Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla

Joaquín Costa

Su concepto; sus elementos componentes; estado social en que se engendra y que es consecuencia de ella; urgente necesidad de mudarla.

Ha consumido España, casi entero, el siglo que acaba de expirar en cosa tan sencilla, al parecer, como desarraigar de su suelo el régimen de la monarquía absoluta.

Tentados y favorecidos por un hecho accidental, la abdicación de Bayona y la invasión napoleónica en la Península, pudieron ya en 1812 sus representantes consignar en un Código que la «nación es libre, entendiendo por nación la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios; que no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona, y que la soberanía reside esencialmente en ella».¹ Por desgracia, semejantes declaraciones no expresaban una convicción nacional tan viva y tan unánime como habría sido menester para que prosperasen y causaran estado; y fueron menester sesenta años de revoluciones y de guerras civiles para que otras Cortes Constituyentes, las de 1869, volviesen a escribir en otra Constitución que «la soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los poderes»². Todavía con eso no se había cerrado la serie de acciones y de reacciones que llena la historia de aquella malhadada centuria; y así, la Restauración monárquica de 1874 hizo retroceder una vez más a la nación en el camino de sus reivindicaciones contra el antiguo régimen monárquico. Pero de entonces acá, el matiz doctrinario de aquella Constitución (1876), traducido en la pueril fórmula «por la gracia de Dios rey constitucional», que entendía nada menos que reconocer en la monarquía algo consustancial con la nación, aquel matiz, repito, se ha desvanecido en el hecho, en términos de que el mismo Posada, al comparar la Constitución escrita con la real y consuetudinaria, se inclina a no encontrar ya diferencia alguna apreciable entre la de 1869 y la de 1876³.

Podemos afirmar, por tanto, que la cuestión del absolutismo ha dejado de ser cuestión; que así en la teoría como en la práctica, el régimen de la monarquía, en tanto que monarquía legítima, patrimonial y de derecho divino, y aun en tanto que monarquía constitucional, partícipe de la soberanía, ha quedado vencido y soterrado en nuestra patria, lo mismo que en Inglaterra, lo mismo que en Bélgica, lo mismo que en Italia.

Y, sin embargo, el pueblo no es más libre que antes. Enfrente de aquella declaración legal: «la nación es libre y soberana y a ella exclusivamente pertenece el derecho de instaurar sus leyes», levanta un mentís formidable el hecho, expresado en estos crudos términos por el señor Gamazo, acorde con el pensar de todos los demás políticos: «España es una nación que se halla no arriba, donde debe estar, sino debajo; explotada, y no directora; sometida, y no gobernante»⁴. Es decir, que no es verdad que la soberanía resida en la nación; que no es verdad que el régimen político de ésta sea el Parlamento, según llamamos al gobierno del país por el país. ¿Cuál es, pues, ese régimen? En Inglaterra y Bélgica, a la antigua soberanía de los reyes ha sustituido de hecho, dicen todos los tratadistas, la soberanía del pueblo: en España, no. ¿Qué es, pues, lo que la ha sustituido aquí, si es que la ha sustituido algo? Monarquía, partidos, Constitución, Administración, Cortes, son puro papel pintado con paisajes de sistema parlamentario, dice Macias Picavea⁵; a un Estado de derecho regular y perfecto, agrega Silvela, se opone en España un Estado de hecho que lo hace de todo en todo ilusorio⁶, resultando que tenemos todas las apariencias y ninguna de las realidades de un pueblo constituido según ley y orden Jurídico⁷: ¿cuál es, pues, la Constitución real de nuestro país? No nos gobierna el rey; no se gobierna a sí propia la nación; o de otro modo, la forma de gobierno no es la monarquía pura, según dicen los historiadores que fue, ni la monarquía constitucional, según dice el Almanaque de Gotha que es: ¿cuál es, pues, dejándonos de ficciones, la forma de gobierno en España?

Por los efectos, sabemos que esa forma de gobierno, sea la que fuere, no nos sienta bien y que necesitamos mudarla por otra, o dicho de otro modo, que necesitamos redimirnos de ella. Ahora bien: es sabido que, para ponerse en cura, lo primero que hace falta es conocer la enfermedad. De lo contrario, seguirá aplicándose al malestar sentido, pero no definido, específicos incongruentes: reforma de la ley electoral, expulsión de comunidades, cultivo de cuarteles, revisión constitucional, crisis ministeriales o de Gobierno, represión de la reacción, milicia nacional, himno de Riego, etc., sin hacerse cargo de que por algo han resultado ineficaces para el efecto de hacer libre al pueblo en los ochenta años que llevan de ser conocidos y experimentados; o que se dirigirán los tiros contra el poder moderador, en la creencia de ser él quien se halla sobre la nación, mientras el verdadero detentador de la soberanía del pueblo siga desconocido o inocentemente respetado, si tal vez no coadyuvado en su usurpación, sirviéndole de cava y de cultivo lo que se quiso que sirviera para desarraigarlo; ose mirará como uno de tantos accidentes ordinarios lo que es quizá forma total y como molde en que se halle vaciado el organismo entero de la nación, y como tal accidente será tratado, administrando al enfermo, en vez de revulsivos, emolientes, para que cuando por fin se caiga en la cuenta sea tarde y se haya hecho preciso amputar y sajar, con el concurso tal vez del extranjero, etc.

La primera sorpresa que nos guarda, en este respecto, la historia política de España es la absoluta ineficacia de la revolución de 1868; que hayan resultado defraudadas las esperanzas que hizo concebir; que haya sobrevivido el estado anterior a ella, haciendo preciso reponer el problema de la libertad, de la soberanía nacional y de «España con honra» al estado de sumario, tal como se hallaba en septiembre de 1868. Veamos lo que era y cómo se vivía la vida pública en nuestro país la víspera del alzamiento de Cádiz.

Cada región y cada provincia se hallaba dominada por un particular irresponsable, diputado o no, vulgarmente apodado en esta relación cacique, sin cuya voluntad o beneplácito no se movía una hoja de papel, no se despachaba un expediente, ni se pronunciaba un fallo, ni se declaraba una exención, ni se nombraba un juez, ni se trasladaba un empleado, ni se acometía una obra; para él no había ley de quintas, ni ley de aguas, ni ley de caza, ni ley municipal, ni ley de contabilidad, ni leyes de enjuiciamiento, ni ley electoral, ni Instrucción de consumos, ni leyes fiscales, ni reglamentos de la Guardia Civil, ni Constitución política del Estado: Juzgados, Audiencias, gobernadores civiles, Diputaciones Provinciales, Administración central, eran un instrumento suyo, ni más ni menos que si hubiesen sido creados sólo para servirle. No había que preguntar si teníais razón, si la ley estaba de vuestra parte, para saber cómo se fallaría el pleito, cómo se resolvería el expediente: había que preguntar si le era indiferente al cacique, y por tanto se mantenía neutral, o si estaba con vosotros o contra vosotros. Era declarado exento del servicio militar quien él quería que lo fuese, por precio o sin él; se extraviaban los expedientes y las cartas que él quería se extraviasen; se hacía justicia cuando él tenía interés en que se hiciera, y se fallaba a sabiendas contra ley cuando no tenía razón aquel a quien él quería favorecer; se encarcelaba a quien él tenía por bien, siquiera fuese el más inocente; a quien quería librar de la cárcel, lo libraba, sacándolo sin fianza, aunque se tratase de un criminal; se imponían multas si era su voluntad que se impusieran, hubiese o no motivo; se repartían los tributos no según regla de proporción y conforme a las instrucciones de Hacienda, sino conforme a su conveniencia y a la de su clientela, o a la fuerza que trataba de hacer a los neutrales, o al castigo que quería imponerles por su desprecio o por su entereza; a quien quería mal o no se sometía, hacía pagar doble; las alzadas no tenían curso o sucumbían en el carpetazo; las carreteras iban no por donde las trazaban los ingenieros, sino por donde caían sus fincas, sus pueblos o sus caseríos; los montes del Estado que habían de comprar ellos o sus protegidos tenían la cabida que ellos fijaban, y se anulaban las compras de los contrarios; se aprobaban las cuentas que él recomendaba, y por otras iguales se multaba o se encausaba a un Ayuntamiento, porque no era de su parcialidad o de su agrado; era diputado provincial, alcalde o regidor aquel a quien él designaba o recibía para instrumento de sus vanidades, de sus medros o de sus venganzas, dándoles en cambio carta blanca o cubriéndoles para que hiciesen impunemente de la hacienda comunal y del derecho de sus convecinos lo que les pareciese. Tenía demarcado por los jerarcas supremos su feudo, el cual abarcaba ora una región, ora una provincia, o bien uno o más distritos dentro de ella; y él a su vez teníalo dividido en marcas y subfeudos por valles, serranías o localidades, en cada uno de los cuales imperaba omnímodamente un cacique de categoría inferior, especie de alcaide suyo, el cual además obraba por cuenta propia; formando en su vasto conjunto una red tupida que tenía cogido debajo a todo el país.

Llegó septiembre de 1868; ocurrió el alzamiento del día 29, tan sonado; surgieron por todas partes Juntas Revolucionarias; vibraron los himnos patrióticos; proclamóse la soberanía nacional, y en medio del mayor entusiasmo, una Constitución democrática fue promulgada. Pues lo mismo que si no hubieseis promulgado nada. Se habló de obstáculos tradicionales, y el trono del monarca fue derribado; pero el verdadero obstáculo tradicional, el trono del cacique, quedó incólume, y todo aquel aparato teatral: manifiesto de Cádiz, Juntas Revolucionarias, destronamiento de la reina, Constitución democrática, soberanía nacional, no pasó de la categoría de pirotecnia; la graduamos de revolución, y no fue más sino un simulacro de revolución. Todo aquel estado de corrupción y de servidumbre, trasunto de las naciones decadentes de Asia, que acabo borrosamente de bosquejar, subsiste íntegro treinta y dos años después, salvo haberse agravado con la hipocresía de la soberanía nacional y el sufragio universal, escarnio e inri de la España crucificada. Lo mismo que entonces, la nación sigue viviendo sin leyes, sin garantías, sin Tribunales, sujeta al mismo degradante yugo de aquel feudalismo inorgánico que mantiene a España separada de Europa por toda la distancia de una edad histórica. Se decretó una ley municipal que, en la letra, satisface casi todo el programa del más exigente descentralizador, llegando poco menos que a las fronteras de la autonomía; pero enfrente de ella, el Ministerio de la Gobernación ha ido formando una jurisprudencia que pone las municipalidades a los pies del gobernador civil, para que el gobernador civil las entregue atadas de pies y manos al cacique, a cambio de los votos necesarios para fabricar las mayorías parlamentarias en que los pocos centenares de políticos tienen que ampararse para dominar el país. Pues eso que ha sucedido con la ley municipal, ha sucedido con todas las demás: no rige ninguna sino en tanto que el cacique quiere que rija; conque el español vive a merced del acaso, pendiente de la arbitrariedad de una minoría corrompida y corruptora, sin honor, sin cristianismo, sin humanidad, infinitamente peor que en los peores tiempos de la Roma pagana. En Europa desapareció hace ya mucho tiempo: si algún rastro queda aquí o allá, es un mero accidente. En España, no: forma un vasto sistema de gobierno, organizado a modo de una masonería por regiones, por provincias, por cantones y municipios, con sus turnos y sus jerarquías, sin que los llamados Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Alcaldías, Gobiernos Civiles, Audiencias, Juzgados, Ministerios, sean más que una sombra y como proyección exterior del verdadero Gobierno, que es ese otro subterráneo, instrumento y resultante suya, y no digo que también su editor responsable, porque de las fechorías criminales de unos y de otros no responde nadie. Es como la superposición de dos Estados, uno legal, otro consuetudinario: máquina perfecta el primero, regimentada por leyes admirables, pero que no funciona; dinamismo anárquico el segundo, en que libertad y justicia son privilegio de los malos, donde el hombre recto, como no claudique y se manche, sucumbe.

