Visor de obras.

Fue una inauguración de postín. Durante dos días, viernes y sábado, Ernesto Halffter, al frente de la Orquesta Bética de Cámara, dio otros tantos conciertos. El público escuchó a Mozart, a Wagner, a Falla. Escuchó a Óscar Esplá. Con aquel motivo, se estrenó «Don Quijote velando las armas», de nuestro entrañable compositor.

Al tercer día, llegó la esperada sesión cinematográfica, con una programación doble: «La dama de Monsereau», una película basada en la novela de Alejandro Dumas, y «El gato montés». Todos mostraron su satisfacción por aquel estreno singular. Especialmente, don Manuel Navarro, director de la empresa Selva, responsable, en fin, del acontecimiento. Era el diecinueve de diciembre de 1924, y Alicante disponía ya de un lugar de prestigio y espléndidamente acondicionado para la exhibición de películas.

Días antes del acto inaugural, en el «Diario de Alicante», Ricardo Pastor escribió que nuestra ciudad tenía dos teatros, el Principal y el de Verano, y salas de cine como el Central, «pero que faltaba un local de magníficas proporciones, de grandiosidad pocas veces superada, como el que se iba a inaugurar». Se iba a inaugurar el Monumental Salón Moderno: un edificio singular diseñado por el arquitecto don Juan Vidal. Un edificio, en cuyo solar, se levantaba antes el Salón Moderno, a secas, que se describía, como «un gran almacén de gran capacidad, frío, sucio, de fementidos bancos y lamentables sillas».

Sin embargo, el nuevo lugar era todo un lujo. El patio de butacas tenía capacidad para mil espectadores, cómodamente sentados, y en la misma planta baja había un café y aseos debidamente instalados. En el primer piso, otras seiscientas butacas, treinta palcos y un «foyer», así como espacios sanitarios. Por último, una tercera planta donde se encontraba la delantera de paraíso y las gradas generales, para otros mil espectadores. El edificio estaba provisto de numerosas puertas y escaleras con ánimo de permitir una salida rápida en caso de emergencia. El Monumental Salón Moderno presentaba una sólida estructura de hierro y piedra. Se había trabajado a conciencia para ofrecer las mayores garantías de seguridad.

Esta breve crónica de uno de nuestros más emblemáticos cinematográficos es también un homenaje a esos cien años de cine que aún se conmemoran.

Por supuesto, eran otros tiempos. Pero el alcalde lo tenía meridianamente previsto. En tan sólo seis meses de mandato, el alcalde estaba dispuesto a convertir la Policía urbana en algo parecido a una guardia pretoriana. El alcalde era el general Julio Suárez-Llanos.

El doce de diciembre de 1924, el presidente de la corporación, Miguel Salvador Arcángel, informó del oficio que había recibido y por el cual se cesaba a los concejales y se nombraba a otros nuevos. No hubo demora. Aquella misma tarde, a las siete, el todopoderoso gobernador civil y comandante militar de la plaza, general Bermúdez de Castro, asistió al relevo y dio posesión de sus cargos a los ediles recién designados. Antes de retirarse del salón de sesiones, cedió la presidencia al concejal de más edad: su compañero de armas Suárez-Llanos, quien no mucho después, sería elegido alcalde por veinticuatro votos y una papeleta en blanco. Los motivos aparentes, al menos, de aquel cambio fulminante, ya los expusimos, en una de nuestras crónicas.

Pues bien, en la indicada fecha de julio siguiente, Julio Suárez-Llanos, investido de toda su autoridad, propuso que los guardias municipales deberían mantener una organización militar, incluso puntualizó en su moción, que fuese lo más parecido posible a la del propio ejército. La propuesta se fundamentaba en que tan sólo así, la Policía Urbana sería operativa y podría cumplir los numerosos e importantes fines a los que estaba destinada.

La plantilla del Cuerpo constaba de sesenta agentes, cifra escasa a todas luces, y que consecuentemente había que aumentar. Además era inaceptable que hubiera un solo jefe. Por lo tanto, manifestó en su moción que se nombrara un primer jefe, capitán o mando superior del Ejército, con una gratificación de tres mil pesetas anuales, y un segundo jefe, dotado con unos haberes de dos mil. Al edil Alós que aquellas cantidades le parecían insuficientes, dijo que debían de aumentarse en mil pesetas cada una de ellas, de modo que el primero de los mandos pudiera equipararse a un jefe de sección, y el segundo, a un jefe de negociado. Pero el alcalde se negó en redondo, y la moción naturalmente prosperó. Por lo visto los militares no podían alcanzar la paga de los funcionarios civiles. Qué espíritu de sacrificio, por orden de la superioridad.

Sin duda, lo habían sido muchos otros tras la muerte de Cristo. Pero había que fijar, con solemnidad y referentes apropiados a la cruzada del invicto Caudillo, las coordenadas históricas de quien ascendía la cargo de alcalde, en aquella ocasión: era el dieciocho de febrero de 1942 de la Era Cristiana y cuarto de la gloriosa liberación de España por el generalísimo de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire. Imagínense: una ceremonia casi cesárea, imperial, fastuosa. Hasta aquel día, se las bandeó, como buenamente pudo, al frente del Ayuntamiento, su tercer teniente de alcalde, Javier López Benito. Pero había que poner fin a aquella provisionalidad. Y el gobernador civil y jefe de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, acompañado de todas las jerarquías, cerró un capítulo no demasiado esclarecido de la crónica municipal.

Se despachó el asunto con unas fases que no despajaban las incógnitas: «Ha sido necesario proceder a una sustitución de personas en los cargos del Ayuntamiento». Y el gobernador, Luis González Vicén, agregó, y ya lo hemos escrito, «que no eran aquellos momentos oportunos para hacer historia de las razones que han motivado la sustitución». Seguidamente, la primera autoridad provincial, dio posesión de la alcaldía a Román Bono Marín.

Román Bono Marín tenía las manos libres «para escoger a sus colaboradores y determinar quiénes eran los gestores (concejales) que debían constituir la corporación, sin que ninguna de los que cesaban debían ver en ello desdoro alguno». Más fácil no se le podían poner las cosas.

Alcalde ya e hijo de alcalde, el camarada Bono Marín recibió los elogios del gobernador: firmísimos y patrióticos ideales, patentizados durante toda su vida y muy en especial en la cruzada de liberación y al término de la misma, sus dotes de talento, de juventud y caballerosidad como cumplían a su ilustre prosapia, y algunas prendas más. En treinta minutos se consumó la ceremonia. Una ceremonia donde el estilo y la retórica de la época tuvieron su adecuado marco. Luego, en el pleno también extraordinario del siguiente día tres de marzo, se procedió a la lectura de los ceses, por resolución del gobernador civil.

Desde la democracia municipal de 1979, al frente de la alcaldía también hemos tenido tres alcaldes de la Era Cristiana: Lassaletta, Luna y Díaz Alperi. Circunstancia que, sin embargo, por modestia o por sabida, no consta en las actas correspondientes a su toma de posesión.

Pero no son paganos. Seguro que tienen la fe de bautismo en regla.

Según nuestras noticias, muy en breve, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, del Ministerio de Cultura, publicará un interesante libro homenaje al maestro Óscar Esplá, con el texto de las ponencias que se leyeron en el curso de un primer congreso que sobre la vida y la obra del ilustre compositor, se celebró en nuestra ciudad.

Recordamos aquí, con tal motivo, otros muchos homenajes que Alicante le rindió a su talento y a su decidida vocación musical, que no se tambaleó ni en las aulas de ingeniería ni en las de filosofía, estudios que, muy probablemente lo pertrecharon de rigores matemáticos y de una propedéutica sólida y encendida. Gabriel Miró fue sin duda, quien lo persuadió para que se consagrara decididamente a la música, como así lo reconoció el propio Esplá, cuando escribió su primera composición orquestal, «El sueño de Eros», basada en un poema mitológico del autor de «El humo dormido».

El veintinueve de enero de 1911, y a raíz del premio internacional que había obtenido en Viena, en limpia competencia con músicos como Vicent d'Indy y Gustav Mahler, en los salones del Ayuntamiento se le agasajó ampliamente, lo mismo que la prensa y toda la ciudad. Con él, estuvieron sus amigos incondicionales Guardiola Ortiz, Eduardo Irles, Figueras Pacheco, Germán Bernácer y, por supuesto, Gabriel Miró.

Pero, tal vez, el testimonio más emotivo y entrañable lo recibió Óscar Esplá, un año antes, de quien le había enseñado los principios elementales de la música: Juan Latorre. En una carta retórica y enfática, Latorre escribió: «La profecía se ha cumplido, sí. Hace algunos años, no muchos, tu amantísimo padre, mi queridísimo amigo don Trino me dijo: "¿Quieres encargarte de la educación musical del chico?". Con mil amores, le contesté (...) Y dada tu atención, pude decir: "Trino, el chico es de buena madera, puede hacer mucho. Llegará"». Y llegó.

El once de junio de 1931, ya en plena madurez, el Orfeón Alicante ensayó su obra «Canto rural a la República», sobre textos de Manuel Machado. Esplá la estrenaría días después, en el Principal, con la asistencia de Manuel Azaña, ministro de la Guerra, en aquel entonces. Sin embargo, cuando se presentó a diputado a Cortes constituyentes, por la Agrupación de Servicio de la República, junto con Azorín, Julio Bernácer, Figueras Pacheco y otros, obtuvo menos votos que ninguno de sus amigos. El diez de noviembre de 1965, firmó el acta fundacional del Club de Amigos de la UNESCO y se le eligió, por unanimidad, presidente de honor del mismo.

A finales de mayo de 1915, no se sabía quién iba a ocupar la presidencia del Ayuntamiento. La prensa, haciéndose eco de la opinión pública, especulaba con la posibilidad de que, entre las diversas soluciones que se barajaban, Eugenio Botí se hiciera finalmente con la Alcaldía. Y no andaba, en absoluto, desencaminada.

A los rumores, los sustituyó la noticia de que el gobernador civil de la provincia había llamado a su despacho al primer teniente de alcalde de Botí Carbonell. Los motivos de aquella reunión obedecían, sin duda, a un intento de resolver la situación. En efecto, el citado edil había recibido de la primera autoridad el ofrecimiento de hacerse cargo de la presidencia de la corporación municipal.

Sin embargo, Eugenio Botí se mostró cauteloso y aplazó la respuesta. Antes de aceptar, tenía que llevar a cabo algunas gestiones y medir bien sus fuerzas. Primero, mantuvo conversaciones con sus amigos de la minoría conservadora, quienes no le regatearon apoyo alguno. Seguidamente, escribió a su jefe político, señor Canals. Quería atarlo todo convenientemente.

Entre tanto, regresó de Madrid, con la solicitada dimisión en el bolsillo, el señor Campos, alcalde de la ciudad, hasta entonces. Aquel mismo día, el señor Botí Carbonell mantuvo una sustanciosa entrevista con don Alfonso de Rojas, que ostentaba la jefatura de los liberales alicantinos. No se anduvo por las ramas el candidato a la alcaldía y le preguntó a bocajarro si la mayoría que representaba se iba a oponer a su nombramiento o, por el contrario, si estaba en disposición de favorecer su acceso al cargo. Alfonso de Rojas le respondió «que continuarían ofreciéndole la nota de gobernabilidad de costumbre y que, en consecuencia, podía contar con la armonía que mediaba entre los partidos dinásticos alicantinos».

No se lo pensó más. Eugenio Botí comunicó al gobernador Fernández Ramos que aceptaba la oferta. El dos de junio se recibió un telegrama del señor Canals anunciando el envío, por parte del Ministerio de la Gobernación, de la real orden, por la que se le nombraba alcalde de Alicante. El día cuatro, se efectuó el relevo. Campos cesaba, por dimisión, al frente del Ayuntamiento, y Eugenio Botí ocupaba el sillón presidencial. En aquel acto, Alfonso de Rojas, en nombre de los liberales, hizo pública la promesa de prestar su decidido concurso al nuevo alcalde, pero cuando redundase en beneficio de la ciudad. Prosperaron las negociaciones, finalmente.

Mucho antes de instalarse confortablemente nuestros diputados en el actual palacio provincial de la avenida de la Estación, anduvieron durante casi un siglo nomadeando de uno a otro lugar. Ya dimos cuenta del itinerario de esta corporación, desde que se instituyó por real decreto del treinta de noviembre de 1833, fecha en que nuestra ciudad asumió teóricamente la capitalidad de la provincia del mismo nombre y de segundo orden, hasta que el presidente de la Segunda República Española, Alcalá Zamora, inauguró de forma oficial el espléndido edificio original del arquitecto Juan Vidal Ramos.

De nuevo, y a petición de algunos de nuestros lectores interesados en el tema, repetimos el dicho itinerario, con la advertencia de que si alguien observa alguna omisión del lugar, en nuestra relación, nos lo indique, para rectificar debidamente y así disponer de todos los datos precisos. La crónica de nuestra ciudad, en todos y cada uno de sus extremos, siempre la hemos entendido como un trabajo colectivo.

Con arreglo a nuestras indagaciones, en diversas y muy variadas fuentes, la Diputación Provincial quedó constituida, en 1836, en el salón de actos del Consulado del Mar, frente al Ayuntamiento, bajo la presidencia de don Ramón Novoa, subdelegado de fomento, el dieciocho de enero del citado año. Y tuvo sus dependencias en la actual Rambla o Paseo de Méndez Núñez que antes se llamó, como ya saben, de Quiroga y de la Reina. El viejo Vall que a partir de 1921, precisamente cuando Alicante por primera vez fue, aunque por breve tiempo, declarada capital, comenzó a urbanizarse, albergó las oficinas de la corporación provincial, en una casa «lindante con el convento de las Capuchinas».

Luego, iría a parar a la calle Jorge Juan, en el palacio de los marqueses de Beniel, edificio que también era sede del gobierno civil. En 1856 cuando éste se trasladó a la calle de Gravina, esquina a la del cronista Bendicho, la joven Diputación se instaló también en aquel inmueble, ocupando el primero de sus pisos. En 1870, volvió al palacio de los marqueses de Beniel, donde permaneció durante quince años. Más tarde, iría a parar a la calle López Torregrosa, al lado del Teatro Español; otra vez a la Rambla; y de allí a un edificio arreglado para tal fin en la calle de Villegas, propiedad de don Manuel Curt Amérigo. Finalmente pararía, hasta ahora, en la avenida de la Estación. Cumplimos, así, un atento encargo.

Recientemente («La Gatera», 2.4.96), nos referimos al cese de Agatángelo Soler Llorca al frente de la alcaldía, a raíz de haberle admitido la dimisión el ministro de Gobernación. Tal circunstancia se registra en el pleno municipal extraordinario celebrado el treinta de septiembre de 1963. Obviamente, en el acta, no constan los motivos que le impulsaron entonces a tomar aquella decisión.

Casi ocho años más tarde, concretamente el dieciséis de marzo de 1971, Agatángelo Soler dirigió un extenso escrito, con papel timbrado del Consejo Nacional del Movimiento, a Laureano López Rodó quien, a la sazón, ocupaba la cartera de ministro y comisario del Plan de Desarrollo. Dicho escrito, por voluntad del propio ex alcalde, se publicó íntegramente en el diario alicantino «Primera Página», por lo que la cita de algunos de sus párrafos no supone ninguna violación de la intimidad de una correspondencia que su propio autor quiso exponer a la opinión y conocimiento de sus conciudadanos. Fotocopia de la misma, nos la entregó el propio Agatángelo Soler para nuestro particular archivo y con objeto de ratificar uno de sus más explícitos propósitos: «También le aseguro a usted que los españoles, tarde o temprano, lo sabrán».

La referida carta se redactó como respuesta a la que Soler Llorca recibió el veintitrés de febrero del referido año firmada por López Rodó y en la que le adjuntaba otra, de la misma fecha «dirigida por usted a don Antonio Pedrosa, con motivo de ciertas intervenciones orales en el pleno del Consejo Nacional, en las que se aludía, al parecer, al Opus Dei». En uno de sus párrafos y con ánimo de justificar su actitud, dice: «Pero sí puedo afirmar que uno de los motivos de incomodidad política que me llevaron a tomar la decisión de dimitir, es la evidencia de que la política española de los últimos tiempos está influida y presionada, desde la sombra, por una impalpable y fantasmagórica organización, miniminoritaria, que, a mi entender -opino como la treinta y tantas millonésima parte del pueblo español que soy, como ciudadano y a efectos estadísticos- se va adueñando de poder y de los resortes económicos de la nación, con unos resultados que no puedo calificar de muy brillantes». Agatángelo Soler señala que, a su juicio, «la centralización propiciada por miembros de la Obra apostólica a la que usted pertenece» estaba destrozando las haciendas municipales y lo que era ejemplo y orgullo de España ante el mundo: el municipio autónomo». Agatángelo Soler afirma que defendió a los Ayuntamientos. «Era alcalde y tenía esa obligación. Y perdí (…). Yo me tuve que ir. Dimití. Señor López Rodó. Dimití que es lo que tiene que hacer un político cuando su plan fracasa». Sus dos últimas dimisiones, agrega, como alcalde y consejero nacional por nuestra provincia, según creía, eran decisiones tomadas «en relación con las actividades políticas de ustedes, los miembros del Opus Dei».

En aquellos tiempos era una necesidad, para el desarrollo de la navegación y la prosperidad de nuestra economía. Por fin, se firmó la real cédula que autorizaba su creación, el veintiséis de junio de 1785.

Se precisa en el documento que los individuos de la nueva institución sean vecinos hacendados que dispongan de doce mil pesos sencillos en fincas; comerciantes al por mayor; mercaderes que tuvieran igual cantidad de pesos a la ya estipulada, invertida en su tráfico; y dueños de fincas y propietarios de embarcaciones capaces de navegar por los mares de Europa y América, y cuyos caudales ascendieran al menos a seis mil pesos. Gente de posibles, en fin.

Y en tanto se formaba la matrícula o censo de cuantos habían de designarse componentes del mismo, se nombró prior del Consulado al marqués de Castell Rodrigo; cónsules, a los señores don Ignacio Carreras y don Francisco Piqueras; conciliarios de los hacendados, don José Peylarón y el marqués de Algorfa; por la clase de comerciantes, don Juan Saludes y don Francisco Martínez; por los mercaderes, don Luis Bonet y don Vicente Alenda; por los navieros, don Juan Bautista Morales; como representante de los fabricantes, don Juan Fillol. Los cargos de asesor, secretario escribano, contador, tesorero, guarda de almacén y alguaciles, respectivamente, a don Vicente Abarques, don Esteban Pastor, don Tomás Rovira, don Mariano Salazar, don Tomás Reig, y don Francisco Berger y don Cristóbal García.

En un principio, el Consulado del Mar se instaló en una casa de alquiler de la calle de San Nicolás. Pero la importancia y el volumen de sus operaciones y servicios, impulsó la adquisición de un edificio, con fachada a la plaza del Mar, propiedad de don Juan Bautista Escoubet, y por el que se abonaron trece mil doscientas cincuenta libras. Tras la compra se puso en conocimiento de la Real Academia de San Fernando, para que formara los planos del nuevo y lujoso inmueble. Las obras del mismo, dieron comienzo en 1795, bajo la dirección conjunta de don José Ignacio Caturla y don Luis Llon. En un año estuvieron concluidas. Desde entonces el consulado desarrolló una fecunda tarea y potenció los estudios de comercio y náutica, entre otros, como ya hemos expresado en más de una de estas habituales crónicas. Del Consulado del Mar nos queda la memoria y un puñado de viejas fotografías. Tal como éramos y somos.

La temperatura social seguía creciendo y se levantaba un aire revolucionario y tenso. El gobernador civil no pudo soportar aquella situación que se le había escapado de las manos, y anunció su dimisión, con carácter irrevocable. Los violentos sucesos del dieciocho y diecinueve de enero de 1918, se habían saldado con tres muertos y numerosos heridos, a consecuencia de las actuaciones de la guardia civil sobre los manifestantes que se pronunciaron contra la desorbitada subida del precio del pan («La Gatera», 19.7.95).

Las elecciones de dos meses antes -diecisiete de noviembre de 1917- supusieron para los republicanos y antidinásticos un avance y una presencia considerable en el gobierno municipal -Guardiola Ortiz, Lorenzo Carbonell, Pérez Molina, López González-, y propiciaron, por parte de la mayoría liberal en el Ayuntamiento, una actitud de aproximación a las izquierdas. De ahí que, en sesión extraordinaria del día veinte, los miembros de la corporación local acordaran unánimemente renunciar a sus cargos, si el señor Pantoja, al frente del Gobierno de la provincia no cesaba en el suyo.

Veinticuatro horas después, el alcalde, Ricardo P. del Pobil y Chicheri recibió, en su despacho, a una comisión que solicitó una prueba contundente de que el Ayuntamiento estaba junto al pueblo de Alicante, en sus protestas y reivindicaciones.

La prueba se concretó en una nueva manifestación que encabezaba el alcalde y varios concejales, y que recorrió, sin incidente alguno, el mismo itinerario, donde, pocos días antes, habían tenido lugar los trágicos sucesos. Según el diario «El Luchador» asistieron a la mencionada manifestación unas veinte mil personas, es decir, una impresionante cifra en relación con el número de habitantes de nuestra ciudad. Posteriormente, hablaron, desde los balcones de las Casas Consistoriales, el liberal Alberola, y el republicano Botella, quien exhortó a la serenidad con objeto de soslayar la ira de la represión, para evitar un nuevo derramamiento de sangre. El veinticuatro, la corporación en capítulo tomó el acuerdo pleno de que Alicante recibiera las reparaciones necesarias por los daños y ofensas que se le habían ocasionado, con la dureza de la reacción gubernativa. La ciudadanía y sus representantes municipales ganaron aquella baza.

Las elecciones municipales de febrero de 1922, supusieron el descalabro del conservadurismo alicantino, el predominio de los liberales y un muy notable incremento de los republicanos. De los veinte concejales electos, trece eran liberales y siete republicanos. El bipartidismo imperante, hasta entonces, el turno de los dos partidos dinásticos característico de la época de la Restauración, estaba prácticamente agotado. La dictadura de Primo de Rivera, ya a la vuelta de la esquina, le daría el golpe de gracia.

Pero, a pesar de los nulos resultados del Partido Conservador en las referidas elecciones, por real orden, sería nombrado alcalde Pedro Llorca Pérez, edil conservador elegido en los anteriores comicios, para el Ayuntamiento, el ocho de febrero de 1920. El uno de abril de 1922, el alcalde Juan Bueno Sales entregó los atributos de su cargo a Llorca Pérez, merced al mecanismo de las reales órdenes, que había sido descalificado cuatro años atrás. Recordemos cómo en diciembre de 1917, se ventiló aquel procedimiento denostado de acceso a la Alcaldía, cesando a todos los titulares y disponiendo que, desde entonces, las propias corporaciones eligieran, de entre sus componentes, al presidente de las mismas. Sin embargo, la medida reivindicada insistentemente tuvo una vigencia muy breve.

De ahí que, en tal ocasión, de nuevo se protestara la fórmula de designación real de los alcaldes. Lo hizo Ricardo P. del Pobil y Chicheri, por la mayoría liberal; Francisco García Mallol, por los republicanos; y Javaloy Sebastiá, por los reformistas. En aquella fecha de constitución del nuevo Ayuntamiento, se despidió de la corporación Lorenzo Carbonell («La Gatera», 26-7-95), quien recibió el testimonio de sus correligionarios y la expresión del deseo de que, sin dudas, sería investido nuevamente, por sus conciudadanos, en el cargo en el que cesaba. Con todo, el mandato de Pedro Llorca Pérez sería de muy corta duración, toda vez que también cesaría en su puesto al frente del Consistorio, en noviembre de aquel mismo año de 1922. Apenas ocho meses después de recibir la vara de alcalde.

Ahora, apenas si se les ve. Casi sobran los dedos de una mano para contarlos, y se ganan la vida duramente, como de costumbre, y un poco a su aire. Curiosamente, recordamos a uno de ellos, con quien mantuvimos una buena amistad, y que fue declarado «non grato», por un sindicato de la organización vertical, del anterior régimen. Qué cosas. Casi le dieron al buen hombre rango de diplomático incómodo o de presunto agente del KGB. Y todo por exigir sus derechos. Por exigir una vivienda, para evitar que a sus hijos los devoraran las ratas, en la chabola que vivían. Pero así, como suena. Nosotros fuimos testigos y nosotros lo denunciamos públicamente.

A los limpias, les pusieron una chapa de latón con su número correspondiente, por acuerdo de la corporación municipal, en sesión celebrada el doce de enero de 1917; que «todo individuo que deseara dedicarse a tal industria debía llevar sobre el traje y en sitio visible». A partir de entonces, a cada uno de ellos se les destinó un lugar en la vía pública, para el ejercicio de su oficio. Y si se le ocurría hacer alguna faena de compromiso fuera de su demarcación previamente designada, se le retiraba la licencia. Y listo.

