Ibérica por la libertad

Volumen 12, N.º 5, 15 de mayo de 1964

Foto de «Gudari»

GUERNICA 1964

Plebiscito bajo la lluvia

IBÉRICA es un boletín de información dedicado a los asuntos españoles y patrocinado por un grupo de americanos que creen que la lucha de España por la libertad es una parte de la lucha universal por la libertad, y que hay que combatir sin descanso en cada frente y contra cada forma que el totalitarismo presente.

IBÉRICA se consagra a la España del futuro, a la España liberal que será una amiga y una aliada de los Estados Unidos en el sentido espiritual y no sólo en sentido material.

IBÉRICA ofrece a todos los españoles que mantienen sus esperanzas en una España libre y democrática, la oportunidad de expresar sus opiniones al pueblo americano y a los países de Hispano-América. Para aquellos que no son españoles, pero que simpatizan con estas aspiraciones, quedan abiertas así mismo las páginas de IBÉRICA.

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Para entender un poco este inefable lío de los pretendientes a la corona de España que andan tras los zancajos del caudillo impetrando con humildad contrita una limosna de reconocimiento, es necesario remontar algo más de cien años el curso accidentado de la historia de España.

La ruptura familiar

Carlos IV, el rey que siguió a Napoleón, plácidamente, al destierro de Valançay, en compañía de su esposa María Luisa y de su amante, el lindo guardia de corps Manuel Godoy, mientras los españoles se batían el cobre en la guerra de la independencia y aprobaban, en ausencia del rey, la Constitución liberal, y en su tiempo revolucionaria, de 1812, tuvo dos hijos, Fernando y Carlos. El primero, que a la muerte del rey (1819) habría de tomar el título de Fernando VII, no tuvo hijos en sus tres primeros matrimonios. Don Carlos, pues, alimentaba la esperanza de llegar a ser rey a la muerte sin sucesión de su hermano mayor. Pero he aquí que Fernando VII en su última unión -la cuarta- con María Cristina de Nápoles (la primera Cristina, ¡ojo!, no confundirla con la segunda María Cristina, la respetable y respetada madre de Alfonso XIII) tuvo una hija, la princesa Isabel, que más tarde, al ascender al trono bajo el nombre de Isabel II, habría de desencadenar la familiar ruptura y originar las sucesivas guerras civiles que desde 1833 desgarran cada tantos años las entrañas de la Nación.

La ley sálica

Al instalarse la casa de Borbón en España, Felipe V, el nieto y protegido de Luis XIV, siguiendo la tradición borbónica francesa, y en contra de la tradición española, privó a las hembras del derecho de heredar la corona. Esta ley, abolida secretamente, en 1789, por Carlos IV (el padre de Fernando y Carlos) la promulgó Fernando VII, dándole general publicidad, en el momento de nacer su hija. Alrededor de la vigencia o no vigencia de esa ley, adornada por aquel «manos blancas no ofenden» con que el ministro Calomarde, partidario de su vigencia, respondiera a las dos bofetadas que le propinó la infanta María Luisa, defensora de los derechos de Isabel, gira el pleito dinástico en España, aunque lo que en realidad, y a través de él, lo que se sigue discutiendo, hace más de 100 años, es el dilema entre el absolutismo intransigente y el espíritu de reformas.

Las guerras civiles

El día 29 de septiembre de 1833 moría el rey Fernando VII, y el 3 de octubre se iniciaba la primera guerra civil. Tras seis años de lucha, el general Maroto, en nombre del titulado Carlos V, firmaba con el general Espartero (1839), actuando éste en nombre de Isabel II, que a la sazón contaba nueve años, el tratado de paz conocido con el nombre de Convenio de Vergara. Don Carlos se refugió en Francia y en 1844 abdicó sus derechos en su hijo Carlos VI, más conocido entre los madrileños con el nombre de Carlos Chapa y entre los aristócratas bajo el título de conde de Montemolín. Éste murió sin descendencia, en Trieste, el 14 de enero de 1861, cediendo sus derechos a su hermano Juan, el cual, en vista de su avanzada edad, los traspasó a su vez a Carlos, su hijo primogénito. Este Carlos, bajo el nombre de Carlos VII, sería quien desencadenaría en el año de 1872 la segunda guerra dinástica civil contra el gobierno provisional nacido del destronamiento de Isabel II, la primera República, la breve instauración de don Amadeo de Saboya, «el rey caballero», y la restauración monárquica liberal de Alfonso XII: nuevamente, en el fondo, se ponía de manifiesto, con las armas, la lucha tradicional de las dos Españas a través de pleitos personales. La monarquía liberal puso en fuga a don Carlos, el cual se refugió en París (1876) y más tarde en Venecia. Murió en Varese, Italia, el 18 de julio de 1909.

Aquí termina la guerrera pugna por la sucesión dinástica. Con el fallecimiento de don Carlos se inicia otro período: el de la sucesión política.

La sucesión carlista

La sucesión carlista no ha podido ser más infortunada. Al titulado Carlos VII, le sucedió su hijo, don Jaime, quien falleció sin sucesión, en París, el 2 de octubre de 1931. Sus pretendidos derechos al trono los heredó su tío, el príncipe Alfonso Carlos, hermano del guerrero Carlos VII y participante, al lado suyo, en la segunda guerra civil. Los carlistas lo reconocieron como su rey legítimo bajo el nombre de Alfonso Carlos I y, al mismo tiempo, como jefe de la casa de Borbón. Tenía 82 años y se movía con torpeza. Falleció en Viena, poco después de estallar la última guerra civil, el 28 de septiembre de 1936, atropellado por un automóvil. Muerto sin sucesión, lo mismo que su sobrino Jaime, hijo de Carlos VII, los ojos de los carlistas se volvieron hacia el príncipe Carlos, hijo de una hermana de don Jaime -doña Blanca de Castilla- hija a su vez de Carlos VII. Esta princesa había contraído matrimonio con el príncipe Leopoldo Salvador de Habsburgo. Carlos era, pues, nieto del «auténtico» Carlos VII, pero por vía femenina, lo que ante los Borbones de la línea alfonsina (los descendientes de Alfonso XII y, por tanto, de Isabel II) le restaba toda razón legal, ya que estos fundamentaban sus derechos en la abolición de la ley sálica la cual negaba a las mujeres todo derecho a acceder al trono, y este príncipe los revivía apoyándose, precisamente, en la derogación de dicha ley cuya vigencia o no vigencia había originado dos sangrientas guerras civiles. Pero también el pretendiente Carlos murió sin sucesión en el año de 1953. Los carlistas se apresuraron a proclamar como su «pretendiente» al archiduque Francisco José, hermano del difunto Carlos, hijo también de la princesa Blanca de Castilla y nieto, a través de ella, del último pretendiente guerrero Carlos VII. Este pretendiente -dicen sus partidarios- es por lo menos español dentro de la rama carlista. En efecto, adquirió la nacionalidad española en 1926.

La rama alfonsina

De la rama alfonsina (la descendiente de Isabel II) proceden el destronado Alfonso XIII, fallecido en 1941, pero después de haber abdicado en su hijo don Juan, el actual pretendiente máximo, padre a su vez de don Juan Carlos, el pretendiente mínimo, guacho del general Franco. Vive aún el infante don Jaime, quien acaba de publicar unas declaraciones pintorescas, casi republicanas, en París, donde vive. Para entender mejor todo este lío con el que se entretiene el caudillísimo haciendo juegos malabares para engañar a quien quiera engañarse pensando en que, efectivamente, quiere alejarse del poder «institucionalizando» con la mayor exquisitez un régimen seguro, vale la pena consultar el árbol genealógico que va a continuación.

Un nuevo pretendiente

Hay todavía otro pretendiente, un príncipe Jorge Carlos que salió a la palestra en el año de 1937, afirmando ser hijo natural de Carlos VII (el de la segunda guerra civil) y de la princesa Folixéne Asclepiade Commene. Bien puede ser. Cuando él lo dice... Don Carlos enviudó de la princesa Margarita y antes de contraer segundo matrimonio con la princesa María-Berta de Rohan, quien desde mucho antes se había consagrado a él con un amor romántico, loca y sin esperanzas, parece ser que tuvo algunos devaneos con la princesa Folixéne. He aquí un candidato más del cual, tal vez porque carece de dinero, no se ocupa la prensa.

¿Y el príncipe Hugo?

Ahora bien, tal vez preguntará el lector ¿qué pito toca en este enredo ese príncipe Hugo Carlos que ha tenido la habilidad de meter en el lío a la Casa de Orange, al Parlamento holandés, a la monarquía flamenca, a Franco, al Papa, y puesto en riesgo la reunificación cristiana propugnada por el actual Concilio Ecuménico al suscitar, más bien resucitar, la amansada contienda política entre la Iglesia Católica y las iglesias protestantes? Esto merece ser tratado en un párrafo aparte.

La kermesse heroica

¿Recuerdan ustedes aquel gracioso film que con el título de La Kermesse Heroica se proyectó hacia los años treintas, con éxito notable? Le servía de base un episodio de la conquista de los Países Bajos por huestes españolas. En el film, los asustados cuanto pacíficos flamencos traspasaban la dirección política de sus negocios a sus audaces hijas y mujeres, y ellas, con finas artes y amables artilugios domeñaban y reducían la furia española encarnada en un jefe autoritario y caprichoso. Rememorando ahora aquel jocoso film, los españoles, mirando en la cucaña de la corona real a una holandesa amante, a un atrevido aventurero y a un dictador adusto, han bautizado la pretensión monárquica del príncipe de Borbón-Parma con el irónico remoquete de La Kermesse Heroica.