Fue la «libertad» bandera de la España nueva por espacio de más de medio siglo: ni ciencia, ni agricultura, ni escuelas, ni canales, ni legislación social, ni autonomía antillana, ni expansión colonial por África; en nada de esto se pensó: no alentó en ella otro ideal que la libertad; dos generaciones se pasaron la vida gritando ¡viva la libertad! y tarareando el himno de Riego, en la calle cuando la dejaban, en el cenáculo cuando la reprimían, y a ese grito sacrificó sangre, caudales y vida en guerras civiles, revoluciones y pronunciamientos. Luego que la vieron, después del 29 de septiembre, asaltar tumultuosamente la Gaceta, vestida con traje de ley, de decreto, de Constitución, de sufragio, de Parlamento, nos dimos por pagados y satisfechos, y el grito aquel fue mandado recoger, persuadidos de que había quedado sin objeto, de que España había entrado por fin en el concierto de los pueblos libres y propiamente europeos. De esa convicción hemos estado viviendo treinta y dos años. Difícilmente la psicología de las muchedumbres podría señalar en la historia un caso de autosugestión más asombroso que éste. Sentíamos la opresión, tocábamos sus frutos en las oficinas, en los Tribunales, en las Corporaciones, en los colegios electorales, en las cárceles, pero no atinábamos con la causa, limitándonos a extrañarnos de que las cosas siguieran lo mismo después que la libertad se había hecho carne por los constituyentes en los grandes días, como decíamos, de la revolución. Ahí estaba cabalmente el error: las cosas seguían como antes porque la libertad se había hecho papel, sí, pero no se había hecho carne. No vimos, no vieron aquellos revolucionarios de aprensión, que no bastaba crear un estado legal si no se aseguraba su cumplimiento, y que para asegurar ese cumplimiento, tratándose de un pueblo menor de edad, hacía falta, mientras tal incapacidad durase, un estado de represión paralelo de aquél y constitutivo de una verdadera tutela. La libertad era cosa nueva, pero el cacique no, preexistía al grito de Cádiz, y cacique y libertad eran incompatibles; para que ésta viviese, tenía que morir aquél. Por consiguiente, no bastaba gritar ¡viva la libertad!, había que añadir ¡abajo el cacique!; como no le bastaría al pastor afirmar abstractamente la vida de su rebaño si no hacía cuenta con el lobo y no se cuidaba de ahuyentarlo o de destruirlo con algo más que con ensalmos de vieja u oraciones a San Antonio, que vienen a ser a la ganadería lo que las leyes de papel a la política y a la administración. Pero esto no se vio entonces; estábamos aún en el período mítico y edénico del progresismo, y se tenía una fe ciega en la virtud del papel impreso, en la eficacia de la Gaceta; no veíamos en la libertad una cosa dinámica: la libertad era un mecanismo, el sí de una mayoría parlamentaria, un artículo de la Constitución. De ahí la facilidad con que el caciquismo la escamoteó no bien hubo salido al aire libre con su vestidito blanco, hecho de papel timbrado, y sus ruedecitas dentro, que la hacían andar como si fuese una cosa viva. Los viejos progresistas colgaron el morrión de los días heroicos, sin percatarse de que en él se quedaba todo el espíritu, de que no había salido, de que allí dentro se quedaba su ídolo, su dios, la libertad, de la cual sólo la cáscara, sólo la camisa, sólo la apariencia externa, había pasado a la Gaceta; semejante a lo que sucede en los cuentos de hadas a aquella princesa encantada a quien un Merlín vengativo transformó en paloma, la cual vuela incesantemente en torno del castillo, dejándose coger y acariciar todas las tardes de los señores de él, bien ajenos de sospechar que en aquella avecilla doliente que lanza sus tristes arrullos por almenas y fosos está su hija, tan llorada, y que todo el secreto consiste en un alfiler que le clavó en la cabeza el cruel encantador por cuenta de un príncipe desdeñado; hasta que al cabo de años el secreto se descubre, y le arrancan a la paloma el alfiler, y al punto, disipado el hechizo, la paloma se transfigura, reapareciendo la princesa más hermosa que nunca, y el castillo arde en fiestas y en torneos y en luminarias... como arderá en fiestas España el día que se arranque al morrión de Sagasta el alfiler, que es el cacique, y aparezca, batiendo sus alas de cielo, derramando alegría, vida y abundancia, la santa, la verdadera libertad que quedó allí encantada y que no hemos conocido todavía.

Con un estado social como el que hemos visto, era imposible que en España hubiera partidos políticos, según lo que en Europa se entiende por partidos y el concepto que de ellos da la ciencia política; imposible, por tanto, que se aclimatara entre nosotros el régimen parlamentario, el gobierno del país por el país⁸. El señor Maura da por sentado que los hubo y que no quedan ya sino girones de ellos, habiendo sido sustituidos por oligarquías de personajes sin ninguna raíz en la opinión ni más fuerza que la puramente material que les comunica la posesión de la Gaceta⁹. Yo tengo para mí que eso que complacientemente hemos llamado y seguimos llamando «partidos», no son sino facciones, banderías o parcialidades de carácter marcadamente personal, caricaturas de partidos formadas mecánicamente, a semejanza de aquellas otras que se constituían en la Edad Media y en la corte de los reyes absolutos, sin más fin que la conquista del mando, y en las cuales la reforma política y social no entra de hecho, aunque otra cosa aparente, más que como un accidente, o como un adorno, como insignia para distinguirse o como pretexto para justificar la pluralidad. Ahora, aun el pretexto ha desaparecido, quedando reducidos a meras agrupaciones inorgánicas, sin espíritu, sin programa, sin eso que les daba semblante de cosa moderna y europea, reducidos al concepto personal y oligárquico denunciado por Maura, pudiendo por tanto aplicarse a la morfología del Estado español la siguiente definición que Azcárate da del caciquismo: «Feudalismo de un nuevo género, cien veces más repugnante que el feudalismo guerrero de la Edad Media, y por virtud del cual se esconde bajo el ropaje del Gobierno representativo una oligarquía mezquina, hipócrita y bastarda...» y la contradicción que señala «entre la teoría y la práctica, puesto que aquélla proclama que el régimen parlamentario tiene por fin el gobierno del país por el país, y luego ésta pone de manifiesto que la suerte de un pueblo está pendiente de la voluntad del jefe de una parcialidad política, o cuando más, de una oligarquía de notables»¹⁰. Salillas, Macías Picavea y Torre Hermosa afirman ya resueltamente que la oligarquía es nuestra única constitución política, sin que exista otra verdadera organización que ella¹¹.

Efectivamente, con ser tan simplicistas la clasificación y las definiciones de Aristóteles, se adaptan perfectamente a nuestro estado político actual. Define el gran filósofo griego la oligarquía por relación a la aristocracia, como la demagogia por relación a la democracia y la tiranía por relación al reinado o monarquía. Aristocracia (dice) es el gobierno ejercido por una minoría, y se la denomina así, porque el poder se halla en manos de los hombres de bien, ya porque su objeto no es otro que el mayor bien del Estado y de los asociados. La desviación o degeneración de esta forma de gobierno (añade) es la oligarquía, la cual no tiene otro fin que el interés personal de la minoría misma gobernante¹². La aristocracia, entendida así, a la manera aristotélica, sería legítima en nuestro país; más aún, siéntese vivamente la necesidad de ella: es el «patriciado natural» de que habla el señor Sánchez de Toca¹³, y que Pereda nos ha representado en acción en su novela Peñas arriba. Por desgracia, aunque el Don Celso, señor de la casona de Tablanca, no es del todo creación ideal del insigne literato montañés, para el caso es lo mismo que si lo fuese, porque el tipo del patriciado español no lo constituye, desgraciadamente, la familia de los Cuesta de Tudanca, modelo romancesco de Pereda, sino el pervertido Gustito o Augustito de la novela de Queral La ley del embudo, o el Brevas de la de Nogales Mariquita León, tomados asimismo de la realidad.

En conclusión: no es la forma de gobierno en España la misma que impera en Europa, aunque un día lo haya pretendido la Gaceta: nuestro atraso en este respecto no es menos que en ciencia y cultura, que en industria, que en agricultura, que en milicia, que en Administración pública. No es (y sobre esto me atrevo a solicitar especialmente la atención del auditorio), no es nuestra forma de gobierno un régimen parlamentario, viciado por corruptelas y abusos, según es uso entender, sino al contrario, un régimen oligárquico, servido, que no moderado, por instituciones aparentemente parlamentarias. O dicho de otro modo: no es el régimen parlamentario la regla, y excepción de ella los vicios y las corruptelas denunciadas en la prensa y en el Parlamento mismo durante sesenta años: al revés, eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, son la misma regla. En el fondo, parece que es igual, y, sin embargo, el haberse planteado el problema en una forma invertida, tomando como punto de mira y de referencia no la realidad, sino la Gaceta, lo imaginado, no lo vivido, conforme procedía, ha influido desfavorablemente en nuestra conducta, en la conducta de los tratadistas, de los propagandistas, de la opinión, siendo causa de que nuestro atraso en este orden no nos haya parecido tan africano ni nos haya preocupado lo que nos debía preocupar, de que no hayamos cobrado todo el horror que le debíamos al régimen execrable, infamante y embrutecedor que conducía a la nación, en desbocada carrera, al deshonor y a la muerte.

El definir a España de este modo, por lo que es, y no por las engañosas ficciones de la Gaceta, ofrece una doble ventaja.

Nos enseña, en primer lugar, que el problema de la libertad, que el problema de la reforma política, no es el problema ordinario de un régimen ya existente, falseado en la práctica, pero susceptible de sanearse con depurativos igualmente ordinarios, sino que es, de hecho y positivamente, todo un problema constitucional, de cambio de forma de gobierno; que se trata nada menos que de una revisión del movimiento revolucionario de 1868; y más aún: de la revolución misma de todo el siglo XIX, repuesta al estado de problema.

Nos enseña, en segundo lugar, que mientras esa revolución no se haga, que mientras soportemos la actual forma de gobierno, será inútil que tomemos las leyes en serio, buscando en ellas garantía o defensa para el derecho, y por tanto, que podemos excusamos pérdidas de energía, de paz moral y de caudales, fiando el triunfo de la razón a los procedimientos que diríamos consuetudinarios, propios del régimen personal y oligárquico, no a los de la ley, o abandonando voluntariamente el derecho objeto de contención, o dando una organización a la vis privata para defenderlos.

Yo he tenido, desgraciadamente, que entrar mucho, por razón de oficio, en Tribunales y oficinas: no diré que por virtud, por genialidad o por carácter, he marchado siempre solo, sin la recomendación del cacique; y puedo decir que no se me ha dado una sola vez la razón, que no se me ha cumplido una sola vez el derecho, sea en Ministerios, sea en Diputaciones, ora en Audiencias de lo Criminal o Territoriales, ora en Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia, como el cacique tuviese interés contrario o lo tuviese alguno de sus instrumentos o protegidos, que ha sido casi siempre¹⁴. ¿Cuánto mejor no fuera que la enseñanza hubiese sido viva y sincera, que en la Universidad me hubiesen enseñado, aun en el Instituto y en la escuela primaria, que el régimen político y administrativo de la nación era ése, que la forma verdadera del Estado era ésa, que los procedimientos legales eran tales y cuáles, pero los vigentes tales y cuáles otros, a fin de que no perdiera tiempo en seguir expedientes y juicios ni se lo hiciera perder a tantos llamados funcionarios del Estado? En una ocasión tenía yo un expediente personal en Gracia y Justicia: habíanse puesto enfrente, favoreciendo al contrario, a sabiendas de que no le asistía la ley, por miedo de que abriesen los ojos a la luz los súbditos de su feudo, un senador y un diputado de mi país; y el subsecretario del Ministerio, hablando en confianza, me decía: «No se mate usted, señor Costa; si quiere alcanzar justicia, hágase diputado: En España no son personas sui juris, no somos hombres libres, no gozamos la plenitud de la capacidad jurídica más que los diputados a Cortes, los senadores y los directores de los periódicos de gran circulación; en junto, escasamente un millar de individuos en toda España: los demás (gobiernen los conservadores o gobiernen los liberales, es igual) son personas jurídicamente incompletas, viviendo a merced de ese millar o de sus hechuras.»

Ahí tenéis, señores, eso que pomposamente llamamos «España democrática»; a esa criatura de nación hemos estado llamando estúpidamente patria española. El funcionario a quien me refiero, pieza integrante del sistema, definió admirablemente en aquellas pocas palabras el régimen político de la nación: a un lado, un millar de privilegiados que acaparan todo el derecho, que gobiernan en vista de su interés personal, confabulados y organizados para la dominación y la explotación del país, siendo más que personas sui juris; a otro lado, el país, los dieciocho millones de avasallados, que viven aún en plena Edad Media, para quienes no ha centelleado todavía la revolución ni proclamado el santo principio de la igualdad de todos los hombres ante el derecho. Régimen de pura arbitrariedad, en que no queda lugar para la ley: acracia, si se mira desde el punto de vista de la nación; cesarismo, si se mira desde el punto de vista de los imperantes; sin normas objetivas de derecho que amparen a la primera o cohíban a los segundos. Quod oligarchae placuit, legis habet vigorem.

Con esto llegamos como por la mano a determinar los factores que integran esta forma de gobierno y la posición que cada uno ocupa respecto de los demás.

