Visor de obras.

Fue a finales del pasado siglo, cuando se instaló en nuestra ciudad la primera empresa de fluido eléctrico denominada «Prytz y Campos», y de la que ya ofrecimos información, en esta misma columna. Posteriormente, unos ocho o diez años más tarde, a instancias del ingeniero don Nicasio Mira se constituyó una nueva sociedad, cuyo accionariado puso en pie otra industria: la «Electra Alicantina», que muy pronto entró en competencia con la de los señores Prytz y Campos que por entonces se llamaba «Anónima de Electricidad».

Un comentarista del diario «El Luchador» señala que, a raíz del establecimiento de la nueva central, «los muchos abusos que la primera de las citadas fábricas de luz cometían con sus abonados, desaparecieron». Se inició, entonces, una auténtica guerra de precios. Así, la «Electra Alicantina» puso a la venta sus kilovatios a ochenta céntimos cada, en tanto la «Anónima de Electricidad» los cobraba a peseta. Ante la pérdida de clientes, tuvo ésta que rebajarlos a setenta céntimos. El mercado andaba sometido a frecuentes tensiones y ambas empresas, de capital alicantino, se esmeraban en ofrecer un buen servicio.

«Fue en ese tiempo, cuando se sustituyó por primera vez el alumbrado público de gas por el fluido eléctrico. El señor Pobil, a la sazón, alcalde conservador de la ciudad, el actual don Ricardo, antes de su evolución o voltereta política, dejó tal recuerdo de su primera gestión municipal. Recuerdo que desaparecieron con el restablecimiento del alumbrado por gas».

«Hidroeléctrica Española» trató de adquirir dichas empresas alicantinas, pero no lo consiguió, ni su filial la «Electra Valenciana», por el elevado precio que tanto la «Anónima de Electricidad» como la «Electra Alicantina» fijaron para sus ya deterioradas instalaciones. Sí lo logró la casa Fourcade y Provot, que astutamente firmó un compromiso con «Hidroeléctrica» merced al cual ésta concedía la exclusiva a la firma francesa «en un área de diez kilómetros a la redonda de la capital». De tal manera que el referido comentarista escribió: «Así, Alicante entero cayó en manos de monsieur Cuvillier, director de Fourcade y Prevot, enviando a París el dinero alicantino, gracias a la benevolencia de las autoridades y de nuestros representantes».

Ya hemos dejado constancia, en otras ocasiones, de cómo nuestra ciudad fue escenario de curiosas pruebas y competiciones aéreas. Eran los tiempos inaugurales de la aviación y cualquier exhibición constituía todo un espectáculo circense y multitudinario. Eso ocurrió, cuando se presentaron en Alicante «los célebres aviadores y constructores de biplanos, Lucien Demazel y F. Labatut».

Entre los días ocho y doce de agosto de 1913, en el aeródromo del Tiro Nacional, el ayuntamiento y la comisión de festejos organizaron la «Gran fiesta de la aviación». Los precios para presenciar el prodigio eran de una peseta, en preferencia; de dos reales, la entrada general; y de un real la popular. Por aquellos dineros, los afortunados podían presenciar cómodamente las acrobacias de monsieur Demazel, «profesor de las escuelas de aviación de París y uno de los más arrojados aviadores del mundo». Demazel volaba en uno de los biplanos de carreras, potente y magnífico, de tipo militar y dos plazas. La propaganda detallaba que el aparato estaba provisto de un motor de diez cilindros y una fuerza de cien caballos. En él, el citado piloto «ejecutaba vuelos y aterrizajes audacísimos de acróbata, vuelos de velocidad, de adorno, de altura y con pasajeros».

El otro aviador era más modesto. Labatut ejercía de teórico. Así, todos los días, «desde las diez de la mañana a las cinco de la tarde», se dedicaba a explicar a los visitantes que acudían al hangar, donde se encontraba el excepcional biplano, todos los detalles de su funcionamiento, e incluso pronunciaba «conferencias muy explícitas e interesantes, sobre la aviación, al precio de veinticinco céntimos por persona», eso sí, con rebajas para los escolares.

Muy serios y previsores, ambos, advertían a la clientela que «si por la lluvia o vientos violentos se tuvieran que suspender los festejos, las localidades y entradas serían válidas para el día siguiente en que se celebrarían». Se lo montaba con los pies en la tierra.

Cuando desapareció la llamada casa de Badía, esquina a la plaza y calle de San Francisco, el poeta Salvador Sellés habría de lamentarlo, con añoranza. Allí, en su piso principal, el propio Sellés que tenía, por entonces, unos dieciséis años fundó y presidió la sociedad «Lope de Vega» e instaló un teatrito del que él mismo pintó embocadura y decorados. Además fue el primer galán del cuadro artístico que se organizó, «con muchos y muy brillantes jóvenes» que participaban en aquellas actividades escénicas y culturales.

El propio Salvador Sellés escribió, más tarde, que allí fueron sus maestros actores del prestigio de Ramón Portes y Hernán Cortés. Y que allí, él enseñó a declamar a una niña que, con el tiempo, sería una gran actriz: Teresita Marín, «que procedía de otro teatrito situado al final del Raval Roig». «Portes -afirma el ilustre poeta- levantó los aplausos de toda España, y Hernán Cortés -nombre de conquistador, al fin-, los aplausos de toda América del Sur».

Teresita Marín se instaló finalmente en el «Variedades», de Madrid, hasta que conoció al compositor Federico Chueca, con quien terminaría casándose. Sin embargo, el destino de sus dos maestros fue más trágico y fulgurante: Portes murió asesinado en plena calle y Cortés, se suicidó. «Cuentan que Hernán Cortés, en Buenos Aires, se entregó a toda clase de pasiones. Y en las altas horas de la noche, después del drama fingido, en el teatro, representaba el drama real de su vida. Mientras su infeliz mujer, la hermosísima Matilde, lloraba y suplicaba, de rodillas, él la amenazaba con su muerte. Hasta que una de esas noches, acabó por destrozarse, de dos tiros de revólver, la bellísima cabeza rubia y pálida».

La nostalgia asedió constantemente a Sellés: «Adiós, casa de Badía. No he pasado ni una sola vez por aquel lugar, sin ver salir del teatrito, jóvenes y llenos de ilusiones a Hernán Cortés y Ramón Portes». Y termina diciéndonos que «el poeta soñador vaga por las calles de Alicante, despertando antiguos héroes y evocando amantísimos difuntos y adoradas muertecitas».

Me lo recordó Ataúlfo Valero: ayer mismo, El Campello cumplió los noventa y tres años de autonomía municipal: Hasta 1901, fue una partida de Alicante. Ya lo hemos dicho aquí mismo. Ataúlfo Valero, que me visitó para darme noticias del «Cant de Vida», para Ramón Martín Mateo, me cogió, ¡qué coincidencia!, con las manos en los viejos planos y papeles de la iglesia de El Campello, que se conservan en el Archivo Municipal de nuestra ciudad.

Vaya, pues, como obsequio a los tantos y buenos amigos campelleros estas siempre sumarias notas. El «Informe de la iglesia y pueblo del Campello», en su parte expositiva, comienza así: «Años hace que el aumento de la población del partido de esta huerta llamado del Campello ha hecho sentir a sus habitantes la necesidad de una iglesia donde se administre el pasto espiritual a los fieles, y ya en 1827, la piedad de Victoriana Gozálvez, viuda de José Climent, atajador de la costa, la estimuló a donar el terreno para dicho edificio en una tierra suya, llamada Mallada del Atallador, pero sin que de esta donación se formalizara documento alguno».

Posteriormente, en 1831, se procedió a allegar fondos procedentes de «dieciséis personas pudientes», gran número de vecinos, limosnas de los horneros y pescadores, «trabajos de peones y carruajes que prestaban gratis los días festivos». Con tales fondos, se comenzaron las obras, de acuerdo «al plano que formó el arquitecto titular, a la sazón, señor Domínguez, pero se suspendieron, en el mismo año, por haberse invertido la mayor parte de los recursos».

Bastante después, en marzo de 1845, el tercer teniente de alcalde de Alicante, con el, por entonces arquitecto de la ciudad, don Emilio Jover, y otras personas, se reconocieron las obras efectuadas, hasta aquel momento y los terrenos inmediatos «resultando que de todo esto, la iglesia, aunque algo pequeña, debe concluirse (...)». Días más tarde, se reunieron los señores Miguel Marco, José Planelles, Tomás Giner, José Alberola, José Baeza, Ramón Lledó y José Climent, «mayores contribuyentes en las suscripciones de la edificación», y decidieron que podían continuar, porque, tras echar cuentas, les salían positivas: había suficientes medio pecuniarios.

De manera que se acordó terminar la iglesia, bajo la dirección del arquitecto titular, «quien podía reformar el plano a fin de hacerla lo más capaz posible, sin aumentar gastos»; y nombrar una comisión encargada de reunir y administrar los fondos precisos, entre otras muchas cuestiones. La comisión que recibió el visto bueno de las autoridades locales, estaba compuesta por: José Planelles, ayudante de alcalde del partido, como presidente; y José Alberola, Ramón Lledó, José Baeza y José Climent, como comisarios.

El referido informe, dirigido al alcalde constitucional de Alicante, don Miguel Pascual de Bonanza, está fechado el diecisiete de marzo de 1845.

Por lo que se lee, en la primera mitad de la pasada centuria, eran muchas las personas que sin la acreditación necesaria ejercían la dirección de obras de construcción. Tal se desprende de la denuncia de intrusismo e incompetencia dirigida al Ayuntamiento: «Don Emilio Jover, aprobado por la Academia Nacional de Nobles Artes de San Fernando y arquitecto titular de esta capital; don Feliciano Berenguer, escultor académico de San Carlos; don Francisco Jover Sebastián, don Simón Carbonell, don José Guardiola, don Francisco Jover y Boronat y don Antonio Garrigós y López, maestros de obras, aprobados los dos primeros por la Academia de San Carlos, y los tres últimos, por la de San Fernando, con todo respeto, exponen: que deseando los augustos reyes don Carlos III y don Carlos IV evitar los gravísimos perjuicios que resultan al público de la dirección de obras, por personas que no estuvieran legítimamente autorizadas por cualquiera de las Academias de Nobles Artes, y con el fin asimismo de impedir el abatimiento de los profesores de arquitectura y el descrédito de la nación, dispusieron y ordenaron la abolición de los gremios, prohibiendo por real orden de veintiocho de febrero de 1787, que ningún tribunal, ciudad, villa, cuerpo eclesiástico o seglar pudiera conceder en lo sucesivo el título de arquitecto o de maestros de obras, ni nombrar para dirigirlas al que no se hubiese sujetado al riguroso examen de dichas academias, por exigirlo así el verdadero crédito de la nación y el decoro de las Nobles Artes, y para que tan útil y sabia disposición tuviese debido cumplimiento, se previno en la citada real orden que cualquier persona que se entrometiera, en adelante en trazar, medir o dirigir obras, sin obtener el correspondiente título, mereciera por primera vez, cien ducados de multa; doscientos, por la segunda; y cuatrocientos por la tercera».

Según los firmantes del escrito de súplica, tal real orden se publicó sucesivamente el veintiocho de abril de 1828, el veintiséis de diciembre de 1833 y el siete de febrero de 1835, sin que cesara la contumacia de algunos intrusos, en consecuencia pedían a la corporación que se prohibiera la dirección de obras a cuantos no estuviesen en posesión del preceptivo título y que se publicara, una vez más, tal real orden, para noticia de todos. La instancia, del veinte de enero de 1840, no mereció ni respuesta municipal. Por eso la reiteraron, con mayor brevedad pero con más energía el veintinueve de mayo del mismo año.

Pero el problema sólo se resolvió cuando el jefe superior político de la provincia ofició al alcalde, don Miguel Pascual de Bonanza, quien de inmediato hizo público un bando, el doce de mayo de 1845, con la prohibición tajante y expresa del ejercicio profesional sin la debida autorización «bajo las penas a que hubiera lugar».

Don José Vergadá, conde se Soto-Ameno, invocó el respetable y sagrado derecho a la propiedad, tan protegido por las actuales instituciones (...), cuando, en 1843, se dirigió por escrito al ilustre Ayuntamiento solicitando que se le indemnizara por los terrenos que había perdido a raíz de la Guerra de la Independencia.

Como ya se sabe, y con motivo del asedio de los franceses a nuestra ciudad, sufrió ésta diversas transformaciones urbanísticas, entre ellas la demolición íntegra del barrio de San Antón, entonces a extramuros, a fin de evitar que en él pudiera fortificarse el ejército invasor. Muchos años después, varios de los propietarios de las casas derribadas exigieron las compensaciones económicas que les pudiera corresponder. Don Tomás Colomina fue uno de los primeros; después, don José Vergadá, a quien seguirían don Juan Fresarrín y don Juan y doña Dolores Rivera, entre otros. El conde de Soto-Ameno, en instancia que se conserva en al Archivo Municipal dice: «(...) que entre otras de las fincas que se hallaba poseyendo dicho condado en el barrio de San Antón, a extramuros de esta ciudad, treinta y nueve casas y un mesón, cuyas propiedades fueron todas derruidas, para facilitar la defensa de esta plaza en la Guerra de la Independencia, habiendo quedado únicamente los terrenos de que el exponente podía disponer, según bien visto le fuera. Ocurre, pues, que esta corporación, con el objeto de ensanchar el camino llamado de los Capuchinos utilizó y se aprovechó de una parte de los indicados terrenos, y en la actualidad está aprovechando otra parte de los mismos, para la formación de un andén junto al referido camino (...)».

El conde de Vergadá opina que resulta satisfactorio que se ejecuten tales mejoras en beneficio de los ciudadanos, pero agrega: «Ni es justo ni esa ilustre corporación puede pretender que dichas mejoras, se ejecuten en perjuicio de tercero y atacando al respetable y sagrado derecho de la propiedad, tan protegido por las actuales instituciones, sino que se haga con arreglo a lo que disponen las leyes que rigen en esta materia, esto es, indemnizando al propietario del valor de la finca que se le obliga a enajenar, para aplicarla a usos de común y pública utilidad».

Finalmente, en su escrito el alcalde constitucional, solicita que se someta el asunto a la ley de expropiación forzosa y que se designen peritos por ambas partes, para que se justiprecien los terrenos y se les satisfaga su valor de acuerdo con la citada ley. La petición, fechada el veintiuno de noviembre de 1843, treinta años después de la referida guerra, provocó no pocos sobresaltos y más consultas a las autoridades y organismos competentes en la materia.

Del actual uso de La Asegurada, como Colección de Arte, Siglo XX, con fondos que donó a la ciudad Eusebio Sempere, al primero que tuvo, tras su edificación, en 1685, depósito de granos y harinas, con sus correspondientes dependencias administrativas, la emblemática casa ha servido para todo: cárcel, instituto, escuela de comercio y escuela de primeras letras.

