1
Se consideraba que la circular del ministro Albareda, del 3 de marzo de 1881, sobre enseñanza pública atentaba contra los intereses de la educación católica. Esta circular anulaba la circular de Orovio, del 26 de febrero de 1875 que estipulaba la obligación para profesores nombrados y sostenidos por el Estado de no explicar en las Universidades e Institutos nada contrario al dogma católico. La nueva circular del Gobierno de Sagasta afirmaba «la absoluta independencia de la razón especulativa» y establecía que «bajo ningún concepto los rectores opongan obstáculos al libre y entero desarrollo de la actividad del profesor en su cátedra»
(Revista de Madrid, 1881, 11, pp. 246-247).
2
Los católicos, partidarios de la hipótesis creían que sin desvirtuar los principios antiliberales del Syllabus de Errores (1864) se podía practicar una política de adaptación a los hechos consumados, es decir transigir con algunas fórmulas del liberalismo político. En cuanto a los íntegros, afirmaban que había que aceptar íntegramente los principios antiliberales del Syllabus sin ninguna concesión a la sociedad moderna y al liberalismo «fiero o manso».
3
El 17 de marzo de 1881, con motivo del ingreso de Marcelino Menéndez Pelayo en la Real Academia, la Revista Popular publicó una reseña laudatoria de los trabajos del joven académico que representaba la defensa de la verdad católica «íntegra». «Marcelino es católico a lo español, esto es a macha-martillo; [...] y en suma, Marcelino es ultramontano, porque los hechos lo son, y siéndolo también sus principios, no halla modo de dejarlo de ser, aunque lo intentase»
(Revista Popular, 17 de marzo de 1881, p. 179).