Esos componentes exteriores son tres: 1.º Los oligarcas (los llamados primates) prohombres o notables de cada bando, que forman su «plana mayor», residentes ordinariamente en el centro. 2.º Los caciques, de primero, segundo o ulterior grado, diseminados por el territorio. 3.º El gobernador civil, que les sirve de órgano de comunicación y de instrumento. A esto se reduce fundamentalmente todo el artificio bajo cuya pesadumbre gime rendida y postrada la nación.

Oligarcas y caciques constituyen lo que solemos denominar clase directora o gobernante, distribuida o encasillada en «partidos». Pero aunque se lo llamemos, no lo es: si lo fuese, formaría parte integrante de la nación, sería orgánica representación de ella, y no es sino un cuerpo extraño, como pudiera serlo una facción de extranjeros apoderados por la fuerza de Ministerios, Capitanías, telégrafos, ferrocarriles, baterías y fortalezas para imponer tributos y cobrarlos. No habla el señor Gamazo de una clase avasallada por otra clase gobernante; habla de una nación que en vez de hallarse en la cima, donde debiera estar, se halla debajo de los partidos. Si aquellos bandos o facciones hubiesen formado parte de la nación, habrían gobernado para ella, no exclusivamente para sí; habrían cumplido por su parte los deberes que ellos imponían a la nación, y serían efectivamente una clase en relación a otras clases, componente con ellas de la colectividad nacional. Pero ya sabemos que, desgraciadamente, no ha sido así. Cuando en 1896 regresó de Cuba el general Martínez Campos, terminó su discurso del Senado, el día 1 de julio, dirigiendo un recuerdo (son palabras textuales suyas) «a aquellos valientes soldados que están sufriendo en la Antilla toda clase de privaciones, que no van a ganar nada, más que la paz de España, y cuyas madres se desprenden de ellos por puro patriotismo...» ¿Lo habéis oído bien, señores? «Cuyas madres se desprenden de ellos por puro patriotismo...» Pero daba la casualidad que sólo las madres de las clases populares habían dado tales señales de patriotismo desprendiéndose de sus hijos por el honor y por la paz de España; que la clase llamada gobernante había echado la llave a las Cortes el día en que iba a discutirse el servicio militar obligatorio, y se había guardado los hijos en casa, sin mandar a la guerra ni una mala compañía de rough-riders por honor siquiera de la clase, ya que no fuese por amor a lo que, profanándola, denominaba patria. ¿Cómo hemos de complicar el concepto de nación con tales hombres y admitir que formen orgánicamente parte de ella como una de tantas clases sociales? El señor Labra ha observado, si no en la sociedad española, sobre el suelo de la Península, dos grupos de hombres: «uno, que, tranquilo y disfrutando de las comodidades de un hogar bien dispuesto y acondicionado, decreta la guerra, y otro, que la sostiene a miles de leguas de su familia y en medio de toda suerte de privaciones»¹⁵: ¿por dónde llamaríamos porción integrante de la nación y clase directora a esos que decretan valientemente la guerra y obligan a aquellos a quienes no permitieron votar a que vayan a la manigua, quedándose ellos en casa? Igual observación que el señor Labra ha hecho don Francisco Silvela. En las elecciones, dice, no es el pueblo, sino las clases conservadoras y gobernantes, quienes falsifican el sufragio y corrompen el sistema, abusando de su posición, de su riqueza, de los resortes de la autoridad y del poder que, para dirigir desde él a las masas, les había sido entregado: en los conflictos exteriores, añade, en la defensa del honor y del territorio nacional, como en el cumplimiento de los demás deberes, el pueblo se ha excedido siempre, haciendo más de aquello a que tenía obligación, mientras las clases directoras y gobernantes desertaban su puesto, siéndoles ahora preciso redimir su culpa, rehabilitarse, mediante una conducta enteramente diferente de la observada antes¹⁶. Esas clases que, según el señor Silvela, se han excedido en el cumplimiento de sus deberes para con la patria, son toda la nación, y no hay más nación que ellas: las supuestas clases directoras y gobernantes son oligarquía pura, facción forastera, que ha hecho de España campo de batalla y de explotación, atenta no más que a su provecho y a su vanagloria. A principios de siglo, hace noventa años, sucedió una cosa igual; que los magnates y señores jurisdiccionales se habían alejado prudentemente del teatro de la guerra, retirándose a las Baleares, a Gibraltar, a Ceuta y a otros lugares, y cediendo todo entero al pueblo el honor de rescatar y restituir a la patria su personalidad y su soberanía; y hubo en las Cortes de 1821 un diputado, el valenciano Ciscar, que sugirió el derecho del pueblo no sólo a privar a tales señores de sus señoríos, sino que también a extrañarlos a perpetuidad del suelo de la patria¹⁷.

Analicemos ahora moralmente los tres factores personales que integran el sistema, según hemos visto: caciques, oligarcas, gobernador, y tendremos la comprobación de que, significando aristocracia el gobierno del país por una minoría, pero minoría de los mejores, la forma de gobierno en España es lo contrario, el gobierno del país por una minoría también, pero minoría de los peores, según una selección al revés. Sería preciso que siquiera estas páginas, que yo no he escrito, que no hago sino copiar, las leyesen y meditasen todos los españoles, para ver si por fin nos salían a la cara los colores de la vergüenza, y nos decidíamos a sacudir ese baldón, ejemplar único en el mundo, pues aun China, el Annam, Persia y Turquía sostendrían ventajosamente la comparación.

El señor Sánchez de Toca, que ha hecho del caciquismo materia especial de estudio desde el Ministerio de la Gobernación, observa cómo las personas dignas y de recta y honrada conciencia repugnan entrar a la parte en las prácticas y en los provechos del sistema, como caciques, dejando libre el campo a los hombres sin conciencia, capaces de convertirse en agentes de violencia, tiranía y corrupción¹⁸; y el señor Moreno Rodríguez, ex ministro de Gracia y Justicia, nos ha hecho ver cómo «los que antaño perseguía la Guardia Civil, forman hoy la guardia de las autoridades», pintándonos con hechos personales un estado social propio de una tribu de eunucos sojuzgados por una cuadrilla de salteadores¹⁹. El malogrado Macías Picavea, que es, a mi juicio, quien con más lucidez ha diagnosticado el morbo español y acertádole el tratamiento, nos representa a los oligarcas reclutando su clientela entre lo más ruin y bestial del país, y lejos de la grey parasitaria, anulados y desarmados para todo, a los que moral o intelectualmente valen algo, a cuantos sienten en su alma una chispa de intelectualidad, o se hallan dotados de una conciencia recta y una voluntad digna²⁰. El señor Romera (don Elías), que ha profundizado en las entrañas de la vida local, como diputado provincial que ha sido durante muchos años, encuentra que los cargos concejiles no los desempeñan las personas de más ilustración, de más respetabilidad, de más valía por su posición social, por su sensatez, integridad y espíritu de justicia, quienes se mantienen alejados de las Corporaciones locales por no mancharse, sino los vividores, serviles, sin escrúpulos, que en los oficios de república no ven más sino una granjería²¹. Zugasti, el famoso gobernador de Córdoba, mandado allí con la misión especial de extirpar el bandolerismo, nos representa a ciertos caciques a modo de jefes de banda, en quienes la propiedad, la honra y la seguridad personal estaban en continuo peligro²², y recoge los lamentos del jefe provincial de la Guardia Civil, angustiado y desesperado al encontrarse conque los alcaldes, los secretarios y las personas que pasan por influyentes en muchos pueblos son precisamente aquellos mismos que la Benemérita tenía antes apuntados como sospechosos²³. «Cuatro rateros con sombrero de copa y cuatro matones: ésta suele ser la plana mayor de un partido», dice (con referencia a las localidades) un distinguido letrado y hacendado de Almería, el señor Espinosa²⁴. «La mayor parte de los caciques, antes de ascender a tales, han estado en la cárcel lo en presidio; y de allí los sacó la política, dice un periódico, los que no han estado en presidio no ha sido por falta de méritos, sino porque las influencias los han librado²⁵». Más templado en la expresión, el periódico El Imparcial no es menos terminante y enérgico en el fondo: «Es necesario, dice, poner mano en esto y romper esa vinculación de poderes, por la que resulta que una sola persona, ajena a todo cargo oficial, y libre, por tanto, de toda responsabilidad, constituye una magistratura anónima, pero omnipotente y práctica, un despotismo peor cien veces que el de los reyes absolutos, porque teniendo por suyos al recaudador de impuestos, al alcalde y al juez, la hacienda, el honor y hasta la vida de los hombres honrados están a merced de ese gran especulador de la política que se llama el cacique, cuyo poder para lo malo es tal, que a veces consigue acabar con la prosperidad y la riqueza de toda una región, paralizando las obras convenientes a su progreso, por emplear, si viene al caso, los recursos destinados a ellas en una carretera que pase por la puerta de su casa²⁶». «La Administración municipal, dice el señor Isern, es, en mano de los caciques y sus representantes, profundamente inmoral en el 80 por 100 de los casos; pero de estas inmoralidades, que se traducen en familias enteras que no pagan o que apenas pagan impuestos y contribuciones, en alcaldes y concejales que, sin oficio ni beneficio, viven magníficamente a costa del común, en políticos que por amparar a esas familias y a esos alcaldes perciben subvenciones más o menos considerables, de esas inmoralidades, repito, sólo se enteran las autoridades provinciales y Tribunales y Juzgados en vísperas de elecciones, y únicamente las persiguen cuando los autores se empeñan por una u otra causa en contrariar las miras del Ministerio, ya no dando anticipadamente al gobernador las actas firmadas y en blanco para ser llevadas el día de la elección con el número de votos que convenga adjudicar al candidato 'encasillado' como se dice²⁷...» «Analícese, observa el conde de Romanones, todo lo que se llama males de nuestra Administración pública, todo lo que atrofia la acción de la función parlamentaria, todos los vicios que quitan eficacia al ejercicio del sufragio, aquello que desprestigia la justicia; y en el fondo de todo este conjunto de males, que forman la atmósfera de nuestra vida política, se ven flotar miríadas de esos seres que el lenguaje familiar llama caciques y que, a semejanza de los microbios que producen las fiebres palúdicas, hacen inhabitables las zonas donde se agitan²⁸» «Hay, agrega el señor Mallada, caciques de aldea, sean o no licenciados de presidio, que tiranizan como les place a los convecinos, siempre que guarden las formas legales, para lo cual todos son maestros²⁹» «Mientras no se corte de raíz esa planta maldita, dice el señor Nieto, y el pobre lugareño siga siendo explotado como una bestia, y víctima el desvalido de todo género de injusticias, humillaciones y vejámenes por parte de los seres más abyectos, fuertes con la protección del centro, las personas cultas y decentes seguirán huyendo de vivir en tales lugares, y. serán inútiles cuantos esfuerzos se hagan desde arriba para difundir la cultura, el bienestar y la riqueza, porque lo secará y esterilizará todo la ponzoña del caciquismo³⁰».

Ahí tienen ustedes retratado de cuerpo entero al cacique, el verdadero amo de España, la rueda catalina de su Constitución: ¿exageraba Azcárate al definir el caciquismo como «un feudalismo de nuevo género, cien veces más repugnante que el feudalismo guerrero de la Edad Media?»

Pues ahora, vamos a ver la cabeza, lo que completa con el cuerpo de caciques las llamadas clases directoras y gobernantes; vamos a ver a los «notables», a los oligarcas, la plana mayor de esas mismas clases, domiciliada en este vasto Saladero político de Madrid.

La transición no puede ser más obvia. En colectividades tan extensas y tan complicadas como son, por punto general, las nacionalidades modernas, el régimen oligárquico supone necesariamente grados, correspondientes a los distintos círculos que se señalan en el organismo del Estado: regiones, provincias, partidos o cantones, valles, planas y serranías, ciudades, villas y lugares; y para subsistir, le es precisa una representación central que los trabe y concierte entre sí y les afiance el concurso de la fuerza social. El prohombre u oligarca no es más que el remate de esa organización, el último grado de esa jerarquía. Y es claro que para que el sistema funcione con regularidad y responda a su fin (la apropiación y monopolio de todas las ventajas sociales) es condición precisa que todas las piezas que entran a la parte se muevan armónicamente, inspiradas en un común espíritu, que aprecien de idéntico modo los medios, como aprecian de idéntica manera los fines, y, por tanto, que sea una misma en todos su naturaleza moral, no siendo posible en absoluto establecer una línea divisoria como entre cabeza y manos o instrumento, y menos para diputar las que serían cabezas por honradas donde los que serían instrumentos pasan plaza de malhechores³¹.

Hace pocas semanas, un sesudo diario de la Corte, El Español, abundando en la tesis que acabamos de ver acreditada por tantas y tan calificadas autoridades, registraba en un editorial esta precisa observación: «Personajes y ministros que no darían la mano a algunos individuos, que no los admitirían a su mesa ni en su casa, que si los hallaran en despoblado se llevarían instintivamente las manos al bolsillo, no tienen inconveniente en entregarles una o muchas municipalidades, una Comisión provincial o una Diputación entera³²» El hecho es rigurosamente exacto; lo que no se me alcanza a mí es por qué los personajes y ministros aludidos no habían de dar la mano y alojar en su casa a los tales sujetos; y no se me alcanza esto, porque para mí, lo mismo que para Cánovas del Castillo hace cuarenta años, el personaje en cuestión asume tanta culpa, es tan execrable sujeto, tan digno de desprecio y tan necesitado de corrección, su condición moral es tan inferior como la del pobre diablo, cliente de la Guardia Civil, a quien ha dado bula pasaporte para robar y oprimir, y no debería ser declarado menos que él enemigo público.

Ya ustedes conocen el caso de Verres y de su formidable acusador, Cicerón, en el siglo I de nuestra Era. Con referencia a una de las concusiones del famoso procónsul de Sicilia, ejecutada por intermedio de Volcatio contra Sosippo y Epicrates en la ciudad de Argyra, se alegó como descargo que no había sido él, que no había sido Verres quien percibiera los 400.000 sestercios (unos 20.000 duros) del cohecho. Y Cicerón replicaba: «Sí; porque a Volcatio, sin la autoridad de Verres, nadie le habría dado ni un ochavo; lo que Volcatio ha percibido, lo ha percibido Verres. Yo acuso a éste de haber ingresado en su fortuna privada, con mengua de las leyes, 40 millones de sestercios: admito que ni una sola moneda haya pasado por las manos del acusado; pero cuando en precio de tus decretos, de tus bandos, de tus sentencias, se daba dinero, yo no tengo que saber quiénes eran los que lo recibían, sino por quién era exigido. Tus manos, Verres, eran esos compañeros por ti nombrados; tus manos eran tus prefectos, tus escribas, tus médicos, tus alguaciles, tus arúspices, tus precones, toda esa pandilla de gentes tuyas, que ha hecho más daño a Sicilia que cien cohortes de esclavos fugitivos; ésas han sido tus manos. Todo lo que cada uno de ellos ha tomado, no sólo te ha sido dado a ti, sino que lo has recibido, y contado, y pasado a su poder. Si admitiésemos lo contrario, se habrían suprimido de una vez y para siempre los procesos por cohecho³³»

En 1859, el Congreso de los Diputados declaró haber lugar a exigir la responsabilidad al ministro que había sido de Fomento, don Agustín Esteban Collantes, por motivo de la contrata ajustada seis años antes, entre el director de Obras Públicas, don José María Mora, y un señor Luque, para el acopio de 130.000 cargos de piedra con destino a la reparación de las carreteras de la provincia de Madrid; y para que sostuviese la acusación ante el Senado, constituido en Tribunal de Justicia, nombró una Comisión, de la cual formaban parte Romero Ortiz y Cánovas del Castillo. En el curso del juicio, el ex ministro alegó en descargo suyo, entre otras cosas, que él no se había lucrado de las resultas del delito. Cánovas entonces, con feliz oportunidad, exhumó los argumentos del orador romano y los injirió en su grandilocuente oración, fulminando con ellos al procesado y sacando por conclusión que para la moralidad del país y la ordenada marcha de la Administración, era aquél responsable del crimen perpetrado, lo mismo si había obrado con intención como si no había mediado más que negligencia³⁴. Y pasaron treinta y seis años: era Cánovas jefe del Gobierno; acababan de ocurrir sucesos, materia del Yo acuso de Cabriñana, y en aquel memorable día de 9 de diciembre (1895), en que tuvo lugar en Madrid la manifestación de los 80.000, los adversarios del estadista conservador desenterraron su terrible acusación de 1859, arguyéronle con sus propios razonamientos a lo Cicerón, hiciéronle trocar el antiguo papel de acusador por el de acusado, y no halló manera de salvarse sino arrojando a los acusadores carne de Ministerio, llevando a cabo una crisis, demasiado fresca todavía para que pueda ser recordada en este sitio.

Nada, pues, tengo que decir de los primates u oligarcas: ellos se lo han dicho todo; ellos han dicho que lo que hace el cacique, que lo que hacen sus hechuras y sus instrumentos, lo hace el personaje mismo o ministro que lo ha promovido o consentido y aprovechado. Esto, sin contar con lo suyo personal, ni más honesto ni menos abominable³⁵. Deduje de aquí, con Cánovas, que en las fechorías, inmoralidades y crímenes que forman el tejido de la vida política de nuestro país, el oligarca es tan autor como el cacique, como el funcionario, como el alcalde, como el agente, como el juez, e igualmente culpable que ellos; pero no he dicho bien: esa culpa es infinitamente mayor, y sería si acaso (volviendo a la sentencia de El Español), sería, si acaso, el instrumento o el cacique quien tendría moralmente razón para negar el saludo al personaje o al ministro que fríamente y a malsalva armó su brazo, haciendo de él un criminal cuando pudo y debió hacer de él un ciudadano. Más culpable, sí: primero, por causa de su educación, ordinariamente superior a la del cacique y a la de sus agentes; segundo, a causa de su posición económica, que les tiene sustraídos por punto general (como no, por punto general, al cacique ni a sus instrumentos) a los estímulos y solicitaciones de la necesidad; tercero, por ser también mayor su deuda con el pueblo, por hallarse más obligados a restitución con la nación, sobre cuyas espaldas se han encaramado, de cuya sangre han vivido, cuyo patrimonio han malbaratado, cuyo derecho han tenido cobarde y criminalmente en secuestro y a quien con su abandono, con su falta de estudio, y sus rutinas mentales, y su torpe ambición, y sus egoísmos, han causado tantas aflicciones y acortado tanto la vida, hecha un reguero de lágrimas, haciéndole maldecir a la sociedad y dudar de la Providencia, en términos de que no les bastaría toda una vida de expiación y de sacrificio para compensarle el daño que le han hecho, para restituirle el bien que le han quitado.

Hasta aquí los dos componentes fundamentales del régimen oligárquico, extraños a la nación y contrapuestos a ella: los prohombres, oligarcas de primer grado; y los que en la jerarquía feudal ocupan grados inferiores, bien que no menos fundamentales y sustantivos, y a que solemos apellidar más determinadamente caciques, de mayor y de menor cuantía, locales, cantonales, provinciales y regionales.

La nota común que caracteriza a ambos grupos no puede ser más alarmante y desconsoladora para quienes todavía sueñan con una reintegración de España a la historia de la humanidad. Un ilustre filósofo y sociólogo francés, Alfredo Fouillée, en su reciente estudio sobre «El pueblo español», atribuye nuestra decadencia desde el siglo XVI, en primer término, a aquella sangría suelta copiosísima representada por el exceso de conventos, la conquista de América y el Santo Oficio, que alejaron de la Península, o eliminaron de la vida, o confinaron y apartaron de los combates por la existencia, a los mejores, a los entendimientos más reflexivos, independientes y robustos, las voluntades más enérgicas y mejor dotadas de idealidad y de iniciativa, las conciencias más inflexibles y de más alta moralidad, los elementos más generosos y nobles de la raza, toda esa «aristocracia natural» que podría hereditariamente haber formado legión, clase, y ser levadura de progreso en el orden de la industria y del comercio, como en el de la ciencia y de la política³⁶. Pues en eso estamos aún y eso representa la forma actual de gobierno de nuestro país, considerado en sus componentes personales: es la postergación sistemática, equivalente a eliminación, de los elementos superiores de la sociedad, tan completa y absoluta, que el país ni siquiera sabe si existen; es el gobierno y dirección de los mejores por los peores; violación torpe de la ley natural, que mantiene lejos de la cabeza, fuera de todo estado mayor, confundida y diluida en la masa del servum pecus, la élite intelectual y moral del país, sin la que los grupos humanos no progresan, sino que se estancan, cuando no retroceden. ¿Os figuráis un mundo que fuese de suyo luminoso y sobre el cual un sol negro proyectara crespones de sombra, rayos de oscuridad? Pues no es otro nuestro caso: las cimas de la sociedad española están sumergidas en la tiniebla y no se ven, mientras los bajos suelos están en plena luz. Los antiguos decían en un expresivo refrán: «Báxanse los adarves, álzanse los muladares.»

Este fenómeno de selección invertida lo habían señalado ya en nuestras costumbres Salinas, Macías Picavea, Alfredo Calderón, Nogales y otros³⁷; Alzola lo ha puesto de bulto, mostrándolo en uno de los casos más característicos de exclusión consciente, reflexiva y sistemática de los aptos por los incapaces que se ofrecen en nuestra legislación³⁸; y lo han confesado indirectamente representantes de las clases directoras tan autorizados como Pidal y Silvela³⁹.

No me preguntéis, después de esto, por qué nos estancamos primero y retrocedimos y caímos después: por qué, siguiendo así, no nos levantaremos jamás, estando pendientes de que nos someta y levante el extranjero.

Vengamos ahora al instrumento de relación entre la oligarquía central y el caciquismo periférico, que he dicho es el gobernador civil.

El poder central lo envía a las provincias, dice el señor Sánchez de Toca, «sobre el supuesto de la ficción jurídica de no ser más que un agente para funciones meramente fiscalizadoras de orden público y representar la suprema garantía de gobierno contra las extralimitaciones legales, y el amparo de justicia contra todos los desafueros de los dominadores de la tierra, en medio de la conflagración de las pasiones locales»; pero eso no es más que letra y apariencia: como advierte el mismo citado escritor, «en realidad, la preocupación principal que se impone a ese funcionario representante del poder central consiste en cuidar ante todo de ser garantía del reclutamiento y contento de las mayorías parlamentarias; por tanto, nada puede ser para él asunto de más preferente desvelo como vivir identificado con los organizadores, amos y caudillos dominadores del sufragio, accediendo a sus demandas, sometiéndose a sus exigencias, haciéndose solidario de todas sus pasiones individuales y colectivas, hasta en los asuntos más nimios, públicos o privados, de la vida local. Por esta connivencia y complicidad del gobernador y de los poderosos del lugar (añade), instintivamente confabulados, por razón de oficio, para la dominación del cuerpo electoral, se ha producido no sólo en usos y costumbres de vida pública, sino también en resoluciones oficiales de carácter general, la jurisprudencia más contradictoria del mismo principio generador en que se pretendió informar la legislación provincial y municipal y el derecho público del reino⁴⁰». De igual modo, el señor Alzola representa a los gobernadores de provincia como agentes electorales, sometidos en absoluto «a los caprichos y exigencias de los caciques, de quienes son meros instrumentos⁴¹»; y el señor Romera, como «maniquíes que los caciques de comarca tienen a sus órdenes, no para mandar y gobernar una provincia, sino para desarrollar política de bandería por y para los amigos, prescindiendo de los intereses morales y materiales que la ley puso a su cuidado⁴²».

«Cien veces se ha expuesto en el Parlamento y en la prensa (escribía hace años un diario popular de la Corte), empleando las frases más acerbas y las tintas más sombrías, el aflictivo estado de las provincias bajo el régimen de la oligarquía burocrática, a la par que la desdichada y difícil situación de los gobernadores, que sólo pueden ejercer su autoridad y sostenerse en tanto que obedecen las órdenes, a veces injustas, y siempre parciales, de quien los impuso al Gobierno con el propósito, expuesto por lo general a los ministros con rudo descaro, de tener en ellos fieles y sumisos cumplidores de su voluntad⁴³».

«En el régimen de soberanía parcelaria en que cada día va dividiéndose y subdividiéndose más nuestro país, figuran entre los problemas más trascendentales estas nombradas contradanzas de gobernadores, si han de mantenerse en equilibrio las distintas mesnadas que capitanea cada señor feudal de grupo en cámara y comisión permanente en la Casa Provincial. La cosa es fácil en determinados puntos: hay provincias, y aun regiones, donde ya se sabe quién las tiene enfeudadas; en ellas, el Gabinete hace como que reina y no gobierna; se limita a reclamar por toda corvea, pecho y tributo de vasallaje el contingente proporcional de monosílabos ministeriales en las votaciones parlamentarias. Ahí, ya se sabe, el gobernador es el hombre de confianza del padre o padrastro de la provincia; su primera obligación es entenderse con los leudes del señor feudal, tenerlos contentos, y muchas veces convertirse en editor responsable de los desaciertos que hace la camarilla provinciana Hay quien lleva su pasividad más lejos, y casos se han dado de gobernadores reducidos a servir de estampilla legal a los acuerdos de algún gran hombre de provincia, que despachaba desde su bufete todos los asuntos de interés público y privado, por ahorrar al jefe político quebraderos de cabeza.