En 1843, el arquitecto titular del Ayuntamiento de Alicante, recibió el encargo de presupuestar las obras necesarias, «para poder establecer una escuela en el piso segundo del edificio que sirvió de Asegurada en esta capital».

El día diez de abril de dicho año, don Emilio Jover presentó el requerido presupuesto que ascendía a dos mil doscientos cincuenta reales de vellón, y que contemplaba los siguientes apartados: «Para pavimentar todo el indicado segundo piso y parte de la escalera que conduce a él, mil cincuenta reales de vellón; para componer las escaleras, que conduce a él, mil cincuenta reales de vellón; para componer las bovedillas que se hallan en estado ruinoso, doscientos diez; para abrir una puerta que da a la callejuela denominada de Las Almas, setenta y cinco; para enlucir una parte de la cubierta de dicho segundo piso y hacer otros reparos, ciento noventa y cinco; para dos ventanas que se han de hacer de nuevo, con su herraje y su colocación, trescientos quince; para una puerta que ha de colocarse igualmente en la entrada de los salones del indicado piso, ciento ochenta; para pintar todas las maderas, incluso puertas y ventanas, doscientos veinticinco».

Al total, el arquitecto Jover le adicionó posteriormente y con objeto de construir un excusado, otros trescientos cuarenta y cinco reales de vellón. Además, a estos dineros había que agregarles novecientos ochenta y cuatro más, para una baranda «toda de hierro, aprovechando el hierro viejo que existe en la misma y añadiendo el hierro nuevo que se expresa para la Casa Asegurada del Ilustre Ayuntamiento».

En sesión de veinticinco de abril, «los síndicos juzgaron de la mayor utilidad esta obra, a fin de que cuanto antes quedase establecida, y a pesar de la escasez de fondos, fueron de la opinión de que, considerándola de toda preferencia, se procediera, desde luego, a ella, limitándose a los tres mil quinientos ochenta y nueve reales de vellón a que ascienden estos presupuestos. El ilustre Ayuntamiento, no obstante, acordará lo más conveniente». Lo firma Luis María Costa. El alcalde Pascual de Bonanza después de examinar y aprobar las cuentas, para la construcción de «una escuela importante», dio por concluido el cabildo.

El que se construyó gracias a la generosidad de don Bernardo Gomis, quien otorgó testamentariamente su patrimonio a obras benéficas, en abril de 1333 y que se llamó primeramente de San Juan Bautista, para luego, ya en 1652, denominarse de San Juan de Dios, cuando las autoridades locales lo pusieron en manos de los religiosos de tal orden. Rafael Martínez San Pedro, en su libro «Historia de los hospitales de Alicante», refiriéndose a su situación, escribe: «(...) limitaba el área del inmueble, por Oeste, la calle que después se llamaría de San Nicolás, en atención a la iglesia del mismo nombre; y por el Este la que corría entonces a espaldas de la manzana paralelamente a la de San Nicolás, marcando quizá la primitiva divisoria entre la Villa de los cristianos y la de los árabes expulsados. Sus límites Norte y Sur no podrían determinarse sin revisar previamente muchos documentos y sobre todo, las escrituras más antiguas de las casas próximas (...)». Según el cronista Viravens, tal obra, cuando la exclaustración de los frailes, la administró una junta de beneficencia, nombrada por el Ayuntamiento. Y fue derribado en 1843.

Dicha junta, el 17 de octubre del año 1840, oficia a la municipalidad advirtiendo que «(...) ha acordado por más conveniente, en el día, reedificar una parte del mencionado edificio, con los fondos que recientemente ha adquirido legados de limosna por don Juan Lahora, dejando para más adelante proponer los que convenga sobre todo lo demás.

Sírvase en consecuencia mandar tirar las correspondientes líneas, con arreglo al plano que hay levantado, y para ello están comisionados los señores vocales don Pascual Vassallo, don Calixto Pérez y don Miguel Pascual de Bonanza, quienes como encargados de la obra, se entenderán por lo demás que se ofrezca con la comisión de ornato de esa ilustre corporación», lo firman Antonio Capos y Vicente Vignau.

La citada comisión de ornato informó detalladamente al Ayuntamiento de la conveniencia de abrir una nueva calle (la actual de Montengón) «en lo que hoy es pasadizo por el interior del edificio», según los planos, pero no ve la utilidad de la reedificación parcial que propone la junta de beneficencia de la que, en todo caso, «debe solicitarse más datos antes de pasar a demarcar la línea». Se había sentenciado el destino de aquel ruinoso e histórico inmueble y la urbanización del sector.

En reiteradas ocasiones nos hemos referido aquí al general Julio Suárez-Llanos Sánchez que ostentó la Alcaldía de nuestra ciudad prácticamente durante toda la dictadura primorriverista. Suyo es el bando, recuérdenlo, animando a los alicantinos a la participación y celebración de la primera edición de las Hogueras de San Juan.

Sin duda, era Suárez Llanos, como habitualmente se le conoce, hombre muy celoso de sus cargos y muy exigente en cuestiones protocolarias. Y tanto debía serlo que, en 1929, tras presidir «la procesión religiosa de la patrona de Alicante», se sintió incomodado por las escasas o nulas atenciones que se le habían dispensado en la Colegiata de San Nicolás. Cuando menos, tal se desprende de la carta que, con fecha seis de agosto del dicho año, dirigió al muy ilustre abad de la misma y que dice: «Respetable señor: ostentando la doble representación de la ciudad, como alcalde y del excelentísimo gobernador civil, por expresa delegación del mismo, tuve el honor de presidir, ayer, la procesión religiosa de la patrona de Alicante, pero advertí con extrañeza y sentimiento que al presentarme en el templo colegial, no se tuvo la gentileza, siquiera fuese para dispensar al cargo, aunque no a la persona modestísima del que lo ocupa, aquellas atenciones que merece».

Don Julio Suárez Llanos no se andaba con chiquitas y, por dónde, además de la implícita amonestación, recurrió a la velada amenaza, para evitarse nuevos menoscabos. De manera que en su escrito de protesta, agrega: «Acaso un lamentable descuido, ajeno a la voluntad de usted y de quienes le secundan, determinaron esa falta. No obstante, debo expresarle la contrariedad que todo ello me produjo -observen el matiz- y mi propósito de transmitirle, en la primera ocasión que se me ofrezca, al reverendísimo señor obispo de la Diócesis, para que, aun suponiéndola casual y no intencionada, los prestigios de mi cargo, impónenme la necesidad de exteriorizarla, ante quien corresponda, para que no se repita».

Suárez Llanos tenía muy asumida su autoridad y era persona suspicaz y poco dada a los errores ajenos. En la correspondencia de aquellos años, no hemos encontrado, por ahora, respuesta alguna. Probablemente, se alcanzaría un arreglo verbal y satisfactorio, para alcalde tan disciplinado.

Por entonces, el horno no estaba para bollos y la aviación italiana, bajo el mando del general Franco, no cesaba en sus bombardeos sobre nuestra ciudad. Así que había que tomar precauciones, por si acaso. Y las tomaron.

Cuatro de julio de 1933, cuando las incursiones aéreas se hacían más frecuentes, se reunió la comisión de gobernación, bajo la presidencia del consejero municipal (concejal) don Ramón Carratalá Vallcanera, y de acuerdo con lo ya previsto en la última sesión del Consistorio. Se estudió entonces la moción presentada por la presidencia «para la concesión de pensiones a los consejeros municipales que fueran víctimas de los bombardeos fascistas».

De modo que, después de exponer argumentos diversos, se llegó a la conclusión de que sí parecía oportuno tomar medidas que paliaran los riesgos, a los que estaban sometidos por su cargo. Finalmente, se concretó el tema y se redactó en los siguientes términos: «Los consejeros municipales que, a consecuencia de los bombardeos, quedaran inutilizados permanentemente o fallecieren devengarán a su favor o en favor de sus familiares, respectivamente, una pensión vitalicia de setecientas cincuenta pesetas mensuales, regulándose su concesión conforme al reglamento de funcionarios municipales. La comisión de gobernación instruirá, en cada caso, el oportuno expediente individual, para determinar las personas con derecho al disfrute de la pensión, sometiéndolo a la resolución definitiva del consejo municipal».

Era, a la sazón, alcalde o presidente de dicho consejo don Santiago Martí Hernández. El catorce de julio de aquel mismo año, se celebró sesión plenaria. En el curso de la misma, se deliberó en torno a la moción que hemos transcrito en su integridad textual y se acordó su aprobación.

No tenemos constancia de si alguno de los concejales o consejeros de entonces o del tiempo restante, hasta la finalización de la guerra civil, sufrió muerte o invalidez, por las referidas causas, aunque, de acuerdo con nuestros datos, no parece que tal ocurriera, por fortuna. Pero sí sabemos que, a partir de tal fecha, Alicante soportó, hasta el veinticinco de marzo de 1939, veintiséis ataques aéreos más, según se explicita en las «Acciones de bombardeo» efectuadas por la aviación de las Baleares durante los años 1933 y 1939». Ciertamente, las precauciones estaban justificadas.

Le pareció excesivo al Ayuntamiento las dieciséis mil novecientas noventa y una pesetas que les pasó la Administración de Propiedad y Contribuciones Territoriales «por el edificio situado en la plaza de Luis Foglietti, números 18 y 20», es decir, por el Monasterio de la Santa Faz. El alcalde o más propiamente el presidente de la comisión gestora municipal, don Alfonso Martín de Santaolalla Esquerdo, nombrado digitalmente por el gobernador Vázquez Limón, poco antes, le endosó al arquitecto municipal de la ciudad la papeleta para que lo informara debidamente y el arquitecto redactó: «(...) Después de visitar el Monasterio de la Santa Faz, para cumplimentar el decreto de VS. puesto al pie de la adjunta comunicación de la Administración de propiedades de esta provincia, he de exponer que, aunque la superficie cubierta es de bastante extensión y que en su mayor parte consta de tres plantas, su mal estado de conservación, el de los pavimentos, su distribución y las deficientes condiciones de higiene y de habitabilidad existentes en muchas partes del edificio, a más de otras circunstancias que se han de tener en cuenta, hacen que el líquido imponible fijado me parezca muy excesivo, teniendo en cuenta además que debe quedar exenta de tributación la parte destinada al culto. Por tanto, sería, en mi concepto, necesario que el señor arquitecto del Catastro fijara la renta y líquido imponible a cada uno de los locales que integran el total del edificio, ratificando o rectificando la tasación en renta, para poder impugnar esta», está firmado tal informe por F. Fajardo y fechado el veintitrés de noviembre de 1934.

El Ayuntamiento remitió la documentación al organismo competente. Y la sorpresa llegó cuando el administrador de propiedades y contribuciones territoriales, contestó, como solicitaba el señor Martín de Santaolalla, con la siguiente petición: «(...) debo manifestar a VS. que por esa alcaldía se acredite por medio del título correspondiente, la propiedad del citado monasterio, ya que con arreglo a los antecedentes obrantes en esta Administración (negociado del Catastro Urbano) figura inscrito a nombre de Monjas Clarisas».

El cinco de diciembre de aquel mismo año, el presidente del Ayuntamiento que debía ser muy afecto a los decretos, se pronunció, mediante uno de ellos, de la siguiente forma: «Contéstese que aunque no se posee título de propiedad, el referido edificio es propiedad del Ayuntamiento desde tiempo inmemorial (fórmula evasiva, frecuente y hasta sólida, por cierto, para acreditarla) y que cedió su uso a la comunidad de Monjas Clarisas que lo disfrutan, siendo el Ayuntamiento a título de dueño el que siempre ha realizado cuantas obras se han precisado en tal inmueble». ¿Siempre? ¿De Quién es el Monasterio de la Santa Faz?

El contratista de la recogida domiciliaria de basuras estaba hasta el gorro: así no había forma de levantar cabeza. De forma que presentó sus quejas al Ayuntamiento: «Que tiene hecho el trato de nueve hombres, con su carro, para la limpieza pública de esta ciudad y, como quiera que en perjuicio del exponente, sólo se ocupan tres, le ocasionan serios quebrantos, pues que con todos sacaría mayor utilidad. Por su parte, los más de los días se emplea el carro en conducir tierra y piedras, y aunque esto no sucede siempre, claro es que tales día nada le produce el trabajo que pudiera hacerse. Por todo ello, suplica a VS. se sirva disponer se ocupen los nueve hombres ofrecidos o al menos siete, con el citado carro, y en el caso de emplearse, por necesidad, en la conducción de la piedra, señalarle una pequeña gratificación, a la penetración de VS. deja cubiertos los gastos que se le originan en la manutención de la caballería y en el cuidado del carro».

Aquella protesta la dirigió Juan Pastor al Ayuntamiento, el diez de marzo de 1846 y en la comisión de ornato y Policía quedó constancia de la misma: «Juan Pastor se queja del perjuicio que se le ocasiona el que sólo se ocupen de recoger la basura tres confinados, siendo nueve los conventos, y también de que el carro de la limpieza se destine a otros objetos ajenos a esta actividad».

El mismo daño y tomando en consideración el aspecto que ofrecía Alicante y la falta de higiene urbana, el alcalde, Miguel Pascual de Bonanza, hizo publicar un extenso bando en el que se prohibía tajantemente a todos los vecinos arrojar a la vía pública basuras, escombros u otros objetos como se había hecho hasta entonces. Figúrense qué espléndido territorio para las epidemias. «Teniendo el Ayuntamiento un carro destinado para la limpieza, todo vecino tendrá cuidado de que cuando transite el mismo por la calle, recoja la basura que de antemano tendrá en el zaguán de su casa, sin perjuicio de que puedan también los dichos vecinos servirse de los que se ocupan en este ramo y que vulgarmente se llaman basureros. El que contraviniere alguna de estas disposiciones satisfará una multa de dos a diez reales de vellón, según las circunstancias. Y si no pudiere averiguarse la persona que haya arrojado la basura, se exigirá la multa al vecino más inmediato».

Hoy en día, con los contenedores y las madrugadas de estruendo, la cosa sigue.

El cinco de enero de 1848, José Pérez, en nombre de la Administración Militar de la provincia de Alicante, dirige un oficio al alcalde constitucional de nuestra ciudad, que dice: «Acompaño a VS. tres edictos, por los que se anuncia al público la venta del molino de viento situado en la montañeta de San Francisco de esta plaza, a fin de que se sirva fijarlos en los sitios públicos y de costumbre de las mismas, teniendo VS. la bondad de avisarme haberse así realizado, para que pueda constar en el expediente de su referencia». El Ayuntamiento expuso los tales edictos y, tal como se le pedía, remitió la oportuna respuesta.

