta, está publicada en su integridad, en el apéndice de la «Reseña histórica de la ciudad de Alicante», original de Nicasio Camilo Jover. Las autoridades francesas cumplieron escrupulosamente los términos del convenio y respetaron sus derechos a los ciudadanos. A la posibilidad de abandonar la ciudad, se acogieron Joaquín de Pablo Chapalangarra, varios oficiales y diversas personas que se habían distinguido en la defensa de la libertad. Hicieron bien. El cinco de diciembre, llegó a la ciudad Pedro Fermín de Iriberry y comenzó la represión. El nuevo corregidor y gobernador militar no tuvo límite en sus poderes ni en sus deseos de venganza. Iriberry pon sus desmanes y tropelías ensombreció la vida de una ciudad que había defendido los principios liberales, hasta el último minuto.

Ahora que persiste la sequía y acucia la escasez de agua; ahora que el alcalde Díaz Alperi se va de visita a Israel a ver cómo se lo hacen, y el presidente Julio de España atiende con esmero el riego por goteo, no es mal momento para recordar la propuesta de instalación de la planta piloto de potabilización de agua del mar, en la isla de Tabarca, gracias a la moción de la comisión de promoción de la misma.

Ya en 1966, se iniciaron las gestiones con tal propósito, en virtud del escrito del director de la Comisión Nacional de Energías Especiales, integrada después en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Posteriormente, se acordó la instalación de tal planta piloto subvencionada con los fondos del citado organismo. El nueve de noviembre de 1975, el ingeniero Boente, jefe de los talleres del referido instituto llevó a cabo un reconocimiento de la isla, con el fin de encontrar el emplazamiento adecuado para la potabilizadora, teniendo en consideración los planes previstos para la ordenación de Tabarca.

Se estimó finalmente como lugar idóneo la planicie que existe al Sur del faro, compatible con el plan parcial previsto, toda vez que si bien se pensó, en un principio, instalarla más hacia el oeste, se podía yugular la comunicación entre el poblado de San Pablo y el campo de la isla. Por otra parte, el terreno señalado, por su orientación y características topográficas reunían las condiciones más ajustadas al proyecto. De acuerdo con el acta donde se contienen estas apreciaciones, «con la ocupación máxima de tres mil metros cuadrados se podía proporcionar un caudal medio anual de doce mil litros diarios». Cantidad que se estimaba suficiente para resolver los problemas de abastecimiento que padecía la entrañable isla, de forma inmediata. Así, se conseguiría tiempo para efectuar las instalaciones definitivas de los servicios generales para Tabarca, que se habían de contemplar en el mencionado plan parcial. Aquellos terrenos elegidos eran de propiedad del Ministerio de Obras Públicas lo que obligaba al Ayuntamiento a solicitarlos, con el apoyo del INTE, quien se encargaba de las instalaciones de la estación potabilizadora, las cuales, una vez en funcionamiento quedarían a cargo del consistorio. El pleno municipal tomó el acuerdo por unanimidad, bajo la presidencia del alcalde Francisco García Romeu, en sesión extraordinaria del veintiocho de febrero de 1975.

Sin embargo, la planta potabilizadora se instaló y funcionó por un tiempo relativamente breve: su levedad no soportó, entre otras posibles causas, la actividad lúdica de la grey infantil. El buque cisterna continuó con sus idas y venidas hasta que años después los acueductos submarinos resolverían el espinoso asunto.

Después de muchos años con aquellos coches movidos por tracción animal, nuestros tranvías entraron en el progreso de la electricidad. Todo un acontecimiento. Sucedió el domingo, veintiocho de septiembre de 1924, a punto pues de cumplirse el setenta y un aniversario de aquella celebrada efemérides.

En el recinto de La Florida, que algún gacetillero de la época denominó Estación de Tranvías, se engalanó para la ocasión con guirnaldas y gallardetes, con los colores nacional y local. Y en la parte interior, se estableció un comedor, lleno de plantas y flores, con las mesas dispuestas para el lunch que serviría el Hotel Samper.

Allí estaban el alcalde, Miguel Salvador Arcángel, con una nutrida representación municipal. Poco después, llegó el gobernador cívico militar, general Cristino Bermúdez de Castro, acompañado de su ayudante; el presidente de Diputación, Juan Grau, y el vicepresidente de la comisión permanente, general Sanza; magistrados, jueces, profesores de todos los centros docentes, el Colegio Médico, jefes y oficiales del Ejército y de la Marina, el presidente y director de la Junta de Obras del Puerto, Clemente y Sánchez Guerras, el presidente de la Asociación de la Prensa, Florentino de Elizaicin, y varios directores de diarios y periodistas; deportistas, artistas. En fin, las fuerzas vivas, entre las que se encontraba el abad de la colegiata doctor Nájera. El obispo, doctor Irastorza, llegó en automóvil y fue recibido por el presidente del consejo de administración de Tranvías, Venancio Echevarría y por el consejero del mismo y ex alcalde Antonio Bono Luque.

Después de dar una vuelta por el barrio de La Florida, el obispo procedió a la bendición de instalaciones y vehículos; y seguidamente pronunció un discurso en el que dijo, entre otras cosas, que con aquella mejora «el proletariado podía recorrer grandes distancias sin fatigas ni desgaste personal». Hizo uso de la palabra Venancio Echevarría, quien agradeció las facilidades prestadas por Alicante, San Vicente, Muchamiel y San Juan; y concluyó el turno de intervenciones, el ingeniero de la empresa. Fernando Daumey. Finalmente, en varios coches, las autoridades e invitados recorrieron gran parte de la ciudad, carretera de Ocaña, Maisonnave, Gadea, Rafael Terol, plaza de Isabel II, Alfonso el Sabio, Calderón de la Barca, San Vicente, López Torregrosa, etcétera, para regresar de nuevo a La Florida. Tomaron fotos de aquellos actos Cantos, Bosch y Torres, y el administrador de la fábrica de Tabacos, Tomás Tato Ortega, impresionó una cinta cinematográfica. La red comprendía, veintiocho kilómetros y hasta entonces la Compañía de Tranvías y Electricidad, había invertido en la transformación de sus vehículos cuatro millones setecientas mil pesetas.

Arrabal extramuros -como el de San Francisco o Nuestra Señora de Gracia- antes que barrio, entre los ribazos del Benacantil y el barranco de Canicia, creció a lo largo del siglo XVI, por los caminos de la huerta de la Condomina, de Alcoy y Castilla, en torno a la ermita de San Antón, a la que le debe su nombre. En la planta del nuevo recinto de Alicante delineada, por orden del marqués de Castel Rodrigo, por José Castellón y Pedro Valero, en 1688, se localiza a la citada ermita. El cronista Bendicho estima, por entonces, en cincuenta el número de casas y algunos almacenes de esparto. Sus vecinas se dedicaban mayoritariamente a la agricultura, con más de la mitad de los quinientos setenta jornaleros censados en Alicante. Aunque también había más de un dieciocho por ciento del total de artesanos, y cuarenta y dos cocheros y galereros de los sesenta y dos que se contabilizaban en la ciudad.

Como ya hemos escrito, el once de marzo de 1809, la Junta de Guerra publicó su plan de defensa, contra un eventual ataque de los ejércitos napoleónicos, mandó a sus habitantes que se retiraran intramuros, con sus víveres, alhajas y demás bienes. No mucho después, el arrabal sería demolido con objeto de evitar que las fuerzas invasoras lo utilizaran como refugio y acuartelamiento, para hostigar Alicante desde posiciones muy próximas a sus murallas. Posteriormente, se iniciaría su reconstrucción. Un dato curioso el diecisiete de enero de 1870, siendo alcalde de nuestra ciudad Eleuterio Maisonnave, el concejal Pons, alcalde del distrito de San Antón, propuso que el Ayuntamiento destinase un número considerable del peones y carruajes, para atender a las necesidades más urgentes del arrabal y para que se atendiera a la conservación de sus calles y plazas, entre estas últimas la de San Antón que lindaba, por el norte, con la calle del Empecinado; por el este, con la de Trafalgar; por el sur con la de la Segunda Subida al Castillo; y por la del oeste, con la del Pozo. Su estado de abandono resulta incalificable: llena de escombros y ruinas procedentes «de los derribos de edificaciones efectuadas de unos años hasta entonces».

En aquella misma sesión municipal, se aprobó finalmente, cambiar los treinta faroles de petróleo, por otros tantos de luz de gas carbónico, de acuerdo con el convenio con la fábrica de Gas, para reemplazar las farolas de los barrios de San Antón, San Francisco y Santa Cruz, ratificado y aprobado el tres de agosto de 1867.

El alumbrado público, instalado en enero de 1852 tenía en San Antón, según se dijo «el carácter de medida de orden y seguridad».

Llegó en un barco de nombre «Tajo», procedente de Barcelona. Según las informaciones periodísticas, desembarco en un punto denominado la Cantera. Fue el día seis de septiembre de 1875. Todos los indicios hacían presagiar un recibimiento hostil. De manera que se dispusieron los medios, para evitar que el obispo apresado sufriera vejaciones e irreverencias. Los ánimos estaban muy crispados.

En consecuencia, el gobernador militar en la plaza, brigadier Juan García Torres alertó a la guardia civil. Parejas de a caballo cubrían el itinerario del citado lugar hasta la puerta del Castillo de Santa Bárbara. Pero aun con tanta precaución, grupos numerosos de gentes se apostaron a lo largo del mismo. La presencia imponente de fuerzas del orden no pudo evitar que la muchedumbre dedicara al prelado insultos y pitadas. La actitud cada vez más agresiva de muchos de los vecinos, provocó algunas cargas de los números de la Benemérita, que finalmente consiguieron restablecer la normalidad. Pero sólo cuando el destacado prisionero ingresó en su destino carcelario, se calmaron aquellos ánimos.

El detenido se llamaba José Caixal y Estradé y era obispo de la Seo de Urgel y vicario castrense del ejército carlista. Él, junto con el general Lizárraga fueron los inspiradores de la defensa de la Seo de Urgel, último reducto del pretendiente al trono Carlos María de los Dolores que, de reinar, lo hubiera hecho como Carlos VII. Sin embargo, los iniciales éxitos de aquella última guerra carlista se desbarataron, cuando Martínez Campos restauró la rama borbónica isabelina en la persona de Alfonso XII.

Fue el general Martínez Campos quien ordenó el asalto de la Seo de Urgel e hizo prisioneros al referido obispo y al general carlista, en tanto el pretendiente de la corona se refugiaba en Francia. José Caixal y Estradé fue conducido primero a Barcelona y de allí, en el mercante «Tajo» embarcado rumbo a nuestra ciudad. De acuerdo con la información que nos suministra el cronista popular Francisco Montero Pérez, el obispo de la Seo de Urgel pasó un tiempo en Santa Bárbara. Y en silencio lo visitaron relevantes personalidades de la comunión tradicionalista, y con alguna frecuencia, la propia junta directiva del mencionado partido. Un episodio curioso de nuestra crónica local y que pone de manifiesto el uso de establecimiento penitenciario que ha tenido, en diversas épocas, nuestra emblemática fortaleza.

Semanas antes de su cese al frente de la Alcaldía, el titular de la misma, José Abad Gosálvez, estuvo ausente de la ciudad. Las sesiones corporativas de junio y casi todo julio de 1970, las presidieron Francisco Ayela Berenguer y Francisco Muñoz Llorens, como alcaldes en funciones. A este último le correspondió abordar el anteproyecto del mercado de abastos en el Polígono de Babel, con un presupuesto de casi diecisiete millones de pesetas, y la aprobación de la iluminación artística del castillo de Santa Bárbara, por ochocientas mil pesetas, más las ciento cincuenta mil invertidas en la toma de datos en la redacción del proyecto.

José Abad presidiría aún los plenos del veintisiete de julio al extraordinario del ocho de septiembre del ya referido año. Días después, el once, el gobernador civil, Mariano Nicolás García -luego director general de Seguridad- ordenaría la lectura de los correspondientes oficios, en virtud de los cuales cesaría, a petición propia, Abad Gosálvez, y pasaría a ostentar el cargo de alcalde Ramón Malluguiza Rodríguez de Moya.

Casi cuatro años permaneció José Abad en tan alta responsabilidad: desde la fecha de su designación, el once de octubre de 1966, a la ya citada. Y en su mandato se produjo el fallecimiento del que había sido indiscutible alcalde popular y republicano de Alicante, Lorenzo Carbonell Santacruz, regresado en junio de 1960, de su largo exilio oranés.

En la ceremonia del relevo, aquel once de septiembre de 1970, Mariano Nicolás, dijo refiriéndose al alcalde saliente José Abad Gosálvez que había sido la suya una etapa «sui-géneris», precisamente porque había dado respuestas a problemas de crecimiento urbano, para los que la ciudad no se encontraba preparada y que, sin embargo, los había superado, favoreciendo así un periodo de progreso. El gobernador civil hizo patente su agradecimiento a Ramón Malluguiza por los buenos propósitos que lo animaban desde la Alcaldía que acababa de asumir, y exhortó a la corporación a resolver las cuestiones que se le planteaban a Alicante, «seguramente las más graves que nunca había tenido que afrontar».

El mandato de Malluguiza fue breve y conflictivo, y a él nos hemos de referir en una nueva crónica. El veinte de septiembre de 1973, y bajo la presidencia del gobernador civil Benito Sáez González-Elipe, Ramón Malluguiza entregó la vara de mando a su sucesor en la Alcaldía Francisco García Romeu, quien saludó, en inglés y francés, y a través de sus cónsules, a las comunidades extranjeras asentadas en Alicante, y afirmó que pretendía seguir los pasos de Carlos Arias Navarro, cuando fue alcalde de Madrid, con objeto de engrandecer a nuestra ciudad.

No nos referimos a la que actualmente están llevando a cabo los pilotos del SEPLA, sino a la que tuvo lugar el quince de diciembre de 1930. El panorama social y político se deterioraba irremisiblemente, desde que se consumara el Pacto de San Sebastián. Seguidamente, vendrían los sucesos de Jaca y la sublevación de los militares republicanos, que se cerraría con el lamentable fusilamiento de los capitanes Galán y García Hernández. Se había abonado generosamente el terreno para la huelga revolucionaria. Tres días antes, el gobierno ordenó la detención de los dirigentes más destacados: Alcalá Zamora, Miguel Maura, Largo Caballero, Fernando de los Ríos... y Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza, quienes según Tuñón de Lara, se encontraban encarcelados en nuestra ciudad.

Con todo, en la madrugada de aquel lunes se paralizó Alicante: ni taxis, ni tranvías, ni un solo carro circuló por nuestras calles. Los cafés y los bares no levantaron sus cierres. Los obreros de la construcción, de las cerámicas, los dependientes del comercio, las cigarreras de la fábrica de tabacos, los portuarios. Todos, en fin, se sumaron a la huelga. Entre tanto, las autoridades habían prevenido a las fuerzas del orden, y desde la madrugada, patrullas de la Guardia Civil de a pie y montada, y agentes de Seguridad se mostraron avizorantes, dispuestos a intervenir al menor movimiento sospechoso. A las seis de la tarde del quince de diciembre de 1930, un piquete del Regimiento de la Princesa leyó el bando, por distintos lugares de la ciudad, en el que se proclamaba la ley marcial. Para disuadir o disolver cualquier posible peligro, el guardacostas «Lauria» «fondeó en un sitio estratégico desde el que se dominaba la población. Las medidas eran de gran severidad. En el curso de aquellas horas, la Benemérita efectuó algunas cargas y se produjeron, al parecer, varios heridos. El miércoles, y por decisión del general gobernador se practicaron arrestos: dirigentes obreros y republicanos ingresaron en la prisión provincial.

Excepto «El Tiempo» y «La Voz de Levante», los demás periódicos sólo reaparecieron el diecinueve de aquel citado mes. Por si acaso, se recibieron refuerzos: seiscientos legionarios de la sexta bandera del Tercio, llegaron a Alicante. Tuñón de Lara escribe acerca de aquellos acontecimientos: «En Aspe fue proclamada la República; en Callosa de Segura, Elche, Elda y Monóvar se cortaron las comunicaciones telefónicas, y en Novelda, la vía férrea». El proceso era ya irreversible. La República quedaba a un tiro de piedra.

En numerosas ocasiones hemos colaborado con nuestros modestos medios y limitaciones, en todo aquello que se refiere al lugar de Villafranqueza, al que tenemos una muy particular querencia. Ahora Villafranqueza cumple cuatrocientos años y los actos programados, un año por delante para actos de muy diversa naturaleza e investigaciones históricas, ya andan en marcha.

Recordamos aquí cómo Felipe III le concedió el privilegio de villa real, y con tal privilegio, la jurisdicción propia en lo criminal a don Martín Franqueza. En su virtud, don Martín Franqueza, podía levantar en su solar la horca con la que ajusticiar al condenado a la pena capital. Luego, desmontaba el siniestro artilugio y entregaba el cadáver del desgraciado a las autoridades alicantinas, quienes lo exponían al escarnio público, durante el tiempo que prescribieran las leyes, en la denominada plaza de las Horcas. Así funcionaban estos macabros asuntos, por aquel tiempo.

La plaza de las Horcas no era más que el actual Portal de Elche, lugar que imagínenselo, ofrecía un aspecto tenebroso. Allí, se exterminaba con la soga no sólo a los reos de la ciudad, sino también a los de muchos pueblos que entonces pertenecían aún a este término municipal, excepto el privilegiado de Villafranqueza.

Y miren por donde, la horca produjo náuseas y por «repugnante a la humanidad» fue desplazada por otro procedimiento que se consideró, a lo que se ve, como más civilizado, qué cosas. A la horca tan vilipendiada le sucedió el garrote vil, en la España de 1811. Era, en fin, un paso adelante: así se mataba más finamente.

Quizá para difuminar tan dramáticas escenas, Eleuterio Maisonnave y Cutayar, en el año del Señor de 1869, plantó allí un árbol que fue llamado de la libertad. Pero duró poco. Una noche, sin saber muy bien cómo, los recalcitrantes reaccionarios se llevaron el árbol de la libertad, y dejaron al alcalde y a los buenos ciudadanos en una situación de total perplejidad.

La plaza de las Horcas o el Portal de Elche, porque del mismo partía el camino a la vecina ciudad, también se la rotuló con el nombre de plaza de la Constitución, a raíz de la proclamación de la «Pepa», es decir, de la Constitución de 1812, y por decreto del catorce de agosto del citado año. La placa la colocó don Nicolás Scorcia, conde de Soto Ameno, y alcalde a la sazón. Pero de nuevo, los recalcitrantes absolutistas, la arrancaron de su sitio, la pasearon como si fuera un entierro y terminaron arrojándola a una acequia que discurría por el malecón. Los absolutistas, el treinta de mayo de 1814, la titularon plaza de Fernando VII. Luego, durante el trienio liberal, sería una vez más, de la Constitución. Y así, sucesivamente. Incorregibles.

Cuando Francisco García Romeu terminó de leer sus cuartillas, gritó: «¡Faz divina, misericordia!». Era su despedida de la Alcaldía. En su breve intervención, sentenció que los gobernantes se definen por lo que realizan y no por lo que dicen. Y él había realizado un cambio en la fisonomía de la ciudad, significando las barriadas, con un sentido de justicia social, mediante considerables inversiones, tanto para las obras ya concluidas, cuanto para aquellas otras que se encontraban en vías de ejecución y cuya paternidad reivindicó para sí. Además, dejaba tras su mandato una hacienda municipal sana y limpia.

Era el día uno de febrero de 1976. La sesión extraordinaria la presidió el gobernador Benito Sáez González-Elipe, quien invitó a entrar en el salón capitular al nuevo alcalde, el abogado y periodista José Manuel Martínez Aguirre. A Martínez Aguirre lo acompañaban los dos ediles más jóvenes de la corporación: Evaristo Manero Pérez y Eliseo Quintanilla Almagro. Luego, ante el crucifijo, colocado en la mesa, y con la mano derecha sobre los Evangelios, juró de acuerdo con la fórmula legalmente establecida: «Juro servir a España con absoluta lealtad al rey, estricta fidelidad al Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del reino, poniendo el máximo celo y voluntad en el cumplimiento de las obligaciones del cargo de alcalde de Alicante, para el que he sido nombrado». Seguidamente, el gobernador civil le entregó el bastón y las insignias, y le cedió el asiento de la derecha de la presidencia, en tanto el alcalde saliente, García Romeu, ocupaba el de la izquierda. En fin, el ceremonial y las formalidades de rigor.

Tras las palabras que ya hemos resumido de este último, le tocó el turno a Martínez Aguirre. El alcalde entrante, después de definir el concepto de la democracia «como el íntimo respecto colectivo imprescindible a la convivencia», se proclamó demócrata, y manifestó que todos sus actos y los de la corporación llevarían tal sello. Igualmente, se pronunció en contra de quienes pretendieran cualquier forma de medro personal o ventajas para su prepotencia económica, si medros y ventajas habían de ser edificadas sobre las parcelas que constituían al patrimonio inalienable del pueblo alicantino. José Manuel Martínez Aguirre reiteró, en el curso de su alocución, su fidelidad al Rey, como fiel había sido «a la enorme figura histórica que se nos ha ido recientemente».

El gobernador Benito Sáez cerró el acto de investidura del nuevo alcalde con palabras de gratitud para García Romeu, por su apasionada entrega, y de aliento a José Manuel Martínez Aguirre, a quien destacó «como hombre ya al servicio de la ciudad, desde importantes parcelas, lo que permite los mejores augurios».

Con motivo de la urbanización del polígono de Babel y del proyecto previsto para el mismo de una nueva plaza de abastos, cuyo presupuesto ascendía a quince millones doscientas sesenta y nueve mil pesetas, se organizó un serio debate en el seno de la corporación municipal.

El referido proyecto ponía en peligro la existencia del mercado de Benalúa. Véanlo si no. En la sesión extraordinaria municipal correspondiente al cinco de abril de 1968, el interventor del Ayuntamiento insinuó la formación de un presupuesto integrado con las contribuciones especiales a las personas que resultasen beneficiadas, con las primeras concesiones de casetas y puestos que se iban a adjudicar mediante subasta; de otro lado, estaba prevista una operación de préstamo con el Banco de Crédito Local de España; y, por último, también se podía obtener parte de la financiación «con la venta del solar que resultase edificable, una vez desaparecido el actual mercado de Benalúa». Lo han cogido ya, ¿no? Las excavadoras estaban al acecho.

Mas he aquí que, por fortuna, empiezan las pegas. El edil Maruenda manifestó que aquel proyecto adolecía de defectos y consecuentemente había que subsanarlos, antes de seguir adelante. La primera en la frente. El edil Calvo expresó su opinión: la prioridad era para los aparcamientos subterráneos, y que nada de sacrificar el mercado de Benalúa. El edil González de Haro también echó un cuarto a espadas y advirtió que el proyecto sobre el que se debatía tenía que ser de utilidad «para un futuro más o menos lejano». El edil Serrano, entró en discordia y afirmó que de los cinco mil metros cuadrados dispuestos para la plaza de abastos de Babel, algo más de la mitad podían dedicarse para aparcamientos subterráneos. Y agregó que con respecto al de Benalúa si no lo suprimía el Ayuntamiento, lo suprimiría, por sí mismo, el nuevo, es decir, el de Babel. Ya han pasado veintisiete años y no: el de Benalúa continúa tan campante.

El turno de palabras sobre el asunto, vino a cerrarlo el edil Muñoz quien con experiencia profesional, expresó dos opiniones de peso: primera, que el proyecto ya preveía los aparcamientos precisos; y segundo, que el mercado de Benalúa debía permanecer, aunque modernizándolo como supermercado. Con todo, las deliberaciones corporativas no surtieron los efectos deseados y el tema pasó a informe de las comisiones de Hacienda, Mercados y Urbanismo. Había que proceder con cautela. Pero el mercado de Benalúa permaneció en pie. Bien avalado por la solera y la historia de un barrio de buena hechura.

Del capítulo «De la dictadura a la democracia» que escribimos para la «Historia de la ciudad de Alicante», (con motivo del quinto centenario de la misma, en 1990) tomamos, en este vigésimo aniversario de una fecha histórica, los siguientes párrafos: el treinta de julio de 1974, se hace pública en París y Madrid, la declaración de la Junta Democrática de España, y algo después se da noticia de la Plataforma de Convergencia Democrática. Ambas instancias unitarias, tras un proceso complejo y reticente, acordaron constituirse en un solo órgano de oposición denominado Coordinación Democrática o, popularmente, «Platajunta». Era el veintiséis de marzo de 1976, cuando se articuló así «un medio indispensable para ofrecer a la sociedad española una real alternativa de poder, capaz de transformar por vía pacífica, el Estado actual en un Estado Democrático».

Paralelamente, en el País Valenciano, se había creado la Junta Democrática del PV, el cinco de agosto del 75 (que presidía el catedrático Manuel Broseta, muerto años después por ETA, y vicepresidía E. Cerdán Tato), y el veinticuatro del mismo mes, el Consell Democràtic, instancias que, después de haber efectuado convocatorias y acciones conjuntas, se autodisolverían, en un proceso parecido al de las plataformas estatales, para constituirse en un solo organismo: la Taula de forces Polítiques y Sindicals del PV, el veinticuatro de mayo del 76.

En Alicante, se realiza la fusión de tales instancias por los mismos días. Y el diecinueve de junio, entre veinte y veintiocho mil -según las fuentes- manifestantes recorren las calles y avenidas más céntricas de la ciudad. Hay pancartas de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones sindicales, de todos los pueblos. En cabeza y por tanto una gran senyera, sobre la que se puede leer, en grandes caracteres: «Per la llibertat, l'amnistia, l'estatut de autonomia. Per el sindicat obrer. Taula d'Alacant», los representantes de cuantas formaciones integran la plataforma unitaria de la oposición. Y aunque la manifestación está debidamente autorizada, casi al término del itinerario, los antidisturbios disparan botes de humo y proyectiles de goma contra la nutrida multitud. No obstante, la fecha se notaba en la crónica de Alicante, como un acto de afirmación autonómica y de unidad democrática.

El veintinueve de octubre del 76, la prensa dio a conocer la composición de la Taula de Forces Polítiques y Sindicals d'Alacant: «Tuvo lugar anoche, como estaba previsto, la presentación de la Taula. Estuvieron presentes los siguientes: Alberto Pérez Ferré, del PSOE; sector renovador; José Luis Berenguer, por la ORT; Gabriel Molina, por UGT; José Vicente Mateo, del Grupo Independiente; José Sanz, por ID; Antonio Díaz y Enrique Cerdán Tato, por el PC; Diego Such, por el PSP; Arturo Lizón; por el PDP; Miguel Consuegra, por CC.OO.; e Ignaci Álvarez, por el MCPV. Faltaron a la presentación representantes del PSPV, USO, Partido Carlista y PSAN».

¿Quién le habrá echado el mal de ojo a esta millor terreta del món, que hasta las nubes pasan de largo, sin dejar una gota o, aún peor, dejando una gota, pero una? Este viejo problema al que tantas veces nos hemos referido aquí mismo, no hay quien lo resuelva. Ni las piadosas rogativas funcionan; ni funcionan los meteorólogos; ni funcionan los políticos; ni los ingenieros hidráulicos; ni los trasvases tan conflictivos. Al final, nos conformaremos con un riego de socorro, como de costumbre.

Todo esto de las sequías, de la escasez de aguas, de la esquiva nube, viene de muy atrás, qué les vamos a decir ustedes. Pero fíjense, lo que es la historia de nuestra sed, de la sed de nuestra huerta. En 1841, una empresa valenciana, «Viuda de Torroja e hijos», presentó un proyecto para el trasvase y canalización de las aguas sobrantes del Júcar al pantano de Tibi que andaba deficitario y envuelto en pleitos y rapacerías. La noticia debió sonar a gloria. Así que los diputados Luis María Proyec, por Alicante; Bernardo Francos, por Valencia; y Manuel de los Villares Amor, por Albacete, se reunieron en Almansa a ver qué pasaba. Los asistían dos ingenieros de los distritos alicantino y valenciano, Elías Aquino y Lucio del Valle, respectivamente. Aquel seis de agosto, y en Almansa, debieron sudar lo suyo.

Pero tras las exposiciones de las partes, no se llegó a ningún resultado. Siempre los intereses de por medio, claro. De forma que todos los mejores deseos de nuestro gobernador civil, Andrés Visedo, de la corporación provincial y de los municipios de Alicante, Mutxamel y San Juan, de la Junta de Comercio y de la de Regantes, se esfumaron tras el fracaso de aquella reunión. Sin abandonarse a la fatalidad, la Diputación alicantina remitió un cabal y pormenorizado escrito al regente, general Baldomero Espartero, el dieciocho del mismo mes. Pero el general Baldomero Espartero debió hacer lo que, sin duda, hacen los políticos decimonónicos de finales del siglo XX: mirar las nubes y guardar silencio.

El Ayuntamiento de Alicante no se quedó atrás y también dirigió un razonado escrito al regente, el uno de septiembre, en donde manifestaban, tras endilgarle sus buenas andanadas al representante valenciano: «Indicada está, para la riqueza de España, la canalización, y los que, como el célebre Jovellanos se han dedicado a investigar el estado económico agrícola del país, se han lamentado de la falta de canales (...)». Después de siglo y cuarto, el lamento continúa. Y no hay síntomas de que vaya a cerrar. La millor terra del món, a secas.

Días atrás, dimos cuenta en nuestra cotidiana crónica local de cómo el alcalde republicano Lorenzo Carbonell fue juzgado y condenado en rebeldía, por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Su caso no fue una curiosidad ni tampoco una excepción.

Por el llamado «delito de masonería» otros muchos y conocidos alicantinos de la capital y de la provincia sufrieron igualmente severas sentencias a cargo del referido Tribunal. Tal es el caso del que fuera escritor y periodista, presidente de la Comisión Gestora de las Hogueras y letrista del pasodoble «Les Fogueres de Sant Joan», José Ferrándiz Torremocha. Según la sentencia correspondiente al dos de noviembre de 1943, Ferrándiz Torremocha ingresó en la logia masónica «Constante Alona» y adoptó el nombre simbólico de «Apolo». Llegó a alcanzar el grado segundo, perteneció a Alianza Republicana y fue persona de buena conducta privada. Aun con todo, se le condenó a la pena de doce años y un día de reclusión menor, «accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cualquier cargo (...)».

A Franklin Albricias Goetz, presidente de la Diputación al principio de la República, se le impuso el mismo delito, de acuerdo con la sentencia o propuesta de pena, del veinte de septiembre de 1944. Franklin Albricias, siempre en base a los datos que nos suministran los documentos referidos, ingresó en la logia «Numancia» de nuestra ciudad, en 1921. Su nombre simbólico fue el de «Teófilo» y obtuvo el grado tercero de maestro masón.

Más duros se mostraron los jueces con el doctor Julio María López Orozco, natural y vecino de Elche: la sentencia fue de veinticinco años de reclusión mayor. El doctor López Orozco, según recoge la sentencia, accedió en 1920 a la «Constante Alona» alicantina, para, posteriormente, pasar a la «Illice constante» y la Gran Logia Regional de Levante de Valencia. Con el apelativo simbólico de «Dieulafoy» alcanzó el grado treinta. Esta elevada consideración, junto con el hecho de que asistió a la sexta asamblea nacional, celebrada en Madrid, en 1924, como delegado de la regional de Levante, y a la séptima asamblea nacional, en Gijón, en 1928, en la que además ocupó la vicepresidencia de la mesa, serían consideradas circunstancias agravantes a la hora de dictar sentencia. Julio María López Orozco militó en el partido socialista, por el que fue diputado a Cortes constituyentes, y en unión Republicana.

Los datos proceden del Archivo de Salamanca. Lamentablemente, la relación continúa. El Tribunal Especial para la Depresión de la Masonería y del Comunismo tenía mucho estómago. Y un apetito desordenado de venganza.

Había sido diputado de nuestra circunscripción por tres veces consecutivas, además de otros cargos públicos y de un acendrado amor a su tierra. Nadie discutía sus méritos. Por eso fue acogida calurosamente la moción que presentó el alcalde, cuando anunció la muerte de Rafael Terol, el quince de enero de 1902.

«Rafael Terol -dijo- es una personalidad cuyos prestigios están unánimemente reconocidos». El alcalde doctor don José Gadea firmó la moción, junto con los ediles Fernández Grau, Ramón Guillén, José Álamo, Manuel Escolano, Manuel Campos, Pastor Chaques, Francisco Pérez, Antonio Mandado, Visconti, Miguel Más, Francisco Orts y Clemente Ayala. Rafael Terol había muerto dos días antes.

Se evocó, en aquella ocasión, la memoria de Eleuterio Maisonnave, quien, en su momento, recibió de la corporación municipal, que en su día también presidió, acuerdos que, si no estaban a la altura de sus merecimientos ni relevancia pública, cuando menos evidenciaban el reconocimiento y respeto de su ciudad. Rafael Terol Maluenda también debía obtenerlos. En la citada moción se recogía textualmente el siguiente párrafo: «El Ayuntamiento de Alicante que representa por la ley, y por lo que es más fuerte que la ley, por la voluntad libre del cuerpo electoral, al pueblo, nunca ha permanecido indiferente ante las manifestaciones del sentimiento público, por la pérdida de un alicantino ilustre».

No hubo problemas. Se pedía, en definitiva, que para mantener el recuerdo del diputado recién fallecido se rotulase una calle de la ciudad a su nombre, «esculpido en dos lápidas costeadas por los fondos municipales». Para designar la calle, se nombró una comisión que estaba integrada por los señores Guardiola Ortiz, José Álamo, Nicolás Baeza, Palazón y José Porcel. Tal comisión decidió que la calle que había de denominarse de Rafael Terol fuera la hasta entonces conocida con los nombres de Larga y de Babel. Larga porque se extendía desde la plaza de Isabel II (hoy Gabriel Miró), hasta la de las Bóvedas (hoy Canalejas), y que posteriormente se ampliaría precisamente hasta la avenida del doctor Gadea. Y de Babel, que tomó al principio del siglo XIX, por ser la vía que llevaba a la partida o barrio de ese mismo nombre.

Rafael Terol Maluenda fue también y además de diputado, alcalde de la ciudad y presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, entre otros cargos.

Ya está en la crónica, ya está en la historia de la ciudad y de la provincia, ya está en muchos libros y en no menos periódicos. Aún así, nos parece oportuno recordarla, una vez más, en estos días en que se cumplen los veinte años del inicio de la transición de la dictadura a la democracia. Nos referimos a la manifestación que se celebró en Alicante el treinta de abril de 1975, por las libertades y el establecimiento de un sistema político que las amparara garantizará.

La Junta Democrática que la convocó, eligió la citada fecha «con objeto de respetar el 1.º de mayo, para las posibles acciones de carácter obrero y sindical; y el lugar: la Rambla de Méndez Núñez, el centro de la ciudad. La falta de experiencia y la responsabilidad contraída por los dirigentes de la referida plataforma política, alimentaron todo género de conjeturas, de fundados temores, de lógicas preocupaciones. Pero el proyecto se mantuvo en pie tras no pocas discrepancias y vacilaciones».

Y aquel treinta de abril, a las nueve de la noche, de acuerdo con la previsiones de la convocatoria, cerca de tres mil personas (según fuentes de la propia organización y de algunos observadores) alicantinas muchas y muchas también procedentes de todas nuestras comarcas, hicieron acto de presencia en el lugar convenido. En un principio, entre doce y catorce provocadores trataron inútilmente de alterar los ánimos de los participantes. Pero la actitud pacífica de los manifestantes y los gritos rotundos de «¡Amnistía y libertad!», yugularon los torpes propósitos. Después llegarían las cargas de los «grises» -como se conocía entonces a los números de la Policía Armada-, las carreras, los golpes, las detecciones, en algunos casos a punta de pistola. Treinta y tres manifestantes fueron conducidos a las dependencias de la Comisaría, de donde saldrían en libertad bajo fianza de 25.000 y 10.000 pesetas. Por su parte, el gobernador civil, Benito Sáez y González-Elipe, impuso diversas multas, por un total de 140.000 pesetas.

En un posterior análisis, la Junta Democrática provincial estimó positiva la respuesta: suponía un sustancioso avance en la práctica de las reivindicaciones cívicas, un paso decidido y esperanzador en la unidad de acción y una salida, aún tímida, de las oscuras galerías de la clandestinidad. En cualquier caso fue la primera movilización contra la dictadura franquista que se produjo públicamente en Alicante después de la guerra civil.

Ya lo avisó un edil. Ya dijo que a través de una moción lo pondría entre la espada y la pared, que denunciaría toda clase de ilegalidades y abusos que se estaban cometiendo en el Ayuntamiento. El alcalde se había puesto en el punto de mira de algunos concejales, y lo tenía muy crudo. Ernesto Mendaro pidió que se le facilitaran los datos de todo cuanto se había gastado, desde principios de año, así como los ingresos obtenidos de los puestos públicos durante el anterior. Por su parte, otro concejal, Manuel Salinas, no quiso quedarse atrás y aseguró que también, como su compañero de corporación, iban a sacar los trapos sucios a la luz pública, con ánimo de evidenciar «los abusos y despilfarros en las gestión administrativa del actual alcalde, desde la toma de posesión del mismo, hasta aquel día». Aquel día era el cinco de febrero de 1907.

Pero Manuel Cortés de Miras no se arrendró. Hizo que se le comunicara a ambos que, en virtud de las disposiciones vigentes en aquel tiempo, ambas mociones no se podían incluir, en el orden del día del siguiente pleno. Así lo rubricaba el señor alcalde.

Sin embargo, Cortés de Miras recibió el varapalo por otro flanco. No se lo esperaba, pero seis meses más tarde, le llegó el cese. Se lo comunicó el gobernador civil, de acuerdo con la real orden del Ministerio de la Gobernación, de veintitrés de marzo del referido año. Así consta en el acta correspondiente al veintiséis de tal mes, fecha en la que abandonó la Alcaldía que venía desempeñando desde el veintiséis de diciembre de 1905. Los mencionados ediles debieron quedarse satisfechos: aunque no por su gestión o al menos por su gestión directa y anunciada, habían conseguido su objetivo. Los designios del Señor -debieron pensar- son inescrutables. En fin, que cada quien saque sus conclusiones. Nosotros, documento en mano.

Con la misma fecha, se conoció el nombramiento para ocupar la presidencia municipal de Luis Mauricio Chorro: «(…) De real orden, lo comunico a V.E., para su conocimiento, el de la corporación, el de los interesados y a efectos oportunos». Ya no había nada que hacer. Poco se podía argumentar. De modo y manera que Cortés de Miras entregó el bastón de mando a su sucesor. Por cierto que el nuevo alcalde, Mauricio Chorro, recibió una buena acogida. De entrada.

Tiene el Patronato de Amigos de San Nicolás entre otros muchos y necesarios propósitos, el noble empeño de adecentar las seculares piedras de nuestra concatedral. También el de restaurar el retablo de las Ánimas y el de poner en pie una Escuela Taller de Oficios, de nobles oficios que se nos están perdiendo, en esas turbulencias y apresuramientos de la vieja dama de la postmodernidad. Son proyectos muy ambiciosos, tanto como escasos son los recursos. Aunque, ciertamente, los alicantinos y las instituciones están, para fortuna de todos, dispuestos a colaborar con el Patronato, en la conservación de tan emblemático e histórico templo.

De momento, el Ayuntamiento, el Patronato de la Vivienda, ya ha instalado los focos oportunos para la iluminación de la fachada de San Nicolás recayente a la plaza del Abad Penalva. De momento, se nos ha dicho, luz blanca, pero en breve luz amarilla que es la más apropiada. Tan apropiada como proceder de inmediato a la limpieza del pórtico. Y en eso se está. No es la fachada principal, aunque por tal se tiene. La principal corresponde a la de la calle de Miguel Soler, donde está la puerta negra y la hornacina con la imagen de San Nicolás de Bari, de Juan Bautista Borja. El caso es que, muy en breve, se adecentarán los viejos y nobles sillares. Y ganará la concatedral y el entorno humano y urbano.

La plaza del Abad Penalva culminó su realización en 1904. Y eso que ya, desde el siglo XVIII, según algunos historiadores locales, se pretendió iniciar las actuaciones necesarias, si bien los propietarios de las fincas que debían de ser demolidas se opusieron a la realización de las oportunas obras. Más tarde, en 1858, se produjeron graves incidentes, en el mes de noviembre de dicho año, debido a la muchedumbre que afluyó al lugar, con objeto de celebrar el final de la epidemia de cólera que había invadido la ciudad, y fundamentalmente para participar en la procesión que se organizó para devolver la Santa Faz a su Monasterio. Aquella multitud que prácticamente no cabía en lo que no era más que la prolongación de la calle de Labradores, presionó a las autoridades para que se cumpliera el proyecto de ampliación, aunque no surtieron tampoco los efectos que se esperaban. Aún hubo que aguardar casi medio siglo más.

De don Francisco Penalva ya nos hemos ocupado en nuestra crónica diaria («La Gatera», 10 de junio de 1994).

Los restauracionistas, ya militaran en las filas conservadoras, ya en las liberales, o en algunas de las facciones y francciones de ambos partidos de turno, tenían, a veces, gestos caballerosos. Tal es el caso del alcalde Eugenio Botí, cuando el gobernador civil, Luis Fernández Ramos, lo llamó a capítulo, y le ofreció la Alcaldía de Alicante.

Eugenio Botí le solicitó en aplazamiento. No las tenía todas consigo y antes de aceptar prefirió elevar consultas a sus correligionarios. Primero, se garantizó la fidelidad de los señores Chorro y Albert, posteriormente, escribió a su jefe de filas señor Canals exponiéndoles sus dudas.

A todo esto, el titular de la presidencia municipal, Ramón Campos Puig, se había ido en el tren de Madrid, con objeto de resolver problemas en la villa y corte. «El Día» comentaba en sus páginas: «Nadie duda de que el viaje del señor Campos obedece al deseo de no volver a encargarse de la Alcaldía. ¿Y quién va a ser el sucesor? De las diversas soluciones que se barajan, sólo hay una que parece posible: el nombramiento de don Eugenio Botí». Botí era entonces, veintisiete de mayo de 1915, teniente de alcalde.

Cuando finalizaba aquel mes, regresó de su viaje Ramón Campos y aseguró que le habían admitido su renuncia al cargo. Con todo, Botí Carbonell no se fiaba. En el Ayuntamiento, los liberales eran mayoría, y bajo ningún aspecto el candidato pretendía convertirse en un títere de sus adversarios políticos. Se lo pensó, sin duda, más de una vez, y finalmente visitó a Alfonso de Rojas que lideraba a sus contrarios. Sin andarse por las ramas le expuso el dilema: en el supuesto de aceptar la Alcaldía, ¿le iban a-torpedear la gestión o se la facilitarían en la medida de lo posible? Alfonso de Rojas lo tranquilizó y le garantizó que le ofrecería la gobernabilidad municipal, siempre y cuando, sus actividades al frente del Ayuntamiento beneficiaran a la ciudad. Y aún le dijo que tuviera en cuenta la armonía que imperaba entre los partidos turnistas (conservadores y liberales), con ánimo de inspirarle más sosiego en su decisión.

Botí, con las dudas disipadas, visitó al gobernador y le comunicó que por disciplina política, aceptaba su propuesta. Aún así esperó, hasta que Canals le puso un telegrama confirmándole el envío de la real orden, con su nombramiento. El prudente y receloso Eugenio Botí ocupó finalmente el sillón, presidencial que le cedió su antecesor, el cuatro de junio de 1915. Mientras, Alfonso de Rojas manifestó públicamente que presentaba su apoyo al nuevo alcalde. Había sido un pacto de caballeros.'

Y llegó moderadamente hasta destronar a Isabel II. Hubo momentos, eso sí, de insurrección popular, como los del veintiuno de septiembre de 1868, y de los que aquí mismo, ya hemos dejado testimonio. En nuestra ciudad el veintinueve de aquel mes, el último ayuntamiento del sistema isabelino le traspasó los poderes a la Junta Revolucionaria. El alcalde que presidía aquella corporación, Juan Bonanza, cerró su mandato el once del turbulento septiembre. Le sucedería en el cargo, el seis de octubre, Antonio Vidal.

Dos días antes, se constituyó con carácter definitivo la citada Junta Revolucionaria, para cuya presidencia resultaría elegido el monárquico Tomás de España y Sotelo, seguido muy de cerca, en número de sufragios, por Eleuterio Maisonnave y Francisco García López, ambos republicanos. En la sesión instalatoria municipal, bajo la presidencia De España, se nombró un nuevo ayuntamiento, autorizado en su origen «por las difíciles circunstancias que el país atravesaba», y a cuyo frente se instaló el ya referido Antonio Vidal. Fue el suyo ciertamente un mandato breve: en diciembre de aquel mismo año, y tras autodisolverse la junta, se celebraron las primeras elecciones democráticas locales. De tales elecciones, saldría elegido alcalde Eleuterio Maisonnave.

El Ayuntamiento provisional tuvo a su cargo la puesta en pie de las milicias populares denominadas Voluntarios de la Libertad. Pero además, y a propuesta del concejal Eduardo Orts también se organizó la compañía de bomberos y se adquirió consecuentemente todos los útiles «para el complemento del tren de incendios». Al frente de la referida brigada de bomberos estuvieron los maestros de obras Antonio Garrigós y Francisco Jover. Hay, además, un dato de interés: el paseo de la Reina se llamó (en sesión del doce de octubre de 1868) paseo y luego Rambla de Méndez Núñez.

Simultáneamente, en Villafranqueza, el veintinueve de septiembre, también se constituyó, como en Alicante, una Junta Revolucionaria. Así consta en el Libro de Acuerdos de septiembre y octubre del año repetidamente citado. En la sala consistorial del vecino pueblo, tal día, un grupo de ciudadanos honrados gritaron «Viva la libertad» y «Viva la soberanía nacional», se adhirieron, en todo, a la capital y al pronunciamiento contra el régimen isabelino y formaron una junta, bajo la presidencia de Andrés Torregrosa y Mira, de cuya constitución se dio cuenta a la de Alicante. Así, el espíritu republicano y progresista de El Palamó se evidenció de nuevo, en aquellos agitados tiempos.

Con frecuencia, todo se queda en palabras. El debatido trazado nuevo de nuestro trenet, del «Limón Exprés», ha caído, una vez más, en el silencio, cuando no en el olvido, como tantos y tantos otros proyectos que se orean y vuelven al baúl de los recuerdos. Pero el trenet ahí está, como la puerta de Alcalá: viendo pasar el tiempo y viéndolo pasar los veraneantes, un año tras año, por las mismas vías.

Recordamos que el primer tramo de los Ferrocarriles Estratégicos y Secundarios, llamados después FEVE, Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, se inauguró el veintiocho de octubre de 1914, cuando lo de la Gran Guerra, y alcanzaba tan sólo hasta Altea. Y el segundo, con final de trayecto en Denia, el once de julio de 1915. En la empresa anduvo metido inicialmente, y de acuerdo con los datos que facilitan los estudiosos del tema, Juan Bautista Lafora. Si bien es cierto que lo proyectó el ingeniero José Carbonell Morand. La empresa que financiaba el ferrocarril se desplomó, y las obras que se comenzaron en 1902, estuvieron paralizadas durante ocho años.

Por fortuna, el señor Willy J. Solms que residía en París y eventualmente en Madrid, se comprometió ante el notario Luis Segrera y Ciudad, como consta en su protocolo, a comparecer como licitador en el proyecto del ingeniero José Carbonell, de construir un ferrocarril de Alicante a Villajoyosa, en nombre de la sociedad «Boffinet, Solms y Compañía». En el acta notarial, el referido señor se comprometía también a indemnizar con la cantidad de doscientas mil pesetas a los ayuntamientos de Alicante y Villajoyosa, si, incumpliendo su promesa, no acudía al concurso o subasta de las obras.

Medió en el asunto el senador vitalicio por Alicante, Emilio Díaz Moreu, quien según «El Eco de Levante» llevó a cabo gestiones satisfactorias que dieron como resultado la inclusión en el plan de ferrocarriles secundarios de nuestra ciudad a La Vila. La misma citada sociedad se adjudicaría también el tramo de esta villa a Denia.

En 1964, el trenet pasó a depender del Ministerio de Obras Públicas, hasta que el uno de enero de 1987, a consecuencia del traspaso de competencias a nuestra Comunidad se hizo cargo del mismo los Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, para su administración y explotación. Pero las vías siguen en el mismo sitio de origen y ya conocemos de sobra los riesgos que entraña tal trazado. Hasta hoy, se han barajado muchas soluciones. Pero las cosas siguen igual o casi.

El cinco de mayo de 1890, nuestra ciudad se conmovió con la noticia de la muerte del dirigente republicano Eleuterio Maisonnave Cutayar. El testimonio de condolencia fue unánime: el pueblo, los partidos políticos y la prensa manifestaron su respeto y afecto por quien había sido un político vinculado a Alicante, aún en el desempeño de los altos cargos que le impulsaron a desplazar su domicilio a Madrid. En su libro «Republicanismo en Alicante durante la restauración», su autora, Rosa Ana Gutiérrez Lloret nos ha dejado un texto documentado del luctuoso acontecimiento que ensombreció la vida pública alicantina y española.

De dicho libro, recogemos unos párrafos del semanario «El Cullerot», «independiente, pero de claras simpatías republicanas», referidos a la muerte de Maisonnave: «… La impaciencia del public no tenia limits y apenas para el tren, sense aguerdar a que els empleats de la estació feren la maniobra, el mateix poble, apoderanse del furgó el desengancha y transportarlo, per el aire se pot dir, el traslada a atra via, rompe una marcha fúnebre la música… ¿Cuánt s'ha vist en este poble pedre el chornaler y traballador el chornal voluntariament y en molt gust para anar a presensiar la última manifestació de apresi hasia aquell a qui sempre li han donat el honrat titul de pare de Alacant?…».

El alcalde Rafael Terol Maluenda, en sesión corporativa del nueve de mayo, dio la noticia y manifestó que había telegrafiado a la familia, como alcalde y como amigo, en su nombre y en el del Ayuntamiento. Con tal motivo, Terol exhortó a los militantes de todos los partidos políticos a defender los intereses de nuestra ciudad y velar por ellos. En aquel pleno se acordó, entre otras cosas, que el nombre de Eleuterio Maisonnave se inscribiera en las lápidas destinadas a alicantinos ilustres, que el Ayuntamiento tenía aprobado, así como la colocación de la primera piedra del monumento al prócer «fuera otro de los números que figuraran en las próximas fiestas de agosto», y que con su nombre se rotulara una calle o plaza de la ciudad.

En este punto los concejales Alberola y Penalva señalaron preferentemente una plaza en la que se levantara el monumento, y el segundo de los citados apuntó que podría ser «en la plaza del Teatro Circo». Por su parte, Rafael Viravens propuso que se pusiera su nombre al jardín de la plaza de Isabel II (hoy, Gabriel Miró), «así como se dio el de Ruiz Corbalán al de la plaza de Ramiro, y el de Quijano, al de la plaza de Santa Teresa».

¿A quién se refería cierto periodista cuando dijo respecto a la primera autoridad, local que «pasó como pasaron las sombras por este mundo»? Miren, mejor que no. Por lo que se dice o se oye, la adivina adivinanza podría ofrecer al personal demasiadas respuestas. Digámoslo de una vez, para evitar suspicacias e incomodidades: la frase la escribió Montero Pérez, en 1915, y se la dedicaba, en el contexto de una reflexión demoledora, al entonces alcalde de nuestra ciudad Ramón Campos Puig, a quien el citado cronista, familiarmente, llamaba Ramoncito.

En aquella ocasión, Francisco Montero Pérez le dedicó al interfecto casi página y media del diario «El Luchador», correspondiente al dieciocho de agosto del ya mencionado año.

Verdaderamente, Ramón Campos estuvo locuaz, en la toma de posesión de su cargo, y como cumple a tales momentos y, muy posiblemente, a los mejores y más generosos propósitos, se impuso sanear el erario municipal. Con ese saludable objeto, prometió cuanto pudo y más. Hasta prometió disolver la Banda Municipal de Música, «porque era un lujo que la ciudad no se podía permitir». Con todo, Ramón Campos sancionó el presupuesto de 1915 que, a muchos les parecía sencillamente disparatado, y que mereció la desaprobación del edil Federico Soto: «Nada menos que del señor Soto, -apostilló el periodista-, el que sustenta la opinión de que debe ponerse en práctica el refrán «Haz lo que debas, aunque debas lo que hagas».

En su largo y acerbo comentario Montero Pérez criticó, con sarcasmo y virulencia, el mandato de aquel alcalde. Se despachó a su gusto, vamos. Y escribió: «En Alicante, ha habido administraciones locales que se recuerdan con horror. De entre éstas, la de Bas, barón de Petrés, y la de Soto son de las que, por generaciones, serán censuradas acremente». Con toda seguridad, hoy agregaría a algunos más que jugaron con los dineros públicos demasiado alegremente. En su momento, nosotros ofreceremos a nuestros habituales lectores, la gestión económica, con las cifras por delante, sin más. Para el comentarista, Ramón Campos batió el récord. Y reflexionaba: «Bas tuvo su apologista en Viravens, el cronista oficial y astuto político, y a su lado el periódico "El Eco de la Provincia"; Alfonso de Sandoval, el barón de Petrés, a Juan Pérez Aznar, y a "La Regeneración"; Soto, a Tato (don Tomás) y al "Diario de Alicante"; Pedro Ramón Campos, si se exceptúan las pocas líneas de "El Periódico para Todos", nadie se ha acordado de dedicarle un pequeño honor póstumo político». Implacable.

Ya está más que escrito: Isabel II inauguró oficialmente la línea ferroviaria de Madrid a Alicante, el veinticinco de mayo de 1858, aunque el primer tren cubrió dicho itinerario el cuatro de enero del citado año, y desde primero de marzo la compañía MZA ya había entrado en funcionamiento. Sin embargo, aquel primer viaje regio fue, como suele ocurrir en estos asuntos, el que subió al calendario de los más solemnes acontecimientos.

Con motivo del mismo, Alicante se engalanó para recibir a la reina y el alcalde, Caturla Pérez, le rindió un homenaje, en nombre de la corporación y de todo el pueblo. Después de un apretado programa de actos y visitas, Isabel II, con su séquito, partió rumbo a Valencia, a bordo del «Rey Francisco de Asís», el día veintiocho de aquel mismo mes. De esta efemérides, el poeta Juan Vila y Blanco, nos legó una minuciosa crónica.

Durante su breve estancia, Isabel II se alojó en el Ayuntamiento que así se convirtió en palacio real. Para atender adecuadamente a la soberana y a sus acompañantes, se habilitó el antesalón y el actual Salón Azul y se adquirió un mobiliario a la altura de tan alto personaje.

Casi once años más tarde, exactamente el cuatro de enero de 1869, el Ayuntamiento que entonces presidía el primer alcalde republicano que tuvo nuestra ciudad, Eleuterio Maisonnave, acordó «vender los muebles sobrantes o no necesarios que existen en esta casa, procedentes de los que compró la municipalidad para amueblarlo cuando el viaje de Isabel de Borbón, en 1858, en pública licitación». Isabel II ya había abandonado el trono a consecuencia de los hechos que recientemente hemos relatado, en septiembre del año anterior, es decir, en 1868.

Días después, se tasaron tales muebles y se sacaron, según el acuerdo, a pública licitación, en presencia del alcalde y del regidor interventor. La relación de los mismos, con sus respectivos precios, en reales de vellón es la siguiente: una sillería caoba, damasco carmesí, dos mil quinientos; otra sillería caoba, damasco ana azul, dos mil; dos consolas, una de palo santo y otra de caoba, con piedra, quinientos cada una de ellas; un lavabo de caoba, cerrado y dos más de palo santo, trescientos el primero y quinientos cada uno de los otros; un buró de caoba, doscientos cuarenta; un escritorio palo santo, con espejo, cuatrocientos; cinco sillones grandes, damasco azul, mil; un aparador de caoba, trescientos; un armario ropero, con luna tallada, tres mil; un velador de marquetería, con tapete, seiscientos; una cama de hierro, con mosquitero, cuatrocientas cincuenta; una mesita de noche con piedra de mármol, sesenta; y un pie de caoba de talla, para espejo, doscientos. Algo se recuperó, en fin, para las precarias arcas municipales.

No precisamente el de los soviets de 1917, sino el de la España de 1934. En tanto los dramáticos sucesos de Asturias se desarrollaban en medio de un fragor revolucionario, el comandante de Valencia y general de la Tercera Región, Francisco Llano Encomienda, decretó el estado de guerra, tras la huelga general y a instancias de un gobierno que se derechizaba por momentos.

En nuestra ciudad, un día más tarde, es decir, el siete de octubre del referido año, José García Aldave, general de Brigada y gobernador militar de la provincia propagó el bando donde se recogía aquella medida y lo comunicó a los ayuntamientos, con acuse de recibo. Incluso al de Villafranqueza. Lorenzo Carbonell se dirigió a la autoridad militar con objeto de exponerle que Villafranqueza pertenecía ya al término municipal de Alicante, donde figuraba como una de sus partidas rurales, al extinguirse su Ayuntamiento. Aún así, y en evitación de inútiles enfrentamientos, notificó al pedáneo la fijación de tal bando, para conocimiento de todos los vecinos.

Pero la situación se hacía más agria. De manera que el Regimiento de Benalúa, patrulló por toda la ciudad y efectuó descargas disuasorias. Según nuestros datos, debidamente contrastados, tales demostraciones no impidieron que soldados y manifestantes se enfrentaran en el puerto, en el mercado central y en la estación de Madrid. Vázquez Limón, el gobernador civil, de tendencia radical lerruxista, mandó que se cerrara la Fábrica de Tabacos, y ordenó como ya hemos apuntado en otras ocasiones, la detención del alcalde popular y de varios concejales. Sería el suyo, y por fortuna, un encierro breve.

Lorenzo Carbonell anunció la suspensión de la convocatoria del pleno que había de celebrarse al día siguiente, por cuanto el gobernador civil ya le había manifestado el inminente nombramiento de una comisión gestora municipal que sustituiría a la corporación elegida por sufragio y se encargaría de la administración municipal. El veinte de octubre tenso y desapacible -ya lo hemos escrito-, Alfonso Martín Santaolalla y Esquerdo asumiría la presidencia de la referida gestora, en tanto Lorenzo Carbonell y la corporación legitimada en las urnas, cesaban en sus cargos por considerar que no habían prestado la debida e inexcusable asistencia al poder político. El estado de guerra decretado hizo que los ciudadanos no pudieran circular ni formar grupos de tres o más personas, ni acceder a la lectura diaria de sus periódicos habituales. Malos tiempos.

Tenían, en su mayor parte, en torno a los cincuenta años, edad que, un siglo y pico atrás, ya era muy considerable. Y, sin embargo, insistieron en integrarse en las milicias ciudadanas, para defender la bandera republicana: eran los Voluntarios de la República, sucesores de aquellos Voluntarios de la Libertad que cuatro años antes organizara Eleuterio Maisonnave, cuando el uno de enero de 1869 y por sufragio universal masculino, ocupó la Alcaldía de Alicante.

Dos semanas después de proclamarse la República, un grupo de ciudadanos se dirigieron al presidente en funciones de nuestro Consistorio, primer teniente de alcalde Francisco Heredia. En su escrito, que se conserva en el Archivo Municipal, dicen: «(...) Que habiéndose reunido una mayoría de individuos de edad de cincuenta años, amantes de la verdadera causa del pueblo, han acordado formar una compañía de veteranos de la República, exclusivamente para prestar sus servicios a las órdenes de ese Ayuntamiento, y por lo tanto suplican se sirva dar la autorización, para poder llevar a efecto los trabajos preparatorios de organización de dicha compañía (...)». Entre los firmantes, Antonio Ribelles, José Navarro, Lorenzo Espí, Miguel Carratalá y varios más.

El escrito de veintidós de febrero de 1873, se examina el siete de marzo. En opinión del Ayuntamiento, se debe aprobar la organización de los veteranos de la República, ateniéndose al decreto orgánico del diecisiete de noviembre de 1868, tanto por considerarla útil, cuanto por respetar los deseos patrióticos que los impulsan. Aunque, en primer término, parece oportuno atender «al armamento de los voluntarios jóvenes, por ser estos los primeros y más obligados en acudir al sitio de peligro, en defensa de la República» (doce de marzo de 1873).

En junio de aquel año, se toma el acuerdo de adquirir mil fornituras (pertrechos de tropa). En la primera subasta, Boletín Oficial de la Provincia número 149, del domingo veintidós de junio, se adquieren quinientas que comprenden otros tantos cinturones con hebilla, cananas y vainas para bayonetas. Un mes más tarde -veintiséis de julio- se nombra alcalde popular de la ciudad a Anacleto Rodríguez. El dos de agosto, el gobernador civil, Lorenzo Abizanda, señala la desobediencia a la autoridad local de algunos voluntarios y ordena la entrega de sus armas en un plazo de tres horas y la expulsión de la milicia cívica.

La República empieza a desmoronarse. El veintiuno de septiembre y ante la amenaza de las fragatas insurrectas, se constituye un Ayuntamiento interino a cuyo frente está Juan Leach.

Hace ya un siglo. Y por entonces el pequeño y tradicional comercio de Alicante no estaba acosado por las grandes superficies, pero había otros problemas que lo acuciaban; y se tomaron medidas; medidas ciertamente drásticas. Como respuesta a la aprobación de cinco nuevos arbitrios para formar el presupuesto municipal de aquel año de 1896, los respetables y laboriosos tenderos alicantinos pusieron en pie una Junta de Defensa del Comercio. Seiscientos de aquellos minoristas se dieron de baja en la contribución y echaron el cierre de sus establecimientos. Por entonces, la ciudad contaba con más de cuarenta mil habitantes.

Pero las costas no terminaron ahí. Los afectados movilizaron a amigos y clientela, y se dirigieron a casa del alcalde conservador, don José Forner y Pascual del Pobil y Martos, y lanzaron piedras contra puertas y ventanas. Lo mismo hicieron con otros edificios tanto públicos como privados. Pero la virulencia desatada, los llevó a arrasar el fielato de consumos: los documentos que allí se conservaban fueron a parar al mar. Aquello era un motín en toda regla que puso en jaque a las fuerzas de la guardia civil.

El barón de Finestrat y sus ediles estaban en ascuas. Y la situación se agravó, cuando las clases medias y la burguesía mercantil, azuzadas por la presión fiscal, rompieron las reglas establecidas y, con las clases trabajadoras igualmente perjudicadas, organizaron un conflicto social de muy considerable alcance. Tanto que tuvo que intervenir la autoridad, ante el cariz que tomaban aquellas manifestaciones.

De forma que, el dos de julio de aquel año, el gobernador militar, don José Márquez Torres, declaró el estado de guerra e impuso la ley marcial en todo término municipal. Ante tales acontecimientos, el Ayuntamiento que presidía accidentalmente Ferré Vidiella, en sesión extraordinaria del día diez del dicho mes, dejaron sin efectos los arbitrios aprobados el dieciséis de mayo último. Tras la actitud corporativa, los ánimos se sosegaron, y las cosas volvieron a su sitio. El general Márquez Torres levantó la ley marcial, y la ciudad recuperó aparentemente su pulso cotidiano. Pero no por mucho tiempo. Dos años más tarde, se endurecieron las condiciones económicas de la población. El deterioro del poder adquisitivo de los comerciantes y de los obreros era ostensible; tanto que, a pesar del riesgo, volvieron a la carga: a sus reivindicaciones y movilizaciones. Y una vez más el vecindario elevó el tono de sus protestas.

Había una razonable inquietud provocada por la subida de precios en los artículos de primera necesidad, y especialmente del pan. Más que en Alicante, se advertía el encarecimiento en otros diversos lugares. De ahí que se arbitraran medidas preventivas, con objeto de que el alimento básico que constituía «el sustento de las clases pobres» no faltara, y también «a fin de abaratarlo y volverlo a su precio natural».

Por tales razones, el alcalde constitucional Domingo Morelló y Segura convocó un cabildo extraordinario, el dieciocho de marzo de 1854, al que fue invitado, en condición de presidente del mismo, el gobernador civil José María de Montalvo. Había que adoptar medidas cautelares para evitar cualquier posible contingencia en el abastecimiento del pan. Y aunque las cosechas de trigo se presumía abundante, alcalde y regidores solicitaron a la primera autoridad provincial que «elevara una respetuosa exposición a su majestad la reina, en la que se le pidiera la prohibición de las exportaciones de grano», por el momento. Alegaba el Ayuntamiento alicantino que las principales causas que habían influido en el aumento de precios estaban precisamente, «en el gran movimiento que en poco tiempo se había verificado con el envío de trigo, para el extranjero, con motivo de la guerra en las potencias de Oriente».

El gobernador, José María de Montalvo, respondió a la petición del cabildo que no tenía inconveniente alguno en dirigirse a la reina Isabel notificándole tales pretensiones, pero que desconocía hasta qué punto el Gobierno la atendería.

La situación financiera del país era ciertamente crítica y la estabilidad social y política tan frágil que se podía vislumbrar un futuro de incertidumbre. Incertidumbre que se resolvería, en nuestra ciudad, en julio de aquel mismo año, casi un mes más tarde del pronunciamiento del general Leopoldo O'Donell, en Madrid. Era el comienzo del bienio progresista (1854-1856). Acerca de estos acontecimientos, el cronista José Pastor de la Roca que los vivió apasionadamente, nos ha dejado su testimonio en la «Historia general de la ciudad y el castillo de Alicante». A raíz de los mismos, el citado gobernador civil, José María de Montalvo abandonó precipitadamente la ciudad, en tanto el gobernador militar, Camilo Moreno, encabezó el movimiento insurreccional y presidió una Junta Provisional de Gobierno, integrada por militares y civiles, y por miembros de los partidos hegemónicos: el moderado y el progresista. Poco después, el diecinueve de aquel mes de julio, se formó un nuevo ayuntamiento bajo la presidencia del liberal Manuel Carreras Amérigo.

Fue hace ya algo más de treinta y un años, cuando el Ayuntamiento de nuestra ciudad caviló el nombre definitivo que había que ponerle a las costas de la provincia. Aquel apresuramiento obedecía a un comunicado de la Dirección Provincial de Promoción del Turismo y a otro, en el mismo sentido, procedente del Gobierno Civil.

Cierto que, de algunos años atrás, se le venía denominando Costa Blanca, pero se trataba de una tradición relativamente reciente, y fruto de aquel fenómeno de masas en que se estaba transformando el turismo. En consecuencia, había que debatir y estudiar la denominación que resultara más adecuada, al objeto de tramitar el oportuno expediente, para su inscripción en el Registro de denominaciones Geo-Turísticas. En el comunicado de la citada Dirección General se solicitaba la conveniencia de que el litoral de la provincia de Alicante se llamase Costa Blanca.

En sesión ordinaria, el treinta y uno de agosto de 1964, la corporación estaba titubeante. Las cosas empezaron a aclararse cuando se echó mano de un pasado más o menos etéreo. De modo que se remontaron a los orígenes mismos de nuestra ciudad y dedujeron que las palabras blanca o blanco siempre habían estado asociadas al nombre de Alicante -o a los nombres presuntos de Alicante-. «También es rigurosamente exacto que los griegos, antes de Jesucristo, llamaron Leukon Teijos a lo que luego sería Alicante; los cartagineses la llamaron Acra Leuka; y los romanos la denominaron Castrum Album (...)». Y con tales erudiciones concluyeron las deliberaciones, dándole así el visto bueno a la denominación de Costa Blanca.

Sin embargo, en «Los orígenes de la ciudad de Alicante» (1984), su autor, el catedrático de Arqueología de nuestra Universidad, manifiesta que la hipótesis no tiene base argumental firme, y aunque existe alguna posibilidad de que Akra Leuka sea Alicante, sí afirma que «en lo único que podría fundamentarse es en el aspecto blanquecino de la línea de costa(…)». Abad Casal escribe: «Si Akra Leuke se escapa de Alicante, con ella desaparecen Castrum Album y Loguntica, y, por supuesto, Leukon Teijos, que no se encuentra en ninguna fuente. Quedamos huérfanos de antepasados con nombres ilustres y nos vemos reducidos a contar como tales unos humildes íberos (…)».

A nuestros ediles de entonces se le pulverizaron los argumentos. Y es que las ciencias avanzan que es una barbaridad.

La dignidad no se pierde, cuando la hay, tras las rejas. Ni la dignidad ni el ánimo, ni la esperanza. A los presos republicanos encerrados a consecuencia de los sucesos, recogidos en una de nuestras anteriores crónicas, de diciembre de 1930 lo dejaron más que patente, cuando se les permitieron las visitas, con motivo del aniversario de la primera República (1873) el once de febrero de 1931, con la dictablanda de Berenguer, ya al borde del naufragio: una semana después, sería relevado en la presidencia del Gobierno, por el almirante Juan Bautista Aznar.

Los presos en nuestra cárcel provincial eran numerosos. Cuando a sus compañeros se les permitió el acceso a los locutorios se mostraron gratamente sorprendidos de la entereza de aquellos hombres. «Estos beneméritos de nuestra civilidad han dado a la estancia carcelaria el raro optimismo de una mansión agradable. Todo allí es amable; lo hacen amable los republicanos recluidos». «El Luchador», por su parte, escribía: «Los visitantes republicanos, radicales, socialistas, rivalizan en atenciones. La cara venerable de don Baldomero López Arias, cuyo único dolor consiste en el olvido que lo tiene la Asociación de la Prensa de la que es miembro fundador (...) El rostro sereno de don Julio López Orozco sólo nos habla para estimularnos en nuestros deberes cívicos (...) Pepe Morales y González Ramos, los obreros cultos y entusiastas de toda idea generosa y libre, nos cuentan de esperanza e ilusión (...) Esplá, Alted, Alenda, García, tantos hermanos en ideales, se apretujan en el recinto del locutorio y tienen para nosotros unas frases de agradecimiento, unas palabras animosas (...) Abandonamos la cárcel, el hoy palacio de la dignidad ciudadana y tarda mucho en desaparecer el eco de aquellas voces (...)».

En Madrid, el periódico «El Sol» refería cómo detuvieron en nuestra ciudad a Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza, a la llegada del tren correo procedente de la capital. Estuvieron en la cárcel de Alicante, hasta que los trasladaron a la de Madrid. Cuenta el citado diario cómo los llevaron esposados y a pie hasta la estación y viajaron como «los delincuentes más vulgares». Pero, por fortuna, todo tocaba a su fin. Poco a poco, saldrían de sus celdas, hasta los últimos, los de Aspe. La monarquía se iba a pique, sin remedio. Las elecciones del doce de abril de aquel mismo año, le darían la puntilla.

Durante el trienio liberal (1820-1823), que se inició con el pronunciamiento de Riego, el pueblo alicantino proclamó la Constitución de 1812, alentó al nuevo comandante militar de la plaza, don Pablo Miranda, a cesar al Ayuntamiento absolutista y a poner al frente de la administración y poder municipal a cuantos habían sido elegidos en 1814. Hemos tratado, en diversas ocasiones, aspectos sociales, económicos y políticos, de este breve e interesante periodo histórico.

Periodo que concluiría, cuando las potencias de la Santa Alianza amenazaron con invadir España, si no se le reintegraban a Fernando VII (el «Deseado» y más tarde el rey Felón) sus poderes absolutos, y se abolían los derechos y libertades contemplados en la Constitución liberal surgida de las Cortes de Cádiz, en el año ya señalado. En abril de 1823, el rey francés Luis XVIII envió a nuestro país su ejército los llamados cien mil hijos de san Luis. En un principio, Fernando VII que se había trasladado a Sevilla, con el gobierno y las Cortes, firmó un decreto, en el Alcázar de la capital andaluza, el veintitrés de dicho mes, por el que se declaraba formalmente la guerra a Francia.

Poco después, el jefe superior político de Alicante, don Carlos de la Cruz Pujalte, en base a tal declaración, exhortó al pueblo a defender los principios constitucionales y la defensa del territorio nacional, contra «los treinta mil franceses que han hecho causa común con los traidores y despreciados hijos de la madre patria, y se dirigen a Madrid, para usurpar el trono, robarnos nuestra adorada libertad, saquear nuestras casas, tallar nuestros campos, violar nuestras esposas e hijas, objeto de placer de una brutal soldadesca, verter la sangre de los más esclarecidos patriotas, en afrentosos patíbulos (...) De hombres, tornaremos a la humilde condición de esclavos (...) Alicantinos, a las armas, pues, hacer temblar a esos desgraciados satélites del despotismo y ese emblema de constitución o muerte, que orle vuestras cabezas (...)». Se trata, en fin, de una extensa y vibrante proclama, imposible de reproducir en su integridad.

Desde agosto de 1823, defendió Alicante don Joaquín de Pablo Chapalangarra, comandante militar de la provincia. La resistencia fue ciertamente heroica, pero la superioridad del enemigo se impuso. El seis de noviembre, Chapalangarra firmó el acta de capitulación, en Elche.

El absolutismo había ganado y con él llegó una feroz represión. Empezaba la llamada «década ominosa».

Hoy es una calle céntrica y sobradamente conocida que se rotuló con el nombre de un eminente médico interesado por la lepra en la Marina: Evaristo Manero Mollá. El cronista Gonzalo Vidal Tur nos ofrece del mismo unos sustanciosos apuntes biográficos en su conocida obra «Alicante, sus calles antiguas y modernas».

De esta vía urbana, Francisco Montero Pérez escribe que se entraba por la plaza de la Constitución (hoy, plaza o portal de Elche) y se salía por la plaza de Isabel II (antes de las Barcas, y posteriormente de Gabriel Miró, y de forma popular también de Correos). Es, sin duda, una calle histórica y llena de evocaciones. Mediado el siglo XVII, se construyó en ella un mesón, entonces a extramuros de la ciudad, y frente al cual había una balseta que servía de lavadero público. Aquel mesón de la Balseta daría nombre a la calle donde se encontraba instalado. El mesón, hasta los albores del siglo XIX, se extendía junto a la costa, hasta la puerta de Elche y llegaba hasta la citada plaza de las Barcas.

A mediados del pasado siglo, se cambió por el de Calatrava el nombre de la calle que se conocía como del mesón de la Balseta. Calatrava fue un destacado político y un jurisconsulto de prestigio. La ciudad estaba cambiando y las murallas, en trance de demolición o ya demolidas en parte.

En el número dos de la misma, nació y vivió uno de los alicantinos más ilustres y ya tantas veces citado en las crónicas y del que aquí nos hemos ocupado en numerosas ocasiones: Manuel Carreras y Amérigo, jefe de la militancia nacional y protagonista civil del pronunciamiento liberal de 1844, junto con el coronel Pantaleón Boné.

Alcalde de Alicante, Manuel Carreras sufrió destierro en Filipinas, de donde regresó en virtud de un indulto real.

En aquella misma casa, vino al mundo otro notable alicantino, el fabulista y dramaturgo Antonio Campos y Carreras, que el erudito Manuel Rico García referencia en su «Ensayo biográfico bibliográfico de escritores de Alicante y su provincia», y autor, entre otras obras, de «Fábulas», prologadas por Ramón de Campoamor, en 1864. En la calle Manero Mollá, vivió y murió, el trece de mayo de 1878, Francisco Foner Alcaraz, primer decano del Colegio de Abogados de Alicante.

Sin duda, toda una generosa página de nuestra historia local.

Que sepamos, fue aquélla la única ocasión en que el anterior jefe de Estado, general Franco, visitó oficialmente nuestra ciudad. El acontecimiento tuvo lugar diez años y dos meses después de terminada la guerra civil. Y fue, en verdad, una visita breve, pero sujeta a un apretado programa de actos.

A eso de las seis de la tarde del treinta de mayo de 1949, Francisco Franco accedió, en medio de una multitud y con grandes medidas de seguridad, al nuevo edificio del Gobierno Civil que inauguró, con tal motivo, edificio que se encontraba y se encuentra en la plaza entonces denominada del Caudillo y ahora de la Montañeta. Por supuesto, le acompañaban nuestras primeras autoridades: Jesús Aramburu Olerán, gobernador civil; Alberto Lagarde, gobernador militar; el obispo de la Diócesis, García Goldáraz; el alcalde de Alicante, Francisco Alberola Such; y otras varias jerarquías de la vida civil, eclesiástica y castrense.

En su alocución, el jefe del Estado dijo: «Tenía ardientes deseos de venir a Alicante, porque sabía cuánto era vuestro entusiasmo, porque en aquellos tiempos primeros de la cruzada estabais presentes en nuestro afán (...)». Más tarde, el general Franco, con su séquito y autoridades locales y provinciales, se desplazó al monasterio de la Santa Faz, donde se celebró un solemne tedeum. Y de allí, se dirigió a la Casa Prisión «José Antonio», donde depositó un ramo de flores, en el lugar en el que fue fusilado el fundador de la Falange.

El Club de Regatas le ofreció una cena, en el transcurso de la cual, el presidente de la entidad social y deportiva, Joaquín de Quero, le hizo entrega de una insignia de dicho club, en agradecimiento del mismo y en recuerdo de su visita a la ciudad. Francisco Franco, cuando llegó a nuestra provincia, fue recibido por el alcalde de Villena, Alberto Pardo Caturla, y por varios más de aquel partido judicial. Finalmente, se embarcó en el crucero «Menéndez Núñez», surto en nuestro puerto, desde donde presenció el disparo de una palmera y de un castillo de fuegos artificiales, antes de dar por concluida aquella primera y única visita oficial a Alicante. En otras varias ocasiones, el anterior jefe de Estado estuvo en nuestra ciudad, generalmente de paso y con carácter privado.

De cabeza andaba Alfonso de Rojas y Pascual de Bonanza, lleno de sofocos y tribulaciones, con la trifulca que le habían montado parte del pueblo alicantino a Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros, cuando desembarcó en nuestro puerto, en la tarde del veinticuatro de abril de 1904. El todavía alcalde conservador estaba como pasmado ante el escandaloso suceso, para el que exigía reparaciones. Definió aquel día como infausto, para la sociedad de nuestra capital. Finalmente, consiguió que la corporación que presidía aprobara unánimemente una condena por tan improcedente comportamiento, y se elevara a quien correspondiera.

«Nuestra hermosa ciudad -alegaba don Alfonso, en medio del empacho- ha sido visitada por casi todos los hombres públicos que han regido los destinos de la patria, desde mediados de la anterior centuria, habiendo merecido, cualesquiera que fueran las opiniones políticas que informaran sus actos de gobierno, cuando no manifestaciones de entusiasmo, sí respetuosa cortesía». Y repasaba la lista de los notables huéspedes: Cánovas del Castillo, alma de la Restauración borbónica; Sagasta, insigne jefe del partido liberal; el capitán general Blanco, jefe de Cuba, ya en vísperas de nuestro desastre colonial; Salmerón, ex presidente de la República Española y líder del Partido republicano histórico; Vallés y Ribot y Palma, figuras prestigiosas del republicanismo; Canalejas, gran orador de la democracia. Y todos -decía- absolutamente todos, obtuvieron franca y generosa hospitalidad.

Una vez transcurrido tan «infausto día», el alcalde Alfonso de Rojas preparó una moción que presentó en sesión municipal, el veintisiete de aquel mismo mes. En tal moción menudean párrafos como el que citamos: «Una turba ilusa, sin perseguir ninguna finalidad política, arrastraron por el suelo el pabellón de nuestra legendaria hidalguía, a tanta altura elevado». Por supuesto, tuvo duras frases contra las multitudes inconscientes, a las que se las podía manejar, con mezquindades y pequeñas de ánimo, y levantarlas contra un hombre que era gloria de la tribuna española y que, al margen de sus ideales políticos, representaba al gobierno del país. Alfonso de Rojas estaba empeñado en que Alicante lavara la mancha que empañaba, en aquellos momentos la imagen de la cortesía alicantina. Antonio Maura no entró con buen pie en la ciudad.

Días atrás, pocos, advertimos cómo nuestro primer alcalde republicano, Eleuterio Maisonnave, dimitió de su cargo de alcalde y junto con él todos los ediles, el ocho de octubre de 1869. El propio Maisonnave nos informa de que, cuando se encontraba en su despacho con varios jefes de la milicia, se personó el jefe de los carabineros y le manifestó la necesidad de disponer, en las dependencias municipales, de un retén de las fuerzas a su mando. Maisonnave salió de la Alcaldía y observó que los carabineros habían ya ocupado el salón de sesiones y las instalaciones del Ayuntamiento. Algo que estimó intolerable y que calificó como un auténtico acto de violencia.

El alcalde popular alertó al resto de sus compañeros de corporación. La única salida posible, para mantener la dignidad y los principios democráticos era renunciar de forma unánime a sus respectivos cargos, alcanzados por sufragio universal masculino. No hubo dudas. Aprobada la dimisión colectiva, se acordó igualmente elevar a las Cortes una protesta por aquel acto absolutamente improcedente y dirigir al pueblo de Alicante, con objeto de tranquilizarlo en tan conflictiva situación, unas palabras de aliento.

Al tener conocimiento de tal actitud, el gobernador militar no sólo aceptó la dimisión corporativa, sino que comunicó a Eleuterio Maisonnave el nuevo Ayuntamiento designado por su autoridad, y que había de sustituir al de su presidencia de inmediato. Aquel mismo día, en sesión inaugural, los ediles monárquicos se posesionaban de sus respectivos cargos, bajo la presidencia del nuevo alcalde Miguel Colomer.

Sucedió que los republicanos más radicales se habían alzado en distintas ciudades y regiones de España y el Gobierno, temeroso de que triunfaran las ideas de la democracia federalista, suspendió las garantías constitucionales. Precisamente, Eleuterio Maisonnave que era un republicano moderado había sido designado, junto con el también abogado José Poveda, a últimos de 1868, para ver si era denunciable un artículo publicado en el periódico «La Revolución», firmado por Froilán Carvajal y Rueda, en el que, según el parecer de algunos concejales, se inferían ofensas a la municipalidad.

Como ya hemos constatado, en estas crónicas, Froilán Carvajal sí que era uno de los líderes de la insurrección federal en nuestra provincia, y fue fusilado en Ibi, en aquel aciago mes de octubre de 1869. Pocos meses después, en un escenario más sosegado, Eleuterio Maisonnave volvería a ser elegido alcalde de Alicante, en enero de 1870.

Cierto que llegó a nuestra ciudad serenamente y que el cambio de sistema se produjo sin apenas crispación alguna. Estaba al frente del Ayuntamiento popular el primer teniente de alcalde Francisco Heredia, que lo presidía accidentalmente. El doce de febrero de 1873, en sesión extraordinaria, se leyó un telegrama del siguiente tenor: «El Senado y el Congreso constituidos en asamblea soberana, después de admitir la renuncia de don Amadeo de Saboya, han proclamado la República» (Amadeo I que ocupó el trono español en 1870 renunció al mismo el 11 de aquel febrero).

El cabildo, después de conocer la noticia, mostró su satisfacción y de inmediato acordó dirigir, tanto al gobernador civil de la provincia como al presidente de la Academia Nacional, el siguiente comunicado: «El Ayuntamiento popular de Alicante reunido en sesión extraordinaria ha acordado dar un voto de adhesión a la asamblea y felicitarle por la proclamación de la República en España».

Después, se presentó una proposición por la que se pretendía suprimir los impuestos de consumos por considerarlos incompatibles con los principios republicanos. Pero a las ocho y media, se suspendió la sesión para reanudarla a las nueve, con la lectura de la alocución que el consistorio iba a dirigirle a la ciudadanía. El texto de dicha alocución es muy breve: «La asamblea nacional ha proclamado la República. Hagámonos dignos de ella. ¿Queréis que sea estable? De vosotros depende. Para conseguir este fin, el Ayuntamiento os recomienda el mayor orden y sensatez. Cumplir todos con vuestros deberes acatando las disposiciones del Gobierno Superior y la República será eterna en España. Desoíd toda sugestión que tienda a alterar el orden, pues la reacción está al acecho. Y la libertad, cuando se pierde, tarde se recobra. ¡Ciudadanos, viva la República!».

Poco más tarde, se recibió un nuevo telegrama de Cristino Martos, recién nombrado presidente de la Asamblea Nacional. El republicanismo moderado que predominaba en Alicante resolvió la nueva situación, con unos retoques en el Ayuntamiento y en la Diputación, dimisiones y relevos en sus respectivas corporaciones, y garantizando a las clases dominantes de la ciudad, a la burguesía mercantil, posturas conservadoras en el gobierno municipal. Meses después, se produciría un considerable desequilibrio de fuerzas, especialmente con el enfrentamiento de republicanos federales y moderados. Hasta que la República entró en crisis, con los movimientos insurreccionales del proletariado alcoyano y el ataque de las fragatas cantonalistas a Alicante. El dos de enero de 1874, el general Pavía -como bien sabe- asaltó el Congreso y con la ayuda de Serrano liquidaron la República y prepararon la restauración borbónica.

Es un trago. Un mal trago, para muchos, según las reacciones y los sondeos de opinión. El anuncio de la recuperación de un instrumento democrático, como es el jurado popular, no ha producido entusiasmo. Y, sin embargo, a partir de enero se pondrá, en marcha, tras algunos ensayos previos. Obliga mucho y la responsabilidad de sus probables miembros origina no pocas inquietudes, absolutamente legítimas. Pero el jurado popular es ya un invento con casi dos siglos a sus espaldas. Claro está que ha habido épocas en que ha permanecido en suspenso.

Según los datos que obran en nuestro poder, esta institución aparece en el artículo ciento cinco de la Carta de Bayona de 1808. Y, desde luego, en la liberal y celebrada Constitución de Cádiz, de 1812, artículo trescientos siete. En 1822, se estableció en España el juicio por jurados para los delitos por abuso de la libertad de imprenta. Tras la revolución de septiembre de 1868, el referido jurado podía intervenir en cualquier clase de desafueros.

Igualmente, se consagraría el jurado popular en la Constitución de 1869, que inició su participación desde finales de 1872, hacia el tres de enero de 1975. En aquella fecha, a propuesta del ministro de Gracia y Justicia, Francisco Cárdenas, el Ministerio-Regencia que presidía Antonio Cánovas del Castillo, decretó su disolución. Sin embargo, y en virtud de las gestiones del jurista Manuel Alonso Martínez, trece años después, la ley de veinte de abril de 1888, lo reinstauró nuevamente.

En nuestra ciudad, como sucedió en el resto del país, estuvo vigente poco tiempo. Los juicios se llevaban a cabo en el Ayuntamiento. Registramos, como nota extrema, que en uno de aquellos juicios celebrados en los salones consistoriales, se condenó a la última pena a un reo procedente de Elche. La sentencia se cumplió, de acuerdo con las noticias que nos proporcionan la Prensa de aquel entonces, en los descampados que hoy forman el Parque de Canalejas. La ejecución tuvo lugar en el año 1874. Pero también es cierto que el jurado popular, el seis de mayo de 1889, los ciudadanos que integraban el jurado pronunciaron un veredicto de libre absolución, en el juicio que se seguía contra una persona de homicidio y para la cual el fiscal solicitaba una sentencia de catorce años.

De acuerdo con las cuentas de un minucioso periodista, hasta el momento en que Primo de Rivera los suspendió, una vez más, el jurado participó en nuestra audiencia provincial, en mil setecientos cuarenta ocasiones. Sería restablecido en la República y disuelto en la época del general Franco. Ahora, vuelve de nuevo a ocupar un puesto en la administración de Justicia y a preocupar razonablemente, responsablemente, a cuantos ciudadanos tengan que formar parte de los mismos.

A aquel amplio espacio arbolado de eucaliptos, pinos y acacias, le dio su nombre Carlos Navarro Rodrigo, en 1886, cuando el ilustre alicantino ocupaba la cartera de Fomento. Era de origen humilde y nació el veinticuatro de septiembre de 1833, pero tenía un amplio futuro por delante.

De muy joven, mostró su aptitud para el ejercicio de las letras y del periodismo. Después de cursar el bachillerato y cuando se encontraba en el cuarto año de Filosofía, las necesidades más perentorias le obligaron a ingresar de redactor en el periódico «La Unión Liberal», que se publicó durante los años 1855 y 1856. Por entonces, publicó un libro de poemas titulados «Ensayos poéticos». Pero Navarro Rodrigo era un joven inquieto y ambicioso, y esas condiciones lo llevaron a Madrid, donde escribió en diversas publicaciones periódicas: «El Debate», «El Criterio», «La Época» y «La Política», entre otras. Sus méritos y su capacidad, lo instalaron en la secretaría particular del entonces ministro de la Gobernación Antonio de los Ríos y Rosas.

En 1859, y a raíz de su amistad con el general O'Donell, fue nombrado cronista del Ejército durante la guerra de África, en donde también dirigió la imprenta de campaña. Todo ello le valdría la encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica. A lo largo de los cinco años que el partido Unión Liberal estuvo al frente del Gobierno, Navarro Rodrigo fue diputado por Almería y posteriormente gobernador civil de Baleares.

Participó activamente en la revolución de 1868 y formó parte de la Junta Revolucionaria de Madrid. Meses después, sería elegido diputado por Baleares a las Cortes Constituyentes. Incluso, en su azacanada vida, desempeñó el cargo de embajador en Constantinopla, antes de hacerse cargo del Ministerio de Fomento, en 1874, que ocuparía nuevamente en 1886. Fue entonces, cuando Carlos Navarro Rodrigo se dedicó a la reforma de la enseñanza e incorporó al Estado los Institutos Provinciales de Segunda Enseñanza y las Escuelas Normales de Magisterio; creó la caja de derechos pasivos al Magisterio y las Escuelas de Comercio; en nuestra ciudad, una elemental y luego, superior, y una subvención para poner en pie una Escuela de Artes y Oficios. Ciertamente Navarro Rodrigo llevó una actividad casi frenética. Atendió la petición de la sociedad «Los 10 Amigos» que construyó el barrio de Benalúa, para que éste fuera incluido en el casco de la población. Motivo por el cual se rotuló la hermosa plaza con su nombre. Murió el veintiuno de diciembre de 1903 y hasta entonces fue senador vitalicio. ¿Le quedó algo por hacer?

Cuando el ministerio del ramo permutó parte de los bienes de su propiedad, especialmente los terrenos del antiguo cuartel de San Francisco por otros del patrimonio municipal, en particular el grupo escolar situado en la partida de Los Ángeles, justo donde, más tarde, se instalaría el Hospital Militar, «el ramo de la Guerra se reservó en la zona de la Montañeta, hoy, en plena urbanización, una parcela de ochocientos cuatro metros cuadrados, para levantar en ella un edificio militar», según consta en acta de la corporación plenaria, correspondiente al veintiocho de febrero de 1944 que, por entonces, presidía Román Bono Marín.

Ya los antecesores en el cargo de quien ostentaba el gobierno militar trataron, en su momento, de encontrar viviendas adecuadas tanto al decoro como a las posibilidades económicas de los mandos del Ejército destinados en nuestra ciudad. Por último y considerando la insuficiencia del solar que se poseía en la Montañeta, se acudió al Ayuntamiento, con la pretensión de que éste facilitara los terrenos necesarios, para llevar a efecto la edificación de las requeridas casas-habitaciones y que tuvieran «capacidad, comodidades y condiciones higiénicas apetecibles».

Ciertamente, no era aquélla tarea fácil para una ciudad que se encontraba en continuo e ininterrumpido desarrollo. Sin embargo, el alcalde encomendó el estudio al arquitecto municipal, en la confianza de que tal pretensión pudiera ser atendida. El técnico, después de examinar los planos de alineaciones, aprobados para la urbanización de la zona de la Montañeta, sugirió una solución que, en principio, fue aceptada: consistía en ceder un terreno de dos mil doscientos seis y casi medio metros cuadrados, que completaban una manzana, limitada por las calles general Goded, Álvarez Sereix, médico Pascual Pérez y radio-telegrafista Ángel Lozano.

De manera oficiosa, se ofreció tal solución ni al gobernador militar, quien aceptó la mencionada superficie, capaz para construir doce viviendas para jefes y veinte para oficiales. Quedaba al cuidado del servicio militar de construcciones el necesario desmonte, para que aquel solar estuviera a la debida rasante. El acuerdo municipal contemplaba la cesión a título gratuito de dichos terrenos y se estipulaba que las obras de construcción se iniciaran un año después de la firma de la escritura y se concluyeran al tercer de la fecha del instrumento público. El incumplimiento de tales condiciones de los plazos fijados, determinaba que la propiedad revirtiera de nuevo al Ayuntamiento. Se cumplieron.

Dijeron que sí. Y dijeron que sí porque las obras de saneamiento del puerto que se iban a emprender, suponían muy considerables mejoras para la ciudad; sobre todo al subsuelo y edificios de las calles próximas. El proyecto comprendía algo tan indispensable como la instalación del alcantarillado en sectores que carecían de él. Obras, en fin, en cuya ejecución había de intervenir el Ayuntamiento.

Todo ello lo certifica el secretario municipal, el nueve de agosto de 1905, a raíz de un oficio de la Jefatura de Obras Públicas, en el que se comunica al Ayuntamiento tales proyectos, y se consulta el parecer de la corporación. Ya el alcalde, con muy buen acierto, había mantenido una sesión oficiosa con sus concejales, a la vista de la importancia que tenía el asunto, y suscitó una ponencia que presentase, en su momento, lo que se debiera de acordar.

El edil Clemente, como miembro de la misma, consideró el proyecto altamente beneficioso, no sólo para el puerto, sino para la salubridad de las calles próximas al mar y, por extensión, a todo Alicante. No se habló más. La corporación, consciente de su responsabilidad y de las necesidades ciudadanas, acordó asumir todas las obligaciones que para el municipio se derivaban de aquel proyecto.

Es más, se propuso también canalizar toda la parte superior que se dejaban exclusivamente a cargo del Consistorio, y reformar los imbornales para ponerlos en armonía con el alcantarillado tubular. A tal fin, se propuso que, a partir del siguiente año, es decir, de 1906, se consignaran en los presupuestos municipales las cantidades oportunas, para atender dichas obligaciones, de carácter prioritario. La ponencia era concluyente. Y en la misma, se expresaba un voto de gracias para el ingeniero director de las Obras del Puerto, Ramón Montagud, por la relevancia de aquel proyecto de saneamiento portuario, que tantos beneficios entrañaba para la ciudad.

El alcalde, a la sazón Alfonso de Rojas, se refirió al necesario hermanamiento entre la ciudad y su puerto. En definitiva -y todos estaban de acuerdo- éste era «su principal fuente de vida y de riqueza». ¿Y hoy? ¿Estarían también de acuerdo, hoy?

Sucedió durante el mandato municipal de Luis Mauricio Chorro: el asunto de la trata de blancas. No crean que el escabroso tema viene de cuatro días a esta parte. Luis Mauricio Chorro se posesionó de la Alcaldía constitucional el veintiséis de marzo de 1907, y fue Manuel Cortés de Miras el alcalde saliente que le cedió los atributos de la presidencia municipal. Y allí permaneció hasta el once de junio de 1909 que, por indisposición, abandonó el cargo.

En sus dos años al frente de la municipalidad, Mauricio Chorro vivió pendiente de la precariedad de unas arcas que le impedía realizar sus gestiones con cierta holgura. Nada nuevo, en fin. Y fue, a los pocos meses de ostentar la alcaldía, cuando se creó en Madrid el Centro Regional Valenciano que, por si fuera poco, solicitó ayuda a nuestro Ayuntamiento, con objeto de sacar adelante el programa de la citada institución: atender a la asistencia médica, a la instrucción y a las garantías jurídicas, entre otras varias necesidades, a fin de que no pudieran faltarles «a los hijos pobres del Antiguo Reino de Valencia, y buscarles trabajo, auxiliarles o procurarles medios para que regresen a su país natal».

Puesta en antecedentes de la petición, la comisión de hacienda municipal, calificó de «digna, patriótica y altamente caritativa la misión que venía a desempeñar un centro regional de la categoría del de referencia». Dio las gracias por el nombramiento de socio protector que le habían concedido al consistorio alicantino, y acordó que en el siguiente presupuesto que se formara, a pesar del estado de los recursos municipales, consignarían la subvención que se considerara posible al dicho Centro Regional Valenciano.

Y fue precisamente aquella misma comisión, integrada por los ediles Vicente Ripoll, Such Serra y Salvador Llopis, la que alertó de la falta de medios económicos para contribuir al mantenimiento de las dieciocho mujeres asiladas que dependían del Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas. Atenderían la «noble petición», cuando dispusieran de fondos para ello. Alicante tenía entonces en torno a los cincuenta y cinco mil habitantes. Pero el criminal negocio ya funcionaba. ¿Hasta cuándo?

Recientemente, nos referimos al llamado bienio progresista (1854-1856) y sus repercusiones en nuestra ciudad. Ampliamos los datos de aquella insurrección que se inició en Alicante el diecisiete de julio de 1854, según consta en el acta correspondiente a la citada fecha, en el libro de cabildos. Fue, el alcalde constitucional, Domingo Morelló y Segura, quien notificó a la municipalidad los sucesos ocurridos en Barcelona y Valencia, donde se habían pronunciado decididamente el pueblo y el ejército, con sus autoridades y mandos, «en favor de la bandera levantada, en las inmediaciones de Madrid, por los generales O'Donell y Dulce, a consecuencia de lo cual la población impuesta de tan plausibles acontecimientos mostraba los más ardorosos deseos de secundarlos y sostener los principios proclamados por la heroicidad de aquellos generales (…)».

Al tener conocimiento de tales hechos, las gentes de toda clase y condición invadieron las casas consistoriales y solicitaron que nuestra ciudad se adhiriera al alzamiento de otras capitales. El entusiasmo desbordaba y el alcalde con toda la corporación acordó dirigirse a casa del gobernador militar, Camilo Moreno, con objeto de que dispusiera el pronunciamiento de Alicante, y en caso de resistencia, y si así se precisara, costa que no era de esperar, que fuera puesto bajo arresto en justo descargo de sus responsabilidades. Recordamos que Camilo Moreno encabezó el movimiento insurreccional y presidió la Junta Provincial de Gobierno, que se formó casi de inmediato.

Dos días después, la dicha junta instaló un nuevo Ayuntamiento, al frente de cuya Alcaldía estaba Manuel Carreras, protagonista histórico de tantas aventuras y desventuras liberales y progresistas, y con él, como tenientes de alcalde: Francisco Riera y Galbis, Luis Campos y Pedro García Linares, y los correspondientes regidores. Una semana más tarde, se organizó, de nuevo, la Milicia Nacional, pero, de acuerdo con los argumentos de Carreras, no con las divisiones de época pasadas: granaderos, fusileros y cazadores, con objeto de evitar así rivalidades e innecesarios enfrentamientos, sino constituida en una sola unidad: el Batallón de Cazadores de Alicante. La propuesta del alcalde fue acordada por unanimidad, y se dispuso la elección de jefes y oficiales, y la de sargentos y cabos, por los anteriores. En aquella misma sesión del cabildo municipal, se manifestó el júbilo por la entrada en Madrid «del invicto duque de la Victoria (general Baldomero Espartero) y de los generales O'Donell y Dulce». El once de agosto, el Ayuntamiento recibió ochocientos fusiles, para armar el Batallón de Cazadores de Alicante. El recibo librado a las autoridades competentes lleva la firma del alcalde y del secretario.

«En algunos planos, se observa una manzana de forma cuadrangular coincidente con la que actualmente ocupa el Hotel Palas», ya en el siglo XVIII. De acuerdo con la Guía de Arquitectura de nuestra ciudad, de Santiago Varela, el primer propietario fue el conde de Soto Ameno. En verdad que no abunda las referencias escritas sobre este edificio, situado en las inmediaciones del viejo mercado.

El viejo mercado se levantó hacia 1843 -según los planos de Emilio Jover de dos años antes- y en realidad no fue más que una reconstrucción del que allí mismo se levantó, diseñado por Antonio Jover dos décadas atrás. El viejo mercado comprendía, de acuerdo con las indicaciones del cronista Nicasio Camilo Jover, dos amplias plazas de superficies prácticamente iguales, y allí permaneció -ya lo hemos expuesto en esta crónica habitual- hasta 1912. Si bien es cierto que en 1910 se sentenciaron aquellos edificios malolientes y de aspecto poco agradable. Pero junto al viejo mercado, cerrando la calle de San Fernando, se encontraba una de las fachadas del actual hotel Palas. Otra da a la plaza Puerta del Mar.

De acuerdo con las fuentes consultadas, especialmente la referida Guía, nos dan noticia de este edificio como cuerpo de guardia de la dicha Puerta del Mar. Investigamos los usos que haya podido tener en diferentes momentos, pero tradicionalmente ha sido un establecimiento hotelero con sucesivos nombres: «Hotel Simón, Hotel Iborra, Hotel Roma, Hotel Palace y tras la norma franquista que obligaba a "nacionalizar" los nombres, Hotel Palas» («Memoria Gráfica de Alicante» y varias de nuestras crónicas de «La Gatera»).

Sobre los solares que ocupaban las dos plazas del viejo mercado, se construirían posteriormente notables edificios, como la llamada casa Carbonell. Enrique Carbonell Antolí, empresario alcoyano, adquirió parte de aquellos terrenos y confió al arquitecto Juan Vidal que levantara los planos. Y el seis de mayo de 1921, presentó la solicitud al Ayuntamiento. La casa Carbonell, de acuerdo con los planos, ocupa una superficie de ochocientos ochenta y un metros cuadrados.

Entre tanto, el 12 de febrero de 1911, el rey Alfonso XIII colocó la primera piedra de lo que hoy es el mercado central de abastos. Lo acompañaba, en aquella ocasión, el presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas y Méndez. Ya lo contamos («La Gatera», 16 de abril de 1993).