Las pretensiones de Hugo Carlos

¿En qué basa Hugo Carlos sus pretensiones a la corona tradicional de España? Es un poco difícil de explicar. Pero tiene su historia. Ya he dicho anteriormente que la rama carlista, promovedora de dos guerras civiles se extinguió legalmente (según sus propias reglas) al fallecer sin sucesión, en el año de 1936, el príncipe Alfonso Carlos, último descendiente en línea recta y de varón del pretendido pretendiente Carlos V. Ya, en el año 1931, Alfonso XIII, al exiliarse, vislumbró la posibilidad de concentrar en su persona o en la de alguno de sus hijos, dada la soltería de don Jaime y su avanzada edad, la aspiración común de ambas ramas borbónicas. En el mes de septiembre de 1931, cinco meses después de su destronamiento, Alfonso XIII visitó en París a su primo don Jaime. La entrevista fue muy cordial. Unos días más tarde, el pretendiente carlista, hijo de aquel Carlos VII a quien venciera definitivamente, tras la batalla de Montejurra y la toma de Estella, el rey Alfonso XII, padre a su vez de su egregio visitante, devolvía a su primo la visita, y le nombraba, en prueba de reconciliación, Caballero de la Orden Carlista del Espíritu Santo. Alfonso XIII la aceptó con franca estimación. Todo marchaba bien: el reconocimiento de los derechos de don Juan, hijo de don Alfonso, y la consolidación en su persona de las aspiraciones de ambas ramas monárquicas iba probablemente a ser un hecho. Pero he aquí que, de repente, el 2 de octubre de 1931 murió en París don Jaime. Dos banderas cubrieron su féretro, entrelazadas por primera vez: la española alfonsina, rojo y gualda, y la blanca y flordelisada de la rama carlista. Alfonso XIII asistió a aquellos funerales junto con una delegación de los monárquicos alfonsinos, y se sentó en el templo al lado de las delegaciones carlistas procedentes de España. Los derechos del extinto don Jaime pasaron a su tío Alfonso Carlos, quien no tenía sucesores ni era de presumir que los tuviera dada su edad provecta. Alfonso XIII prosiguió, tenaz, la gestión familiar cuyo feliz acabamiento impidiera la muerte de don Jaime. Pero este don Alfonso era más duro de pelar. Sin embargo, a principios de 1936, tras numerosas entrevistas, la anhelada consolidación estaba casi a punto. Fue entonces cuando estalló en España la tercera guerra civil. Alfonso Carlos, al ver movilizarse a las huestes carlistas, concibió ciertas personales esperanzas y suspendió toda negociación con su sobrino Alfonso XIII. Mas dos meses después falleció víctima de un banal accidente de automóvil. Cuando se abrió su testamento, la familia alfonsina se encontró sorprendida con la impensada novedad de que el anciano don Alfonso en vez de reconocer los derechos de Alfonso XIII o de su hijo, designaba un administrador de la Corona, el príncipe Xavier Alfonso de Borbón-Parma en calidad de «regente de la comunión tradicionalista carlista». La línea de varón la estimaba extinguida en la rama sucesorial de Carlos V. El regente tendría a su cuidado los intereses monárquicos carlistas hasta que un nuevo rey (al cual don Alfonso Carlos no se atrevía a designar) fuera elevado al trono.

Este Hugo Carlos es, por consiguiente, hijo, digámoslo en lenguaje popular, de un administrador. No tiene entronque directo personal, como varón descendiente por línea de varón, de alguno de los descendientes del manso Carlos IV. En todo caso es un intruso que invade las simples facultades de regente de su progenitor. Es algo así como si el hijo del administrador de un edificio en situación de albaceazgo se reputara dueño del inmueble. Aún es más: el nombramiento de su padre como regente se halla en pugna con la flamante ley de 26 de julio de 1947 que declaró constituida en reino a España e invistió de amplias funciones de regente al generalísimo Francisco Franco el cual «en cualquier momento podrá proponer a las Cortes (artículo 6) la persona que estime deba ser llamada a sucederle, a título de rey o de regente, y podrá revocar el nombramiento de la que hubiere propuesto, aunque ya hubiere sido aceptada por las Cortes». Tanto Hugo Carlos como su padre, el príncipe de Borbón Parma, invaden pues funciones privativas de Franco. ¿No podría el caudillo declararles incursos en el vulgar delito de usurpación de funciones o en el más vulgarote de ejercicio de profesión (la lucrativa de pretendido pretendiente) sin título legal? Sería realmente el colofón más adecuado y divertido de esta Kermesse Heroica.

La monarquía es inactual

Pero la monarquía es inactual y no resuelve ya el problema. No la quieren ni los vencidos ni los vencedores. No la quiere -con mucho- el propio Franco. No la desean ni los pretendientes que viven del subsidio que les paga el caudillo por tan cómodo empleo o utilizan su título para casarse con chicas bien acomodadas en familias que aún reinan en Europa. Sus pretensiones efectivas son bien modestas, pero más cómodas y jugosas.

En el año de 1874 se pudo restaurar la monarquía con don Alfonso XII, el hijo de Isabel II, la reina destronada. Pero no fue como culminación de una guerra civil, ni como justificación de quienes la encarnaron, ni bajo la tutela de un odioso y odiado dictador, sino como remedio inteligente aplicado por hombres liberales a una caótica situación (no creada por ellos) tras haber ensayado otros políticos diversas soluciones (el gobierno provisional, la monarquía de Saboya, la primera República) que no pudieron ser viables. Se trataba además de un rey inédito, crecido y educado en el destierro, a quien sus valedores pudieron rodear de nimbos de ilusión y de esperanza. Por último, los restauradores (el ejército liberal de Martínez Campos, el grupo liberal-conservador de Cánovas) afirmaron y se preocuparon por demostrarlo así, la absoluta ruptura de la monarquía restaurada con la aplastada por la milicia liberal en la batalla del Puente de Alcolea, la personificada en la hija de Fernando VII, la reputadísima Isabel II. Más todavía: el propio Alfonso XII, para patentizar su ruptura total con el pasado y a instancia o por consejo de los restauradores de la institución, encarnada ya en él, prohibió a su propia madre, la reina destronada, el acceso al país, manteniéndola en oficial, aunque dorado y cómodo destierro. Ahora, en cambio, cualquier restauración en cualquiera de esos homúnculos que andan como mendigos tras el general Franco, extendiendo con humildad la mano, no sería restauración, sino vergonzosa y vergonzante continuidad, turbio negocio inconfesable entre poule y souteneur. La historia no puede repetirse. Para la monarquía lo primero que se requiere es rey. Ni don Juan ni su hijo han demostrado capacidad «real» para ser como lo fue su abuelo y bisabuelo el rey de todos los españoles. Ninguno de los restantes pretendientes, cortejadores de ese nuevo Tenorio del Pardo la han demostrado tampoco. Menos aún ese desaprensivo aventurero, Hugo Carlos, simple cazadotes, quien no vacila, para significarse o llamar la atención, en orquestar toda una propaganda hollywoodesca ni en poner en ridículo a una noble familia, a una nación ilustre y hasta al Papa. El general Franco, tal vez con el propósito de perpetuarse dentro del régimen extraño de monarquía sin rey que se ha inventado, ha procurado siempre hacer notar esa falta de capacidad. ¿Cómo no se dan cuenta esos consejeros monárquicos que constituyen la corte de opereta de cada uno de los suplicantes pretendientes de que una monarquía restaurada con ellos o «instaurada», como ahora dicen, por el caudillo sólo sería un espantajo que arrastraría el viento, cualquier viento, el primero que se desatara, no ya con violencia sino con mínimo aliento vital?

Todos los españoles deben tragarse, para digerirla, esta amarguísima verdad: no hay -por ahora- más régimen que el régimen franquista. Confiar en la «liberalización» del régimen o en la «restauración» monárquica o en la «institucionalización» del Estado como medios para normalizar, evolutivamente, la situación de España, es algo así como poner a secar el trigo extendiéndolo sobre un terreno poblado de gorriones. Franco es, sin duda, el grande, único obstáculo, para que salga España al ancho mar. Sólo con Franco perecerá su régimen. Por fortuna para los españoles y desde luego para España, Franco aunque ungido con «la gracia de Dios», es mortal, y como tal fatalmente perecedero. Desde el punto de vista político es, debe ser, substituible. Ello requeriría el previo acuerdo de grandes masas de españoles. De no lograrse así habrá que resignarse a esperar con paciencia su desaparición física, inevitable. Pero si, desde ahora, vista la terquedad de Franco y la atonía del país, no se disponen, dentro y fuera de España, todos los hombres de buena voluntad a crear ese clima indispensable para que, cuando llegue ese momento, se reanude la vida nacional con las menores violencias, la muerte del caudillo precipitará otra vez a España en el vacío; mejor dicho: en el caos.

MARIANO GRANADOS

1. La fragua del bloque político-religioso

Casi todo el mundo está de acuerdo en que la historia de España es uno de los más complicados tejidos que ofrece el acontecer humano: un «enigma», un «laberinto», como pregonan los títulos de dos libros importantes dedicados a pretender desentrañarla. Y el aspecto más aparente, a la vez causa y efecto, de esa complicación es su décalage con los anales de la sociedad occidental a la que, diríase que a regañadientes, pertenece. El acontecimiento que decide esa ruptura de la isocronía histórica es la invasión árabe. La Hispania que ha recibido el catolicismo como provincia romana y con los visigodos ha entrado resueltamente por la vía del confesionalismo estatal se encuentra al iniciarse el Renacimiento bregando en la última y la mayor de las empresas medievales europeas: la lucha de ocho siglos por expulsar de la Península a los musulmanes africanos. La consumación de la hazaña libera una energía que si, por puro azar histórico, va a encontrar al instante faena a su medida en la exploración y conquista de América, deja también, frente a una Europa en trance muy avanzado de renovación, el empuje de un pueblo crecido en el esfuerzo y anclado en las formas de vida y pensamiento que a ese esfuerzo servían de respaldo. La consigna de «lucha contra el infiel» sigue vigente, aunque los estandartes ondeen indecisos. El ¡Adelante! sonará apenas se dibuje en el horizonte el clarear de la Reforma.

La Iglesia, que sale de la secular Reconquista y va a volcarse sin apenas respiro en la Contrarreforma, es un cuerpo beligerante y activísimo, capaz, como el país en el que vive, de todas las empresas. Ha pasado siglos sin apenas contacto con Roma; y su orgullo de esforzada guardiana de la ortodoxia, junto al hábito de la iniciativa, la predisponen ya a sentirse «más papista que el Papa». Cuando los Reyes Católicos fundan el primer Estado moderno y la incorporan a él como instrumento de gobierno destinado a mantener la unidad política a través de la uniformidad religiosa, no tarda Roma en tener que predicar templanza al fruto de este enlace, la Inquisición, un tribunal que habían mantenido alejado de España los reinos medievales independientes.

La Iglesia participa en la empresa de América y a la vez encabeza el Renacimiento peninsular, tardío, pero pujante, desde la mística a las cátedras de Salamanca donde sus teólogos actualizan el jus gentium en Derecho internacional para moderar guerras ambiciosas y defender a los indígenas recién descubiertos como sujetos de una cristiana libertad personal. Vitoria reemprende una línea que venía de San Isidoro y proseguirá, a veces muy tenue, hasta nuestros días, y en la que las grandes cabezas de la Iglesia española se suceden en un pensar libre y al nivel del tiempo. Melchor Cano, Vives, Molina, Suárez, Mariana, Feijoo, son eslabones de esta cadena. El propio Balmes, nacido ya en el clima reaccionario del XIX, se salvará en su pensamiento político por la lectura de los viejos maestros. Son los mejores, sí; pero, a la postre, «intelectuales» sin excesivo ascendiente sobre la masa del enorme cuerpo eclesiástico; y al cabo de los siglos, mientras los cristianos alemanes combaten la dictadura prusiana y el nazismo con las ideas demoliberales del jesuita Francisco Suárez y los alegatos antitiránicos de su compañero de orden Juan de Mariana, la Iglesia española traduce a Bonald y convierte a de Maistre en sustancia de sus sermones.

La España medieval fue democrática hasta un punto desconocido en Europa. Las comarcas reconquistadas a los árabes se pueblan con hombres libres, dueños de la tierra y defendidos en sus derechos por formales compromisos del rey. La diaria batalla es también un vivero de privilegios y exenciones, una promoción cotidiana que acaba por forjar una sociedad de «nobles» auténticos o virtuales sobre lo que no es concebible establecer ninguno de los privilegios característicos del feudalismo. Este pueblo libre llega muy pronto a tener representación en las Cortes, y con ella voz y voto en los tributos, es decir, en la llave de las empresas reales. La Iglesia se nutre entonces de esta savia popular, tan decisiva en el equilibrio de la Edad Media, y llega a los umbrales del siglo XVI exenta en gran medida de algunos de los más graves males que la Iglesia europea contrae en la etapa feudal y unida a un pueblo al que no le será difícil encauzar hacia la lucha antirreformista. En ella se fortalece en apariencia, a la vez que refuerza hasta la indisolubilidad sus vínculos con el Estado unitario, crecientemente centralista. En plena conquista de América, la herencia germánica de Carlos I ha lanzado al país al avispero europeo. Allí planta España el monolito de unas convicciones a cada paso más confundidas con los intereses dinásticos. El Emperador llegará a la ruptura por la intransigencia a que le empujan sus asesores religiosos.

Cuanto más descabelladas son sus empresas, más necesita la Monarquía prescindir de la opinión del pueblo, reacio a sufragarlas. Decaen las Cortes, a fuerza de no ser convocadas, y el Rey confisca para sí y sus consejos privados los poderes de unos súbditos ocupados a lo ancho del mundo en un haz de empeños sobrehumanos. La Iglesia pierde su papel como uno de los brazos deliberantes y sus miembros entran de pleno en el juego de privanzas y camarillas. La Inquisición ha hecho su obra. Cunde el temor y los hábitos de sumiso respeto. A la vez, el clero se convierte en heredero universal de un pueblo paradójicamente votado a la ruina por el oro de América tanto como por la sangría de sus guerras europeas. Mientras la nación se cierra sobre sí misma y repudia las peligrosas novedades de la nueva tierra de infieles que es Europa -la Europa de la secularización y los descubrimientos científicos- la Iglesia cede uno tras otro sus derechos a la Corona y se convierte en su instrumento a cambio del pacífico disfrute y acumulación de riquezas y privilegios frente al pueblo. Si la caridad y el espíritu evangélico quedaban olvidados en lejanas batallas, ahora decaía también el celo teológico y aun los simples saberes de que los hombres de sotana, ardientes guardadores de su ortodoxia, eran casi exclusivos depositarios. Gobernada desde el silencio, sumida en la ignorancia, España media el siglo XVIII tan rica en Iglesias y conventos como pobre en todo lo demás.

Con la Ilustración se abre el proceso de los males de España, leit-motiv hasta nuestros días, y el afán de ponerles remedio. Las cabezas más claras señalan hacia la inmensa propiedad de la Iglesia como losa que sepulta al país. La decaída enseñanza es también monopolio eclesiástico, mientras la Inquisición sigue en vela sobre el postrado cuerpo nacional para impedir la aplicación de medicamentos heterodoxos. La obra de los «déspotas ilustrados» del reinado de Carlos III no podía calar muy hondo en este panorama anquilosado. Sus reformas «desde arriba» crecen sin savia popular y basta un sucesor incapaz para que todo se derrumbe.

Al primer empuje de las tropas napoleónicas el Estado desaparece y el pueblo se encuentra solo, en calles y campos, regido por improvisadas juntas democráticas que hacen la guerra y procuran atender a la obra de gobierno. Y he aquí cómo, por un accidente histórico, el pueblo español desemboca, sin revolución ni maduro propósito, en la soberanía popular. Las «viejas libertades» que a modo de dorada nostalgia asoman a las quejas españolas desde la muerte de los Reyes Católicos están otra vez en manos de quienes las perdieron; de quienes han perdido también memoria de su manejo y se apresuran a delegarlas en las personas de prestigio que encuentran a su alrededor. Lo que de verdad nace en esta coyuntura, como en todas las grandes conmociones históricas, es un afán de renovación, un deseo y esperanza mesiánicos en que las cosas han de ir mejor y un gran caudal de buena voluntad al servicio de esa mejora.

A las Cortes que en 1812 aprueban en Cádiz la primera Constitución van muchos eclesiásticos, en gran parte «ilustrados», hombres convencidos de la necesidad de reformas y dispuestos a empezarlas por la propia casa. Ellos defienden la libertad de prensa o hacen la crítica implacable de la Inquisición, cuya abolición se aprueba. La Constitución respeta la tradición religiosa de España y sus autores permanecen fieles al mandato de un pueblo todavía católico y monárquico, a la par que embrutecido en su ignorancia; un pueblo que pronto pedirá la vuelta del rey destronado por Napoleón. Dos veces vuelve Fernando a España, la primera como «el Deseado», la segunda impuesto por las bayonetas de la Santa Alianza; y en ambas la reacción, amparada en el perjurio del rey hacia la Constitución que había prometido respetar, se lanza, con el clero al frente, a levantar patíbulos e improvisar tribunales de fe que persiguen, «depuran», torturan y matan a liberales, masones y sospechosos de tibiezas dogmáticas. A la muerte de Fernando VII, los liberales se ligan al trono de su hija para fortalecerse ante la fe monárquica del pueblo, mientras curas y frailes acaudillan todos los brotes reaccionarios y la mayor parte de la Iglesia acaba aliándose con quiénes sostienen al pretendiente don Carlos contra el centralismo de corte napoleónico de la nueva administración. A esa facción «fuerista» aporta la Iglesia sus nostalgias teocráticas con un programa en el que figura el restablecimiento del Santo Tribunal de la Inquisición. El resultado es un baluarte de intransigencia decisivo en las luchas del siglo XIX español.

2. El debate contemporáneo

Con la derrota del carlismo en dos guerras sangrientas, la Iglesia queda ante el nuevo Estado liberal en situación de vencida. Sus bienes han sido vendidos según la desamortización programada por los «ilustrados» en el siglo anterior, aunque por un sistema que los malbarata sin gran beneficio para el país ni más efecto profundo que el de enriquecer, fortaleciéndola, a la naciente burguesía. Por primera vez en varios siglos, las voces eclesiásticas suenan ahora con una cierta mansedumbre. Se trata de volver a una preeminencia en la vida nacional de la que han sido excluidos, y para ello cuenta la Iglesia con un arma decisiva: el entredicho en que tiene a los compradores de sus bienes, quienes, además de las penas puramente espirituales, se arriesgan a perder lo adquirido en un posible cambio político. Sólo un acuerdo con el régimen liberal puede legalizar su situación; y el Concordato se firma en 1851. En él se consagra la confesionalidad del Estado, a la vez que las regalías tradicionales de la Corona española, aunque con menos privilegios que los ejercidos por los últimos monarcas absolutos. En adelante, la Iglesia clamará sin descanso contra el Estado liberal por los mismos «desafueros» que toleró complacida de Austrias y Borbones; pero a la vez se aliará con las columnas de ese Estado: la burguesía, ya tranquila en su disfrute de los latifundios eclesiásticos, y el ejército, su antiguo enemigo en las perdidas guerras carlitas. La Constitución había fijado desde 1837 sueldos al clero como compensación por el pasado despojo; y la pugna secularizadora será un juego superficial en el que la Iglesia se defiende eficazmente encastillada en esa Constitución especial para asuntos religiosos que es el Concordato. A los ochenta años de su firma, la Iglesia que en 1931 se opone a la República en nombre de la Monarquía liberal, tiene muy poco que envidiar en riqueza y poder social a la del siglo XVIII.

Entretanto, han sucedido algunas cosas. El pueblo que en su estallido antinapoleónico no sabe qué hacer con el poder que se le viene a las manos, olvida sus hábitos de sumisión y aprende el valor de la libertad por el único sistema conocido; es decir, practicándola. La libertad de imprenta contribuye al proceso por el que tantos empiezan a bucear críticamente en el fenómeno religioso. De esta crítica surgen escépticos y ateos dogmáticos; pero, sobre todo, una creciente masa de opinión que distingue entre la religión y quienes la administran en España. El anticlericalismo, soterrado pero muy presente en el país desde el siglo XVII, acaso por los mismos motivos que lo hallamos en la Edad Media europea, toma ahora razones políticas e impregna una sociedad urbana en la que incluso republicanos como Castelar y campeones de la secularización como Canalejas son y se declaran católicos. En cambio, en las zonas rurales y en las pequeñas poblaciones atrasadas, en esa «España que no lee» de que habla Balmes, el fenómeno tardará en producirse. Pero, tras su reconciliación «jurídica» con la burguesía liberal y el ejército que de ella se nutre, la Iglesia labora pacientemente por reconquistar los espíritus de los virtuales dueños del país. Instrumento definitivo de la unión será el miedo a los nuevos movimientos socialistas y sindicalistas.

El proletariado emergente encuentra ya a la Iglesia abrazada con la burguesía bajo banderas reaccionarias y consignas de pensadores como Donoso, que ven en el despertar obrero el nuevo Anticristo. La identificación se acelera con la lucha política, en la que la ultrapolitizada Iglesia es en toda ocasión beligerante. El sistema en el que se ha insertado tiende sobre todo a impedir una verdadera democratización. La paz política que sigue a la Restauración es fruto de un pacto por el que liberales y conservadores -las dos caras del liberalismo español decimonónico- alternan en el mando mediante el metódico falseamiento de las elecciones. Cuando los hombres que crearon y encarnaron el sistema desaparecen, el creciente desconcierto y el empuje de los partidos obreros dan ocasión al golpe militar por el que Primo de Rivera instaura en 1923 su dictadura. El catolicismo oficial se suma entusiásticamente al dictador, acepta cargos y prebendas del régimen y trata de sacar el mayor partido posible de la situación, sin ninguna cautela ante el futuro. Mientras silencia a los intelectuales, a los obreros, reducidos por la fuerza, les ofrece «sindicatos» destinados a edificarlos y amansarlos. Cuando la Dictadura cae, dejando tras de sí el vacío político, y el país desemboca inesperadamente en una República que hubiese encontrado su sazón años más tarde, el abandono de la religión por las masas proletarias y el campesinado sin tierra, el «gran escándalo» de que habló Pío XI, se ha consumado. «España ha dejado de ser católica» en el sentido en que De Mun, un gran católico, lo afirmó un día para Francia. Pero desde el día en que Azaña, un gran republicano, pronuncia aquella frase, la derecha española lo señala como enemigo público y lo acosa con una campaña difamatoria que ni la muerte ha podido detener.

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La gran arma de la Iglesia en su conquista de la burguesía ha sido la enseñanza. El liberalismo español del XIX, más cerca siempre de la exaltación jacobina que del pragmatismo sajón, aspiró, con escasa eficacia, a un exclusivismo docente capaz de formar hombres «para el Estado». Frente a él, la Iglesia habla equívocamente de «libertad de enseñanza», que no es su ejercicio por todos, ni mucho menos la libertad de cátedra, sino el derecho de la Iglesia a ejercer las funciones que a sí misma se atribuye como «sociedad perfecta». No le basta con la enseñanza obligatoria de la religión ni el control de la ortodoxia docente que a lo largo de esta etapa continúa ejerciendo. Pero sus esfuerzos son dispersos, hasta que al fin halla el camino. Despegándose de las clases populares, crea colegios de gran porte destinados a los únicos que pueden pagarlos; y, a la vez que se enriquece con la enseñanza, opera sobre la mentalidad de esas capas altas que, salvo en sus sectores intelectuales, acabarán por entregársele. El forcejeo entre un Estado pobre y de escaso empuje y una Iglesia de creciente poder y fines muy concretos se extiende a todo el «siglo liberal». De él hereda la República 500000 niños sin escuela y doce millones de analfabetos, la mitad de la población de España.

La República da a la Iglesia plena autonomía, con renuncia a las regalías seculares, e incluso legaliza el estado de las órdenes religiosas, mantenidas por los políticos liberales sujetas a la rienda de un indeciso modus vivendi. Pero a la vez pretende actualizar aquel viejo ideal jacobino y frenar la tarea reaccionaria prohibiéndoles la enseñanza. Lo que debió intentarse en el plano de la competencia, ofreciendo la instrucción gratuita y de calidad que el país necesitaba, se confió a una medida insostenible en buena teoría liberal y utópica por la imposibilidad de sustituir de la noche a la mañana los poblados colegios eclesiásticos. La sustitución no tuvo lugar, pero su amenaza enajenó al gobierno la colaboración de algunas órdenes que ejercían un auténtico apostolado docente; como le ganó la enemiga de los párrocos, casi todos escasos de recursos, el suprimirles una asignación respaldada por un claro derecho histórico. Inútil e irritante fue también imitar a los «ilustrados» de Carlos III en la supresión de los jesuitas. Pero el grito de guerra contra la República lo había lanzado el cardenal Segura desde su archidiócesis sevillana a los pocos días de proclamada; y el rasgarse las vestiduras fue sobre todo por medidas, como la ley de divorcio o la supresión de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas, destinadas a sustraer a la imposición confesional la vida de un pueblo en el que los católicos practicantes empezaban a estar en minoría. El continuo aire de escándalo ante la legislación republicana, destinado en parte a hacer olvidar que era la obra de un Parlamento nacido de las primeras elecciones puras de la historia española, contribuyó decisivamente al clima necesario para el golpe de 1936. En realidad, en aquella coalición de la parte más visible de la Iglesia española con la derecha reaccionaria no era fácil saber quién manejaba a quién; pero si pensamos que la verdadera reacción no se produjo hasta que se intentó la reforma agraria y la reducción del ejército a un papel y unos efectivos congruentes con las necesidades nacionales, hemos de concluir que era la Iglesia, y en última instancia la religión, la manejada. La clave puede dárnosla la frase de un diputado monárquico al católico, hoy líder de la oposición democristiana, Jiménez Fernández, que alegaba palabras de León XIII en defensa de las reformas en el campo: «Si su señoría se propone apoderarse de nuestras tierras apoyándose en encíclicas, nos haremos cismáticos».

(Continuará)

PEDRO DE LUNA

Madrid, 25 de abril de 1964

Illmo. Sr. Director General de Seguridad

Madrid.

Illmo. Señor: Le dirijo estas líneas para darle cuenta de mi llegada a Madrid en la noche de ayer, día 21.

Como V. I. sabe, el Señor Embajador de España en París me informó de las dificultades que el Gobierno oponía a la autorización a mi regreso y a la expedición de mi pasaporte. En vista de ello le comuniqué -y así lo ha transmitido, según creo- que no podía resignarme a quedar extrañado de mi patria indefinidamente, haciendo creer, por añadidura, que mi pasividad significaba asentimiento a esa situación anormal y penosa. Le añadí que, en consecuencia, me disponía a regresar por el único camino que me era practicable. No se trataba por mi parte de un desafío a la autoridad sino de la modesta reivindicación de un derecho, que considero indeclinable, sin perjuicio de las medidas que el Gobierno pudiera considerarse en el deber de aplicar en consideración a mis actitudes políticas.

Cumpliendo, pues, mi palabra, el domingo día 19 atravesé la frontera por la parte de Irún sin cumplir las formalidades ordinarias y tomé plaza, ya en zona española, en un coche francés que amigos míos habían apalabrado y cuyos propietarios y ocupantes no conocía, en tanto que ellos mismos eran ajenos a mi paso anterior. En este coche debía llegar a Bilbao, pero el perfecto funcionamiento de los servicios de policía que V. I. dirige, lo impidió con precisión sorprendente. Como V. I. debe saber, algunos agentes de ese servicio me raptaron en las proximidades de Bilbao y, después de mantenerme en su coche con los pretextos más ingeniosos y el trato más cortés, me devolvieron a territorio francés a la vista de San Juan de Luz. Explicaré que he empleado la palabra rapto en sentido técnico y no peyorativo para indicar que no hubo ni detención ni identificación formales, ni pasaje por comisaría alguna, ni aceptación de mi deseo de que mi caso -que expliqué lealmente- fuera consultado con la superioridad, ya que mi intención no era la de disimularme.

No creí que el referido incidente debiera desalentarme en mis propósitos ya que no expresaba formalmente una decisión del Gobierno. En consecuencia, hice lo necesario para pasar nuevamente la frontera, lo que se realizó 26 horas después de ser devuelto a Francia. Conseguí igualmente organizar con facilidad mi traslado a Madrid, a donde llegué en las últimas horas del día.

Llegado aquí mi primera ocupación ha sido redactar esta carta, puesto que en ningún modo deseo mantenerme en situación de clandestinidad.

Espero, por el contrario, que el Gobierno considere mi caso en conformidad con sus criterios, sin obligarme de nuevo a abandonar el territorio nacional o haciéndolo, en su caso, con las formalidades legales debidas.

Le saluda muy atentamente.

DIONISIO RIDRUEJO

PROTESTA CONTRA LA DETENCIÓN DE RIDRUEJO

Bajo los auspicios del Consejo Ibérico se ha iniciado una campaña de protesta contra la detención y encarcelamiento del escritor español Dionisio Ridruejo.

Distinguidos escritores, profesores y periodistas, en número que hasta hoy, 13 de mayo, excede de 48, se han dirigido al Secretario de Estado Dean Rusk solicitando envíe dicho Departamento al Gobierno español la protesta que formulan contra la detención del escritor Dionisio Ridruejo, acusado de «propaganda ilegal» por escritos y declaraciones publicados y hechas fuera de España. Los peticionarios señalan que, dada la sólida ayuda económica que viene prestando a nuestro país al actual Gobierno de España, consideran que tienen el derecho y el deber de manifestar públicamente su protesta contra tal Gobierno que continúa negando la libertad intelectual y contra la persecución del señor Ridruejo, puramente por razones ideológicas.

Cual nuevo Josué...

Hay hombres a quienes un acontecimiento vivido ha marcado con tal vigor que quedan como prendidos a él durante el resto de su vida. Lo que para los demás es tiempo pretérito sigue siendo presente para ellos, el mundo no marcha, la tierra no gira, el sol se para... Podríamos llamarles los nuevos Josués, para utilizar algo libremente la figura bíblica. Consiguen subjetivamente que el hoy fugitivo se petrifique y no sea jamás ayer.

Este fenómeno no tiene mayor importancia que la del ámbito personal cuando se produce en personas que no intervienen en los destinos de un país; es, en cambio, grave, cuando se produce en hombres políticos -hay que pensar irremediablemente en ciertos hombres de la oposición española tradicional- y es gravísimo cuando hace su presa en quienes tienen a su cargo el timón del Estado. Y éste es el triste caso de España.

Porque el Padre Abad de Montserrat recordó que no se hablaba de paz sino de victoria, desplegaron la campaña publicitaria de «25 años de paz»; porque se aspiraba a aprovecharse del Mercado Común se montaron otras tantas campañas de «liberalismo» y «europeísmo»; porque dentro del sindicato de vencedores de 1939 hay sectores que comprenden que si no ceden un poco o cambian la fachada, acabarán perdiéndolo todo, han surgido las disputas entre «ultras» y «liberales», se habla de Regencia, se establecen programas monárquicos y se dialoga con Estoril.

Hay, sin embargo, una realidad, confirmada por todos los acontecimientos de este vigésimo quinto Abril de «paz» (!). Los «Josués» de nuestro tiempo, con el sol parado el 1.º de abril de 1939, siguen determinando el comportamiento del Estado español en una atmósfera de incomprensión y de intransigencia que, a la larga, pudiera conducir a las situaciones catastróficas que nadie desea.

El discurso del jefe del Estado ante el Consejo Nacional del Movimiento confirmó sus propósitos de inmovilismo. El barullo organizado por cierta «prensa del Movimiento», afirmando que «en un plazo razonable» España tendría sus leyes de separación de funciones en el Estado, su sindicalismo representativo, libertades de prensa y de expresión (todo eso se ha escrito) respondía tanto a un esfuerzo propagandístico como a la táctica que quisiera emplear un sector del régimen todavía minoritario dentro de él. Incluso las tímidas sugerencias d el Consejo sólo son aceptadas, como dice un Decreto publicado el día 24 en el Boletín Oficial, «en lo posible y oportuno». En política hay que remitirse a los hechos, y los hechos confirman que lo que cuenta de aquel discurso es «la dedicación constante al servicio de la Patria, mientras Dios me dé fuerzas para ello», y que cada cual -decimos nosotros- comprenda esa expresión como quiera o le convenga. Siguen, sin duda, los zig-zags, los «estira y afloja». Fraga ha hecho en Barcelona un discurso para agradar a la galería, exaltando el idioma catalán (que persigue su representante en la ciudad condal), se sigue hablando de la futura ley de prensa -triste velo pudibundo para mal cubrir las desnudeces totalitarias-, pero las decisiones básicas van encaminadas a la intransigencia y a la represión de todo el que no se somete a la dictadura, porque dictadura hay y bueno es llamar a las cosas por su nombre.

Las «reformas» en el Consejo Nacional del Movimiento, que establece el citado Decreto, consisten en que formen parte de él, cinco representantes provinciales, diez sindicales, diez de corporaciones locales y cinco de asociaciones familiares. ¿Cómo serán elegidos? Los primeros por «los miembros activos del Movimiento», debiendo los nombrados «reunir las condiciones personales que garanticen la dedicación al servicio activo y aceptación de la disciplina del Movimiento»; los sindicales y municipales serán elegidos por los procuradores en Cortes de su ramo (todo se queda en casa) y los de esas asociaciones familiares que se han sacado de la manga, a propuesta de sus juntas directivas. ¿Está claro? ¡Que luego no nos llamen difamadores porque digamos que en España no hay ni pizca de democracia!

El problema sindical, clave

Pero si los círculos políticos que pueden moverse con cierta libertad, cabildean sobre las posibilidades de Regencia, caen en éxtasis ante la posibilidad de una ley que separe la jefatura del Estado de la del Gobierno, se complacen por la fecundidad del diálogo entre El Pardo y Estoril -es el caso del Sr. Pemán- o se entregan a pintorescos cotorreos sobre la boda del príncipe Hugo Carlos y la próxima reunión de Montejurra, la «procesión» no vaya sólo por dentro sino que sale a la superficie, sale a la calle. ¿Quiénes la sacan? Los mineros de toda España, los campesinos de la provincia de Cádiz, los estudiantes de Madrid... Hoy, se quiera o no se quiera, la cuestión clave es la sindical y la primera libertad que exigen todos los españoles es la de la libre asociación profesional -sindical- acompañada del derecho de huelga y de la libre expresión para defender sus intereses. Ahí reside el extenso movimiento de huelgas que se está produciendo desde hace dos semanas. Ya en Peñarroya había habido una huelga de 3200 mineros, pero fue en Asturias de nuevo donde, a mediados de mes, comenzaron los paros, perfectamente organizados, por el sistema de rotación en el que ya, son duchos aquellos mineros.

MARCHÉ COMMUN

(De l'ABC)

Ya van dos semanas y el conflicto continúa; un día es en El Fondón y La Nicolasa, otro en Figaredo y Fábrica de Mieres. Las cifras de huelguistas que se dan oficialmente oscilan, según los días, entre 3000 y 6000. En realidad, después que varios pozos de la cuenca del Nalón se han unido el viernes pasado a los de la cuenca del Caudal, hay más de 7500 huelguistas, sin contar los metalúrgicos de Moreda.

En Peñarroya, la tensión es muy fuerte. El Gobernador ha cerrado las minas y ha convocado a patronos y «representantes» de los obreros, es decir, funcionarios sindicales; éstos han declarado «que ignoraban las causas de la huelga». El paro afecta a unos 3500 obreros. Estos, que nombran sus comisiones sin contar con los sindicatos, piden un salario mínimo de 150 pts., libertad sindical y reconocimiento del derecho de huelga. El 20 de abril los huelguistas organizaron una manifestación delante del local del Sindicato, en Peñarroya. Varios cientos de obreros gritaron, además de las reivindicaciones señaladas, «¡Libertad!, ¡Libertad!» y «¡Viva la República!». Entonces intervino la fuerza pública que cargó varias veces y practicó algunas detenciones.

En Río Tinto, prosigue la huelga de 5000 mineros, aunque las noticias de fuente oficial aseguran que antes del 1.º de mayo quedará resuelta. Es digno de tener en cuenta el carácter político, y no sólo profesional, que están teniendo estas huelgas.

También los campesinos de Sanlúcar de Barrameda y Jerez han estado en huelga los días 20 y 21, pidiendo aumento de salarios y nuevos contratos colectivos, movimiento que se extendió parcialmente a la fábrica de botellas de Jerez. Parece que en Jerez los funcionarios sindicales lograron dominar momentáneamente la situación, pero no así en Sanlúcar donde los trabajadores están dispuestos a insistir en el paro (las noticias que la agencia del Movimiento «Pyresa» había dado sobre este conflicto, fueron prohibidas por la censura, a pesar de su carácter tendenciosamente progubernamental).

El movimiento en favor del sindicalismo libre es de tal alcance que en el propio diario Ya se han hecho eco de ello varios editoriales, principalmente uno del 20 de abril, en el que se dice, entre otras cosas: «Hay un paternalismo malo y un paternalismo bueno. Pero incluso este último, justificable en determinadas circunstancias históricas, es indefendible con carácter general y de principio, porque se basa, en el terreno de lo social, sobre presunciones que ni la razón ni la vida dan por buenas. Ni los patronos son padres, ni, aunque lo fueran, la patria potestad es algo inacabable; ni declarar menor de edad a una clase social con carácter vitalicio es justo ni prudente; ni la identidad de intereses entre obreros y empresarios va más allá de cierta fase de sus relaciones; ni la lucha de clases, cuando se da, es imputable, con verdad, a una sola de ellas».

Juventud Obrera, órgano de la JOC, va más lejos y dice que el Consejo Sindical no fue más que propaganda huera con la que ya no se engaña a nadie. Refiriéndose a la situación minera añade que «si a los mineros de Asturias no se les dan pronto satisfacciones de orden moral y material... nos encontramos en vísperas de nuevos conflictos».

Sindicalismo, publicación «oposicional» falangista, que dirige don Ceferino Maestu, hace una violenta crítica del aparato sindical «del más viejo estilo» concluyendo en la falsedad del llamado sistema electoral de los sindicatos.

El movimiento alcanza a todo el mundo: varios estudiantes que participaron en la manifestación del mes pasado frente al local del SEU en la Glorieta de Quevedo, nos han contado que al reagruparse, frente al ataque de los guardias, en varias obras de las calles próximas, al gritar ellos «¡Vivan los sindicatos libres!» los obreros entusiasmados dejaron el tajo y se les unieron con las mismas voces.

Acontecimientos de gran importancia

En Cataluña la protesta adquiere formas particulares vinculadas a su personalidad nacional: 6000 peticiones firmadas de libertad total para la lengua y cultura catalanas fueron entregadas personalmente por don Félix Millet al general Muñoz Grandes quien, al parecer, lo acogió amablemente. En efecto, el discurso de Fraga en Barcelona, parece un retroceso en ese orden. Sin embargo, el Ministerio de la Gobernación ha denegado la instancia del «Omnium Catalán» para constituirse en nueva sociedad incluida en el régimen de la Ley de Asociaciones, y al poeta Sr. Carner, llegado a Barcelona al cumplir sus ochenta años, se le ha prohibido hablar en público. (El Sr. Carner fue también diplomático de la República española).

A la agitación en los medios del trabajo y de los estudiantes (una nueva manifestación tuvo lugar hace diez días ante el Ministerio de Educación, a despecho del despliegue de guardias) en Barcelona y Vizcaya, se ha unido la preparación del 1.º de mayo, al que todas las organizaciones de la oposición (y no sólo los comunistas, como pretende el Gobierno) quieren revestir de significación. Lo uno y lo otro ha dado lugar a la operación policíaca desatada hace tres días, de la que hablaremos luego. Pero ahora, para seguir el orden cronológico, hemos de referirnos a otro acontecimiento político de gran importancia: el regreso a España y detención de Dionisio Ridruejo.

Como se leerá, en la carta que Ridruejo ha dirigido al Director general de Seguridad (y que publicamos por separado), el conocido escritor y hombre político, significó al embajador español en Francia su deseo -y derecho- de reintegrarse al país. Se le negó pasaporte, y entonces Ridruejo optó por volver de la misma manera que había salido. Así lo hizo, tras un primer intento fallido, y ya en Madrid dirigió la referida carta el día 22. Cuarenta y ocho horas más tarde era detenido en su domicilio particular. Trasladado a la Dirección General de Seguridad fue interrogado durante varias horas y puesto a disposición del nuevo Tribunal de Orden Público, que ha incoado ya auto de procesamiento. Fue trasladado a la cárcel de Carabanchel, donde se encuentra en la incomunicación de rigor de los diez primeros días que siguen al ingreso en ella. Ridruejo es acusado del artículo publicado en Le Monde de París con motivo de la ejecución de Julián Grimau y de un folleto titulado España, 1962 que editó el Centro de Documentación y Estudios de París. En ambos casos, pero sobre todo en el primero, se produce algo nuevo en la inacabable arbitrariedad del régimen: procesar por actos realizados en el extranjero y dirigidos al extranjero, por publicar en un periódico extranjero, en lengua extranjera y dirigido a un público extranjero. Es una flagrante violación del principio de territorialidad de la ley penal. Y a eso le llaman «delito de propaganda ilegal» (!).

Al mismo tiempo que esto ocurría, se veía otro proceso por «propaganda ilegal». El acusado, Sr. Anson, lo era por haber publicado un artículo en ABC, previa autorización de la censura, sobre la muerte del aviador Ansaldo. Había sido denunciado por el indescriptible Pérez Madrigal. El fiscal pidió dos años de condena pero, en definitiva, ha sido absuelto.

Agitación en el 1.º de mayo y operaciones policiacas

Y a esto se unió la agitación sobre el 1.º de mayo. Circularon hojas comunistas por Madrid, invitando a ir ese día a la Casa de Campo, pero también otras de la Alianza Sindical UGT-CNT. Estas hojas habían sido repartidas igualmente en varias provincias. En el País Vasco, los Sindicatos Solidarios Vascos (clandestinos) llamaban también por su parte a los trabajadores. En cuanto a Barcelona, todas las organizaciones de la oposición han coincidido en proponer, para el 1.º de mayo, una manifestación silenciosa que debe ir al monasterio de Montserrat.

La situación se ponía difícil para el Gobierno, unida a la extensión de las huelgas y a la conmoción producida por la detención de Ridruejo y por el escándalo sin precedentes del comandante Fernández Martín, ponente del proceso Grimau, fiscal o ponente de más de mil consejos de guerra, todos los cuales resultan impugnables de nulidad porque ese señor, del que el auditor de Madrid, general Morejón, había dicho públicamente que «había desarrollado a lo largo de su vida un intenso apostolado antimarxista» (apostolado, por lo visto, quiere decir enviar gentes al otro barrio) resulta que no ha cursado los estudios de Derecho, ni tiene título alguno, con manifiesta infracción del Código de justicia Militar y del Reglamento orgánico del Cuerpo jurídico del Ejército. El escándalo es de los que derrumban a un gobierno cuando se vive tan siquiera en tibia aproximación a la democracia; cuando no es así, cuando se le quiere echar tierra encima, es de los que cubren a un régimen de lodo y de sangre, definiéndolo ante la Historia. (Ver información detallada por separado).

Pues, bien. Hacía falta justificar una represión para acabar brutalmente con las huelgas, impedir las manifestaciones del 1.º de mayo y, de paso, convencer sí es posible todavía a algunos incautos de que es «la mano oculta del comunismo» la que conspira, ayudada naturalmente por el extranjero (y por Spaak y Nenni, ¿no es verdad?) contra «la paz de España». El caso es que la policía ha dado un golpe maestro deteniendo a un señor llamado José Sandoval, al que se acusa de pertenecer al comité central del Partido Comunista; a varios otros más llamados justo López Vicente, Luis Antonio Gil, Jesús Martín de Velasco y así hasta una quincena. Se dice que hay detenciones en provincias, pero no ha podido comprobarse. Como botín de guerra la brigada social (felicitada con éxtasis amoroso por una prensa que silencia la detención de Ridruejo) exhibe nada menos que una imprenta, multicopistas, etc. Puro terrorismo, como se ve. Para realizar mejor su operación pretenden mezclar en el asunto a la FUDE, diciendo que se han encontrado hojas con el nombre de esta organización estudiantil (hojas que llevarían previamente los policías en sus bolsillos). Ocurre que la FUDE es la organización de todos los estudiantes de izquierda sin ninguna distinción, siguiendo las tradiciones de la vieja FUE, y que, como ésta en los últimos años de la Monarquía, ha adquirido ya una indiscutible audiencia en la Universidad. Se trata de desprestigiarla (Primo decía también que Sbert era un rojo), pero ya sus dirigentes se han dirigido a los corresponsales de prensa extranjera para deshacer la torpe maniobra.

Frutos de veinticinco años de dictadura

Ahora bien; lo que no sospechaban los finos sabuesos que han realizado esta operación es que se iban a encontrar nada menos que con el hijo del Ministro del Aire. Pero así es. Entre los detenidos, acusados de tener en sus manos la organización comunista de Madrid, está el ingeniero don José Daniel Lacalle, de 27 años de edad, jefe de infraestructura del aeródromo de Barajas, e hijo del Ministro del Aire general Lacalle. El asunto era innegable y, al parecer, Alonso Vega no está dispuesto a ocultarlo. ¡Otro escándalo cómo para acabar con un Gobierno! Claro que el fenómeno de que en España resulten comunistas los hijos de ministros y de ex ministros, nietos de «protomártires», etc., no es sino el fruto de veinticinco años de dictadura intransigente y de cerrazón mental.

Pero Josué sigue queriendo parar el tiempo sin comprender lo que ha llovido ya durante los últimos veinticinco años. No son menos anacrónicos esos señores que se han ido, dirigidos por José María Valiente y tocados de boina roja, a la boda del príncipe Hugo Carlos, llevándose alquilados tres mineros de «pega» y una Tuna universitaria. Ni tampoco, aunque más representativos, los que consideran como modelo de sabiduría las recientes declaraciones de Don Juan de Borbón a Le Figaro de París.

Están más en el terreno de la realidad, aunque nos parezcan tremendamente egoístas -y por ellos nocivos al interés nacional- quienes como el Sr. Villalonga, ante la junta del Banco Central, piden que no suban los salarios sin crecer la productividad y critican la política agrícola, no por sus defectos básicos estructurales, sino porque los propietarios no han obtenido los beneficios deseados; los que como en Ya critican también el Plan de Desarrollo porque todo se va en «polos» industriales («vamos a chupar del polo», dicen los castizos de Sevilla, recordando los clásicos helados) en detrimento de las inversiones agrarias. En cambio, la Secretaría del Plan da un comunicado de prensa diciendo que todo marcha a las mil maravillas. Pero, bueno... ¿no ha dicho hace unos días el Sr. López Rodó que sería posible repatriar la mano de obra salida al extranjero, cuando todo el mundo sabe que no hay plan capaz en cuatro años de dar trabajo a ese millón de españoles expatriados y que, por añadidura, no se les ofrecen salarios de nivel europeo?

Así van las cosas al entrar en el segundo cuarto de siglo de «paz». Nuevas detenciones y nuevas soflamas de una prensa domesticada permitirán que durante varias semanas concilien el sueño los que han confundido España con un patrimonio particular, que los ilusos y los astutos hagan nuevos planes de «institucionalización» para dialogar... ¡entre ellos! Pero ya no hay ningún Josué sobre la tierra y el tiempo prosigue su marcha imperturbable. ¡Ay de los que se convierten en estatuas de piedra! Porque, como dijo un artista, «las estatuas mueren también».

TELMO LORENZO

Madrid, 28 de Abril de 1964

En sí, las andanzas de Hugues Charles de Bourbon pueden ser consideradas como episodios bufos o como actos de un temperamento sujeto a crisis de delirios. Pero como los actos del príncipe Bourbon Parma han tenido repercusiones sensibles y pueden tener serias consecuencias, dada su posición actual y la situación de España, es conveniente fijar la atención en aquellos actos más salientes del activo príncipe.

Aparte las presiones ejercidas para ser recibido por la familia real holandesa, su primera manifestación pública fue pretender con insistencia acompañar a la Reina y su familia en el viaje oficial a México, insistencia que dio lugar a una petición del Gobierno holandés con objeto de que el príncipe Hugues no fuera invitado. La princesa Irene renunció al viaje. Esa insistencia en el viaje ha sido considerada como antidiplomática y un tanto autoritaria. Por consejo y petición expresa de Hugues Charles, la princesa Irene hizo declaraciones, antes de su matrimonio, anunciando su decisión de compartir los esfuerzos de su prometido para ayudarle a acceder al trono de España.

Simultáneamente el príncipe ponía en juego personas y personajes para que el matrimonio se celebrara en Holanda, lo que implicaba la asistencia de la familia real al acto. El primer ministro de Holanda, Sr. Víctor Marijnen, dirigió una carta a las dos Cámaras exponiendo la responsabilidad del Gobierno en relación con la iniciativa de la princesa Irene en favor de la causa carlista. A la salida del Consejo de Ministros celebrado el 8 de abril, el Sr. Marijnen declaró a los periodistas que le preguntaban por los detalles de la boda, que era «una cuestión que no interesaba sino a la princesa y a su prometido», lo que expresaba claramente la actitud del Gobierno al respecto. En la sesión del día 14 de abril la Cámara de Diputados trató del asunto; el diputado P. Jongeling, de la Iglesia reformada, atacó violentamente al prometido de la princesa, al que acusó de «ser un ambicioso pretencioso. Dice que es español siendo francés; dice que se llama Don Carlos cuando se llama Hugues».

Cuatro días después la familia real holandesa anunciaba que no asistiría a la boda de la princesa Irene. Como respuesta a esa decisión el príncipe Hugues se permitió declarar que la Reina había obrado bajo la influencia del Gobierno.

Celebrada la boda en Roma el 29 de abril con gran pompa, gracias a la fortuna personal que detrás de la princesa existe, Hugues marchó a Madrid para pedir al general Franco le fuera concedida rápidamente la nacionalidad española que tenía solicitada él y la princesa Irene. La concentración carlista en Montejurra estaba fijada para el día 3 de mayo. El día anterior a la celebración del acto, el Gobierno español hizo saber al intranquilo príncipe que su presencia en la reunión proyectada para el día siguiente podía traer graves perturbaciones. El matrimonio renunció a sus proyectos, irrealizables, además, por ser extranjeros ambos y ser la concentración de carácter político.

Al reseñar estos actos del pretendiente carlista al trono de España, no nos guía otro interés que el de subrayar la lección de democracia que ha dado el Gobierno y la Reina de Holanda al adoptar las decisiones que dejamos señaladas. El Gobierno holandés ha medido todos los riesgos que implicaba el matrimonio de la princesa Irene con un personaje que podía complicar a la familia real holandesa en la aventura que, a su sombra, estaba dispuesto a emprender para invocar sus derechos carlistas al trono de España. El Gobierno ha sostenido los principios en que se asienta su tradicional y sólida democracia, señalando firmemente que no amparaba ni cooperaba a esa unión de la princesa con un pretendiente que tantas cosas pretendía. La Reina ha roto lazos familiares y, probablemente, ha sufrido dolorosos desgarramientos espirituales. Todo lo ha superado y se ha unido a su Gobierno en la defensa de la democracia que viene sosteniendo la Casa de Orange desde hace siglos.

Ni antagonismos religiosos ni temor a otra dominación imperialista española. La resolución de Holanda significa clarividencia y fortaleza en sus convicciones liberales y en su democracia. Holanda quedó al margen, sin la menor responsabilidad, directa o indirecta, en las consecuencias políticas que hubiesen podido repercutir en Holanda y en España, de aceptar la conexión de un príncipe carlista con la Casa Real holandesa.

Es posible que esas decisiones hayan influido en el Gobierno español para tomar ciertas medidas, tales como la advertencia al príncipe Hugues sobre su asistencia al acto de Montejurra, el anuncio de una negativa a la petición de nacionalidad y la cortés indicación al matrimonio de establecer su residencia fuera de Madrid. Esa decisión y esos propósitos no deben interpretarse como medidas anti-integristas o liberales del Gobierno español, sino como precauciones ante el entremés dinástico que se juega en la escena española.

Se adopte el punto de vista que se adopte, las resoluciones del Gobierno y de la Reina de Holanda merecen el aplauso y el respeto de todos los demócratas; son una gran lección y un ejemplo para aquellas democracias que teorizan y al mismo tiempo prestan su apoyo a gobiernos dictatoriales.

Agitación en España

Mayo 4, Ibérica: -La agencia de noticias France Presse informa haber recibido de su servicio de Bilbao un cablegrama que dice: «Bilbao: 2000 personas han manifestado en la Gran Vía, principal arteria de Bilbao, dando gritos de ¡LIBERTAD!, ¡QUEREMOS LIBERTAD SINDICAL! La muchedumbre ha roto periódicos e intentado volcar vehículos, pero la rápida intervención de la policía impidió desmanes mayores. Han sido detenidas 17 personas que fueron conducidas a la Comisaría».

Con una semana de antelación se habían repartido por la ciudad y regado las calles de hojas volantes y del periódico Lan Deya convocando a los trabajadores para la gran manifestación. No se tienen aún noticias de las otras tres capitales vascas, pero en ellas la Alianza Sindical en colaboración con el partido Nacionalista Vasco, Acción Nacional Vasca y los partidos democráticos vascos, habían organizado concentraciones similares a las de Bilbao.

El periódico Le Monde del 2 de este mes inserta idéntica noticia sobre la manifestación de dos mil personas en Bilbao.

Surge nuevo movimiento de huelgas en el país

MADRID, 22 abril, Ibérica: -El movimiento de huelga ha comenzado de nuevo. Hace una semana empezó en algunas minas de Asturias y noticias recientes confirman que prosigue el sistema, ya clásico, de huelgas por rotación. Están en huelga la mina «La Nicolasa», «Pumarabule» y «El Fondón»; se han unido al movimiento los trabajadores de la «Fábrica de Mieres» y «Figaredo»; los metalúrgicos de Moreda han cesado en el trabajo desde hace quince días. En el centro y sur del país están en huelga también los mineros de Puertollano, unos 2300 trabajadores que piden un aumento de salario de 150 ptas. (2 dólares 50 centavos). En Peñarroya 5000 mineros piden aumento de salario y libertad sindical. En Río Tinto 5000 mineros en huelga reclaman se firme un nuevo contrato colectivo. Se estima que hay, en total, 20000 trabajadores en huelga, entre mineros y metalúrgicos. Oficialmente se sabe aquí poco de estos movimientos, pero la prensa extranjera los registra con amplitud.

Los mineros en huelga ascienden a 35000

Con este título publica el New York Times del 7 de mayo el siguiente comunicado del The Times de Londres:

Contra la detención de trabajadores españoles

BRUSELAS, 29 abril, Ibérica: -Como consecuencia de la detención de cinco trabajadores el 22 de este mes en Bilbao, la CIOSL y la CISC han enviado un telegrama de protesta al señor David Morsw, Director General de la Oficina Internacional del Trabajo como una nueva queja contra el Gobierno español por violación de los derechos sindicales.

Los trabajadores detenidos eran miembros de «La Comisión Obrera de Vizcaya» elegida por los trabajadores de Bilbao para negociar con las autoridades la readmisión de los trabajadores despedidos como consecuencia de las huelgas de la primavera de 1962. Tras dos años de negociaciones infructuosas, los 25 trabajadores despedidos continúan sin ser readmitidos en su trabajo. Al no conseguir el menor resultado con las autoridades, la Comisión envió cartas al general Franco y al Sr. Fraga Iribarne el 3 de este mes pidiéndoles se interesaran por la readmisión de los trabajadores. Como respuesta a estas cartas las autoridades ordenaron la detención de los citados miembros de la Comisión.

La C.I.O.S.L. se solidariza con los huelguistas

BRUSELAS, 4 mayo, Ibérica: -Al tener conocimiento de las últimas huelgas y manifestaciones que se desarrollan actualmente en España, el Secretario General de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, Omer Becu, ha reafirmado vigorosamente la profunda solidaridad de la C.I.O.S.L. con la lucha que llevan a cabo los trabajadores españoles para conquistar la libertad sindical y la democracia.

Manifestaciones antifranquistas en Italia

ROMA, 23 abril, Ibérica: -A su modo, el periódico madrileño ABC viene informando tendenciosamente a sus lectores de los actos antifranquintas que se celebran con frecuencia en Italia y conviene informar objetivamente sobre ellos.

El sábado 18 se celebraron en Bolonia importantes actos en pro de la España democrática y libre. El programa de esas manifestaciones ha sido organizado por el Consejo Federal de la Resistencia del Ayuntamiento de Bolonia, de la Administración provincial, de acuerdo con la Unión regional de la provincia. El programa fue anunciado por el asesor del Ayuntamiento, Sr. Mario Soldati. Hubo una reunión de intelectuales españoles e italianos en la que trataron el tema «Deber de la cultura por la libertad de España», seguidamente, a las 7 de la tarde, se inauguró una exposición del pintor español Agustín Ibarrola, actualmente encarcelado en España. El domingo 19 en la mañana tuvo lugar una imponente manifestación en la Plaza Mayor; el lunes 20, a las ocho de la noche, se celebro una reunión de antiguos combatientes del batallón Garibaldi que lucharon en España y al término de esa reunión se descubrió una lápida en memoria del general Nino Nanetti y de los 35 garibaldinos caídos en la guerra de España en el campo republicano.

En Roma

El lunes 20 y organizado por las revistas Europa Literaria, Il Contemporaneo, Il Ponte, Il Puno y Nuovi Argomenti, tuvo lugar un acto de reafirmación antifranquista en el Palacio Brancaccio de la capital romana. Tomaron parte en el acto Alberto Carocci, el diputado Enriques Agnoletti, Antonello Trombadori y Vigorrelli. Se pronunciaron por «una política más activa y de presión ante los gobiernos occidentales para que se le cierre a la España franquista el ingreso en el Mercado Común y reconocieron la deuda de Italia con esa España que representa en su lucha un resurgir de perspectivas de progreso político y social».

Movimiento solidario con los españoles

Hemos recibido un documento internacional de protesta dirigido a la Comisión Internacional de juristas, firmado por 5000 ciudadanos del mundo libre entre los que figuran personas de todas las tendencias: juristas, magistrados, profesores de Universidad, Consejeros de Estado, escritores, periodistas, artistas y editores de numerosos países, solicitando de dicha organización internacional intervenga cerca del Gobierno español en favor del respeto de los derechos del hombre y del ciudadano de España.

Los firmantes se dirigen a la opinión pública del mundo entero pidiendo su adhesión que debe dirigirse a: Información Social Española, Case 240, Geneve, 2, Suisse.

Agitación estudiantil

MADRID, 18 abril, Ibérica: -Los estudiantes continúan manifestando sus divergencias con el Sindicato oficial (S.E.U.). La situación se ha hecho más grave como consecuencia de una circular del Director General de Enseñanza y los decanos de las Universidades indicándoles que quedaba absolutamente prohibido tratar en las cámaras sindicales de estudiantes sobre temas relacionados con el S.E.U. Los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid han decidido constituirse en una asociación de estudiantes sin ningún contacto con el Sindicato oficial.

De otra parte una manifestación de estudiantes, compuesta de unos 200, se dirigió el jueves al Ministerio de Educación para pedir al ministro la destitución del rector de la Universidad, Sr. Royo Villanova.

Un monárquico acusado de «propaganda ilegal»

MADRID, 25 mayo, Ibérica: -Don Luis María Anson, editorialista del periódico ABC, comparecerá ante el Tribunal de Orden Público de Madrid bajo la acusación del delito de «propaganda ilegal». La acusación se basa en una nota biográfica sobre el famoso aviador español Juan Antonio Ansaldo, publicada en el mismo periódico ABC y habiendo aprobada por la censura.

El señor Ansaldo había combatido a las órdenes del general Franco, pero se exiló voluntariamente por ser incompatibles sus ideas con el franquismo y publicó su libro ¿Para qué...? que obtuvo una gran publicidad; en él señalaba con hechos la inutilidad de la guerra civil. Fue colaborador de Ibérica.

Un partido pro-chino

MADRID, 14 abril, Ibérica: -Una fracción del partido Comunista español ha destituido por «revisionistas» al comité central del que forman parte Dolores Ibarruri y Santiago Carrillo y van a constituir un nuevo partido en España. Así lo anuncia él periódico clandestino Mundo Obrero Revolucionario repartido por redacciones y centros importantes de Madrid. Como es sabido el periódico oficial del partido Comunista se llama Mundo Obrero.

El hijo del ministro del aire detenido

MADRID, 28 abril, Ibérica: -La prensa de hoy da cuenta de que la que la policía ha desarticulado una organización comunista y señala los nombres de cuatro detenidos venidos -según la prensa- de Francia y del Brasil, pero silencia que también ha sido detenido por formar parte de dicha organización a José Daniel Lacalle, hijo del ministro del Aire, general Lacalle.

José Daniel Lacalle tiene 28 años, es ingeniero aeronáutico y trabaja en el aeropuerto de Barajas.

España contra Portugal

PARÍS, 1 mayo, Ibérica: -El embajador de España en París, Sr. Areilza, ha declarado durante un almuerzo de la Asociación de Periodistas de Ultramar, que España no es solidaria de la política portuguesa en África. Explicó las razones por las que su Gobierno decidió el año anterior llevar una política de descolonización en África negra a pesar de la solidaridad que crea el Pacto Ibérico entre los gobiernos de Madrid y Lisboa.

Dionisio Ridruejo está encarcelado en Madrid

MADRID, 28 abril, Ibérica: -El escritor y poeta Dionisio Ridruejo, exilado en Francia, ha sido detenido y encarcelado el día 23 de este mes. Se encuentra incomunicado en la prisión de Carabanchel, en Madrid. El escritor Ridruejo se encontraba exilado en Francia desde hace 22 meses; exilio al que se vio obligado como consecuencia de las medidas tomadas por el Gobierno español contra todos los españoles residentes en la metrópoli que habían asistido al Congreso del Movimiento Europeo celebrado en Munich en julio de 1962. Como «sanciones» por la asistencia a ese Congreso, el Gobierno dio a elegir entre quedar en el extranjero o el destierro en las islas Canarias.

Se le ha incoado ya auto de procesamiento por artículos y libros publicados en el extranjero. Si no gozara el Gobierno español de su bien ganada fama de «inquisidor», bastarían actos como el de esta ilegal detención para calificarle. Los escritores internacionales organizan una protesta.

Declaraciones del candidato a la presidencia de México

MÉXICO, 15 abril, Ibérica: -El periódico Excelsior de ayer 14 de abril, con el título «Con España, todo; con Franco, nada», publica unas declaraciones del licenciado don Gustavo Díaz Ordás hechas a periodistas de catorce países. El señor Díaz Ordás hizo un balance de la obra del presidente López Mateos y trazó su proyecto de política exterior mexicana para los próximos seis años, en caso de ser elegido Presidente de la República.

Afirmó que «como el Gobierno de Franco nació por la intervención de los países nazi fascistas, México considera que no puede establecer relaciones diplomáticas con un régimen emanado de la intervención extranjera, porque sostiene -y ha sostenido siempre- el principio de la no intervención.

Negativa de Gil Robles

Recibimos de la secretaría política del señor Gil Robles la siguiente comunicación.

La prensa extranjera se ha hecho eco, últimamente, de la invitación dirigida a varios miembros de la Democracia Social Cristiana para que entren a formar parte del Consejo Privado del Conde de Barcelona, así como a don José María Gil Robles para que se reintegre al referido organismo.

Con objeto de evitar toda posibilidad de equívoco, debe hacerse constar que ningún miembro de la Democracia Social Cristiana ostentará la, representación de este grupo en el Consejo Privado del Conde de Barcelona. Los que acepten su designación lo harán a título exclusivamente personal.

Así se lo ha hecho saber el señor Gil Robles al Pretendiente al Trono de España, añadiendo que él no pueden aceptar, ni aun a título personal, mientras no haya garantías de que don Juan de Borbón se propone ser el eje de una evolución sinceramente democrática que permita sustituir la actual dictadura política, para lo que no es instrumento adecuado el actual Consejo Privado.

Los E. U. ceden dos navíos a España

PARÍS, 3 mayo, Ibérica: -En un telegrama de Madrid, inserta Le Monde de ayer la noticia siguiente: «La marina española se dispone a aumentar sus efectivos. Las conversaciones sostenidas en los primeros días de la semana entre el Sr. P. H. Nitz, Secretario americano de la Marina, y las autoridades españolas han dado por resultado un acuerdo sobre la base de La Rota, que podrá ser utilizada por los submarinos provistos de Polaris. Los E. U. han cedido a España dos grandes barcos de 15000 toneladas; uno de transporte para las fuerzas anfibias, dotado de medios de desembarco y otro equipado de medios de telecomunicaciones y que puede servir de unidad de mando».

Concentración carlista en Montejurra

MADRID, 4 mayo, Ibérica: -Las noticias que tenemos de la concentración carlista son las siguientes: Los reunidos en Montejurra pueden cifrarse, entre mujeres, hombres y niños, en unas treinta y cinco mil personas. Dos coches esperaban la llegada del príncipe Hugues Charles y de la princesa Irene, pero en vano; los príncipes no aparecieron. Según los rumores que circulan, el Gobierno ha obligado a Hugues a renunciar a su idea haciéndole ver las posibles consecuencias de su presencia en Montejurra.

La hermana del príncipe, Cécile de Bourbon (todos muy españoles) leyó tres cartas, una del padre de ambos hermanos, otra de Hugues Charles y otra de la princesa Irene. Pasada la decepción de la multitud, el secretario de Hugues, Ramón Maso, y José María Valiente, activo militante carlista, pronunciaron sendos discursos criticando a los gobiernos de España y Holanda. Más tarde, en el banquete celebrado en Estella, varios oradores atacaron a los que quieren establecer en España una «Monarquía liberal».

Consejo nacional del Movimiento

MADRID, 14 abril, Ibérica: -Aunque el orden del día de esas reuniones del Consejo de Falange señalaba temas cuya enunciación podía interesar, conociendo los representantes que asistieron y la naturaleza del movimiento falangista, nada se podía esperar, y, en efecto, el resultado ha sido el parto de los montes. Recomendaciones: alabanzas al Caudillo y afirmación de la «legitimidad histórica del 18 de Julio»; completar las leyes fundamentales manteniendo su unidad doctrinal; delimitar y concretar las atribuciones de la jefatura del Estado, del Gobierno y del Movimiento; el Movimiento debe ser «una organización abierta a todos los españoles bajo una disciplina, voluntariamente aceptada» y que el Consejo de Falange esté representado en el Consejo del Reino.

Pleito de pretendientes

PARÍS, 23 abril, Ibérica: -El periódico Le Monde de ayer publica la noticia siguiente: Un grupo de «militantes y simpatizantes carlistas» ha dirigido al Papa una protesta contra la designación del cardenal Giobbe para la celebración del matrimonio de la princesa Irene y del príncipe Hugo de Bourbon-Parme. La carta declara que así el Vaticano realiza un acto político, favoreciendo una fracción del carlismo en perjuicio de la otra.

Hace declaraciones el pretendiente Don Juan

PARÍS, 28 abril, Ibérica: -El periódico Le Figaro de ayer inserta una entrevista celebrada por el corresponsal de dicho periódico en Madrid, J. Guillemé-Brûlon, con el conde de Barcelona, de la que reproducimos los siguientes párrafos:

El padre de Hugues Charles protesta

PARÍS, 29 abril, Ibérica: -Le Figaro de ayer inserta unos párrafos de una carta dirigida a dicho periódico por el príncipe Xavier de Bourbon, padre de Hugues Charles. Recogemos de dichos párrafos los pasajes siguientes:

La carta a que nos referimos es una réplica a las declaraciones de don Juan hechas al mismo periódico.

Nuevo pretendiente Don Jaime de Borbón

PARÍS, 5 mayo, Ibérica: -Los periódicos Le Figaro y Combat de ayer insertan unas declaraciones del infante don Jaime, primogénito de Alfonso XIII, sordo-mudo, de las que copiamos los párrafos siguientes: «Don Jaime de Borbón, duque de Segovia, reivindica desde ahora no solamente la sucesión de su padre al trono de España, sino igualmente la de los carlistas. Por esta razón anunció ayer en París su intención de llevar en el futuro el título de duque de Madrid, que, como es sabido, fue dado el 8 de febrero último por el príncipe Xavier de Bourbon-Parme a su hijo Hugues-Charles antes de su matrimonio».

El príncipe Andrés de Bourbon

PARÍS, 16 abril, Ibérica: -Recogemos de una extensa información del periódico Le Nouveau Candide de ayer, titulada «Los castillos en España de los Bourbon-Parme», unas declaraciones del príncipe Andrés de Bourbon, primo de Hugues-Charles, que aclaran, tanto por su veracidad como por su sencillez, la personalidad del pretendiente carlista. Extractamos los párrafos más interesantes: «Lo fastidioso es que Xavier (el padre de Hugues) y Hugues renuncian a establecerse como lo hacen los miembros de mi rama. No quieren tomar un empleo. Son pretendientes a pleno empleo. Mi tío Xavier es un romántico. Trata aun de dictar la ley a la familia. Debo confesar que se ha mostrado en extremo desagradable conmigo. Yo soy un verdadero Bourbon, hijo del príncipe René de Bourbon-Parme, pero yo me he casado con una muchacha común, de buena familia. Cuando anuncié a la reina madre de Inglaterra que iba a casarme con una muchacha encantadora, pero sin título, me respondió: ¡Bravo! Mi segunda hija se propone hacer la misma cosa».

Se negará la nacionalidad española a Hugues Charles

PARÍS, 4 mayo, Ibérica: -El periódico Le Figaro de ayer, en una crónica de su corresponsal en Madrid, Guillemé-Brûlon, inserta lo siguiente: «Si nuestras fuentes son buenas, parece que, discretamente, le ha sido comunicado al príncipe Hugues que no le será concedida la nacionalidad española y que si las autoridades no ven ningún inconveniente en que la pareja resida en España, se le sugiere instalarse en otra ciudad que no sea Madrid».

La duquesa de Medina Sidonia no fue a Roma

PARÍS, 2 mayo, Ibérica: -Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, cuyo nombre había sido incluido entre los invitados a la recepción ofrecida por el príncipe Lobkowics, con ocasión del matrimonio de la princesa Irene, declaró al diario francés Le Monde que ella se encuentra en París desde hace dos semanas y que, por tanto, no ha asistido a ninguna de las ceremonias que se han celebrado en Roma. Dijo, además, que nunca tuvo intención de asistir a ellas porque sus ideas son opuestas en todo y por todo a lo que ella considera, como la mayoría de los españoles, una «mascarada».