El molino de la Montañeta del que conocemos espléndidos grabados de la época, estaba sentenciado a su desaparición. ¿Cuándo se construyó? Viravens escribe en su Crónica: «El gobernador Betegón, cuyo principal interés estaba concretado a poner la plaza en condiciones de defensa, para rechazar a los franceses si venían por aquí, exhortó a los pueblos de este término municipal para que trajeran a la ciudad los granos y demás comestibles que tuviesen en sus masías, a fin de abastecer al vecindario en el caso de un asedio, y para que los hacendados pudieran tenerlos seguros contra la rapiña del enemigo. (...) Para reducir a harina ésta y otras cantidades de trigo que adquirió la municipalidad, se construyó un molino de viento, cuya obra ascendió a treinta y dos mil seiscientos noventa reales que fueron satisfechos por las rentas públicas, sin contar el maderaje que fue facilitado por el Ayuntamiento.

Este molino se edificó sobre el cerro de la montañeta, dando frente a la calle de Riego». Esto sucedía en 1809.

Sin embargo, resulta curioso que, en 1847, un año antes de que dicho molino fuera puesto a la venta por la administración militar, no figurara éste en la relación de fábricas de harina y molinos, que se formó por real orden y que fue publicada el veintiuno de abril en Boletín Oficial de la Provincia número cuarenta y siete, por el jefe político, don José Rafael Guerra, y cuando ostentaba la alcaldía, don Miguel Pascual de Bonanza. En dicha relación sólo figuran «el molino de Busot pueblo o término de esta capital y el de Chapitel», ambos molían mil fanegas cada año y se encontraban «sin maquinaria de limpia y cernido». Sin duda el molino de la Montañeta no funcionaba o no se relacionó por ser de propiedad militar.

A mediados del pasado siglo, Alicante liquidaba ya su condición de plaza fuerte, de ciudad encorsetada. Antonio Ramos Hidalgo, en su obra «Evolución urbana de Alicante», de acuerdo con los cabildos del seis de julio de 1858, escribe: «En noviembre de 1857, el Consejo solicitaba autorización para la demolición del tramo de muralla comprendido entre la puerta de San Francisco y el baluarte de San Carlos. Aceptada la iniciativa, al considerar que Alicante dejaba de ser plaza fuerte, pese a las reticencias de las autoridades militares, a partir de agosto de 1858, se emprendieron las obras de derribo de las mismas, comenzando por los torreones y puertas del muelle (...)».

Si hubieran dejado a los adolescentes de aquel tiempo, seguir con sus juegos, probablemente el desembolso de las obras de demolición hubiera sido mucho menor. Cuando menos tal se desprende de las quejas que frecuentemente formulaba el coronel comandante de ingenieros al Ayuntamiento. «El rastrillo de la batería, torreones de la puerta del Mar de esta plaza, acaba de ser repuesto, como también el llamado del Postiguet, remplazando su madera destrozada, asegurando sus herrajes y dándole una mano de alquitrán (...)».

Los culpables de esto y otros deterioros no eran más que los jóvenes que practicaban el juego de la pelota, en sus horas de asueto. Así se lo imputa la dicha autoridad militar, cuando afirma que «estos desperfectos han sido todos causados maliciosamente, como se ha reconocido. Reconvenido el plantón (o encargado de ejecutar los apremios) de artillería de esta batería, me ha hecho presente que no puede contener a diez o doce chicos que trabajan de cordeleros en aquella parte de la muralla, y a las horas de descanso, trepan por el rastrillo en busca de pelotas y otros juegos, lo que se comprueba por haber hallado arrancados del rastrillo las puntas superiores que se colocan para defender estos pasos (...)».

Pues figúrense cómo debía ser la juventud de entonces, vigorosa y muy a su aire, o cómo de frágiles los tales rastrillos.

El caso es que los militares andaban a dos velas: «No resulta posible que esta comandancia, ahogada de reparos urgentes y sin fondos para atender a ellos, distraiga un solo real, con objetos que, por su solidez, no debieran deshacerse en muchos años». A bombazos, no sabemos. Pero a pelotazos, los chicos no dejaban títere con cabeza.

El nuestro, claro. Pero no se inquieten. Se trataba tan sólo de uno de los muchos folletos «extravagantes y ridículos», en opinión de Nicasio Camilo Jover, titulado así: «El Ayuntamiento de Alicante es un portento». Cita otros el dicho historiador, de parecido jaez: «Los milicianos espantando a los serviles», «Voz del pueblo, voz del diablo», «Los ciudadanos bullangueros de Alicante» y un copioso etcétera. Publicaciones que vieron la luz en los años 1821 y 1822, durante el trienio liberal. Un trienio espléndido, en cuyos inicios, un grupo de ciudadanos enemigos del despotismo fundaron una asociación denominada «Amantes de la Constitución», el veintiocho de mayo de 1820. Eran: don Rafael Bernabeu, don Mariano Piqueras, don Joaquín Hernández de Padilla, don Juan Faus, don José Natino, don Manuel Navarro, don Miguel Ródenas y don Estanislao Sevila, «los cuales formaban la presidencia y la junta directiva de aquella sociedad que, el día de su inauguración, contaba con más de cien afiliados.

Tiempos de cambios aquellos, al amparo «del código firmado por Fernando VII, el ocho de mayo de 1820». Se celebraron elecciones en Valencia, «capital de este reino, para diputados a Cortes, y resultaron elegidos los diputados propietarios y los suplentes». Según Montero Pérez, el día nueve de julio de aquel año, las Cortes abrieron sus sesiones. La legislatura terminaría un año después, para, ya en septiembre, iniciarse la extraordinaria que «dio fin a sus tareas parlamentarias el catorce de febrero de 1822».

Dos importantes leyes afectaron muy directamente a Alicante: una, que ya hemos comentado recientemente, aquí mismo, por la que se erigió en capital de la provincia. La otra, eliminaba la Casa de los Religiosos Hospitalarios, instalados en España. En virtud de la misma, «quedaba extinguida la orden de San Juan de Dios, a cuyo cargo estaba el hospital de pobres». Por una tercera disposición legal, se determinaba que no podía haber en una misma población, más de un convento de una determinada orden. Como consecuencia de ésta «quedaron suprimidas en nuestra ciudad las comunidades de los Padres Dominicanos, de San Agustín y Capuchinos, y los religiosos de los mismos se trasladaron a los conventos que de sus respectivas órdenes había en Monóvar, Orihuela y Villajoyosa».

La Restauración fue además de tiempo propicio para el turno de los políticos conservadores y liberales, años de esplendor para el desarrollo del caciquismo, es decir, toda una solapada maquinaria capaz de manipular el voto y de sostener el sistema. De acuerdo con historiadores e investigadores, en nuestra provincia y durante las dos primeras décadas del presente siglo, destacan los Ruiz Valarino, en la Vega Baja; Jorro Miranda y Torres Orduña, en las Marinas; Santiago Reig, en Alcoy; la lista es abultada.

Por entonces los periódicos republicanos y de izquierdas denuncian y señalan las actividades de cuantos lo mismo están a la sombra del partido conservador que del liberal, según soplen los vientos. Así, en 1915, la Diputación se encontraba en un estado de precariedad tal que la dicha Prensa incidía en que los contratistas de los centros benéficos dependientes de la misma, se negaban al suministro de los víveres necesarios, por cuanto las arcas provinciales no hacían frente a los pagos. La situación era tan alarmante que «El Popular» escribió: «Nunca llega el cumplimiento de la ley como ésta ordena; nunca se llega a la intervención y al embargo siquiera sea de uno de los ayuntamientos morosos. Y no se llega porque el cacique de Pego, señor Torres Orduña; el de Alcoy, don Santiago Reig o el señor Moltó; el de Villajoyosa, don José Jorro Miranda; el de Orihuela y Dolores, señor Ruiz Valarino; el de Villena, señor Pérez Barceló o don Carlos Regino Soler; y el de la circunscripción, señor Canals o señor Francos Rodríguez, se oponen y se juegan el todo por el todo, para que no se atropelle a sus amigos, para que no se les moleste y no pasen las cosas de simples amenazas (...). Esos pueblos son inviolables; quien osa meterse con ellos, ¡ay de él!, será juzgado sumarísimamente y condenado. Esos pueblos (donde el caciquismo campa por sus respetos) constituyen el combustible de la fábrica de diputados y senadores, y tienen patente para hacer lo que les venga en gana».

El citado diario y «El Luchador» coinciden en afirmar que «los caciques burlarán, una vez más, las apremiantes órdenes del gobernador civil, señor Fernández Ramos, y éste habrá de aflojar, de dimitir o de solicitar el traslado». Así recuerda Francisco Moreno Sáez, cómo un grupo de gobernadores le manifestó al rey que «como no pueden irse los caciques, se tienen que ir los gobernadores».

Tras la demolición del barrio de San Antón, ordenada por las autoridades militares, hacia 1810, con objeto de impedir al ejército francés que se parapetasen en sus casas, comenzó la construcción de otro barrio intramuros en terrenos que pertenecían en su mayor parte, al huerto del convento de San Francisco. Se le llamó barrio Nuevo y disponía de una plaza de no muy grandes dimensiones, en la que desembocaban las calles de Torrijos, Navas, San Ildefonso y Aranjuez. A esta plaza se le puso el nombre de Santa Teresa, nombre que antes había llevado una de las vías del sacrificado barrio de San Antón. Tan sólo a mediados del pasado siglo y cuando en el citado barrio se iniciaron las obras de reconstrucción, ya dentro del radio de la ciudad, la plaza del mismo que se formó al final de la calle de la Parroquia, después de Díaz Moreu, recuperó la denominación de Santa Teresa, mientras que a la del barrio más moderno se le llamó primero Nueva y después de Hernán Cortés.

Hernán Cortés por «el intrépido conquistador del vasto imperio de Méjico» y no por el actor del mismo nombre, tan admirado en Alicante y que murió, como ya hemos comentado en esta columna, en Argentina.

En esta plaza y en el año 1883, se instaló un mercado de madera, cuando era alcalde accidental de Alicante, don José Soler y Sánchez. Mercado que construyó don José María Olmos y que sería desmantelado en 1900. Como quiera que el concejal García Calamarde, según Gonzalo Vidal y Montera Pérez, fue su principal promotor, se le conoció por mercado de Calamarde.

El facultativo don Esteban Sánchez Santana, en su obra «Residencia invernal de Alicante», afirma: «Las condiciones higiénicas de este mercado consisten en sus mayores facilidades de ventilación». Curiosamente, la junta local de Sanidad aprobó su construcción, sin ninguna contrariedad. Sin embargo, dieciséis años más tarde, la misma citada junta determinó que no reunía las condiciones necesarias y dispuso su desmantelamiento. Montero Pérez nos dice que se trasladó a Benalúa, donde se destinó a laboratorio municipal. En abril de 1932, el Ayuntamiento presidido por don Lorenzo Carbonell, acordó que se ajardinara el centro de la entonces plaza de Hernán Cortés. O plaza Nueva, con la ornamentación que ya conocen.

En la actual calle de las Monjas que ya existía en primera mitad del siglo XVII y en un edificio construido de planta, se instalaron los Jesuitas en Alicante, en 1613. Primero, y con carácter provisional, en una casa de escasas dimensiones en la calle de En Llop (después, de Maldonado), de donde se trasladarían a la residencia ya señalada. Por eso, el primer nombre con el que se rotuló la hoy calle de las Monjas fue Compañía de Jesús.

Según el cronista Montero Pérez, la primera residencia la fundó el alicantino padre Teófilo Berenguer, quien donó todos sus bienes a tal fundación, y ejerció interinamente el cargo de superior, hasta que el Provincial de la Compañía designó al padre Vicente Palau, en 1635.

El mismo edificio que ocuparon los Jesuitas, tras su expulsión, pasaría a ser convento de las religiosas Agustinas, «vulgo de la Sangre». De ahí que la referida y breve calle, tomaría ese nombre: Sangre, para, poco después, denominarse con el actual de las Monjas.

El día 20 de marzo de 1767, el rey Carlos III ordenó la expulsión de España de todos los jesuitas. En Alicante, el alcalde mayor y corregidor interino, don Antonio Fernando Calderón, como todas las autoridades, recibió dos pliegos, con carácter reservado. Uno de ellos, cerrado con tres sellos, llevaba la estremecedora nota: «Bajo pena de muerte no abriréis este pliego, hasta el día 2 de abril». Por el mismo, se les autorizaba a presentarse con fuerzas armadas en la casa de la Compañía y se les mandaba que condujeran a todos los jesuitas al puerto más inmediato, en el plazo de 24 horas, para embarcarlos en los buques destinados al efecto y que habrían de transportarlo a los Estados Pontificios. El final del pliego resultaba igualmente aterrador: «Si queda un solo jesuita, aunque esté enfermo o moribundo, seréis castigado de muerte, yo, el Rey».

Cumpliendo las órdenes al pie de la letra, y quién no, el 2 de abril, como se prevenía, y en horas de madrugada, se presentaron las autoridades en la residencia de la Compañía de Jesús, donde se leyó la Pragmática sanción. Los jesuitas de Alicante fueron conducidos a Cartagena, ligeros de equipaje. El Estado se incautó del edificio que luego donaría a las Agustinas, en 1790, de acuerdo con Viravens, y también de algunas casas que poseían en la calle de la Pescadería (después, Cruz de Malta), en la de En Llop, en la Plazuela de Espaldas del Carmen (Plaza del Carmen), en la de San Francisco Javier (parte de la actual de Teatinos) y otras dos, en el Carrizo de Morelló, situado en la mitad de hoy calle de Castaños y plaza de Ruperto Chapí.

Ya lo sabemos sobradamente: la tradición del fuego, de las fiestas del fuego, viene de muy atrás. Antes de que José María Py levantara los actuales monumentos y que el alcalde Suárez Llanos publicara el primer bando acerca de los mismos y animara a la participación popular, los alicantinos ya se dedicaban a la pólvora y al júbilo, «en la noche de las vísperas de San Juan».

Nos lo cuenta un periodista, cuando en tal fecha, pero del año 1915, se dedicó a darse una vueltecina por los alrededores a ver qué era lo que pasaba y cómo se divertía la gente. «Pocas fiestas tenemos en el año que hayan sido más discutidas que las de San Juan Bautista. Sin embargo, después de tanto discutirlo, las personas que mangonean las cosas de los santos aún no se han puesto completamente de acuerdo en lo tocante a si es el 24 de junio el día en que nació el simpático santo o es el 27 del mismo mes; y si es santo de primera categoría y merece un día completo de vagancia o tan sólo es un santito que no merece la pena de que nos molestemos todo un día en no hacer nada. En no hacer nada de provecho, se entiende, porque hacer, ¡claro que hacemos!, hacemos ruido en grande, disparando petardos tan bien como puedan hacerlo nuestros vecinos los marroquíes. Comemos torta de fritanga, hasta hincharnos, y nos creemos con derecho a no dejar dormir a nadie en una legua a la redonda. Pero si no está muy bien resuelto en el Santoral en qué día nació San Juan, las gentes están mejor enteradas o les tiene completamente sin cuidado el Santoral, porque en llegando la noche del 23 de junio, rompen fuego las baterías y no hay quién pare en mitad de la calle».

Aparte de sus disquisiciones religiosas o hagiográficas, más propiamente, el curioso gacetillero, aquella noche, se recorrió la ciudad y sus barrios, para dejarnos un testimonio muy interesante de las celebraciones del fuego en dicha época. Y así cuenta cómo el humo de las hogueras y de la pólvora eran más densos que «los gases alemanes» y que sonaban, sin cesar, los petardos y que las carretillas se le metían bajo los pies. Por último, llegó a un caserón donde se encontró a su amigo don Juan Garrigós. Allí, y en medio de un círculo que formaba la abigarrada multitud, bailaba la jota dos parejas: Chimo Ponsoda y Rosa Pascual, y Pascual Gonsálbez y Teresa, en tanto tocaba el conocido guitarrista José María. Se encontró nuestro cronista con «el célebre noctámbulo Apolinar», y pasaron toda la noche, hasta que el sol alumbró el macho del Castillo de Santa Bárbara. Aquello debió ser la primera barraca popular. Pero a su aire. Sin papeles. Sin vales. Sin reglamentos. La gente se lo montaba a su gusto.

Con motivo de la urbanización de toda la zona del paseo de Gómiz, en su segunda fase, y en consideración a la densidad del tráfico en uno de los accesos más importantes de nuestra ciudad, se previó la construcción e instalación de la pasarela elevada, para el paso de peatones, frente a la playa del Postiguet.

El proyecto de dicha obra fue redactado por el ingeniero de caminos don Antonio Medina Gil, quien lo presupuestó con un total de ochocientas cuarenta y cuatro mil cuatrocientas veintiséis pesetas con sesenta céntimos. El Ayuntamiento, presidido por aquel entonces, por don José Abad Gosálbez, acordó su aprobación, en pleno ordinario celebrado el treinta de diciembre de 1969. Sin embargo, se convocó, por dos veces consecutivas, la correspondiente subasta, sin que se presentase proposición alguna.

Urgía resolver el tema, de manera que se requirió el citado facultativo, para que reconsiderase los presupuestos. En la nueva ocasión, el ya citado señor Medina Gil y su colega don Luis Martínez Pérez procedieron a revisar el mencionado presupuesto y, posteriormente, presentaron uno nuevo que ascendía a un millón quince mil ciento doce pesetas con cuarenta y dos céntimos. El incremento sobre el anterior, cubría, según los mismos, los aumentos tanto de costes de materiales como de mano de obra, experimentados desde que se aprobó el primero de los presupuestos. En el acta de la sesión correspondiente al treinta de junio de 1970, seis meses después, el interventor municipal don Juan José Seva Mas informó a la corporación de que, en el orden presupuestario, no había inconveniente alguno en aprobar la revisión de precios y proseguir el trámite «hasta la contratación mediante subasta, dando cuenta del nuevo importe, al Banco de Crédito Local de España, por ser obra que se financia con cargo al préstamo contratado, para el presupuesto extraordinario de urbanización de la segunda fase del paseo de Gómiz». Tanto la comisión de hacienda como la de fomento se mostraron favorables a la propuesta.

Así, pues, bajo la presidencia del accidental, don Francisco Muñoz Llorens se ratificaron los acuerdos y se aprobó la convocatoria de subasta, con arreglo a un pliego de condiciones económicas y administrativas de dieciocho cláusulas. Había que andar, con toda seguridad.

Siendo alcalde Luis Pérez Bueno, el día ocho de julio de 1910, el Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria, tuvo conocimiento oficial del acuerdo de la Junta de Obras del Puerto, correspondiente al catorce de mayo anterior y por el cual el ingeniero director de la misma se ofrecía a la corporación municipal, para construir un nuevo mercado de abastos, en el lugar que se le designara, y a cambio de los terrenos que ocupaba la vieja plaza, con objeto de permitir así el ensanche de los acceso al muelle de Levante.

Además de solicitar el punto de emplazamiento, el ingeniero Lafarga pedía al Ayuntamiento que se le facilitara también el número de puestos dedicados a la venta de los siguientes productos: carnes, pescados, salazones, verduras y frutas, panadería, ultramarinos, ropas hechas, quincalla, vinos y licores y artículos no enumerados anteriormente.

De acuerdo con la propuesta formulada por el concejal doctor Rico, se redactó el escrito destinado al técnico de Obras del Puerto y en el que se decía: «Al primer extremo: plaza de Balmes y terrenos lindantes con ésta, al norte, calle de la Concepción por medio, comprendidos entre la calle de Calderón de la Barca y la prolongación de Castaños (hoy, Capitán Segarra), y la recta formada por la línea de la pared mediera de la primera casa edificada en la citada calle de Calderón, que comprende un área de seis mil trescientos setenta metros cuadrados, suma de los de la plaza de Balmes que tiene tres mil setecientos veintiséis y de los que lindan a su norte que miden dos mil seiscientos cuarenta y cuatro».

«En cuanto a los puestos: carnes, 98; pescados, 50; salazones, 33; verduras y frutas, 301; panaderías y buñolerías, 38; ultramarinos, 16; ropas hechas, gorras y zapaterías, 37; quincalla y dos hojalateros, 12; vinos y licores, 39 de los cuales 11 van adscritos a casas de comida; artículos no enumerados, 36. Los expresados puestos son los existentes en el mercado actual y sus calles adyacentes los días de mayor número de vendedores. No se cuenta el mercado extraordinario de Navidad».

En la sesión también ordinaria del seis de agosto del mismo año, el citado edil, señor Rico, advirtió que el plazo concedido a los propietarios de la plaza de Balmes, para entregar al Ayuntamiento los terrenos necesarios, para la construcción del nuevo mercado, habían expirado el cinco de junio último.

Pero aún habrían de pasar muchos años, para su inauguración, de la que aquí, ya dejamos constancia.

Con los votos en contra de los concejales don Francisco Maruenda Alberola y don Jaime Serrano Pomares, el pleno municipal, bajo la presidencia del alcalde don José Abad Gosálvez, aprobó la compra de los terrenos para la ampliación de terrenos, «con la utilización del margen en descubierto de la cuenta de tesorería concertada con el Banco de Crédito Local de España, cancelándose el anticipo una vez que se formalice la operación de préstamo que tiene solicitada y entre en vigor el presupuesto extraordinario pertinente». Era el 27 de febrero de 1970.

La comisión de cementerios, el cuatro de aquel mismo mes, ya manifestó que la falta de lugar para enterramientos era «cada día más agobiante» y reclamaba soluciones de emergencia, para resolver el acuciante problema. Esas soluciones pasaban necesariamente, por la adquisición de terrenos que «pendía sólo de la concesión de crédito para el pago de los mismos que está acordado adquirir».

Los tales terrenos correspondían a la finca «El Partidor», colindante con el cementerio municipal, y ocupaban una superficie de cincuenta y cinco mil setecientos setenta metros cuadrados, y cuya compra decidió la corporación el veintisiete de junio del año anterior, por un importe de cinco millones quinientas setenta y siete mil pesetas.

A Paco Maruenda le pareció excesivo el precio de cien pesetas el metro y le preguntó a Salvador González de Haro su opinión como técnico en la materia. González de Haro le respondió que «el que fuera caro o barato dependía del terreno que fuera». Al edil disidente no debió conformarle aquella contestación y dijo que nanay.

Sin embargo, con el informe del interventor de fondos que hizo suyo la comisión de Hacienda, la propuesta de adquisición prosperó. El señor Seva Mas manifestó, en el citado informe, que oficiosamente tenía noticias favorables de la concesión del crédito solicitado de ocho millones a la ya dicha entidad bancaria, con objeto de formar el presupuesto extraordinario correspondiente, para la ampliación del cementerio. Los enterramientos no podían diferirse y abrumaban.

Soplaban los vientos ácidos y don Pascual Ors Pérez salió bastante bien parado, a bastonazo limpio. Durante los primeros meses de 1913, la prensa local, parte de ella y «El Luchador», especialmente, le sacaban los trapos sucios a don Higinio Formigós, presidente de una Diputación depauperada. La casa de Beneficencia, el manicomio y el hospital provincial de San Juan de Dios, según el diario republicano, estaban en el más flagrante abandono. Don Higinio Formigós tenía que dimitir.

En medio de tantas tensiones, el concejal Ors Pérez fue agredido, a la salida del Ayuntamiento, por cierto individuo a quien llamaban «El Bañero». De acuerdo con «El Luchador», «El Bañero» era «un ex republicano que atraído por el cebo de un empleo, renunció a los ideales que todos sus afines seguían sustentando».

«El Bañero» se llamaba Enrique Martínez Bernabeu y había desempeñado el empleo de fiel del repeso del mercado instalado en la plaza de Hernán Cortés. Don Pascual Ors Pérez, en una sesión plenaria, solicitó la cancelación de aquella plaza, por cuando el mercado ya había dejado de funcionar. La corporación aprobó la propuesta y «El Bañero» se quedó en la calle.

El viernes, día 14 de marzo de aquel año, había pleno. Antes de iniciarse, el agresor se acercó al edil Ors Pérez y le pidió ciertas explicaciones acerca de una noticia publicada en «El Luchador». Ors Pérez le replicó que ignoraba la autoría de la misma y que no trabajaba en la citada publicación, pero que, no obstante, no tenía inconveniente alguno en presentarle al director de la misma.

No parece, sin embargo, que la buena disposición del concejal satisfaciera en absoluto a Enrique Martínez, porque esperó pacientemente que concluyera la sesión corporativa y siguió cautelosamente a don Pascual Ors al que, en la plaza de Alfonso XII, atacó con una varilla metálica que llevaba oculta. Lo hirió de poca importancia en la región occipital, pero a cambio el edil le atizó dos buenos bastonazos. Terminaron en la Casa de Socorro, culpándose mutuamente. «El Luchador» se preguntaba si había vuelto el matonismo a nuestra ciudad. Y pedía al gobernador, don Luis García Alonso, que tomara cartas en aquel y otros parecidos asuntos, como ya había hecho su antecesor don Rufino Beltrán.

Malos tiempos para un republicano como Ors Pérez.

Así lo reconocía la Junta de Obras del Puerto, en la introducción de su primera memoria, correspondiente a los años 1901 al 1904. «(...) el desagüe de las alcantarillas de la población dentro de la dársena, a cuyo fondo van a parar además de las materias fecales, las arenas y tierras arrastradas por las lluvias de la falda del montículo o peñón de Benacantil, habían ensuciado el fondo, llegando a crearse una situación insostenible, hasta el punto de que los vapores de mediano calado no podían muchas veces exponerse a fondear dentro del puerto, viéndose precisado a hacerlo fuera de los diques y a realizar las operaciones de carga y descarga por medio de barcazas que, remolcadas, hacían el transporte intermedio entre los muelles y los vapores, resultando con esto las ventajas del puerto casi ilusorias».

Incluso, en multitud de ocasiones, los barcos que se aventuraban, al efectuar las maniobras de salida, embarrancaban, debido a la porquería que se acumulaba en el fondo de las aguas, además «de los pestilentes olores que despiden las mismas por su falta de corriente y renovación, y por la gran cantidad de excretas que de continuo las alcantarillas mezclan, convirtiendo nuestro puerto en un permanente foco de infección».

En la primera Memoria, se destaca que, por todas estas razones, se produjo «un levantamiento general del pueblo de Alicante: la Prensa local venía un día y otro día, quejándose de las deficiencias y condiciones antihigiénicas del puerto; el comercio señalaba los perjuicios que le irrogaban la insuficiencia de calado y de la línea de muelles aprovechables, los consignatarios reclamaban las comodidades y facilidades que los buques encuentran en otros puertos, y los obreros protestaban de que por las malas condiciones no hacían aquí escala algunas líneas de vapores, perdiendo por esta causa un crecido número de jornales».

La Junta de Obras del Puerto acometió las obras necesarias para paliar tan lamentable situación, desde su constitución «que tuvo lugar el 1 de enero de 1901». Aunque luego afirma: «Se constituyó definitivamente el 13 de diciembre de 1900 y el día 5 de enero siguiente, se firmó el acta de entrega del puerto, de sus obras y servicios a la mencionada corporación».

Del puerto actual que «empezó a construirse en el año 1803, a cargo de la llamada Junta protectora, pasando después a la Jefatura de Obras Públicas, hasta su entrega a la recién formada Junta».

Es una de las más importantes vías urbanas y también un espacio histórico de nuestra ciudad. La Rambla de Méndez Núñez. Primero el Vall, luego la calle de Entre Muro y Muro. A partir de 1821, el paseo de Quiroga. Más tarde, el de la Reina, con sus rosales y pérgolas. Con su mercado provisional, también antes de que éste pasara a su actual y definitivo emplazamiento. A la Rambla nos hemos referido en multitud de ocasiones. Lo hacemos una vez más, ahora, de la mano de Francisco Montero Pérez, para informarnos de algunas personas -ya personajes- que, en su momento, allí vivieron y murieron algunos. Y de ciertas curiosas anécdotas y peripecias de nuestra crónica.

En una de sus casas, ya desaparecida, trabajó minuciosamente Juan García Rubert, músico y tallista de diamantes, de ahí que se le conociera por Juan el Diamantista. Y un herrero de tan ingenioso que se inventó un singular artefacto: la columna-cama. Por ella y «por sus acabados trabajos, fue honrado por la reina doña Isabel II con el título de cerrajero de Su Majestad y destinado a las caballerizas reales». El singular herrero no era otro más que Vicente Alemany Mascarell.

Y en la Rambla, escribió Emilio Castelar su primera obra literaria, la novela «Ernesto». Cuando los padres de éste abandonaron Cádiz, a mediados del pasado siglo, se instalaron en una vivienda que pertenecía el diputado Antonio Sereix, tío del ingeniero de 1854, a uno de sus más notables arquitectos: Emilio Jover. Murió en un edificio de la Rambla, donde tenía su domicilio el diputado a cortes e inspector general del cuerpo de Correos, Federico Bas. El paseo fue asimismo escenario del duelo por el ilustre poeta Rafael Campos Vassallo domiciliado en el mismo, en la casa donde nació su hijo que fue catedrático de la escuela superior de comercio de Palma de Mallorca, Eduardo Campos de Loma.

Dos edificios de dicha vía ocupó la que se llamó, hasta 1889, Posada de la Higuera, porque había una en su patio interior. Allí fue donde, el 28 de enero de 1844, «se amotinaron los carabineros a las órdenes del coronel Pantaleón Boné». Una estratagema que atrajo a las autoridades militares de la plaza, y fueron detenidas. Posteriormente, en este local se levantó el café teatro «Edén Concert» que más adelante se convertiría en el Salón Novedades «en el que se celebraron conciertos de destacados músicos y se representaron numerosas zarzuelas». La Rambla, de historia interminable.

Un acuerdo del Ayuntamiento de Alicante de 9 de noviembre de 1868, habla de honrar la memoria de los constitucionalistas y progresistas ejecutados en Alicante, en 1826, y en Guadalest, en 1848, «sigue incumplido», según denunció Montero Pérez, en «El Luchador», el veinte de mayo de 1913. Unos y otros, juntos a Pantaleón Boné y sus hombres, fusilados en Villafranqueza y en nuestra ciudad, en 1844, integran el martirologio alicantino del liberalismo.

Respecto a los sucesos protagonizados por Boné, Manuel Carreras y Miguel España, entre otros, ya hemos abundado en ello y se dispone, para su estudio, de una muy aceptable bibliografía. Lo mismo sucede, con respecto a Antonio Fernández Bazán y su hermano Juan -el primero había sido director de la fábrica de tabacos en Alicante- quienes al frente de un variopinto grupo, y procedentes de Gibraltar, desembarcaron en Guardamar, el diecinueve de febrero de 1826, con objeto de levantar a la población contra el absolutismo imperante. Sin embargo, la expedición fracasó. Hostigados por los realistas, tuvieron que abandonar sus barcas y dispersarse por diversos puntos de la provincia, próximos a la capital. Los componentes fueron detenidos y pasados por las armas, en Alicante y Orihuela. Antonio Fernández Bazán fue fusilado, el cuatro de marzo de aquel año, «en condiciones de suma crueldad (ejecutado estando postrado, herido, en una camilla)». «Represión y exilio de los liberales (1814-1832)», de Emilio La Parra, en el fascículo 24 de la «Historia de Alicante»).

Al hilo de lo que nos cuenta el cronista Montero Pérez, durante la última quincena de octubre de 1848, «algunas partidas armadas que habían enarbolado la bandera republicana, aparecieron en la Marina (...). De estas partidas, la más numerosas era la encabezada por Lorenzo Carreras, natural de Castell de Castells. Carreras obtuvo incluso el apoyo de algunos alcaldes de la comarca». Pero el poderoso cacique don Juan Thous, junto con los reaccionarios, urdieron un plan. En una de sus primeras operaciones, la Guardia Civil junto con otras fuerzas militares dispersó al grupo en las inmediaciones de Cocentaina. «Carreras y el resto de sus hombres, en su huida, observaron que Guadalest estaba desguarnecido y ocuparon su castillo. Poco después, las fuerzas de la reina lo tomaron y prendieron a Carreras que fue fusilado, una hora más tarde, junto a dieciocho de sus compañeros, víctimas de su amor a la República».

No se nos vayan por el hilo vertiginoso de la actualidad. Un alicantino accedió al cargo de Gobernador del Banco de España, pero con toda discreción. Accedió don Federico Carlos Bas y Vassallo, hijo de don Federico Bas y Moró y de doña Elisa Vassallo, que nació en el año de gracia de 1873 y en la avenida de Méndez Núñez. Así nos lo cuenta el diario «El Luchador», del tres de septiembre de 1930, poco después de que fuera promovido a tan alto cargo.

El señor Bas y Vassallo estudió en Madrid, y muy pronto, se dedicó a la actividad política. En varias ocasiones fue diputado a Cortes y senador del Reino. Más tarde, estaría al frente de la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas, y posteriormente, don Eduardo Dato, le confería el gobierno de la provincia de Barcelona.

Según las noticias de aquel entonces, íntegro como era, don Federico Carlos, medió en un conflicto entre empresarios y obreros, y fue tan ecuánime y justo que se ganó la enemistad de los patronos. Una enemistad tan grande y poderosa que finalmente le llevó a presentar la dimisión. Cuando dejó el Gobierno civil, cuentan las crónicas, que entregó a su sucesor la nada despreciable suma, para aquel entonces, de setecientas sesenta y cinco mil pesetas, «para que fueran a parar a manos de las asociaciones benéficas producto dicha cantidad de la suscripción entre los círculos de recreo y cuya distribución era privativa de su autoridad».

Como consejero de la Real Sociedad de Riegos de Levante se esforzó en conseguir la traída de la aguas sobrantes del río Segura (¡qué cosas!), y desde la subsecretaría del Ministerio de Hacienda que también ocupó, secundó las gestiones del alcalde don Gonzalo Mengual, con objeto de que el citado Ministerio reintegrase a las arcas municipales de nuestra ciudad, cantidades que el Tesoro le debía por ingresos improcedente de ciertas contribuciones.

«Anhelo constante de la Cámara de Comercio y del Comercio, en general de esta ciudad, es el de que se aumente la categoría de la Sucursal del Banco de España de esta plaza. Ocupando como ocupa hoy, el señor Bas y Vassallo el cargo de gobernador de tan importante institución (...), con voluntad se puede convertir el anhelo del comercio de Alicante, en una realidad». Los prestigiosos, a veces, cómo se despeñan. Y, por supuesto, no el del señor Bas y Vassallo.

Año de mudanzas aquel de 1930. Primo de Rivera, en los últimos días de enero, presentó su dimisión al Rey. A la salida de palacio, entregó una nota a los informadores: «Ha admitido mi dimisión y la de los ministros, teniendo frases de la mayor benevolencia (...)». Don Alfonso encargó al general Berenguer la formación del nuevo gabinete. Llegaba la «dictablanda» de la mano de don Dámaso Berenguer Fusté, emparentado con nuestra provincia, según Montero Pérez , ya que su padre era oriundo de Callosa d'En Sarriá.

El siete de febrero, «El Luchador» publicaba el «Manifiesto de los republicanos alicantinos», firmado por Marcial Samper, J. Pérez Molina, César Oarrichena, Rafael Blasco, Álvaro Botella, Agustín Mora Valero, A. Pérez Torreblanca y Lorenzo Carbonell. En uno de sus párrafos, se decía: «Queremos que Alicante sea dueño de sus propios destinos, que viva regido no por influencias de corro o de clase, sino por quienes reciban la confianza de lo mediante sufragio limpiamente emitido; que no esté al servicio de los deseos o conveniencias de nadie, sino que todos estemos al servicio de los deseos y conveniencias de Alicante».

Mientras cinco días más tarde, se conmemoraba el cincuenta aniversario de la primera República; don Lorenzo Carbonell arremetía contra los alcaldes de real orden y escribía debajo de su nombre «comerciante, industrial y propietario, paga de contribución anual cuatro mil pesetas».

En julio, y bajo la presidencia de don Gonzalo Mengual Segura, se formó una comisión para revisar los acuerdos adoptados durante el pasado régimen dictatorial. «El pleno municipal nombró a don José Sánchez Santana, don José Guardiola Ortiz y don Ricardo Pascual del Pobil». Una de las propuestas consistía en la derogación de cuantos acuerdos, tomados en la dictadura, referentes a declaraciones de alcaldes honorarios, hijos adoptivos y cuantos cargos honoríficos se hubiesen concedido a personajes políticos como «a Bermúdez de Castro y otros, a los cuales nada tiene que agradecer Alicante». A finales de noviembre, el señor del Pobil abandonó la comisión y fue sustituido por don Florentino de Elizaicin y España. Aquel año, el veintidós de junio, el maestro don Luis Torregrosa estrenó, con gran éxito, su pasodoble «Les fogueres de San Chuan».

Ciertamente, lo de Alicante ciudad de congresos, viene ya de tiempo atrás. La vocación turística que se despertó entre nuestros representantes municipales, comerciantes y todo el vecindario, en fin, se manifiesta desde finales del pasado siglo y se afianza a lo largo de las primeras décadas del actual. Niza, hoy hermanada con nuestra ciudad, es el modelo a seguir. Las referencias y apelaciones a la ciudad francesa son constantes, en la Prensa de aquellos años. Alicante consciente de su clima, del sol y de sus playas, pretendía promocionarlas.

No resulta, pues, nada extraño que ya en 1920, la Agrupación de Periodistas Deportivos tomara la iniciativa de celebrar, en el Ayuntamiento, una asamblea en la que se examinaran las posibilidades de establecer los mecanismos necesarios para dicha promoción. Así, el domingo, dieciocho de enero de aquel año, bajo la presidencia del edil, señor Llorca, tuvo lugar la referida asamblea.

Asistieron a la misma una representación de los periodistas deportivos, promotores de la idea; don Juan Grau, por la Cámara de Comercio; don Florentino de Elizaicin, por la Asociación de la Prensa; don Emilio Costa, por el Círculo de Bellas Artes; don Próspero Lafarga, por el Casino de Alicante; don Demetrio Poveda, por la Federación Levantina de Football; don Ángel Pascual Devesa, por el Club Natación; don Juan Oliver; por el Círculo Unión Mercantil e Industrial; y representaciones de la Sociedad Filarmónica Alicantina. «Todas las entidades citadas demostraron con su comparecencia su amor a los intereses de la ciudad».

«El Diario de Alicante» escribió: «Factores que han sido invitados reiteradamente y que no asistieron: Real Club de Regatas, Real Tiro de Pichón, Casa del Pueblo, Círculo de Escritores y Artistas y Diputación Provincial».

En la asamblea que se celebró en la sala capitular del Consistorio, se tomó el acuerdo de celebrar un congreso internacional de turismo, el siguiente año. Para desarrollar los trabajos organizativos previos se nombró una comisión presidida por Próspero Lafarga y cuyo secretario era el de la Agrupación de Periodistas Deportivos, señor Picó. Las vocalías correspondieron a Florentino de Elizaicin, José Barrios, Demetrio Poveda, Emilio Costa y José Agulló. El alcalde, Antonio Bono, ocupó la presidencia de honor.

Las nubes no nos son propicias. Pasan de largo o, en ocasiones, apenas sí dejan unos pocos litros de agua, insuficientes para las necesidades de nuestra agricultura. La historia de estas tierras está marcada por las sequías. O por las inundaciones, que terminan en el mar. Es, más que una espada, un cielo desolado y esquipo el que pende sobre los campos ávidos y áridos.

En febrero de 1919, se saludó con entusiasmo la constitución de la Compañía Riegos de Levante. Una bendición. Se dijo que Alicante, Elche, Crevillente y Albatera se transformarían en un vergel, «con los abundantes riegos del Segura», que habrían de recibir. La citada sociedad se inició con un capital de dos millones seiscientas mil pesetas. Capital que se iría ampliando en la medida en que se obtuviesen más concesiones.

Las obras se presupuestaron en doce millones. Obras de canalización y distribución de los dieciocho mil metros cúbicos por hora destinados a fertilizar unas veinticinco mil hectáreas de los términos de las poblaciones ya citadas. El primer proyecto, se concedió por Real Orden de diecinueve de septiembre de 1918.

Naturalmente, se necesitaba energía para poner en marcha todo aquello y garantizar un riego constante. A tal fin, Riegos de Levante adquirió, en Cieza, el salto de agua conocido por «Los Almadenes», capaz de producir nueve mil caballos de vapor. Cinco millones de pesetas se consignaron para la ejecución del referido salto, y asegurar así el funcionamiento «de todo el artilugio capaz de metamorfosear la faz de los saladares misérrimos de toda esa región».

Junto con la constitución de la Compañía de Riegos de Levante, se previó la creación de un banco agrícola. Tal banco, de acuerdo con el sistema de Raiffeusen, proporcionaría a los labradores aperos, abonos y los fondos económicos suficientes, a cambio de un interés módico. «Largas campañas hemos llevado a cabo, ayudados por gentes de gran alteza de miras -entre las que recordamos al señor Ramos Bascuñana- por manumitir de la miseria al pobre agricultor. Los campos yermos ahora se transformarán, de modo que según los cálculos, nada exagerados, llegarán en breve a valer trescientas pesetas por tahúlla, lo que supone un aumento de la riqueza pública de setenta y seis millones de pesetas». Pero la meteorología es imprevisible e implacable.

El Ayuntamiento accedió a la solicitud de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, quienes tenían a su cargo las casas de Beneficencia, Hospital Provincial y Asilo de Nuestra Señora del Remedio. Las religiosas deseaban conmemorar con toda la solemnidad posible el centenario de la aparición de la medalla milagrosa a sor Catalina Laboure.

Para la celebración pedían la asistencia del Concejo, en corporación y bajo mazas; escolta de la Guardia Urbana, y un piquete de la misma que abriera la procesión.

«Además -decían en su instancia- y para que la festividad sea completa, también nos permitimos recabar de VE la cesión de Gigantes y Cabezudos, para que escolten a un grupo de valencianas que durante la mañana del citado día recorran la población anunciando nuestra fiesta».

Tal fiesta estaba prevista para el veintiocho de septiembre de 1930. El mismo año el nuncio de su Santidad, monseñor Federico Tedeschini, que se encontraba en nuestra ciudad de paso por Orihuela, aprovechando su estancia en Alicante, visitó la colegiata de San Nicolás, en un acto que congregó en la plaza del Abad Penalva a las autoridades civiles y militares quienes cumplimentaron al representante diplomático del Vaticano. En aquella ocasión, monseñor Tedeschini, según cuenta don Federico Sala Seva, en su obra «Acontecimientos notables en la iglesia de San Nicolás de Alicante, 1245 a 1989», «dirigió una hermosa alocución a los numerosos fieles que llenaban el templo, agradeciendo a todos el solemne recibimiento y exhortando a conservar e incrementar las dos grandes devociones del pueblo alicantino: la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo y la patrona, Santísima Virgen del Remedio (...)». La referida visita se produjo el diecisiete de julio de dicho año.

El veintiocho de septiembre, las hermanas de la Caridad también estuvieron en San Nicolás, para dirigirse en procesión a las Casas de la Beneficencia. El Ayuntamiento había comisionado al teniente de alcalde, don Jaime Antón Martínez, para que, acompañado por los concejales que tuviera a bien designar, atendiera la petición de las religiosas ya mencionadas, y se conmemorara así el centenario de la medalla milagrosa, con la pompa y el esplendor que habían pedido las hermanas de San Vicente de Paúl. 1930, un año de transición entre una dictadura fracasada y una república ya en vísperas.

El quince de junio de 1967 se aprobó la revisión, o su avance, del Plan General de Ordenación Urbana, redactada por el equipo técnico dirigido por el arquitecto don Juan Antonio García Solera. En las correspondientes actas municipales se dice textualmente que tal aprobación se produce «con ligeras modificaciones, impuestas por el transcurso del tiempo». En el proyecto se contemplan la ubicación del aeropuerto, la conservación de la huerta, la parte turística de la Playa de San Juan, el señalamiento de zonas industriales, la sustitución «de la actual estructura radio-concéntrica, por otra que corra paralela al mar, tanto al Oeste como al Este, adoptando una solución intermedia entre la estructura radio-concéntrica y la de núcleos abiertos (...) Además se determinan las zonas industriales y se establecen las conexiones una vía-parque con anchura de cien metros, muy importante para la fluidez del tráfico, entre todos los núcleos y focos, y por su fácil conexión con la proyectada autopista del Mediterráneo (...) También se determinan zonas deportivas, emplazamiento para la plaza de toros, cambio de emplazamiento de las vías férreas y estaciones de ferrocarril, estación para camiones y estación central de autobuses, a ubicar en los aledaños del acceso a la ciudad, hacia el núcleo independiente de San Vicente, cercano a la referida vía-parque (...)».

Por medio el Mayo francés, en sesión extraordinaria del Ayuntamiento, que presidía don José Abad Gosálvez, el veintiocho de octubre de 1968, y con la sugerencia del teniente de alcalde don Francisco José Mallol Sala de «montar una oficina especial para llevar a la realidad el proyecto», se aprobó el Plan y se abrió el plazo de información pública, «para su aprobación definitiva, si procediere».

El veintinueve de noviembre del mismo año y «dado el interés demostrado por el público se expone la conveniencia de ampliar el plazo de exposición, hasta el veintiséis de diciembre siguiente». Tras las oportunas deliberaciones, así se acordó. Pero el Plan General de Ordenación Urbana aún habría de experimentar otras muchas vicisitudes como ya se verá.

Con la crónica menuda, pero certera, era previsible el actual maremágnum de coches, aparcamientos, ORA y multas. Alicante tuvo muy tempranamente vocación automovilística. De forma que ya en 1904, se pensaba en los futuros conductores.

¿Se acuerdan del Parque Infantil en el parque del Doctor Rico o más concreta y genéricamente, en el castillo de San Fernando? Pues tuvo un precedente. Un precedente de otras características: más al loro del negocio, digamos. Fíjense si no: don Enrique Moreno Muñoz, como olfateando el futuro de un tráfico agobiante y de la abundancia de vehículos que habría de producirlo, se agenció cuatro cochecitos, para niños, sistema «Automóvil», movidos a pedales.

Después, pensó en su explotación. Y alegando que era un juego para los chavales, carente de peligro y de riesgos, ¡imagínense noventa años atrás!, dirigió al Ayuntamiento una razonada instancia, para que se aprobara su propuesta. Cómo debió de ponerse el alcalde, don Alfonso de Rojas y Pascual de Bonanza y sus compañeros de consistorio, con aquel síntoma de modernidad.

El señor Moreno Muñoz, autor del invento, lo que propuso, en definitiva, no era, ni más ni menos, que explotar un circuito para uso exclusivo de los jóvenes pilotos de sus cochecitos a pedales. Razonaba el referido señor que en ello no había peligro alguno, «por ser éstos pequeños vehículos movidos y dirigidos por los mismos niños conductores, quienes a su vez, estarán bajo la vigilancia de personas de mayor edad que V.E. puede comprobar, bien en su presencia misma, bien en quien designe para su satisfacción».

El citado circuito comprendía la Explanada, ida y vuelta, «de extremo a extremo», decía textualmente, el pionero, «siendo el precio del récord -puntualizaba- de diez céntimos de peseta, por la carretera, precio módico, a fin de que los niños de todas las clases sociales, puedan disfrutar del referido recreo infantil».

Enrique Moreno Muñoz vivía en la calle Maldonado y pretendía hacer del automóvil un objeto de uso común. Sería interesante saber qué pensaría ahora, cuando se ha convertido en un martirio común y en un sacrificio, con miles de víctimas. Claro que los coches van a turbo y no a pedales.

Se consolidaba, en los últimos años del pasado siglo, la llamada «aristocracia del bacalao», gracias a las actividades portuarias, y en plena alternancia política, propia de la Restauración, Alicante se desarrollaba urbanística y comercialmente. Alcaldes como los liberales Rafael Terol y José Gadea Pro, y los conservadores Manuel Gómiz Orts y José Manuel del Pobil, barón de Finestrat, cerraron una década febril e ilusionada. El incipiente turismo era también un propósito siempre sostenido por diversos sectores de nuestra sociedad.

En aquel ambiente, el edil Martínez Torrejón manifestó, en la sesión municipal del nueve de febrero de 1890, que el rey Alfonso XIII, que tenía catorce años de edad y había superado una enfermedad, podía encontrar en nuestra capital el clima y las condiciones más adecuadas, para el restablecimiento de su salud. En consideración, dijo, a que la Real Cámara de Medicina de Palacio «se hallaba estudiando el mejor punto de la península, para tal fin», Alicante, «por sus condiciones climatológicas y atmosféricas» era, en su concepto, la población idónea como residencia invernal para su majestad.

La corporación estimó oportunas las palabras del señor Martínez Torrejón y acordó ofrecer a la reina regente, doña María Cristina de Habsburgo, y para su hijo, el monarca adolescente, nuestra ciudad, para la convalecencia del mismo. Según se recoge en los cabildos, dos días después de dicho ofrecimiento, el Ayuntamiento recibió un telegrama del mayordomo mayor del Palacio Real, duque de Medina-Sidonia, dando las gracias por el generoso gesto «del pueblo alicantino».

Por aquellos tiempos, el pueblo alicantino o gran parte del pueblo alicantino, los trabajadores, en fin, también se organizaban movidos por las circunstancias adversas, el encarecimiento de la vida y la crisis económica. El mismo año de 1890, en el que se ofrecía al joven rey, la ciudad, se celebraba el inicial Primero de Mayo y Pablo Iglesias visitaba nuestra ciudad. Junto a la propuesta residencia invernal monárquica de Martínez Torrejón, surgiría el Centro Obrero, situado en la calle de Liorna (hoy López Torregrosa), gracias a las gestiones de los tipógrafos Rafael Carratalá y Federico Valero.

A Guillermo Clauss lo sorprendieron dos carabineros en la desembocadura del río Segura. Eran las cuatro de la madrugada del día cinco de abril de 1918, cuando observaron a una persona que caminaba lentamente por la playa. Le dieron el alto y el desconocido gritó: «¡España!». El desconocido estaba calado hasta los huesos y exhausto. Dijo que se llamaba Rafael Merino y que era superviviente de un naufragio. Pero, aunque hablaba castellano con toda corrección, su acento lo traicionó. Algo de extraño había en todo aquello. De manera que los carabineros, Pedro García Riquelme y Vicente Pastor Pons, junto con unas alforjas llenas de alimentos y una siniestra caja herméticamente cerrada y atornillada, bien revestida de cinc, lo condujeron a la casa cuartel de El Pinet, donde fue interrogado por el cabo Gonzalo Guardado Cristo. El desconocido confiado en una supuesta germanofilia del citado cabo, le confesó su nombre y condición: Guillermo Clauss de Messteil, de veintitrés años, oficial de la Armada, condecorado con la cruz de hierro e hijo del cónsul alemán en Huelva. Pero se equivocó de nuevo, aunque como ya había hecho anteriormente, trató de sobornar al cabo si lo ponía en libertad. Pero el cabo lo entregó, en Guardamar, al teniente de la línea don Venancio de la Orden Parra, quien, a su vez, lo condujo a Santa Pola y lo entregó a las autoridades navales.

Con todas las peripecias de una novela de Le Carré, el joven oficial fue trasladado a Alicante, donde el comandante de Marina lo confinó en las instalaciones portuarias. Días después, llegó a nuestra ciudad, un alto funcionario del Ministerio de Estado, el marqués de Amposta, quien mantuvo una entrevista con el referido comandante, señor Varela, aunque desmintió a los informadores que su visita tuviera relación alguna con el misterioso alemán. Por último, éste fue trasladado a Cartagena, en el torpedero número 15 y, una vez allí, llevado a bordo del cañonero «Bonifaz», donde protagonizó una fuga frustrada.

El contenido de la caja fue analizado en los laboratorios de la Escuela de Torpedistas, de Cartagena. Según la Prensa contenía «doce potentes máquinas infernales, doce explosivos de una potencia terrible». Fuentes periodísticas afirmaron que la misión del teniente Clauss era volar los muelles por los que los aliados embarcaban el mineral de cobre procedente de Ríotinto. De película.

Hace apenas un par de semanas, se conmemoró el ciento cincuenta aniversario del incendio que afectó a la entrañable Fábrica de Tabacos de Alicante. No pudimos asistir, como era nuestro deseo, a los diversos actos que con tal motivo se celebraron. Nos lo impidió un doloroso episodio. Pero sí participamos modestamente en la efemérides de una institución que forma parte, por muchas y sustanciales razones, de nuestra crónica.

Conocemos, en parte, al menos, muchas de las vicisitudes que en sus casi dos siglos de existencia han conmocionado a la factoría; en ocasiones, a punto de desaparecer, como ocurrió en 1884.

En aquel año, la fábrica atravesaba un momento difícil. El espacio disponible resultaba ya insuficiente, para sus actividades. Y su ampliación era una necesidad perentoria. La Prensa lo reflejaba así: «Hemos dicho y repetido que de no tomarse seriamente medidas para el ensanche de tan útil edificio, llegaría el día en que Alicante perdiera uno de los elementos que más vida dan a una capital. La Diputación Provincial y el Ayuntamiento, corporaciones interesadas, en primer término, en la ampliación de la fábrica, han dejado el asunto en el más lamentable abandono (...)».

A lo largo de su historia, la Fábrica de Tabacos ha proporcionado empleo a miles de personas, especialmente mujeres: las laboriosas y combativas cigarreras de las que tanto y tan merecidamente se ha escrito. Ante el peligro inminente de su desaparición, en el tiempo señalado, y de las consecuencias económicas y laborales que podrían derivarse para nuestra ciudad, se propuso abrir una suscripción, mediante acciones de quinientas pesetas, para llevar a cabo la requerida reforma.

«Hoy, ante el peligro de quedarnos sin fábrica, se han reunido unos cuantos hijos de Alicante interesados en la prosperidad de esta población (...). El pensamiento ha sido tan acertado que, a las pocas horas, ya se contaba con cincuenta accionistas», es decir, con veinticinco mil pesetas de las de entonces. Y el comentarista destacaba: «Extraño es que una capital como la nuestra, asuntos de tanto interés, se tengan que resolver mediante la iniciativa individual».

En momentos de apuros, la ciudadanía tomó conciencia del riesgo y asumió su protagonismo, mientras las corporaciones públicas pasaban olímpicamente.

En la primera quincena de enero de 1919, los obreros y obreras de la empresa Industrias Babel y Nervión, se declararon en huelga. Las condiciones de vida eran ya insufribles y la patronal ignoraba cualquier petición de subida salarial. Y eso que los representantes fueron moderados en sus exigencias: tan sólo un aumento del veinte por ciento, en los jornales; en tanto los precios de los productos básicos habían experimentado subidas hasta de un setenta y cinco por ciento.

El día catorce de aquel mismo mes, la comisión de huelga se entrevistó con el alcalde de la ciudad, don Antonio Bono, con ánimo de encontrar una salida digna al conflicto. El señor Bono les manifestó que había hablado telefónicamente con el gobernador civil de la provincia, don Francisco de Federico, que se encontraba en Madrid, y quien le había asegurado que regresaría al día siguiente. Por otra parte, los trabajadores de la sociedad «La Alicantina» convocaron, para la misma fecha, una asamblea en la Casa del Pueblo.

Entre tanto, los encargados de la industria, asistieron a su trabajo el sábado once, a pesar de las promesas en sentido contrario formuladas a sus compañeros. Todos, salvo uno: Nomdedeu «que no quiso manchar su dignidad». Sin duda, aquella actitud firme y solidaria, llevó a la reflexión a algunos de los capataces que, en un principio, chaquetearon frente a la empresa. Lo prueba el escrito que se leyó públicamente y que dice: «Compañeros y compañeras, nos dirigimos a todos vosotros para manifestaros que, a pesar de nuestro carácter de encargados de la fábrica, donde hemos prestado nuestros servicios hasta hace poco, estamos a vuestro lado, porque, en nuestro sentir, es justo lo que solicitáis (...). Si por nuestra condición de encargados no podemos figurar en las listas de esa sociedad ("La Alicantina"), no abriguéis temor alguno a que os traicionemos, antes al contrario, contar con nuestro apoyo», firmaban: Rodolfo López, José Ortín, Rafael Molina y Antonio Amorós. «El Luchador» del día catorce decía: «Los capataces Camilo Miralles, Manuel Ramos y Carlos Pastor no se avinieron a razón alguna y persistieron en esa actitud execrable, por estar ya infectados de la insociabilidad de sus patronos».

Las industrias Babel y Nervión -antes Fourcade y Prevot- capitularon. El gobernador civil se reunió con don Manuel Ibáñez, uno de los empresarios, y con los ingenieros de la fábrica, señores Gilpin y Lacazze, mientras los afectados permanecían en la Casa del Pueblo. Posteriormente supieron, a través de la comisión de huelga, que sus peticiones de aumento salarial habían sido atendidas.

Acertada iniciativa del alcalde don Julio Suárez-Llanos, cuando en enero de 1930, se dirigió por escrito a los artistas don Heliodoro Guillén, don Lorenzo Aguirre, don Emilio Varela, don Andrés Bufort y don Abelardo Parrilla, y a las señoras doña Consuelo Gil, viuda de Pericás y a las hermanas de don Lorenzo Casanova. A todos les recordaba cómo los pintores Agrasot, Cabrera y Amorós, le dedicaron al Ayuntamiento, graciosamente, «tres grandes obras de sus pinceles geniales. (Los cuales) figuran en la modesta galería de cuadros, iniciada en uno de los salones del Palacio Consistorial, y son gala y honor singularísimos, para el municipio que puede enorgullecerse, exhibiéndolos a la admiración de quienes visitan la Casa de la Ciudad».

Recordaba el alcalde que otras poblaciones, Madrid, Valencia, Zaragoza, Cádiz, «cuentan, en igual forma adquiridos, con obras de sus preclaros artistas, constituyendo pequeños museos que, honrando y enalteciendo a las corporaciones que lograron crearlos, contribuyen a perpetuar las firmas prestigiosas y el recuerdo de los generosos donantes».

El señor Suárez-Llanos apostaba por los pintores alicantinos, en la seguridad de que no iban a negar su concurso valioso, en atención «al fin nobilísimo que se persigue». Por eso, en su carta, les formulaba a sus destinatarios la siguiente pregunta: «¿Están ustedes dispuestos a ceder un cuadro pictórico, digno de su inspiración y de su arte exquisito, para que figure entre los que formarán la galería del Ayuntamiento de mi presidencia?».

Andrés Bufort accedió, muy complacido, a la invitación del alcalde: «(...) Tengo el gusto de mandarle un modesto trabajo mío, nacido de este mar y deseando sea del agrado de esa corporación, a cuya disposición me pongo». En muy parecidos términos, contestó Emilio Varela, con fecha tres de febrero del citado año: «Tengo el honor de responder a su atenta carta, prometiendo enviar con mucho gusto, una modesta obra, para la colección que organiza ese excelentísimo Ayuntamiento».

No hemos encontrado en la documentación consultada referente a este asunto, las contestaciones de los otros artistas relacionados; sí la de la viuda de Lorenzo Pericás, doña Consuelo Gil, quien «agradece la carta, porque honra la memoria de su esposo, pero se excusa, porque no conserva ni una sola obra de su marido, pues que todas sus pinturas se habían vendido».

Ahora, en lo alto de la cucaña se vislumbran los escaños de Estrasburgo. Entonces, los de una República de izquierdas o de derechas, burguesa o popular. El siete de enero de 1936, el señor Portela Valladares se entrevistó con el presidente de la República don Niceto Alcalá Zamora y salió con un decreto firmado: se disolvían las cortes. El jefe del ejecutivo les dijo a los periodistas que habría elecciones: la primera vuelta, el dieciséis de febrero; la segunda, el uno de marzo. Las Cortes habrían de reunirse el dieciséis de marzo.

El Frente Popular de Izquierdas presentó su candidatura para diputados: Juan José Cremandes Fens, Izquierda Republicana; Carlos Esplá Rizo (IR); Luis Ganga Tremiño, socialista; Salvador García Muñoz, también socialista; Jerónimo Gomariz Latorre, Unión Republicana; Eliseo Gómez Serrano (IR); Rodolfo Llopis Ferrandiz y Miguel Villata Gisbert, ambos socialistas.

El ambiente andaba algo envenenado: atentado con el periódico «El Luchador»; posibles pistoleros; inseguridad ciudadana. Por si fuera poco, el día catorce de febrero, por segunda vez y poco después de que se le repusiese, se destituyó la corporación elegida en las urnas el doce de abril de 1931. El gobernador civil, don Alejandro Vives, envió un oficio al Ayuntamiento, en el que decía que, por orden del ministro de Gobierno, quedaba sin efecto el acuerdo de tal reposición, en consideración a que «los alcaldes y concejales de Alicante, Orihuela y Alcoy, en lugar de reanudar la labor que les incumbía en la dirección y gobierno de sus respectivos municipios, encaminaron su gestión a promover excitación en el ánimo público(...)».

Con la crispación a flor de piel, llegaron a nuestra ciudad ochenta nuevos guardias de asalto procedentes de Valladolid y Valencia, dispuestos a reintegrarse a sus cuarteles en cuanto se celebrasen las elecciones.

Por fin llegó el día y los ciudadanos cumplieron. Un primer recuento de votos dio un claro triunfo al Frente Popular: los ocho candidatos ya relacionados salieron adelante. De la candidatura opuesta, sacaron acta don Joaquín Chapaprieta, republicano independiente, y los cedistas don Juan Torres Sala y don Eusebio Escolano Gozalvo.

Cuatro días más tarde, fue repuesto nuevamente el Ayuntamiento y al gobernador señor Vives, le sustituyó interinamente el director de «El Luchador», don Álvaro Botella, hasta que llegó el titular don Francisco Valdés.

Si como dijimos ya, el cinco de febrero de 1936, el diario republicano «El Luchador» fue objeto de un atentado incruento, previo a las elecciones del dieciséis, cuatro días después, las furias se desataron contra «El Día» que dirigía don Juan Sansano: «Una turba, ignara e inconsciente, destrozó nuestros talleres, incendió los materiales que fueron aniquilados en pira inquisitorial, en la plaza, recoleta y típica, de Santa María, frente a la portada magnífica de la iglesia, en cuyo frontispicio quedaron para vergüenza de muchos la mancha negra del humo». Ardieron muebles, colecciones de cartas, documentos históricos, algunas obras de arte «entre las que figuraban cuadros de Buforn, Escrivá y Parrilla, un busto del director Juan Sansano, obra del escultor José Felipe Hidalgo... Los talleres fueron devastados y las máquinas deshechas a golpes. "El Día" acudiría a la cita con sus lectores el uno de abril siguiente. José Tarí Navarro, tras sumariar los lamentables sucesos que obligaron al diario a guardar tan prolongado silencio, recordó que "El Día" fue escuela de periodistas donde se forjaron plumas tan bien cortadas como las de Rodolfo de Salazar, Enrique Ferré, Jasa Urbano y otros(...)».

Igualmente, aunque en menor medida, sufrieron las incontenibles iras de quienes «no pertenecen a ningún partido político porque donde estén son un escarnio», las publicaciones «Más», órgano de la Derecha Regional Agraria, y «Diario de Alicante». En las páginas de este último y en las de «El Día» se enumeraban también los desperfectos que experimentaron los templos de San Nicolás, Santa María y la Misericordia. «Durante seis horas -denunciaba "El Día"- las turbas saquearon e incendiaron los objetos de la redacción de "Diario de Alicante" y del Centro Republicano Independiente, destrozaron el domicilio de la Derecha Regional y los talleres de "Más", asaltaron y destruyeron el Centro Tradicional, la Federación de Estudiantes Católicos, el Centro Católico y el Centro Radical (...). Todo ello con una dejación definitiva de la autoridad que revela una ineptitud rayana en lo inverosímil (...)». Por su parte, «El Luchador» calificaba a los asaltantes de «gentes depravadas que actuaban al margen de las organizaciones, sin control de ellas y sin la más mínima atención a la manifestación popular que acudió al Ayuntamiento».

Veinte de febrero de 1936, un día negro en el calendario de un tiempo que se anunciaba tormentoso. Un día en el que se contabilizaron dos muertos y cuarenta y seis heridos. Malos presagios.

El director del diario republicano «La Revolución» entró en la historia y en la literatura. En la historia, por su ideario político y sus biógrafos; en la literatura, por la apasionante novela de Ramón J. Sender. En 1932 y a propuestas del concejal socialista Rafael Sierra, la hasta entonces calle de San Leandro, se rotuló con su nombre.

Froilán Carvajal, republicano federal, fue ejecutado, en Ibi, el día ocho de octubre de 1869. El semanario socialista «El Mundo Obrero» del primero de mayo de 1932, hizo un relato de su peripecia, en base a los apuntes de Conrado Roure. De acuerdo con los mismos, Carvajal salió de Alicante el cinco de los citados mes y año, en compañía de su correligionario Rodríguez Solís. Iban «decididos a llevar a cabo sus proyectos, levantándose en algunos pueblos de las cercanías».

Poco después, el dirigente federal entró en Castalla. Una vez allí, tuvo noticias de que se acercaban tropas gubernamentales, procedentes de Villena. Carvajal y veintiséis de sus hombres, conscientes de su inferioridad numérica, decidieron abandonar su refugio. Sin embargo, la huida fracasó. La astucia del teniente coronel Arrando le tendió una trampa férrea. Cuando menos se lo esperaban, los insurrectos se encontraron cercados. La columna se componía de trescientos infantes y treinta hombres de a caballo. No obstante Froilán Carvajal se aprestó a la defensa. Una defensa suicida.

Pero el jefe militar no quería enfrentamientos. De modo que, de nuevo, urdió una sucia artimaña. El teniente coronel Arrando le gritó que no abrieran fuego, que todos estaban indultados. Carvajal y Arrando mantuvieron una entrevista, bajo bandera blanca. El militar le mostró un bando en el que se contemplaba el indulto. Entonces, Froilán Carvajal confiadamente ordenó a sus seguidores que depusieran las armas.

Con todo, fueron encarcelados en Ibi. Al día siguiente, «sin formalidad alguna, fue puesto en capilla para ser fusilado ese mismo día».

A las tres y media de la tarde, lo trasladaron al lugar de ejecución. La primera descarga del piquete ni siquiera lo hirió: los soldados dispararon al aire. La segunda resultó fulminante. Antes de morir, Froilán Carvajal gritó: «¡Viva la República federal!».

Según «El Día», a finales de agosto de 1936, el comité provincial del Frente Popular propuso a la superioridad los nombres de las personas que, de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Justicia, podían constituir el Tribunal Popular. Para presidente del mismo: don Vidal Gil Tirado, fiscal de la Audiencia Provincial, y dos jueces de instrucción: don Julián Santos Cantero y don Francisco Galiana Uriarte; y como secretario del mismo don Haroldo García, aunque por una errata de imprenta, aparecía Haroldo Parres. Seguía después la lista de vocales, miembros de los partidos políticos y de la UGT, así como los suplentes de cada uno de ellos. Faltaban los nombres de los afiliados a la CNT y a la FAI que llegarían un día más tarde.

Pero hubo algunos cambios. El primero de septiembre de aquel año, en el salón de actos de la Diputación quedó finalmente constituido dicho Tribunal que «había de entender y fallar los sumarios que se instruyeran con motivo de la sedición fascista. Se acordó también, con arreglo a lo previsto en el decreto regulador de estos tribunales, oficiar al Colegio de Abogados, para que designara de oficio a los letrados que se habían de encargar de la defensa de los encartados».

Previa exhibición de las correspondientes credenciales, se procedió a la constitución. Lo presidía el citado Gil Tirado y con él, los magistrados Julián Santos Cantero y Rafael Antón Carratalá, en lugar de Galiana Uriarte. Los vocales eran los siguientes: por Unión Republicana, José Carratalá Vallcanera y Alfonso de la Encarnación Pérez; por el Partido Comunista, Jacinto Alemañ Campello y Francisco Vega Sánchez; por el Partido Socialista, Manuel Cuevas Herrero; por el Partido Sindicalista, Rafael Lledó Asensi y Pascual García Guillamón; por Izquierda Republicana, Antonio Eulogio Díez y Julio Moreno Peláez; por la UGT, Luis Arráez Martínez y Juan Pomares Castaños; por la CNT, Antonio Ortega y Juan Lillo; y por la FAI, Julio Garijo García.

Los nombres de los suplentes se citan en dicho diario de fecha veintinueve de agosto de aquel año.

El Tribunal Popular inició de inmediato sus actividades. «Diario de Alicante» noticiaba: «Ayer mismo, ha reclamado el envío de los sumarios y que son, hasta ahora, entre algunos más, los correspondientes a los hermanos Miguel y José Antonio Primo de Rivera y el de los sesenta vecinos de los pueblos de la Vega Baja (...)». A estos juicios ya nos hemos referido.

El veintiocho de septiembre de 1924 se inauguró el tranvía eléctrico, en nuestra ciudad. Todo un acontecimiento. A las once de la mañana, en la Florida, se reunieron autoridades civiles, militares y religiosas, comisiones de Correos, de la Audiencia Provincial, juzgados, telégrafos, Obras Públicas y Obras del Puerto, Colegio de Abogados, Prensa... A la hora prevista, los técnicos de la empresa procedieron a mostrar a todos los invitados las instalaciones, cuya energía la suministraba Hidroeléctrica Española.

El alcalde de Alicante, junto con don Venancio Echevarría, director general del Banco de Vizcaya, y los directivos de la Compañía Tranvías y Electricidad, señores Monvet, Philipe, Doumery y Guillón, cumplimentaron y atendieron a las personalidades asistentes al acto inaugural.

Según explicaron los técnicos de la citada compañía, las obras fueron ejecutadas por la misma, en cooperación con el Banco de Vizcaya, y bajo la dirección de don Fernando Daumery. La red viaria contaba con veintiocho kilómetros, por cuanto además de la población, cubría también los servicios a Santa Faz, San Juan, Muchamiel y San Vicente. En la transformación del material disponible ya se habían invertido, hasta aquel entonces, cuatro millones setecientas mil pesetas.

Posteriormente, el obispo de la Diócesis doctor Irastorza, a quien asistieron los párrocos de Benalúa y del Asilo de las hermanitas de los pobres, señores Marco y Matarredona, respectivamente, procedió a la bendición de coches y máquinas. Luego, el prelado pronunció un discurso, en el que se refirió al progreso que suponía aquellas instalaciones y dedicó a la ciudad frases de encendido entusiasmo. A continuación, hizo uso de la palabra el señor Echevarría, director general del Banco de Vizcaya, quien relató cómo se desarrolló el proyecto y cómo se llevó a término, hasta dotar a Alicante de las mejores que se iban a inaugurar. Por último madame Philipe cortó la guirnalda que cerraba el portalón de acceso a la carretera y el coche número-seis, en el que se encontraban las autoridades, conducido por el ingeniero-administrador señor Guillón y empavesado de banderas y flores, salió de la Florida, seguido de otros cinco, en medio de los aplausos de la multitud.

Quedaba atrás la nostalgia de los viejos coches de mulas. Pero como escribió Filidor: «No es extraña la expectación / que muestra la población / por este raro suceso. / ¡Siempre causó admiración / toda idea de progreso!».

Azorín, objeto recientemente de exabruptos y verbalismos tan roñicas como incontinentes, ingresó en la Real Academia Española el veintinueve de octubre de 1924. Por supuesto, la Prensa nacional y provincial se hizo eco de la satisfactoria noticia. José Martínez Ruiz, el escritor de Monóvar, recibió elogios en muchos de nuestros periódicos. Con tal motivo, se evocó a los diversos académicos alicantinos a lo largo de la historia: científicos, artistas, autores, historiadores. No demasiados, bien es cierto.

Nos enteramos entonces de que el primer alicantino que ingresó en la citada Real Academia Española (de la Lengua) fue un militar: el general de ingenieros don Enrique Ramos. Enrique Ramos perteneció a la Guardia Real y posteriormente al Cuerpo de Ingenieros. En el «Ensayo Biográfico Bibliográfico de escritores de Alicante y su provincia», de Manuel Rico García y de Adalmiro Montero y Pérez, se dice del mariscal de campo, señor Ramos, que nació en nuestra ciudad, el 14 de febrero de 1738 y que «tomó parte en la expedición española de 1775, para la reconquista de Argel; en 1780 luchó en la guerra contra Gibraltar; y en 1794 dirigió en regimiento francés contra la República. Falleció en Madrid, en 1807 (sic)».

En la referida obra, se recogen sus publicaciones, particularmente de carácter castrense: «Elementos sobre la instrucción y la disciplina de la infantería», «Elementos de geometría», «Instrucción para los alumnos de artillería» y «Elogios de Bazán, marqués de Santa Cruz». Entre sus escritos propiamente literarios se citan dos tragedias en tres actos: «Guzmán» y «Pelayo»; y un poema en doce cantos, titulado «El triunfo de la verdad». Se omite, sin embargo, su condición de miembro de número de la referida institución, fundada en 1714, y en la que ingresó, de acuerdo con los datos que se ofrecen en el «Diario de Alicante» (4.11.1924), el 31 de enero de 1797, tras el fallecimiento de don Fernando Magallón, donde ocupó, hasta su muerte el sillón de la letra B mayúscula.

«Del arrojo y valor de Enrique Ramos, demostrado en numerosos hechos de armas», al paraguas rojo de Azorín, habían transcurrido 127 años, bien apretados de historia.

Nuestra ciudad fue privilegiada en lo que respecta a los servicios postales por el aire. La Compañía Latecoére la eligió para la inauguración de su correo aéreo. El acto, se celebró el jueves, uno de abril de 1920.

Con tal motivo, se desplazaron a Alicante, en fechas sucesivas, y procedentes de Madrid, el consejero de dicha compañía, marqués de Morella, acompañado de su hija. Y a la mañana siguiente, el director general de la misma señor De Massimi. Desde Toulouse, y en avión, claro, llegó el ingeniero, propietario además de la línea, señor Latecoére, a quien acompañaba el director técnico de la empresa, capitán Beanté.

Asistieron a la inauguración del nuevo y rápido servicio postal, el subdirector de Comunicaciones, en representación del director general, señor Francos Rodríguez; el coronel Echagüe, jefe de la aviación militar española, junto con varios pilotos de Madrid y Cartagena. Y por supuesto, las autoridades locales y provinciales. Era todo un acontecimiento.

A las once de la mañana del señalado día, procedente de Barcelona, llegó «el primer avión que conducía el correo. Una vez entregado aquí el primer paquete de correspondencia española, salieron otros dos aparatos: uno para la ciudad condal y otro rumbo a Málaga».

Se había consumado felizmente la inauguración. Sin embargo, pocos días después, un avión Breguet de la referida compañía que llevaba como pasajero, a Barcelona, a don Emilio Costa, director del «Diario de Alicante», cuando volaba a dos mil doscientos metros de altura y ya había rebasado el Maigmó, el motor se detuvo y obligó al piloto a tomar tierra en condiciones sumamente difíciles.

El aparato planeó sobre el pantano de Tibi, antes de encontrar un lugar para el aterrizaje forzoso. El señor Vernier demostró una gran pericia, cuando logró posarse en un lugar denominado El Forcall, en el término municipal de Castalla. El aeroplano quedó materialmente destrozado, pero Emilio Costa sólo sufrió un golpe en la nariz y una insignificante herida en el dedo medio derecho, en tanto el piloto Vernier salió ileso del trance.

Tiempos heroicos. Por entonces también, la actriz Margarita Xirgu recibió en Alicante, su bautismo del aire, sin percance alguno, en un avión de la misma línea francesa. La magnificencia del vuelo, estaba de moda.

Aunque nacido en Bañeres, en septiembre de 1834, Vicente Navarro Albero estudió en Valencia la carrera de medicina que, más tarde, ejerció durante ocho años, en Castalla, para trasladarse, por último, a nuestra ciudad, en donde ejerció de cirujano, por oposición, en el Hospital Provincial. Además de médico prestigioso y ejemplar, Navarro Albero escribió «Memoria físico-médica de las aguas medicinales de Nuestra Señora de Orito, en el pueblo de Monforte», en 1882, y en el mismo año, en colaboración con el periodista y escritor don Carlos Sánchez Palacio, «Una residencia de invierno. Estudio meteorológico y médico del de Alicante, como estación invernal», trabajo de treinta y dos páginas, publicado por la Sociedad Económica de Amigos del País, y que mereció una mención honorífica en la Exposición Universal de Barcelona, en 1888. El doctor Navarro Albero murió en Alicante, en septiembre del último citado año.

Pero había sembrado su entrega profesional y toda su humanidad en el joven médico don Pascual Pérez Martínez quien ingresó como titular interino, ya que no había plazas en propiedad, en los servicios municipales. Debido a diversas circunstancias que impresionaron profundamente al doctor Pérez, escribió diversos artículos sobre temas asistenciales que, de acuerdo con la opinión del cronista Francisco Montero Pérez, influyó en la creación e inauguración, en noviembre de 1883, de la Casa de Socorro que por entonces se encontraba en la parte posterior de las dependencias que, hasta hace poco, ocupaba el Archivo Municipal, en los bajos del Palacio Consistorial. El primer cuadro de facultativos lo integraban, junto con él, los siguientes médicos: don Luis Mauricio Llorca, don Antonio Bernabeu García, don Vicente Seguí Carratalá, don Francisco Benítez Ramoimo, don Francisco Albero Ramón y don Juan Dagnino Garrigós.

A consecuencia de la epidemia de cólera asiático de 1885, se produjo una considerable «deserción de médicos y practicantes, especialmente de estos últimos». La experiencia alertó al Ayuntamiento que acordó la formación de un Cuerpo Médico de Beneficencia Municipal y cuyas oposiciones, para cubrir las plazas, se celebraron ante un tribunal integrado por catedráticos de la facultad de medicina de Valencia.

El número uno lo obtuvo Pascual Pérez, a quien se le nombró decano del organismo benéfico y se le confió la dirección del mismo. Desde 1908 hasta 1928, Pascual Pérez no cesó de insistir sobre todos los alcaldes de ese periodo, acerca de la edificación de una nueva Casa de Socorro. Hasta que lo consiguió.

Y no por su propia voluntad, sino porque lo echaron. Fue el diecinueve de octubre de 1934. El gobernador civil, Vázquez Limón que ya había suspendido en su cargos al alcalde Lorenzo Carbonell y a toda la corporación surgida de las urnas, el 12 de abril de 1931, a consecuencias de los sucesos revolucionarios de aquel mes, decidió facturar al presidente de la Diputación o de la gestora provincial, don Agustín Mora Valero que había sido, hasta poco antes concejal de nuestro Ayuntamiento y que era jefe provincial del partido Radical Demócrata, y a los también concejales cesantes de Alicante y Elda, don José María Ribelles y don Joaquín Vera Pérez, diputados o gestores. «Diario de Alicante» escribía que tan sólo «quedaban dos radicales, dos de la CEDA, un conservador y un independiente». Y también apuntaba el nombre del posible candidato a la presidencia de la institución: don José Pérez Molina. Y acertó.

El jueves, veinticinco de aquel mismo mes, en sesión extraordinaria y con una afluencia abrumadora de público, don Ramón. Alonso, vicepresidente de la Diputación, junto con los gestores Menor, Zaragoza, Alberola, Mengual y Puigcerver, escuchó el comunicado del gobernador, leído por el secretario corporativo, señor Mingot, por el que se nombraba a los señores José Pérez Molina, Arturo Gadea Pro y Francisco Botella Payá, en sustitución de los gestores suspendidos con anterioridad. Ramón Alonso pronunció un breve discurso, con palabras encomiásticas para Agustín Mora, dio la bienvenida a los nuevos gestores, y se procedió a la votación de la presidencia. Salió elegido por ocho votos y una papeleta en blanco, probablemente la suya, el catedrático don José Pérez Molina, tal y como estaba anunciado.

Pérez Molina dio las gracias al gobernador Vázquez Limón, por su designación como gestor, al vicepresidente señor Alonso y a su amigo Alberola Such, quien previamente lo había saludado en nombre de la Derecha Regional Agraria, «haciéndole la oferta de la colaboración en el diario de la mañana "Dra"». Por último, el nuevo presidente nombre secretario particular a su colaborador y también catedrático de la Escuela Profesional de Comercio, don Manuel Viñez y de Casas.

Tuvo el abad Penalva fama de santo varón y algunos periódicos lo titularon «padre de los alicantinos». Fueron sus alumnos, entre otros tantos, Guardiola Ortiz, Figueras Pacheco, Altamira y un largo etcétera. Don Francisco Penalva Urios nació en Orihuela, en diciembre de 1812, y murió en Alicante, en el mismo mes de 1879. Desde 1854 fue abad de la entonces colegiata de San Nicolás. A su muerte y debido a la presión social y oficial, se inició, por fin la construcción de la actual plaza de su nombre y que anteriormente solo era una prolongación de la calle de Labradores.

En diversas ocasiones ya se proyectó dicha plaza, como una necesidad perentoria. Algunos historiadores locales, como Viravens, Jover y Vila y Blanco, coinciden en cómo a principios del siglo XVIII, se trató de llevar a cabo las obras. Inútilmente, porque los propietarios de las fincas que habían de ser demolidas para la ampliación de aquel espacio se oponían, con firmeza a la expropiación de sus bienes inmuebles. «En 1858 y ante los conflictos que se originaron durante los días doce, trece y catorce de noviembre, por la afluencia de gente y carruajes, que acudieron a la Colegiata para asistir a los actos que se celebraban con motivo de la terminación de la epidemia de cólera, y, sobre todo, por la organización de la procesión para devolver la Santa Faz a su Monasterio, se insistió en las obras». Aquella constituyó una prueba más de poner el proyecto sobre la mesa, aunque sin resultado alguno.

Cuando murió el abad, una multitud invadió el templo y sus aledaños con ánimo de sumarse a los funerales; allí no cabía ni una aguja. Entonces, el alcalde José Bueno Rodríguez, ante el clamor popular, acudió al gobernador civil, don Ricardo Puente y Braña y al obispo, para recabar del Gobierno la autorización para enterrar el cadáver del religioso en la cripta del coro de la Colegiata, como así se hizo. Se procedió entonces al embalsamiento del cuerpo del que fuera fraile dominico y abad de San Nicolás, tarea que realizaron los médicos don José y don Manuel Ausó y Arenas, bajo la dirección del padre de los mismos, don Manuel Ausó y Monzó quien «como catedrático, pidió para él y sus hijos la gloria de embalsamar a aquel insigne patricio».

Poco después el proyecto de la plaza del Abad Penalva inició finalmente su lenta realización que habría de culminar en 1904. Obra de romanos.

Solía el ilustre científico visitar nuestra ciudad, donde contaba con la lealtad del doctor José Gadea Pro. Cuando, en 1934, murió el histólogo y premio Nobel, don Santiago Ramón y Cajal, ya tenía Alicante una avenida rotulada con su nombre: la que se extiende desde la rotonda donde se levante el monumento de Bañuls a don José Canalejas, hasta la del marqués de Loring. Según Montero Pérez este espacio, después y en su parte central ocupado por el Parque Canalejas, se le conoció hacia 1880 por la Explanada del Varadero.

Sucedió que el veintidós de abril de 1992, en sesión plenaria, el Ayuntamiento de nuestra ciudad acordó adherirse al homenaje que se le tributaba al notable científico, así como contribuir al mantenimiento del Instituto de Investigaciones Biológicas y poner una calle al sabio. Según el cronista Gonzalo Vidal Tur, el cuatro de agosto de aquel mismo año, la corporación que presidía don Juan Bueno Soler, descubrió la placa con el nombre de don Santiago Ramón y Cajal, en el inmueble «hoy escuela de comercio» y luego de Ciencias Empresariales.

El referido Parque de Canalejas se inició en 1904, siendo alcalde Alfonso de Rojas. Lo continuó su sucesor en el Ayuntamiento don Manuel Cortes de Miras. Y se concluyó, hacia 1908, el también alcalde Luis Mauricio Chorro. Luego, enfrente, empezaron las edificaciones. Aunque ya había algunas notables fincas. La primera de ellas, de 1878, destinada a la Administración de Hacienda Pública -y más tarde a Escuela de Comercio-, construida a instancias de don Antonio Mas Gil. A su lado, levantó su «casa solariega», el marqués de Benalúa, don José Carlos de Aguilera y Aguilera, en 1880, que la vendió tres o cuatro años después, al comerciante don Luis Penalva. Colindando con la misma, Juan Alberola Romero edificó la que habría de conocerse por la «Casa de la Torre» y ahora por la «casa de Alberola». Esta fue la primera manzana de la citada avenida. La segunda, en la esquina con la avenida del doctor Gadea, se inició con el Teatro de Verano, también de don Luis Penalva. Luego, la finca de la razón comercial Carratalá Hermanos, Colegio de Jesús y María, ya en 1905, al que seguía el también Colegio de San José, la casa del comerciante en vinos de nacionalidad francesa don Juan Anglada; a la que seguía la de don Ramón Guillén López y de sus hijos don Ricardo y don Heliodoro. Todos ellos en solares de lo que había sido antaño el hermoso huerto de Amérigo. Así se fue configurando la más tarde avenida de Ramón y Cajal, cuya actual fisonomía urbana tanto ha cambiado en las últimas décadas.

Fue en medio de una gran y justificada expectación, el diecinueve de diciembre de 1924. El arquitecto don Juan Vidal había diseñado un edificio imponente en la calle de Alfonso el Sabio y la empresa «Selva» estaba muy satisfecha, especialmente su director don Manuel Navarro.

Para el acto inaugural del Monumental Salón Moderno se contó con la Orquesta Bética de Cámara que dirigía el ya prestigioso Ernesto Halffter. En el programa, obras de Haydn, Scarlatti, Wagner, Glinca, Ravel, Mozart, Falla, Ravel... Y la novedad: el estreno de «Don Quijote velando las armas», de Óscar Esplá. Dos días de concierto, viernes y sábado. Y para el domingo, ya se había programado la atracción cinematográfica: «La dama de Monsereau» basada en la novela de Alejandro Dumas, y «El gato montés», en versión norteamericana.

Antes y en el mismo solar, se levantaba el Salón Moderno, «un gran almacén de gran capacidad, frío, sucio, de fementidos bancos y lamentables sillas». Tras la intervención del arquitecto Vidal, Alicante contaba con un lugar de categoría.

El Monumental tenía aforo para unos tres mil espectadores. El patio de butacas, en la planta baja, contaba con mil asientos cómodos, un espacioso café y sección sanitaria, según los últimos adelantos. En la primera planta, había treinta palcos, una grada de preferencia, con seiscientas butacas, un elegante «foyer» y sus correspondientes servicios sanitarios. Y en la segunda y última, la delantera de paraíso y gradas generales, para mil personas más.

El edificio estaba provisto de un gran número de puertas y de escaleras interiores, con objeto de posibilitar una salida rápida, en caso de siniestro. Su estructura, por otra parte, era de piedra y hierro.

Ricardo Pastor, unos días antes de la esperada inauguración del Monumental Salón Moderno o del Monumental Cinema, escribió en el «Diario de Alicante» que nuestra ciudad disponía de dos teatros: el Principal y el de Verano, y de salas como el Central Cinema, pero faltaba un local de magníficas proposiciones, de grandiosidad pocas veces superada, como el que se iba a inaugurar».

Ni la arquitectura de Juan Vidal, ni la Orquesta Bética, ni la programación prevista, defraudaron. Aquel día de diciembre de 1924, Alicante fue una fiesta.

El alcalde don Miguel Salvador Arcángel cedió, casi a la fuerza el cargo «al general madrileño don Julio Suárez Llanos», como puntualizaba cáusticamente «El Luchador», quien en la tarde del doce de diciembre de 1924, salió elegido por veinticuatro votos de los veinticinco miembros de la nueva corporación, en presencia del general y gobernador cívico-militar don Cristino Bermúdez de Castro. