La Gatera. 1997

Enrique Cerdán Tato

La barrilla fue, particularmente, un producto que se exportaba por nuestro puerto, con destino a diversos países europeos. La barrilla de la que se obtiene la sosa cáustica, es una planta propia de terrenos salinos; la denominada de Alicante siempre ha destacado por su calidad, y constituyó uno de los artículos comerciales más importantes de los que se exportaban por nuestro puerto, único, desde 1780, en todo el País Valenciano, habilitado para su embarque, como afirma el profesor Enrique Giménez en su obra «Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el antiguo régimen».

El uno de febrero de 1943, don Pelegrín Ribas Prats, representante de la Salinera Catalana, se dirigió, en instancia, el alcalde, solicitando toda la información posible acerca de «la zona de saladar inculto y la dedicación a la confección de barrilla para sosa, en el sitio denominado Agua Amarga, desde el tiempo más remoto». La petición fue trasladada al cronista oficial de Alicante que en aquel tiempo lo era don Francisco Figueras Pacheco.

El cronista manifestó que en los índices históricos del Archivo Municipal se encontraban abundantes datos sobre barrilla, sosa y agua azul, «cuyos productos constituyeron una parte considerable de la riqueza de nuestro comercial, hasta el descubrimiento en Francia de sustancias que suplían a aquella en economía, anuló casi por completo, en nuestro tiempo la explotación de la industria y tráfico consiguientes. Sin embargo, ninguno de los documentos consultados, hace mención a dicha zona, en el punto concreto que interesa conocer a la Salinera Catalana». (La barrilla se utilizaba, entre otros usos, para la elaboración del jabón).

Con respecto a sus antecedentes, Figueras Pacheco los sitúa, en los citados índices, en el año 1738; año en que por resolución capitular del once de abril, nuestro Ayuntamiento acordó solicitar del rey la facultad de «hacer un impuesto sobre la barrilla que se embarcase en este puerto, a fin de concluir las obras de la casa del Ayuntamiento». En los subsiguientes, y hasta 1771, aparecen registrados muchos otros documentos sobre el mismo asunto.

Los referidos impuestos o tributos, de acuerdo con los datos de Enrique Giménez López, «ascendían a veintiséis maravedíes, por cada quintal introducido en la ciudad, cantidad que ingresaba en las arcas municipales, para la financiación de las obras de la Casa Consistorial alicantina».

Al Hospital de San Juan de Dios, ya instalado en el barrio de San Antón, y declarado de carácter provincial, por real decreto del veinte de junio de 1849, le enviaban los cadáveres para practicarles la autopsia, en muy mal estado. Además, de los juzgados les llegaban amenazas de aplicarles a los empleados del centro hospitalario, todo el rigor de la ley, si incumplían sus disposiciones. De ahí que el director de dicho establecimiento comunicara al presidente de la Diputación sus quejas, por cuanto la situación se hacía insoportable y entrañaba una manifiesta gravedad, «tanto por los perjuicios que ocasiona a la higiene y salud pública la estancia, en un hospital que se encuentra enclavado en el centro de un barrio populoso, de cadáveres que las más veces están en estado de descomposición, cuanto porque el personal destinado hoy al servicio del hospital es corto y no puede ocuparse de otros servicios que de aquellos que por el reglamento se les impone a dichos funcionarios». Así se lo hacía saber el presidente de la Diputación Provincial al gobernador civil, en oficio del siete de noviembre de 1895.

Era un enmascarado enfrentamiento entre la institución referida y el Ayuntamiento. La primera reprochaba a la corporación municipal el hecho de que ni tan siquiera en la cárcel pública del partido dispusiera de una sala destinada a enfermería, de modo que los presos que necesitaban asistencia facultativa, tenían que ser admitidos «sin impedimento alguno en el Hospital Provincial». Y, sin embargo, los pacientes y personal sanitario de éste sufrían «las molestias que proporciona el hedor de los cadáveres descompuestos las más veces».

«Para evitar todos esos inconvenientes, ya la comisión provincial en sesión del tres de marzo de 1894, tuvo el buen acuerdo de excitar el celo de la autoridad municipal, para que por cuenta de aquella corporación se construyera en el cementerio general un depósito de cadáveres y salas de autopsias». Y así se hizo, en efecto, con la mayor brevedad, «quitándole al Hospital tal espectáculo repugnante y foco de infección». En consecuencia, la Diputación desconocía el porqué el juez había enviado una remesa de cadáveres, aunque «por la comunicación del director se desprende que por no haber accedido el alcalde actual a facilitar los desinfectantes».

A requerimiento del gobernador civil, el alcalde respondió que no era de su incumbencia el pago de tales gastos, toda vez que correspondían según diversas órdenes, al Estado. De aquí para allá, de mano en mano, los cadáveres se ponían perdidos.

Las tuvo y lo demostró en repetidas ocasiones. Nos referimos, una vez más, a don Manuel Carreras Amérigo, quien llevó una vida agitada ocupó diversos cargos, participó en varias insurrecciones de carácter liberal, fue condenado a muerte, indultado y desterrado a Filipinas, donde contrajo la disentería que habría de llevarlo a la muerte, en 1855, después de haber sido alcalde de nuestra ciudad. Manuel Carreras ofrece una biografía apasionada y singular, en el marco de un siglo XIX tan sometido a cambios y vaivenes.

Así, cuando por una real orden de nueve de septiembre de 1836, la reina gobernadora, doña María Cristina, dispuso la modificación de los límites de las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Albacete, por la que los partidos de Albaida, Gandía y Onteniente, se desmembraban de la provincia de Alicante, para incorporarse a la de Valencia, en tanto Villena pasaba a la nuestra, el Ayuntamiento de la ciudad remitió un comunicado a la reina: «Señora: el pueblo español ha sido, en todos los tiempos, el modelo de sufrimiento y lealtad a sus reyes, y nunca ha roto los vínculos que le unen al gobierno, más que cuando éste ha faltado a las condiciones que podía mandar. En cuantos acontecimientos extraordinarios han tenido lugar, desde la revolución de 1808, ha sabido distinguir la causa del trono de la de los ministros (...)». Entre otras firmas, tal comunicado llevaba la de Manuel Carreras Amérigo. Y se protestaba enérgicamente por determinadas órdenes que vejaban «a un pueblo que pretendía mantener su fidelidad a la corona».

A raíz de la epidemia de cólera que se advirtió, en julio de 1834, en algunos términos municipales, como los de Albaida, Muro, Novelda, San Fulgencio, el día doce de agosto del citado año, en Alicante, se suscitó una comisión sanitaria, entre cuyos componentes se encontraba el señor Carreras Amérigo, junto con don Juan San Martín, don Luis María Proyet, don Joaquín Lafarga y don Bernardo de Borgas Tarrios (futuro director general de Loterías). Veinte años más tarde, siendo ya alcalde de la ciudad, volvería a combatir la terrible enfermedad, como combatiría el absolutismo y la reacción. Don Manuel nació el treinta y uno de julio de 1794, como consta en el libro de bautizos de San Nicolás número cuarenta y seis. Murió a los sesenta y un años y fue sin duda, uno de los más ilustres alicantinos de su época.

Muy joven, el maestro Esplá, escribió acerca del estímulo que recibían él mismo y su buen amigo Gabriel Miró, de Germán Bernácer, Figueras Pacheco, Emilio Costa, Eduardo Irles, José Vidal, Plácido Gras, Rafael Bas y algunos otros, «sobre todo, cuando nadie o casi nadie creía en nosotros sin reservas, abiertamente». No mucho después, ambos, habrían de romper la incredulidad, más o menos generalizada: el escritor, con su novela «Nómada»; el músico, con la publicación, en Barcelona, de su «Scherzo», para piano, acerca del cual afirmaría: «Primera composición mía editada, aunque no la primeramente escrita. La aparición de esta obra promoción cierto revuelo, con discusiones y todo en la prensa».

A partir de aquel éxito, en 1911, Óscar Esplá iba a ofrecer al mundo entero, muestras de su fecundo y formidable talento musical: «La Nochebuena del Diablo», «Sinfonía Aitana», «Canciones playeras» o «La pájara pinta», por citar, tan solo, algunas de sus más celebradas composiciones.

Durante los días cinco, seis y siete de mayo de 1993, se desarrolló en nuestra ciudad, en su ciudad, un simposio académico bajo la denominación de «Sociedad, arte y cultura, en la obra de Óscar Esplá», patrocinado por el Instituto de las Artes Escénica y la Música, del Ministerio de Cultura, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Alicante, y la Fundación Cultural de la CAM, con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y de la Universidad Autónoma de Madrid. En aquel encuentro, cuya comisión organizadora presidía el compositor José Peris Lacasa, intervinieron especialistas, catedráticos, críticos, musicólogos, procedentes de nuestro país y de algunos centros universitarios europeos. Recientemente, el Ministerio de Educación y Cultura ha publicado las actas de dicho encuentro. Se trata, como se afirma en su introducción, «de un estudio minucioso y lleno de rigor, cuya aportación permitirá valorar y conocer, dentro del marco más amplio posible, las aportaciones del maestro alicantino».

Todos los esplasianos tienen sobrados motivos de satisfacción por este trabajo colectivo. Todos los esplasianos tiene sobrados motivos de satisfacción por este trabajo colectivo. Todos los esplasianos y todas las gentes de esta tierra. De su tierra que veló, como Don Quijote sus armas, y Esplá le puso el gratificante testimonio de su música.

Aquel mes de marzo de 1939 fue el caos. El día cinco, en Madrid, se consuma la sublevación del coronel Segismundo Casado contra el presidente del gobierno don Juan Negrín a quien apoyaban los comunistas. Mientras se constituía el Consejo Nacional de Defensa, el doctor Negrín, ministros y dirigentes del PCE salían, en avión, del aeródromo de Monóvar y de otros lugares, hacia el exilio. Muy poco después, se procedía a la clausura de los locales del PC y de la JSU, en nuestra ciudad, y se prohibía la publicación de «Nuestra bandera», órgano del Partido Comunista (S.E.I.C.). Su último número corresponde al seis del mencionado mes. Los partidarios del coronel Casada no tardaron en controlar Alicante. Muchos dirigentes comunistas fueron detenidos: algunos de carácter internacional y nacional, como el italiano Palmiro Togliatti y Fernando Claudin, también Etelvino Vega, efímero comandante militar de la plaza, y diversos miembros del comité provincial, entre ellos, José González Prieto.

En los primeros días de marzo, se celebró la IV Conferencia Provincial del Partido Comunista y el seis, lunes, el ya citado órgano de expresión del mismo, ofreció la composición del nuevo comité, entre los que se encontraban: Antonio Guardiola, Felisa Alonso, Francisco Ferrer Miró, Marina Olcina González, Rafael Millá Santos, Lupe Cantó Sanjuán, Jacinto Alemañ Campello, María García Penadés, José González Prieto, etcétera.

La crispada situación, se hizo insostenible cuando fracasaron, como era previsible, las conversaciones del Consejo Nacional de Defensa con el gobierno del general Franco, que no aceptaba más que una rendición sin condiciones. El día veinticinco se lanzó algo así como un «sálvese quien pueda». A partir de entonces, se vino abajo la última esperanza. A Alicante, a su puerto, llegaron, en las siguientes jornadas, miles y miles de personas, con el propósito de embarcarse con rumbo al doloroso exilio. El veintiocho estaba prevista la salida de los que habían de ser los dos últimos barcos.

¿Qué pasaba mientras con los comunistas detenidos y encarcelados por los casadistas?, ¿cuántos eran? Aquí, ya hemos ofrecido algunos datos. Nos llega ahora un valioso testimonio. Antes de abandonar la ciudad, el gobernador civil, Manuel Rodríguez, dio órdenes de poner en libertad a los comunistas. A todos. ¿Se cumplieron esas órdenes? Don Mario González Morante, con su madre, doña Inés Morante Morante, el mismo día veintiocho, visitaron infructuosamente el Gobierno Civil y el Ayuntamiento, para pedir a los titulares de los mismos que excarcelaran a su padre y esposo, José González Prieto, miembro del comité provincial del PC y colaborador de «Nuestra Bandera». No había nadie, en ningún sitio -nos aseguró el señor González Morante, con el vivo recuerdo de aquella angustiosa jornada cuando él sólo tenía nueve años de edad-. Por fin, nos fuimos a la cárcel. Sólo había un funcionario, mi madre discutió con él, lo convenció, por fin. Los nacionalistas ya estaban a las puertas de la ciudad. Mi padre y otros compañeros corrían un grave peligro. Nos dio las llaves. Recuerdo que abrimos cinco a seis celdas. Encontramos a mi padre. Con él, salieron unos veinte detenidos más. Eran las tres de la tarde. De allí nos fuimos al puerto. Horas de tensión. Sobre la una o quizá las dos de la madrugada, partió en un barco. No recuerdo su nombre, pero creo que era el «Stanbrook». Después, y tras veinticinco años, sin tener noticias, se encontraron en Francia. José González Prieto murió en Moscú -donde está enterrado- el seis de diciembre de 1967. Hasta allí fueron sus hijos. Con ellos estuvieron Dolores Ibárruri, Irene Falcón y otros compañeros de su padre, en el exilio.

La verdad es que la actividad municipal del socialista radical Lorenzo Carbonell estuvo sometida a sobresaltos, tensiones y vicisitudes. Desde que, a raíz de las elecciones generales del doce de abril de 1931, se hiciera cargo de la alcaldía el dieciséis de aquel mismo mes, el popular Llorenset sufrió más de un sobresalto, en los años sucesivos.

El primero de ellos -ya reflejado en este espacio cronístico- en octubre de 1934, durante el llamado «bienio negro», cuando las huelgas que agitaron España y principalmente Asturias, y que en nuestra ciudad fue abortada. Carbonell fue detenido, junto con otros varios ediles, por orden del gobernador civil, Vázquez Limón. Pocos días después, sería puesto en libertad. Pero el día veinte, se destituyó a la corporación republicana que fue reemplazada por una comisión gestora municipal, al frente de la cual estaba, presidiéndola, el doctor Alfonso Martín de Santaolalla.

El ocho de enero de 1936, el nuevo gobernador civil, Alejandro Vives, cesó en su cargo a Santaolalla y los demás gestores, para instalar en su puesto efímeramente a José Pascual de Bonanza y Pardo. Pero el día veintinueve, el gobernador, tras aceptar la renuncia de todos los componentes de la gestora, y ya anunciadas las elecciones generales, para el próximo dieciséis de febrero, dispuso que se reintegrasen a sus respectivos lugares los concejales propietarios, con Lorenzo Carbonell, en la alcaldía. En aquella ocasión, manifestó que, aunque tarde, se había hecho justicia a los alicantinos: «Ya estamos aquí. Ya hemos vuelto. Y volvemos para prestigio de Alicante, para hacer de Alicante lo que queremos que Alicante sea».

Sin embargo, el alcalde Carbonell tenía los días contados. El diecisiete de julio de 1936, presidió el que habría de ser su último pleno municipal. Aquella misma noche, se recibieron noticias confusas e inquietantes: algunas plazas africanas, se habían levantado contra el legítimo gobierno de la República. Sólo era el principio: la guerra civil ya estaba en puertas. Dos meses y doce días después, el veintinueve de septiembre, se constituyó oficialmente el llamado Consejo Municipal. Por orden del gobernador civil, Valdés Casas, se nombraron nuevos ediles representantes de los partidos del Frente Popular. Por acuerdo entre los mismos, la alcaldía la ocupó el comunista Rafael Millá en representación de la UGT. Lorenzo Carbonell recibió así su definitivo suspenso.

Cuando tenía veintiséis años de edad, siguió las operaciones del general O'Donell durante la guerra de África. Carlos Navarro Rodrigo era el cronista de aquel ejército y además de escribir periódicamente las peripecias y episodios de la tropa, dirigían la imprenta de campaña donde se publicaban. Por sus actividades, se le concedió la encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica. Posteriormente y durante los cinco años de gobierno del partido de la Unión Liberal, el joven alicantino fue diputado a Cortes, por Almería, y posteriormente gobernador civil de Baleares. Llevaba una brillante carrera aquel joven alicantino de origen humilde que, muy pronto, demostró su capacidad para el ejercicio del periodismo y de la creación literaria.

Primero y tras abandonar, por razones económicas, los estudios de Filosofía, ya muy adelantados, escribió en el periódico «La Unión Liberal», en calidad de redactor, durante los años 1855 y 1856, años en los que dio a la luz un libro lírico: «Ensayos poéticos». Pero su inquietud y sus deseos de abrirse camino en la profesión, lo llevaron a Madrid, donde trabajó, entre otras, en publicaciones diarias, como «El Debate», «La Política» y «La Época». Con tales antecedentes, el ministro de la Gobernación don Antonio de los Ríos y Rosas, le ofreció el empleo de secretario particular. Posteriormente, en 1859, como ya hemos dicho, marchó como cronista del ejército, con el general O'Donell.

En su agitada vida, Navarro Rodrigo tomó parte en la revolución de 1868 que destronó a Isabel II, y formó parte de la Junta Revolucionaria de Madrid. Su carrera política culminó con su nombramiento como ministro de Fomento, en 1874, cartera que ostentaría de nuevo, en 1886. Carlos Navarro Rodrigo emprendió entonces la reforma de la enseñanza y de los planes de estudio en España: creó los Instituto Provinciales de Segunda Enseñanza y las Escuelas Normales de Magisterio. Para nuestra ciudad consiguió una Escuela de Comercio, de carácter elemental, en un principio, para concederle el rango superior, más adelante. Murió el veintiuno de diciembre de 1903, siendo senador vitalicio. En su memoria, la ciudad le rotuló la amplia plaza de Benalúa, arbolada de eucaliptos, acacias y pinos. Sus gestiones facilitaron la construcción del barrio de Benalúa.

Es un tema superado: por convicción, por frustración, por indiferencia. Pero hace tan sólo dieciocho años escasos, el problema de la bandera autonómica era un problema de alta tensión. En diversas comarcas de nuestra Comunidad levantó chispas; en Alicante, no demasiadas.

El primer Ayuntamiento democrático -tras la Segunda República- se constituyó el diecinueve de abril de 1978 -las elecciones municipales se celebraron el tres de aquel mismo mes-, y José Luis Lassaletta Cano se alzó con la vara de alcalde. Dos semanas después, Lassaletta presentó a la corporación una moción en la que se proponía que la bandera nacional ondeara en el mástil central del banco principal del Palacio Consistorial, y a ambos lados de la misma la de nuestra ciudad y la aprobada oficialmente por el Consell del País Valenciano -órgano de gobierno preautonómico-, «estos distintivos ondearán todos los días festivos del año, de carácter nacional y local. Además dichas banderas y las colgaduras de balcones serán colocadas los días del veintiuno al veinticuatro de junio, y festividades de Santa Faz, de la Virgen del Remedio y de Santa Faz (Alicante, siete de mayo de 1979)».

El debate se inició con la intervención del edil don Luis Berenguer Sos, de la Unión del Centro Democrático, quien manifestó que las banderas deberían ser las del Estado, la ciudad y el País Valenciano. «Sostenemos -dijo- que actualmente no existe la del País Valenciano, sino la del Consell; que no cuestionamos colores ni franjas, pero la única aprobada es la del Consell, que en Alicante no ha tenido ni eco ni trascendencia (...) Entre tanto no exista Estatuto de Autonomía no habrá bandera del País Valenciano (...)». Por su parte, el concejal comunista Salvador Forner expresó cómo el día de la constitución del Ayuntamiento, en medio de la lógica emoción, flameó la bandera del Consell, con los colores del Reino de Aragón, y «que en nuestro caso no se propone la del País Valenciano, sino la del Consell, válida hasta que el Estatuto de Autonomía le dé vida y sanción». Rodríguez Marín, también de la UCD, aclaró que la bandera del Consell no había sido aprobada por los parlamentarios de su organización política y que no parecía oportuno que ahora lo sancionaran los concejales de su grupo. Tomás Ángel Vives, del PSOE, concluyó que eran dos cuestiones las que esgrimía la UCD para negarse, y recordó que en las sesiones previas el señor Berenguer no se había opuesto a dicha bandera, declarándose partidario de la cuatribarrada, sin franja azul. Finalmente, y tras las pertinentes matizaciones, se aprobó la moción, por 16 votos a favor y diez en contra. Cuando el uno de julio de 1982, el Rey Juan Carlos firmó el Estatuto de Autonomía, la bandera era la cuatribarrada con franja azul: la llamada blavera. En 1984, fuimos testigos de que seguía flameando la cuatribarrada, a secas. O sea que...

Por los cuarenta, San Blas terminaba en el viejo cementerio del mismo nombre. Luego, campos y algunas casas de labranza, por donde ahora se extiende un polígono espacioso, de avenidas y calles anchas, de nuevas perspectivas, de urbanizaciones. El territorio de la infancia es ahora un barrio tan populoso como popular. En 1956, un periodista anónimo lo definía popular, aunque no populoso. Cuarenta años después, juzguen.

Por cierto que aquel «plumilla» atribuía a diversos elementos, el hecho de que San Blas, por entonces, no pasara inadvertido. Entre estos elementos, destacaba el fútbol y, dentro del fútbol, el Hércules, a quien dio «sus mejores hijos: o sobre los éxitos de ayer y de hoy del Arenas, o cuando Adrover triunfaba en el Atlético Aviación, antes de entregar su alma joven y noble a Dios; o aquellas tardes del Torregrosa de los buenos tiempos; o de Pit; o de los Medrano... Y es que San Blas, señores, siendo chico, es así de grande».

Cómo nos ha crecido San Blas. Nos refiere el periodista un viaje en el tranvía número cinco -un viaje en el tiempo y en el espacio urbano-. Desde el mercado central hasta donde finalizaba Pintor Gisbert: calzada de tierra, de baches, de charcos, cuando las lluvias, de polvo, en la solanera. «El vehículo -dice- nos llevaba por Alfonso el Sabio, doblaba después por la calle de Onésimo Redondo, y tras la parada obligada por el cruce con el tranvía descendente, la marcha seguía por Pérez Galdós. Estábamos aún en lo que pudiéramos llamar sector central de la capital, pero pronto lo abandonábamos, porque el tranvía hacía una pirueta y ¡zas!, nos colaba en el barrio a través de una calle sin adoquinar, como todas las del distrito aludido».

En su descripción, se refiere el informador a «una sociedad Deportiva y Cultural, otra donde se cobijan los Moros y Cristianos, la Peña Pacorro, un primor entre los de su género, un grupo escolar, allá donde el barrio empieza a ser campo y huerta, pero donde ya crecen, como setas, nuevas edificaciones, porque San Blas se está quedando pequeño y necesita nuevos horizontes». Y los consiguió, a partir de entonces. Tampoco olvidó, en su entrañable relación, el cine Altamira, donde tantas horas pasamos de niños y adolescentes, «ni una importante fábrica de muebles, la de Escolano, que ha suministrado camas a millares de matrimonios alicantinos».

Cómo nos ha cambiado San Blas. Cómo nos cambia, día a día. Un barrio de densa historia y de cuyos orígenes hemos dejado aquí testimonio.

Vivían en las cuevas de los castillos de Santa Bárbara y San Fernando. Vivían acosados, en condiciones infrahumanas, en las entrañas de la tierra. Un documento los define como «gentes trashumantes que cometían hurtos y otros hechos delictivos, con perjuicios para los intereses públicos y privados». No estaban censados, pero disponemos de un listado de unas doscientas setenta y cinco personas que habitaban en las cuevas de las faldas del monte Tosal. Aquellas personas marginadas procedían de Cartagena, Almería, Murcia, Santander, Almansa, Águilas, Cehegin y otras diversas localidades, muchas ellas de la provincia.

En abril de 1940, la jefatura del Distrito Forestal se dirigió a la Alcaldía con objeto de que se pusiera término a tal situación. En el Benacantil existían cuevas que fueron construidas, por diversos vecinos, para defenderse de los frecuentes bombardeos, durante la guerra civil. Al concluir la guerra, algunos las cegaron; pero los más se resistieron y permanecieron habitándolas. Se hacía necesario expulsar a aquellas gentes y posteriormente proceder al tapiado de las cuevas. La Alcaldía tomó nota de la petición y trasladó las oportunas instrucciones al comisario-jefe del Cuerpo de la Guardia de la Policía Urbana y al arquitecto municipal.

Meses después, el veintiocho de diciembre del mismo año, el arquitecto municipal informa de que «en repetidas ocasiones se han tabicado las cuevas de ambos castillos, pero que vuelven a ser abiertas y habitadas de nuevo, toda vez que no se dispone de la suficiente vigilancia para evitarlo». El arquitecto Miguel López propuso al alcalde que se desalojara a los incómodos moradores y que se diera cuenta al gobernador civil, para que éste encargara a la Policía gubernativa aquel servicio. Lo más conveniente era, sin duda, enviar a tales individuos a sus respectivas localidades de origen. Una vez logrado aquel objetivo, todas las cuevas serían destruidas, «desapareciendo el baldón que significaba la existencia de tales antros en nuestra ciudad». El quince de enero de 1941, el alcalde firmó un decreto con órdenes para el técnico municipal: que se demoliesen de forma que ya nunca más pudieran ser reconstruidas. Por otra parte, rogaba al teniente coronel, jefe de la comandancia de la Guardia Civil que dispusiese una batida, con ánimo de castigar a los infractores y obligarles a regresar a sus respectivos pueblos.

Sin embargo, aún pasarían muchos años antes de que las cuevas de las castillos se cerraran definitivamente. Sus pobladores eran gentes humildes, desplazadas de un lugar a otro por la guerra, sin apenas posibilidades, gentes que habían alcanzada una situación límite de desesperación y que se aferraban a la vida, como fuera.

El dieciocho de septiembre de 1981, entró en el registro municipal un escrito de la Agrupación Local de Alicante del PSPV-PSOE, firmado por E. Atienza, miembro de la comisión ejecutiva, solicitando de la corporación el permiso correspondiente para situar mesas, en diversos lugares de la ciudad, con objeto de recoger firmas «sobre el tema de la entrada de España, en la OTAN».

Tres días antes, Antonio García Murillo como «presidente del PCE», había remitido al Ayuntamiento una instancia, pidiendo autorización «para recoger firmas en la vía pública, en petición de la celebración de un Referéndum, para la no entrada de España en la OTAN, durante todo el mes de septiembre».

El alcalde, Lassaletta Cano, libró decretos autorizando ambas solicitudes y comunicándoselo así a la jefatura de la Policía Municipal.

Según la información facilitada por este diario de fecha veintidós de septiembre de aquel año, se constituyó una coordinadora anti-OTAN integrada por Esquerra Unida de Alcoi, Hoac y el STE-PV. La coordinadora invitó a asociaciones de vecinos, partidos políticos y entidades locales, para llevar a efecto una intensa y masiva campaña, entre los días veintiséis de aquel septiembre y tres del inmediato octubre, en tanto socialistas y comunistas continuaban sus respectivas acciones para evitar el ingreso de nuestro país en la organización atlantista.

A raíz de las elecciones generales de octubre de 1982, el Partido Socialista desbancó a una UCD desfondada y ya en progresiva descomposición, y obtuvo la mayoría absoluta en las Cortes. Felipe González asumió la presidencia de un gobierno monocolor. La batalla política «que desembocó en el referéndum para confirmar el mantenimiento de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue durísima, y la victoria de las posiciones defendidas por el gobierno socialista se produjo con un apreciable desgaste de su respaldo popular» (Ramiro Muñoz Haedo, en «Historia de la ciudad de Alicante»).

El referéndum se celebró el doce de octubre de 1986. Los resultados en Alicante fueron de un 67% para el sí, un 34% para el no, y una abstención de la derecha del 38,7%. El sábado, ocho de aquel mes de marzo INFORMACIÓN titulaba en primera: «Maravall inició la ofensiva atlantista en Alicante, con Joan Lerma y Lassaletta» que, según este diario, no lograron llenar el cine Casablanca. La última encuesta publicada por el citado medio de comunicación, el seis, daba los siguientes datos respecto a la intención de voto: 30% sí; 34% no; y un 25% de indecisos. Sin duda, la intervención televisiva del presidente del Gobierno dio un vuelco a los resultados. Hoy, el socialista Javier Solana es el secretario general de la OTAN. Qué cambios.

El año 1981 enmarcó, apenas iniciado, el fallido golpe de Estado del veintitrés de febrero que encabezado por algunos altos mandos del Ejército y de la Guardia Civil, soportó y superó nuestro joven sistema democrático.

Pero el año tuvo un final reivindicativo. El quince de diciembre, se iba a celebrar en Madrid una concentración y una marcha por la paz, el desarme y la libertad. Alicante quiso comparecer en aquella ocasión, y el alcalde, José Luis Lassaletta, junto con los portavoces de los grupos socialista y comunista, Antonio Fernández Valenzuela y José María Perea Soro, así lo expusieron en el pleno municipal. El manifiesto al que pedían la adhesión corporativa era del siguiente tenor: «cada minuto, los estados gastan noventa y seis millones de pesetas en armamento. Diariamente mueren cuarenta y dos mil personas en todo el mundo. Las sesenta mil armas nucleares almacenadas equivalen a un millón y medio de Hiroshimas. A cada persona le corresponden cuatro mil kilogramos de dinamita. Europa ha sido escogida como escenario para una guerra nuclear limitada. Los españoles no queremos contribuir al aumento de la tensión mundial ni al reforzamiento de los bloques militares. Y porque creemos en la vida y en los ideales humanos de solidaridad y convivencia universal, te invitamos a que asistas a dicha manifestación con objeto de expresar tu voluntad de paz y libertad. Alicante, once de noviembre de 1981».

En el pleno extraordinario que se celebró dos días después de presentada la moción y al conocer su contenido, tomó la palabra el edil Rodríguez Marín, en su condición de portavoz en funciones de la UCD, y anunció la abstención de dicho grupo matizando que estaban a favor de la paz, pero que advertían cómo sutilmente el Ayuntamiento pretendía «hacer una política socialista». El comunista José María Perea, después de recordar a los concejales centristas que habían causado baja en la corporación, señores Rosser y García Pertusa, argumentó que «con la escalada armamentista se estaba entrando en la dinámica de la III Guerra Mundial que, por sus previsibles consecuencias, sería la última» y reiteró que la moción sólo pretendía apoyar un movimiento pacifista dirigido a los dos bloques mundiales, frente a los dos bloques militares.

José Luis Lassaletta, tras suscribir las palabras de Perea, puntualizó que la propuesta no iba contra nadie, sino a favor de toda la humanidad y que pasaba por una política de paz y no por una política socialista, como había sugerido el portavoz centrista. Rodríguez Marín insistió en que los concejales de la UCE amaban tanto la paz como el que más y que por ello se iban a abstener. Finalmente, la moción se aprobó con los votos del PSOE y del PCE, y la abstención de UCD. Estaba cantado.

La plaza de San Cristóbal o de Sant Cristófol, la antigua Puerta de la Huerta y, más tarde de la Reina, un espacio urbano, en fin, de trajines y de historia, sufrió, un mal día, el embate enloquecido y peor resuelto de los aparcamientos subterráneos, y dejó en el trasiego y en el recuerdo una tremenda cuchillada. Una plazuela que ya no es más que un tremendo despropósito. Allí estaba -y estuvo- durante mucho tiempo la farmacia de los Soler.

Hace unos años, nos contaba Agatángelo Soler, que tantas cosas nos relató de aquel enclave, cómo había logrado salvar la fuente que se encontraba donde se abren las fauces de los escapes de los coches. «Era un montón de chatarra, pero lleno de recuerdos». En el Archivo Municipal encontramos la carta que Soler Llorca escribió, el dieciocho de agosto de 1976, al alcalde José Manuel Martínez Aguirre: «Mi querido amigo: las obras de excavación del aparcamiento de la Rambla han vaciado toda la plaza de San Cristóbal. La fuente de hierro de la misma, hace mucho tiempo que no tiene la taza de hierro fundido, en donde apoyaban sus cántaros las vecinas: no queda más que la columna que también está quebrada en su parte superior. Dado que esta fuente no tiene importancia artística -lo que de ella queda-, sino más bien sentimental, y quizá no merezca una reparación difícil, te ruego que si el Ayuntamiento no va a repararla ni a utilizarla, me la cedieras, ya que por razones de vecindad y familiares, estoy muy ligado a lo que queda de la vieja fuente, y quisiera restaurarla en lo posible, con la idea de que no se pierda como chatarra. Y si además, en la futura urbanización de la plaza estudiaras la forma de dedicarle a San Cristóbal una fuente digna, con su efigie de materiales nobles, harías algo que yo me quedé con las ganas de hacer, cuando acabé la fuente de la Santísima Faz. Son dos peticiones que te hago abusando de tu conocida generosidad para conmigo. Un abrazo (firmado)».

Días después, el veinte de aquel mes de agosto, el arquitecto municipal, Alfonso Fajardo Aguado, informó que de tal fuente sólo quedaban restos inservibles, sin valor artístico ni económico, «por lo que se puede ceder al señor Soler Llorca». Agregaba el técnico que, desde años atrás, ya se disponía de una maqueta realizada por el escultor Adrián Carrillo, para colocar en dicha plaza una nueva fuente, con toda dignidad, «tal como se realizó en la plaza de la Santa Faz».

En sesión ordinaria de la permanente, se acordó por unanimidad, acceder a la petición de don Agatángelo Soler Llorca, como así se le comunicó por oficio, el tres de septiembre siguiente.

El lunes, veintitrés de febrero de 1981, España entera se estremeció cuando un grupo de guardias civiles, al mando del teniente coronel Tejero, ocupó a tiro limpio el Congreso de los Diputados. Era el comienzo de un golpe de Estado que, por fortuna, concluiría, horas después, en un esperpento valleinclanesco. El Ayuntamiento de Alicante iba a celebrar aquel mismo día un pleno extraordinario que se suspendió «por no haber concurrido el número suficiente de sus miembros». «El señor alcalde ordenó extender nueva convocatoria para el veinticinco». En declaraciones a INFORMACIÓN, Lassaletta dijo: «En el Ayuntamiento estuvimos reunidos hasta las nueve de la noche, como dictaban las normas emanadas de Valencia», seguidamente calificó la actividad municipal de normal. Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis Díaz Alperi, «se mantuvo en estrecho contacto con los gobernadores civil y militar de la provincia, al tener conocimiento de la decisión del capitán general de Valencia (Jaime Milans del Bosch)». Era, por entonces gobernador militar de la provincia, Leonardo López Fernández, y al frente del gobierno civil se encontraba, en funciones, su secretario general Luis Romero.

En la sesión extraordinaria y urgente que la corporación consistorial celebró el veinticinco, a las ocho y media de la tarde-noche, se aprobó por unanimidad, la moción presentada por el alcalde Lassaletta, y los portavoces o representantes de los grupos municipales del PSOE, UCD y PCE, Antonio Fernández Valenzuela, Manuel Rosser Marín y José María Perea Soro, respectivamente. Sumaríamos, por razón de espacio, el contenido de la referida moción: reconocimiento y apoyo a la actitud firme y enérgica del Rey; repulsa y absoluta condena de los hechos que pusieron en peligro el normal desarrollo de la vida institucional, y demanda de todas las responsabilidades a los autores de semejante acción; renovación de toda la confianza en las instituciones democráticas; solidaridad con el Congreso de los Diputados en aquel trance histórico; reconocimiento también al pueblo de Alicante, por su ejemplar comportamiento en tan graves y difíciles momentos; felicitación a los medios de información por su valiente y digna actitud profesional; y trasladar a su Majestad el Rey este acuerdo, así como al presidente del Congreso de los Diputados y al Gobierno de España. En muy parecidos términos, se pronunció la corporación provincial. Los parlamentarios alicantinos fueron recibidos con abrazos y lágrimas de emoción: Luis Berenguer, Joaquín Galant, Asunción Cruañes, Antonio García Miralles, Ángel Franco, Francisco Zaragoza, Luis Gamir. El domingo siguiente, cuarenta mil alicantinos se manifestaron por la libertad, la democracia y la Constitución. Un fuerte portazo en las narices a los frustrados golpistas.

En la madrugada del día veinte de octubre de 1982 se desplomaron los cielos sobre nuestra ciudad. La gota fría fue inclemente, especialmente, con el barrio de San Gabriel, que quedó inundado e incomunicado, hasta el domingo veinticuatro de aquel mismo mes, en que se dispuso la instalación, por parte del Ejército, de un puente provisional metálico sobre el Barranco de las Ovejas.

Por la tarde del tormentoso día, a las veinte horas, el Ayuntamiento pleno celebró sesión extraordinaria y urgente, con objeto de evaluar los daños causados por la tromba de agua, en la ciudad, aquella madrugada, y de llevar a cabo, en su caso, la petición de que se declarasen catastróficos. Finalmente, la corporación acordó solicitar del Consejo de Ministros tal declaración. Declaración que llegaría, en el Boletín Oficial de la Provincia, el lunes veinticinco del referido mes, y por la que se declaraba zonas catastróficas a diecisiete términos municipales de nuestra provincia: Agost, Alicante, Aspe, Biar, Elche, Elda, Ibi, Jijona, Monforte del Cid, Novelda, Orihuela, Petrel, Santa Pola, Sax, San Vicente del Raspeig, Tibi y Villena.

En fechas sucesivas, en nuestro Ayuntamiento se recibieron testimonios solidarios de numerosas ciudades y pueblos de toda España, en los que ofrecían ayudas técnicas y económicas, para paliar, en lo posible, la situación de los numerosos damnificados. Por su parte, el fiscal Ricard Cabedo, se dirigía al alcalde Lassaletta, el día veintiséis, comunicándole que se encontraba practicando actuaciones en el esclarecimiento de las causas del desastre que había afectado al barrio de San Gabriel, a raíz de la recientes lluvias, así como recabando croquis y fotografías, para estimar el estado del lugar antes y después de la tremenda riada, además de «una aproximación de las causas que añadidas a las lluvias, hayan contribuido a tales resultados».

Los testimonios gráficos que este periódico publicó durante aquellas fechas son ciertamente elocuentes y reflejan las dimensiones de la catástrofe. José Luis Lassaletta, acompañado por el gobernador militar, general Fernández Palacio, y el jefe local de Sanidad, visitaron San Gabriel. En otros barrios, como el de la Divina Pastora las aguas ocasionaron graves daños materiales, y la dolorosa pérdida de una vecina del mismo. Numerosos vehículos fueron arrastrados hasta el mar. En pleno trajín por restablecer la normalidad, el veintiocho de aquel octubre se celebran las elecciones generales. «El PSOE, mayoría absoluta». Felipe González llegaba en medio de un panorama desolado.

Los hermanos Bouligny, José, Juan y Francisco, junto con otros socios alicantinos, Kearnet, Coppinger, Miralles, organizaron un importante tráfico de esclavos africanos, «el más completo y ordenado comercio negrero que se dio nunca en el país Valenciano», según el trabajo de Vicente Ribes Iborra, publicado en la revista «Quaderns de Migjorn» (número 2, 1994-1995), y en el cual se nos remite a la obra del mismo autor, editada por la Generalitat Valenciana, «Comerciantes, esclavos y capital sin patria». Esta trata humana se realizó en el último tercio del siglo XVIII, y Miralles, de Petrer, y Francisco Bouligny impulsaron tan abyecto negocio, para lo cual contaron con la mediación del conde de Campomanes y presidente del Consejo del Reino, para obtener los permisos oportunos. Los tres hermanos citados -y otros diez más- fueron hijos del matrimonio del comerciante marsellés Juan Bouligny y la alicantina María Paret, quienes tuvieron su domicilio, en 1744, en la calle Mayor, signo externo y evidente de su prosperidad económica. El profesor Enrique Giménez López, en su libro «Alicante en el siglo XVIII» y en el capítulo relativo a «Los comerciantes y la organización comercial», escribe: «De las casas españolas, tan sólo una estaba constituida como compañía, la de Bouligny y Cía. y en opinión del Administrador de Rentas, siete podían considerarse como sólidas, con buen crédito y destacada actividad, ocho de "menor comercio", y doce "dudosas", incluyendo entre estas últimas a la compañía Bouligny». A raíz de un enfrentamiento mercantil del hermano mayor, José, con los comerciantes extranjeros de nuestra ciudad, el negocio sufrió un grave revés, y algunos de los miembros de esta familia de origen francés recibieron amenazas de muerte, hasta tal punto que se vieron obligados a refugiarse en su finca de la Alcoraya, finca que Viravens señala como propiedad de don Luis Martínez, ya a finales del siglo pasado, y que Santiago Varela describe en su «Arquitectura residencial de la Huerta de Alicante». En tal finca vivió el mayor de los hermanos, José, en situación precaria. Juan, más afortunado, pasó unos años en la corte y en 1979, fue nombrado primer embajador de España en Constantinopla, y Francisco el más aventurero llegó a ser, después de muchas peripecias como oficial del ejército, gobernador de Luisiana. Estos tres hermanos Bouligny fueron, como apunta Vicente Ribes, cosmopolitas, ilustrados y pragmáticos. Además tuvieron amistad con Pedro Montengón expulsó de la compañía de Jesús y autor, entre otras, de dos novelas destacadas «Eusebio» y «Eudoxia». La madre de Montengón se llamaba Vicenta Paret, por lo que estaba igualmente emparentado con los Bouligny. Dos de éstos, José y Juan, fueron padrinos de otros tantos hermanos de Montengón, cuyos padres también tenían casa en la calle Mayor.

Aunque no nos percatemos, la política influye permanentemente en costumbres y comportamientos. Algunos historiadores del siglo pasado señalan cómo en la época absolutista eran escasos, de servicio pésimo y poco frecuentados los locales donde se expendían licores, refrescos y cafés. Los corregidores, alcaldes con funciones gubernativas, se mostraban severos con los parroquianos de tales establecimientos y las multas menudeaban, con el pretexto de mantener el orden público. La ronda nocturna se mostraba implacable con cuantos propietarios de los mismos no observaban meticulosamente los horarios de apertura y cierre. En nuestra ciudad que tan sólo se contaban media docena de dichos establecimientos, según los cronistas, durante la citada época, los horarios concluían a las nueve o a las once de la noche, según fuera invierno o verano.

El cronista Francisco Montero Pérez nos ofrece los siguientes a lo largo del tiempo en el que imperó el más cerril absolutismo: uno, en la antigua plaza de Entre dos Puertas, luego de San Cristóbal, posteriormente de Juan Poveda, y de nuevo de San Cristóbal, en la actualidad; otro, en la calle de la Cruz de Malta, tan cercano al puerto que era el más solicitado por marineros, pescadores y cargadores del muelle; «y dos o tres más esparramados por los arrabales de San Francisco y San Antón, y en el naciente Barrio Nuevo, en la plaza de Santa Teresa, luego de Hernán Cortés y ahora Nueva».

Cuando finalmente se impuso el régimen constitucional, empezó la que hoy llamaríamos «la marcha». El mismo autor citado nos habla de uno de los cafés más concurridos, entre 1835 y 1856, era el del Panderetes, alias de José Martínez, situado al final de la Rambla, entonces Paseo de la Reina y donde se reunían los militantes más radicales del Partido Progresista, «los que formaban la funesta partida de la Capa que tenía sus conciliábulos secretos en la famosa Cova, sita en la partida rural del Babel, huerto llamado del Pato». En él, se recibían las instrucciones, como la rebelión de Boné, de don Manuel Carreras Amérigo, que encabezaba la parte civil de la misma. De ahí que la policía del siniestro Federico Roncali, cuando ocupó nuestra ciudad, buscara infructuosamente al Panderetes, para llevarlo al paredón.

Otro café señero de aquellos años fue el de Paredes, en la calle de Duque de Zaragoza, esquina a la Rambla de Méndez Núñez, es decir donde, más o menos, se encuentra hoy el «Rambla 33». Lugar tranquilo elegante y de parroquia burguesa. Cerca del Teatro Principal, estaban el «Iberia», que luego se trasladó al paseo de los Mártires, el de Gorcet, visitado por los actores y republicanos moderados, y algunos más, por suerte, libres de la estricta vigilancia de los esbirros.

Dejamos constancia aquí del triunfo del PSOE, en las primeras elecciones municipales, tras la dictadura franquista, celebradas el tres de abril de 1979. La corporación quedó formada por trece concejales socialistas, diez de la UCD, y cuatro del PCE. La mayoría relativa de los primeros y el pacto de los partidos de izquierda le dio la presidencia del gobierno municipal a José Luis Lassaletta Cano.

Cuatro años después, concretamente el ocho de mayo de 1983, en los comicios para el Ayuntamiento, el PSOE barrió literalmente. Con un setenta por ciento de los votos emitidos, obtuvo diecinueve concejalías, en tanto la coalición formada por Alianza Popular, Partido Democrático Popular, Unión valenciana y Unión Liberal alcanzó algo menos del treinta por ciento, y las ocho concejalías restantes. En estas elecciones ni la nueva organización de Adolfo Suárez, el CDS (Centro Democrático y Social) ni el PCE lograron representación corporativa. Por unas décimas el comunista Antonio Martín Lillo no consiguió entrar en el Ayuntamiento.

En aquella ocasión la sesión de la constitución corporativa se llevó a cabo el veintitrés del mismo mayo. La mesa de edad estaba formada por Salvador González de Haro Castroverde, de la Coalición Popular, y María Dolores Cardona del Rosario, del PSOE, y como secretario el titular del Ayuntamiento, Juan Orts Serrano. Las votaciones dieron un curioso giro: José Luis Lassaletta obtuvo veinte votos, en lugar de los diecinueve de sus compañeros de partido; en tanto la Coalición que encabezaba Adrián Dupuy, consecuentemente, sólo recibió siete. Sin duda, uno de los ediles de la repetida coalición había dado su sufragio a quien tenía sobradamente garantizada la Alcaldía. El propio Lassaletta Cano nos ha ratificado que fue, como ya se comentó en su día, el mismo Adrián Dupuy.

Lassaletta, que repetía el cargo de alcalde, manifestó que los alicantinos aprobaban así la gestión de los últimos años. Díaz Alperi dejaría la presidencia de la Diputación, para la que fue elegido el socialista Antonio Fernández Valenzuela, concejal también durante los cuatro primeros años de Ayuntamiento democrático.

Finalmente, en las elecciones municipales del diez de junio de 1987, los socialistas sacaron doce concejalías; Alianza Popular, ocho; el CDS, cinco; y la alianza Esquerra Unidad y Unitat del Poble Valencià, las dos restantes. Evidentemente, había cambiado el espectro político de la corporación consistorial. El PSOE sufrió una seria pérdida de votos y aunque José Luis Lassaletta se alzó, por tercera vez consecutiva, con la Alcaldía, el gobierno municipal se hizo más difícil: los pactos puntuales con otras fuerzas sustituyeron a lo que se dio en llamar «rodillo socialista». En 1991, Ángel Luna, del PSOE, llegaría a la Alcaldía que Lassaletta había mantenido durante doce años. Todo un récord.

A principios de marzo de 1930, la Asociación de la Prensa de Alicante dispuso un Programa de actos, para conmemorar los primeros veinticinco años de su fundación. Dicho programa se desarrolló entre los días diez al trece del siguiente mes de abril.

Recordamos que la constitución de la misma tuvo lugar en la redacción del periódico «El Demócrata», que estaba domiciliada en la calle San Fernando. Era el cinco de junio de 1904, y con el propietario y director del citado diario, Juan Manuel Contreras, se reunieron Antonio Galdó Chápuli, director de «La Correspondencia de Alicante»; Rafael Sevila Linares, del periódico «La Unión Democrática»; Manuel Cano, de «El Pueblo»; José San Juan, redactor de «La Vanguardia»; José Berenguer, director de «La Federación»; Alfredo Guillén, de «La Revista»; Juan Bernabeu, de «La Cruz»; Joaquín Bellido Llorens, del «Boletín de la Cámara de Comercio»; Pascual Orozco, Antonio Asín y Antonio Solans González, corresponsales respectivamente del «Liberal», del «Heraldo de Madrid» y de «El País» y de «La Lucha», todos ellos de Madrid; Luis Vázquez, redactor de «El Correo», en representación de Florentino de Elizaicin y corresponsal del madrileño «El Imparcial»; y Abelardo L. Teruel corresponsal del «Diari Orcelitano», de Orihuela. Se adhirieron Tomás Tato Ortega, director de «El Graduador», Francisco y José Guardiola Ortiz, directores respectivamente de «El Liberal» y de «El Republicano»; y Juan Cabat, director de «La Marina Mercante». Posteriormente, se recibirían nuevas adhesiones de otros profesionales, y también la ayuda incondicional de la sociedad de Tipógrafos. Juan Manuel Contreras, fundador y primer presidente de la Asociación falleció el veintidós de diciembre de aquel mismo año. El veintiuno de enero del siguiente, 1905, se eligió a Antonio Galdó Chápuli.

Veinticinco años después, en sus bodas de plata, la Asociación de la Prensa además de entregar en una ceremonia sin publicidad ni ostentación, ayudas económicas a los familiares necesitados de los miembros de la misma, ya desaparecido, y entre los diversos actos, se rindió homenaje a los supervivientes fundadores de la misma: Florentino de Elizaicin, Tomás Tato Ortega, Antonio Asín y Manuel Cano.

Igualmente y con motivo de la conmemoración, creó y convocó el premio «Luca de Tena», de periodismo.

Nos lo recordaba un amigo recientemente: «Allí estábamos, frente a la fuente de la plaza del Mar, pasmados de tanta belleza e ingenio. Éramos unos rematados provincianos». Hoy, apenas ya nadie se fija en ella. Sólo los automovilistas se ponen nerviosos, cuando una ráfaga de viento les salpica las lunas. Qué diantre. Y más de uno, la fulmina de una mirada. Por ésta y otras razones más recientes y controvertidas -léase monumentos públicos y polémicas inflamadas-, evocamos al conde de Lumiares que ya nos sacó los colores allá por 1780: «(...) Tantas estatuas deshechas, tantas medallas consumidas, no han sido capaces de mover la desidia, viendo estos apreciables monumentos víctimas del pico y del fuego». En fin, qué les vamos a contar: pues cada cual con su programa, con su estética, con su urbanismo, con su proyecto, con su conveniencia.

Tan escasas cosas tenemos que, por entonces, el Ayuntamiento decidió embellecer la emblemática Plaza y Puerta del Mar, que fue, con una fuente luminosa que le facilitara una perspectiva más agradable al desolado lugar. Primero, se procedió a las obras de pavimentación, aceras y encintado, con un presupuesto de poco más de medio millón de pesetas. Más tarde, el veintinueve de abril de 1960, el pleno corporativo acordó con carácter de urgencia, consolidar el subsuelo en torno al paraje donde iba a levantarse la mencionada fuente, cuya iniciativa ya venía de atrás, del siete de diciembre de 1959.

No se perdió el tiempo. Aquellas obras tenían el privilegio de ejecución inmediata, y se adjudicaron a don Avelino de Uz Rodríguez, «contratista acreditado ante este Ayuntamiento». Casi de ganadería taurina. No hubo, pues, trámites enojosos ni exposición pública del proyecto. La cosa estaba encarrilada. Y Agatángelo Soler Llorca y sus ediles andaban jubilosos: la Explanada iba a exhibir, muy pronto, el hermoso colofón hidráulico y con colorines.

Y para realizar el fascinante proyecto, ¿quién mejor que el ingeniero catalán Carlos Buigas, que había puesto en pie la exposición de Barcelona? El alcalde no se lo pensó dos veces, se lo encargó y se fue a visitarlo, con objeto de ultimar detalles. La fuente, sobre los planos, tenía diecisiete metros y medio de diámetro; y el de la taza interior, once. Ciento cincuenta litros por segundo iban a precipitarse al estanque, en cascada luminosa, por los trece chorros previstos. El presupuesto ascendía a setecientas cincuenta mil pesetas. En esta crónica diaria, hace unos años, ofrecimos un listado de monumentos, con su situación y el nombre de su autor. Ahora, habrá que rehacerlo. La ciudad cambia. Y cómo.

Recientemente, nos comentaba un pequeño comerciante de El Campello que «tanto de vías para arriba, como de vías para abajo, había en el pueblo tiendas y establecimientos de todo lo que uno pudiere desear». Acerca de El Campello ya hemos escrito, en nuestra diaria crónica, diversos aspectos de su historia local, antes y después de su segregación del término municipal de Alicante.

Ahora, y como le prometimos a nuestro interlocutor tan interesado por las cosas de su tierra, nos referimos a la aparición del comercio «de puertas abiertas» de la entrañable localidad, cuando no era más que un pago o heredad de los señores de Pérez de Sarrió, desde que un miembro de esta familia, don Andrés, contrajo nupcias con doña Luisa Martínez de Fresneda, y recibió para sí y su descendencia, entre otros bienes, unas trescientas tahúllas en El Campello, que hasta entonces habían pertenecido a los Martínez de Fresneda.

A principios del siglo XVIII, don Nicolás Pérez de Sarrió cedió en enfiteusis, es decir, a perpetuidad o por largo tiempo el dominio útil de parte de sus propiedades, a cambio de unas cantidades anuales, y con la condición, entre otras, de cultivar las tierras adecuadamente. Con objeto de que los enfiteutas se radicaran en El Campello y disfrutaran de le posibilidad de adquirir comestibles y géneros de primera necesidad, en el mismo lugar, don Nicolás remitió un memorial al Ayuntamiento alicantino, en el que pedía que a los vecinos de El Campello se les autorizara a instalar «tiendas y venderías», en el referido lugar.

El veintitrés de junio de 1730, el cabildo de nuestra ciudad citó al alcalde de San Juan, Bautista Sánchez, y al representante de los arrendadores de tiendas de dicho pueblo, Josep Bañeres, a que prestaran información sobre el particular. Se debatió el asunto, se alegó la libertad de comercio y la distancia de El Campello a San Juan y Muchamiel para efectuar la compra de artículos indispensables. Pero «por la pluralidad de votos quedó acordado se denegara la licencia que se pretende por parte de don Nicolás Pérez de Sarrió (...)». Sin embargo, dos semanas después, por una real provisión, dictada por la Audiencia de Valencia, se le concedía finalmente la posibilidad de poner tiendas y casas de vendeduría en sus heredades del Campello. Ocho años después, el Ayuntamiento de manera arbitraria prohibió el comercio al detall de comestibles, en su pago.

Pero hubo que rectificar: «Siendo libre y facultativo a todos los vecinos de la ciudad de Alicante y sus término el poner tiendas y casas de venderías, para todo género de cosas comestibles, con sujeción a los regalos de los fieles ejecutores de la ciudad y con arreglo a las pesas y medidas correspondientes, justas y selladas (...)». Y Campello estaba dentro del término municipal. El comercio empezó a prosperar. Ahora, ya ven.

El once de noviembre de 1975, el alcalde, Francisco García Romeu, se dirigió al jefe de la Casa Civil del Jefe del Estado, comunicándole que «en la sesión extraordinaria de ayer y a propuesta de esta Alcaldía, se acordó hacer constar en acta la profunda preocupación que siente Alicante y su Ayuntamiento, por la grave enfermedad que padece el Caudillo de España, a quien renuevan su fervorosa adhesión, lamentado su estado de salud».

Con la misma fecha, se remitió al jefe de la Casa de Su Alteza Real otro escrito manifestando la adhesión corporativa «al príncipe de España don Juan Carlos de Borbón, según acuerdo en la sesión extraordinaria de ayer, al asumir las funciones de Jefe de Estado».

Nueve días después, el general Franco dejaba de existir. Y al día siguiente, veintiuno de noviembre de aquel año, también en sesión extraordinaria y urgente, presidida por teniente de alcalde Pascual Coloma Sogorb, en funciones de alcalde, por ausencia del titular, manifestó a sus compañeros de corporación el objeto de la apresurada convocatoria: el fallecimiento del generalísimo Franco, «hombre providencial, que ha regido los destinos de España de modo insuperable». Luego y puestos todos de pie «como señal de excepcional respeto», propuso que constase en acta y que se transmitiera telegráficamente el profundo pesar de la corporación municipal y del pueblo de Alicante, a la excelentísima señora doña Carmen Polo de Franco, viuda del Generalísimo, y también a los excelentísimos señores don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, presidente del Consejo de la Regencia; don Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno; don José García Hernández, ministro de la Gobernación; y don Benito Sáez González-Elipe, gobernador civil de la provincia. Asimismo, se propuso expresar la más incondicional adhesión del Ayuntamiento y pueblo de Alicante a don Juan Carlos de Borbón, príncipe de España. Por supuesto, todo se aprobó por aclamación.

Carlos Arias Navarro envió una nota testimoniando su agradecimiento. Ese mismo veintiuno, se celebró una misa de «corpore insepulto» a las diecinueve horas, en la catedral de San Nicolás. A los ediles se les recomendó que asistiesen con traje oscuro y corbata negra, y que llevasen «medalla grande y fajín». Al margen de estas solemnidades, hubo otras celebraciones más esperanzadoras. Y no por la muerte de una persona, sino por la muerte de un régimen dictatorial, cuya continuidad, sin Francisco Franco, resultaba, a juicio de los demócratas, ciertamente imposible. El veintisiete de aquel noviembre, con un Te Deum, en la catedral, se festejaba la proclamación del Rey don Juan Carlos I. Qué página de nuestra reciente historia.

En el anterior régimen, es decir, en el régimen dictatorial del general Franco, treinta y tantos años después de concluida la guerra civil, aún se apelaba a los méritos de quienes habían participado en la misma y, por supuesto, en el bando de los vencedores. Así ocurrió cuando, el hasta entonces gobernador civil de nuestra provincia, Mariano Nicolás García dejó su cargo en Alicante, para ocupar el mismo, pero en la provincia de Córdoba, «señora de Andalucía», tal y como dijo en su alocución.

Comenzaba septiembre de 1973, cuando Mariano Nicolás -más adelante director general de Seguridad- traspasó sus poderes a Benito Sáez González-Elipe. En un momento de su intervención, lo elogió recordándole: «Tu origen político, avalado en las trincheras, suponen la validez y certeza del buen hacer». Una alusión de tal naturaleza estaba fuera de todo, tanto tiempo después de la penosa contienda, pero muchas personas aún exhibían sus presuntas hazañas, no como síntoma de nostalgia, sino como credencial justificativa de prebendas y recompensas políticas. La lucha fraticida y abominable todavía originaba dividendos.

El nuevo gobernador, Benito Sáez González-Elipe, recibió los atributos de su cargo, bajo la presidencia de Antonio del Valle Menéndez, director general de Política Interior, y de José María Aparicio Arce, delegado nacional de Provincias. Entre otros, al acto asistieron Ramón Malluguiza, alcalde de la ciudad, y Manuel Monzón Meseguer, presidente de la Diputación. Era el siete de septiembre de 1973. Como estaba previsto, su antecesor se desplazó a Alicante para darle la bienvenida. «El trece de noviembre de 1969, con el crepúsculo, -dijo, en su intervención- recibí de manos de Luis Romero y de Enrique Ballenilla, la honrosa responsabilidad de esta provincia. Hoy, sentimos y agradecemos la grata oportunidad de asistir a la entrega de Benito Sáez del mando de Alicante».

Benito Sáez pronunció un breve discurso, en el que manifestó su ilusión de encontrarse al frente de una provincia que «por la iniciativa, el tesón y el talante de sus hombres, se encuentra en momentos de lanzamiento hacia el futuro». Apostó por el turismo y por el desarrollo industrial de sus comarcas. Pocos días después de su toma de posesión, los espadones chilenos asesinaban al presidente Salvador Allende. A Benito Sáez González-Elipe le tocó vivir, desde su puesto de gobernador civil, el trance de la muerte del general Franco. Sin duda, el «aval de las trincheras» comenzaba a convertirse en un poco recomendable papel. Tímidamente, asomaban ya otros tiempos.

En el fondo de todas las fiestas populares y tradicionales, nacidas con pureza y desinterés, subyace, andando el tiempo, unas galerías más o menos diáfanas, por donde circulan aspiraciones mercantiles. Los historiadores, los antropólogos y los sociólogos lo saben, aunque no siempre lo manifiestan. No les incumbe, directamente, al menos. Ni a nosotros.

Hay un ejemplo muy claro de cómo unas celebraciones multitudinarias y de remotos orígenes, pueden producir beneficios, en cuanto se reglamentan y se sujetan a aparatos organizativos. Nos referimos concretamente a los Carnavales de 1902, en nuestra ciudad. En aquel año, la junta directiva del Tiro Nacional lo vio claro. Estaba en apuros y se dirigió, en instancia, al alcalde, señor Gadea Pro, con fecha cinco de enero del referido año. Había que salvar, a todo trance, la «patriótica sociedad». Y parece que sí, parece que se salvó o que al menos, palió su agobiante situación económica.

Júzguenlo si no por los siguientes párrafos, que reproducimos textualmente, para que no haya lugar a duda alguna. «El estado angustioso y precario que atraviesa la Sociedad de Tiro Nacional de Alicante, la disminución progresiva que se observa, en el pago mensual de las cuotas de socios, los atrasos devengados ya y sin poder cubrir, y la necesidad absoluta, imprescindible, de arbitrar recursos, con que sacar adelante esta patriótica sociedad, que tantos beneficios puede aportar a la patria, el día que ésta necesite el concurso armado de sus hijos, son causas más que suficientes para que en sesión celebrada en el día de ayer, se acordara por unanimidad acudir al excelentísimo Ayuntamiento de esta capital (...)».

Después de lo expuesto, de la ofrenda de los magníficos tiradores para salvar, llegado el día, al suelo patrio, podía esperarse al solicitud de una subvención, de una mediación o algo por el estilo. Pero, no. Iban, como corresponde, a tiro hecho. La referida sociedad solicitaba del Ayuntamiento, a través de su alcalde, que le cediera la «explotación de los festejos que todos los años se verifican en la Explanada, durante los días de Carnaval». Así de claro.

En el escrito, se decía que, sin duda, el Ayuntamiento atendería la justa causa que motivaban la petición y que sería tenida en consideración la demanda, «justificando una vez más el Ayuntamiento, el patriótico espíritu que en todas ocasiones lo ha guiado». Oigan: mano de santo. Días después, el nueve de enero, para ser exactos, el pleno accedió a la solicitud del Tiro Nacional. Hay que andarse con tiento y con más tino, gentes de las Carnestolendas.

Dos años y medio después de refrendarse la Constitución, el primer Ayuntamiento democrático que presidía José Luis Lassaletta Cano, hizo pública su adhesión corporativa a la carta magna. Fue en el pleno correspondiente al cinco de diciembre de 1980, es decir, la víspera de su segundo aniversario, cuando las tres fuerzas políticas que integraban el consistorio, socialistas, ucedistas y comunistas, proclamaron su acatamiento al orden constitucional. «Tal como juramos o prometimos cada uno de nosotros al tomar posesión del cargo», consta textualmente en el acta correspondiente.

Una moción, firmada por Antonio Fernández Valenzuela, por el PSPV-PSOE; por Manuel Rosser, por la UCD; y por José María Perea, por el PCPV-PCE, define la carta magna como terreno común en el que pueden confluir corrientes políticas e ideológicas diferentes, y manifiestan su confianza de que, en un futuro inmediato, se desarrolle el artículo 140 de la Constitución, en el que se garantiza la autonomía de los municipios.

Berenguer Sos se congratuló por la conmemoración que iba a celebrarse el día siguiente, «después de cuarenta años de privación de libertades». Hizo el edil centrista el elogio de una Constitución duradera, incapaz de prestarse a cambios con cada cambio de Gobierno, «como se hacía en el siglo XIX». Y señaló la importancia de los estatutos de las autonomías, «sin federalismos, que supone unir lo desunido».

En su intervención, Fernández Valenzuela afirmó que en los últimos ciento sesenta años todas las constituciones habían tenido un claro carácter partidista, en tanto que la actual rompía con el pasado, por cuanto había sido pactada por todas las organizaciones políticas, representadas en el Parlamento.

El grupo socialista describió la historia de las constituciones desde las Cortes de Cádiz abundando en que cada una expresaba los intereses del partido redactor, y «no las ideas de todos los partidos y, en consecuencia, de todos los ciudadanos». «Los socialistas colaboraron primero y trabajaron en el borrador, la defendimos después en el referéndum y la defenderemos ahora, propiciando su aplicación y desarrollo. Terminaron proponiendo que el día seis de diciembre se declarara, en lo sucesivo, día de fiesta nacional.

La sesión que presidía José Luis Lassaletta se cerró con el pronunciamiento favorable y unánime, en todo lo referente a la Constitución española de 1978.

Con cierta frecuencia y sin ningún fundamento, suele atribuirse el llamado «Día de la Madre», que hasta aún no hace muchos años se celebraba el ocho de diciembre, al comercio, en general, y a las llamadas grandes superficies en particular. Un «invento» para fomentar las ventas. Por supuesto, la festividad es siempre un estímulo, para azuzar el consumo, el regalo. Pero su origen es muy otro. Quizá con objeto de propiciar la correspondencia y consecuentemente la expedición de sellos postales. Véanlo.

El día once de octubre de 1925 -en plena dictadura primorriverista-, el alcalde de nuestra ciudad, don Julio Suárez-Llanos, recibió una carta del administrador de Carlet (Valencia), en la que le adjuntaba cuatro ejemplares de un folleto en el que proponía el establecimiento y celebración del «Día de la Madre», en toda España. Uno de los mencionados folletos era para el propio alcalde, y los otros para que éste «se dignara a ponerlos en manos de los señores directores de los periódicos locales, recomendándoles el mayor interés, para la propaganda en pro de tan hermosa idea».

El señor Julio Menéndez García, autor de la propuesta, le encarecía a don Julio, en post data, que «también quisiera que apoyasen cerca del Gobierno la aprobación de la instancia que, al efecto, había elevado al mismo, solicitando se declarase de obligatorio cumplimiento el «Día de la Madre».

Sin duda, el administrador de Correos era hombre de firmes proposiciones y absolutamente inasequible al desaliento, porque no mucho mas tarde, reincidió. Una segunda carta, le alcanzó a Suárez-Llanos, expresándole su gratitud, en primer término, con respecto a la recomendación «al benemérito directorio militar», para que resolviese favorablemente su petición. Petición que también le reiteraba al alcalde de Alicante, en la seguridad «de que habría de pesar muy mucho, a favor del feliz éxito, del que V.E. se honrará, rompiendo lanzas en favor de la madre».

Todo hace pensar que el buen y perseverante funcionario se salió finalmente con la suya, porque la conmemoración llegó a consumarse, y sólo cambió la fecha que ahora corresponde al primer domingo de mayor. El folleto impulsor de esta celebración «en España y en las naciones de habla española», que contenía un llamamiento a los gobiernos, al clero y a la prensa, se editó en Artes Gráficas C.D.A., de Carlet, en agosto de 1925.

En septiembre de 1923, el general don Cristino Bermúdez de Castro declaró el estado de guerra en nuestra ciudad, impuso la censura previa a la prensa, se hizo cargo del Gobierno Civil y puso en la calle a la corporación municipal, no sin antes indicarles que continuaran en sus respectivos cargos, hasta que se designase a las personas que habían de sustituirlos. El uno de octubre, el coronel jefe de la zona de reclutamiento de Alicante, delegado por el general de División, dio posesión de tales cargos al nuevo Ayuntamiento: Miguel Elizaicin y España, y presidente, y los tenientes de alcalde Federico Leach Laussant, Antonio Valera García, José Tato Ortega, José Pérez García-Furió, Juan Vicente Santafé, Juan M. de Santaolalla Esquerdo, José Guillén Pedemonti y José María Ramete Escobedo.

Pronto, hubo cambios en la alcaldía: un militar por otro, Miguel de Elizaicin por Miguel Salvador Arcángel. Aún llegaría otro militar para dirigir el Ayuntamiento, Suárez-Llanos. Pero durante el mandato del segundo de los citados, José Martínez Ruiz, Azorín, ingresó en la Real Academia. Naturalmente, la corporación que presidía Miguel Salvador Arcángel hizo constar en acta la felicitación al escritor, y trasladar éste al Ayuntamiento de Monóvar, pueblo natal del nuevo académico.

Azorín escribió una carta a la alcaldía en la que dice: «Con toda el alma, agradezco el parabién de ese Ayuntamiento. No olvido nunca la hermosa tierra alicantina; presente está en mi discurso de la Academia. En el concierto de España, Alicante pone la gracia, la elegancia sutil de sus paisajes clásicos. Para mis coterráneos, un saludo afectísimo. Usted reciba el testimonio de mi lucha y respetuosa consideración». La carta está fechada en Madrid, el tres de noviembre de 1924.

Pero aún transcurrió mucho tiempo, para que se resolviera la concesión del título de Hijo Adoptivo de nuestra ciudad. Y tal se debió a la iniciativa de don Agatángelo Soler Llorca quien así lo propuso a la corporación, cuando el autor y académico de la Lengua iba a cumplir los noventa años. «(...) Por su larga y fecunda labor, no puede quedar sin recibir, en estos momentos de su venerable ancianidad, el cordial afecto y homenaje de la capital de la provincia». Y el acuerdo fue unánime. Menos mal. Si se descuidan, lo nombran hijo póstumo, porque la corporación, coma el notable prosista ya iban así, ¿lo comprenden?

Pues las cosas andan por el estilo. Pero entonces, allá por 1966, el desbarajuste de los transportes públicos era todo un caso. Quizá, el alcalde, don José Abad se percató, ante aquel embrollo, del verdadero sentido de las palabras que su antecesor en el cargo, don Fernando Flores Arroyo, le dijo en su despedida, después de pasarle la vara de mando. Le dijo que la ciudad andaba desaforada. Y tanto. Adviertan, si no, la descripción del propio Ayuntamiento, en relación al tema que nos ocupa: tranvías explotados directamente por el municipio y propiedad del mismo; autobuses de compañías privadas, arrendadas por el municipio para su explotación directa; autobuses de empresas particulares explotados por las mismas, con concesión a precario; y autobuses de líneas interurbanas que realizaban servicios urbanos, por tolerancia del Ayuntamiento, bien por costumbre o porque no estaban en condiciones de hacerlo por su cuenta.

Había que salir al paso de tanto desorden. Y se salió. El señor Abad no se anduvo por las ramas, harto, sin duda, de la disparatada situación. De modo que, en sesión corporativa, del veintidós de noviembre de 1966, el alcalde presentó la siguiente moción: había que apelar al Gobierno de la nación con objeto de que «por razones de interés social se dignase a elevar a las Cortes, el oportuno proyecto de Ley, en virtud del cual se facultase a la excelentísima corporación municipal, para otorgar directamente, sin las formalidades de la licitación pública, la explotación por la concesión del servicio colectivo de viajeros de Alicante, a empresas que reuniesen los convenientes requisitos jurídicos, financieros y técnicos, que garantizasen la adecuada prestación y que se encuentre constituida con arreglo a una fórmula de alto contenido social, en la que intervenga directamente, en misión tutelar y de ayuda económica el Ministerio de Trabajo». Y se aprobó por unanimidad. El Ayuntamiento, soltaba competencias y autonomía municipal, para salir del embrollo. No se consideraba capacitado para resolverlo por su propia cuenta.

Cuando el once de septiembre de 1970, don José Abad Gosálvez le pasó la vez a don Ramón Malluguiza, debió dar un respiro. A petición propia cesó, según los papeles oficiales. No es nada extraño que en su despedida, José Abad anunciara que el relevo resulta tan alegre para el que llega, como para el que se va. Y él bien que lo sabía.

La noticia llegó, triste y furiosa, aquel domingo, diecinueve de julio de 1936: «Una partida de fascistas que intentaban irrumpir en Alicante procedentes de Rafal, Callosa de Segura, Orihuela y huerta de Orihuela han sido emboscados y detenidos por las fuerzas de asalto que mandaban el capitán Rubio y el teniente Romualdo Maset. A la altura del puente de Hierro» capturaron a cincuenta y dos personas, a quienes -según la Prensa- se les ocupó «siete escopetas, seis pistolas, cuatro revólveres, un hacha, una navaja barbera y doscientos cartuchos de escopeta» («El Luchador», veinte de julio). De la suerte que corrieron aquellos jóvenes, mal pertrechados, ya ofrecimos en nuestra crónica suficientes y lamentables datos. Estábamos en vísperas de una guerra fratricida y cruel, por una y otra parte.

Ya el día anterior, y con cierto obligado optimismo, el Gobierno Civil había advertido que un nuevo intento criminal contra la República se había abortado. «Una parte del Ejército, que representa a España en Marruecos, se ha levantado en armas contra la República, sublevándose contra la propia patria y realizando el acto vergonzoso y criminal de ponerse contra el poder legítimamente constituido. El Gobierno declara que el movimiento está exclusivamente circunscrito a determinadas ciudades de la zona del Protectorado, y que nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la península a tan absurdo empeño (...) El Gobierno de la República domina la situación y afirma que no ha de tardar en anunciar a la opinión pública que se ha restablecido la normalidad». Pero la historia, la cruda realidad, de los años siguientes convertiría en papel mojado aquella nota llena de los mejores propósitos.

En vísperas de lo que se nos venía encima, Rafael Milla (PC), Vicente Martínez, Antonio Cañizares y Francisco Carbonell (PS), Antonio Ramos (UR), José Cañizares (trabajadores de la tierra), José López Pérez (IR), Santiago Martí (UGT) y los diputados Miguel Villalta Gisbert y Eliseo Gómez Serrano, todos ellos del comité provincial del Frente Popular, redactaron un texto que fue emitido por radio, en el que se aseguraba a la población que en la provincia el Ejército y las fuerzas armadas se mantenían, junto al Gobierno, con toda fidelidad, y que en todo momento se mantendrían así. Se equivocaron, en parte, el general y comandante militar de la plaza García Aldave, mudó su inicial actitud por otra que habría de costarle muy caro. También lo hemos contado aquí. Se escribía el prólogo de un enfrentamiento cainita.

La Estación Central de Autobuses era un ambicioso proyecto acariciado de muy atrás y que finalmente puso en marcha el alcalde don Román Bono Marín. Su sucesor en el cargo, don Manuel Montesinos Gómiz inauguraría aquellas dependencias, en la plaza de Séneca, bajo la presidencia del gobernador civil, don José María Paternina, el veintiuno de junio de 1947. Por cierto, por la noche se plantarían un total de veintisiete hogueras, ya en vísperas de las fiestas de San Juan.

El arquitecto del magnífico edificio fue el titular del Ayuntamiento, don Félix de Azúa, y con él trabajaron en proyecto y obras los aparejadores don Alfonso Prats, don Cristóbal Hernández y el señor García del Busto. En verdad, era «una obra municipal, ansiada por muchas capitales de provincia, siendo la de Alicante una de las primeras en contar con ella». En la destartalada plaza y entre las calles de Pintor Lorenzo Casanova, Italia y Alemania, se levantó la estación, con todos los servicios para el viajero, y embellecida por un mural alegórico de Gastón Castelló. En la inauguración además del gobernador y alcalde, se encontraban también el presidente de la Diputación, don José Martínez Alejos, los tenientes de alcalde y concejales, autoridades civiles y militares y el canónigo magistral de la colegiata de San Nicolás quien bendijo las instalaciones antes de que don Sebastián Espí sirviera un vino de honor, con personal del establecimiento de su propiedad «Café Aitana».

El reglamento de le Estación Central de Autobuses, aprobado en sesión corporativa del veintiocho de febrero del mismo año, en su artículo quinto advertía que los ómnibus no podían hacer paradas voluntarias, desde las casetas de arbitrios hasta la terminal, bajo pena de severas sanciones, ni siquiera donde estaban situadas sus respectivas agencias -dispersas por toda la ciudad-, «las cuales quedaban clausuradas y sustituidas por las taquillas que les empresas concesionarias tenían dispuestas en la repetida estación». Meses antes, don Rafael Alberola Herrera ya había solicitado el pertinente informe, para establecer una línea de transporte de viajeros entre Alicante y Madrid. En tanto don Juan Valero Campomanes, propietario y primer director de Radio Alicante, solicitó locales en el edificio para instalar un servicio de telegramas por teléfono. De la misma manera que se negociaba una expendeduría de tabacos, timbres del Estado y administración de lotería. Además, don Félix de Azúa había previsto el diez de marzo una zona de influencia para defender la estación de autobuses y evitar el establecimiento en ella de bares, talleres, estancos, quioscos, etcétera.

El gobernador Francisco de Federico recibió a una comisión de trabajadores portuarios y escuchó la protesta de aquellos hombres: los oficiales de las fuerzas de seguridad les impedían el acceso a los buques, en tanto los esquiroles realizaban las faenas de carga y descarga. Era cierto. Pero los oficiales aludidos le pasaron la pelota a los capitanes de los barcos, los cuales -según manifestaron- no querían que los huelguistas subieran a bordo.

El diecisiete de julio de 1916, la sociedad «La Naval» recibió un telegrama en el que se les comunicaba el planteamiento de la huelga de los obreros portuarios. La noticia pasó a «La Marítima», «La Terrestre», «La Paz» y la «Sociedad de obreros almacenistas». El tema era delicado. Debido a la gran guerra o a la Primera Guerra Mundial, el tráfico marítimo había disminuido ostensiblemente, y el trabajo escaseaba. Quizá por eso mismo, los navieros se habían negado a un aumento de salarios.

Aquella mañana, los vapores «Cabo Roca» y «Jaime II» habían llevado a cabo sus operaciones con toda normalidad. Pero no así el «Inés», con fosfatos para la fábrica Cros, que permaneció con sus escotillas cerradas: sus tripulantes se habían sumado al paro. Claro que, de acuerdo con las informaciones de los periódicos, el capitán del «Jaime II» había contratado a esquiroles, para poder salir hacia las Baleares. Hubo una asamblea, en el centro de la avenida Zorrilla (hoy, de la Constitución), pero se produjeron ciertos incidentes que hizo aconsejable que se pospusiera, hasta el domingo, dieciocho. Por fin, se acordó llevar a cabo la huelga. El lunes por la mañana, la policía custodiaba la zona portuaria, sin que tuviera lugar ninguna intervención. Pero, horas después, el contramaestre del «Castilla» recibió una pedrada y tuvo que ser atendido en la clínica municipal. Los ánimos se exasperaban, hasta el punto de que trabajadores del puerto y esquiroles mantuvieron peleas entre sí. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, el comercio cerró sus puertas. El martes, las fuerzas del orden cargaron contra los huelguistas y se escucharon algunos disparos. Aquel mismo día el gobernador civil y el alcalde de la ciudad, Ricardo Pascual del Pobil visitaron los muelles. Las organizaciones obreras les advirtieron de que, entre los esquiroles habían niños de entre trece y dieciséis años. Era tal la virulencia que el comité de huelga y los delegados de las sociedades presentaron su dimisión, alegando que no podían responsabilizarse de las acciones de huelguistas, esquiroles y fuerza pública. A petición de las autoridades, intervino la guardia civil. El veintisiete de aquel mismo mes, tras una nueva reunión en la Casa del Pueblo, aunque sin unanimidad, muchos de los huelguistas se reincorporaron a su trabajo los esquiroles salieron muy mal parados de aquellas agitadas jornadas.

Por el contrario, nosotros consideramos que siempre hay cosas nuevas bajo el sol. Por ejemplo, las alcaldías. Muchas alcaldías han sido holgadas y bien oreadas; otras, por el contrario, estrechas, agobiantes y asfixiantes. Quizá, incluso sabemos por qué. Pero no entramos en ellos. Sólo nos cumple dar noticia documentada y objetiva, hasta donde alcanza la objetividad, de estas cosas, de sus circunstancias, de sus consecuencias.

Hay alcaldías que son como féretros: terminan cerrándose sobre sus titulares, descomponiéndolos, agusanándolos. Los ejemplos son varios. Y, sin duda, muchos de nuestros lectores conocen más de uno. Tampoco son remotos. A veces, los concejales, algunos concejales, se ponen en su sitio y empiezan a pedir cuentas: sitian la alcaldía, la asaltan, incluso acaban con ella. A veces, los concejales, algunos concejales, piden papeles, datos, ingresos, gastos y hasta hablan públicamente de «los abusos y despilfarros en la gestión administrativa del actual alcalde, desde la toma de posesión del mismo». Ya ven. Eso hizo, sin ningún empacho, el edil Manuel Salinas. Otro edil agregó que con una moción iba a colocar entre la espada y la pared al presidente de la corporación y que denunciaría «toda clase de ilegalidades y abusos que se estaban cometiendo en el Ayuntamiento». El edil se llamaba Ernesto Mendaro. El alcalde, Manuel Cortés de Miras.

Manuel Cortés de Miras pasó de las mociones avisadas: que no, que no se podían incluir en el orden del día del pleno, que la ley era la ley. Pero Manuel Cortés de Miras, con todo aquel revuelo, andaba ya tocado del ala. Demasiado plomo dialéctico, para levantar el vuelo. Y no lo levantó. A Manuel Cortés de Miras directamente no se lo cepillaron sus concejales, pero la alcaldía comenzó a oprimirlo. El gobierno municipal se le hacía más difícil. Tanto que el veintiséis de marzo de 1907, el gobernador civil lo fumigó, con una real orden de Ministerio de la Gobernación. El cese le llegó quince meses después de que hubiese recibido el cargo. Pocos meses para tanto palo. Cortés de Miras hizo el petate y le entregó la vara de mando a Luis Mauricio Chorro. El pueblo permanece. Las alcaldías oreadas o fétidas, pasan. Algunos alcaldes quedan en la memoria; la mayoría colgados, en efigie, en busto al óleo, en una antesala, en una galería del Ayuntamiento. Los escolares y los turistas, con frecuencia, los confunden con la lista fotográfica de los reyes godos. Cada pocos años se incorpora un nuevo retrato y se fini. La alcaldía es ingrata, como la vida misma.

Justamente, el mismo día que las tropas de Franco tomaron Madrid, apareció, en nuestra ciudad, el último número del diario «Liberación», órgano provincial de la CNT. Era el veintiocho de marzo de 1939. Dos días después, el general Gastón Gambara entró en Alicante, al frente de la división «Littorio». La guerra había terminado.

Aunque no disponemos, por el momento, de las fechas concretas, durante los días siguientes, y de forma casi simultánea, se editaron «Il Littorio», en italiano y para las tropas mercenarias de Gambara, y «Arriba España», que dirigió Juan Sansano. Ambas publicaciones tuvieron carácter efímero, y se imprimieron en Quintana 42, es decir, en la sede y en los talleres de «Nuestra Bandera», órgano del PCE, que dejó de salir el seis de aquellos mismos mes y año. El sábado, ocho de abril, apareció la «Hoja Oficial de Alicante», editada por la 3.ª Compañía de Radio-Difusión y Propaganda en los frentes, y bajo la dirección de Adolfo Muñoz Alonso, quien también se hizo cargo de la emisora Radio Alicante, EAJ 31, que le había sido incauta a su fundador don Juan Valero Campomanes, y se le emplazó en la calle García Morato, según nos cuenta el entrañable Raúl Álvarez Antón, en su artículo «De la radio-galena al satélite. Síntesis histórica de Radio Alicante».

El testimonio de otro querido amigo, José Gil Sánchez, que a los quince años entró a trabajar en los talleres de «Nuestra Bandera», por mediación del dirigente comunista Rafael Millá, y que lo siguió haciendo posteriormente en los ya citados periódicos del nuevo régimen, esclarece aspectos de un hecho insólito. Cuando dejó de aparecer la citada «Hoja Oficial de Alicante», el domingo, veintiuno de mayo de 1939, salió a la calle, el martes veintitrés, el primer número de la «Gaceta de Alicante», editorial S.A. Empresa privada difícilmente explicable, en aquella época. Dirigía el periódico Fernando Ors, que había sido corresponsal de guerra con el general Aranda, con él estaba Muñoz Alonso y de administrador Celedonio Fernández. En su último número, el 674, correspondiente al diecisiete de julio de 1941 la «Gaceta», anunciaba en primera página: «Por orden de la superioridad, a partir de hoy, suspende su publicación la "Gaceta de Alicante". Mañana, día 18 de julio, hará su aparición el nuevo diario "Información", órgano de las FET y de las JONS». Según Pepe Gil, los tres citados Fernando Ors, Muñoz Alonso y Celedonio Fernández, fueron detenidos y estuvieron encarcelados, durante algunas semanas, por «uso indebido de bienes de guerra».

INFORMACIÓN salió en el día anunciado y fue su primer director José María Bugella de Toro. Se editaba, como todos los diarios, en Quintana 42. La «Hoja del Lunes» se publicó el 10 de noviembre del mismo año, y según nuestras referencias, la dirigió Ambrosio Luciáñez Riesco.

Los enterados en materia futbolística andan algo mohínos. Después de la proeza frente al Barça, nuestro equipo ha entrado en una peligrosa espiral. Los hinchas más sensibles y fervorosos musitan no se sabe si gloriapatris o rayos, ante la posibilidad del descenso. Pero en el millonario deporte del balompié hay estrellas milagrosas y milagros sin estrellas. Conocemos a muchos que confían firmemente en esta segunda alternativa.

En julio de 1956, el presidente del Hércules C.F. anunció a la afición que el equipo se había salvado, gracias a la actitud caballerosa de don Román Bono Marín y don Antonio Ramos Carratalá, presidente y director general de la Caja de Ahorros del Sureste de España, respectivamente. Paulino Verdú manifestó que «en un tiempo no muy lejano, podría mirar el futuro sin las preocupaciones perentorias de fichajes, atrasos, mejoras del campo, etcétera». Después de asegurar que Amadeo Sánchez gozaba de toda la confianza de la junta directiva, agregó, con optimismo, que se retornaría a la primera división.

Poco antes de tales declaraciones a la prensa, don Paulino Verdú, presidente del Hércules, junto con el tesorero y asesor jurídico del mismo, don Antonio Robles y don Luis Berenguer, se reunieron con don Casimiro la Viña y el notario don Gabriel Molina: se iba a realizar una operación de envergadura, cuyas gestiones ininterrumpidas se habían llevado, hasta aquel momento, con prudencia y discreción.

Los señores citados acudieron a la institución benéfica y fueron recibidos por los señores Bono Marín y Ramos Carratalá, en el despacho de dirección. Allí, se procedió a la lectura de los protocolos de la escritura de venta del estadio La Viña. Seguidamente, los representantes de la Caja, don Casimiro la Viña y don Paulino Verdú, estamparon sus firmas en el documento.

Don Antonio Ramos declaró al redactor deportivo de INFORMACIÓN y amigo inolvidable, Orlando Regidor, Orly, que se adquiría el campo y se abonaba al club un millón de pesetas, en que se habían estimado las instalaciones «que, en el momento oportuno, satisfizo con cargo a sus recursos». En el mismo acto, se convino formalmente la promesa de que la Caja vendería al Hércules el estadio La Viña, en el plazo de quince años y con un interés del cinco por ciento. Durante tal plazo, el club disponía del uso gratuito del mismo. Salvados. ¿Y ahora?

Le precedió en tal fatal suerte don Eliseo Gómez Serrano, ejecutado, como hemos escrito aquí recientemente, el cinco de mayo de 1939; al también diputado don Miguel Villalta Gisbert, natural de Monóvar, lo llevaron al paredón el dieciocho de diciembre de 1942, después de una dramática peripecia.

Villalta Gisbert fue, muy joven, juez de primera instancia, aunque dejó su profesión para entregarse a la actividad política, en las filas del Partido Socialista. Obtuvo un escaño en el Congreso que ocupó durante la República. Posteriormente, ya en el curso de la Guerra Civil, fue nombrado gobernador de Madrid, en 1937, hasta abandonar el cargo, para ingresar en el ejército, como oficial.

Miguel Signes, escritor, también socialista y amigo entrañable, nos manifestó que Villalta Gisbert había logrado evadirse del efímero «Campo de los Almendros», situado cerca de La Goteta, a la derecha de la carretera de Valencia, inmediatamente después de la conquista de Alicante, por las tropas franquistas. El testimonio de Signes, nos lo facilitaron asimismo otros testigos, para elaborar nuestra obra «La lucha por la democracia en Alicante». Según parece Miguel Villalta Gisbert escapó dé aquel lugar y buscó refugio, sin lograrlo, en una finca de Gabriel Miró, con cuya hija Clemencia, había mantenido relaciones, tiempo atrás. Finalmente, decidió ocultarse en su pueblo natal, en la casa de su tía. Desde allí, a través de unas discretas persianas, vio pasar el entierro de su padre, el doctor Francisco Villalta Nebleza, médico forense, que estuvo detenido en el Reformatorio de Alicante, hasta su muerte, y trasladado, ya cadáver, a Monóvar.

Sin embargo, en la copia de un valioso documento titulado «Informe de situación» que escribió el propio Villalta Gisbert, y que nos fue entregada -junto con otros documentos- por su sobrina Elisa Villalta, no se hace referencia alguna ni al «Campo de los almendros» ni a su presunta visita a la finca del escritor Gabriel Miró.

El veinticinco de octubre de 1941, fue detenido, por la Guardia Civil en el escondrijo de su tía. Trasladado al cuartel de la Benemérita, en Carolinas, Alicante y después ingresado en él Reformatorio. En la nota hecha pública tras su apresamiento se le trata de forma ignominiosa y denigrante, en tanto el propio Arzobispo de Grado y vicario general Castrense, alaba el comportamiento humanitario, la hidalguía y la buena voluntad de Miguel Villalta Gisbert. La carta que este dirigió a sus familiares, momentos antes de ser fusilado, el dieciocho de diciembre de 1942, resulta ciertamente conmovedora y de una firmeza ejemplar.

El veintisiete de junio de 1956, se estrenaba en nuestra ciudad, la farsa original del autor teatral Alfonso Paso titulada «Los pobrecitos», que había obtenido el premio «Carlos Arniches», instituido por el Ayuntamiento alicantino, a fin de perpetuar la memoria del ilustre comediógrafo.

El día siguiente, Alicante vivió el prodigio acrobático del príncipe Cantacuzeno, un reputado piloto de aviación, especializado en vuelos de exhibición. Rumano de nacionalidad, Cantacuzeno llegó a la ciudad procedente de Valencia, «donde dejó maravilladas a centenares de personas», con el propósito de llevar a cabo una difícil prueba aérea en el estadio de La Viña. La singularidad de su intervención radicaba, además de la anunciada y peligrosa acrobacia, en el hecho de que iba a realizarla a bordo de un biplano, recién construido en Madrid, y cuyo dibujante-proyectista había sido el hoy conocido pintor alicantino Edmundo Lloret Navarro, que, por aquel entonces, contaba veintisiete años de edad. El propio Edmundo Lloret, viejo y entrañable amigo, nos ha detallado aquella empresa que recogió, en sus páginas, este mismo diario.

El príncipe Cantacuzeno declaró al redactor encargado de cubrir la información, que el avión diseñado por Lloret Navarro «ofrecía más seguridad que la avioneta "Büker" -de la que en definitiva, era una variante- y disponía de motor y hélice americanos, con una línea más bonita, dentro de lo que cabe esperar de un aparato dedicado a la acrobacia». El piloto tuvo palabras de elogio para Edmundo Lloret, por su preciso trabajo. Según datos oficiales, Cantacuzeno había participado en doscientos once combates aéreos y «había derribado setenta aviones, la mayoría de ellos soviéticos». Todo un héroe del aire que se exilió en Italia, para terminar en un difícil espectáculo: «Solía volar en vuelo invertido, a un metro del suelo, algo realmente insólito».

Aquel mismo día, en el salón de sesiones del Ayuntamiento, bajo la presidencia del gobernador civil, Agatángelo Soler Llorca, procedía a la entrega del título de Hijo Adoptivo a Ricardo García López, K-Hito, «Alicante tiene una deuda de agradecimiento con don Ricardo García López -y el camarada Soler Llorca, agregó-. El fino dibujante y escritor extendió por toda España el nombre de nuestra ciudad propagando las bellezas naturales, la benignidad de nuestro clima y el tibio sol alicantino». Así quedaba el patio, un día excepcional y casi prodigioso de aquella década de los cincuenta.

El pasado sábado, día quince, Villafranqueza consolido la procesión cívica que, desde unos años a esta parte, recuperó gracias a la gestión de un grupo de palamoneros, conscientes de su historia y de sus tradiciones. Recordamos, aunque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, cómo el catorce de febrero de 1844, el capitán general de Valencia, Federico Rocali, hombre de probada crueldad e intransigencia, según los cronistas de la época, mandó fusilar a siete oficiales liberales que fueron hechos prisioneros en las acciones militares de Elda, pocos días antes. El parte correspondiente está firmado por Rocali, en la fecha señalada y «en el cuartel general de Villafranqueza. Acto éste al que no pudimos asistir, como era nuestro deseo, por encontrarnos ausentes de nuestra ciudad, pero que celebramos, por cuanto tiene de mantener en la memoria colectiva aquel trágico episodio.

Saben nuestros lectores, que la revolución iniciada por el coronel de carabineros Pantaleón Boné y un puñado de liberales alicantinos, Manuel Carreras, Miguel España, José María de Gaona y Marcelino Franco -todos ellos componentes de la Junta Provisional de Gobierno de la provincia-, concluyó el ocho de marzo siguiente con la ejecución en el Malecón de nuestra ciudad, -Paseo de los Mártires, a raíz de tal atrocidad, y Explanada hoy-, de veinticuatro progresistas, entre los que se encontraba el propio Pantaleón Boné. Por fortuna, varios de los más destacados dirigentes de aquel espléndido levantamiento contra el absolutismo, lograron ponerse a salvo o fueron condenados a diversas penas; de todo lo cual ya hemos dado cuenta detalladamente, en algunas de nuestras cotidianas crónicas. También en Alicante, como en Villafranqueza, se llevaron a efecto conmemoraciones, en honor de los llamados -junto con otros liberales ejecutados, en diferentes años del pasado siglo- «Mártires de la Libertad», sólo que en nuestra ciudad -de la que ahora el Palamó forma parte- no se ha producido ese movimiento de recuperación, como sí ha sucedido en Villafranqueza.

Aportamos aquí, para conocimiento de los interesados y estudiosos, dos reales decretos que guardan estrecha relación con estos hechos. El primero firmado, el veintitrés de abril de 1845, por Ramón María Narváez, dice: «Quedan indultados de toda pena los complicados en las rebeliones que estallaron en Alicante y Cartagena, en enero y febrero de 1844, exceptuando a los individuos de las juntas rebeldes, a los que ejercieron cargos de comandantes generales, jefes políticos, gobernadores y jefes de Estado Mayor o de Cuerpo, y a los autores y cómplices de la entrega del castillo de Santa Bárbara de Alicante, a los rebeldes». El segundo, de dieciséis de marzo de 1846, dice que se acepta la renuncia de don Federico Roncali, conde de Alcoy, de su cargo de ministro de Guerra, «quedando muy satisfecha de su lealtad y buenos servicios». Qué gloria de brutalidad.

¡Qué afición le tenían a nuestros más próximos antepasados a la caza de conejos y pajaritos! Por entonces no andaban en pie de paz ni el «Greenpeace» ni los activistas de la ecología, que si no los alcaldes y otras autoridades no hubieran sido tan magnánimos a la hora de conceder licencia, guía y facilidades, para cuantos solicitaban la captura de tales animales.

Abundan los documentos al respecto, particularmente entre los primeros años de la década de los veinte y los ya previos a la guerra civil. Por supuesto, con objeto de preservar las piezas requeridas, actuaban periódicamente los alimañeros. Así, por ejemplo, el treinta de marzo de 1921, el alcalde, don Juan Bueno Sales, autorizado por el gobernador y con el informe favorable de la Comandancia de la Guardia Civil, atendió la petición de don Ernesto Chápuli Huesca, y designó como perito a don Francisco Antonio Gonzálvez Ferri, para llevar a cabo el exterminio, por envenenamiento, de los animales dañinos que existían, en el monte de San Julián, de cuyo vedado de caza era arrendatario el señor Chápuli. La decisión de la alcaldía se hizo pública mediante bando.

Años después, en julio de 1924, el mismo arrendatario solicitaba de la alcaldía el pertinente permiso y guía, «para la circulación de conejos», a favor del peticionario y otras personas, cuyos nombres se adjuntaban en relación. Naturalmente, se trataba de licencia para transportar por la vía pública, las piezas cobradas en el ya citado coto. Hasta 1934, hemos accedido a una serie similar solicitudes, cuando ya figuraba el monte de San Julián arrendado, para la caza de conejos, a nombre de don Juan Mas Sales. Además de a éste, la solicitud y guía era también para otras varias personas, entre las que figuraban don Arturo Gadea Pro, Rafael Álamo, Pedro Llorca, Rafael Olmos y varios más.

Durante el mismo periodo, menudean las peticiones para cazar pajaritos, «no insectívoro y sí granívoros», con redes, en diversos lugares de nuestro término municipal. El Ayuntamiento solía conceder tales permisos y las correspondientes guías de circulación siempre y cuando «los pájaros muertos se transportasen conservando su plumaje, para acreditar la clase a la que pertenecían».

Durante la Guerra Civil, Alicante, aún en la retaguardia, soportó un considerable número de bombardeos tanto navales como aéreos. De los últimos, se produjeron otras cifras muy aproximadas. A lo largo de nuestras crónicas, nos hemos referido a muchos de ellos y a sus devastadores efectos. Los objetivos de la aviación enemiga -aparatos italianos, con base en Mallorca, más frecuentemente- eran las instalaciones portuarias, la Campsa, la industria de guerra -la Industria Metalúrgica Socializada de Alicante (IMSA), donde se fabricaban proyectiles y bombas de aviación y la SAF-15, en la que se montaban aparatos aéreos, instalada en Rabasa, y posteriormente dispersa por la provincia, para evitar los continuos ataques-, pero también se producían razzias de castigo sobre la población civil: el bombardeo de «las ocho horas» del veintiocho de noviembre de 1936; y el tremendo del veinticinco de mayo de 1938, sobre el Mercado Central que causó un alto número de víctimas mortales, entre la población civil. De ambos y de otros muchos, yo hemos ofrecido a nuestros lectores detalles y peripecias.

En el año 38, se intensifican estas acciones, hasta alcanzar un total de cincuenta y dos. En uno de ellos, resultó alcanzado el edificio sito en la avenida de Ramón y Cajal número seis, en el que se encontraba instalada la Residencia de Estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza, y que dirigía Enrique Canito.

Con tal motivo, Enrique Canito comunicó al alcalde, es decir, al presidente del Consejo Municipal de nuestra ciudad, la situación en que se encontraba aquel centro y la súplica de exceptuarlo consecuentemente de la obligación de mantener las puertas abiertas, «hasta tanto no puedan trasladarse a lugar más seguro los muebles y efectos como asimismo la biblioteca del instituto allí instalado», cuya secretaría se encontraba provisionalmente en la Escuela Normal de Maestros. La situación era realmente tan apurada y el riesgo tan ostensible que el Consejo Municipal (el Ayuntamiento) accedió de inmediato a la petición formulada por el director de la Residencia de Estudiantes, petición que lleva fecha del veintiuno de julio de 1938 y que se conserva en nuestro Archivo Municipal.

Los caciques, agrarios o urbanos, se institucionalizaron a lo largo del siglo XIX, y de las primeras décadas del presente. La Restauración borbónica habría de facilitarles su acceso a la actividad política, como instrumentos al servicio de los partidos turnantes: el liberal y el conservador.

Los caciques de tradición rancia, personas con propiedades e influencias, ejercieron la práctica de su condición proporcionando clientela a las formaciones políticas, mediante la manipulación del voto que compra pan merced al temor, a la amenaza o al favor. Si la prensa nos ilustra ampliamente acerca de estas actividades en nuestra ciudad y en nuestra provincia, también disponemos de una bibliografía recomendable, para el conocimiento de tan siniestros personajes que dominaban el panorama de nuestra política. Tanto Francisco Moreno como Salvador Forner y Mariano García nos informan en sus obras «Las luchas sociales en la provincia de Alicante (1980-1931)» y «Cuneros y Caciques», respectivamente.

Una relación de los tales no podría elaborarse sin citar a los Ruiz Valarino -«los trinos»- que dominaban la Vega Baja del Segura, al marqués de Rafal, en el mismo marco comarcal; a Jorro Miranda, en las Marinas, y a los Torres Orduña; al abogado Rafael Beltrán y Ausó; a Alfonso de Rojas, ambos en nuestra ciudad. Los citados autores coinciden en éstos y otros muchos de mayor o menor calibre, que se inscribían en las filas liberales, conservadoras y republicanas, y que pasaban de unas a otras, sin empacho ni escrúpulo, según soplara el viento de las conveniencias.

Pero el caciquismo tiene raíces más profundas y brutales. José Pastor de la Roca, en su «Historia general de la ciudad y castillo de Alicante», nos refiere cómo, en Relleu, el revolucionario Pantaleón Boné fue detenido, junto con algunos de sus compañeros, por un grupo de hombres armados, puesto en pie por el alcalde de la citada localidad, Antonio Cerdán, quien obedecía ciegamente las órdenes de Juan Thous el«célebre cacique de la Marina».

¿Se ha esfumado esta lacra? Los caciques teóricamente se ahogan en una atmósfera democrática. Pero, como ciertas bacterias, terminan inmunizándose. Por eso quizá, aun ahora y en raciones, se percibe el podrido olor a cacique. Aunque algunos echan mano del maquillaje, se les nota en el ademán firme, su penosa y deleznable condición. No engañan.

Acerca del comienzo de la transición de la dictadura a la democracia hay varias teorías. Algunos historiadores la inician con el asesinato del almirante Carrero Blanco, por cuanto de haber sobrevivido al general Franco, no se hubiera operado un cambio tan sustancial tras la muerte de éste. Otros, la sitúan inmediatamente después de la desaparición física de un dictador, ya en abierta decrepitud, tanto de su persona como del régimen que había alentado casi cuarenta años antes. E incluso, unos terceros la fijan tras el relevo de Arias Navarro por Adolfo Suárez.

En cualquier caso, para estos años de zozobra hubo un alcalde que vivió su mandato de sobresalto en sobresalto: el último alcalde de la dictadura don Francisco García Romeu. Don Francisco García Romeu vio, desde su cargo, el desmoronamiento del franquismo y su definitiva aniquilación el veinte de noviembre de 1975. No se encontraba al frente de la Alcaldía, cuando a las cuatro horas y cincuenta y ocho minutos de aquella madrugada, la agencia Europa Press anunció lacónicamente: «Franco ha muerto». La agonía había supuesto treinta y cinco días de inquietud, de tristeza, de silenciosa esperanza -según-, cincuenta y seis boletines médicos y ciento dieciséis comunicados de las casas civil y militar de quien se habían proclamado caudillo de España. El ministro León Herrera, a las seis horas y doce minutos, transmitió oficialmente la noticia por los micrófonos de Radio Nacional de España. El alcalde señor García Romeu se encontraba, por entonces, de vacaciones.

Sí debió levantarse en vilo de su sillón presidencial, casi dos años antes, cuando la «Operación Ogro», montada por un comando de la ETA, hizo saltar por los aires el automóvil en el que se desplazaba el presidente del Gobierno, el almirante Carrero Blanco, que pereció víctima de aquel espectacular atentado. El estupor fue tal que la corporación municipal de nuestro Ayuntamiento no celebró sesión plenaria, hasta el día veintiocho del mismo mes de diciembre. Fue entonces cuando oficialmente el señor García Romeu expresó el «profundo dolor y el sentimiento que había producido en Alicante el alevoso crimen cometido en la persona del presidente del Gobierno, excelentísimo señor don Luis Carrero Blanco». García Romeu manifestó «su repulsa frente a la ignominiosa acción y la unánime reacción que se había producido por la muerte del ilustre hombre público», a cuya familia y gobierno reemitió sendos telegramas de condolencia. La reacción ciertamente no fue tan unánime. En consecuencia hubo reacciones no unánimes de distinto signo.

Si el cinco de febrero de 1936 -ya lo hemos relatado- el diario republicano «El Luchador» sufrió un asalto, en sus talleres de la calle del Cid, rociados con líquido inflamable y posteriormente incendiados; catorce días después, concretamente, el veinte, le tocó el turno de la sinrazón y la violencia a tres periódicos de clara tendencia derechista: «El Día», «Diario de Alicante» y «Mas» (portavoz oficioso de la Derecha Regional Agraria, integrada en la CEDA) y que dirigían respectivamente Juan Sansano, Ruiz Pérez Águila -que había sustituido a Emilio Costa- y Rafael Alberola Herrera.

Entre ambas fechas, las elecciones de dieciséis, que dieron un aplastante triunfo, en la ciudad, al Frente Popular Antifascista. Pero además de las tres publicaciones citadas, también sufrieron los efectos de la violencia el Centro Republicano Independiente, el domicilio de la Derecha Regional, el Centro Tradicionalista, el Centro Católico, el Centro Radical, la sede de la Federación de Estudiantes Católicos, y siempre según la información que facilitó el primero de los diarios citados, en aquella ocasión, las iglesias de Santa María, San Nicolás y la Misericordia.

«Ardieron libros, muebles, cuadros, documentos históricos, colecciones de misivas, algunas obras de arte, entre las que figuraban cuadros de Boford, Escrivá y Parrilla, un busto del director, Juan Sansano, obra del escultor José Felipe Hidalgo -enuncia en sus páginas «El Día»- (...) Una verdadera infamia, obra de los nuevos bárbaros que saben de antemano cuándo pueden escapar a toda responsabilidad. No pertenecen a ningún partido político porque donde estén son un escarnio».

Y eso a pesar de que el día once de aquel mes de febrero habían llegado a Alicante efectivos de las fuerzas de Asalto, procedentes de Valladolid y Valencia.

Ochenta agentes que se reincorporaron a sus unidades de origen, tras la jornada electoral, sin que lógicamente pudieran intervenir en tales acontecimientos. Aquel mismo día, el Ayuntamiento que presidía Lorenzo Carbonell, fue repuesto por segunda vez, en el lugar que le correspondía, por la voluntad del pueblo expresada en las urnas del catorce de abril de 1931, y destituido de nuevo -junto con los de Orihuela y Alcoy- dos días antes de las elecciones de febrero.

Algo que dejó de nuevo estupefactos a los republicanos. Pero fue cuestión de apenas una semana. Tiempos turbulentos.

La crónica también discurre por las abominables galerías de las cárceles, de las celdas, de las mazmorras. Por aquí han pasado ya los antiguos centros de reclusión que ha habido en nuestra ciudad: en el propio Ayuntamiento, en la plaza de la Santísima Faz, en la plaza de Gabriel Miró (antes de la Barca y de Isabel II), en lo que hoy es el edificio de Correos y Telégrafos, en el castillo de Santa Bárbara, en el de San Fernando. Cuando ordenemos, ampliemos y profundicemos en estos aspectos, tendremos la tenebrosa geografía carcelaria de nuestra ciudad, que por el momento, y después de la Cárcel Provincial y del llamado Reformatorio de Adultos, se cierra en la prisión de Fontcalent.

En el boletín Oficial del Estado número 167, del veintinueve de julio de 1975, se publicó el acuerdo municipal de ceder una parcela de dieciséis hectáreas y cuarenta y cuatro áreas, de la finca denominada «La Torre», en la partida de La Vallonga, al Estado, con carácter gratuito y definitivo. A aquella exposición pública, no se presentó reclamación alguna.

El veintiséis de septiembre del referido año, en sesión plenaria del Ayuntamiento, bajo la presidencia de don Francisco García Romeu, se adoptaron nuevos acuerdos, en este sentido. La citada parcela, se especifica, se encuentra en las partidas de la Vallonga y de La Bastia, y fue adquirido a doña Carmen Gómez Tortosa, en escritura autorizada por el notario don Pedro Jesús de Azurza y Oscoz, el veintiséis de abril de 1975.

La cesión se hace al Ministerio de Justicia, con arreglo a las siguientes condiciones: las obras habían de dar comienzo antes del plazo de dos años, a partir de la fecha de donación; y el único destino al que podía destinarse aquel terreno era precisamente era el de la construcción de un centro penitenciario, «y sin ningún otro aprovechamiento ni directo ni indirecto». Supuestamente, se facultó al alcalde para la formalización de la oportuna escritura de cesión y demás documentos. La corporación fue unánime en su decisión. Tan solo el edil Martínez Aguirre había propuesto, meses antes y se había aceptado su propuesta con la misma unanimidad, solicitar del patrimonio del Estado que, en compensación, cediera al Ayuntamiento el solar que ocupaba entonces el Reformatorio de Adultos, «para uso público y en beneficio del común». Sólo nos tocó, un cachico. Para que luego digan.

Si don Francisco García Romeu presidió la última corporación municipal del franquismo, don Juan Manuel Martínez Aguirre presidiría la primera de la monarquía, aún no constitucional. Tras la muerte del general Franco, continuó en el Ayuntamiento el señor García Romeu, hasta que el uno de febrero de 1976, es decir, dos meses y diez días después de aquel acontecimiento que entronizaría a don Juan Carlos I, de inmediato, para que todo quedase «atado y bien atado».

El gobernador civil, don Benito Sáez González-Elipe presidió la sesión extraordinaria del primero de febrero, en la que se procedió a la lectura del documento librado por la Junta Municipal del censo Electoral, que proclamaba la elección para alcalde de Alicante de don Juan Manuel Martínez Aguirre, y se leyó asimismo el decreto 3230/ 65, del cinco de diciembre, por el que se convocaban elecciones para promover los cargos de presidentes de diputaciones y cabildos insulares, y de alcaldes, de acuerdo con el nuevo Estatuto de Régimen Local.

El señor Martínez Aguirre entró acompañado por los dos concejales más jóvenes, don Evaristo Manero Pérez y don Eliseo Quintanilla Almagro, y pronunció el juramento habitual, pero ya con una sustanciosa variación: «Juro servir a España, con absoluta lealtad al rey, estricta fidelidad a los principios básicos del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del Reino». El nuevo alcalde, en su alocución manifestó que pretendía ser tan fiel a España «y a quien nos rige, como lo he sido a la enorme figura histórica que se nos ha ido recientemente».

Por su parte, el señor García Romeu, alcalde saliente, destacó que durante su mandato de dos años y cuatro meses, la ciudad había cambiado su fisonomía y que se habían dignificado las barriadas, «con un sentido de justicia social». Reclamó la paternidad de las obras realizadas y de aquellas que se encontraban en vías de realización, así como una hacienda municipal «sana y limpia».

El alcalde Martínez Aguirre, primero de la monarquía, por decreto del cinco de dicho mes, nombró los siguientes tenientes de alcalde: don Pascual Coloma Sogorb, don Ambrosio Luciáñez Piney, don Evaristo Manero Pérez, don Adrián Dupuy Fajardo, doña Mercedes Alonso Rodríguez de Tembleque, don Tomás Valcárcel Deza, don José Ramón Pomares y don Vidente Peris Sánchez. El veinticinco de abril de 1977, el señor Martínez Aguirre dejó la alcaldía: las elecciones generales «eran otra forma de servir a los sagrados intereses de la patria».

Fue antes de las elecciones generales de junio del 77. Fue con la monarquía, pero aún sin la Constitución: el Ayuntamiento que presidía don Juan Manuel Martínez Aguirre, tuvo que elegir, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Relaciones Laborales, dos fechas festivas de carácter local, y barajó criterios de participación popular, como así se recoge en las actas municipales. Por su carácter de jornadas multitudinarias, se fijaron en el calendario el día de la Santa Faz y el de las Hogueras de San Juan. La festividad de la Virgen del Remedio, patrona de la ciudad, salió malparada.

Con tal motivo, en febrero de 1977, se remitió al Ayuntamiento, un escrito, firmado por los miembros del Cabildo concatedral, junta de gobierno de la Real Archicofradía de la Virgen del Remedio y devotos de la patrona. Alegaban que, desde principios del siglo XVII, el cinco de agosto había sido festivo y con el rango de los mayores solemnidades, por cuanto a «su procesión, como a la del Corpus, asistían todas las fuerzas vivas de la ciudad, con sus banderas y estandartes» y aducían los escritos de los cronistas Bendicho, Maltes, Mingot, además de toda una batería documental conservada en los archivos.

Por otra parte -y siempre según los peticionarios- los avatares históricos y políticos de los siglos XIX y XX no había impedido la celebración del día de la Virgen del Remedio que se habían llevado a término ininterrumpidamente, hasta aquel año (1977), a excepción del trienio correspondiente a la guerra civil (1936-1938)».

En el documento que comentamos, se dice textualmente: «Como dato importante, añadimos que durante la Segunda República Española, a partir de 1931, a pesar de haberse suprimido muchas festividades religiosas, las del cinco de agosto, día de la Virgen del Remedio, siguió figurando en el calendario local, a efectos laborales. Otras muchas más antiguas de este dicho calendario, como la de San Nicolás y Santa Faz, perdieron el siglo pasado su condición de ferial. Sólo la de la patrona fue respetada en todo momento (...) Por último, nos entristece la coincidencia de que sólo veinticinco años después de la proclamación de la patrona, como alcaldesa honoraria y perpetua de la ciudad, el único detalle de la efemérides, haya sido la supresión, a efectos laborales, de una fiesta, cuatro veces centenaria».

Con una moción presentada por el alcalde y siete concejales aprobada por unanimidad, el Ayuntamiento trató de enmendar la plana. Pero sin resultados.

Frecuentemente, se comenta la insuficiencia de establecimientos hoteleros en una ciudad, que como la nuestra, se presume turística. Sus carencias, en este sector turístico, se han puesto de relieve en numerosas ocasiones, ya de tiempo atrás. La playa de San Juan, concretamente presenta un déficit considerable de camas hoteleras que, en los primeros años de la década de los treinta, subrayó el arquitecto madrileño don Antonio Rubio.

Don Antonio Rubio, en una cena del Club Rotario, a la que asistían entre otros, el alcalde don Lorenzo Carbonell, los periodistas «Heliófilo», don Juan Botella y don Emilio Costa, estos dos últimos directores respectivamente de los diarios «El Luchador» (con su hermano Álvaro) y «Diario de Alicante», y el también conocido arquitecto alicantino don Juan Vidal, les describió las excelencias de un hotel que se podía y debía edificar, en aquella playa, sobre la que tantos proyectos se desplegaban. Todos los comensales se mostraron encantados con las ideas expuestas por el señor Rubio, y muy en particular, su colega Vidal.

El doctor Antonio Tapio fue quien inspiró realmente el diseño de tal establecimiento y animó a que lo realizara su amigo don Antonio Rubio, porque, en su opinión, en nuestra ciudad no había lugar donde albergarse adecuadamente. «Lo primero -manifestó el eminente médico- es disponer de comodidades, para que pueda venir todo el mundo». Aquella cena tuvo lugar en el hotel Samper y el doctor Tapia recordó entonces que, en una de sus habitaciones, había preparado sus oposiciones a cátedra.

Le cumplió el ingeniero Sánchez Guerra presentar a sus compañeros del citado Club al doctor Tapia y, en su intervención, dijo que «Alicante no era un país favorecido por la naturaleza, sino un país puesto por la naturaleza, en situación de favorecerse por el esfuerzo de todos los alicantinos». A raíz del encuentro, Tapia confió aquellas pretensiones a un arquitecto que ya que ya tenía experiencia en la redacción de proyectos y presupuestos de dicha naturaleza: Antonio Rubio. No mucho después, don Álvaro Botella, conocedor de tan feliz iniciativa se sumó a la propuesta de Emilio Costa de conceder a don Antonio Tapia el título de «Alicantino in honoris causa» por el cariño manifestado a nuestra ciudad.

Fue el treinta de diciembre de 1969, cuando el Ayuntamiento, en sesión plenaria, aprobó el proyecto de construcción de una pasarela elevada, para peatones, frente a la playa del Postiguet. Una aspiración de los alicantinos, especialmente de los residentes en aquel sector, y una necesidad habida cuenta del tráfico rodado tan abundante por la avenida de Juan Bautista Lafora. El correspondiente proyecto había sido redactado por el ingeniero de caminos don Antonio Medina Gil, con un presupuesto que, por entonces, ascendía a cerca de ochocientas cincuenta mil pesetas.

Sin embargo, la subasta convocada para la adjudicación de las obras, quedó desierta, por dos veces consecutivas. Ante tal contingencia, se requirió al citado autor del proyecto, con el objeto de reconsiderar tales presupuestos. El veintidós de mayo del año siguiente, el ingeniero ya referido y su compañero don Luis Martínez Pérez, presentaron a la corporación municipal un nuevo presupuesto de contrata, que sobrepasaba el millón de pesetas. El incremento sobre el anterior, cubría, según ambos técnicos, los aumentos relativos al precio de los materiales y al costo de la mano de obra, observados desde la redacción del proyecto al anuncio de la nueva subasta.

En sesión del treinta de junio de 1970, y bajo la presidencia del arquitecto, don Francisco Muñoz Llorens, alcalde en funciones, por ausencia del titular, se informó al cabildo municipal de la situación en que se encontraba el proyecto, y del informe del interventor en el que se advertía que «en el orden presupuestario, no había inconvenientes para aprobar la revisión de precios y proseguir el trámite, hasta la contratación mediante subasta dando cuenta del nuevo importe al Banco Local de España, por ser obra que se financiaba con cargo al préstamo contratado para financiar el presupuesto extraordinario de urbanización de la segunda fase del Paseo de Gómiz». Con el beneplácito de las comisiones de Hacienda y de Fomento, se acordó aprobar la convocatoria de subasta y exponer al público el correspondiente pliego de condiciones, para la adjudicación y ejecución de unas obras que se consideraban razonablemente de interés. A renglón seguido, y como resulta habitual, se facultó a la alcaldía, para hacerse cargo del papeleo referente a aquella pasarela que permitía el acceso al Paseo de Gómiz y a la playa del Postiguet, sin necesidad de correr más riesgos de los necesarios.

El sumarísimo de urgencia número de 21001, contra Miguel Hernández Gilabert, se inicia con un atestado policial de los agentes del Cuerpo de investigación y vigilancia de Rosal de la Frontera, en la provincia de Huelva, en el que se da cuenta de la detención del gran poeta oriolano, por la Policía portuguesa, en Moura, el cuatro de mayo de 1939. Posteriormente, el detenido sería trasladado a la prisión de Madrid. De acuerdo con la documentación que obra en nuestro poder -y con el estudio que, en base a la misma, escribió Miguel Gutiérrez Carbonell-, las actuaciones se remitieron al juez militar permanente (Rodicio Arias), quien se inhibió a favor del Juzgado Especial de Prensa (Martínez Cargallo). A su vez, éste se inhibiría a favor del Consejo de Guerra Permanente. El fiscal, Ramón Orbe, solicitó para Miguel Hernández la pena de muerte, al calificar los hechos que se les imputaban como adhesión a la rebelión militar.

Por una curiosa peripecia, Miguel Hernández fue puesto en libertad, por orden del director general de Seguridad -según manifestó el director de la Prisión de Torrijos-, al considerar que se trataba de un detenido gubernativo. De inmediato se dispuso su busca y captura. El poeta fue apresado en Orihuela -se conoce el nombre del delator- en los primeros días de octubre de 1939 y trasladado nuevamente a Madrid.

El dieciocho de enero de 1939, se celebró el Consejo de Guerra, cuyo tribunal presidía Pablo Alfaro Alfaro. Con él, los vocales Francisco Pérez Muñoz, Ignacio Díaz Aguilar, Miguel Cabaler Celis y Vidal Morales, en calidad de ponente. El mismo día de la vista, se dictó la sentencia; Miguel Hernández fue condenado a muerte. En el acta, no constan los nombres del fiscal ni del defensor.

Por fortuna, el veinticinco de junio de aquel mismo año, el general Franco «se dignó conmutar la pena impuesta por la inferior en grado, es decir, treinta años». Como ya es sobradamente conocido, Miguel Hernández murió de enfermedad -disponemos del certificado médico- el veintiocho de marzo de 1942. Al Ayuntamiento de Alicante, bajo la presidencia de José Luis Lassaletta Cano, y a propuesta del grupo de Izquierda Unida, designó una comisión compuesta por Miguel Gutiérrez Carbonell, José Carlos Rovira Soler, el ya desaparecido y buen amigo Francisco Hellín y nosotros mismos, con objeto de localizar el expediente penitenciario y el proceso al que fue sometido. La citada comisión trabajó laboriosamente y consiguió toda la documentación relacionada. Cincuenta y cinco años después de la muerte dedicamos esta columna de papel y grafitos a la memoria de aquel hombre ejemplar.

A Antonio Bono Luque se debe -como así se registra en las actas del pleno- «la dignificación del personal al servicio del Ayuntamiento». El alcalde, que accedió al cargo, gracias a los votos de sus compañeros de corporación, en abril de 1918, revisó los sueldos de la plantilla y los encontró irrisorios. De inmediato, tomó la iniciativa de mejorarlos y de establecer los quinquenios, que, por aquel entonces, no se les reconocía a los empleados de la administración local. Bono Luque consiguió igualmente estabilizar el crédito municipal.

Durante su primer mandato, hizo frente a la epidemia gripal del citado año que tanta mortandad causó en nuestra ciudad. Su conducta se calificó de decidida y arriesgada, por cuanto «atendió personalmente a los enfermos, llevando a los pobres el consuelo de sus donativos; y a los ricos, el de su asiduidad y afecto». A él se debe, en el orden urbanístico, «la espléndida avenida de Méndez Núñez, la Rambla, y el nuevo Mercado Central de Abastos». Cesó al frente de la Alcaldía en enero de 1921. Pero fue reelegido para hacerse cargo de la misma, en un segundo mandato que se inició en noviembre de 1922 y concluyó el primero de octubre de 1923.

Antonio Bono Luque gestionó cerca de los parlamentarios alicantinos la conservación de la subvención de cuatrocientas mil pesetas que disfrutaba nuestro puerto y procuró orillar las diferencias entre obreros del mismo y empresas navieras, para restablecer el tráfico marítimo, por cuanto el Puerto de Alicante «no figuraba entre los favorecidos con las consignaciones que para otros se fijan en el futuro presupuesto de Fomento». Los senadores Rafael Beltrán, José Torres Salas, y los diputados Francos Rodríguez y Alfonso de Rojas, le escribieron ofreciéndose todos ellos a cooperar en tan principal asunto. Alfonso de Rojas textualmente le comunicó que «el ministro de Fomento» ofreció mantener la subvención íntegra, «aunque pesaran sobre él otras peticiones de otros puertos».

Antonio Bono Luque, fallecido en diciembre de 1929, recibió la Gran Cruz de Beneficencia que el Gobierno le concedió por «su admirable proceder durante la epidemia gripal», y los funcionarios, en prueba de gratitud por su interés, lo nombraron presidente honorario de su asociación.

El quince de mayo de 1914, en el despacho del alcalde, don Ramón Campos, se reunieron los miembros de la comisión especial, designada por el Ayuntamiento, para rendir homenaje a Óscar Esplá, por el resonante triunfo artístico que acababa de obtener con su obra «Poema de niños». Allí estaban, además del titular de la Alcaldía, los señores José Guardiola Ortiz, Pascual Orts Pérez, Ángel Herrero y Federico Soto. Por el primero de los citados comisionados se propuso que la Orquesta Sinfónica, que se encontraba en Valencia, ofreciera un concierto en nuestra ciudad, con «carácter gratuito, para las clases obreras, y de mucha economía para las clases que no ocupan ordinariamente las localidades de visualidad y lujo, a las que podría imponerse un pequeño recargo que compensara las que se dieren gratuitamente o a bajo precio».

Siete días después, la corporación en pleno acordó, a propuesta de la referida comisión especial, abrir una suscripción entre los alicantinos para costear la edición de «Poema para niños», «y completando el municipio la cantidad para sufragar este gasto, regalársela a su autor en nombre del pueblo, que se enorgullece de la gloria que para él ha sabido conquistar Óscar Esplá».

Con fecha uno de junio de aquel año, el propio Óscar Esplá escribió al alcalde Ramón Campos agradeciéndole todas las iniciativas, «pero al mismo tiempo he de decirle -puntualizó el compositor- que no me es posible aceptar esas atenciones (la suscripción popular), porque he cedido el derecho de la edición orquestal de mi obra a una casa francesa. He aceptado las proposiciones de esta empresa extranjera creyendo evitar, de este modo, toda suerte de molestias a mis paisanos, cuyos propósitos recojo, desde luego, muy agradecidamente».

Por su parte, Rafael Altamira, ya se había dirigido el primero de mayo, al alcalde: «Leo que se proyecta algún acto de homenaje a Óscar Esplá, por su reciente triunfo y sus relevantes méritos de artista. Ruego a usted que me tenga por asociado en todo lo que se haga, con carácter municipal o popular, y que se me utilice para ello, en la forma que considere útil».

Del poema sinfónico de Esplá a las aberraciones que, hoy, en nuestro propio país, en Francia, en Bélgica y en tantos otros lugares, se cometen con los niños, qué abismo.

Pero hay quien paga también la edición de vídeos degradantes. Y muchos con una impunidad ciertamente incomprensible.

El callejero de nuestra ciudad -como el de tantas otras- es la evocación de la propia crónica: hechos relevantes, acontecimientos, santos y políticos, flora y fauna locales, antiguos lugares y personajes de cierta importancia, se encaraman en los rótulos de mármol y azulejería, y le prestan su nombre a calles y avenidas, a plazas y parques. Sucede que, con frecuencia, el médico, el escritor, el clérigo, la batallita o el pez de la bahía se convierten en una dirección postal, y pare usted de contar.

Por ejemplo, Manero Mollá. ¿Qué es Manero Mollá? La respuesta mayoritaria: una calle. De modo que toda la peripecia humana y profesional de Evaristo Manero Mollá se reduce así a una vía urbana. El cronista provincial Gonzalo Vidal Tur escribió una obra de gran interés, con todos los errores que se quieran, pero esclarecedora: «Alicante, sus calles antiguas y modernas». Vidal Tur nos descubre en dicha obra los rasgos biográficos de un médico que se ocupó particularmente de una terrible enfermedad como la lepra.

Pero, mucho antes, en la calle que ahora lleva su nombre, hubo un mesón fuera de las murallas de la ciudad, que se encontraba frente a una balseta que hacía las veces de lavadero público. De ahí que se la conociera hasta mediados del pasado siglo, por calle del Mesón de la Balseta, y que se extendía, desde el Portal de Elche (o plaza de la Constitución, en algún tiempo), hasta la de las Barcas (de Isabel II y finalmente de Gabriel Miró). Por la época señalada, el Ayuntamiento le dio un nuevo nombre: calle de Calatrava, en recuerdo del eminente jurisconsulto.

En ella nació un alicantino que la desmemoria arrincona: Manuel Carreras y Amérigo, dirigente político del levantamiento liberal de 1844, que encabezó militarmente el coronel de carabineros Pantaleón Boné. En la misma casa natalicia de Manuel Carreras, vino al mundo Antonio Campos Carreras, autor dramático y fabulista, a quien Ramón de Campoamor, prologó una de sus obras, según nos cuenta en el periódico «El Graduador», Benedicto Mollá. Y en la misma vía vivió y murió el primer decano del Colegio de Abogados de Alicante, Francisco Forner Alcaraz. Por último, la calle de Calatrava, de la que el periodista Montero Pérez decía que se entraba a ella por la plaza de la Constitución y se salía por la plaza de Isabel II, tomó, por decisión municipal, el nombre del doctor Manero Mollá. Bastante más que una dirección postal.

Se veía venir de tiempo atrás: aquellos coches amarillos o azules y blancos, movidos por electricidad, estaban sentenciados. El veintisiete de enero de 1966, el presidente de la Diputación ya tenía el acuerdo de dar por zanjada la concesión del tranvía de Alicante a San Vicente del Raspeig, a partir del uno de mayo siguiente. Además, la corporación provincial expresó su meridiano deseo de no asumir, en ningún caso, la explotación del referido servicio, lo que implicaba que, para la citada fecha, debía verificarse la entrega formal. Cuántos recuerdos de la infancia y de la adolescencia de muchos alicantinos se iban con aquellos vehículos que, durante varias décadas, habían formado parte del paisaje urbano.

En sesión plenaria del veintinueve de abril del referido año, y en vísperas de la definitiva desaparición de la línea, la Diputación acordó autorizar la interurbana de autobuses, entre ambas poblaciones y sin paradas intermedias, dentro del término municipal, a la empresa que el Ministerio de Obras Públicas le otorgará la concesión. El final del trayecto se había fijado, con carácter provisional, en la plaza de España, frente al Instituto Provincial de Sanidad.

En la misma sesión, se acordó también reforzar el servicio de las barriadas de Los Ángeles y Felipe Bergé, para lo cual se requirió de los contratistas don Vicente Marco Ruiz y don Joaquín Sánchez López, con objeto de que incrementaran, con tres unidades completamente nuevas, la flota de autobuses, «modificando en lo preciso al término del contrato, para que estos nuevos coches no sufran demérito, si el hecho se produjera antes de un año, a contar del día primero de mayo próximo. Esta misma ventaja sería de aplicación a todo el aumento de la flota, sobre las dieciocho unidades de que dispone actualmente, pero no sería extensivo a los vehículos que pudieran adquirirse para la renovación de las expresadas unidades».

El once de octubre de aquel año, se produjo el relevo en la alcaldía: Fernando Flores entregó la vara de mando a José Abad Gosálvez, en presencia del gobernador don Luis Nozal López. Un mes más tarde, el nuevo alcalde se iba a encontrar con un verdadero caos en materia de transportes urbanos.

Había que proceder urgentemente a la reorganización de los mismos en beneficio de los usuarios y del rendimiento de cada línea.

Era tal el hedor que emanaba de las aguas corrompidas de nuestro puerto que Alicante se cansó de aquel estado de cosas: protestaron los comerciantes que se sentían perjudicados en sus intereses, protestaron los consignatarios por las deficiencias que presentaba; protestaron los trabajadores, por la falta de condiciones; protestaron los ciudadanos, por la falta de higiene; protestaron los periódicos y denunciaron tanto abandono. No se podía continuar así.

Las alcantarillas desaguaban en el interior de la dársena, y los restos fecales cubrían la superficie de las aguas o se hundían, junto con las tierras que arrastraban las lluvias, reduciendo de esta forma la posibilidad de fondear en el mismo, a los barcos de calado medio. Era un auténtico foco de infección. Consecuentemente, se procedió a constituir, con carácter definitivo, la Junta de Obras del Puerto, el trece de diciembre de 1900. El siglo XX, apenas despuntado, fue testigo de la firma «del acta de entrega del puerto, de sus obras y servicios a la mencionada corporación». Era el cinco de enero de 1901.

La Junta, tal y como se recoge en la Memoria correspondiente, actuó con mayor diligencia: solicitó de los puertos de Valencia y de Denia, elementos auxiliares ya abandonados o fuera de servicio, y del Estado, útiles y herramientas, de una partida cuya contrata había rescindido el primero de los citados, y que era de utilidad para el nuestro. Observó ciertamente la recién creada Junta una actividad inusitada en todos los aspectos, y en pocos años, se notaron los progresos llevados a efecto. Se redactó la plantilla de personal, tanto administrativo como dependiente de la dirección facultativa, «reduciéndolos a los límites de la más estricta y quizás exagerada economía: bastará decir que durante los dos primeros años, la citada dirección facultativa se redujo al ingeniero, un ayudante y un escribiente».

En la primera Memoria que comprende los años 1901 a 1904, nos ofrece un balance de las gestiones realizadas por la Junta, gracias a las cuales, nuestro puerto comenzó a progresar, a ampliar sus instalaciones y a mejorar sus servicios. El tráfico marítimo testimonia el acierto de aquella dirección.

El año 1977 fue realmente prodigo: legalización de los partidos políticos de una oposición no socialmente amplia, pero sí significativa, al franquismo y posfranquismo; las elecciones generales; las zozobras propias de tan intensa actividad. De todo ello, por supuesto, hablaremos en este habitual espacio, cuando se cumplen ahora veinte años. Casi veinte años ya de la muerte de un poeta, de un senador socialista, de un amigo: Julián Andúgar Ruiz.

Julián Andúgar fue el candidato que más votos obtuvo en aquellos esperados comicios, exactamente 304.739; seguido por el independiente José Vicente Mateo, con el apoyo del PSOE, del PCE y de otras organizaciones de izquierda, por José Vicente Beviá Pastor (socialista, pero entonces de la «Unidad PSPV-PSP»); y finalmente por Roque Calpena Jiménez, de la UCD. Los cuatro primeros senadores de nuestra actual democracia.

Poco pudo, sin embargo, ejercer su escaño senatorial Julián Andúgar, a quien conocíamos ya de antiguo, vecinos de una urbanización de San Juan y compañeros de veladas nocturnas, con el verso pulido y ático de un poemario que no sabemos o no recordamos si llegó a publicar finalmente. Andúgar, a quien con cariño y confianza, llamábamos el «cojo de Santomera», porque tal era su lugar de nacimiento y la mutilación que le había dejado la guerra civil.

Escasamente tres meses después de haber obtenido el acta de senador, el martes 13 de septiembre de aquel mismo año falleció en el Sanatorio cardiovascular de San Vicente del Raspeig, donde estaba ingresado desde el día 2, «por presentar súbitamente una fibrilación ventricular, que no respondió a las medidas usuales de resucitación», según el parte médico.

La noticia de su muerte nos conmocionó a todos: autor de «Denuncio por escrito» y de tantas otras obras poéticas, tardío licenciado en Derecho, oficial de la Administración de Justicia, exiliado y lector en la Universidad de Pau, senador para la democracia y amigo de corazón ancho y frágil, se fue con la madurez de la uva. Hace casi veinte años.

Desde su inauguración, el Mercado Central de Abastos ha experimentado numerosas obras de rehabilitación y acondicionamiento. Ya en 1966, el Ayuntamiento se planteó su consolidación, mediante obras de adjudicación directa y con carácter de urgencia. En realidad, tales obras se habían comenzado, según las correspondientes actas municipales, en noviembre de 1964, cuando se advirtió la alarmante situación en que se encontraba, y consecuentemente los desplomes que podían producirse, ya que afectaban a elementos de sustentación del edificio. Entonces, y ante el manifiesto estado de peligro, la Alcaldía autorizó su comienzo, que fue ratificado el doce de febrero de 1965, por la permanente municipal.

El catorce de enero de 1966, en sesión extraordinaria, presidida por el alcalde don Fernando Flores Arroyo, el arquitecto informó de la imperiosa necesidad de continuar las referidas obras, sin expediente de subasta y aun rebasando los límites legales de la cuantía de las mismas, «ante la imposibilidad de prever de antemano el importe total de la completa consolidación».

En el curso de los trabajos, el gobernador civil había requerido de la Alcaldía el acondicionamiento de los sótanos del Mercado Central, con objeto de instalar en los mismos puestos distribuidores de artículos congelados. La Alcaldía, por su parte, lo decretó así, en consideración a la afluencia de veraneantes que se esperaban, y que aumentaría muy considerablemente la demanda del abastecimiento de alimentos. Ya en el pasado mes de noviembre el arquitecto, señor Fajardo, había detallado el gasto de dichas obras en casi un millón seiscientas mil pesetas, cantidad que el interventor de fondos municipales incluyó en el presupuesto ordinario de 1966 que, por entonces, se encontraba en estudio.

La corporación acordó exponer al público el proyecto, por el plazo de un mes; declarar las obras de reconocida urgencia, por razones inaplazables y en evitación de desplomes; y también acondicionar los bajos para la distribución y venta de congelados -de orden del gobernador civil-, ante el notable aumento de población veraneante y la insuficiente capacidad de los mercados. Por último, se ratificó la adjudicación directa de las obras comprendidas en el proyecto a favor del contratista don Antonio García Miralles. El turismo en la prodigiosa década de los sesenta, venía pegando fuerte, pero con divisas por delante.

Los científicos nos informan acerca del calendario de lluvias torrenciales para nuestra ciudad, en función del comportamiento térmico del Mediterráneo: es el otoño cuando se acusan estos desastres meteorológicos. En el estudio realizado por un equipo de nuestra Universidad, dirigido por Antonio Gil Olcina y titulado «Inundaciones en la ciudad y término de Alicante», referido al periodo de los años 1940-1984, se constata que las precipitaciones máximas se concentran en los meses de septiembre a diciembre, seguidas por las correspondientes a marzo y abril.

La memoria nos remite, en primera instancia, a las inundaciones y avenidas catastróficas del 1982; de ahí, y según la edad del lector, a otras muchas comprendidas en el ya citado periodo. Naturalmente, con anterioridad al mismo, las lluvias ocasionaron no pocos sobresaltos. Recogemos, sumariamente, la descripción de una de estas inundaciones ocurrida a finales de septiembre de 1919.

Según la Prensa de aquel año, en medio de numerosos relámpagos y «truenos horrísonos», las aguas se precipitaron, sin cesar sobre la ciudad, hasta convertir sus calles en verdaderos torrentes. En algunas de ellas el nivel de éstas alcanzó más de medio metro, y «en la carretera de Murcia llegó hasta el metro y veinte centímetros. Las tierras y piedras que arrastró la avenida obstruyeron vías urbanas muy transitadas, tales como Villavieja, Mayor y Jorge Juan; en tanto se llevaba por delante parte del arbolado de las plazas y paseos».

En tal ocasión hubo desgracias personales. En el barranco de San Blas, junto a la estación de Madrid, perecieron ahogados Pedro León, Francisco Limorte, alias «Chulo» y su mujer conocida por «La Sorda». «Todos ellos eran naturales de Albatera, y sus cadáveres fueron encontrados junto a la estación de Murcia». Del mismo lugar, y siempre al hilo de la crónica periodística, desapareció una mujer a la que apodaban «La Pichona». Todas las estaciones férreas quedaron incomunicadas a consecuencia de los destrozos que la violenta avenida causó en las vías.

Las aguas derribaron paredes y tabiques, y arrastraron doce pipas y bocoyes de un establecimiento de vinos: «El nuevo Noé» (la predestinación). Y era tanta su fuerzas que al kiosko «El Vapor», situado junto al salón Moderno (cine Monumental) lo trasladaron en un santiamén, a la Explanada, sin necesidad de licencia municipal alguna. Alicante vivió dos jornadas de verdadero pánico, aquel septiembre de 1919. Cuidado con las lluvias.

Era un hombre robusto, de rostro encendido y abundante barba canosa, de edad comprendida entre los cincuenta y los cincuenta y cinco años, quien -según algunos testimonios- llevaba un sombrero negro, a la genovesa. Otros, sin embargo, afirmaban que vestía de miliciano, aunque respondía, en lo más, a la descripción generalizada. A aquel individuo se le había visto en diversos lugares, y en todos ellos había levantado sospechas, no tanto por su aspecto, cuanto por su curiosidad.

Con tales informes, el duque De la Roca, capitán general del ejército y Reino de Valencia, había alertado a sus servicios secretos. De acuerdo con las últimas confidencias, el sujeto en cuestión se dirigía hacia nuestra ciudad, desde Cambrils. En Cambrils precisamente dejó constancia de su presencia, en numerosas ocasiones. En una taberna, había preguntado por la marinería y los buques que se encontraban surtos en el puerto. En otro, tras identificarse como teniente coronel de las Milicias, se había interesado por las fortificaciones y el número de piezas de artillería de que disponía la villa, para su defensa.

Pero no sólo en Cambrils. En diversas localidades había formulado preguntas parecidas, presentándose bien como coronel de infantería, bien como teniente de dragones. Incluso se le había visto tomando notas y levantando planos, sin demasiadas precauciones.

Cuantos habían tenido oportunidad de conversar con él, coincidían, en que por su acento, parecía de origen francés.

Con tales antecedentes y en previsión de que se tratase de un espía, el siete de junio de 1794, don José Navarro, como gobernador de la sala del Crimen de la Real Audiencia, se dirigió al corregidor de Alicante, ordenándole la práctica de diligencias convenientes, con la mayor cautela y discreción, para la detención, del sujeto o de cuantos respondieran a las señas referidas, por si acaso hubiese mudado de traje, compañía o carruaje. Una vez se le hubiese aprehendido, debería de avisarse con propio de todo lo actuado. «Es un asunto que interesa al servicio del rey, nuestro señor, y a la seguridad de nuestra patria». Sobre el corregidor pesaba la responsabilidad de cualquier omisión o descuido.

No hemos encontrado documento alguno en los archivos consultados de que la detención del supuesto espía francés se produjera en nuestra ciudad.

Ahora que ya se van a ejecutar las obras de la ronda del castillo de San Fernando, adjudicada a una determinada empresa y por una considerable cantidad, y con objeto de abaratar los costes no sería nada ocioso recordar cómo se lo montaban, hace algo más de dos siglos. Acerca de la composición y conservación de los caminos, tan interesantes para el bien público, el veintidós de septiembre de 1764 se sancionó el reglamento y ordenanza, para todos los pueblos del reino de Valencia, en esta materia.

Por el mismo, se responsabilizaba al justicia de cada localidad de la obligación de todos los vecinos de la misma: al menos quince días de cada año tenían que destinarlos desinteresadamente a la composición y reparo no sólo de los caminos reales, sino también de los particulares que facultaban la comunicación, «hasta la raya o término respectivo». Imagínense qué ahorro para la hacienda municipal.

Por supuesto nadie se escapaba, en teoría, de este trabajo social y gratuito. Lo dice con toda claridad el documento consultado, en su primer artículo: «(...) para cortar todo recurso o queja se declara que no hay vecino alguno exento de concurrir a la composición de caminos, aun los más privilegiados de cualquier estado o condición que sean. Pues aunque algunos de éstos, por razón de sus ocupaciones o carácter, no pueda hacérseles acudir al trabajo, sus hijos, criados, caballerías o carruajes que no gozan de esta calidad podrán y deberán desempeñar tal obligación, que por refundirse en beneficio general o público, es común a todos, según lo previenen las leyes del Reino (...)».

Con respecto a la señalización nuestros antepasados no tenían duda: la ordenanza mandaba igualmente y con ánimo de evitar extravíos e incomodidades, poner de fijo, donde se junten dos caminos o sendas, bien de madera o bien de piedra, «un pedestal, con una tarjeta o letrero que diga: camino para tal o cual lugar, con tan buena disposición que los que transiten por aquellos parajes, lo ejecuten sin recelo de extravío, distinguiendo además los que fueran caminos de carruaje o de herradura». ¿Sería necesaria también, hoy, y a lo que se ve y se oye, colocar el letrerito de las herraduras?

Por cierto, el citado reglamento debía cumplirse al pie de la letra y el mismo debía de hacerse presente al alcalde, cuando tomara posesión de la vara. Suponemos que se habrá derogado la disposición, porque si no arrieros somos y en la ronda nos veremos.

Aquel sábado de gloria sonaron las salvas de los taponazos del champán de una esquina a otra esquina del país. Todas las comarcas, la provincia toda celebró la noticia. Era una celebración íntima, en un principio, aunque, poco a poco, los militantes y simpatizantes del PCE y de otros partidos de izquierda ya autorizados, se reunieron en diversas casas y locales. En nuestra ciudad, hubo domicilios que fueron una fiesta hasta bien entrada la madrugada. Y se escucharon claxonazos de júbilo. Pero también se percibió cierta tensión, en los sectores más reaccionarios. Alicante era un reflejo de lo que estaba ocurriendo en España entera.

La legalización del Partido Comunista de España se hizo pública en las primeras horas de la noche de aquel sábado de gloria, día 9 de abril de 1977, muy poco antes de las primeras elecciones generales del 15 de junio siguiente, y fue ciertamente una fecha histórica.

Veinte años después, las hemerotecas y los documentos de nuestro propio archivo nos recuerdan ampliamente la efemérides. En el semanario «Cambio 16» número 280, se lee: «Como en el último parte de guerra, el locutor de Radio Nacional de España que en la noche del sábado de gloria, día 9 de abril, en el "diario hablado" de las 10 de la noche, le tocó leer la noticia oficial del Ministerio de la Gobernación, en la que se comunicaba la legalización del Partido Comunista de España, perdió el control de sus nervios y tuvo un momento de duda. Alejo Jesús García, locutor presentador perdió fuelle, interrumpió un momento la emisión ("el parte"), guardó silencio, tragó alguna saliva, carraspeó y, después, se decidió».

En un periódico asturiano se comentaba así el acontecimiento: «Es sarcástico, generalísimo, que precisamente el día en que Cristo ha resucitado, unos hombres legalicen en España a un partido que es enemigo de la civilización occidental». Para muchos jerarcas del antiguo régimen aquella Semana Santa fue trágica. «Tras la ofensiva del fin de semana de algunos destacados miembros de Alianza Popular se habrían producido las primeras reacciones militares». «Efectivamente, el señor Fraga, que durante la pasada crisis del secuestro de Oriol y Villaescusa intentó desbancar a Suárez aprovechando el reconocimiento del PCE para entrar a fondo en el tema y provocar una posible crisis».

Cuatro días más tarde, se celebró en una cafetería de la madrileña calle del capitán Haya, el primer comité central en la legalidad, al que asistieron varios alicantinos.

Y en nuestra ciudad se inauguró la sede del PCE en la calle Crevillente, cerca de la plaza de les Palmeretes. Aquel día, hace veinte años hoy mismo, asomó la democracia. Aunque aún quedaban varias organizaciones sin legalizar, inexplicablemente.

Cuando se conoció su muerte, hubo un estremecimiento popular en nuestra ciudad. Desde que abandonó Alicante, por razones de su profesión docente, «siempre soñaba ver el día de su jubilación, para restituirse a su tierra. No pudo lograrlo: una enfermedad los retuvo en Barcelona, al ser jubilado y le impidió cumplir aquel deseo que cada día se repetía (...) Fue tronco sustentador de una dinastía republicana, alicantina, inteligente, que aun ahora, sigue dando muestras de su valor y tesón».

José Mariano Milego Inglada falleció, el tres de febrero de 1935, en Barcelona, después de una intensa vida. Ejerció la abogacía y, cuando se creó la Escuela de Comercio, se le nombró profesor de Legislación Mercantil. Luego, por oposición, ganó la cátedra en Cádiz. En 1903, se le destinó a la Escuela de Altos Estudios Mercantiles, hasta su jubilación.

Milego se descubrió como poeta cuando contaba catorce años: leyó una composición propia al pie del mausoleo del gobernador Quijano, que emocionó al auditorio. Posteriormente, fue redactor-jefe del diario «El graduador», cuando este periódico estaba influido por el republicano moderado de Castelar y Maisonnave. En Cádiz, compartió su trabajo de enseñante con el de periodista y dirigió el «Diario Popular». Fue amigo fraternal del doctor Antonio Rico Cabot, y le distinguieron con su afecto los ya citados Castelar y Maisonnave, así como Salmerón. Su actitud firme en la defensa del ideario republicano, del que era un paladín insobornable, hizo que sufriera siete procesos y varias detenciones.

También escribió «El precio de una corona», ensayo histórico-dramático, en tres actos y en verso, y numerosas obras, inéditas varias de ellas, y el libreto de una de las mismas para Ruperto Chapí. La muerte del gran músico frustró tan esperanzadora colaboración.

El diecisiete de aquel mes de febrero, a propuesta de don Florentino de Elizaicin, decano de los periodistas de Alicante, la Asociación de la Prensa celebró un homenaje, en sus propios locales, «al que fue ilustre periodista, abogado y profesor, poeta y orador don José Mariano Milego».

Hijo de un comerciante de origen italiano, Milego Inglada nació el veintinueve de julio de 1859, en la calle Cruz de Malta frente al Ayuntamiento. Manuel Rico García, en su «Ensayo biográfico bibliográfico de escritores de Alicante y su provincia» nos ofrece una minuciosa relación de su obra literaria.

Ya en los años sesenta, se advirtió la necesidad de modernizar la comercialización de los productos alimentarios perecederos. El desarrollo urbanístico de Alicante y las medidas sanitarias aceleraban el proceso de liquidar las instalaciones anacrónicas de los mercados mayoristas. Por otra parte, la inmigración procedente de regiones y comarcas depauperadas, y el auge turístico dispararon la demografía: nuestra ciudad, con una tasa del 5,2% ofreció el crecimiento más espectacular de toda la época censal. De 121.527 habitantes, en 1960, alcanzó, en tan sólo once años y según datos del INE, 184.716.

Todos estos factores y el desarrollismo económico, influyeron de forma decisiva en la construcción de la Sociedad de Mercados Centrales de Abastecimiento de Alicante, S.A. (Mercalicante), en acuerdo plenario municipal de quince de julio de 1968, en unión del gremio de mayoristas y de representantes de entidades vinculadas con la comercialización de productos comestibles, y cuyo objetivo era la promoción, construcción y explotación de los mercados urbanos.

Posteriormente, se estudió la distribución de los alimentos para Alicante y su zona de influencia; y de tal estudio se desprendió la conveniencia de establecer un complejo alimentario que fuera capaz de comercializar cuarenta mil toneladas de frutas y hortalizas. El complejo, en cuestión, debía disponer de forma que pudiera adecuarse a futuras ampliaciones, de acuerdo con las necesidades que, en el futuro, demandasen la ciudad y su contorno, es decir, el área metropolitana que ya se configuraba, con los municipios de El Campello, San Juan, Muchamiel y San Vicente del Raspeig. Si primero el citado complejo contemplaba tan sólo productos agroalimentarios, de inmediato se incluirían en el mismo el comercio de aves y huevos, si bien se desestimaron, por el momento, las carnes y los pescados, por estimar que tanto el matadero como la lonja cumplían suficientemente las funciones encomendadas.

En sesión extraordinaria de nuestra corporación, correspondiente al diecisiete de abril de 1971, se consideraron apropiados los terrenos de la partida del Bacarot, polígono 71, con una superficie de algo más de diecinueve hectáreas, «que se apoyaba por la parte izquierda en la carretera Madrid-Alicante». El proyecto se valoró en ciento cuarenta millones de pesetas. Por entonces, Mercalicante disponía de un capital social de veinticinco millones, pero se preveía una ampliación hasta 100 con arreglo a las siguientes participaciones: Ayuntamiento, 51; Mercasa, 26 y usuarios, 26.

Nunca está de más. Ni aún hoy: las basuras desparramadas en torno a los contenedores; calles como papeleras y papeleras en medio de la calle o de la acera... Por supuesto, nada comparable al Alicante del pasado siglo. La ciudad era un amontonamiento de edificios, de vías estrechas y pinas, polvorientas o embarradas, según el tiempo y la estación meteorológica; y los hedores, insoportables; y los ruidos, insoportables, igualmente.

Tres bandos municipales nos informan de la situación en que se encontraba la población, en lo que respecta a las condiciones higiénicas y sanitarias. El primero de ellos, de veintiuno de febrero de 1813, advertía a los vecinos de la prohibición de tirar desperdicios y basuras, y de hacer las necesidades, en las calles, entre las diez de la mañana y la misma hora de la noche. El segundo, correspondiente al año 1843, ilustraba acerca de la inconveniencia de disponer de ganado porcino en las casas urbanas y de la obligación de transportar los animales muertos a un lugar situado en la partida de Babel, donde eran arrojados a una zanja y cubiertos de tierra; asimismo se ordenaba que ni personas ni enseres se lavaran en las fuentes públicas, ni en ellas se diera de beber a los animales. El tercero de los citados bandos, de catorce de abril de 1853, prohibía, bajo amenaza de multa de entre veinte y trescientos reales, según las circunstancias, el trabajo en las calles o plazas, a los carpinteros, toneleros, herreros, canteros y otros oficios, a quienes se les recordaba que necesariamente debían de ejercer sus respectivas industrias, en el interior de sus establecimientos o domicilios particulares, todo ello en cumplimiento de la Ordenanza de la Policía Urbana.

Por cierto que este último bando provocó enfrentamientos entre el alcalde, don José Minguilló, y el gobernador, don Manuel Cano, por cuanto éste acusaba al primero de actuar con tibieza, en todo lo relativo a las funciones de la Policía bajo su mando, lo que producía el abandono del ornato y comodidad ciudadanos.

Claro que el alcalde se defendía de tales acusaciones argumentando la falta de medios económicos, para aumentar la plantilla de la Policía Urbana.

La mayoría de los alicantinos vivían de un jornal bajo, salvo unos pocos, y las mejoras se introducirían paulatinamente, según lo permitiera el estado de las arcas municipales y de la población.

Hace años, en la revista «Argumentos», escribimos sobre el Meliá, sus orteguianas circunstancias y sus posibles consecuencias. Hoy, el Meliá es un incordio, un frente dialéctico, un encuentro de intereses públicos y privados, en la tercera fase. El Meliá se levantó «como un tajo, en el pescuezo donde la ciudad pasa de estado sólido a líquido», y ya provocó, en aquel entonces, discrepancias y escoceduras. También el Riscal tuvo que beneficiarse de la singularidad, que se contemplaba en el artículo 171 de la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

El Riscal mostró la desnudez de su esqueleto metálico expuesta a la intemperie desde 1966. En aquel año, una sentencia del Tribunal Supremo declaró nula la licencia municipal concedida para su construcción. Mucho después, don Manuel Martínez Lledó, en su condición de presidente del consejo de administración de la mercantil «Hotel Riscal, S.A.», solicitó autorización y licencia de nuevo, pero con carácter excepcional. En sesión extraordinaria del pleno municipal que presidió el alcalde don Ramón Malluguiza Rodríguez de Moya, el arquitecto informó que su atención a las características del edificio y de su específico uso, su legalización pasaba necesariamente «por la declaración de singularidad».

En aquella sesión, el Ayuntamiento aprobó la solicitud del señor Martínez Lledó, su exposición al público, por el plazo de un mes; y posteriormente, pasar del acuerdo provisional al definitivo del Ministerio de la Vivienda, por mediación de la comisión central de urbanismo, acaso procedía.

El veinticinco de junio de 1971, también en sesión extraordinaria, la corporación consistorial advirtió que no se había presentado reclamación alguna, en el tiempo hábil, y consecuentemente se sometió el asunto a deliberación.

El edil Maruenda Alberola preguntó e insistió en que se le aclarase si el Ayuntamiento tenía potestad para condicionar el destino hotelero exclusivamente de aquel edificio, y se le respondió que, en cualquier caso, y aún en el supuesto de que cambiara la propiedad del mismo, el Ayuntamiento efectivamente tenía tal potestad, y que «siempre sería hotel». No hubo más. Se aprobó por unanimidad y se acordó elevar el expediente al Ministerio de la Vivienda, para su sanción definitiva. Ahora, juzguen.

El pintar en las paredes de los edificios públicos y privados es un ejercicio que viene de muy antiguo. El pintar y el escribir frases ingeniosas, obscenas, insultantes, según, ya se hacía en Roma, de acuerdo con los historiadores de este singular medio de expresión, y probablemente, en otras muchas ciudades. Era y es algo así como un periódico mural o un arte urbano de urgencia, crítico, sarcástico y protestón. Hoy está prohibido, pero la prohibición se burla, en muchas ocasiones. Un general y alcalde de la dictadura primorriverista, don Julio Suárez-Llanos ya lo ilegalizó, por medio de un bando, tras acceder a la presidencia del Ayuntamiento.

Del general Suárez-Llanos se recuerda particularmente su autorización de las Hogueras de San Juan; y en esta columna diaria, ya nos hemos referido repetidamente a su mandato municipal. No era alicantino, sino asiduo invernante de nuestra ciudad. El gobernador cívico militar de la provincia anduvo muy atareado, según señalaba «El Correo», en busca de cuantos habían de componer el nuevo Ayuntamiento.

El trece de diciembre de 1924, se recoge la noticia de que, el día anterior, se había reunido finalmente el concejo, «y por votación» se le concedió la vara de mando a don Julio Suárez-Llanos. Ciertamente, la prensa lo recibió con alborozo. Y es que, su antecesor en el cargo no había caído simpático a los alicantinos. En este sentido, circulaba el rumor de que uno de sus propios ediles había manifestado que solía estrujar los bolsillos de los contribuyentes, extremo éste que le granjeó la impopularidad que se le atribuía.

Con tales precedentes, el general Suárez-Llanos, tres días después de su toma de posesión, convocó en su despacho oficial a diversos periodistas representantes de las publicaciones más influyentes: allí estaban Emilio Costa, Juan Sansano, Enrique Padrón, José Sempere, Antonio Sánchez Rabadán, el presidente de la Asociación de la Prensa, Florentino de Elizaicin, y el secretario del Ayuntamiento, Enrique Ferré y el particular de la alcaldía, Carmelo Simón. El alcalde entonces informó a los periodistas del programa de obras urgentes que iba a acometer y de la necesidad de que Alicante ofreciera un aspecto más limpio y curioso del que ofrecía por aquel entonces.

Cuentan los libros de cabildos de la época, la sorpresa de la nueva corporación municipal cuando advirtieron que la isla de Tabarca estaba considerada como una calle de la ciudad, pero lo verdaderamente irregular resultaba que además dicha calle estuviera bajo el gobierno militar. Sin duda, la anomalía detectada se debía al hecho de que la mayor parte de los vecinos de la misma eran o bien matriculadas del mar o bien soldados torreros. Aún así, la corporación entendió que tales circunstancias no eran suficientes como para privarles de sus derechos ciudadanos, y mucho menos a aquellos que no estuvieron en ninguno de ambos casos o fuesen transeúntes. Tras las oportunas deliberaciones, se acordó dirigirse al jefe superior político, don José María Ruiz Pérez, al objeto de conseguir, por su mediación, que la isla no permaneciera por más tiempo en aquel estado de excepción que, a todas luces, resultaba improcedente. El acuerdo se tomó el trece de febrero de 1841.

La corporación aludida había tomado posesión de su cargo, de acuerdo con la renovación parcial de cada año, el uno de enero del anteriormente ya citado, en presencia de la superior autoridad provincial. En aquel acto, entraron en el salón de sesiones don Mariano Oriente, don Fernando de Ibarrola y don Tomás Visconti, quienes ocuparon, respectivamente, la primera, segunda y tercera alcaldías constitucionales, y además los seis nuevos regidores y el síndico.

Por cierto que una de las primeras medidas que tuvo que adoptar el cabildo fue conceder los salones de las Casas Consistoriales, para celebrar los bailes de máscaras, en los carnavales ya próximos. La petición la formuló la Junta Municipal de Beneficencia. Tras el debate, se procedió a la votación, y por diez a favor y cinco en contra se accedió a la solicitud, lo que no se había hecho el año anterior, que se denegó, sin más contemplaciones. No obstante, previamente y con ánimo de ofrecer garantías de seguridad el público asistente, se encargó al arquitecto titular que efectuara un oportuno reconocimiento pericial, y certificase la resistencia del edificio, en evitación de cualquier siniestro. Prudentemente, el Ayuntamiento se guardaba así las espaldas.

El director del popular semanario satírico, Coloma Pellicer, le dedicó al pintor, constructor de hogueras y alicantino entrañable, unos versos que decían: «Eres tú tot un artista / que fogueres mas as fet / pero por molt que treballes / no tindras may un quiset». En 1936, la comisión de la plaza de la República (hoy, del Ayuntamiento) le pidió que se hiciera cargo del monumento para aquel año, y Gastón les pidió seis mil pesetas. Según nos cuenta el propio Gastón, en uno de sus siempre chocantes escritos, aquel considerable presupuesto, le obligó a cavilar lo suyo. Finalmente, resolvió dedicar la hoguera a algunas de nuestras fiestas más preclaras: «Moros y Cristianos», «Les Pastoretes» de Callosa d'En Sarrià y el Misteri d'Elx.

Cuando se publicaron, en la Revista Oficial, los treinta y dos bocetos correspondientes a dicho ejercicio fogueril, el de Gastón Castelló con sus figuras apostólicas, la «mangrana», el «cadafalc», la Virgen y San Juan, provocaron un cierto movimiento de rechazo en algunos sectores de la población. A un mes de que se iniciara la Guerra Civil, andaban los ánimos exasperados y muy a flor de piel. De manera que sobre el buen Gastón se precipitaron todo tipo de críticas, no artísticas, sino políticas: que si hacía propaganda religiosa; que si era un carca, que si un pandorgo.

Confiesa Gastón que todo aquello lo llenó de zozobra y de preocupaciones -y así lo ha dejado escrito-, de manera que se vio urgido a agenciarse soluciones de emergencia. Y encontró, por último, un decreto del gobierno de la República, de 1931, por el cual se declaraba el Misterio de Elche monumento nacional. Ni corto ni perezoso, transcribió fragmentos del mismo a varias pancartas, con objeto de encalmar aquellas encrespaciones. Y surtió el efecto deseado. El decreto estaba firmado por el presidente de la República don Niceto Alcalá Zamora y por el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, don Marcelino Domingo.

Ante la ingeniosa respuesta, el público reaccionó favorablemente. Y cesaron las acusaciones que se le venían formulando al constructor de la «hoguera». Hoguera que además fue galardonada. Gastón Castelló conocía a su gente, y con su humor y desbordante humanidad, tenía siempre la virtud de apaciguar los ánimos. Es seguro que todos cuantos lo tratamos conocemos esta y otras muchas anécdotas del inolvidable Gastón Castelló.

Las competencias de las diversas administraciones, no siempre bien delimitadas, sobre el puerto de Alicante y su zona de influencia, han ocasionado, a lo largo de los tiempos, diferencias, discrepancias y posturas encontradas, aun en asuntos poco relevantes. Así, el comandante de Marina denunció al alcalde de la ciudad ciertos actos calificados de inmorales y de atentorios contra la higiene, que frecuentemente se perpetraban en los terrenos comprendidos entre el almacén de obras del Puerto y el edificio de la Comandancia.

No describe, en su oficio, más que la utilización de dicho lugar como evacuatorio de determinadas necesidades, haciendo caso omiso de las casetas que para tal fin se habían instalado entre el almacén y la casa de la Junta. Pero también advierte de otros hábitos escandalosos y lesivos para la moral.

En la denuncia que formula el treinta y uno de julio de 1907, el titular de la Comandancia manifiesta que las medidas conducentes a evitar tales hechos no corresponden a su autoridad, y en consecuencia, apela al Ayuntamiento para que sustancie aquéllas que estime procedentes, en beneficio de la higiene y de las buenas costumbres. Todo ello al amparo del Reglamento General de Policía para la conservación de los Puertos, de veinte de julio de 1902.

En el Reglamento invocado se prevé que las vías férreas, establecidas por concesión, así como los paseos y carreteras de circunvalación debían ser atendidas por el municipio, aunque siempre bajo la vigilancia del ingeniero director de la Junta y la inspección del ingeniero jefe de Obras Públicas de la provincia. Las carreteras de circunvalación a las que se refiere el citado Reglamento eran la que enlazaba Silla con Alicante y ésta con Ocaña, en la parte ocupada por la zona de servicio del puerto, y la que, derivada de la anterior, se dirigía a la estación de los ferrocarriles andaluces. En ellas, el Ayuntamiento debía responsabilizarse de suministrar alumbrado público y agua potable, y atender a su conservación y vigilancia, en tanto los guardamuelles tenían encomendada la atención de los servicios del puerto, con el carácter de guardas jurados y agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones. Pero no eran de su incumbencia los desmanes que el comandante de Marina ponía en conocimiento del alcalde, con objeto de que éste enviara las fuerzas de Policía necesarias, para evitar la repetición de los mismos.

Era domingo, once de septiembre de 1904. En las inmediaciones del Mercado Central permanecía expectante una multitud de curiosos: unos minutos después de las once y como estaba previsto, cesó la actividad comercial -voces de los vendedores, trajines de la clientela, idas y venidas atropelladas-, la plaza quedó desierta y sólo se percibió el ruido tenue y áspero de los barrenderos. La pregonada ley de Maura, la ley del descanso dominical, acababa de entrar en vigor.

Sin embargo, «La Vanguardia», periódico republicano de Alicante, señaló las deficiencias e irregularidades de aquella ley que, a muchos, se les antojaba arbitraria. Así, por ejemplo, los dependientes del resguardo del «odioso» impuesto de consumos, permanecieron en su trabajo; los tranvías continuaban circulando; los café y casinos siguieron sirviendo a su habitual parroquia; y dependientes, tranviarios y camareros eran también obreros a los que no alcanzaban los efectos de la mencionada ley. José Sanjuán, comentarista del citado diario, fue extremado en sus juicios y calificó la medida del señor Maura de disparatada, clerical e impropia del siglo XX: no se había escrito con un criterio de igualdad para todos.

El cinco de aquel mes de septiembre, el gobernador civil de la provincia, don Juan Tejón y Marín, había remitido una circular a todos los alcaldes advirtiéndoles que pusieran en conocimiento de los vecinos tanto la ley como el reglamento para su aplicación, en evitación de que incurriesen en infracciones penalizadas.

Como quiera que la observación de la misma no fue, en absoluto, respetada por don Alfonso de Rojas, alcalde de nuestro Ayuntamiento y presidente de la Junta Local de Reformas Sociales, hizo público un extenso y pormenorizado bando, cuyo contenido tenía por objeto aclarar algunos aspectos de la Ley del Descanso Dominical. En el dicho bando se prohibía, de forma contundente, trabajar a la mujeres y a los menores de dieciocho años en todas las horas del domingo, en tanto se establecían determinados horarios para las tahonas, barberías, salones de limpiabotas, tiendas de ultramarinos y artículos de primera necesidad, venta ambulante, lavaderos, expendedurías de leche, tabernas y merenderos de las afueras de la ciudad. El mencionado bando, con sus particularidades, está fechado el veintiuno de septiembre del referido año. La ley Maura resultó polémica y no satisfizo las esperanzas que había levantado.

Cómo andaba el bueno del alcalde don José Gadea Pro, en las postrimerías de 1901. Los monederos falsos se habían instalado en nuestra ciudad y habían creado un clima de desconfianza entre cuantos mantenían relaciones mercantiles con Alicante. De tiempo atrás venía ya aquella incertidumbre, sin que las autoridades competentes consiguieran detener la afluencia de duros engaños que tanto perjuicio estaba ocasionando al comercio local e interurbano.

Por fin, en una ponderable acción policial, los falsificadores fueron sorprendidos en plena faena y la fábrica clandestina desmantelada de inmediato. Los méritos de tan feliz operación, los recogió el gobernador civil don Leopoldo Riu y Casanova, quien contó con la gratitud del Ayuntamiento. Pero el Ayuntamiento, en sesión del veinte de diciembre del citado año, decidió invitar a otros centros, corporaciones y asociaciones, para expresar el reconocimiento colectivamente, a quien había conseguido celosamente despejar tantas perturbaciones e inquietudes.

El llamamiento fue recogido por todas las «fuerzas vivas» de la ciudad menos por el Instituto General y Técnico.

Sucedió que el alcalde, interpretando el escrito de su claustro docente positivamente, como todas las anteriormente relacionadas, hizo publicar en la prensa su adhesión a la petición de una gran cruz del Reino para el gobernador civil, que había prestado tan relevante servicio a la ciudad. Sin embargo, días después, dicho claustro, en palabras del alcalde, lanzó una diatriba contra los poderes públicos, contra el Ayuntamiento y contra el presidente del mismo, en una nota publicada en «El Noticiero». Consecuentemente, la corporación municipal resolvió oficiar al gobierno civil, por si éste considerase oportuno elevarlos al Gobierno, y en particular, al Ministerio de Instrucción Pública, para que tomara nota y procediera en consecuencia. El Instituto salió respondón: no quiso sumarse al coro de alabanzas orquestas por el Ayuntamiento.

El dieciocho de abril de 1907, el alcalde de la ciudad don Manuel Cortés de Miras, recibió un extenso escrito que firmaban el dirigente obrero Rafael Serra y otros, en su condición de delegados de las distintas sociedades legalmente constituidas, y que se disponían a celebrar el día del trabajo.

Razonaban los delegados que, con objeto de solemnizar la fiesta universal del proletariado, y de la misma forma que se hacía en los países extranjeros, el Ayuntamiento de Alicante concediese a todos sus empleados descanso absoluto, sin ninguna excepción «de clases ni jerarquías», la referida fecha, pero abonándoles el sueldo que correspondiera a cada uno de ellos. Y extendían su petición igualmente a los contratistas que trabajasen para el municipio, dando así -en frase textual- un ejemplo alto de respeto a la clase obrera, que había demostrado, en tantas ocasiones, su sensatez y cordura.

La verdad es que, por aquellos años, la clase trabajadora atravesaba un periodo de crisis organizativa; y las condiciones de vida eran extremadas con bajos salarios, jornadas de muchas horas y unos precios disparados, hasta en los alimentos básicos. Sin embargo, allí estaban haciendo equilibrios y sacrificios, las sociedades que luchaban, en precario, por la defensa de los derechos materiales y morales de los sectores sociales más desprotegidos. No eran aún los sindicatos, pero sí el origen de los mismos.

El señor alcalde presentó el escrito a sus compañeros de corporación en el pleno que se celebró el diecinueve de abril y resolvió el asunto con una fórmula ambigua: «Se acordó acceder a lo solicitado, en aquellos cargos cuyo servicio sea posible».

En otro escrito del veinticuatro de abril de 1912, la junta de delegados del Centro de Sociedades obreras, con sede en la avenida de Zorrilla (hoy, de la Constitución) solicita lo mismo de la Alcaldía. Y la Alcaldía con una mayor generosidad y atención acuerda que «el primero de mayo se suspendan todos los trabajos y labores que realizan los operarios municipales». Algo se había avanzado. Y se avanzaría más cuando, en 1913, se creara la Casa del Pueblo, de tendencia socialista, junto al ya veterano centro de inspiración anarcosindicalista. Ayer primero de mayo, continuaron las reivindicaciones.

No nos referimos a aquella multitud, mayoritariamente compuesta de jóvenes, que en la década de los cuarenta y aun de los cincuenta, se recorría de una a otra punta la Explanada, deshilvanando ocios, conversaciones y escarceos adolescentes y juveniles, en las largas y apacibles tardes de domingos y festivos, en particular. Nos referimos a la recuperación, para el patrimonio de la ciudad, de los terrenos comprendidos entre Juan Bautista Lafora y el patio de viajeros de la Estación de Murcia.

Fue el dos de julio de 1966, cuando el notario don José Luis Pardo López escrituró la donación del Estado a favor de nuestro Ayuntamiento, de aquellos paseos marítimos: el delegado de Hacienda, don Eduardo Fernández López, en representación del primero, y don Fernando Flores, en su condición de alcalde y debidamente autorizado por la corporación municipal, en el pleno de veintiséis de octubre de 1965, firmaron el documento. La Explanada volvía a ser propiedad del pueblo alicantino, después de cincuenta y cinco años.

Y fue a petición del Ayuntamiento, como ya hemos comentado aquí, quien el tres de enero de 1911, cedió a la Junta de Obras del Puerto no sólo la zona de tránsito de vehículos, sino también los paseos «llamados Explanada de España y de los Mártires», para que ésta atendiese debidamente a su conservación, y a las «mejoras para las travesías de las carreteras, en toda la dimensión que comprende la zona de servicios del puerto». Todo ello, según real orden, correspondiente al veintidós de febrero de 1910.

Le cumplió al secretario general del Ayuntamiento dejar constancia de aquella cesión, cuya acta se firmó en el mismo templete de música que iría a parar posteriormente a la plaza de Navarro Rodrigo, de Benalúa. Firmaron el documento don Federico Soto Mollá, por entonces alcalde de Alicante, y el banquero don Juan Guardiola Forgas, a la sazón, presidente de la Junta de Obras del Puerto, acompañados por los ediles de la corporación municipal y los vocales de la referida Junta. El Ayuntamiento al efectuar la entrega de los mencionados paseos lo hacía movido por razones de conveniencia y, sin duda, con el propósito de un mayor y mejor cuidado. Quizá las arcas locales no daban para tanto.

En plena guerra civil, los partidos integrantes del Frente Popular mantenían desacuerdos nada recomendables y frecuentes fricciones en el Consejo Municipal, es decir, en el Ayuntamiento, constituido el primero de septiembre de 1936. Durante los casi tres años que duró la contienda armada, desempeñaron el cargo de alcaldes-presidentes: Rafael Hernández Fuster, de quienes ya hemos ofrecido en nuestra diaria crónica episodios y aspectos de sus respectivos mandatos, alguno tan fugaz y en tan extremadas circunstancias como el de Hernández Fuster.

Santiago Martí que había dimitido antes de la sesión que se celebró el ocho de septiembre de 1938, hizo patente, en el curso de la misma, la necesidad de proceder a la elección de quien debía ocupar la presidencia vacante, y manifestó que a Izquierda Republicana le correspondía proponer al candidato. Pero, el consejero (concejal) portavoz de la citada organización, señor Llaneras, solicitó un plazo con objeto de designar al más adecuado. Sin embargo, no se le aceptó la sugerencia, por cuanto, se argumentó, que la interinidad perjudicaría las acciones del Consejo Municipal. Entonces y ante la situación de urgencia expresada por el Partido Socialista, el propio Llaneras le pasó la pelota a la FAI, con la recomendación de que fuera Company Sevila quien desempeñara las funciones presidenciales.

Se procedió seguidamente a la votación y el citado obtuvo once votos frente a los siete que recibió el dimisionario Santiago Martí. Hubo dos papeletas en blanco. Ángel Campany con la mayor sencillez y honestidad, se dirigió a todos sus compañeros para reiterarles que él no era precisamente la persona más idónea para ostentar aquel empleo, toda vez apenas si entendía de política. Era, en sus propias palabras, un hombre que se había formado en la calle y en los patios de las cárceles.

Pero no tuvo más opción que aceptar: todos los consejeros de todos los partidos le manifestaron su total confianza y su decidido apoyo. Durante su permanencia al frente del Ayuntamiento o Consejo Municipal, Company Sevila tuvo que afrontar dos bombardeos de la aviación facciosa bien diferentes: el del veinticinco de mayo, que causó numerosas víctimas, y el correspondiente al seis de octubre, ambos el mismo año de 1938, en el que los aviones dejaron caer sobre la ciudad panecillos: una estratagema para desmoralizar a la población.

Habrá que anotar en el haber del alcalde y general de brigada don Julio Suárez-Llanos su interés por mejorar las condiciones económicas de los empleados municipales. En este aspecto, el Ayuntamiento alicantino le sacó una cabeza de ventaja al de Barcelona, en los tiempos de Primo de Rivera, según se desprende de la documentación consultada en nuestro Archivo Municipal.

En diciembre de 1926, el cabildo barcelonés acordó conceder a su plantilla una cantidad equivalente a medio sueldo mensual, en concepto de gratificación o paga extraordinaria, con motivo de las fiestas de Navidad. La iniciativa fue valorada por la Federación Nacional de Empleados y Obreros Municipales, que redactó una circular dirigida a todas las alcaldías de España y, en la cual, les animaba a secundar el ejemplo.

El presidente de la mencionada Federación, don Manuel Cerezo Garrido, argumentaba en su escrito que tal gratificación era justa, por cuanto no hacía más que poner en pie de igualdad a los funcionarios de los ayuntamientos con los empleados de la Banca y de otras diversas empresas, que ya percibían la extraordinaria. Eran, pues, los trabajadores municipales, cualquiera que fuese su categoría, quienes gozaban de una remuneración inferior a los del Estado y de las Diputaciones e incluso a los de entidades privadas.

El general Suárez-Llanos que recibió la referida circular el dieciocho de diciembre del citado año, se mostró ágil y contundente en su respuesta: la corporación que presidía, desde 1924, ya gratificaba a su plantilla con una suma equivalente al tres por ciento del sueldo anual de cada uno de sus empleados. Pero, a mayor abundamiento, se había incluido en los presupuestos para el año siguiente, 1927, un crédito suficiente y destinado a satisfacer una paga entera, a todo el personal, en concepto de aguinaldo. Por otra parte, aducía el alcalde, tanto los funcionarios técnicos como los administrativos del Ayuntamiento de Alicante, cobran quinquenios de quinientas pesetas; y de trescientas, los subalternos. Don Julio Suárez-Llanos pretendió que los trabajadores municipales se equipararan, en sueldo y categoría a los del estado.

De inmediato, la Federación corrigió su desliz y se apresuró a reparar el desatino y a manifestarle su satisfacción y felicitaciones.