Pero había un punto muy conflictivo en aquel breve reglamento. El quinto, que decía textualmente: «En las aceras de los cafés o centros de recreo, se situarán los que a juicio del dueño o presidente de la junta directiva, respectivamente, se consideren necesarios, a cuyo fin se invitará a éstos para que designen el número de limpiabotas, así como el nombre de los que prefieran, si lo estiman conveniente, y en caso de que no designen ninguno, se designarán por el alcalde». Por supuesto, hubo sus más y sus menos. Porque aquello era fomentar las componendas, el favoritismo y la coacción, por parte de los propietarios de establecimientos hoteleros o los presidentes de las sociedades recreativas. El alcalde Ricardo P. del Pobil y Chicheri ordenó a la comisión correspondiente que rectificara aquel embolado. Y el dos de marzo, la corporación municipal lo aprobó, pero así: «En las aceras de los cafés y centros de recreo se situarán únicamente los que a juicio de la alcaldía sean necesarios». El tema quedó más apañado, ciertamente. Pero tal y como andaban las cosas, era la vieja alternativa evangélica: de Herodes a Poncio Pilatos.

El ocho de septiembre de 1970, don José Abad Gosálvez, presidió, por última vez, el pleno de la corporación municipal. Cuatro días más tarde, el once, lo hizo el gobernador civil, don Mariano Nicolás García. Era, como el anterior, un pleno extraordinario y tenía por objeto la toma de posesión de la alcaldía del, hasta entonces, teniente de alcalde, don Ramón Malluguiza Rodríguez de Moya.

Se leyó un oficio comunicando el cese del señor Abad Gosálvez, a petición propia, y seguidamente otro con el nombramiento de Ramón Malluguiza. El nombramiento procedía del ministro de la. Gobernación y la propuesta de Mariano Nicolás. Luego, los dos ediles más jóvenes, don Francisco José Mallol y don José Beviá Pastor, acompañaron al nuevo alcalde al, salón de sesiones, donde cumplió la ceremonia de rigor que ya hemos relatado en este espacio, en otras ocasiones: de rodillas, frente al crucifijo y con la mano derecha sobre los Santos Evangelios, juró con arreglo a la fórmula establecida. De inmediato, recibió el bastón de mando y la insignia del cargo que le entregó el gobernador, una vez las hubo recibido de quien abandonaba la alcaldía.

Los discursos fueron breves. Abad Gosálvez se despidió tras cuatro años al frente del Ayuntamiento. Dejó a juicio de los alicantinos su gestión: había llegado a efecto muchas obras y otras tantas se encontraban en curso. Confesó que durante su mandato se le había calificado de hombre blando y se refirió también al enfrentamiento de algunos concejales, enfrentamiento que no era si no una leyenda, por cuanto los concejales no habían hecho más que esforzarse, para obtener mejores resultados en sus respectivas delegaciones. Después de elogiar las cualidades de honradez de quien le sustituía en tan alto cargo, agradeció al gobernador don Luis Nozal López que lo designara para alcalde y al señor Nicolás García que le hubiera aceptado la dimisión.

Don Ramón Malluguiza tuvo palabras de reconocimiento para su predecesor, quien había mantenido una actitud siempre leal y encaminada al mejor servicio de la ciudad, y también recordó a don Agatángelo Soler Llorca y a don Fernando Flores. Finalmente rogó al gobernador civil que transmitiera su adhesión al jefe del Estado.

Durante su mandato, se aprobó una moción del señor López de Haro para la cesión gratuita al Ayuntamiento del monte Benacantil y se transmitieron, al consistorio las concesiones de los balnearios «La Alianza» y «La Alhambra».

El veinte de septiembre de 1973, el farmacéutico Ramón Malluguiza entregó la alcaldía al fiscal Francisco García Romeu. El gobernador Benito Sáez González-Elipe enumeró sus realizaciones y lo calificó de caballero. Como ahora han hecho muchos de sus concejales y amigos.

Cedamos, por una vez, la crónica al corazón y a las domésticas intrigas de Palacio. El veintiuno de junio de 1851, la reina, por real decreto, nombró «gobernador en comisión de la provincia de Alicante a don Miguel Tenorio, cesante en la de Cádiz». El nombramiento estaba firmado por la propia soberana y por don Juan Bravo Murillo, presidente del Consejo de Ministros, como se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente al viernes veintisiete de junio de dicho año.

Poco después, el nuevo gobernador pidió informes al Ayuntamiento, que presidía, por aquel tiempo, don Tomás España, acerca del traslado a nuestra ciudad de la silla episcopal de Orihuela, de acuerdo con la real orden de tres de julio de 1851, con objeto de erigirse en catedral «algún templo o iglesia de las existentes en esta ciudad», después de escuchar a otras autoridades. El tema será motivo, por su indudable interés, de una de nuestras diarias crónicas.

Miguel Tenorio de Castilla tan sólo estuvo al frente de nuestro gobierno civil, hasta el diecisiete de marzo de 1852, ya que por otro real decreto, se le envió, con el mismo cargo, a Málaga. Tenorio desapareció de nuestra historia local, para incorporarse subrepticiamente a otra historia más íntima y vinculada a la realeza. Verán, el pasado mes de febrero, y por mediación de un común amigo, recibimos la visita de Miquel Ballester y Rocamora, alicantino residente en Munich, desde ya varios años. Nos entregó entonces un libro titulado «Paz. Infanta de España. Princesa de Baviera. Pacifista por la Gracia de Dios». Libro que, día atrás, se presentó en el Ateneo de Alicante.

De lectura amena y bien documentado, recuperamos inesperadamente la figura de Miguel Tenorio, como secretario de Isabel II y padre de la infanta María de la Paz, nacida el veintitrés de junio de 1862 y muerta en Munich, en 1946. El autor del citado libro dice: «Todo parece indicar la paternidad carnal de Miguel Tenorio, no sólo de Paz, sino igualmente de las infantas Pilar y Eulalia (...). Tenorio venía a suplantar en la lista de amantes de la reina, al teniente valenciano Enrique Puig Moltó, un joven y atractivo oficial de delicada salud, pálido e inquieto, probable padre carnal del rey Alfonso XII».

Conocemos por este texto la intensa vida de la princesa española que colaboró con Dolores Ibárruri «La Pasionaria», en la construcción de asilos de ancianos y colegios en Asturias. Paz fue una pacifista incansable y estuvo sometida a una estricta vigilancia por los agentes de la Gestapo. A Paz la enterraron doce republicanos españoles, liberados de los campos de concentración nazis.

Fíjense cómo está el tráfico de Alicante a San Vicente, con la Universidad y una conocida y gran superficie comercial de por medio. En fin, qué les vamos a contar. Pero ya en la segunda década del siglo que finiquitamos, la circulación rodada también tenía su intríngulis y sus problemas. No crean.

Miren: lo prueba el hecho de que nuestro Ayuntamiento recurriera a la Diputación, el tres de julio de 1917, en oficio que, entre otras reflexiones, decía: «El término de Alicante, por su parte norte, termina formando el caserío de Los Ángeles, pudiendo asegurarse que la carretera provincial de Alicante a San Vicente, constituye una calle de esta ciudad, desde la entrada al paseo de Campoamor hasta el citado caserío, pues está urbanizado dicho trayecto». Y luego la protesta. El vecindario, según alegaba la corporación, estaba más que harto y no hacía si no protestar, por el peligroso estado de aquella vía para el tránsito rodado. Las numerosas quejas se producían porque los habitantes del sector consideraban que su conservación y mejoramiento correspondían al Consistorio. Y no era así. Por eso, la alcaldía recordaba a la Diputación Provincial que, en cumplimiento de su misión tutelar, impuesta por la ley, se sirviera atender con urgencia la recomposición de la referida carretera, siempre tan frecuentada y más en la época estival.

Pero la Diputación le devolvió la pelota, en oficio del doce de julio de aquel año. Manuel Gómez, presidente de la corporación provincial le contestó que sí, que las protestas estaban más que fundadas y que tenía un cabal conocimiento de la situación de aquella carretera. Pero que las necesarias obras tan sólo se podían acometer echando mano de los fondos de la Diputación, que éstos procedían del contingente provincial y que estaban bajo mínimos, por la falta de pago, en la proporción debida, de determinados ayuntamientos. Entre ellos, el de Alicante. Por eso, aprovechando para rogarle que ingresara en la caja provincial, si no la totalidad del cupo, sí, por lo menos, el sesenta y cinco por ciento. Así el Consistorio alicantino cumpliría con su deber y conseguiría la gratitud de sus administrados, toda vez que habría puesto los medios precisos para que la Diputación emprendiera las obras de reparación y conservación de aquella vía entre la capital y San Vicente. Y realizaría tales obras de inmediato. Como mucho, un mes después de que el Ayuntamiento apoquinara su deuda. En fin, clavado. Entre la espada y la pared.

La Prensa nos informa de la celebración del 1.º de mayo, según el acuerdo de la II Internacional, en memoria de los mártires de Chicago, para el año 1890. Como escribe el profesor Francisco Moreno Sáez: «En la España de dicho año, el anuncio de esta jornada causó horror en los medios conservadores y la Prensa agitó el fantasma del terror rojo». En Elche, en Alcoy, en Alicante y en otras localidades de nuestra provincia se llevaron a cabo diversos actos con motivo de tal fecha de reivindicaciones obreras.

En nuestra ciudad, se solicitó autorización para manifestarse el cuatro de mayo, domingo, con objeto de evitar el posible fracaso en un día laborable; pero el uno trabajadores del puerto, de la construcción y de otros sectores, de forma espontánea, abandonaron sus puestos y trataron de manifestarse propósito que abortó la intervención de las fuerzas de orden público «los socialistas alicantinos pidieron entonces permiso para manifestarse el día dos y el gobernador civil publicó un bando autorizando dicha manifestación desde la plaza del Teatro hasta la calle de Gravina (…)». Según las diversas fuentes, asistieron entre mil quinientos y tres mil obreros, sin que se produjera ninguna incidencia. De aquella primera celebración en 1890 hasta nuestros días, el 1.º de mayo ha pasado por muchas vicisitudes.

Durante el franquismo, obviamente, estuvo prohibido. La jornada del trabajo, de la clase obrera, se transformó en la fiesta de San José Obrero, con bailes típicos, gimnasia rítmica y otras lindezas. No obstante, grupos de sindicalistas y de gentes de izquierda se reunían en diversos lugares, en el hipódromo del castillo de San Fernando, por ejemplo, con sus familias y en voz queda cantaban canciones revolucionarias, bajo una discreta vigilancia policial. Tras la muerte de Franco, en Elda hubo un intento de manifestación, en la zona de La Farola, en 1976. Un año más tarde, en Alicante «unas doscientas personas», según los medios de entonces, se reunieron en la calle de Pradilla y desde allí se dirigieron por la de San Mateo, donde fueron disueltas por la Policía Armada. El Gobierno Civil había prohibido los actos conmemorativos del día del Trabajo organizado por las centrales USO, UGT, CC.OO. y CNT, que emitieron un enérgico comunicado de protesta por las actuaciones de la fuerza pública. Por fin, en 1978, se celebró la primera manifestación en la legalidad, convocada por las citadas centrales sindicales. Salió a las seis de la tarde de General Marvá y concluyó en la Explanada. Según los organizadores asistieron dieciocho mil personas, el diario INFORMACIÓN dio la cifra de diez mil y las fuentes policiales entre cuatro y cinco mil.

No se trataba de perseguirles, ni de ahuyentarlas, ni de desterrarlas de la ciudad. Simplemente se trataba de sacarles los hígados, a base de impuestos por el ejercicio de la vieja profesión. Como de costumbre, las arcas municipales iban de mal en peor, y había que arbitrar soluciones imaginativas, para salir del paso. Así fue como el alcalde Rafael Terol y sus compañeros de corporación, tras cavilar lo suyo, se percata de que en Alicante había un centenar de prostitutas. Eso era en 1888. Hoy, proporcionalmente, se deberían contabilizar unas setecientas trabajadoras del amor.

¿Qué hacer con aquellos mimbres?, ¿quizá montar una cruzada de moralidad y fumigarlas? Nada de eso. Había que inventarse algo más sustancioso. Y se inventaron el pragmatismo y una fórmula para allegar recursos a la depauperada hacienda local. De modo que acordaron entregarle a cada una de ellas una cartilla, al precio de una peseta para acreditarlas en el oficio.

La cartilla tenía una duración de seis meses y luego había que renovarla. Pero entre tanto, las mozas de la fortuna venían obligadas a pasar dos reconocimientos sanitarios por semana, abonando por cada uno de ellos setenta y cinco o cincuenta céntimos, atendiendo a la clasificación de primera, segunda o tercera categoría, de acuerdo con el padrón formado al efecto. Como la carne de ternera o algo parecido.

Pues bien, sumando todos los conceptos establecidos, resultaba una recaudación de cinco mil doscientas cincuenta pesetas anuales, lo que por aquel entonces no era ninguna broma. Pero es que a mayor abundamiento, a las dueñas de las casas de lenocinio y «por razón de vigilancia, inspección y estadística», se les cobraba un impuesto de cinco, dos cincuenta y una peseta respectivamente según estuvieran catalogadas igualmente en primera, segunda o tercera clase.

Finalmente, hechos los oportunos cálculos de «estos tres impuestos comprendidos en la denominación del capítulo tercero, artículo segundo del presupuesto adicional de ingresos, producían al año un total de seis mil doscientas cincuenta pesetas». Lo que no se dice es quién o quiénes eran los encargados de llevar a cabo el curioso peritaje, si era a base de cuerpo a cuerpo, o qué criterios se utilizaban, para otorgarle a cada prostituta la correspondiente categoría. Vaya usted a saber si lo hacían al ojeo o a base de toques maestros.

Cómo se agitaron los ánimos de los alicantinos, cuando el siete de noviembre de 1838, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia un edicto mediante el cual se anunciaba el arriendo de los derechos de puertas de la ciudad. No sólo los comerciantes que eran los más directamente perjudicados, junto con el propio Ayuntamiento, si no todos los sectores ciudadanos se sintieron lesionados por aquella medida.

Sin embargo y a pesar de tales síntomas, de insatisfacción y descontento generalizados, se arrendaron los derechos de puertas y los arbitrios municipales, tal y como puede leerse en el citado periódico oficial de veintinueve de mayo de 1839, número 537, y en el que se da cuenta ampliamente de que a partir del primero de junio siguiente la recaudación correría ya «a cargo del empresario don José Safont, al que el Gobierno de su majestad» había cedido en arriendo los expresados derechos. De modo que «los señores de este comercio deben solicitar nuevos permisos para la introducción de los géneros, frutos y efectos que deseen constituir a depósito doméstico», por cuanto iban a retirarse cuantos se habían autorizado hasta la expresada fecha.

Dos días después y en medio de un clamor popular, en el que participaban «corporaciones, gremios y particulares», se reunió el Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, bajo la presidencia del jefe superior político (cargo que años después daría paso al de gobernador civil provincial), Nicolás Domínguez. En aquel cabildo se redactó un extenso y razonado escrito, en el cual se advertía que las diversas clases de la población habían excitado el celo del Ayuntamiento, con objeto de que, con arreglo a las leyes, se dejara sin efecto un arriendo que «sin duda alguna, iba a poner término al casi agonizante comercio de esta ciudad, y que privaba a la municipalidad de toda esperanza de mejoras para la población». En aquel documento, fechado el veintidós de junio de 1839 y que firmaban los alcaldes constitucionales Manuel Carreras, Cipriano Berguez e Isidro Salazar, los regidores, los síndicos y el secretario, se apelaba al deber del Ayuntamiento de velar por los intereses del vecindario «en un negocio de cuyo resultado pende acaso su prosperidad o su ruina». Si en un principio el intendente se negó a revocar la decisión, tras el referido escrito, el Gobierno hizo marcha atrás: rescindió el contrato de arriendo con el señor Safont y el derecho de puertas y los arbitrios volvieron a manos del Ayuntamiento.

Se construyó con mucho apresuramiento y escasa utilidad militar. Las obras se iniciaron en 1809, con objeto de resguardar y defender la ciudad de los ejércitos napoleónicos, «por la parte del distrito rural de San Blas». En 1812 estaba concluido. Dirigió la fortaleza el ingeniero Pablo Ordovás, «el cual -escribe Nicasio Camilo Jover- le dio remate con más prontitud que buen acierto (...)». En verdad que pese a su impresionante aspecto, su papel estratégico apenas si tuvo relevancia alguna. En atención a Fernando VII, bajo cuyo reinado fue construido, se le dio el nombre de castillo de San Fernando. En 1863, fecha en que el citado cronista puso fin a su libro «Reseña histórica de la ciudad de Alicante», «se encontraba en estado ruinoso y siendo completamente inútil, pues sus torreones salientes se hallaban tan cuarteados y fuera de nivel que sería peligroso hacer disparos desde ellos».

En otros capítulos de nuestra diaria crónica, ya dejamos constancia de cómo este castillo y parte del monte Tossal fue adquirido por el Ayuntamiento, con destino a parque y lugar de recreo del vecindario. Pero en sesión municipal del nueve de noviembre de 1917, y a propuesta del alcalde don Manuel Curt Amérigo, se acordó ceder la propiedad del inmueble al ramo de Guerra, con objeto de levantar en él un parque de artillería, con todas sus dependencias, «reservándose -certifica el secretario Ventura Arnáez Pérez- el derecho, si el terreno tuviera mayores necesidades de las necesarias, sobre el sobrante, para construir sobre el mismo edificios escolares (…)».

El cinco de diciembre del citado año, se destituyó a todos los alcaldes nombrados por real decreto, y se dispuso que en lo sucesivo los eligiera la propia corporación. Aquel mismo día, Ricardo P. del Pobil y Chicheri desalojó de la alcaldía a Manuel Curt, por la casi unanimidad de sus compañeros, en votación. El nuevo alcalde insistió ante la capitanía general de la tercera región, ofreciendo «los terrenos de propiedad municipal denominados castillo de San Fernando, para la edificación del cuartel y parque del nuevo regimiento de artillería, terrenos que fueron adquiridos por el Ayuntamiento, «incluyéndose en los presupuestos anuales para atender a su repoblación forestal y carreteras que a ellos dan acceso».

Pero con un oficio de capitanía, fechado el veinticuatro de diciembre del mismo año, se le comunicaba que el asunto estaba en tramitación y que no era posible decirle si el ofrecimiento sería aceptado. El castillo de San Fernando, con el tiempo, llegó a cumplir otros usos de los que en esta misma columna, ya hemos dado testimonio.

En 1985, se publicó un pequeño libro acerca del avance del Plan General de Ordenación Urbana, «Transformemos Alicante», cuyos textos corresponden al arquitecto y urbanista José María Chofre Gil y a nosotros mismos. En el capítulo referente a la red viaria, se dice en uno de sus párrafos: «Gran Vía, gran eje estructural urbano. Función: redistribuidor urbano del tráfico de los accesos. Intercomunicar barrios. Diseño: Vía de alta capacidad, tanto rodada como peatonal, muy regulada y con intersecciones a nivel, conformándose plazas o hitos referenciales».

El dos de diciembre de 1918, el director general de Obras Públicas comunicó al alcalde, don Antonio Bono Luque, que autorizaba al Ayuntamiento para redactar el proyecto del camino de ronda de Alicante y también «que respecto a la carretera al Campello se haga un proyecto de terminación en la forma que indica la jefatura provincial».

El día veinte del mismo mes, en sesión municipal, se dio cuenta del citado proyecto y del oficio que lo acompañaba invitando al Ayuntamiento a cooperar con las ayudas que pudiera, a fin de realizar la ejecución del mismo. El concejal señor Llorca propuso seguidamente como ventajas: que el municipio se encargara de plantar y conservar el arbolado del camino de ronda, «acudiendo al vivero que tenía en el castillo de San Fernando; que, una vez construido, tuviera a su cargo el riego de dicho camino que sería en definitiva, una sección más de la vía pública; que se facilitase el agua necesaria y gratuitamente para las obras; que se renunciase a cualquier tipo de indemnización por terrenos o inmuebles propiedad del Ayuntamiento; y que el mismo se comprometiese a pagar los terrenos que tuviesen que expropiarse.

El veintisiete, el ingeniero jefe de Obras Públicas manifestó al alcalde que el proyecto tendía a dotar a la ciudad de una gran vía de circunvalación, compuesta de una zona central dedicada al tránsito rodado y de amplios andenes para los peatones. En su criterio, era algo más que camino de ronda: significaba la completa urbanización del barranco de San Blas, entre las estaciones de Madrid y Murcia, abriéndose con una amplia vía de veinticuatro metros de anchura, que además serviría para unir entre sí algunas barriadas. El dieciocho de enero de 1919 el Ayuntamiento acordó llevar a Madrid el proyecto, por una comisión, en la que figurasen «representantes de todas las fuerzas vivas y entidades de relieve». Pero aún tuvo que transcurrir muchos años, para que aquel proyecto se llevara a la práctica.

Menudo panorama le dejaron al general Dámaso Berenguer, el de la dictablanda, cuando, por fin, y a primeros de 1930, Primo de Rivera abandonó su poltrona, desde la que había ejercido, por algunos años, un poder omnímodo y caprichoso. Así que el nuevo jefe de Gobierno tuvo que recomponer todo aquello. Hubo reincorporación a sus cátedras de los profesores titulares que se vieron compelidos a abandonarlas; hubo amnistía; y hubo constitución de nuevos ayuntamientos y de nuevas diputaciones. Había que restañar tanto desatino.

Por real decreto número 528 de quince de febrero de 1930, cesaron todos los ediles del régimen anterior. Para cubrir de inmediato las vacantes de las correspondientes corporaciones, se arbitró la siguiente fórmula: la mitad o la mitad más uno, si la división no era exacta, se cubrieron con los mayores contribuyentes, y el resto con aquellos concejales que hubieran obtenido más votos a partir de las elecciones locales de 1917, es decir, incluidas éstas, las de 1920 y 1922. El mecanismo, de acuerdo con la letra y el espíritu del referido decreto, soslayaba la participación de los grupos políticos organizados, y atendía especialmente a los recursos económicos de quienes iban a ocupar los escaños concejiles. Se optaba, pues, por la solvencia, el prestigio social, la propiedad y «cierta tradición democrática».

Siguiendo al pie de la letra el referido decreto, se recurrió a la certificación librada el nueve de diciembre de 1926, por el administrador de rentas públicas, y con destino a las elecciones de senadores. Los contribuyentes más relevantes eran diecinueve, en una relación que iniciaba Juan Guardiola Forgas. Todos ellos, naturalmente, fueron nombrados ediles. Y de los antiguos concejales que más votos habían recibido en los comicios señalados, se proclamaron otros dieciocho, hasta cubrir así la corporación municipal que se constituyó, el veintisiete de febrero del citado año, en presencia del gobernador civil don Rodolfo Gil Fernández.

Seguidamente -ya lo hemos contado- se procedió a nombrar el presidente que por edad le correspondía a Antonio Hernández Lucas, pero declinó la responsabilidad de la Alcaldía, alegando razones de salud. El siguiente, Guardiola Forgas también rehusó el nombramiento, por cuanto tenía ya más de setenta y cinco años. Y el tercero, Florentino de Elizaicin España aceptó, con la mejor voluntad, aunque su mandato resultó ciertamente efímero. El veinticuatro de abril de aquel mismo año, una real orden colocaba al frente de la Alcaldía a Gonzalo Mengual Segura. Pero todo quedaba sujeto con alfileres. La República estaba ya al caer.

Después de muchas vicisitudes, la línea ferroviaria de Murcia a Alicante, se inauguró oficialmente el once de mayo de 1884, con asistencia del presidente del Consejo de Ministros, don Antonio Cánovas del Castillo, es decir veintiséis años más tarde de que la reina Isabel II, inaugurara el ferrocarril de Madrid a nuestra ciudad. En aquel acto, tuvo lugar un inoportuno suceso: el descarrilamiento del primer tren, en las proximidades de Torrevieja.

La nueva línea era propiedad de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces. La concesión del expresado trayecto, tras diversas solicitudes frustradas, se consiguió finalmente cuando ésta pasó «en 1878, al banquero alicantino Juan Bautista Lafora. quien la volvió a negociar, esta vez, con el marqués de Loring, presidente de la citada compañía. Además del tramo Murcia-Alicante, se planificaron los ramales de Albatera a Torrevieja, y un segundo, que no pasó del papel, de Elche a Novelda.

Igualmente, la Compañía de Andaluces construyó un enlace con el muelle de poniente, tres años después de su presencia en nuestra ciudad, es decir, en 1887. «Previamente, a primeros de marzo de ese mismo año, tuvo lugar la conexión entre las líneas de ambas compañías, una vez abierto el nuevo enlace de MZA por delante de lo que más tarde sería paseo de Canalejas. Quedaban así marcadas momentáneamente las áreas de acción de cada empresa, tras el reparto de los muelles, para, poco después, ampliar las instalaciones».

Respecto a la estación ferroviaria de Benalúa, se edificó después de la referida inauguración de la línea Murcia-Alicante, en 1885. Según los autores de la monografía «Estaciones Ferroviarias de Alicante», Coves Navarro y Gómez Martínez, el arquitecto responsable de la misma fue Alemandy, aunque ya en 1861, Porrúa Moreno diseñó un espléndido edificio que nunca llegó a realizarse. En 1977, el servicio de viajeros fue suprimido y a consecuencia de ello, la referida estación cerró sus instalaciones al público.

«En 1984, la Associació Alacantina d'Amics del Ferrocarril, organizó, dentro de una serie de actos celebrados con ocasión del primer centenario de la inauguración de la línea Alicante-Murcia, la circulación de un tren especial (...)». Tan sólo dos años antes y de forma circunstancial la estación entró en servicio, a consecuencia de las catastróficas inundaciones que Alicante sufrió en 1982.

Fue en la sesión de la comisión gestora provincial, correspondiente al veinte de marzo de 1933, bajo la presidencia de Franklin Albricias Goetz, cuando se tomó el acuerdo de ceder gratuitamente a la asociación de tabaqueros de nuestra ciudad, en usufructo, unos terrenos con objeto duque en ellos se levantara la sede de la referida entidad obrera, para que allí se celebraran los actos culturales y sociales que se contemplaran en el reglamento de la misma.

El acuerdo de la Diputación se sustanció después de que el gobernador civil consultara a la Dirección General de Administración Local y ésta le transmitiera la pertinente autorización, para que se efectuara la citada cesión. El solar tenía una superficie de algo más de cuatrocientos ochenta y siete metros, y lindaba al norte con la calle de la Fábrica; al sur, con el antiguo hospital provincial; al este, con la plaza de la Misericordia; y al oeste, con la calle de Sevilla, con la que hacía chaflán.

Se especificaba, en el documento que tanto el solar dado en usufructo como cuantas construcciones se hubieran efectuado sobre el mismo, revertirían a la Diputación, en el supuesto de que fueran destinados a fines distintos a los determinados por la Unión Tabaquera. Y también, en el caso de que desapareciera la existencia legal de la asociación de tabaqueros.

En el momento de su entrega, aquel solar estaba valorado en quince mil pesetas y «era susceptible de modificaciones si el Ayuntamiento estableciera nuevas rasantes, al otorgar el permiso de construcción». En la misma acta que se describe la situación del terreno, la corporación provincial o comisión gestora,. autorizó a su presidente para comparecer ante el notario de turno, para el otorgamiento de la oportuna escritura de cesión, así como para concretar todos los aspectos legales que considerase precisos, con objeto de que quedase siempre y en todo momento salvaguardado el dominio que sobre dicho terreno se reservaba la Diputación alicantina.

Después de la Guerra Civil, el edificio construido por la Unión Tabaquera pasó a tener usos muy distintos a los inicialmente acordados: instalaciones y dependencias del Movimiento Nacional.

Si en los primeros años de este siglo el comercio portuario llegó a situar a nuestra ciudad entre las primeras de España, tanto en tráfico de cabotaje como exterior, aun con los vaivenes de las exportaciones vinícolas, es lo cierto que, cuando se restablecía la normalidad y aun se superaban las cifras anteriores, el comienzo de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra (1914-1918) supuso un importante frenazo para las operaciones mercantiles que se realizaban en nuestro puerto.

Una vez concluida la conflagración bélica, había que devolverle todo el auge al tráfico marítimo, tan vinculado a los intereses económicos de Alicante. Sin embargo, no era aquél problema de fácil solución. Después de la guerra llegaron los conflictos sociales entre los obreros portuarios y los patronos de las empresas vinculadas al transporte marítimo. Conflictos que desviaron numerosos barcos, hacia otros destinos más seguros. Estas circunstancias sociales no las recoge, sin embargo, en la memoria que redactó don Próspero Lafarga, ingeniero director de la Junta de Obras del Puerto. Memoria que, por otra parte, constituye un interesante documento, que nos informa de las diversas causas que influyeron en el escaso desarrollo que experimentó el movimiento de mercancías en nuestra dársena y muelles, en relación al observado, en otras poblaciones marítimas.

Lafarga cita, entre ellas, la escasez de medios de la compañía de los ferrocarriles andaluces que obligaba a transportar muchas mercancías a Cartagena. Desde donde, el sindicato de navieros del Mediterráneo, estableció fletes más baratos para Marsella y Cette, que desde Alicante, «cosa que además de ilógica -afirma Lafarga- por la menor distancia con aquellos puertos franceses, es intolerable, si se advierte que algunas compañías están subvencionadas por el Estado, y que estas subvenciones no pueden servir para establecer una guerra de tarifas, a todas luces perjudicial para nuestro puerto». Además, apunta el ingeniero que nuestro puerto no era ni industrial ni productor, sino de tránsito. «Consideración que determina la desproporción que existe entre la importancia comercial de Alicante y su puerto; desproporción que representa un peso muerto y que dificulta la aprobación de planes para el porvenir».

En esta memoria, fechada el once de septiembre de 1919 y sobre la que volveremos, por su interés, Próspero Lafarga señala el aislamiento en que vive Alicante con respecto a Alcoy, y que habría de resolverse con el ferrocarril entre ambas.

Según el ingeniero-jefe de Obras Publicas, el veintidós de junio de 1915, se concedió a los señores Faurcade y Provot, propietario de la fábrica de electricidad «La Alicantina», el oportuno permiso para instalar una línea de alta tensión que, desde la citada fábrica proporcionara luz energía a la huerta de Alicante.

Ya con aquella línea en explotación, don Manuel Ibáñez Galvañ, en nombre y representación de los mencionados industriales, solicitó del gobernador civil, don José María Caballero, autorización para el tendido de una red que llevara el fluido eléctrico a diversos puntos de nuestra comarca y aun de fuera de ella. La petición se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, correspondiente al siete de octubre de 1913. Se abrió entonces un plazo de treinta días de información pública, para recoger las alegaciones que pudiera formularse.

Las derivaciones tenían por objeto llevar energía eléctrica a la instalación salinera de los señores Ravelo, en la partida del Altet, término municipal de Elche, para alumbrado de la misma y otros usos; facilitar los servicios a los pueblos de San Vicente y Villafranqueza, finca de don Vicente Arnau y cerámica de Ferrer, así como para la propiedad del señor Prytz, denominada «Buenavista».

Una de las tales derivaciones -la que partía del poste 203- atendería las demandas de El Campello. Y de ella, se tendrían subderivaciones a las industrias de don Isidro Gozálvez, don Manuel Buades y don José Gosálvez; para la finca de don Renato Bardín, «Villa Marco», y para las dependencias de los Salesianos. Igualmente, se suministraría fluido a Mutxamel.

En el proyecto, estaban previstas subderivaciones para la fábrica de Tabacos y el barrio de Carolinas. Pero el arquitecto municipal y el inspector de alumbrado, emitieron un dictamen, en el que se imponían condiciones a los peticionarios: líneas de tendido subterráneo para la fábrica de Tabacos, y la reserva del derecho para introducir modificaciones en toda la red, en atención al desarrollo de la ciudad, y a las previsibles variaciones de viarios, tranvías y otras causas. Respecto al barrio de Carolinas, los técnicos pidieron a los concesionarios que presentasen un proyecto completo de las instalaciones.

El dictamen está firmado el veintinueve de enero de 1919. Por entonces presidía el Ayuntamiento don Antonio Bono Luque. Se hacía la luz.

Ya hemos señalado en más de una ocasión cómo el viejo mercado instalado frente al muelle de tierra, al principio de la actual explanada, y construido en la primera mitad del pasado siglo, fue, por fin, trasladado, con carácter provisional, a la Rambla, en 1912. Al alcalde, don Federico Soto Mollá le cumplió afrontar aquel problema.

Curiosamente el mismo Soto Mollá, en instancia dirigida al Ayuntamiento y fechada el cinco de junio de 1917, solicita la adquisición, en nombre y representación de su esposa, doña María Chápuli de las Faces, de los terrenos «de la antigua plaza del mercado de la carne, situado en las calles Explanada, San Fernando, Cruz de Malta y las Aves», por los que ofrece un precio de ciento setenta pesetas el metro cuadrado, con la condición de que el Ayuntamiento se haga cargo del pago de los derechos reales, de la escritura y demás gastos. En sesión del cabildo del día ocho de aquellos mismos mes y año, se acordó aceptar la proposición, y autorizar al alcalde para otorgar la correspondiente escritura de venta y abonar, con cargo al capítulo de imprevistos, los dineros de la operación.

En una carta al concesionario de las secciones primera y segunda del antiguo mercado, del doce, el Ayuntamiento le comunica que: «Habiéndose firmado en el día de hoy la escritura de venta de la sección primera del antiguo mercado, conocido por plaza de la carne, a favor del comprador don Federico Soto Mollá, lo pongo en su conocimiento, para que desde esta fecha reconozca como dueño de dicha parte al expresado señor». El arrendatario, don Baldomero Asensi, acusó recibo del oficio, de inmediato.

La venta se realizó en la notaría de don Pablo Jiménez Sampelayo: un edificio propio de la corporación municipal «ruinoso e inservible para el servicio al que estaba destinado».

Don Baldomero Asensi Gineres alquiló los terrenos del viejo mercado de abastos, el ocho de febrero de 1917, por cuyo arriendo pagaba según consta en la documentación consultada, en nuestro Archivo Municipal, dos mil pesetas anuales. En el contrato, la condición sexta, concluye así: «En caso de venta únicamente se considerará terminado este contrato y estará obligado a dejar los terrenos libres y limpios en el término de dos meses». Al día siguiente, bajo la presidencia de don Ricardo P. del Pobil y Chicheri, la corporación acordó aquella cesión.

Fue el día 7 de junio de junio de 1956, cuando Mario Carratalá Naborel presentó la memoria de constitución de la orquesta de cámara de Alicante, al consejo de administración de la entonces Caja de Ahorros del Sureste de España. En este documento que cumple ahora cuarenta años, se contempla la organización económica de la misma, con objeto de cubrir los gastos mensuales de ocho ensayos, con cuarenta profesores -a veinticinco pesetas por ensayo y músico- que ascendían a ocho mil pesetas, mediante las aportaciones de un total de ochocientos cincuenta socios que pagarían, según las categorías establecidas, cuotas también mensuales de quince, diez y cinco pesetas. «Para conseguir lo cual -se recoge en la memoria- sería imprescindible el poder contar con que los conciertos pudieran realizarse en el Teatro Principal (domingos por la mañana), que cuenta con el aforo necesario. No hago mención de las posibles subvenciones ni de su cuantía, que podrían reducir bastante la necesidad absoluta de contar con dicho número de socios». Los ensayos estaba previsto que se realizaran en el local del Orfeón Alicante, que presidía Mario Carratalá.

El veinticuatro de agosto de aquel mismo año, este periódico titulaba: «Ya tiene Alicante Orquesta de Cámara». En efecto, días antes, en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros, el presidente, el director y los consejeros de la misma, a los que acompañaban don Carlos Cosmén, don Mario Carratalá y don Francisco Armengot, junto con un considerable número de profesores, anunciaban a los medios de comunicación el nacimiento de aquella orquesta tan necesaria para satisfacer las aspiraciones culturales de nuestra ciudad. Don Antonio Ramos Carratalá leyó los acuerdos del consejo de administración de la entidad fundamentados en la memoria del señor Carratalá Naborel.

La orquesta contaría con cuarenta profesores bajo la dirección de Carlos Cosmén y se ofrecerían al público ocho conciertos anuales. Según el señor Ramos Carratalá, director de la Caja de Ahorros del Sureste de España, habría un nuevo auditorio cuyo anteproyecto ya estaba aprobado y el proyecto definitivo se había encargado a los arquitectos Juan Vidal Ramos y Julio Ruiz Olmos. El tal auditorio estaría emplazado en la parte posterior de la oficina central de la Caja, donde por aquel tiempo se encontraba un jardín que daba acceso a la biblioteca «Gabriel Miró». La noticia supuso un motivo de satisfacción para los alicantinos que exigían una orquesta propia y de calidad.

Dábamos noticia, días atrás, de un interesante documento firmado por el ingeniero de Obras del Puerto, don Próspero Lafarga, y en el que exponía la necesidad y las perspectivas de nuestro tráfico marítimo, tras la Primera Guerra Mundial.

Lafarga, y en consideración al carácter transitario del puerto abundaba en la conveniencia de mejorarlo y dotarlo de las infraestructuras más avanzadas. En cuanto a su situación con respecto a la proximidad de las costas africanas era, a su juicio, una circunstancia favorable. Y escribía: «(...) la preocupación de los técnicos ha sido siempre reducir en lo posible los transportes por mar; y ahí están los proyectos del túnel sobre el canal de la Mancha, que establece las comunicaciones entre Francia e Inglaterra; y el gigantesco proyecto del puente sobre el estrecho de Gibraltar que enlazará España con África (...)».

En su memoria, el ingeniero ponderaba «la línea de agua más rápida de comunicación de Alicante y Orán», como futuro eje del comercio de todo el norte de África, y estimaba que su situación ofrecía ventajas para los tres ferrocarriles pirenaicos que, por aquel entonces, se estaban construyendo simultáneamente entre ciudades francesas y españolas.

Concluía, para evitar, si no la muerte, sí la pasividad del puerto alicantino, haciendo un llamamiento a la Cámara de Comercio, al Círculo de la Unión Mercantil, a las sociedades obreras, a la Junta de Obras y al Ayuntamiento, con objeto de que se suscitasen comisiones permanentes para gestionar nuestra actividad marítima y hacer un seguimiento puntual de las mismas, «porque las iniciativas de este ingeniero se han de estrellar siempre en los centros superiores que han de entender en estos proyectos».

En sesión municipal del diecinueve de septiembre de 1919, nuestra corporación, al conocer la memoria de Próspero Lafarga acordó felicitarle «por su notable y bien meditado documento»; y designó a los ediles Pascual del Pobil y Chicheri y Guardiola Ortiz, ambos representantes del Consistorio en la Junta de Obras del Puerto, para que formaran parte de la comisión permanente propuesta en la citada memoria, cuyo cometido era impulsar el tráfico marítimo de Alicante.

El hermanamiento entre ciudades tiene por objeto fomentar las relaciones culturales, turísticas, económicas, etc. y favorecer los intercambios en estos y otros sentidos más concretos y dependientes de las características de las comunidades así vinculadas. Sucede, sin embargo, que con más frecuencia de la deseada, los hermanamientos y sus programas se cumplen bajo mínimos: la firma de los correspondientes protocolos, visitas mutuas de las autoridades locales y algunos de los actos previstos. Luego, se enfría la proclamada fraternidad, y apenas si queda, en la mayoría de los casos, unos expedientes no siempre completos y sí bastante dispersos. Dicen que la distancia es el olvido, ya saben. La distancia y otros asuntos.

Alicante, de acuerdo con un informe de nuestro Ayuntamiento, se ha hermanado con las siguientes ciudades: con Niza (Francia), en octubre de 1968 y siendo alcalde don José Abad Gosálbez; con Caloforte (Italia), en junio de 1975, cuando presidía el Ayuntamiento don Francisco García Romeu; con Orán (Argelia), en junio de 1985; con Riga (Letonia) en enero de 1990; con Herzliya (Israel), en julio de 1990; con León (Nicaragua), también en julio de 1990; en estos cuatro últimos hermanamientos era alcalde de Alicante don José Luis Lassaletta Cano; y con Toyooka (Japón), muy recientemente, en marzo de 1996, a instancias del actual presidente de la corporación municipal don Luis Díaz Alperi. Prácticamente, los fines de tales hermanamientos que se especifican en el referido informe son muy semejantes entre sí, aunque con algunos matices y precisiones que los singularizan. La filosofía es la misma.

Otra fórmula de acercamiento a ciudades de otros países radica en el expreso establecimiento de amistad con éstas. Tal fórmula se puso en práctica durante el mandato municipal de don Ángel Luna González. Pilsen (en la antigua Checoslovaquia), en marzo de 1992; y Wenzhou (República Popular de China), en enero de 1994, son las que se ajustan a este procedimiento.

En la relación de otras ciudades pendientes bien de hermanamiento, bien de relaciones amistosas, se encuentran: Tournai (Bélgica); Veszprem (Hungría); Dniepropetrovsk (Ucrania); Parma (Italia); Melilla; y lo que personalmente nos satisface muy en particular Daira de Bir Ganduz (República Árabe Saharaui Democrática). Alá los bendiga.

No le era posible continuar desempeñando el cargo de cronista que se le había conferido, con una remuneración de trescientas veintisiete pesetas anuales, y renunciaba al cargo y también al de auxiliar de la comisión de festividades, así como a la gratificación mencionada. Rafael Viravens Pastor había sido elegido concejal por el distrito de San Antón, y en el cabildo ordinario del trece de diciembre de 1889, presentó su dimisión de cronista de la ciudad, en instancia dirigida al alcalde constitucional don Rafael Terol Maluenda. Viravens había recibido el nombramiento casi catorce años antes: en sesión del veintiséis de febrero de 1875, que presidió accidentalmente don Julián de Ugarte, en ausencia del titular de la Alcaldía.

Sin embargo, tres años antes, el cinco de febrero de 1886, don Rafael Viravens, mediante instancia, ya había presentado la renuncia de archivero y de cronista, por cuanto había perdido la vista, según acreditaba en certificado facultativo. No obstante, la corporación acordó conferirle el carácter de honorífico y de otorgarle una pensión vitalicia de novecientas noventa y cinco pesetas anuales, «en atención a sus muchos servicios prestados». De manera que continuó en su cargo de historiador local, si bien para el de archivero fue designado don Eduardo Orts Monllor, hasta entonces empleado de la contaduría municipal.

Posteriormente, y una vez elegido edil, tomó posesión de su concejalía el uno de enero de 1890, junto con otros miembros de la corporación entre los que se encontraban: don Rafael Campos Vasallos, don José Altamira Moreno, don Francisco Oriente Jover y don Manuel Gómiz Orts. Viravens ocupó, en aquella ocasión, la sexta tenencia de Alcaldía y la presidencia de la comisión de cárceles y cementerios.

Con el nuevo Ayuntamiento el uno de julio de 1891, el cronista alcanzó el puesto de primer teniente de alcalde. Pero todos sus esfuerzos por llegar a la presidencia de la corporación no prosperaron. Don Rafael Viravens y Pastor, primer cronista oficial de Alicante, falleció el quince de marzo de 1908. Y hasta entonces, y a pesar de sus reiteradas dimisiones, conservó su condición de cronista. Le sucedería en tal cargo don Francisco Figueras Pacheco, quien recibiría el nombramiento el veinticuatro de julio de aquel mismo año, con unos haberes de mil quinientas pesetas anuales.

Ya lo hemos dicho aquí mismo: en el Boletín Oficial de la Provincia del veinte de julio de 1834, se publica un aviso que se refiere a «los sujetos que quieran tomar el baño en la casa de madera, con tres divisiones suficientes cada una para una familia, que está colocada al lado del muelle, a una profundidad de agua proporcionada para todas las edades (...)». Se trataba, sin duda, de un primer balneario, aunque instalado en el muelle, como el que construiría Francisco Jaén y Rico, ya en 1859 «en el muelle de esta ciudad y en el tercer portillo de la parte de Levante del mismo». Luego o casi simultáneamente, se instalaron en la playa del Postiguet, prácticamente a lo largo de todo el siglo XIX.

Aunque hemos podido constatar que a principios de los años veinte de nuestra centuria, se produce un singular florecimiento de estos establecimientos. Tanto en el citado periódico oficial, como en una documentación abundante, hemos recogido los siguientes datos: en octubre de 1921, don Antonio Garrigós Soler solicitó permiso para levantar, con carácter permanente y en la referida playa, un balneario denominado «La Estrella». En abril de 1922, don Alejandro Carratalá Llorens pidió igualmente autorización para construir otro de nombre «La Sirena»; respecto a éste y en decreto librado por la alcaldía se dice: «Esta instalación en manera alguna menoscabará el buen uso que el público viene haciendo de la indicada playa y que lejos de lesionar los intereses del vecindario, ha de favorecerlos, ya que éste contará con un balneario más montado a la moderna, en forma adecuada al ornato público y con grandes comodidades para quienes al mismo concurran» (quince de mayo de 1932).

Igualmente, en septiembre de 1922, doña María Cuenca Papí demandó permiso para llevar a cabo reformas en el establecimiento de su propiedad, conocido por «La Alhambra». En aquellos mismos mes y año, doña Remedios Espino Lledó gestionó la construcción de «La Florida». Y, casi coincidiendo en el tiempo, don Manuel Esquembre Puerto solicitó el oportuno permiso para edificar el balneario «Las Arenas»; y doña Remedios Rameta Mas el denominado «La Confianza». Muy poco antes, don Antonio Cano Llorens había pedido autorización para ampliar su balneario «Madrid». El dieciocho de abril, por su parte, don Vicente Pomata García solicitó la apertura de un quiosco, para la venta de refrescos, con restaurante, columpios, tiovivo y otros recreos, situado a continuación del balneario «Madrid».

Sin embargo, es posible que alguno de aquellos establecimientos no llegara a instalarse, aunque todos, sin excepción, recibieron el correspondiente permiso. Cuando menos, no figura en la letrilla de finales de aquella década, que con cierto ingenio relacionaba hasta once balnearios.

Cuando el uno de abril de 1922, Pedro Llorca Pérez ascendió a la Alcaldía a bordo de un real decreto, se derrumbaron muchas ilusiones y se levantaron muchas frustraciones. Juan Bueno Sales que presidía el Ayuntamiento justo desde dos años antes, debió entregar la vara de su autoridad a quien le sucedía en el cargo, con un contenido y bien disimulado gesto de irritación. Y no por la persona, sino por el procedimiento. Se daba así un paso atrás lesivo para las aspiraciones democráticas y para la autonomía municipal.

Ya hemos escrito en esta columna cómo, por fin, en diciembre de 1917, se les dio el cese a todos los alcaldes nombrados por real orden y se estableció que, en lo sucesivo, fueran los propios concejales quienes eligieran de entre ellos, al presidente del Consistorio. Pero el triunfo de cuantos abogaban por aquella fórmula resultó muy breve: tan sólo cuatro años y tres meses, para regresar a los viejos hábitos.

Con la reimplantación de la fórmula obsoleta y propicia a las influencias y compadreos, se desataron las críticas en el seno de la corporación. La mayoría liberal, protestó enérgicamente: su portavoz y jefe de filas Ricardo P. del Pobil abominó de aquellas reales órdenes. Lo mismo que García Mallo, por los republicanos, y Jabaloy Sebastiá por los reformistas. Lorenzo Carbonell echó, en tales circunstancias adversas, una baza de buena voluntad: que imperara en el Ayuntamiento la razón y la confraternidad de costumbre. Él se iba, porque no había sido elegido, y, como representante de la minoría de la Alianza de las Izquierdas. Tenía la convicción de que pronto volvería a ocupar un puesto de edil. Fue Guardiola Ortiz, republicano a su aire, quien expresó aquel sentimiento y alabó la gestión y el talante de Carbonell Santacruz.

Don Pedro Pérez Llorca que aterrizó inesperadamente y por nombramiento real no estaría, sin embargo, mucho tiempo al frente de la alcaldía.

En noviembre del mismo año que la ocupó, tuvo que abandonarla. Los reveses políticos saltan como las liebres, cuando uno menos se lo espera. Aunque probablemente él sí que se lo esperaba.

Gustó el anteproyecto, la idea de construir un auditorio o amplio auditorio al aire libre, en el monte Tossal o, si lo prefieren, en el castillo de San Fernando. Se pensaba ubicar entre el entonces parque infantil de tráfico y el antiguo colegio de huérfanos de ferroviarios. Allí mismo se quería también levantar el pabellón municipal de deportes, sólo que la superficie disponible ya no daba para tanto.

Surgió el tema, algo vaporoso, como parece lógico, durante el mandato de don Agatángelo Soler Llorca. Pero sólo se concretó en los planos durante la alcaldía de José Abad. Fue el arquitecto municipal don Miquel López quien redactó y firmó el anteproyecto el ocho de octubre de 1969. En términos generales, la corporación lo acogió con satisfacción, en particular el, por aquel tiempo, teniente de alcalde, también arquitecto y buen amigo, Francisco Muñoz Llorens. Pero todo se fue disolviendo y sólo de manera fugaz reapareció en los tiempos del alcalde don Francisco García Romeu.

Disponemos de algunos datos que ya hemos ofrecido a nuestros habituales lectores, en otra ocasión, y de los cuales dejamos nuevamente constancia para que se considere la envergadura de la obra que terminó en el cajón de los olvidos. En el plan se contemplaba el movimiento y transporte de cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve metros cúbicos de tierra, lo que en pesetas suponían un millón cien mil. Luego, claro, un escenario con una embocadura de quince metros y cinco de profundidad, de dos plantas. El aforo estaba previsto para un total de cinco mil espectadores. Echando cuentas, todo aquello suponía, para las arcas municipales, un desembolso total de siete millones cuatrocientas cincuenta mil pesetas. Don José Abad lo tenía claro y firmó el decreto para su estudio y redacción del proyecto definitivo. Luego, cuando ya estuvo dispuesto, los sometió a la aprobación del pleno corporativo, en sesión del veintinueve de octubre de 1970, y se aprobó por unanimidad. Incluso se contó con el asesoramiento técnico del Ministerio de Información y Turismo.

Pero pasó lo que tantas veces ha pasado: el Ayuntamiento carecía de recursos económicos, para poner en marcha las obras.

Hubo relevo en la Alcaldía, y el señor García Romeu sacó el proyecto del cajón de los olvidos. Pero ya era tarde: el presupuesto había aumentado lo suyo y la historia iba a tomar otros rumbos.

En la mañana del veinticinco de febrero de 1847, fuerzas de la Guardia Civil detuvieron a once de los amotinados de Jijona y se pusieron sobre la pista de los nueve restantes, sobre los que se había dictado orden de búsqueda y captura. Además, la autoridad suspendió al alcalde y a los regidores en las funciones relativas al mantenimiento de la seguridad ciudadana.

En Alicante, se tuvo conocimiento de cuanto estaba sucediendo en el vecino pueblo por las noticias que llevó al Gobierno Superior Político de la provincia, el secretario de aquel consistorio don Jaime Llinares. Don Jaime Llinares, junto con otros hombres, fueron expulsados, la noche anterior por cuantos protagonizaron aquella revuelta. Una vez conocida la situación de tensiones populares en que se encontraba Jijona, el titular del Gobierno Superior, don José Rafael Guerra se puso en marcha, acompañado del consejero provincial y del comandante de la Guardia Civil, al frente de efectivos de la misma.

El motín se originó en la noche del veintitrés de aquel mismo mes, cuando centenar y medio de personas pertenecientes a la clase más desfavorecida, se enteraron del impuesto de dos reales por arroba de harina y de habichuela. De forma que no se fueron por las ramas: se apoderaron del regidor síndico, don Juan Antonio Castelló, y lo llevaron, por la fuerza, a la casa del párroco, en calidad de rehén.

Al día siguiente, en la sala capitular se celebró una multitudinaria y crispada reunión. Don José Garrigós, alcalde constitucional, les pidió entonces que expresaran sus propósitos y así lo hicieron de manera diáfana y contundente: que se aboliesen los derechos de consumos y que para cubrir la cantidad que el Gobierno había especificado para Jijona, por tal concepto, se llevará a cabo una derrama por clases, entre todos los vecinos que se mostraban conformes en contribuir con las cuotas que se les asignase. Aunque el Ayuntamiento alegó que no tenía facultad para tomar decisiones de aquella naturaleza, los amotinados le replicaron que no depondrían su actitud, en tanto en cuanto, no se exhibiera en los lugares públicos el bando donde se contuviera la suspensión de tales impuestos. Cedió al Ayuntamiento ante la multitud y acordó proponer al Gobierno «un repartimiento vecinal por clases, de la cantidad que por tal concepto debía ingresar en tesorería».

Luego, llegarían las represalias. Incluso a los miembros de la corporación y a los participantes se les impuso cuantiosas multas. Para pagar el camino de Jijona a Alcoy.

Lo que parece desprenderse de todo este episodio es que a los tabarquinos apenas si les prestaron atención. En definitiva no constituían más que una pequeña y modesta comunidad de pescadores, distantes y aislados.

Todo empezó cuando en el Boletín Oficial de la Provincia del treinta de julio de 1924, apareció un edicto por el que se abría un plazo de información pública, acerca de la propuesta formulada por la superioridad, «sobre la nueva apariencia de la luz del faro de Tabarca». El gobernador civil ordenó al alcalde de la ciudad que expusiera el edicto en el tablón de anuncios y lo diera a conocer a la población, por si se produjera alguna reclamación. El alcalde, don Miguel Salvador Arcángel solicitó información al arquitecto municipal, don Francisco Fajardo, quien se pronunció en el sentido de que la propuesta constituirá una mejora. Sólo el veintiséis de agosto, se notificó al pedáneo de la islita que el plazo terminaba el cinco de septiembre, por si hubiera alguna alegación.

El pedáneo de la partida rural de Tabarca, don Tomás Baeza, reunió a todo el vecindario, con objeto de comunicarles lo que la autoridad le había manifestado: que la luz del faro emitiría relámpagos, en grupos de tres, de color blanco y con un alcance de diez millas.

La asamblea fue concluyente. Y el pedáneo contestó que se había acordado por absoluta unanimidad que aquella nueva apariencia resultaba del todo perjudicial a los intereses de la isla, «a cuyo efecto este poblado informa que no deben cambiarse las características del faro, pues de hacerlo debía ser en relación de aumento de la densidad de su diámetro y potencialidad».

Pero ni caso. El negocio correspondiente dijo que no se había presentado alegación alguna ni en pro ni en contra, pero oídos a los vecinos de la isla que eran los más interesados, por afectarles el asunto directamente, habían expresado su parecer de que el cambio de luz les resultaba perjudicial en extremo: las especiales condiciones de Tabarca, en cuyos peñascos de la parte llamada Llosa «hanse producido frecuentes y graves siniestros marítimos, requieren medidas de seguridad adecuadas. Los tabarquinos, dedicados a la pesca y a las industrias derivadas, sin otros medios de vida, necesitaban garantías eficaces.

Pero nada. El alcalde ofició al gobernador que no se había presentado reclamación alguna. ¿Lo entienden? Nosotros no.

El día doce de mayo de 1918 y en virtud de la amnistía concedida por Alfonso XIII, a cuantos aún permanecían encarcelados por la huelga de agosto del año anterior, doce de los trece presos del castillo de Santa Bárbara, la mayoría socialistas de Villena, abandonaron sus calabozos en libertad y, cantando la Internacional, se dirigieron a la Casa del Pueblo, por Alfonso el Sabio y Navas. El restante, Francisco Martínez, cornetín de la Banda Municipal de Alicante, fue trasladado del castillo al cuartel Princesa Mercedes.

Un día antes, un telefonema del alcalde republicano de Valencia, don Faustino Valentín, advertía que tras su entrevista con el capitán general, los detenidos a quienes afectaba la amnistía, serían puestos en libertad de inmediato. Poco después, también desde Valencia, confirmaban telefónicamente la noticia Carlos Esplá, desterrado en aquella ciudad, por un delito de imprenta y el estudiante de derecho, Pascual Leone.

Días antes, concretamente, se trasladó a Cartagena una comisión de alicantinos compuesta por Ángel Martínez y Antonio Blanca, de la Agrupación Socialista, Ángel Aznar y Álvaro Botella, por los republicanos, José Reyes y Antonio Ferrándiz, por las sociedades obreras La Paz, La Marítima y La Terrestre, y Juan Botella, como director y en representación del diario «El Luchador» y de la minoría del Ayuntamiento. Ya en Cartagena coincidieron con los diputados Indalecio Prieto y Eduardo Barrioobrero, y con dos redactores, uno de «El Socialista» y el otro de «El Parlamentario», que procedían de Madrid.

Ambas comisiones, se dirigieron a la fonda «La Cartagenera» para saludar a los miembros del comité de huelga que habían abandonado su encierro el mismo día ocho por la noche. Allí, en aquella fonda, los esperaban Largo Caballero, Julián Besteiro, y Saborit.

El trece de mayo de 1918, «El Luchador» -y la prensa en general-, se hacía eco de aquel esperado acontecimiento.

Al doctor Vicente Navarro Albero no parece que la historia, nuestra historia, le haya sido propicia. Y, sin embargo, fue un reconocido cirujano y humanista que nació en Bañeres, en 1834, y murió en Alicante, en septiembre de 1888, «a mano airada de uno de sus deudos», fue asesinado en público.

Vicente Navarro estudió en Valencia y allí ejerció, para después trasladarse a Castellón. Pero, cuando tuvo ocasión, se desplazó a nuestra ciudad. Y la ocasión se la brindó unas oposiciones al Hospital Provincial que ganó en 1869. Además del ejercicio profesional de la medicina, Navarro Albero fue un estudioso de nuestro clima, de ahí que, en 1882, la Sociedad Económica de Amigos del País le publicara un breve trabajo, realizado en colaboración con el periodista y escritor Carlos Sánchez Palacio, titulado «Una residencia de invierno». El interesante folleto recibió una mención honorífica en la Exposición Universal de Barcelona, en el mismo año de su fallecimiento.

Además de esta obra, también escribió una «Memoria físico-médica de las aguas medicinales de Nuestra Señora de Orito, en el pueblo de Monforte» (1882) y un «Informe facultativo sobre el clima de Alicante».

Por sus estudios y por su actividad como médico cirujano, en 1871, se le concedió la encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica y la Cruz de Epidemias.

Vicente Navarro tuvo diversos discípulos. Uno de ellos, el doctor Pascual Pérez Martínez, quien ingresó como titular interino en los servicios municipales de nuestra ciudad. Es muy posible que fuera su benemérito maestro, el doctor Navarro Albero quiere le inspirara una serie de artículos sobre la conveniencia de la creación de una Casa de Socorro, en Alicante. Lo cierto es que tal establecimiento se inauguró en noviembre de 1883. El primer cuadro de facultativo estuvo integrado por los doctores Luis Mauricio Llorca, Pascual Pérez Martínez, Antonio Bernabeu García, Vicente Seguí Carratalá, Francisco Benítez Ramoino, Francisco Albero Ramón y Juan Dagnino Garrigós.

Dos años después y cuando la epidemia de cólera asiático, se produjo una deserción tal de médicos y practicantes, que el Ayuntamiento acordó crear el cuerpo facultativo de la Beneficencia Municipal, Pascual Pérez, tras los oportunos exámenes, en la Facultad de Valencia, obtuvo el número uno, y se le nombró decano y director de aquella primera Casa de Socorro.

Era viernes, ocho de julio de 1932 y don Franklin Albricias, presidente de la Diputación Provincial, hizo, ante la comisión gestora de la misma, un reflexivo y amplio razonamiento sobre nuestro puerto, a raíz «de algunos artículos publicados en el diario madrileño "Abc" que pretenden perjudicar los intereses de Alicante». Según el periódico «El Luchador», en los mencionados artículos se articulaba una campaña en favor de que el puerto comercial de Madrid fuera el de Valencia. El presidente Albricias manifestó que el de Alicante, tanto por su situación cuanto por sus medios disponibles, era el más adecuado para el comercio madrileño, y consideraba que la corporación, en defensa de los intereses que tenía encomendados, hiciera pública su más enérgica protesta por la referida campaña que se estaba desarrollando en contra de nuestra ciudad y provincia.

La corporación, después de escuchar al señor Albricias, acordó que la protesta se reflejara en la prensa local.

Pero a la actitud de la Diputación, se sumó decididamente el Sindicato de Vinos, con una carta en al que se decía cómo la Cámara de Comercio y otros organismos, exponían igualmente su desagrado por el injusto desvío del que había sido objeto Alicante; refiriéndose a un editorial del «Abc», titulado «Dos puertos para Madrid» y en la que se acogía satisfactoriamente la designación del Instituto Económico Castellano «de utilizar el puerto de Valencia, para mantener el tráfico de Madrid y, en realidad, de Castilla entera, con el Mediterráneo y el paso de Suez».

El Sindicato de Vinos alicantinos sostenía la tesis de que había razones más que suficientes, de carácter geográfico, topográfico y económico, para que tal designación, recayera sobre nuestra ciudad que «era el puerto natural de la capital», de la cual distaba cuatrocientos cincuenta y cinco kilómetros y en una sola línea MZA, en tanto Valencia estaba a cuatrocientas noventa y en dos líneas, Norte y MZA.

La carta del Sindicato que resultaba conciliadora, estaba firmada por su presidente Marcial Samper y el secretario, Carlos Vicedo. Por su parte, «El liberal», de Madrid, elogiaba la defensa del puesto que, ante Prieto, había realizado el alicantino Carlos Esplá.

Mil pesetas se ganaba, en concepto de gratificación, don Francisco Fajardo Guardiola que ejercía las funciones de arquitecto ayudante, en nuestro Ayuntamiento. Aún tratándose de una cantidad relativamente pequeña, había que hacer recortes, para cuadrar los presupuestos. De manera que, en la sesión plenaria correspondiente al veinte de abril de 1904, la corporación decidió cancelarla, por cuanto aquella plaza la consideraron innecesaria. Así es que el señor Fajardo Guardiola se vio, casi de golpe y porrazo, en la calle.

Sin duda, el pleno señalado iba por todas: aquel mismo día, se decidió jubilar al arquitecto municipal titular, don José Guardiola Picó, de su empleo. Su avanzada edad le impedía desempeñarlo, a juicio de los ediles. Guardiola Picó, además de numerosas obras y de una biografía humana y profesional impecables, nos dejó un interesante folleto, «dedicado al Ayuntamiento, como representante genuino de la ciudad», titulado «Reformas en Alicante para el siglo XX», y un libro, siempre aconsejable: «Alicante en el siglo venidero», publicado en 1897. Don José Guardiola Picó percibía un sueldo anual de tres mil pesetas. Y después de veintiséis años, cuatro meses y catorce días al servicio de la ciudad, se le concedió una pensión de mil setecientas cincuenta pesetas.

En el ínterin y en tanto se sacaba a concurso la plaza, se le otorgó con carácter interino, a otro de nuestros grandes arquitectos: don Enrique Sánchez Sedeño.

El doce de agosto del referido año, la corporación municipal procedió a la votación de quienes se habían presentado para ocupar la vacante dejada por el señor Guardiola Picó. Y fue don Francisco Fajardo Guardiola, quien obtuvo doce de las papeletas emitidas, siguiéndolo con cinco su colega don Patricio Bulumburú Sator. Fajardo Guardiola regresaba, pues, al Ayuntamiento, que había abandonado meses antes, pero ya con la titularidad de arquitecto municipal. En enero del siguiente año, Francisco Fajardo redactó un informe, en el que denunciaba la tardanza de los toques de campana en el último incendio ocurrido en Alicante, y recordaba que, como estaba debidamente prevenido, los servicios de inspección municipal debían cuidarse de que la alarma sonara inmediatamente después de recibido el aviso de incendio.

El duque de Castroterreño, presidente de Camino de Hierro de María Cristina, necesitaba inversiones con objeto de poner en marcha aquel atractivo e incluso lucrativo proyecto. Alicante estaba en el punto de mira de los intereses generales y, por supuesto particulares. Los argumentos eran ciertamente irrebatibles: nuestra ciudad tenía un puerto seguro en «su bahía», y estaba tan solo a siete horas y media de distancia de la Corte. Circunstancia que, según alegaba, suponían un cincuenta por ciento de economía, en el transporte tanto de mercancías cuanto de personas.

Por eso el escrito que dirigió al Ayuntamiento el señor duque, animaba a la corporación a ocuparse del asunto que había de proporcionar tanta prosperidad «a sus representados». En definitiva, lo que el señor duque requería no era más que la cooperación e influencia de las autoridades locales, para que las personas más notorias por su posición social y, particularmente, por sus caudales, invirtieran sus dineros en aquella empresa que proporcionaba «seguridad a sus capitales redituándoles el interés legal, con beneficios regulares y con la particularidad de disfrutar iguales derechos los sucesivos herederos de los accionistas».

Pero además, la junta de la Compañía de Caminos de Hierro ofrecía también la posibilidad de mejorar los dividendos de los accionistas, «tan luego como la munificencia de la Reina Madre se dignase entender la concesión de la propiedad perpetua, con otras gracias que estaban pendientes de su augusta resolución».

En el documento que está fechado en Madrid, el veinticuatro de julio de 1844, solicitaba al Ayuntamiento que devolviera uno de los estatutos que se le adjuntaba, con las firmas de cuantas personas contribuyeran a la realización del referido proyecto para «elevarlo al conocimiento de su majestad, como real protectora».

En el punto primero de tales estatutos, se especificaba: «Se construirá una sociedad anónima mercantil con arreglo al Código de Comercio, que tendrá por objeto la construcción de un camino de hierro, con todas sus dependencias desde Madrid al real sitio de Aranjuez y su prolongación hasta Albacete, y de allí a Alicante, siempre que el Gobierno apruebe al proyecto que se ha presentado a tal fin».

Luego, como ya conocen nuestros lectores, las cosas rodaron por otros caminos.

Se han cumplido recientemente los veinte años. Fue en 1976, cuando una comisión promotora de más de cuarenta personas organizó el «Homenaje de los pueblos de España a Miguel», el «Homenatge dels pobles d'Espanya a Miguel Hernández», del diecisiete al veintisiete de mayo. Se programaron más de doscientos actos y se recibieron quinientas adhesiones de asociaciones culturales y sociales, universidades, colectivos y personas físicas.

El entonces gobernador civil, Benito Sáez González-Elipe, «expropió» la calle y prohibió los actos presumiblemente más multitudinarios: el del día veintitrés, en el Altabix, de Elche, en donde estaban previstas las actuaciones de Raimon, Els Joglars, Adolfo Celdrán, Elisa Serna, Francesc Moisés, etc.; el veinticinco, en el Rico Pérez, con la participación, entre otros, de Ovidi Montllor, Luis Pastor, Manuel Gerena, José Meneses, Enrique Morente, Vicent Andrés Estellés y Emili Rodríguez Bernabeu; y las verbenas populares que debían celebrarse en Orihuela, durante los días veintiséis y veintisiete, y que clausuraba aquel ciclo de actos, que se prolongarían por Albacete, Murcia, Madrid, Valencia, Barcelona...

La Prensa local y nacional se hizo eco de los acontecimientos que se sucedieron en aquellas jornadas: desde las presiones de artistas plásticos como Sixto Marco, Díaz Azorín, Arcadio Blasco, Mario Candela, Carmen Perujo, Alfonso Albacete, Adriano, Manolo Manzanaro, Adriano, Díaz Padilla, Segundo García, Pepe Gutiérrez, Genovés, Canet, Gabino, Párraga, Pepe Caballero, Cacho, equipo «El Cubri» y quienes a pesar de todo pintaron las fachadas de las humildes casas del barrio oriolano de San Isidro, con murales alusivos al poeta, a su obra y a la España que le tocó vivir; hasta las intervenciones telefónicas, la vigilancia de la brigada político-social, las cargas de los antidisturbios y las inevitables detenciones, que impedirían finalmente los recitales de Altabix y del Rico Pérez. Aun así, constituyó una expresión pacífica y democrática frente al continuismo, con ciertos toques reformistas de Arias Navarro. Los semanarios «Cambio 16», «Posible» y «Blanco y Negro» dejaron un amplio testimonio de este homenaje, así como en nuestro libro «La lucha por la democracia en Alicante».

Cuando en septiembre de 1923, el general Primo de Rivera, con la complicidad de amplios sectores ciudadanos y la aquiescencia del propio Alfonso XIII, tomó el poder de la nación, una de las primeras medidas fue destituir o suspender a los ayuntamientos, y colocar al frente de los mismos, a personas de su confianza y su misión. En varias de nuestras crónicas ya hemos dejado constancia de los ayuntamientos de aquella época dictatorial, que se abrió con una Alcaldía presidida por Miguel de Elizaicin y España, y se cerró con otra a cuyo frente se encontraba Florentino de Elizaicin y España, después de que Primo de Rivera, dimitiera el veintiséis de febrero de 1930.

El ocho de enero, de 1924, tras el cese de Miguel de Elizaicin, ocupó el cargo interinamente don José Tato Ortega, quien tuvo que dar cuenta de las sucesivas dimisiones que se iban produciendo en la corporación municipal. Pero frente a tanta baja, el gobernador militar y civil señor Bermúdez de Castro, nombró concejal a un compañero de armas don Miguel Salvador Arcángel. Se procedió entonces, a remodelar el Consistorio y a elegir a los tenientes de alcalde, cuyos puestos habían quedado desiertos. Entre ellos estaban Carlos Manero Pineda, Alfredo Lamaignere Rodes, Heliodoro Madrona Pujalte y José María Antón Tarí. El once de enero del mismo año, se procedió a la elección del presidente de la corporación, y salió con veintitrés papeletas a favor y una en blanco, don Miguel Salvador Arcángel, como era previsible.

Pero no permaneció demasiado tiempo en el cargo, toda vez que el doce de diciembre de aquel año, se llevó a efecto un nuevo cambio en la Alcaldía. También por votación, el general don Julio Suárez-Llanos y Sánchez accedió al más alto cargo municipal. Y allí permaneció, hasta que lo sustituyó, por razón de edad, don Florentino de Elizaicin, hasta que el veinticuatro de abril de 1930, por real orden y en presencia del gobernador civil, don Rodolfo Gil Fernández, instalara al frente del Ayuntamiento a don Gonzalo Mengual. España se preparaba para importantes cambios políticos.

Estaba pegada a la muralla y, durante el día, olía a chocolate y a virutas de madera de pino: tenderos de recogidos establecimientos de cacao y maestros carpinteros, trajín de mozas de fortuna que salían en chancletas de sus casitas del callejón del Ataúd, a agenciarse el sustento, por aquella calle que se llamó de los Enterradores, antes que de Liorna, cerrada en su extremo por un lienzo de muralla.

Y allí, en la que ahora se llama de López Torregrosa, se levantó un pequeño teatro de Moratín. Cuentan los cronistas de la época que estaba oprimido por las paredes de otras casas más sólidas y nobles, «con sus lunetas apolilladas y sus faroles de aceite». Viejo teatro al que acudían los comediantes embozados, para los ensayos, y las campanas de las monjas capuchinas tocaban la medianoche. Pasos apresurados por lo que aún era arrabal desierto y con aquel sobresalto de nombres lúgubres. Pobres comediantes qué temblores, qué posibles miedos, en cada esquina oscura, en cada sombra, en el susurro mismo del leve viento que agitaba las plantas trepadoras y las higueras del huerto que caía al otro lado de unas tapias tal vez demasiado largas.

Por fin, el Teatro Principal acabó con aquel lugar de espectáculos «insuficiente y de pobrísimo aspecto». Y sin embargo, allí mismo, sobre el solar del Moratín, aún se edificaría el teatro español: efímero teatrito «dorado y blanco», dicen. Para le época del melodrama y de la zarzuela. En él, resonaron las obras de Zorrilla, los valses de Straus, la voz de Pedro Delgado, los sainetes valencianos. Pero todo muy fugaz. El bullicio se evaporó con la aplicación de las rigurosas leyes de espectáculos. Luego, se derribaron las murallas y se abrieron nuevas vías para el ensanche de la ciudad.

El Español, en medio de tanto vaivén, aún permaneció en su sitio, cerrado, casi espectral, como un testigo del Alicante decimonónico, hasta que se convirtió en corralón de rifas y juegos de lotería, bailes populares y jaraneros, para terminar en almacén de carbón, antes de que las piquetas implacablemente lo echaran abajo, sin contemplaciones; del edificio quedaron unas paredes al descubierto llenas de nombres, de fechas de frases obscenas. Qué menuda y sugerente crónica.

El mismo día, 14 de septiembre de 1923, en que el rey Alfonso XIII, llamó a Madrid al capitán general de Cataluña don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, para que se hiciera cargo del poder y se evitara así «un baño de sangre», ya en Alicante, el gobernador militar y general de división, don Cristino Bermúdez de Castro, se apresuraba a allanarle el camino a la dictadura, sin demasiadas contemplaciones, de acuerdo con los propósitos militares y aprovechando la creciente debilidad de un gobierno, que se desmoronaba, sin encontrar soluciones.

Bermúdez de Castro en aquella fecha hizo público un bando en el que se exponían los principios de lo que iba a ser la dictadura. Por disposición de la autoridad militar de esta región, declaró el estado de guerra en nuestra provincia y suspendió temporalmente las garantías que se contemplaban en el articulado de la Constitución. El extenso bando advertía entre otras muchas cosas, que serían disueltos los grupos de personas que «embarazasen la vía pública o que tuvieran carácter sedicioso», empleándose la fuerza si acaso se resistían a la disolución, «sin que para tal medida fuera obstáculo la presencia de mujeres o niños, entre los referidos grupos».

En el citado documento quedaban sometidos a la jurisdicción de guerra y a juicio sumarísimo, «si a ello hubiere lugar», los insultos a los militares que se encontrasen desempeñando cualquier servicio, el robo en cuadrilla, los daños y perjuicios causados a edificios públicos y privados, y a los establecimientos industriales, el desacato a las autoridades y a sus agentes. Naturalmente, quedaron sometidas a censura previa todas las publicaciones, medidas que fueron celebradas por los periódicos conservadores -véanse «El Correo», «El Tiempo», «El Periódico para Todos»- en tanto que otros, fundamentalmente «El Luchador», diario republicano, mostraba su disconformidad, dentro de los estrechos márgenes que le permitiría esa censura.

El Ayuntamiento elegido constitucionalmente fue cesado, como sucedió en toda España, y sustituido por juntas gestoras integradas por personas adictas y algunos militares, como ya hemos constatado reiteradamente, en esta crónica diaria. Igualmente se prohibieron los partidos y sindicatos obreros, excepto el PSOE y la UGT. En 1927, Bermúdez de Castro fue reemplazado por el general Mariano de las Peñas. La dictadura primorriverista se pulverizó el treinta de enero de 1930.

Todavía nuestra ciudad era un paisaje de desolación, cuando los redactores de la «Hoja Oficial de Alicante» lograron entrevistar a don Ambrosio Luciáñez Riesco, alcalde de Alicante, quien les recordó su profesión de periodista, que había ejercido durante muchos años y a la que le gustaría reincorporarse: «Cambiaría mi condición de alcalde por la de periodista».

La «Hoja Oficial de Alicante», la editaba la tercera compañía de Radio-Difusión y Propaganda en los frentes, y tenía sus dependencias en la calle Quintana. Su primer número apareció en sábado, ocho de abril de 1939, «Año de la Victoria». Y en ese primer numero, ya se noticiaba que se iban a cumplir de inmediato los acuerdos municipales, por los que la plaza de la Constitución y la avenida de Zorrilla, se llamarían en lo sucesivo y respectivamente del generalísimo Franco y de José Antonio Primo de Rivera. Y en el siguiente, se anuncia que se acometerá la apertura de la Rambla de Méndez Núñez, extendiéndola hasta la calle de Calderón de la Barca, por su parte norte; y hasta el mar, por el sur.

En sus declaraciones, el señor Luciáñez Riesco manifestó que se encontraba al frente del Ayuntamiento aún antes de la llegada de las tropas liberadoras, «cuando Falange resolvió sacudir y terminar con el yugo rojo, proclamando Alicante nacionalista». Señaló el alcalde que fueron aquellas horas de una intensa emoción y de una gran responsabilidad. «Afortunadamente, Dios nos ayudó a salir airosos de aquel trance a los que iniciamos aquella empresa, salvando el peligro gravísimo que suponía la llegada a nuestra ciudad de más de diez mil hombres armados que querían embarcar en nuestro puerto, para expatriarse».

Con respecto a las inmediatas actuaciones urbanísticas, Ambrosio Luciáñez se refirió a los proyectos de prolongación de la Rambla, tan deteriorada por los efectos de la guerra, y a la construcción de «un magnífico edificio del Banco de España (en la misma avenida), en el solar del antiguo convento de las Capuchinas, ya adquirido por dicha entidad bancaria». Se refirió al mausoleo que se pensaba erigir en el cementerio, para honrar a cuantos sucumbieron; y a la Cruz de los Caídos que se levantaría en el jardín de Ramiro. «No les digo más -concluyó el alcalde franquista-. Es preferible la acción a la palabra. De la celda a la Alcaldía ha sido un tránsito demasiado brusco». Pues aún los hay más.

El quince de septiembre de 1933, el Ayuntamiento accedió a entregar al monopolio de petróleos un solar de sesenta mil metros cuadrados, a cambio de las fincas que éste poseía en nuestra ciudad, concretamente en la Hoya de Gascón, en las Canteras y en Babel. Y esto porque el ingeniero municipal informó desfavorablemente el proyecto que había presentado la Campsa, para la construcción de una factoría, en una zona de ensanche de la población, que dificultaba considerablemente la urbanización de la misma.

La corporación ofreció aquella superficie que podía ser ganada al mar y que estaría situada entre el puerto pesquero y la estación de Murcia. De modo que solicitó del Estado, por medio de la Junta de Obras del Puerto, las obras del terraplenado para el emplazamiento de la referida factoría.

«El Luchador» comentaba en sus páginas que, sin duda, en los terrenos que de tal forma se conquistaban, se podría levantar la factoría de petróleos «más moderna de España». A juicio del diario republicano, no se presentaban grandes complicaciones, toda vez que, aquel nuevo campo, adentrado en el mar y separado de la población, no representaba peligro alguno para la ciudad. «Allí, los buques podrían atracar, en una especie de muelle que se construiría, sin necesidad de acarrear algo el petróleo, toda vez que lo dejarían dentro de la misma factoría».

Para el citado periódico, las motonaves que surcaban el Mediterráneo encontrarían unas ventajas inigualables. «Les convendría mucho más tocar en nuestro puerto que en el de Barcelona y en otros de nuestro litoral». Además, señalaba que por aquellos setenta mil metros cuadrados, el Ayuntamiento recibiría ciento cuarenta mil de terrenos en zona urbanizable.

Sin embargo, en marzo de 1934, «El Luchador» escribía: «Por esta razón, son éstos los ayuntamientos (quince en toda España y entre ellos Alicante), los que en mejores condiciones de modernidad y eficacia han de tener sus servicios contra incendios. Y si al propietario de la finca urbana o de la fábrica extraurbana, se le puede cobrar impuestos, por esta atención que al riesgo de incendios tiene el municipio, no estaría bien que a una empresa poderosa y que sólo se estableció con fines comerciales, no se le puedan cobrar tales impuestos».

Se pedía al monopolio, por medio de Estado, una peseta por cada mil litros de venta. Muy poqueta cosa.

Fue a raíz de aquellas elecciones municipales que instauraron la Segunda República Española, el 14 de abril de 1931, cuando la Cruz Roja, en nuestra ciudad, experimentó considerables mejoras, «de acuerdo con el espíritu amplio y liberal del momento». En un principio, se hizo cargo de la presidencia delegada el doctor José Estruch, quien, junto con el jefe facultativo de la institución, doctor Gandulla y Tomás Navarro, secretario del comité, abordaron de inmediato el tema del dispensario del que se disponía, inoperante y con escasos medios, situado en las proximidades de la Casa de Socorro.

Hubo de pasar algún tiempo, antes de que se realizaran las gestiones necesarias, para instalarlo en un lugar más adecuado y espacioso: en la esquina de la calle del Cid con la avenida del Doctor Gadea. Se inauguró finalmente el veintitrés de abril de 1933. Y, según los periódicos de aquel tiempo, estaba dotado de vestíbulo, sala de espera, quirófano, enfermería, consultorio, instalaciones de rayos X y electroterapia, farmacia y almacén. Allí estaban, con Rafael Gandulla, muchos médicos conocidos: Claramunt, Guillén Tato, Llombart, Ribelles, Guardiola y, entre otros más y diversos practicantes, Adolfo Mangada, facultativo al frente de los laboratorios clínicos.

Pero, además de este nuevo dispensario, la Cruz Roja tenía también para el desarrollo de sus competencias humanitarias de un hospital. De un hospital al que cordialmente los alicantinos le llamaban «el hospitalillo». «El hospitalillo» estaba situado «en un admirable paraje por lo sano y por lo tranquilo, allá en las altas planicies de la avenida de Alcoy», en el Altosano -Altozano-, bajo la dirección del doctor Adolfo Gascuñana y con una eficiente plantilla de cirujanos y especialistas: López Sánchez, Navarro Herrero, Martínez Morellá, Migallón, Pillet Llorca. «Más que hospital -«el hospitalillo»- era un sanatorio, pues allí los enfermos eran operados y quedaban atendidos, hasta su total curación». Bajo la bandera tricolor y de acuerdo con sus principios humanitarios, la Cruz Roja atendió a cuantas personas requirieron sus servicios, «sin tener en cuenta ni ideas políticas, ni creencias religiosas». Algo, en fin, que siempre ha ennoblecido la trayectoria de la Cruz Roja.

«El fascismo mata por matar. Busca a los obreros en los barrios humildes, y allí los asesina», dijo el gobernador civil de la provincia, por los micrófonos de Radio Alicante, después de que «la aviación facciosa realizara una incursión cruenta sobre diversos lugares de la población, el domingo, veintiuno de noviembre de 1937, a la una de la madrugada». Aquel ataque, según la Prensa, se saldó con veintiocho víctimas mortales y sesenta heridos.

Fueron dos escuadrillas las que actuaron sucesivamente sobre la ciudad. La primera, arrojó bombas incendiarias sobre los barrios de San Antón y San Fernando, después de esquivar las defensas antiaéreas. Veinte minutos más tarde, la segunda dejó caer su carga sobre el Pla del Bon Repós y Carolinas. De acuerdo con la información facilitada por «El Luchador» uno de los aparatos «ametralló con saña el Hospital de Campoamor, la Casa del Niño, el Panteón de Quijano, antiguo Hospital de la calle Manuel Azaña y el refugio en construcción de la calle de la Huerta. Y fue precisamente en éste donde más víctimas hubo».

A consecuencia del ataque, varios edificios quedaron envueltos en llamas, particularmente en el Pla del Bon Repós. Uno de ellos fue la conocida clínica Climent. «Pepito Climent, como cariñosamente le llamamos sus amigos, que consagró su vida a crear y organizar esa clínica, en la que se adoraba y por la que luchaba afanosamente, la ha visto destrozarse en unos segundos». Se calcula que, en aquella ocasión, cayeron sobre Alicante unas cincuenta bombas. Las dos escuadrillas que llevaron a cabo las incursiones procedían de la base de Mallorca.

Tanto la Cruz Roja como el cuerpo de bomberos actuaron con la urgencia que requerían las circunstancias, «así como los doctores Claramunt y Visconti, y el practicante Martínez, que se encontraban de guardia, en la Casa de Socorro». Fue, podemos imaginarlo, una madrugada llena de inquietudes y de miedos: no se descartaba la posibilidad de un nuevo e inesperado ataque. El Ayuntamiento, aprobó la condena «del criminal atentado contra la población civil», y costear los gastos de entierro y sepultura a perpetuidad de las personas fallecidas. Alicante, ya lo hemos dicho, fue un objetivo muy frecuentado por la aviación legionaria italiana al servicio del general Franco.

Estaba en la playa de Babel y era un pequeño embarcadero, al que se le denominaba «el mollet dels inglesos», porque los extranjeros tenían, a espaldas de la fábrica de gas, sus almacenes de mercancías. Cerca, el Huerto de Seguí, que, a decir de algunos investigadores y cronistas, fue el primer cementerio protestante que existió en nuestra ciudad, muy particularmente destinado para los ciudadanos de nacionalidad británica. Porque a los holandeses o personas de otra procedencia, se les daba sepultura en el Raval Roig, a orillas del mar, cerca del Pou del Drac, en el terreno que ocuparían las casas que construyó don Juan Langlois, hacia 1880, y también en la antigua plaza de las Barcas (hoy, de Gabriel Miró).

Por entonces, los enterramientos católicos se practicaban en el interior de algunos templos y también en el huerto que los Franciscanos tenían en las cercanías de la Montañeta. Los franciscanos, en la segunda mitad del siglo XV, abandonaron su residencia en las inmediaciones de la ermita de Los Ángeles y se trasladaron al arrabal de San Francisco, en unos terrenos que adquirieron y que estaban limitados por las posteriores calles de Bazán, Jerusalén, Gerona y Riego. Allí levantaron su referido huerto parte del cual lo destinarían posteriormente a la construcción de la Casa Santa de Jerusalén.

Y eran fundamentalmente los peregrinos que fallecían en la misma, los que recibían sepultura, en el huerto aledaño.

Esta situación se mantuvo hasta los primeros años de 1800, en que se inauguró el cementerio de San Blas. Por lo que respecta al tantas veces citado huerto de los Franciscanos, fue destruido, junto con el arrabal de San Antón, en 1808, por orden del gobernador militar, y con objeto, como ya hemos comentado en otras ocasiones, de impedir que las tropas francesas se guarnecieran en tales lugares.

Así, según Montero Pérez, no es extraño que en ambos lugares se encontraran restos humanos, como también se encontraron en la calle de Montengón, donde estuvo el Hospital de San Juan de Dios, hasta 1844, y en la plaza de Quijano, donde antes se levantaba la iglesia de San Agustín. Memento homo.

Aunque nacido en Alicante, el 14 de diciembre de 1781, José Carratalá Martínez, «a pesar de reunir tan relevantes condiciones, no se acordó ni de la ciudad de Alicante, en donde viera la luz primera, ni de los pueblos de su provincia, no teniendo éstos que agradecerle la más insignificante mejora», opinó Francisco Monteyo. Cuánta ingratitud, en uno de nuestros conciudadanos que llegó a ocupar una poltrona de ministro, como Juan Antoine Zayas, José María Manresa Navarro, Joaquín María López, Francisco Santacruz, Rafael Mayalde, Eleuterio Maisonnave, Trinitario Ruiz Capdepón, Joaquín Chapaprieta y algunos más.

José Carratalá Martínez inició estudios eclesiásticos, aunque los abandonó por los de derecho. Se licenció en Valencia, en 1808, y se instaló en Aranjuez, aunque a raíz de los sucesos de aquel mismo año regresó a su ciudad natal, en donde formó parte de la junta de salvación, con motivo de la Guerra de Independencia. En Almansa, movilizó a numerosos voluntarios pertenecientes a distinguidas familias alicantinas y formó el regimiento de infantería que llevó el nombre de nuestra ciudad. Fue herido tres veces, en las diversas acciones militares en las que tomó parte.

Posteriormente, lo trasladaron a Perú, con el empleo de teniente coronel, en donde permaneció durante diez años, bajo el mandato del virrey La Serna. Regresó a España en 1825, y Fernando VII lo nombró jefe del estado mayor de operaciones. Sus últimos hechos de armas contra los carlistas -ya muerto el llamado rey felón- tuvieron lugar principalmente en El Maestrazgo. Luego, ascendió a teniente general. Por real decreto publicado en la «Gaceta de Madrid», el diecisiete de enero de 1838, y a consecuencia de la renuncia al cargo de secretario del despacho de guerra de don Baldomero Espartero, la reina regente, «en nombre de su excelsa hija la reina doña Isabel II», lo nombró para el expresado cargo. Cargo que desempeñó por poco tiempo.

José Carratalá Martínez estaba en posesión de las grandes cruces de San Hermenegildo y San Fernando. Era senador vitalicio y benemérito de la patria. Pero de su patria chica, apenas si se acordó para nada. Por eso el siempre recordado Montero Pérez lo consideró un ingrato: no daba la talla de alicantino. Ya ven.

Imagínense ustedes que, hoy mismo, ya metidos en la pólvora y en la marcha de las fiestas del fuego, el alcalde, Luis Díaz Alperi dispusiera que a la medianoche, en punto, se cerraran todos los locales públicos de diversión: bares, pubs, cafeterías, etcétera, ¿qué ocurriría? Seguro que al alcalde ni se le ha pasado por las mientes una medida así.

Sin embargo, el alcalde y general Julio Suárez-Llanos no sólo se le pasó por la cabeza, sino que dictó las oportunas providencias para que los establecimientos señalados y algunos más echaran el cerrojo a las doce de la noche. Por supuesto que ha llovido mucho, desde entonces, y que es a las doce más o menos, cuando hoy la juventud emprende el camino del barrio o de sus vivaques nocturnos del fin de semana, mientras que sesenta y ocho años antes, la hora resultaba algo avanzada, pero no era para tanto. Mayormente, cuando el propio Suárez-Llanos acababa de publicar el primer bando sobre nuestras hogueras -una especie de acta de nacimiento oficial-, en aquel año de 1928.

La impopularidad de tal disposición pronto se materializó en las páginas de «El Luchador»: «Pedimos que se rectifique la hora. Lo pedimos para todo el verano, porque, en lo que se refiere a las fiestas, que empiezan mañana, esperamos que el Ayuntamiento de Alicante haga lo que hizo el de Valencia durante las fallas: una gran tolerancia en el cierre de todos los establecimientos públicos». Sin duda, el general y titular de la alcaldía no tuvo más remedio que ser algo flexible, aunque el hombre siguiera opinando que las doce era una buena hora para que los clientes de bares y cafés se recogieran en sus casas.

Aquel primer año de las Hogueras de San Juan, Lorenzo Aguirre se llevó el premio de carteles, que le fue otorgado por un jurado que integraban los ediles Javier Gatzambide, Vicente Martínez Pinna y Aureliano Abenza, con el asesoramiento del escultor Vicente Bañuls. Jurado que también otorgó los premios a las hogueras, un total de nueve que entraban en concurso.

La argelina ciudad de Orán, entonces bajo la administración francesa, plantó su hoguera en nuestra ciudad durante cuatro ediciones consecutivas: de 1933 a 1936; ambos ejercicios incluidos.

La iniciativa correspondió a un benaluense, comerciante en vinos, concejal y miembro de la Comisión Gestora: Carlos Ramos Pinsa, a quien el Ayuntamiento, el veintidós de junio de 1934, le otorgó el título de hijo predilecto. En aquella misma sesión plenaria, también se le concedió la medalla de oro de la ciudad a monsieur Pierre Gouré, presidente del comité de la hoguera oranesa. Fueron ambos quienes, con el decidido apoyo del cónsul general de España, en aquella ciudad, don Tomás Sierra Yustazara, y algunos entusiastas más, tras muchos episodios y gestiones, propiciaron el acercamiento de Alicante y Orán, al calor del fuego y de la fiesta.

Muchos años después, siendo ya Argelia de los argelinos, se firmaría en protocolo de hermanamiento entre las dos ciudades.

En 1933, la primera hoguera oranesa, se plantó en la plaza del Mar. Llevaba el título «Tornem a lo de ans en el vestir». Pero, con objeto de disponer adecuadamente todo aquel montaje, previamente, se desplazaron a la población norteafricana Lorenzo Carbonell, alcalde de nuestra ciudad, Manuel Collía, presidente de la Comisión Gestora, y varias personas más, vinculadas a la fiesta, a quienes el alcalde de Orán, abate Gabriel Lambert -al que ya nos hemos referido en otras ocasiones, en este mismo espacio- había invitado. Era mayo, y por las calles de Orán desfilaron «Los Claveles» y «El Empastre», en tanto la Wagneriana, la banda alicantina de pulso y púa que dirigía el maestro José Torregrosa y la Bande du Foyer Musical, ofrecían sus interpretaciones en el Teatro Municipal por la noche, la Bellea del Foc abría el baile en el Casino de Canastel, con el gobernador general.

En aquella primera expedición festiva, cuatro mil oraneses llegaron a nuestra ciudad sumándose así a las celebraciones de San Juan. Iban provistos de un salvoconducto valedero para cinco días y unos bonos para los alojamientos hoteleros que tenían un precio aproximado de ochenta pesetas. En 1936, se plantó en la plaza del Mar la hoguera oranesa.

Pocas semanas después, empezaba la guerra civil española.

Había que votar el veintiocho de junio, con las Hogueras de San Juan por medio. La cosa chocaba lo suyo. Se superponían festividades y campañas electorales. Pero al final, cada asunto se resolvió dentro de sus cauces. Hubo Hogueras y hubo urnas. Y de aquellas urnas salieron los de las constituyentes republicanos. El triunfo de aquellos comicios se lo llevó la coalición de izquierda republicana y socialista, con una participación del setenta por ciento.

En 1931, aún con olor a pólvora, pero a pólvora festiva, salieron diputados Carlos Esplá Rizo, Rodolfo Llopis Ferrándiz, Manuel González Ramos, Antonio Pérez Torreblanca, Juan Botella Asensi, César Oarichena, Genaro, Jerónimo Gomáriz Latorres y varios más. En tanto, la Agrupación al Servicio por la República sufrió una ostensible derrota. Y fíjense quienes integraban aquella lista, entre otros: Óscar Esplá, Azorín y Figueras Pacheco.

Los intelectuales, celebraron un brillante acto político, el veintisiete de aquel mes, en el teatro de Verano. Ya lo hemos contado: habló Azorín y también participaron, según «El Luchador», Germán Bernácer, Ángel Pascual Devesa, Óscar Esplá y Pérez García-Furió. En aquel acto se procedió a la lectura de unas cuartillas de Ortega y Gasset. A pesar de todo, los resultados fueron ciertamente irrisorios.

Pero si en las urnas venció la coalición de izquierdas, en las Hogueras Gastón Castelló se llevó la mayoría de los votos y se ganó el primer premio y varios otros, con «Los enemigos del alma alicantina», que se había plantado en Benito Pérez Galdós.

La política y las fiestas de San Juan se entendieron perfectamente. No hubo errores a la hora de emitir el voto. A la hoguera lo que era de la hoguera, y a la urna lo que le correspondía. Aquel 1931, España había estrenado República, y las fiestas del fuego cumplían sus tres primeros años.

Al entonces diputado a Cortes por la provincia Carlos Esplá Rizo se le debe la entrega, por parte del Ministerio de Guerra, al Ayuntamiento, del edificio del viejo convento de los Franciscanos, transformado en cuartel de infantería. Esplá realizó las gestiones en Madrid, en tanto Lorenzo Carbonell las impulsaba con ánimo de eliminar un foco de suciedad que impedía el desarrollo urbanístico de Alicante.

En «El Luchador», Francisco Montero arremetió contra los políticos de la Restauración, el treinta y uno de octubre de 1932: «Lo que no consiguió en su tiempo el omnipotente político, el banquero privado de Sagasta, don Enrique Arroyo Rodríguez, cual era la cesión a nuestro municipio del vetusto convento de los Franciscanos, convertido en cuartel, como así se lo hacía creer a un correligionario y amigo de confianza, don Rafael Terol y Maruenda, lo ha conseguido, sin ruidos ni alharacas, nuestro paisano y diputado don Carlos Esplá». Y concluía el citado cronista: «(…) durante el efímero paso por el poder del ilustre hombre público don Francisco Silvela, se nos impuso, se puede decir que a viva fuerza, para diputado a Cortes por esta Circunscripción, a don Santiago Mataix y Soler, secretario del entonces ministro de Guerra don Camilo Polavieja, y atendiendo a esta circunstancia, el jefe del partido silvelista de la localidad, don Salvador Pérez, interpuso toda su influencia a fin de conseguir tal cesión. Pero todo fue inútil. Se alegaba que para ceder dicho cuartel, el ramo de Guerra debía contar de antemano con otro nuevo, petición que nuestro Ayuntamiento ya había atendido regalándole al Estado el terreno donde debía ser construido. Pero el Estado se apoderó del mismo sin ceder el viejo, hasta que la gestión de Esplá ha fructificado».

Efectivamente, don Manuel Azaña, a la sazón ministro de Guerra, así se lo comunicó epistolarmente a Carlos Esplá. En sesión del dieciocho de noviembre de aquel año, el Consistorio recibió un comunicado notificando la entrega al mismo, y a su solicitud, de la finca denominada «La Montañeta». El alcalde aclaró que debía de tratarse de un error burocrático y pidió se le facultara para hacer las manifestaciones correspondientes, para que se puntualizara qué era lo que pedía el Ayuntamiento y qué lo que cedía el Estado. El Ayuntamiento había pedido los terrenos de la Montañeta de unos ochocientos metros cuadrados, y además el cuartel de San Francisco. Había que poner las cosas en su justo lugar.

Ya hemos abundado, en anteriores columnas, acerca de los juicios que celebró en nuestra ciudad el Tribunal popular que presidía Vidal Gil Tirado, quien había dado, con anterioridad, fiscal de la Audiencia Provincial. El Tribunal se constituyó en nuestra ciudad, el uno de septiembre de 1936 y celebró su primer juicio el día seis de ese mismo mes: más de sesenta personas procedentes, en su mayoría de la Vega Baja, y de las cuales fueron condenadas a la última pena cincuenta y tres de ellas. Pero, sin duda, de entre las ciento veinticinco condenas a muerte que dictó, entre la anterior fecha y el treinta y uno de diciembre de aquel año, la más relevante, por sus implicaciones políticas, fue la que llevó ante el pelotón de fusilamiento a José Antonio Primo de Rivera. Se le juzgó el dieciséis de septiembre -junto con su hermano Miguel, su cuñada Margarita Larios y varios otros-, se le condenó el dieciocho y se le ejecutó el veinte.

El seis de octubre de 1939, «La Gaceta de Alicante» que dirigía Fernando Ors titulaba: «El fiscal que condenó a José Antonio es arrojado a la calle desde un tercer piso». El texto de la escueta noticia decía que, según la prensa de Puerto Rico, un grupo de estudiantes de la Universidad de Predios, había asaltado el domicilio del profesor Enjuto y lo habían tirado a la calle, por un balcón. «Enjuto fue el magistrado que actuó en Alicante como acusador en el proceso que se le siguió a José Antonio. Luego embarcó a América, a Puerto Rico, donde Fernando de los Ríos le había preparado una cátedra en dicha universidad».

Pocos días después, el diecisiete de aquel mes, la prensa informaba que, en Barcelona, habían detenido al teniente del Ejército Rojo, José Vázquez, que mandó el piquete que ejecutó al fundador de la Falange, quien manifestó que había estado presente en el juicio y que, posteriormente, le ordenaron que mandara aquel piquete. Según la agencia Cifra, en un nuevo despacho, se refirió al detenido como Juan José González Vázquez, así como a sus declaraciones relativas a los últimos momentos de José Antonio. González Vázquez manifestó a la policía «que formó dos veces en el pelotón de ejecución: una a principios de octubre de 1936, para los fusilamientos del general García Aldave y seis oficiales más. Este piquete estaba mandado por el capitán Eduardo Rubio. Y posteriormente, al del dirigente falangista». El detenido, siempre según las citadas fuentes periodísticas, agregó que no había dado el tiro de gracia a ninguno de los ejecutados.

La verdad es que tal y como andan los tipos y encima con ese veinticinco por ciento que se queda la Hacienda Pública de los intereses, el pequeño ahorrador no está para muchas fiestas, y ya piensa en congelar sus dineritos en el calcetín. El ahorro, hoy, inspira poca confianza: por una cartilla y con eso de la informática, te tienen más fichado que los servicios del Mosad. Cosas del progreso.

Pero, sí, se instituyó la fiesta del ahorro. Fue con motivo del primer congreso de estas entidades supuestamente benéficas, que se celebró en Milán, en el año 1924 y al que asistieron veintisiete países, entre ellos España, representada por las Cajas de Madrid, Barcelona y Postal. Como quiera que tal congreso se clausuró el treinta y uno de octubre, se decidió que tal día fuera el de la celebración.

No mucho después, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alicante, se adhirió al Instituto Internacional de Ahorro y envió a Milán su solicitud de inscripción. De modo que decidió organizar, en años sucesivos, tal efemérides. En aquella primera ocasión, en los salones de dicha entidad, se celebraron los actos, bajo la presidencia del general y gobernador Bermúdez de Castro. El presidente del consejo de administración, don José Guardiola Ortiz pronunció un discurso en el que historió la génesis de aquella nueva fiesta.

Seguidamente, se otorgaron premios «para el imponente más antiguo y otro para el más perseverante». Pero los afortunados, que eran personas pudientes, destinaron los dineros a limosnas: cuatrocientos cincuenta cubiertos para los pobres, que se sirvieron en la Cocina Económica. Luego, la Caja sorteó un premio de doscientas cincuenta pesetas para los obreros con cartilla y además se abrieron dos cartillas, con ciento veinticinco pesetas cada una, para un asilado y una asilada de la Casa de la Misericordia. En fin, ya ven: obra benéfica.

Coincidiendo con aquella primera fiesta, se celebró una asamblea a la que asistieron, además de la entidad anfitriona, las Cajas de Elche, Novelda, Orihuela, Cartagena y Yecla. En aquella asamblea, según la Prensa, se establecieron los cimientos para una futura federación de Cajas de Ahorro. Por último, el señor Carreras, que ostentaba el cargo de director gerente, expresó la deuda de gratitud con el ilustre tribuno don Eleuterio Maisonnave, quien fundó la benemérita institución. Eran otros tiempos. Ahora habría de instituirse el veinte de junio como día del impuesto patrio. Salvo para aquellos que saben hacérselo, sin soltar un duro.

La construyeron Gastón y Paco Hernández -inolvidables ambos- en la plaza del Puente. Era el año 1929 y la hoguera no sólo fue premiada, sino que Alicante entero subió a ver la singular hoguera. Singular porque el padre de Gastón, a quien llamaban «Micalet, el fransés», porque había residido en Argelia, en su condición de perito mecánico, dotó de movimiento a los elementos de aquel monumento que resumía la transformación del castillo de Santa Bárbara, en un parque de atracciones. «Un funicular con dos vagones de subida y bajada se cruzaban graciosamente en el camino. Había ruedas de caballitos, columpios, bicicletas que corrían por pistas y hasta un aeroplano, sujeto a un eje. Y todo movido eléctricamente, a la perfección. El éxito fue explosivo», nos cuenta en un artículo el propio Gastón Castelló.

En 1930, el entrañable artista repitió la colaboración con su padre en la hoguera de Pérez Galdós: «Los cinco sentidos». Casi todas sus figuras se movían: cinco oradores gesticulaban, en tanto una mujer simbólica «La Esperanza», mecía un niño alicantino y un dormilón daba continuas cabezadas. El mecanismo era muy sencillo, como pudieron comprobar los miembros del jurado: un motorcito y una serie de hilos daban vida a tales personajes.

La experiencia se volvería a producir dos años después, en la hoguera de la plaza de la República (ahora, del Ayuntamiento), y finalmente de nuevo en Pérez Galdós, donde Gastón se inspiró en los dolorosos recuerdos de su padre sobre la emigración: «En concepto moderno, modelé un grupo de emigrantes que marchaban, con paso dramático, por un terreno en pendiente, mientras otros, desolados, miraban hacia atrás sus yermos campos. Era, en definitiva, mi grito pidiendo que jamás volviera a repetirse tan angustiosa estampa. En el fondo, aparecían trazados los proyectos de irrigación de Azpiazu y del insigne Lorenzo Pardo, a quien tanto ayudó Indalecio Prieto en ese polémico trasvase Tajo-Segura». Por un ingenio hidráulico, las aguas corrían por unos deseados canales, ante el júbilo de los agricultores.

Fue la última colaboración: un homenaje a los emigrantes y también a su padre, «Micalet, el fransés», que murió en 1934.

La Junta Democràtica del País Valencià se constituyó el cinco de agosto de 1975 -meses antes lo habían hecho las de las provincias de Alicante y Valencia- y, muy poco después, el Consell democràtic del País Valencià.

Dicha constitución, rodeada de cautelas, se llevó a cabo en la caseta, propiedad del alcoyano José Pérez Jover, situada en un paraje agreste y solitario del término de Carbonell, en el municipio de Alfafara. Aquel día, se observó un despliegue de fuerzas de la Guardia Civil, que vigilaban caminos y carreteras, a raíz del atentado terrorista contra el centinela de un cuartel de Valencia. Pero ese extremo lo ignoraban los delegados que se dirigían precavidamente, casi como conspiradores, al punto señalado. Hubo momentos de titubeos y los enlaces situados en lugares acordados, se movieron con agilidad. ¿Qué hacer?

Finalmente, se acordó proseguir viaje, en varios coches y por distintas rutas, hasta alcanzar el objetivo propuesto, a media tarde. «Allí están: Manuel Broseta Pont, Emérit Bono, José Antonio Noguer Puchol, José Linares Gomis, José Vicente Mateo y Cerdán Tato, y, por supuesto, el propietario de la finca». Por los alrededores, unos cuantos amigos vigilan discretamente los accesos a la referida «caseta». Es una sesión dilatada y laboriosa. Por último, los delegados se ponen de acuerdo. Ya oscurecido y a la luz de unas velas -lo que imprime a la reunión cierta atmósfera conspirativa-, se redacta el manifiesto-programa de la Junta Democràtica del País Valencià, «cuya presidencia y vicepresidencia asumirán respectivamente el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia, Broseta Pont -asesinado años después por ETA- y este cronista». Sobre la medianoche, se da por concluida la sesión y se emprende la marcha, en diferentes direcciones, con un cuarto de hora, entre automóvil y automóvil. Por entonces, toda precaución era poca.

En esta Junta, como en la de España y en las de otras provincias y regiones, había representantes de diversos partidos políticos PCE, PTE, PDP y algunos más, así como de colectivos de profesionales, de estudiantes, de maestros y docentes, en general, de independientes, etcétera. En el País Valenciano, como ocurrió a escala estatal, las dos instancias unitarias, la Junta y el Consell, concluirían fusionándose -ya lo hemos escrito en este mismo espacio-, para dar origen a La Taula de Forces Polítiques i Sindicals.

Ya lo saben: antes que Rambla o avenida de Méndez Núñez se llamó, primeramente, el Vall, y luego, cuando se derribaron las murallas y se construyeron edificios, plazas y jardines, paseo de Quiroga y paseo de la Reina, sucesivamente. Recuerden las viejas fotografías con los elevados salones, circundados de verjas, con álamos y rosaledas, jarrones, bancos y una romántica fuente al fondo. El tenebroso lugar de antaño, se transformó en virtud de las reformas urbanísticas, en un centro privilegiado, a partir de 1816.

Por supuesto, se levantaron comercios y casas de solera. Una de ellas situada entre dos viejas posadas: la de la «Higuera» y la del «Burro d'or», la construyó don Antonio Sereix y don Eduardo Campos y Sereix.

El inmueble tenía dos plantas. La primera la habitaron sus propietarios. Y la segunda, en alquiler, estuvo ocupada, en un principio, por quien sería eminente político y presidente de la Primera República, don Emilio Castelar y Ripoll, su madre y hermana. Mediaba el siglo y don Emilio realizó en nuestra ciudad estudios de segunda enseñanza, y en aquel piso, escribió una de las dos novelas de la que fue autor: «Ernesto».

Más tarde, y durante muchos años, aquella vivienda emblemática tuvo otro ilustre inquilino y destacado dirigente del partido liberal-conservador, don Antonio Blanquer.

Y finalmente, hasta ya bien entrada la actual centuria y antes de que se procediera a su derribo, vivió en ella el notable artista don Juan Latorre, con su familia.

En los bajos del edificio, mayormente destinados a almacén de azúcar, los propietarios ya relacionados, don Eduardo y después don José Campos Vasallo estuvieron al frente de una firma comercial que movía unos diez millones de reales, cantidad que certificaba la envergadura de aquel negocio.

Ahora, cuando apenas han transcurrido unos días de la última edición de las Hogueras de San Juan, recogemos un dato referido a tan importante vía urbana, cuando aún era una zona de descampados. Según el cronista Gonzalo Vidal, el Vall, con las plazas del Puente y de Ramiro, «eran los tres puntos designados, durante los siglos anteriores al XIX, por el pueblo alicantino, para la «cremà» de las más grandes hogueras que aquí se celebraban las vísperas de San Juan y San Pedro». Un dato que ya investigamos.

Muchos alicantinos lo recuerdan. Nosotros aquí ya lo hemos aireado. Fue, por el real decreto número 1688, de cuatro de octubre de 1928, por el que Alfonso XIII, de cuerdo con el Consejo de Ministros, cedía gratuitamente a nuestro Ayuntamiento, «la antigua fortaleza denominada Castillo de Santa Bárbara, sita en la cumbre del monte Benacantil». La cesión -según se especifica en el documento de referencia- estaba condicionada a que «en el lugar que ocupa aquel inmueble se realicen obras de embellecimiento de la ciudad». El rey confiaba al Ministerio de Hacienda la ejecución de dicho secreto.

Al alcalde Julio Suárez-Llanos le corresponde la iniciativa de la solicitud. Y fue José Calvo Sotelo, a la sazón titular de la cartera de Hacienda, quien llevó la propuesta de «conceder a la bella ciudad levantina la propiedad de un inmueble que recuerda el patriotismo acendrado y el heroísmo de los alicantinos (...) y además como premio a la fidelidad y nobleza de la población de Alicante (...)» («Gaceta de Madrid», seis de octubre de 1928).

Por su arte, el ramo de Guerra que usufructuaba la fortaleza, ya sin ningún valor defensivo ni estratégico, no tuvo inconveniente alguno en propiciar aquella cesión. El capitán general así lo confirmó, por real orden, al gobierno militar de Alicante, el dieciocho de aquel mismo mes.

Lo curioso es que pese a la gratuidad expresada en el citado decreto, algunos meses después, «El Noticiero del Lunes», que se publicaba en nuestra ciudad, con fecha once de marzo de 1929, escribía que aún no se había efectuado oficialmente la entrega del Castillo de Santa Bárbara, toda vez que, al tratarse de una donación entre extraños, la transmisión de dominio exigía, como pago de impuestos reales, el veinticinco por ciento del valor del inmueble. El desembolso no estaba al alcance de las disponibilidades económicas del Ayuntamiento. De ahí que se abstuviese de aceptar la fortaleza en cuestión, en tanto en cuanto no se resolviese satisfactoriamente el asunto. De modo que tuvo que solicitarse también del Gobierno que la cesión quedase libre del pago de aquellos derechos reales para los que no se disponía de fondos suficientes. Al final, todo se solucionaría satisfactoriamente.

Lo zarandeó la vida, pero fue hombre que demostró, como apuntan sus biógrafos, «honradez, consecuencia y abnegación». Tanto que terminó en un modesto destino burocrático. Pero, eso sí, manteniendo su fidelidad a los principios que inspiraron sus actuaciones.

Tomás de España y Sotelo tomó parte activa en la política liberal, siendo aún muy joven, y alcanzó el liderazgo provincial del partido progresista. Hasta el punto de que era una de las tres personas en las que don Juan Prim había depositado su confianza, especialmente, en temas económicos, quizás, por su vinculación a los ajetreos comerciales. Sin embargo, el señor De España fue víctima de persecuciones e iniquidades, sin que lograran doblegar sus firmes convicciones. Y sufrió también encarcelamientos. En 1867, estuvo preso en los calabozos del castillo de Santa Bárbara, junto con varios republicanos, entre los que se encontraban el escritor y arqueólogo Aureliano Ibarra -que contribuyó a la fundación de la Academia de Bellas Artes de España, en Roma-, Rafael Abad, y los comprovincianos Fulgencio García de Denia, Joaquín Verdú, de Monóvar, y algunos más. Para su fortuna, fue juzgado y absuelto, junto con aquel grupo de compañeros.

Durante la regencia del general Espartero, don Tomás de España fue diputado a Cortes, en varias ocasiones, y también estuvo al frente de la alcaldía de nuestra ciudad. Comandó la Milicia Nacional y presidió el Casino de Alicante. El diez de octubre de 1845, se constituyó una sociedad constructora de un teatro, que inició sus trabajos el dos de enero del año siguiente, haciendo excavar los cimientos de dicho edificio que sería el Teatro Principal. Acerca de esta sociedad, que se creó a bordo de una goleta surta en nuestro puerto, ya nos hemos referido en una de nuestras habituales crónicas en este mismo espacio. Aquella sociedad, la presidía De España y fue, durante su mandato, cuando la junta aprobó los planos que había trazado el arquitecto don Emilio Jover.

Murió el catorce de febrero de 1877, después de una vida intensa, agitada e íntegra. En su momento, don Tomás de España y Sotelo no tuvo empacho alguno en distribuir su propia fortuna entre exiliados, presos políticos y aquellos periódicos que defendía las libertades. Don Tomás de España fue de aquellos hombres que, como don Manuel Carreras, defendió en todo momento las libertades y la idea del progreso.

Qué señor De España. A veces, cualquier tiempo pasado sí fue mejor o, cuando menos, algunos de sus protagonistas.

Cuidado, que luego todo se sabe, todo salta finalmente a la luz pública. Eso es, más o menos, lo que dijo el edil Alonso Mallol a sus compañeros de corporación y a sus conciudadanos. Y lo dijo broncamente, con una dureza y una claridad sin paliativos. Evocó la memoria de las personas mayores, de sus propios padres: lo tenía oído, como tantos. Tenía oído que, en épocas recientes, «unos personajes preeminentes en la vida de nuestra ciudad, contando con la complicidad de ciertas autoridades complacientes, con la cooperación de curiales y registradores de la propiedad no muy escrupulosos y con el apoyo de falsos representantes en Cortes, abogados de tales personajes», por medios de expedientes posesorios y fórmulas de idéntica o parecida consistencia jurídica despojaron al pueblo alicantino de grandes cantidades de terrenos, en los que más tarde se había de construir el mejor ensanche de la ciudad.

Alonso Mallol lo planteó en el curso de un pleno, el dos de octubre de 1931. Pedía al Ayuntamiento que pusiera en pie una comisión investigadora, compuesta por concejales que fueran abogados en ejercicio y por los técnicos de la oficina municipal de Vías y Obras, «a la cual podía agregarse algún miembro de aquellas minorías que no contaran con algún letrado». Pero había que ver lo que se había hecho con una parte considerable del patrimonio del pueblo de Alicante.

«A los herederos de aquellos primates -que eran, naturalmente, gente de orden, hijos predilectos de la Iglesia católica y enfervorizados realistas- aún les restan solares bastantes para edificar barriadas enteras de casas baratas, donde podrían hallar albergue cuantos viven en las zahúrdas antihigiénicas de Las Provincias o de La Montañeta». Desde que se instauró la República, señalaba el referido edil, se había aludido insistentemente en los despojos de que habían sido víctimas sus conciudadanos, y también se había puesto en evidencia los latrocinios que se cometieron, en un régimen como el monárquico, «en el que todo desafuero, toda ilegalidad eran posibles». En su moción denunció igualmente cómo en tiempos más recientes y en las laderas del monte Tossal, propiedad del Ayuntamiento, «personas desaprensivas habían metido sus garras, para construir o vender terrenos de los que se habían adueñado indebidamente». La moción de Alonso Mallol se aprobó íntegramente en aquella sesión municipal.

La clase obrera y sus organizaciones sindicales fueron desmanteladas por el nuevo régimen dictatorial surgido de la guerra civil: por el decreto número ciento ocho del trece de septiembre de 1936 y la Ley de Unidad Sindical, de 1940, las centrales más histórica, UGT y CNT fueron puestas al margen de toda legalidad y los trabajadores se vieron obligados a integrarse en las estructuras vertidalistas del nacionalsindicalismo. Un apaño contra natura.

Se inició así la lucha por recuperar los derechos que le habían secuestrado a la clase obrera. Desde el final de la guerra, sumaríamos la comparecencia de organizaciones de carácter apostólico -HOAC y JOC- que desde una impunidad inicial, se decantarían en una vanguardia de base cristiana, capaz de asumir la problemática social y de denunciar públicamente, a través de «Forja», su órgano de expresión regional las injusticias imperantes.

Desde la primera comisión obrera, surgida en la mina asturiana de «La Camocha», se instauró una original forma de lucha obrera, hasta su organización, como sindicato de nuevo tipo, tras la asamblea de Barcelona de 1976. En Alicante, diez años antes, ya se registra reuniones y movimientos tendentes a adoptar las fórmulas reivindicativas. En la fábrica de aluminio -ALCAN y luego ENDASA- funcionó una comisión que desapareció más tarde, de acuerdo con su naturaleza. Tras diversos acontecimientos, las elecciones sindicales del 71 y 75, fomentarían «formas de trabajo abiertas y flexibles y, sobre todo, enraizadas en las propias empresas». CC.OO. se consolida a través de las luchas, los paros y las huelgas que se suceden ininterrumpidamente, en la década de los 70. Según el semanario comunista del País Valenciano, «Cal Dir», CC.OO. contaba, en nuestra provincia y en el año 1977, con sesenta y cinco mil afiliados.

Por su parte, la Unión Sindical Obrera se implanta en nuestras comarcas, hasta que su organización alcanza un considerable peso, a partir de los años 72 y 73: se afianza, amplía sus bases y está presente en las plataformas unitaria de carácter político y sindical. De acuerdo con fuentes propias de USO, en el 77, tenía una afiliación de veinticuatro mil trabajadores.

La UGT, la más veterana de nuestras centrales sindicales, se reorganiza, de acuerdo con las nuevas directrices, a partir de 1974.

En el 76, se procede a la elección de una Comisión Ejecutiva Provincial. El veintiocho de febrero del 77, en su primer congreso provincial, al que asisten más de doscientos delegados, se confirma en sus cargos al secretario general y a los secretarios de organización, formación, relaciones con otras fuerzas sindicales y políticas, etcétera. Por entonces el sindicato socialista, de acuerdo con sus propios datos, contaba con sesenta mil afiliados.

En 1968 y siendo alcalde de nuestra ciudad don José Abad Gosálvez se manifestó la necesidad de construir un nuevo Mercado Central que satisficiera las exigencias de aquella década de desarrollo económico y turístico. Por supuesto, se barajaron diversas opciones, pero cobró consistencia la posible reparcelación de la actual plaza de abastos. Ya en el Ayuntamiento, en sesión plenaria del treinta de junio del año anterior, asesoría jurídica presentó las bases al objeto de convocar un concurso de anteproyectos. Bases que, en número de trece, fueron favorablemente informadas por las comisiones de Urbanismo y Mercados.

En las mismas, se especifica que el nuevo Mercado Central había de edificarse en el mismo emplazamiento, ocupado por dos manzanas, y situado entre la avenida de Alfonso el Sabio y las calles de Capitán Segarra, Balmes y Calderón de la Barca, cuya superficie total era de cinco mil ochocientos treinta y ocho metros cuadrados, después de segregar una parcela de casi dos mil, «recayente a la avenida de Alfonso el Sabio y Calderón de la Barca».

Se contemplaba que el inmueble podría constar de sótano, planta baja y hasta tres plantas altas, previéndose el destino de cada una de ellas, así como el estudio de los aparcamientos para vehículos en aquella zona. Igualmente, se advertía de la documentación que debería contener cada anteproyecto, cuyo plazo de presentación se fijaba en noventa días, a partir de su aparición en el Boletín Oficial del Estado. Al concurso, se presentarían cuantos arquitectos españoles quisieran. Y el autor premiado -aunque cabía la posibilidad de declararlo desierto-, «percibirá la cantidad que resulte de aplicar al mismo los vigentes aranceles profesionales; y además serán otorgados dos accésits de cincuenta mil pesetas cada uno, para otros tantos trabajos que para ello sean propuestos por la comisión». En sesión del ocho de abril de 1968, se aprobaron las bases y las citadas recompensas.

Se publicó la convocatoria en el Boletín de la Provincia, en el del Estado, en la Prensa y en la radio de Alicante y de Madrid, pero el Consejo Superior de los colegios de arquitectos manifestó que existía un reglamento de concursos de arquitectura que debía cumplimentarse. Consecuentemente, la corporación, el treinta y uno de julio del citado año, acordó anular todo lo actuado y aprobar un nuevo pliego de condiciones.

Ya hemos referenciado que, con motivo de las leyes desamortizadoras, el viejo convento de los Franciscanos, pasó al ramo de Guerra que los transformó en cuartel. Al inmueble religioso, y confundiéndose con el mismo, se agregó lo que era otra finca y que antiguamente se llamó la Casa Santa. Esta finca pertenecía en propiedad a la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén y cuyo patronato, con plena autonomía, radicaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Posteriormente, el ramo de Guerra, Ministerio del Ejército, permutó el cuartel de San Francisco -una de cuyas dependencias era la susodicha Casa Santa- al Ayuntamiento, por un grupo escolar que se encontraba en el llano de Los Ángeles y que se convirtió posteriormente en Hospital Militar.

Cuando terminó la guerra civil, el alcalde de Alicante, don Ambrosio Luciáñez Riesco, recibió la visita oficial de don Luis Romero Amor, jefe de administración de Asuntos Exteriores y del padre fray Jerónimo Sanz Rueda, vicerrector de la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid, quien representaba al ya reseñado patronato de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén. Era a fines del año 1941 y aquella visita tenía un claro carácter reivindicativo: se trataba de recuperar la propiedad de la Casa Santa.

El alcalde y el secretario general del Ayuntamiento examinaron con detenimiento la cuestión planteada: si no se llegaba a un acuerdo, el consistorio tendría que pleitear bien con el patronato de referencia, bien con el Estado (Ministerio del Ejército), en el supuesto de que tras un juicio ordinario, el fallo declarase la Casa Santa adquirida por la autoridad militar, «que a virtud de la permuta antes expresada transmitió al Ayuntamiento». Ante el dilema, estimaron lo más oportuno llegar a una solución de concordia con sus visitantes. La solución necesariamente pasaba por la cesión a la Obra Pía de terrenos del patrimonio municipal.

El expediente iniciado entonces sólo culminaría con la firma de la escritura, ante el notario de esta ciudad, don Antonio Fernández de la Mata, el doce de mayo de 1944. Firmaron, el alcalde que ya era don Román Bono Marín y los señores citados en nombre y representación del patronato. En aquel instrumento público se contemplaba la donación de dos parcelas, propiedad del Ayuntamiento, en el llano de Los Ángeles, con frente ambas a la avenida de Novelda y separadas por una calle sin proyecto, cuya superficie total era de 6.706,92 metros cuadrados. Así se zanjó tan dilatado asunto.

Para conmemorar el duodécimo aniversario del fallecimiento del autor teatral Joaquín Dicenta, se desplazó a nuestra ciudad el escritor Pedro de Répide. Luego, en compañía del director del diario «El Luchador», Álvaro Botella, y del también periodista Ferrándiz Torremocha, estuvieron en el ya abandonado cementerio de San Blas. El novelista, refiriéndose al autor de «Juan José», dijo que Dicenta, como Castelar, había muerto junto al mar luminoso. Y retrató al dramaturgo con un perfil que tenía algo de Fernando V, algo de León XIII y algo del maestro Lagartijo: un perfil entre español y romano.

El padre de Joaquín Dicenta estuvo destinado en nuestra ciudad y aquí murió «macerado por las dolencias más crueles». Vivieron en una casa de la plaza de Isabel II, por donde solía pasear el viejo húsar, en tanto su hijo, Joaquín, cursaba estudios de segunda enseñanza. Pedro de Répide, en aquella visita, recordó a sus amigos cómo el propio Dicenta, evocando aquellos tiempos de su adolescencia, le había contado que tuvo de profesor a un sacerdote muy querido: el abad Penalva. «Y el abad Penalva me decía que había en mí un ángel y un demonio que habían trabado pelea, pero que no sabía cuál de ellos se iba a quedar conmigo».

Cuando falleció Joaquín Dicenta, el Ayuntamiento de Alicante lo honró dándole su nombre «a una hermosa plaza, en cuyo centro se encontraba el monumento a los mártires de la Libertad», es decir, la actual Plaza del Mar. Cuando se construyó el nuevo cementerio municipal de Nuestra Señora del Remedio, Juan Botella, fundador y director de «El Luchador» consiguió que se hiciera en el mismo emplazamiento un cementerio civil «con las mismas condiciones de decoro que el católico». Y allí descansa el propio Juan Botella y el doctor Rico, insigne no sólo por su ciencia, sino por la elevación de sus ideas, y allí serían trasladados los restos de Joaquín Dicenta. Pedro de Répide rindió su particular homenaje al amigo y compañero, en los primeros días del mes de marzo de 1930. Fue la suya una visita sentimental y casi íntima que, sin embargo, la prensa alicantina recogió en sus páginas. Por entonces, era un novelista considerado y de ingenio muy vivo.

El 10 de noviembre de 1965 se firmó el acta fundacional del Club de Amigos de la UNESCO, club que sería a lo largo de su andadura llena de zozobras y dificultades, una verdadera escuela de diálogo, convivencia democrática y libertad, hasta que sucumbió, final y fatalmente, el 12 de septiembre de 1980, en el curso de una asamblea extraordinaria.

En su azacanada gestión en la defensa de los derechos humanos y de la cultura como práctica, el Club Amigos de la UNESCO impulsó diversas actividades civiles, organizó y participó en los homenajes a Pablo Picasso, a Antonio Machado y a Miguel Hernández, se manifestó reiteradamente contra la violencia y la pena de muerte, sustanció, en fin, un amplio programa de actividades tendentes a «la difusión de unos valores humanísticos de convivencia, respeto, tolerancia, diálogo entre los jóvenes; la siembra entre mozos y mayores, de una virtud devaluada por la agresividad individualista de la sociedad establecida: la solidaridad». Y todo ello, tan someramente enumerado, entre el sobresalto, la desazón y el acoso de las autoridades de la dictadura.

En enero de 1975, se conceptuó al club como un pacto democrático. A este respecto, José Vicente Mateo ha escrito: «Surgió para anudar los acuerdos y las coincidencias en el doble pleno de la vinculación al club y a las instancias políticas, una idea que se llevó a cabo sin grandes dificultades, ni, eso parece, reservas. Se preparó para la recovación del comité ejecutivo una dirección, la primera, de concentración o coalición en frente amplio, anticipo de la llamada "Platajunta" o, dentro del País Valenciano, Taula de Forçes Polítiques i Sindicals».

«Los representantes de este gesto histórico se llamaban, llaman: Segundo García López Manzanet, vicepresidente del PSOE; Rosa Polo Villaseñor, secretaria general del Movimiento Democrático de Mujeres; Fernando Ballenilla García de Gamarra, secretario general adjunto del MCPV; Enrique Louis Rampa, secretario de propaganda de Izquierda Democrática (posteriormente, ingresaría en el PSOE); Carlos Salinas Salinas, secretario de propaganda adjunto del PTE; Francisco Javier Orbea Mira, tesorero de la Unión Social Demócrata Española; Manuel Perales Pérez, bibliotecario del PSPV (también en el PSOE, luego); Pedro Reig Mazón, del PSOE; Enrique Cerdán Tato, dirigente del PCE; José Navarro Azorín, de los movimientos obreros católicos HOAC/JOC; y, finalmente, en representación de las filiales a la sazón clausuradas de Alcoi y Elx, respectivamente, Josep Albert Mestre Moltó y Josep Maraldés Ibarra (...)». Presidía José Vicente Mateo quien representaba a los demócratas independientes en la junta democrática.

La dimisión de Antonio Maura, jefe del Partido Conservador, de la presidencia del Gobierno, estaba cantada. Sus impopulares medidas de represión que culminaron con la ejecución de Francisco Ferrer, Semana Trágica de Barcelona, por medio, y tantos otros desaciertos políticos, hicieron que hasta la institución monárquica se tambaleara. El rey le aceptó la renuncia el 21 de octubre de 1909. El liberal Noret ocupó la vacante presidencial aunque por poco tiempo: José Canalejas terminaría sustituyéndolo no mucho después.

Estos cambios que conmovieron a todo el país, tuvieron también en nuestra ciudad su impacto. La prensa alicantina lo refleja, según su línea editorial y política. Así, «El Correo» (23.10.1909) se refiere a la profunda crisis abierta por la señalada dimisión de Maura y las posibilidades que se le ofrecen a los partidos dinásticos canalejista y moretista, caso de llegar a un acuerdo; si bien, días antes, el mismo periódico estimaba el difícil acercamiento entre ambos. Efectivamente, las elecciones a diputados provinciales del veinticuatro de aquel mismo mes dan el triunfo, casi por igual, a conservadores y demócratas de Canalejas. Pero, a raíz de aquellos acontecimientos, republicanos y socialistas se rearman y se aprestan para nuevas confrontaciones en las urnas.

Las elecciones municipales del domingo doce de diciembre de 1909, configuran un nuevo mapa municipal del que tanto los conservadores -con divisiones intestinas- como los liberales históricos, desaparecen de la escena política. De los dieciocho concejales electos, nueve son canalejistas -Federico Soto Mollá, Rafael Orts Monllor, Luis Pérez Bueno, Alfonso de Rojas, etcétera-, ocho pertenecen a la reciente Conjunción Republicano Socialista, -Román Bono Luque, Antonio Rico Cabot, José Guardiola Ortiz, Montserrate Valero, el primer edil socialista, etcétera-, y uno, Federico Clemente, con la etiqueta de liberal independiente.

Las consecuencias fueron el hundimiento de los conservadores que se agruparon en torno a Salvador Canals; en tanto la filas liberales de Moret se pasaron decididamente a la más moderna organización de Canalejas. Meses después en las elecciones a diputados a Cortes, del ocho de mayo de 1910, se confirmaría esta tendencia con la obtención de un acta para el republicano José María Esquerdo. También conseguirían escaño José Francos Rodríguez y Díaz Moreu, del Partido Demócrata, y el conservador Salvador Canal Vilaró.

Ya hemos comentado, en esta crónica diaria de nuestra ciudad, cómo, durante la Guerra Civil (1936-1939), Alicante a pesar de ser una población de retaguardia, fue víctima de encarnizados bombardeos, por parte de la aviación facciosa del general Franco y de sus aliados italianos y alemanes. Sin duda, los frecuentes ataques aéreos cumplían dos funciones estratégicas y tácticas fundamentales: de un lado, paralizar las actividades portuarias y destruir las industrias de guerra -IMSA, de proyectiles y granadas; y AISA, emplazada en Rabasa y en donde se reparaban y fabricaban aviones «Fokker» y «Mosca», etcétera-; y de otro, minar la moral del pueblo, con razzias sobre objetivos civiles (recuérdese la sangrienta incursión sobre el Mercado Central y otras zonas urbanas, del veinticinco de mayo de 1938, y algunos más).

En la medida en que corría el tiempo las tropas llamadas nacionales avanzaban, aumentaron los bombardeos sobre Alicante: dos, en 1936; cinco, en 1937; cincuenta y dos, en 1938; y doce, en 1939; con un total de cuatrocientos ochenta y un muertos, según los datos facilitados por Aline Santonja, aunque también se barajan otras cifras. Como se observa, la frecuencia de los ataques de la aviación enemiga alcanzó su valor más alto en 1938, tanto en bombardeos como en víctimas: cuatrocientos diecinueve muertos y quinientos sesenta y nueve heridos, de acuerdo con las citadas fuentes.

Sin duda, atendiendo a aquella realidad y al peligro que de ella se desprendía, la comisión de Gobernación del Consejo Municipal (Ayuntamiento) de Alicante, se reunió el cuatro de julio de aquel infausto año, y estudió la moción presentada por el presidente de la misma, Ramón Carratalá Vallcanera. Después de un detenido estudio de la situación, acordó que «los consejeros municipales que a consecuencia de los bombardeos quedasen inutilizados permanentemente o fallecieran, devengarán a su favor o en favor de sus familiares respectivamente, una pensión vitalicia de setecientas cincuenta pesetas mensuales, regulándose su concesión conforme al reglamento de funcionarios municipales». Diez días más tarde, el Consejo Municipal aprobó aquel acuerdo.

Suponemos que los consejeros o concejales no formarían parte de la «columna del miedo» que, cada tarde, llevaba a miles de alicantinos lejos de la ciudad, para evitar el sobresalto y la indiscriminada brutalidad. Al fin, todos corrían el mismo riesgo.

Se levantó con mal pie aquel año de 1918: en enero, síntomas revolucionarios -ya lo hemos escrito aquí-, por la falta de pan y la subida de los precios.

El Gobierno tomó sus precauciones y alertó a la estricta vigilancia de las organizaciones obreras y de los partidos políticos de vanguardia. El diecinueve de aquel mes, la Guardia Civil reprimió brutalmente una manifestación, dejando en la calle cuatro muertos y numerosos heridos.

El diecinueve de junio del mismo año, «La Terrestre», sociedad de trabajadores del muelle, dirigió un escrito al alcalde constitucional de nuestra ciudad manifestándole que la paralización del tráfico del puerto, les creaba «un angustioso estado económico, por no encontrar trabajo con que proporcionar pan a nuestros hijos», y urgiéndole a estudiar el acuciante problema.

Dos días más tarde, cinco concejales, de la Alianza de Izquierdas, presentaba una moción al pleno, en la que se justificaban las quejas y lamentaciones de centenares -quizás, millares- de obreros e industriales, por la casi paralización «del tráfico portuario por la continua merma experimentada por la marina mercante española».

Los firmantes estimaban que el Ayuntamiento, «como la más genuina representación del pueblo», debía solicitar del Gobierno garantías de seguridad, para los barcos de pabellón español, siempre que amparasen la vida de compatriotas, las mercancías necesarias para la industria y que fueran precisas para evitar paros forzosos. Pero además, la moción desvelaba la actuación de servicios de espionaje de las potencias enfrentadas en la gran guerra.

Y así dice en uno de sus párrafos: «Y debe pedirse además que, en puertos y costas, se ejerza una estrecha vigilancia que evite la posibilidad de que algunos elementos, con finalidades sospechosas, tomen nota de las mercancías de carga, fotografías de los barcos, y, en suma, realicen actos que comprometan nuestra neutralidad y nos originen daños incalculables».

El pleno municipal del veintiuno de junio, aprobó la moción. Y el veintisiete se comunicó al gobernador civil de la provincia el acuerdo, para que éste, a su vez, lo trasladase al Gobierno.

En el oficio, el alcalde señala la perentoriedad «de remediar la suerte de millares de obreros alicantinos, próximos a la más desesperante miseria». Menudo panorama.

Insistieron una y otra vez, pero el Ayuntamiento no les prestó ninguna atención. Los arquitectos y maestros de obras solicitaban que sólo quienes estuvieran titulados por las Academias de Nobles Artes del reino, pudieran dirigir obras. En un escrito dirigido a la corporación municipal, el veintinueve de mayo de 1840, le recordaban la conveniencia de llevar a efecto la abolición de los gremios y la real orden del veintiocho de febrero de 1787, por la que se prohibía que «ningún tribunal, ciudad, villa ni cuerpo eclesiástico ni secular pudiera conceder, en lo sucesivo, el título de arquitecto ni el de maestros de obras, ni nombrar para dirigirlas al que no se hubiese sujetado al riguroso examen de dichas academias, por exigirlo así el verdadero crédito de la nación y el decoro dejas Nobles Artes (...)».

En la citada real orden, se contemplaban sanciones económicas para cuantos la contravinieran; cien ducados, la primera vez; doscientos, la segunda; y cuatrocientos, la tercera.

La protesta dirigida al Ayuntamiento alicantino estaba firmada por don Emilio Jover, «aprobado por la Academia de San Fernando y titular de Alicante»; don Feliciano Berenguer, escultor académico de la de San Carlos; y don Francisco Jover Sebastián, don Simón Carbonell, don José Guardiola, don Francisco Jover y Boronat y don Antonio Garrigós y López, «aprobados los dos primeros por la Academia de San Carlos, y los tres últimos por la de San Fernando, todos ellos maestros de obras». En su enérgico escrito involucraban las medidas arbitradas «por los augustos reyes don Carlos III y don Carlos IV», para evitar el intrusismo profesional y el descrédito del país.

Por fin, el uno de febrero de 1945 y a instancias del gobierno político provincial, el alcalde, don Miguel Pascual de Bonanza, el doce de mayo de aquel año, dictó un bando en el que se decía que «según resolución del jefe superior político de la provincia, se prohíbe para los no titulados el ejercicio de arquitecto y maestro de obras, bajo las penas a las que haya lugar».

La real orden a la que nos hemos referido fue publicada en abril de 1828, en diciembre de 1833 y en febrero de 1835. Los gremios ofrecieron una tenaz resistencia, pero los profesionales debidamente acreditados terminaron por imponer sus derechos. Aún así, el asunto demoró lo suyo.

Las elecciones municipales que tenían que haberse celebrado en 1907, se llevaron a efecto el cuatro de mayo de 1909, en ellas los conservadores obtuvieron siete concejales, de los diecisiete electos por los ocho distritos en que se dividía nuestra ciudad, en tanto los demócratas sacaban seis; dos, los liberales; y dos, también los republicanos, Fructuoso Sánchez y Lorenzo Carbonell. Poco más de siete meses después, se realizaron nuevas elecciones para el Ayuntamiento, el doce de diciembre del mismo año, y, como hemos apuntado recientemente, los conservadores desaparecieron de la escena municipal: los demócratas de Canalejas y los republicanos se repartieron las dieciocho concejalías, salvo la que se llevó el liberal independiente Federico Clemente. El panorama político dio un vuelco total.

En diciembre de 1910 el demócrata Federico Soto Mollá, salido de las urnas en los últimos comicios citados, accedió a la alcaldía por una de las denostadas reales órdenes, y sustituyó en la presidencia corporativa a Luis Pérez Bueno, que había llegado al Consistorio en 1905, con la etiqueta de conservador partidario de Juan Poveda, para luego ejercer el trasfuguismo y apuntarse al carro del Partido Demócrata.

Federico Soto Mollá, desde su cargo, se ocupó de municipalizar los servicios de abastecimiento de aguas y del alumbrado público, para Alicante. Su programa de gobierno comprendía también un plan de alcantarillado y pavimentado de la ciudad, y la realización del nuevo cementerio y de la nueva cárcel. Soto Mollá confió en que el afecto que el presidente del Consejo de Ministros, don José Canalejas, sentía por Alicante, les ayudaría a la concreción de tales proyectos.

El dos de enero de 1913, Federico Soto fue relevado en la alcaldía, por el también demócrata Edmundo Ramas Preves, que había ganado su acta de edil en las elecciones del doce de noviembre de 1911. Y fíjense, el programa de Edmundo Ramos contemplaba igualmente el problema de abastecimiento de aguas y de alumbrado público, como prioridades en su gestión. Sólo que Ramos Preves fue desplazado de la alcaldía por el abogado conservador Ramón Campos Puig, uno de los jóvenes delfines que integraban el comité designado para preparar las elecciones municipales de 1913. Elecciones que supusieron un fracaso y que animaron a un eminente conservador, Ricardo P. del Pobil y Chicheri a militar en las filas liberales.

¿A que parece como si fuera ahora?

En la actualidad, el mandato municipal, legitimado en las urnas, es de cuatro años. De modo que, en ocho, pueden ocupar la alcaldía dos candidatos o uno, si fuera reelegido. En el periodo franquista comprendido entre 1946 y 1954, la alcaldía, sin embargo, tuvo cuatro titulares.

El nueve de abril de 1946, el entonces gobernador civil don José María Paternina Iturriagagoitia, presidió la sesión donde se produjo el cese de la comisión gestora municipal, que presidía don Román Bono Marín, y se nombró provisionalmente, hasta su aprobación por la superioridad, y en sustitución del anterior, a don Manuel Montesinos Gómiz, quien sería ratificado en su cargo, el día veinte del mismo mes.

El tres de mayo de 1949, preside la permanente, como alcalde en funciones o accidental, don Joaquín Quero y Brabo: Montesinos Gómiz había presentado su dimisión. El treinta y uno de aquel mayo, accede a la alcaldía don Francisco Alberola Such. Por cierto que fue bajo su mandato y en sesión del treinta y uno de marzo de 1952, cuando manifestó que podía considerarse como hecho cierto el montaje de las fábricas de «Aluminio Ibérico, S.A.», y «Manufacturas Metálicas Madrileñas».

El emplazamiento más adecuado para la instalación de ambas empresas como ya escribimos en esta misma columna, era, a juicio de las mismas, en terrenos de la finca «El Carmen», propiedad del Ayuntamiento, con una extensión aproximada de noventa mil metros cuadrados, independientemente de la zona destinada a palmeral que se reservó, con la obligación de dedicarla a parque público. El precio se fijó en una peseta el metro cuadrado.

El diecinueve de octubre de 1954, en sesión extraordinaria y bajo la presidencia del gobernador civil don Evaristo Martín Freire, se dio posesión de la alcaldía a don Agatángelo Soler Llorca, a quien ya nos hemos referido reiteradamente en nuestra habitual crónica. Soler Llorca permaneció en su cargo casi nueve años. Un récord tan sólo superado, como dijimos en su momento, por el alcalde demócrata don José Luis Lassaletta Cano. Un dato para los aficionados al Guinnes.

El triunfo del Frente Popular, en las elecciones de febrero del 36, aplastante en nuestra ciudad, no atemperó los ánimos de los partidos políticos; y una serie de síntomas presagiaban un futuro de incertidumbres. Sin embargo, se acercaba el verano y, como cada año, una incipiente industria turística tomaba posiciones y trataba de ofrecer a vecinos y visitantes unas elementales infraestructuras en la apetecible playa del Postiguet. Sólo que aquel año, no iban a salir las cuentas.

En nuestro Archivo Municipal, se conservan documentos que evidencian cómo empresarios del sector y particulares se aprestaban a pasar una temporada estival, sin más problemas que los específicos de la gestión administrativa. La documentación básicamente está integrada por diversas solicitudes para realizar instalaciones en la playa del Postiguet. Así, por ejemplo, José Galán Luciano, en instancia dirigida al Ayuntamiento, el doce de marzo de aquel dramático año, pide permiso para instalar una caseta de baño, con objeto de «seguir planes curativos, según prescripción facultativa»; como Raúl Ghigliones Sáinz-Pardo, un toldo, «para sus hijos por motivos de salud». También cursan solicitudes David Nogueras, jefe del departamento de Deportes de la Federación Universitaria Escola (FUE); y Miguel López González, presidente del Club Atlético Montemar.

Y junto a las iniciativas particulares o asociativas, sin ánimo de lucro, cuantos pequeños empresarios negocian con veraneantes y bañistas. Teodoro Arias Torbano, adjudicatario del arbitrio sobre servicio de sillas en la vía pública, interesa para la explotación de dicho servicio «la zona o espacio disponible que se le señale, así como el emplazamiento de toldos, para cubrir la parte ocupada por sillas y sillones». Rafael Torres Yecla encarece el permiso, «como todos los años», para veinte patines náuticos de una peseta la hora de alquiler. José Bou Pascual, ocho toldos, de cuatro por cuatro metros, para el kiosko «que con carácter permanente tiene instalado al final del paseo de Gomis». Antonio Cano Flores, dieciocho casetas, con carácter temporal; José García Ramírez, treinta casetas y cinco toldos; y Vicente Grench «primer concesionario de casetas y toldos del Postiguet, desde 1932», ochenta casetas.

Pero anduvo el diablo por medio. Los industriales, en octubre, se dirigen al Ayuntamiento: «Las consecuencias de la infame sublevación fascista» los ha dejado en una situación precaria. Fue un verano sin veraneantes y con zozobras. El concejo municipal los bonificó con una tercera parte del canon. Postiguet, 1936, la manta al coll y unas cuantas cosas más.

Tensas, muy tensas, debían ser las relaciones entre el alcalde corregidor de nuestra ciudad y el gobernador de la provincia, don Manuel Cano. Tanto que éste, con fecha trece de abril de 1853, le dirigió a aquel un oficio de contenido áspero: «Precisado ya, en vista del abandono en que se encuentra todo lo relativo a policía urbana de esta ciudad, que según el artículo setenta y cuatro de la ley de ayuntamientos, le corresponde a usted cuidar y a mí el disponer que se cuide, y vista la tibieza con la que tolera usted la prevención que me vi obligado a hacerle, para que los maestros carreteros no trabajasen en medio de las calles y plazuelas, he determinado hacerle a usted de nuevo esta prevención, por última vez. De la misma manera prohibirá usted que los toneleros, carpinteros, etcétera, se desempeñen, sino es los locales o respectivos establecimientos, y de ninguna manera en las calles ni plazas, como se está, en el día, verificándose».

El alcalde corregidor, don José Minguilló y Boludo, recibió el esquinado mensaje y no se lo pensó dos veces: al día siguiente hizo público un bando, en el que amenazaba a carreteros, herreros y otros oficios con sanciones económicas cuantiosas, si incumplían alguno de sus extremos, y responsabilizada a los jefes y maestros de los talleres, con multarlos igualmente, por las infracciones que cometieran sus empleados al señor Minguilló y Boludo le entró, sin duda, el tembleque.

Con ánimo de desagraviar a la mayor autoridad provincial, le dirigió un largo escrito en el que le decía: «Sensible me es, sin embargo, que vuestra señoría calificándome de una manera bastante dura, atribuya a completo abandono, por mi parte, de todo lo relativo a la policía urbana». Luego, entraba en razonamientos de carácter casi plañidero: que si las cosas habían mejorado, de año en año; que según los progresos de la civilización y adelantos del siglo, se distaba mucho aún de lo que debiera ser; que si en Alicante no había elementos de prosperidad, toda vez que sus habitantes contaban sólo con un corto jornal, salario o ganancias, «a excepción de unos pocos que viven con más desahogo; que si las mejorías que en ornato y comodidad debían introducirse, se efectuarían paulatinamente; y otras cosas por el estilo. Lo que el señor Minguilló le estaba pidiendo al gobernador señor Cano era, en definitiva, que se aumentara la plantilla de la policía urbana. Una petición que no cesa.

A don José Charques apenas si le dieron tiempo para tomar posesión del nombramiento que el Ayuntamiento le había otorgado: director de la Academia Municipal de Música y Canto. Don José Charques recibió un oficio, fechado el veintiséis de mayo de 1883, en el que se le notificaba lo siguiente: «El artículo primero del reglamento aprobado por el excelentísimo Ayuntamiento, para el régimen de la Academia Municipal de Música y Canto, creada por acuerdo corporativo, dispone que aquella estará a cargo de un director que debe ser un profesor de reconocida probidad y pericia, al que se señala la paga de fondos municipales, con una gratificación anual de novecientas setenta y cinco pesetas, para atender a los gastos imprevistos que ocasione el sostenimiento de dicha academia y premiar de algún modo sus desvelos. Y teniendo presente los conocimientos que usted posee en el arte musical, las composiciones que le acreditan como maestro, los servicios que ha prestado al municipio, en cuantas ocasiones necesitó de los mismos. Este Ayuntamiento, en sesión de ayer, tuvo a bien nombrarlo director de la expresada academia».

Obviamente, el señor Charques debía tener algún conocimiento de aquella propuesta -las filtraciones, por ejemplo, o los rumores, o las confidencias de algún edil-, pero le cogió de sopetón. Recibió el oficio en el día citado y el uno de junio siguiente, ya tenía que preparar las instalaciones de la academia, situada, nada menos, que en el amplio zaguán de las casas consistoriales, toda vez que la inauguración oficial estaba prevista para el primero de julio, de acuerdo con el artículo segundo del reglamento de la misma». En fin, un agradable escopetazo.

La academia de referencia se impulsaba con objeto de propagar entre la juventud los sentimientos y enseñanza completa de la música «organizando, desde luego, y a medida que lo permita la instrucción, un coro de voces que puede desempeñar los actos que el Ayuntamiento determine en los festejos, funciones o actos públicos que él mismo designe, y, a la vez, constituir también en su día una banda de música militar municipal. El método o base para la enseñanza será, interina el Ayuntamiento no estime variarlo, el del maestro don Pascual Pérez como el más a propósito y admitido en varias escuelas y academias municipales». El centro estaba previsto para educandos comprendidos entre los diez y dieciséis años, que fueran naturales y vecinos de Alicante y que, cuando menos supieran leer.

Don Florentino de Elizaicin y España fue hombre de amplia y arrebatada carrera política y periodística. Frecuentemente, su nombre protagoniza la crónica de principios de siglo y la de finales del pasado. Polémico y controvertido, en ocasiones, tuvo serios enfrentamientos con el alcalde don Julián de Ugarte Palomares, y con muchos otros compañeros de aquella corporación. De ahí que, el pleno municipal, después de celebrar sesión pública ordinaria, el veintiocho de mayo de 1886, se constituyera de inmediato, en sesión secreta, con objeto de ocuparse de la situación creada por el entonces teniente de alcalde señor Elizaicin.

Don Julián de Ugarte advirtió a todos los ediles presentes que tenía necesidad y urgencia de someter a su conocimiento la difícil posición en que le había colocado la inopinada conducta de don Florentino. Don Florentino, dijo, había hecho la más completa dejación de sus deberes como teniente de alcalde del distrito del Teatro, y también como presidente de la Comisión de la Policía Urbana, Ornato y Obras Públicas. Según expuso el propio gobernador civil le había recomendado previamente que los tenientes de alcalde llevasen a cabo, con periodicidad, visitas de inspección sanitaria en sus respectivos distritos y que, como resultado de las mismas, adoptaran cuantas medidas fueran precisas de carácter higiénico, con ánimo de preservar la ciudad de peligros y epidemias. Sin embargo, según expuso el alcalde Florentino de Elizaicin no había llevado a efecto tales visitas y que además había abandonado igualmente la presidencia de los servicios de la Policía Urbana. Incluso, agregó que el propio concejal le había manifestado de manera personal que no volvería a poner los pies en el Palacio Municipal, y que efectivamente así lo venía cumpliendo. En vista de tales extremos. El alcalde rogaba a la corporación que resolviese lo que considerase más procedente, para salir de la anómala situación.

A instancias del señor Senante, se acordó que, entre tanto, el propio alcalde asumiera las funciones del señor Elizaicin, mientras persistiera en su actitud, y que la comisión de la Policía Urbana la presidiera el señor Pobil, mientras se daba cuenta al gobernador, para que resolviera lo más oportuno.

En otra sesión igualmente secreta, del diecinueve de noviembre del mismo año, se conoció el procesamiento de don Florentino de Elizaicin, a raíz de otro problema de competencias, y finalmente, también en secreto, se notifica, una semana más tarde, «que el señor juez de instrucción de este partido, se ha remitido el veintidós de los corrientes testimonio del auto, por el cual se decreta la suspensión de su cargo de don Florentino de Elizaicin y España.

Tanto los presos del reformatorio como otras personas que estaban en libertad se habían organizado, a las órdenes del capitán Corral, para sublevarse contra las autoridades del Frente Popular, pero la estrecha vigilancia de que eran objeto algunos de ellos les obligaba a perder los contactos, para; posteriormente, volver a recuperarlos. Y así, hasta los últimos días de la Segunda República. «Al dar la libertad a los camaradas que hasta última hora permanecieron en la cárcel, éstos, como antes digo, que ya estaban organizados dentro de ella salieron uniéndose todos y lanzándonos a la lucha por España».

El redactor anónimo de la «Hoja Oficial de Alicante» destaca, en su entusiástico artículo, la infatigable labor del teniente coronel Estañ, que se ocupó activamente de poner en pie los servicios oficiales, en compañía del ya citado capitán Corral, quien se hizo cargo de la Jefatura de Orden Público «trabajando tanto, uno como otro, como verdaderos caballeros españoles, en tanto nosotros izamos la primera gloriosa bandera nacional en el balcón del hospital base, ante el asombro de un gran número de rojos que concentrados en el edificio del CRIM, no acertaban a comprender cómo un grupo de muchachos tuviese la osadía de tamaña empresa. Inmediatamente, los heroicos madrileños que ya sueltos de las cadenas que la barbarie roja les había impuesto, crearon la centuria «Ramón Laguna», al mando de nuestro querido camarada Diego Ródenas. Según nuestros datos, la centuria que llevaba el nombre de Ramón Laguna falangista fusilado en Alicante, se creó en su memoria dentro de la cárcel y su primer jefe fue Miguel Primo de Rivera, quien, desplazado a Valencia, para ser canjeado por el hijo del general Miaja, confió el mando de la centuria, compuesta en su mayoría por madrileños, al referido Diego Ródenas.

El anónimo redactor cuenta seguidamente cómo desarmaron a los rojos que se encontraban en el puerto. «Otros, entre tanto, se apoderaron de la radio al mando de Herrero; Ródenas, al Gobierno Civil, y en general los restantes a todos los edificios oficiales, de tal forma que a las diez de la mañana teníamos Alicante totalmente en nuestro poder, mejor dicho, en poder de España». Así fue, siempre según esta información, cómo nuestra ciudad estuvo en poder de Falange «cuarenta y ocho horas antes» de la llegada de las primeras tropas nacionales». Para el exaltado articulista en aquellos momentos se creó la ya célebre Brigada de Investigación de la centuria «Ramón Laguna», al mando del inteligente camarada Eugenio Casado. Un grupo de jóvenes héroes. Pero ¿cómo los calificaron los vencidos?

En la crónica de mañana, ofreceremos algunos testimonios de víctimas de esta organización.

Acerca de la centuria «Ramón Laguna» a la que nos referimos ayer desde el punto de vista de uno de sus componentes, abundan los testimonios de sus víctimas quienes la califican de un tremendo instrumento represivo. En la «Hoja Oficial de Alicante», del diez de mayo de 1939, se comunica la captura de Enrique Taboada Juan y José Bellver Gosálvez «que formaron parte del jurado que condenó a Ramón Laguna a muerte». El jueves, uno de junio, junto con otros detenidos, fue pasado por las armas el teniente de la guardia Republicana Ernesto Corte Vañó, que mandó el piquete que fusiló el mencionado falangista.

Por su parte -y como ofrecimos en nuestro libro «La lucha por la democracia en Alicante» (Madrid, 1978)- Francisco Hellín, comunista, que fue oficial de Estado Mayor, en la 17 División del 4.º Cuerpo del Ejército, al mando de Cipriano Mera, rememora, a instancias del cronista, su regreso a nuestra ciudad, desde el frente de Guadalajara. Francisco Hellín, que salió de aquí, con Enrique Soria y Francisco Aracil, en agosto de 1936, prestaría servicios sucesivamente en los batallones «Largo Caballero», «Octubre» y «Alicante Rojo», integrado en su mayoría por miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). A esta última unidad, «se incorporó en noviembre del mismo año, mientras disfrutaba de un permiso, tras haber practicado en la defensa de Madrid y en los frentes de Guadalajara, Somosierra, etcétera».

Según sus propias manifestaciones, en el castillo de Santa Bárbara a donde fue conducido desde el cuartel del regimiento de Santa Bárbara, habría «unas cuatro mil personas detenidas, sin denuncias concretas». Por entonces uno de los temores más sólidos y generalizados -y en este punto su testimonio coincide con el de otros muchos interlocutores del cronista- radicaba en las actividades represivas de la centuria «Ramón Laguna», cuya sede estaba en las «Escuelas del paseo de Campoamor».

Juan Martínez Leal y Miguel Ors Montenegro escriben en la revista «Canalobre» (número 31/32, primavera del 95): «En esta labor destacó especialmente en la capital de centuria «Ramón Laguna», fundada por Miguel Primo de Rivera, y formada por falangistas callosinos y madrileños. La prensa del momento destaca en diversas ocasiones «la colaboración de esta centuria en la labor depuradora».

Es una visión antagónica de la que presentan algunos de sus componentes y admiradores. En 1941, el Ayuntamiento franquista de turno le concedió la medalla de oro de la ciudad. A sus víctimas, sin embargo, ni caso. Los honores pendientes.

Durante años, nuestra ciudad, además de celebrar, en este mes, las fiestas en honor de su patrona la Virgen del Remedio, organizó, a través de los tiempos y desde los más remotos, ferias, verbenas, actividades civiles y religiosas, en programas bien apretados de actos, de muchos de los cuales ya hemos dejado constancia en esta crónica. Al hilo de la tradición y en consideración «a la época de más afluencia a nuestra querida ciudad de forasteros», don Alfonso de Sandoval, barón de Petrés, propuso que en 1900 se llevara a efecto una exposición, con carácter provincial, de agricultura, industria, comercio y labores propias de la mujer.

El dieciséis de agosto de 1899, el alcalde señor Sandoval puso en manos de la corporación aquel proyecto, que tenía como precedente la exposición celebrada en Alicante, en 1877 y en la que «no obstante la premura con que fue organizada, puso de manifiesto la gran concurrencia de expositores». Ciertamente, el barón de Petrés andaba lleno de entusiasmo y consideraba que al Ayuntamiento le correspondía tomar aquella iniciativa, «no sólo por la bondad y riqueza de su industria y agricultura, sino por el afán de que sus productos debidamente apreciados y conocidos entraran en el concierto del comercio universal». Obviamente, don Alfonso de Sandoval recordó a los ediles que fue Gran Bretaña quien inició aquellos certámenes tan beneficiosos para la economía de los países. Tenía poder de persuasión, porque tres días más tarde, la corporación municipal aprobó el proyecto.

Por supuesto, se contemplaba, en el mismo, la implicación de las instituciones oficiales y entidades, como la Diputación Provincial, la Cámara de Comercio, el Banco de España, la Sociedad Económica de Amigos del País y otras varias, así como se pedía la cooperación de todos los poderes públicos. Sin duda, el barón de Petrés había atado minuciosamente los cabos de su propuesta. Tanto que para financiarla, propuso la petición al Gobierno de una lotería mensual, cuya suerte fuera la de los sorteos de la Lotería Nacional, y para cuyo fin apelaba a nuestros representantes en Cortes, para que se interesaran en favor de la misma. Para el alcalde, Alicante y su provincia «habían aumentado considerablemente su fuerza en todos los ramos de la productividad humana». Y en su criterio, esa fuerza había que encauzarla y aprovecharla adecuadamente. El hombre le echó muchos ánimos al invento.

Cierto que las últimas elecciones de la Segunda República, las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular, el dieciséis de febrero de 1936, se vieron empañadas por dos hechos dramáticos, que ya hemos recogido en esta misma columna: el incendio del periódico «El luchador» y la reacción de la gente contra una vendedora del mercado de abastos que había proferido insultos contra un niño asturiano. El primero de ellos, se imputó a un grupo de falangistas; el segundo tuvo un carácter más espontáneo y contuso. Pero, aún así, tales sucesos no enturbiaron ni crisparon tanto el panorama electoral, como las supuestas frases que algunos periódicos madrileños atribuyeron al alcalde Lorenzo Carbonell, cuando de nuevo, se le repuso en el cargo, y, según las cuales, se incitó al pueblo a cometer toda clase de desmanes y abusos. Por ejemplo: «El diecisiete no quedará en Alicante una cabeza de derechas sobre los hombros». Antes por el contrario, el discurso que Carbonell pronunció, en el Ayuntamiento, llamaba al orden, a la disciplina y al respeto, como puede observarse en la lectura de la prensa alicantina y en las actas municipales. Hubo, pues tergiversación intencionada y manipulación que lograron provocar una fuerte polémica e influir en algunos historiadores, como es el caso de Javier Tusell, en «Las elecciones del Frente Popular», donde se afirma: «Por lo demás la senda de la violencia parecía aceptada en Alicante por ambos bandos (…)».

Mariano García Andreu, en su obra «Alicante en las elecciones republicanas 1931-1936», no acepta los términos de Tusell y coadyuva, en sus investigaciones, al esclarecimiento de aquel ardid. Sí fueron unas elecciones duras, en las que se enfrentaron dos opciones antagónicas y difícilmente conciliables. De ahí el bando del gobernador civil, Alejandro Vives y Roger, del doce de febrero, y que terminaba confiando en la sensatez de los ciudadanos, «a pesar del apasionamiento que toda lucha ocasiona, y serán fiel reflejo (las elecciones) de la voluntad del pueblo al ejercitar libremente su derecho al sufragio».

En aquel terreno claramente delimitado, se midieron dos opciones muy definidas: la antimarxista y la antifascista. La primera formada por tres candidatos de la DRA (Derecha Regionalista Agracia), tres del Gobierno; y dos independientes: Joaquín Chapaprieta y Silvio Navarro. La segunda o del Frente Popular, por cuatro socialistas (Rodolfo Llopis, Miguel Villalta, Ginés Ganga y Salvador García), tres de Izquierda Republicana (Carlos Esplá, Juan J. Cremades y Eliseo Gómez Serrano); y uno de Unión Republicana, Jerónimo Gomáriz. En nuestra ciudad el Frente Popular obtuvo casi el ochenta y uno por ciento de los votos. Los ocho candidatos sacaron acta de diputado. Sólo tres de la candidatura derechista la consiguieron.

Cuando aún andamos en celebraciones del centenario del cinematógrafo, aquel prodigio imparable de Louis y Auguste Lumière, queremos, desde este espacio, recordar el origen de algunas de nuestras salas de exhibición más señeras, en este siglo, que ya anda embalado hacia su final.

Fue el alcalde don Ricardo P. del Pobil y Chicheri quien el día nueve de junio de 1916, recibió un escrito de don José Nadal. Don José Nadal era un empresario de espectáculos que estaba dispuesto a instalar un salón donde se dieran alternativamente funciones teatrales, varietés y proyecciones cinematográficas, al aire libre. Para llevar a cabo sus pretensiones, había dispuesto del solar que existía entre la prolongación de la calle de Castaños y las avenidas de Alfonso el Sabio y Zorrilla (después y sucesivamente, de José Antonio y de la Constitución, en la actualidad). El señor Nadal se amparaba en una real orden de octubre de 1913, que prevenía lo concerniente a su petición. Petición a la que adjuntaba, en consecuencia, planos del proyecto y la memoria correspondiente. El nombre que había de llevar era «Salón España» (que muchos años después con las debidas modificaciones se llamaría «Capitol»).

El alcalde expuso a la corporación aquel proyecto que en la misma citada fecha autorizó la construcción, a la espera de los informes del arquitecto municipal y de la comisión del Ensanche. Don Fernando Fajardo, no demoró en redactar, a la vista de la documentación presentada, el preceptivo informe favorable «por no oponerse a ello las ordenanzas municipales ni la real orden de espectáculos», a la que nos hemos referido. No mucho después, el señor Nadal solicitaría autorización para efectuar reformas en aquel «Salón España», al aire libre, la cual le fue igualmente concedida.

Años más tarde, el veintiuno de mayo de 1924, ya con la dictadura de Primo de Rivera, los señores Torregrosa y compañía se dirigieron al general Bermúdez de Castro, gobernador civil y militar, y presidente de la junta provincial de espectáculos, para edificar un cinematógrafo «en el solar resultante de los almacenes situados en la avenida de Zorrilla, ángulo a la de Artilleros». Por unanimidad de dicha junta se le concedió la autorización. Por aquel entonces, antes que el «Salón España» ya venía funcionando el «Salón Moderno», el posterior «Monumental», del que ofrecimos noticia de su historia, en esta columna.

No, ciertamente no hay nada ya sorprendente bajo este sol de justicia. Justicia que un «estrecho» de principios del pasado siglo le pedía al gobernador de Alicante, bien amparado en el anonimato: «Ya veremos, señor gobernador cómo vuestra señoría extingue los escándalos de esta ciudad, en cumplimiento de la obligación que Dios, el rey y el pueblo han puesto en sus manos». El denunciante que se escondía bajo el pseudónimo de «El amante de la justicia» debía ser un fisgón de mucho cuidado y un tipo dado al cotilleo -al marujeo que dicen ahora-, además de beato de tiros largos.

En aquel septiembre de 1809, el señor Cayetano de Iriarte iba, sin duda, de cabeza ante el aluvión de notitas sin firma, o con firma supuesta, que le llegaban a su despacho. Aparte de «El amante de la justicia» eran muy frecuentes en sus mezquindades: «El patriota», «El observador», «El censor público», gentes, en fin, que cobardemente pretendían enmendarle la plana, arreglarle la vida a sus vecinos y depurar las costumbres vituperables, en su criterio, que practicaban los alicantinos. José de Vallejo, posiblemente juez, notifica al gobernador que «por casualidad, entre las cartas de hoy que abrí delante de gentes, se ha recibido el anónimo del que acompaño copia literal. Como esta clase de papeles, a veces, son efectos de resentimientos particulares; otras fruto de algún descontento general, y también de precauciones o consecuencia de alguna convulsión; y de todas conviene tenga noticia, la doy a VS. para que con ellas tome las providencias privadas o gubernativas que convenga al servicio de nuestro soberano, en la inteligencia de que para las judiciales que correspondan he tomado las convenientes». El oficio está fechado el veintisiete de septiembre del citado año.

El autor del escrito al que se refiere el señor De Vallejo era el ya repetido «amante de la justicia», quién después del preámbulo ya transcrito, le anunciaba al gobernador que el mayor escándalo radicaba en el amancebamiento del escribano Antonio Hernández con la viuda Teresa García, hermana del también escribano Domingo García, relaciones «con mucha publicidad y descaro, como informará a VS. el alguacil mayor y subteniente que vive en la casa frente a la referida viuda». Luego, explicaba cómo por las noches el muy salido escribano trepaba, por los balcones, hasta la alcoba de su concubina, «dando ejemplo de la mayor perversión». Claro que «El amante de la justicia», con seguridad, no había visto «Garganta profunda» ni películas porno. El pobre. Con lo que se hubiera refocilado en secreto, como tantos hacen hoy.

Ciertamente, las condiciones de salubridad en Alicante resultaban más que precarias. Por supuesto, la falta de higiene y limpieza eran más acusadas en las barriadas humildes, lo que no resulta ninguna novedad. Acerca de cuántas medidas se sustanciaron para remediarlas, ya hemos escrito reiteradamente en esta columna. En 1918, con motivo de la epidemia de gripe que se saldó con un lamentable índice de mortandad, ya lo hemos apuntado también, el doctor Pascual Pérez denunció, una vez más, tales condiciones.

Pero muchos años antes, en 1900, gran parte de los cincuenta mil vecinos de la ciudad, los que vivían en barriadas y zonas depauperadas, principalmente, estaban expuestos a las enfermedades más frecuentes: la difteria, el tifus y la viruela. Cuando menos, así se desprende de los informes emitidos por la Junta Provincial de Sanidad, en repetidas ocasiones.

En dicho año, la junta, con fecha veintidós de enero, dirigió un oficio a la Alcaldía en el que insta a las autoridades locales, «para que con la mayor urgencia, corrija las infracciones sanitarias que pudieran alterar gravemente la salud pública de esta capital». Además, señalaba algunos focos de infección, con el objeto de que se eliminaran con la mayor premura. Uno de ellos se encontraba próximo a los depósitos de las aguas procedentes de Sax, para el abastecimiento de la población. Muy cerca de los mismos, persistía inexplicablemente un estercolero que representaba «un peligro gravísimo para los vecinos, por las filtraciones de las materias descompuestas que pudieran contaminar las aguas destinadas al consumo». Y eso que la junta ya había urgido al Ayuntamiento la inmediata desaparición del mismo, con bastante antelación.

Otro, también repetidamente denunciado inútilmente, se encontraba «a espaldas de la fábrica de petróleos, en sitio cercano a la Estación de Murcia». Allí, diariamente, se depositaba cantidad de basuras que corrompían hasta el aire. Y luego, la Albufereta que a lo largo de los años ha sido tan conflictiva. Entonces, había en aquel paraje «varias charcas de olor nauseabundo que requerían su desecación y el oportuno relleno». La situación sanitaria de Alicante dejaba mucho que desear. Y hoy, ¿cómo lo ven?

Hoy, se conserva en nuestro Ayuntamiento y data de 1789. Se encargó su confección a artífices valencianos, y el cronista Rafael Viravens lo describe así: «Es de tisú, con franja de oro, y muestra en el haz y envés los escudos de las armas reales delicadamente bordados en seda y oro, brillando en ellos algunas esmeraldas artísticamente colocadas en los cuarteles y en el toisón que los circuye».

El día veinticinco de dichos mes y año, se celebró la solemne bendición en la iglesia colegial de San Nicolás, con motivo de la proclamación, en nuestra ciudad del rey Carlos IV. El Ayuntamiento además, con objeto de celebrar la efemérides, acuñó una moneda en memoria del nuevo soberano, quien «al tener noticias de estas pruebas de adhesión que le prodigaban los alicantinos, expresó su real gratitud a los mismos, según vemos en una carta escrita por el conde de Floridablanca y dirigida a nuestro Consistorio, en quince de septiembre de 1787».

Desde aquel entonces, el municipio exhibió dicho estandarte en las grandes festividades y conmemoraciones, hasta su envejecimiento. A primeros del presente siglo, eran tantos sus desperfectos que el alcalde de la ciudad, don Federico Soto, ordenó que fuera debidamente restaurado. Pero la restauración se llevó a efecto cuidadosamente por las monjas Capuchinas de nuestra ciudad. Sin embargo, tenía sus días contados.

El pendón que sustituyó al que venía usándose en los reinados anteriores al de Carlos IV, lo sacó la corporación, por última vez, en el festival y desfile de municipios que tuvo lugar en Madrid, en 1925. La venerable reliquia, por privilegio de su rancio abolengo, pudo hacer su entrada, en aquella ocasión, en el palacio real, en unión, tan sólo, de los estandartes de Valencia y Zaragoza, según nos informa «Diario de Alicante», en su número correspondiente al veinte de junio de 1935. El pendón está -o estaba en fechas muy recientes- en una vitrina, en el antesalón, donde actualmente se encuentra la galería de retratos de nuestros alcaldes. «El parque jurásico», como cierto miembro de la corporación, con fino sentido del humor, lo calificó recientemente.

La huelga general de 1917 y la remota e inquietante revolución bolchevique, sobresaltó a una burguesía que se sintió grotescamente acosada por el fantasma del comunismo, agitado desde las páginas de la prensa conservadora. Poco después, se acentuaron los conflictos sociales en nuestra provincia, en nuestras comarcas, en nuestra ciudad y en todo el país: el proletariado asumía un papel protagonista, ante el creciente temor de las clases dominantes.

Fue entonces, cuando la Confederación Patronal Española hizo un angustioso llamamiento a sus afiliados, y convocó su segundo congreso, que habría de celebrarse en Barcelona, entre el veinte y el veinticuatro de octubre de 1919. La alarma de aquella situación está explícita en el texto de la referida convocatoria: se decía que las organizaciones sindicales progresaban a iban ganando terreno; que el Gobierno culpaba a la dejación patronal del estado de la cuestión obrera; y que el absentismo de los empresarios era una indignidad. «Asista usted al congreso patronal: es su deber y es su derecho. Sea patriota». Una vez más la derecha económica ponía de manifiesto no sólo su acusado sentido patrimonial de España, sino sus más oscuros terrores. Nuestro Ayuntamiento recibió, como los demás, una circular del secretariado de la Confederación Patronal advirtiéndole de que «cada día se enconaba más la lucha entre el capital y el trabajo, que juntos integraban la riqueza nacional, que iba haciéndose insostenible la vida económica del país y que llegaría a su completa ruina, si no se lograba dar con una fórmula armónica de los intereses patronales y proletarios». Le pedían al alcalde que colaborara «induciendo a las industrias radicadas en su jurisdicción», y le prevenían de que, sin duda, el gobernador civil le recomendaría o le habría recomendado ya «la mayor propaganda en favor del congreso patronal, convencido como estará de la absoluta necesidad de que todos contribuyamos a esta obra altamente patriótica y salvadora». En fin.

El alcalde remitió cartas al Círculo de la Unión Mercantil y a la Cámara Oficial de Comercio, a la espera de que le enviasen un listo de corporaciones patronales, económicas e intelectuales (?), para remitírsela a la comisión organizadora del citado congreso. Era el seis de octubre de 1919. La Cámara Oficial de Comercio contestó lacónicamente: sólo podía dar noticia del Sindicato de Exportadores de Vinos, de la Unión Cerámica alicantina y de las organizaciones de navieros y transitarios. Desde luego, no le pusieron demasiado entusiasmo al asunto.

Nos referimos a los edificios que ha ocupado la corporación provincial desde su definitiva instalación, el treinta de noviembre de 1833, fecha del real decreto por el que se nombró a nuestra ciudad capital de provincia de segundo orden. El asunto ya lo hemos abordado, en más de una ocasión, en esta columna. Por diversos documentos y referencias periodísticas, conocemos sus sucesivos emplazamientos, desde el primero que ocupó, según Francisco Montero Pérez, «en el edificio colindante con el convento de las Capuchinas, en la hoy avenida de Méndez Núñez», para trasladar posteriormente sus dependencias al inmueble que tenía el Gobierno Civil, en la calle de Jorge Juan, «casa-palacio de los marqueses de Beniel».

Después de muchas peripecias, a finales del siglo pasado, se trasladó a un edificio situado en la calle de Villegas y propiedad de don Manuel Curt Américo. Según el citado cronista, allí permaneció hasta que el quince de enero de 1932, el presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora inauguró el magnífico palacio de la Diputación, cuyo diseño había realizado el arquitecto don Juan Vidal Ramos.

Encontramos, sin embargo, un documento de considerable interés, en el que don Manuel Asín Forner se dirige al alcalde, «en su condición de contratista de las obras del nuevo palacio provincial, en el que solicita el conocimiento oficial de las rasantes y alineaciones de las fachadas que el solar previsto para la construcción ocupa en las calles de Jorge Juan, Gravina y callizo del Marqués, «para poder dar principio a la excavación de zanjas de cimentación y demás, que corresponde a la parte de obra que tiene contratada, con arreglo a los planos formulados por el arquitecto provincial, y que se ejecutará bajo la inmediata dirección del facultativo que representa a esta contrata don Pedro León Navarro». La fecha de esta instancia corresponde al dieciséis de enero de 1895.

Por su parte, Guardiola Picó, arquitecto municipal, informa que ha revisado el plano geométrico de la ciudad y resulta que las mencionadas calles no tienen alteración alguna. Y respecto a las rasantes «son las nuevamente establecidas y quedan marcadas por el encintado de la acera».

Con todo, el señor Guardiola Picó, comunicó a la Alcaldía, el seis de febrero de aquel año, que «a fin de no retardar las obras, el arquitecto que suscribe, acompañado del director autor del proyecto, el arquitecto provincial, han demarcado sobre el terreno las mencionadas alineaciones». ¿Qué sucedió con tal proyecto? Lo comentaremos, en breve.

Esta última temporada, tan lluviosa, también pasó de puntillas por la mayor parte de nuestras tierras. Ni la meteorología ni las públicas rogativas nos fueron propicias. Continuamos necesitando agua. Agua para la agricultura y agua, incluso, para el abastecimiento de la población. Pero no constituye una situación inédita ni siquiera infrecuente: a lo largo de los tiempos -y abundan los ejemplos- la climatología nos ha vuelto las espaldas, en cuanto se refiere a índices de pluviosidad.

Hace algo más de un siglo, muchas de nuestras comarcas y nuestra propia ciudad sufrieron una de esas prolongadas y arrasadoras sequías, «una calamidad deplorable que angustia los corazones sensibles al padecimiento de todo aquello que no puede sernos indiferentes», como manifestó Pedro María, obispo de la diócesis, en un escrito del veinticinco de octubre de 1861. Se había aguantado lo indecible, con la mayor resignación, pero los ánimos empezaban a alterarse frente a tanta adversidad. De modo que hubo de recurrirse a medidas de carácter extraordinario, es decir «a la piedad y misericordia del Señor, como fuente única e inagotable de todas las riquezas y frutos de la tierra, y a él debemos acudir suplicantes, cuando ya no bastan los medios ordinarios que empleamos para conseguir nuestras peticiones y esperanzas».

Con el respeto debido, el obispo trazó su estrategia: movilización general de párrocos, vicarios, jefes y encargados de iglesias, ermitas rurales, conventos de religiosas y seminario conciliar, quienes recibieron la recomendación de predicar a los fieles «que el único medio de alcanzar las bondades del Señor eran las disposiciones del corazón, ya que en vano se pediría la lluvia suficiente para los áridos campos, si los corazones se encontrasen secos y resistentes a todo lo bueno, a todo lo útil, a todo lo caritativo». Se decretó, pues, tres días de rogativas, «uno de ellos domingo, para lograr la mayor afluencia de los feligreses», con misas y procesiones «de las imágenes de mayor devoción de cada pueblo», y rezo del rosario. No sólo el aparato religioso se puso en pie, sino también las autoridades locales, entre ellas el alcalde de Alicante, que fueron invitadas a contribuir con «su saludable influencia», para mover a la piedad a sus conciudadanos y dirigirse al cielo en aquellos momentos de agobio. Ignoramos el resultado de tal iniciativa. Pero no hace mucho, en parecidas circunstancias, el cielo de por aquí apenas si se conmovió con la nutrida compañía de ruegos, reliquias e imágenes. ¿Se nos habrá secado ciertamente el corazón? ¿O será cosa de los hombres del tiempo y de sus caprichosos meteoros?