Para esos casos, la línea de conducta acostumbrada está bien definida: o el semisoberano de la provincia está plenamente de acuerdo con el Ministerio, o se teme que el día menos pensado se esquine y presente una disidencia. En el primer caso, dicho se está que sigue teniendo sus gobernadores, como mandatarios y delegados de su omnipotencia local; pero en el segundo, lo primero es dar al través con los altos funcionarios sus recomendados. Pues, ¡no faltaba otra cosa! Iba el Gobierno a compartir con ajena influencia la suma autoridad cuya custodia le ha sido encomendada de arriba y le ha sido impuesta de abajo. ¿Puede sufrir dignamente un Gobierno que una influencia, por poderosa que sea, tenga afinidades íntimas con un gobernador de provincia? Eso está muy bien, y aunque se entiendan directa y personalmente, sin mediación del Gobierno, cuando se trate de amigos, y de amigos temibles en sus cambios; pero con respecto a personas embozadas, cuya fría impasibilidad oculta dormidos agravios... nunca. Eso equivaldría a comerse el asador de Micifuf.

Donde el litigio aparece más complicado es en las provincias en que la soberanía se halla tan repartida como propiedad gallega. Ya se sabe quién manda, por ejemplo, en Burgos, quién en Valladolid, quién en La Coruña, quién en Málaga, quién en Córdoba y Pontevedra, quién en Sevilla fuera de la Universidad, y así sucesivamente; pero en aquellas felices provincias donde un jefe de negociado impera en tres pueblos, un director tiene distrito y medio, un subsecretario lleva dos partes en una circunscripción, ¿qué gobernador es viable? ¿Cómo nombrarlo a gusto de todos los cosoberanos? Si es amigo de uno, ¿qué va a ser del feudo de los otros? La elección del gobernador monta tanto como dar el mero y mixto imperio a una sola de las distintas influencias; y de ahí nacen conflictos íntimos, que a duras penas pueden resolverse con el sistema de las compensaciones.

Y el mal será incurable mientras que, en vez de buscar hombres de administración y de prestigio, hombres de autoridad y de carácter, de cierta digna independencia que necesita la autoridad para ser respetada, se atienda a encontrar suizos y ordenanzas de un ministro o de un prohombre, con la exclusiva misión de ganar elecciones y poner la firma en los decretos de las camarillas de provincias⁴⁴».

En 1883, siendo ministro de la Gobernación el señor Moret, anunció la intención de que mientras él rigiera aquel Departamento, fuese una verdad el concepto legal del gobernador. Dicho se está que no lo consiguió, porque era imposible que lo consiguiese; porque para ello habría sido menester no menos que una revolución. En el discurso que dirigió a los nuevos gobernadores nombrados por el Gabinete liberal, y que podría repetir punto por punto ahora que ha vuelto a serle encomendado el mismo Ministerio, les dijo, entre otras cosas, lo siguiente:

«Hay una vida política en nuestro país que no vacilo en calificar de absolutamente falsa. A un gobernador de provincia se le pide todo menos lo que debe pedírsele: elecciones, nombramientos, destituciones de Ayuntamientos, caciquismos, etc.; lo único que no se le pide es que penetre en la vida del pueblo, y vea y sienta su manera de ser, sus aspiraciones y sus necesidades, que es lo principal que debiera cuidarse de saber el gobernador.

Pasamos por una crisis bien dolorosa. Yo apelo a los que han sido gobernadores: ¿de qué resortes disponen para corregir el mal que notan? ¿Cuándo lo impiden? Y, en cambio, ¿cuántos caciquismos no tienen que favorecer contra el pueblo?

A causa de esto, hay una cosa que me espanta en la vida política española, y es la indiferencia general de todo el pueblo. ¿Que hay una perturbación del orden público, una grave complicación internacional, una perturbación moral, tras de la cual van a desaparecer la disciplina y el honor del Ejército?: ¿qué importa, si, en último término, son cosas que no atañen sino al Gobierno? Él debe ser el único que se cuide de ellas, puesto que sólo a él interesan. Esto es un abandono bien triste, una indiferencia bien lamentable.

Hay un enemigo mortal, el caciquismo, cuyo solo nombre lo dice todo, contra el cual todo el mundo protesta y del que no se puede hablar en la vida pública sin arrancar ruidosos aplausos al combatirlo, ni en la vida privada sin conmoverse cuantos escuchan. En él está el núcleo de la dificultad para ustedes, y aquí reclamo el mayor esmero de todos. Si se me pide una definición clara de mi pensamiento, yo la daré. La política que ustedes han de hacer y harán es la que encarna en las necesidades verdaderas de un pueblo; es decir, la política del país, política patriótica, política nacional; y la otra, la contraria, es la política del caciquismo, que consiste en favorecer a alguien; y si este alguien es o se llama mi amigo, será tan caciquismo como cuando se llama mi adversario⁴⁵».

Como se ve, el papel de gobernador civil no es el de una pieza ordinaria o subordinada del sistema: es su rueda maestra, sin la cual éste no funcionaría; superior unas veces al oligarca, aun siendo éste ministro, cuando el cacique provincial puede más que el oligarca; superior otras al cacique, cuando el oligarca puede más en la respectiva provincia que el cacique; sustentando siempre la personalidad del uno o del otro, nunca la propia suya, quiero decir la del cargo, o sea la de la ley.

Siendo tan dilatado el territorio y tan numerosa su población, da para muchos oligarcas; y éstos se tienen repartido, a uso feudal, el mapa de la Península: Galicia para uno, Asturias para otro, Castellón para éste, Murcia para aquél, y así Valencia, Barcelona, Córdoba, Málaga, Valladolid, la Mancha, Baleares, Alto Aragón, etc. Dicho se está que en el dominio y disfrute de sus respectivas porciones territoriales y censales pueden simultanear, mas no en la dirección unitaria del todo, o digamos en el Gobierno central, en el cual tienen que contentarse con turnar, formando al efecto agrupaciones, ora totales (canovistas, sagastinos, silvelistas, gamacistas, etc.), ora parciales dentro de cada una de aquéllas (moretistas, monteristas, weyleristas, canalejistas, polaviejistas, pidalinos, etc.). Juntos todos y sus mesnadas, forman una especie de bolsa de contratación del poder, a que por rutina aplicamos y aplica la ley el nombre de una institución histórica respetable, con la cual no tiene de común más que la etimología: Cortes⁴⁶.

Mirando nada más a la práctica, a lo que resulta, tienen éstas por objeto primario poner en contacto los diferentes grupos o facciones en espera con el de tanda para que lo vigilen y fiscalicen lo suyo e impidan que el turno convenido o consuetudinario se dilate más de lo regular, acechando el menor descuido del poseedor, armándole asechanzas y haciéndole fuerza con el fin de gastarlo y quebrantarlo y acelerar todo lo posible la hora del relevo; dan forma regular y condiciones de permanencia a la coparticipación de todos en los beneficios del poder, que sin esa connivencia sería imposible; en ellas los turnantes se pagan o se anticipan obsequios a título de mutualidad; cotízanse las obstrucciones, las benevolencias, los resentimientos, los desdenes y las amenazas de oligarca a oligarca, de facción a facción, como en la otra Bolsa los fondos públicos; se forman, renuevan, escinden y fusionan los grupos; se declaran los nuevos caudillos que han de reparar las bajas o nutrir los cuadros, etc.

Con esto no hay que decir que todos los oligarcas, sin exceptuar uno, son miembros natos de esa Asamblea, siquiera se finja que van elegidos por el país. El país no puede cuidarse de tal cosa; es el Gobierno que los deja ir, y si es preciso les aparta los obstáculos, aunque sabe que van a moverle una guerra sin cuartel como la que él había movido antes a su antecesor. Es condición de reciprocidad, o lo que para el caso es igual, condición de vida, siquiera de mala vida. Y no sólo ha de allanar el camino o abrir de par en par la puerta a las personas de los oligarcas; el oligarca forma una pieza con la mesnada que le da gran parte de su fuerza, y es de esencia que entre con ella, como el Cid del poema en la Corte de Alfonso VI: el número de comités o de bucelarios es lo que se regatea. Y esto, lo mismo si se trata de los oligarcas adheridos a la facción o agrupación gobernante⁴⁷ que de los jefes y subjefes de la oposición⁴⁸.

Es claro que la facción de turno necesita, para defender su posesión contra los bajistas, contar con una mesnada que aventaje en número a todas las demás juntas, o, como se dice, con una mayoría adicta muy numerosa, y para ello le es forzoso reservar para sí las tres cuartas partes, o por lo menos los dos tercios, de las localidades disponibles en el Salón de Sesiones, que el jefe distribuye a su beneplácito según los compromisos personales y las conveniencias de gobierno, sin que las elecciones pasen de ser una de aquellas apariencias en que, según los señores Silvela y Maura, se resuelve toda la Constitución del Estado español. «Parece que el cuerpo electoral vota, decía Martos en 1885: parece que se hacen Diputaciones y Ayuntamientos, y que se eligen Cortes, y que se realizan, en fin, todas las funciones de la vida constitucional; pero éstas no son sino meras apariencias: no es la opinión la que decide; no es el país el que vota: sois vosotros [los ministros], que estáis detrás manejando los resortes de la máquina administrativa y electoral⁴⁹». «Una persona recibe la confianza de la Corona, agregaba Gamazo en 1900; y esa persona nombra, como pudieran los magnates de Inglaterra, a los diputados; y esos diputados juzgan, para absolverlo siempre, al que los nombró⁵⁰». Reconvenido el Gobierno en pública sesión por «cosa tan de clavo pasado», replicó uno de sus miembros: «Dice el señor Romero Robledo que el partido liberal no ha venido al Gobierno más que a hacer diputados a nuestros amigos; pero ha hecho además otra cosa, y es hacer diputados a los amigos de S. S.⁵¹» ¡De tal modo, la ficción constitucional se descubre y traiciona a sí misma, y ha podido decir Maura, con razón, que las Cortes «ni a sí propias se consideran verdaderas representantes del país⁵²».

Para que se viese esto en las Cortes, puesta la ficción al descubierto, alzado el telón a deshora y sorprendidos los actores sin jubón ni gregüescos, en mangas de camisa; para que aun los entendimientos más subyugados por la letra acabasen de caer en la cuenta de que las Cortes no son lo que aparentaban, rueda principal de un organismo parlamentario, ha bastado que una vez, por caso único en nuestra historia política, el llamado poder ejecutivo se haya encontrado pendiente y a merced del llamado poder legislativo; que una vez un Gobierno, un oligarca, se haya encontrado enfrente de una Asamblea a cuya formación no había él presidido, que había sido hechura de otro oligarca, cabeza de distinta agrupación. Tal fue el caso del señor Cánovas del Castillo en 1895. Llamado al poder, fuera de sazón para el efecto de «legalizar» la situación económica con Cortes propias, le fue imposible disolver las de su antecesor, señor Sagasta. Y hubo en ellas una minoría que trató de exigir al Gobierno la responsabilidad que le alcanzara por actos realizados en aquellas carnavalescas elecciones municipales de 12 de mayo. A tal efecto, uno de los diputados, el señor Azcárate, reclamó ciertos documentos; negóse el Gobierno a facilitarlos; la Asamblea votó en contra de esa negativa, declarando que el Gobierno estaba obligado a acceder a lo pedido. El Gobierno recusó a la mayoría y se juzgó relevado de dimitir, sosteniendo la tesis -a todas luces falsa, mirada desde el punto de vista de la teoría parlamentaria, pero verdadera en el supuesto del régimen oligárquico- de que la misión y la soberanía de aquellas Cortes habían quedado reducidas a votar los Presupuestos y nada más podían hacer; que por eso, el Ministerio no se hallaba obligado a darlas cuenta de su conducta, ni dependía de las votaciones o censuras de una mayoría liberal, que naturalmente no le era ni podía serle afecta, como en su caso un Gabinete liberal no estaría obligado a rendirse ante una votación adversa de una mayoría conservadora; que ya la Corona, al llamarle a sus consejos, sabía que las Cortes le serían hostiles; que en breve se elegirían [naturalmente, por él] otras nuevas, y que a ésas [a sus Cortes, a Cortes que le serían afectas, donde él tendría mayoría], que a ésas, sí, pero nada más que a ésas, habría forzosamente de someter íntegra toda su conducta. El señor Sagasta encontró esto lógico, necesario, natural: «el Gobierno (decía) empezó por declarar que no venía a discutir, que no venía más que a sacar adelante los Presupuestos, y que para todo lo demás recusaría a la mayoría y apelaría a otras Cortes; y sólo en este concepto nos hallamos aquí y están aquéllas abiertas, que de otro modo no lo estarían»; y fundado en esto, bien que censurando duramente al Gobierno por su proceder en las elecciones, se opuso a que su mayoría votara la censura propuesta, pues se sabía de antemano que sería adversa al Ministerio, y por otra parte, no había de tener eficacia alguna⁵³.

No existe, como vemos, ni un escrúpulo de Parlamento que adjetive siquiera nuestra oligarquía, clasificándola como oligarquía templada. ¿La templará y moderará, por ventura, la Corona?

Ante todo debo declarar lo que yo entiendo por Corona, lo que yo entiendo por rey, por monarquía, que tal vez no sea lo mismo que se entiende por la generalidad.

Se recordará lo que sucedió en los Estados griegos entre el siglo décimo y el octavo antes de la era cristiana. La monarquía de los tiempos heroicos, hereditaria, absoluta e irresponsable, desapareció con la Reforma, siendo sustituida por una oligarquía de notables, con magistrados responsables y temporales. Siguióse en esto un doble sistema: el más común, representado particularmente por Atenas, y el de Esparta. En Atenas, a la muerte de Codro, su último rey, crearon el arcontado, magistratura amovible, vitalicia primero, decenal después, y por último anual, pero provista invariablemente en descendientes de la familia de Codro, que la ejerció por espacio de siglos, habiéndose pasado desde la monarquía a la república por una transición graduada tan insensible, que no podría decirse el día en que acabó la primera y dio comienzo la segunda. En Esparta conservaron de derecho la monarquía, pero de hecho fue igualmente abolida, por el medio de privarle de todos sus atributos esenciales y transferirlos a los éforos, cargo de elección popular, desde la reforma constitucional de tiempo de Polydoros y Theopompo, dejando reducida la Corona a ser como una reliquia venerable de los tiempos heroicos. Entrambas, Esparta y Atenas, eran tan oligarquía como Corinto, como Samos, como Sicione, como Mitylene: toda la diferencia estaba en que Esparta era una oligarquía presidida por reyes, aunque reyes nada más de nombre, y Atenas, una oligarquía presidida por descendientes de sus antiguos reyes.

Tal considero yo que está sucediendo en la Europa actual, siquiera sea por un proceso distinto. Hablando en tesis general, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Dinamarca, no son ya de hecho monarquías; son Estados sin reyes, con apariencia sólo de reyes; verdaderas repúblicas democráticas, presididas honorariamente por descendientes de sus antiguos reyes, siquiera conserven todavía, como en Esparta, el título y dignidad de tales, no diferenciándose ya apenas de Francia o de los Estados Unidos sino en estas dos cosas: primero, en que el término de su función no es a plazo fijo, como la de los presidentes de estas dos repúblicas; que la duración de ella es indefinida, siendo, por lo mismo, de hecho, amovible a voluntad del pueblo; y segundo, en que conserva, bien que sólo externamente y atenuadas, parte de las viejas fórmulas asiáticas y mayestáticas, por virtud de una ley histórica que mantiene entre nosotros las órdenes de caballería, sin más trascendencia que la que puede significar un traje pintoresco con el cual no se monta ya a caballo para ir a defender las fronteras de la patria. Esto supuesto, si nos halláramos dentro del régimen monárquico del occidente europeo, podríamos decir que la Corona había quedado reducida al modesto papel de dispensera de la Gaceta; pero en España, ni eso: el señor Maura, en un discurso de hace pocos meses, nos ha hecho ver la prerrogativa real secuestrada, bloqueada por la minoría de prohombres que componen las oligarquías imperantes⁵⁴; lo cual quiere decir que nuestro régimen reproduce punto por punto el de Esparta; que la oligarquía ha absorbido y anulado la soberanía histórica del monarca al mismo tiempo que la soberanía inmanente de la nación; que por encima de S. M. el pueblo, que por encima de S. M. el rey, se ha levantado S. M. el cacique.

España llegó a los umbrales del siglo XIX sustentando sobre sí dos distintos absolutismos: el de uno solo, que llamamos monarquía pura, y el de una minoría insignificante en la nación, a que denominamos oligarquía y caciquismo. En Estados tan minúsculos como eran los de Grecia, habría sido imposible que simultanearan, compenetrándose, ambas formas de gobierno; pero en nacionalidades tan vastas como las de nuestra edad, podrían convivir y han convivido muchos siglos, compartiendo la majestad y disfrutando comanditariamente del pueblo. De la existencia del caciquismo en el siglo XVIII, v. gr., nos dan claro testimonio los preámbulos de dos reales provisiones de 1766 y 1767 sobre repartimientos de tierras, que podrían decirse pintura profética de la sociedad actual⁵⁵. El régimen parlamentario, o más claro, el gobierno del país por el país⁵⁶, supone que no existe ninguno de los dos absolutismos: de lo contrario, lo que resulta es una caricatura: el monarca mismo, disfrazado de Parlamento. Por desgracia, a diferencia de lo acaecido en el último tercio de la Edad Media, en que el pueblo leonés y castellano, organizado en hermandades, atendió a reprimir a un tiempo el despotismo naciente del rey y el despotismo pujante de la oligarquía feudal⁵⁷, se ha pasado España el siglo XIX en combatir el menor de los dos, el de la monarquía, dejando intacto el otro, con toda la potencia que tuvo en el siglo XV, antes de los Reyes Católicos, y tal vez aumentada. Así ha podido Azcárate definir, según vimos, el régimen político de nuestra Edad, oculto bajo máscara de Gobierno representativo, «como un feudalismo de nuevo género, más repugnante que el guerrero de la Edad Media⁵⁸»; y ha podido Silvela afirmar que «nos hallamos en una situación que tiene grandes analogías con el estado del pueblo en Europa a principios del siglo XV, cuando, huérfano de protección en las leyes y en las instituciones, se acogía al poder del monarca para destruir el imperio de la fuerza, de la arbitrariedad y de los abusos de los señores feudales»⁵⁹, y expresar el anhelo de «que el poder real de España, donde desgraciadamente nos falta una verdadera fuerza electoral, se penetre de los impulsos de esa opinión y se apreste a dominar en nombre del pueblo los feudalismos políticos y parlamentarios...⁶⁰».

Ahí ha estado el gran pecado de nuestra monarquía, y no digo que también de nuestros monarcas, porque no han sido ellos culpables de su incapacidad, sino las clases gobernantes, que confiaban a incapaces la más difícil y más trascendental de todas las funciones del Estado. ¿Cómo había de proteger al pueblo contra los oligarcas quien necesitaba ser protegido por ellos? «Con el régimen parlamentario (escribía en 1890 el señor Sánchez de Toca), el Estado se desquicia si la realeza está ociosa y el título de rey es un mote de burlería y engaño que no sirve para lo que suena y pregona⁶¹». El hecho de haberse desquiciado el Estado español acredita que la realeza no ha sido aquí más que un título de honor; que, de hecho, el trono ha estado vacante. En pueblos políticamente adelantados, que cuentan con un cuerpo electoral de verdad, la jefatura de un rey honorario ha podido, en rigor, ser bastante para afianzar el juego regular de sus instituciones parlamentarias, porque no había oligarquías omnipotentes que la opinión y el sufragio no fueran poderosos a reprimir; pero allí donde, como en España, tal cuerpo electoral no existe, es particularmente indispensable que el jefe del Estado presida de un modo efectivo e intervenga con su acción personal en la contienda de los partidos, como dice el mismo citado señor Sánchez de Toca, para mantener a todos en la obediencia de la ley y amparar al débil contra el poderoso; que inquiera en la sociedad aquellas fuerzas correspondientes a las nuevas bases constitutivas del Estado que puedan utilizarse como elementos de dirección y gobierno, y que una vez descubiertas, favorezca su desarrollo y su ingreso en la vida pública⁶². Ahora bien: nada de esto, tan de esencia, tan vital, ha podido hacer aquí una monarquía teórica, que durante un siglo ha carecido de titular; y así, la nación, desamparada e indefensa, ha vivido a merced de las facciones, sin que nadie les fuese a la mano ni las sometiera al imperio del derecho, haciendo de ellas órganos de opinión impersonales a la europea.

Con un poder tan extenso, tan omnímodo e incontrastable como el que la vigente Constitución del Estado español pone en manos del poder real⁶³, ¿cómo habría sido posible que se hubiera dejado éste convertir y hubiera dejado convertir a la nación en juguete de un puñado de oligarcas, si no hubiese estado encarnado -«contra la ley natural», que diría el padre Juan de Mariana- en niños, mujeres y desequilibrados; si hubiese estado representado por un Thiers de Francia, por un Leopoldo de Bélgica, por un Fernando de Aragón?

Nada más sobre el concepto de la forma actual de gobierno en nuestro país: lo dicho hasta aquí es más que suficiente para dejarla definida como una oligarquía pura en el concepto aristotélico: gobierno del país por una minoría absoluta, que tiende exclusivamente a su interés personal, sacrificándole el bien de la comunidad.

Consecuencia necesaria de tan monstruoso régimen tenía que ser el que ha sido: un estado social de barbarie regresiva, que retrae el de todas las naciones decadentes de Asia y que ha sido pintado de mano maestra por el señor Moret, en un discurso de 1888, pronunciado en el Congreso de los Diputados siendo ministro de Estado. Concédanme un instante más: no se trata de cosa mía, y vale la pena contemplar el cuadro.

Represéntase un tren cargado con todos los progresos y refinamientos de la vida moderna, cruzando rápido entre pobres aldeas de labriegos privados de todo, sin puentes, sin acequias, sin caminos, sin escuelas, aisladas del mundo, asiento de toda miseria y de toda tristeza, especie de ruinas de un mundo antiguo que no puede vivificarse, y dice:

«De toda esta civilización que hemos ido creando y de que estamos tan orgullosos, aquellos pobres labriegos, que carecen de todo, que viven tan pobremente, que trabajan tanto, que son tan dignos de interés, no conocen realmente sino el aspecto peor: las cargas y las corrupciones de nuestro modo de ser. El Estado llega a ellos representado por el recaudador, que les toma su ahorro o les vende su triste pedazo de tierra; por el sargento, que va en busca de su hijo para llevarlo al Ejército, y por el aspirante a diputado, que les privará de libertad. Un día, precedido de recomendaciones, y aun de apremios, se les presenta un candidato, con palabras sonoras en los labios, derramando promesas y halagando pasiones antes dormidas, que acaba por pedirles su voto. Que se lo den o no se lo den, es igual: ya el infierno ha penetrado en aquel pequeño rincón; porque habrá quien, o vengativo o despechado, persiga al que dio el voto o al que lo ha negado: los que triunfaron, aprovecharán inmediatamente su victoria para conseguir el nombramiento de un juez municipal que les secunde en sus pequeñas intrigas y que arroje sobre el contrario el peso de sus iras o la amenaza de sus venganzas entre las hojas de un proceso: si el juez municipal no basta, o si teme a los contrarios, se acudirá al candidato para que obtenga un juez de Primera Instancia que ampare al municipal o que le obligue a cumplir su deber; y ese juez vendrá, y será recto y honrado, pero en su rededor se moverán toda clase de influencias, y quién sabe lo que le harán creer si no las atiende; y aunque le duela, tendrá que formar causas, ya por unas firmas que faltan en algún viejo expediente, ya por unos documentos extraviados, o por no haber empleado el Ayuntamiento el papel del sello correspondiente; y se sentenciarán esas causas, y un día, cumpliendo la ley, saldrán para presidio ocho o diez padres de familia que creían ser honrados, y que seguirían todavía tranquilos y dichosos en su pobreza, si con esta condenación maldecida no les hubieran llevado, sin sus ventajas y sus adelantos, el aliento emponzoñado de las discordias políticas⁶⁴».

Atraso, miseria, incultura, esclavitud: tales son los frutos lógicos del régimen, agravados aún por la insinceridad, por la presunción, por el «quiero y no puedo», por este barniz de civilización con que pretenden dorarse y esconderse a los ojos del mundo; pues al fin, en Marruecos la barbarie es orgánica, y como tal, ingenua; entre el fondo y su apariencia externa hay correspondencia; no tienen Códigos, ni Audiencias, ni Constitución, ni Tribunales, ni sufragio universal, ni Parlamento, ni Universidades, ni periódicos, ni buques de guerra, y, en medio de su atraso y de su desventura, eso ganan y eso tienen que envidiarles las tribus y kabilas de aquende el Estrecho, retratadas con tan realista pincel por nuestro presidente.

Quizá no falte quien tome todo esto a exageración, juzgando que Azcárate, que Sánchez de Toca, que Macías Picavea, que Silvela, que Alzola, que Moret, que Troyano, que Isern, que Torre Hermosa, que Maura y demás han abusado en sus cuadros del negro de humo; pero será, si acaso, alguno de esos que en todos los siglos viven sin darse cuenta de la vida y que por dicha suya no necesitan otra patria que la del Limbo.

Aquellos de ustedes que conozcan, v. gr., la vida interna de la Asturias rural, y aun la urbana, de nuestros días, y la compare con aquel horrible feudalismo de su vecina Galicia que los Reyes Católicos reprimieron a fuerza de armas y de horca, reconocerá que el feudalismo gallego del siglo XV era menos opresor, menos degradante, menos intolerable que el feudalismo asturiano del siglo XIX⁶⁵. La ventaja está de parte de aquél hasta en lo de haber sido más digno y menos sufrido el pueblo. ¡Qué hermosa y confortadora página, señores, aquella del año 1467, en que el partido popular de los villanos o pecheros, formando «hermandad», se alzó en armas, exasperado por las vejaciones y tiranías de los señores, y corrió como una tromba el país gallego desde el Ortegal hasta el Miño y desde Finisterre al Cebrero, apellidando libertad, no queriendo ser gobernado más que de sí mismo, como dice el cronista Molina, llevando por todas partes la desolación y el incendio, arrasando hasta los cimientos las fortalezas de los señores, bandoleros y tiranos, la fortaleza de Sampayo, propia de Vasco das Seixas; la Frouseira, donde prendieron al mariscal Pedro Pardo; Tuy, donde falleció sitiado Álvaro Páez de Sotomayor; la fortaleza de Castro-Ramiro, cerca de Orense; Covadoso, junto a Ribadavia; la Mota, a dos leguas de Lugo; Baamonde, entre Lugo y Betanzos; Calme, en la comarca de Limia; San Román, cerca del río Búbal, y otras y otras, hasta el número de más de sesenta, obligando a los señores a huir y quedando muchos de ellos, según dice el cronista Ruy Vázquez, «como o primeiro dia que naceron, sin terra e sin vasalos!» ¡Y cuán hermosa y llena de enseñanzas, y cuán propia para llenarnos de envidia, aquella otra página histórica de catorce años después, en que el Virrey y el Corregidor mandados a Galicia por la reina Isabel con objeto de acabar la obra, poniendo en orden la provincia, presa de la anarquía, además de derribar por buena composición cuarenta y seis fortalezas, hicieron tan terribles escarmientos en la clase de señores y facinerosos, que tiranizaban y expoliaban al pueblo, que en menos de tres meses, 1.500 de esos criminales, que no se llamaban todavía caciques, huyeron del país a donde no les alcanzase la espada vengadora de la ley, dejando por tiempo limpia de tal plaga la tierra gallega!

No he de aconsejar yo, dicho se está, que se haga ahora lo primero, aunque sí considero preciso hacer lo segundo. No he de aconsejar yo que el pueblo de tal o cual provincia, de tal o cual reino, se alce un día como ángel exterminador, cargado con todo el material explosivo de odios, rencores, injusticias, lágrimas y humillaciones de medio siglo, y recorra el país como en una visión apocalíptica, aplicando la tea purificadora a todas las fortalezas del nuevo feudalismo civil en que aquel del siglo XV se ha resuelto, Diputaciones, Ayuntamientos, Alcaldías, Delegaciones, agencias, Tribunales, Gobiernos Civiles, colegios electorales y casonas de los Don Celsos al revés, y ahuyente delante de sí a esas docenas de miserables que le tienen secuestrado lo suyo: su libertad, su dignidad y su derecho, y restablezca en el fiel la balanza de la ley, prostituida por ellos; yo no he de aconsejar, repito, que tal cosa se haga; pero sí digo que mientras el pueblo, la nación, las masas neutras, no tengan gusto por este género de epopeya; que mientras no se hallen en voluntad y en disposición de escribirla y de ejecutarla con todo cuanto sea preciso y llegando hasta donde sea preciso, todos nuestros esfuerzos serán inútiles, la regeneración del país será imposible. Las hoces no deben emplearse nunca más que en segar mieses; pero es preciso que los que las manejan sepan que sirven también para segar otras cosas, si además de segadores quieren ser ciudadanos; mientras lo ignoren, no formarán un pueblo: serán un rebaño a discreción de un señor; de bota, de zapato o de alpargata, pero de un señor. No he de aconsejar yo que se ponga en acción el colp de fals de la canción catalana, ahora tan en boga, tomando el ejemplo de la Revolución Francesa por donde mancha; pero sí he de decir que en España esa revolución está todavía por hacer; que mientras no se extirpe al cacique no se habrá hecho la revolución; que mientras no nos sanemos de esa dolencia, más grave que la miseria y que la incultura, más grave que todos nuestros reveses de los seis años anteriores; que mientras aceptemos voluntariamente esas cadenas, que además de oprimir, deshonran; que mientras quede en pie esa forma de «gobierno por los peores», oprobio y baldón del nombre español, no habrá tal Constitución democrática, ni tal régimen parlamentario, ni tal nación europea; no habrá tal soberanía, ni en el rey ni en el pueblo; no seremos, ni con monarquía ni con república, una nación libre, digna de llamarse europea: seremos, menos que una tribu, un conglomerado de siervos, sin derecho a levantar la frente ni siquiera delante del Japón, que en nuestros mismos días ha abolido su régimen feudal, transformándose casi de repente en un pueblo moderno, en fila con los más progresivos de Europa⁶⁶.

Dice bien un periódico democrático, a propósito del grito de Gijón [«¡abajo el caciquismo! ¡viva el pueblo!», agosto de 1900], que ese grito significa «decirles a todos los que gobiernan y a los que aspiran a gobernar, que la libertad es una palabra vana, llena de viento, mientras subsista el caciquismo; es sintetizar en una fórmula sencilla las aspiraciones nacionales; es oponer política a política y sistema a sistema; es establecer como principio y axioma que para que viva el pueblo es preciso que desaparezca la oligarquía imperante⁶⁷». Para que viva el pueblo, sí; pero, además, para que subsista la nación porque el pueblo quiera que subsista. Porque el problema ofrece otro aspecto, encima de ese de libertad, y es el de independencia. Pueblo que no es libre, no debe esperarse que se preocupe de la bandera, sobre todo cuando la psicología nacional ha mudado tan radicalmente como la nuestra desde 1898. Observa un enciclopedista moderno cómo la causa principal de los desastres de Polonia estuvo en la exagerada explotación del pueblo por los magnates, y dice: «Cuando llegaron los extranjeros, las víctimas de la oligarquía reinante miraron cómo era repartido el reino con una indiferencia relativa. Opresión por opresión, tanto importaba la de los extranjeros como la de los nobles. En todo caso, no valía la pena derramar su sangre para salvar un estado social en que no había sino deberes que cumplir, sin derecho alguno que ejercitar⁶⁸». Mucho antes, en Aragón, todos los estados y brazos del reino se coligaron un día contra el monarca, cansados, los ricoshombres y caballeros, lo mismo que las ciudades, villas y comunes, de sufrir opresiones y desafueros por parte de los oficiales reales, de los tesoreros y de los jueces; y así, puestos de acuerdo en las Cortes de octubre de 1283, celebradas en Zaragoza, negaron al rey don Pedro III los recursos pedidos para hacer frente al extranjero, que amenazaba invadir el territorio, en tanto no les diese reparación y les confirmase sus franquezas y privilegios, diciéndole que «Aragón no consistía ni tenía su principal ser en las fuerzas del reyno, sino en la libertad, siendo una la voluntad de todos que quando ella feneciese, se acabasse el reyno⁶⁹». Desde un punto de vista general, Cánovas del Castillo ha observado que «desaparece de los pueblos el patriotismo tan pronto como se convencen de que no son bien administrados, que no son gobernados como tienen derecho a esperar⁷⁰»

Quien piense que esto es pura retórica y hablar por hablar, le nombraré una provincia, no catalana, que en la guerra de la Independencia, como en las luchas civiles posteriores, demostró ser de las primeras en españolismo, y que ahora, hallándose empobrecida y avasallada por un caciquismo de lo más ruin y envilecedor, y habiendo tenido que mandar una gran emigración al Mediodía de Francia, al encontrarse sorprendidos los emigrantes con un país sin caciquismo, donde son respetados y protegidos, donde los alcaldes les oyen, y los Tribunales les hacen justicia, y los hombres son todos iguales ante la ley, y la ley se cumple, donde hay Gobierno, y el Gobierno estimula y ayuda al capital, y el capital trabaja, y ellos, incansables y leales trabajadores, ahorran, se ha producido el fenómeno que era de esperar: la provincia se ha ido insensiblemente desnacionalizando por el espíritu, sin que ella misma se haya dado cuenta, sin que la voluntad haya sido parte; y hoy, la aspiración del mayor número es que por cualquier combinación, que por cualquier vía, Francia vaya a ellos, ya que ellos no pueden ir en masa a Francia. Es la misma forma callada, sorda, inconsciente casi, en que se había obrado la desnacionalización de Puerto Rico, y que tanta sorpresa causó en la metrópoli, cuando los americanos tomaron posesión de la isla sin tener que vencer ninguna resistencia ni disparar un tiro. Perdida toda fe y toda esperanza, rendido ante esa que le parece ya una fatalidad, principia el pueblo a encontrar incompatibles independencia nacional y libertad independencia y buen gobierno; y en la triste precisión de optar por uno u otro término, estima que el segundo vale más y es más necesario que el primero; principia a incubar la idea de que el cambio de bandera sería la señal de hacerse libre el pueblo, de ser extirpado el cacique y sustituido por quien cuide de los intereses de la comunidad, del adelanto, bienestar y desafricanización de España; principia, en suma, a asociar en su pensamiento estos dos conceptos, libertad y anexión, libertad y extranjero. Mirad, señores, si la cuestión que os he sometido esta noche tiene gravedad y si merece que nos preocupemos de encontrarle solución inmediata, antes de que, como ayer la autonomía otorgada a Cuba por la metrópoli, llegue tarde la libertad otorgada a la metrópoli por sus ciegos e imprevisores oligarcas.

Me limito aquí a esta indicación, sin añadir más, por mi parte, sino que no hay en ella hipérbole ni error: lo he visto con mis propios ojos, sin ir más lejos de este año; y cierta Cámara Agrícola, renombrada por sus iniciativas, a quien aquel movimiento secesionista tiene alarmada, se propone en breve dirigirse al país -aunque sin esperanza- llamando su atención sobre el hecho, sobre sus causas y sobre sus consecuencias⁷¹.

Para terminar, y volviendo al punto de partida: resulta, como conclusión de toda esta «lectura», que el programa liberal de las parcialidades turnantes ha fracasado totalmente, pues que no ha logrado encarnar, poco ni mucho, en la realidad, haciendo libres a los españoles; que por tal motivo -dejando aparte otros, que no son de esta ocasión, y tal vez ni de este lugar-, así la una como la otra parcialidad han hecho bancarrota, pasando a ser categorías históricas y de museo, sin género alguno de actualidad, y que se impone con toda urgencia renovarlas, sustituyéndolas, no diré por órganos nuevos, por órganos verdaderos de opinión, reclutados en las entrañas de la España nueva y subterránea, que hasta ahora ha callado sin más preocupación que la del estudio y el trabajo; emancipados de la idolatría de los nombres; en quienes aliente un espíritu, espíritu de bien y de verdad; adalides y portaestandartes de un neoliberalismo que acometa con decisión la obra urgente de extirpar de nuestro suelo la oligarquía, como condición necesaria para que pueda aclimatarse en él un régimen europeo de libertad y de selfgovernment, de gobierno del país por el país.

***

En qué forma habría de procederse, a mi modo de ver; qué es lo que habría que hacer, por quien quiera que sea, para llevar a cabo esa revolución, ese cambio sustancial en el régimen político, o, como se dice, en la forma de gobierno de nuestra nación, lo expondré en la conferencia próxima.

Remedios orgánicos. Complemento coactivo. Régimen presidencial. Resumen de programa.

Conocemos el mal; sabemos ya cuál es la forma de gobierno en que se ha empantanado España y por la cual vivimos ajenos a los progresos políticos del siglo: procede ahora que inquiramos cómo debe practicarse la sustitución; qué medidas deben ponerse en juego para sustituir la oligarquía medieval por el régimen de selfgovernment europeo.

Nos engañaríamos si volviésemos al método de papel, consistente en escribir unas cuantas recetas articuladas, bautizarlas con nombre de leyes, y pegarlas en el encerado de la Gaceta. Hay quienes no han escarmentado aún con noventa años de experiencias, y atribuyen todavía virtud al «ordeno y mando» del legislador. A propósito de las elecciones, decía Cánovas del Castillo que «era su convicción profunda que con la ley electoral vigente no había posibilidad siquiera de elecciones sinceras y que traigan al Parlamento la representación legítima del país⁷²»; dando a entender que, a juicio suyo, mudando los términos de dicha ley, acaso restringiendo el sufragio, el país habría recobrado su normalidad política y lograría verse representado fielmente en el Parlamento; y del mismo modo Gamazo, que el remedio a la aflictiva situación del país está en sanear su régimen parlamentario, «corrigiendo los defectos que todos notamos en el régimen electoral, reformando la ley electoral para combatir las falsedades y las imposiciones de arriba, y emancipando de la tutela administrativa y de la gestión fiscal y gubernativa a los municipios, desmontando aquellos artificios por medio de los cuales se logra falsear el voto popular⁷³». En idéntico pensamiento abunda Silvela (don Francisco), quien juzga que «la base del nuevo régimen ha de ser la separación completa de las operaciones del censo, constitución de mesas y remisión de actas, de los organismos municipales, y que si en tan delicado punto se acierta, se habrá dado un gran paso para llegar al ansiado ideal de obtener Cámaras con plena conciencia e indiscutible autoridad, como mandatarias de fuerzas que no sean las de un Gobierno preestablecido». «La reforma, añade, no ha menester de muchos artículos, pero sí de muy buena voluntad⁷⁴». ¡Ah! Si contáramos con ese factor de la buena voluntad, todo lo demás sobraba. No fue parca la ley electoral vigente en rodear de todo género de garantías y cautelas la emisión del sufragio, y ya hemos visto el resultado. «¡Qué previsión, qué celo!, exclamaba el señor Azcárate en el Congreso: no hay cuidado de que se haya dejado sin pena ningún delito, ninguna infracción; parece que nadie va a escapar, ni el pez chico ni el pez grande. Y, sin embargo, si volviera a discutirse esta ley en el Parlamento, creo que me sentiría inclinado a proponer que no se hablase una palabra de sanción penal, porque encuentro preferible el silencio a que sea letra muerta y objeto de burla el precepto de la ley. Y si no, preguntad en Secretaría las noticias que hay en esta casa de los tantos de culpa mandados por la Comisión de Actas a los Tribunales; ved los delitos electorales que se persiguen, luego los que se castigan, luego los que dejan de ser indultados. Pero, ¿a qué hablar de esto? ¿No están la prensa y esta tribuna denunciando a puñados delitos electorales cometidos en Madrid? ¿Tenéis noticia de alguna causa incoada?⁷⁵».

La razón de esto no constituye ningún arcano: se da por supuesto que las leyes son garantía del derecho, y ahí está, el error: la garantía del derecho no está en la ley, como la ley no tenga asiento y raíz en la conciencia de los que han de guardarla y cumplirla. Se reformará la ley electoral, y el resultado de las elecciones no será distinto de como es al presente. Lo que hay que hacer es el elector; lo que hay que reformar es al gobernante. F. Giner ha fundado un criterio nuevo para la ciencia y para la vida del derecho, mostrando cómo éste no constituye una esfera menos interna, menos «ética», más accesible a la coacción que la esfera de la moralidad; que, en última instancia, toda la garantía del derecho, y por tanto del Estado, como en general de la sociedad, descansa en fuerzas meramente espirituales y éticas, en la recta voluntad de las personas, en la interior disposición de ánimo⁷⁶. Así, el remedio al mal que lamentamos tiene que ser dinámico: la ley no alcanza sino, a lo sumo, a favorecer ese dinamismo, dirigiéndose a la raíz, y no al tronco o a las ramas, mirando al manantial de donde brotan las acciones, más bien que a las acciones mismas o a su determinación actual; que es decir, procurando la reforma por vías indirectas. Testimonio de esta radical impotencia de la ley mecánica, de la ley exterior, para todo lo que sean efectos directos, bríndalo un hecho reciente, que nos introduce ya dentro del tema.

Había juzgado Azcárate, en uno de los libros que componen la vasta obra científica de su vida, que el caciquismo quedaría herido de muerte si se lograba corregir estos tres grandes vicios de nuestra Administración Pública: la burocracia, la empleomanía y el expedienteo, y que esta corrección quedaría lograda el día en que se estableciese un procedimiento administrativo con trámites precisos y plazos fijos, y sin secretos para nadie, y en que se organizase debidamente las carreras del Estado; «porque, ¿cómo ha de ser ese caciquismo posible (añadía) cuando no dependan de la arbitrariedad de los ministros o de los gobernadores el despacho de los expedientes y el nombramiento de empleados, y cuando se pueda exigir la responsabilidad debida a todos los funcionarios que infrinjan las leyes? El día en que al habitante de la aldea más insignificante le sea dado acercarse al alcalde, al gobernador, al delegado de Hacienda o al jefe de Fomento sin más compañía ni recomendación que la de su derecho y sin necesitar para nada el favor y el apoyo de los caciques que imperan en las capitales, o de los caciquillos que mandan en los pueblos, habrán desaparecido el poder y la influencia de esta oligarquía mezquina y bastarda, que viene a ser una parodia ridícula y odiosa de la feudal de otros tiempos. Mientras no se corrijan estos vicios, el régimen parlamentario, en vez de ser una garantía del derecho, será todo lo contrario...⁷⁷». Esto escribía el señor Azcárate en 1885. Poco después llevóle su país a ocupar un puesto en el Parlamento, y en él propuso un proyecto de ley de procedimiento administrativo, dotado de todas las garantías apetecibles, y que puede decirse perfecto; el proyecto fue aprobado por el voto unánime de las Cortes (1889) y desarrollado en reglamentos muy minuciosos, uno por cada Ministerio, para todas sus dependencias centrales, provinciales y locales; llenáronse largas columnas de la Gaceta, y... ahí acabó todo: por punto general, los señores empleados ni siquiera se dignaron leer la obra de sus jefes; el caciquismo hizo con ella lo que los gorriones con los espantapájaros de los sembrados; y el expedienteo y la burocracia han seguido tan boyantes como si tal ley y tal reglamento no se hubiesen decretado⁷⁸.

No se cura con una ley un Estado social enfermo: los males nacidos de torcimiento o deficiencias de la voluntad sólo se remedian sanando o educando la voluntad; las garantías y combinaciones exteriores no son eficaces sino en tanto que auxiliares de aquella acción ética, dinámica, y en función de ella.

Según mi modo de ver, el problema planteado en la sesión anterior reviste dos aspectos, y requiere atender a dos distintas exigencias: hay que producir efecto provisional para hoy y efecto definitivo para mañana y para siempre; hay que extirpar físicamente al cacique -nótese que no digo la persona del cacique precisamente, sino su acción, si esto por sí solo es bastante-; hay que reprimir o extirpar, repito, mediante coacción exterior, al cacique, como se extirpa un cáncer o un tumor, y hay que purificar a la vez la sangre viciada del cuerpo social que lo produjo, para que no rebrote. En otros términos: el sanar a España del cacique, el redimirla de esa cautividad, supone dos distintas cosas: operación quirúrgica, de efecto casi instantáneo, y tratamiento médico, de acción lenta y paulatina. Entrambas cosas son igualmente necesarias y complementarias la una de la otra. Diré algo de ellas sucesivamente y en síntesis, por la necesidad de abreviar.

La acción orgánica, medicinal, la que mira no a la apariencia externa del mal, sino a su fuente, a su raíz, al vicio de la sangre en que se engendró el tumor, pide como base, a mi modo de ver, cuatro medidas de gobierno: dos de ellas sustantivas, encaminadas, desde el punto de vista personal del cacique y de su progenie, a reformar el hombre interior; desde el punto de vista de sus víctimas, a fortalecerles el organismo, a dotarlo de condiciones de resistencia, así económicas como psíquicas, a desarrollar el carácter y las energías de la voluntad, a ir limando o aflojando el vínculo de dependencia servil en que una de las dos Españas, la verdadera, vive respecto de la otra; y dos adjetivas, dirigidas a cortar ligaduras que han estorbado la acción medicatriz de la naturaleza y estorbarían o neutralizarían del mismo modo la del arte. He aquí, sencillamente enunciadas, esas cuatro providencias de gobierno, palanca de la reforma; remitiéndome, por lo que respecta al sentido y al pormenor, a anteriores trabajos⁷⁹:

1.ª Fomento intensivo de la enseñanza y de la educación, por los métodos europeos; porque el que no sabe es como el que no ve, y sólo el que ve y sabe a dónde y por dónde va y domina su camino, puede ejercer de hecho señorío sobre su persona y hacer cara al cacique, que le sale al paso formando comandita con el agente, con el secretario, con el regidor, con el juez, con el escribano, con el recaudador, con el diputado provincial, con el senador, con el diputado a Cortes, y le dispara el clásico dilema ¡la libertad o la vida!, que tan fácilmente degenera en el otro, en el de Diego Corrientes y José María⁸⁰.

2.ª Fomento intensivo de la producción y difusión consiguiente del bienestar material de los ciudadanos; recordando aquella máxima tan cierta de la Biblia, que «la libertad del hombre está en sus riquezas», y aquel hecho de experiencia, sabido de todos, que el que tiene la llave del estómago tiene la llave de la conciencia, que el que tiene el estómago dependiente de ajenas despensas no puede ser libre de hecho, no obstante cualesquiera Constituciones democráticas.

3.ª Reconocimiento de la personalidad del municipio: mayor descentralización local; creación de una jurisdicción especial en cada cantón o en cada localidad para las funciones de carácter general, o sea, de interés de la nación, tales como las electorales y las fiscales, a fin de que los municipios no dependan de la Diputación, del gobernador civil, del delegado, del ministro, instrumentos ahora de que el cacique se vale para oprimir al país, eslabones de la cadena con que lo agarrota, desangra y envilece, privándole de toda espontaneidad, sometiéndolo a sus antojos, a sus pasiones o a sus conveniencias⁸¹.

4 ª Independencia del orden judicial; intervención del pueblo en los juicios civiles, mediante el arbitraje obligatorio, y simplificación de los procedimientos, a fin de reducir, en la mayor escala posible, la superficie de contacto con el cacique y el área de sus correrías y depredaciones⁸².

Tales son los cuatro específicos, llamémoslos así, que considero indicados para que el gran tumor de que España está grave se resuelva a la larga por sí mismo, o bien para que no rebrote una vez extirpado, si nos decidimos por la operación, como yo creo que debemos decidirnos, por dos distintos órdenes de razones, que paso a exponer.

Esa operación, quiero decir, la acción física, coactiva, que he llamado quirúrgica, mediante la cual el cacique ha de ser reprimido o eliminado de modo material, se requiere a dos distintos efectos. Uno, garantizar externamente la acción lenta, normal, de los enunciados medicamentos, a cuyo influjo España ha de recobrar orgánicamente la salud y entrar en el régimen fisiológico de los pueblos sanos de nuestro continente. El otro, hacer provisionalmente veces de salud, dejar sentir los efectos de la convalecencia desde el primer día, para que no resulte que trabajamos para nuestros hijos, sino para nuestros hijos y para nosotros, y no sea la libertad una letra girada a cuarenta años fecha.

Sin eso, en vano sembraríais salud para que germinase y fructificase por la acción espontánea de las fuerzas naturales; en vano envolveríais el cuerpo y el espíritu de la nación en aquel ambiente de medios pedagógicos y económicos que han de influir en la sangre y en la voluntad, nutriéndolas, purificándolas, sacándolas de su estado morboso y de anemia: el cacique iría detrás secando en la flor los efectos de vuestra obra, semejante al «enemigo» del sembrador en la parábola de San Mateo, que va esparciendo simiente de cizaña en el campo donde aquél ha enterrado trigo, a fin de inutilizarle la cosecha. Sin esa tutela personal, condición y complemento de la ley, todas vuestras reformas serían letra muerta y no pasarían del programa o de la Gaceta, como no han pasado los artículos descentralizadores de la ley municipal, destruidos por una jurisprudencia bastarda, creada en obsequio a los caciques; como no han pasado las garantías de las leyes procesales, a pesar de las cuales carecemos de Administración de Justicia; como no han pasado los Presupuestos de obras públicas, consumidos en carreteras parlamentarias. El gobernante, obrando circunstancialmente sobre los casos, sin la traba de reglas uniformes y generales, recogiendo celosamente toda queja, enderezando en el acto todo entuerto, vigilando con más ojos que Argos sobre el juzgador, sobre el alcalde, sobre el ingeniero, sobre el sargento y el capitán, sobre el jefe de Policía, sobre el presidente de mesa electoral, sobre la Diputación, sobre el maestro, sobre el prepotente de lugar o región, sobre el empleado, sobre el recaudador, protegiéndolos, alentándolos o reprimiéndolos, según sus obras, afianzándoles la libertad, haciendo veces de conciencia en los que no la tienen, supliendo la insuficiencia o la falta de orientación en los menos capaces, corrigiendo sumarísimamente el menor exceso o transgresión, de forma que el país reciba incesantemente y sin interrupción el medicamento necesario, en estado puro, en la proporción debida y a su hora: esto, y no otra cosa, es lo que a de valer⁸³.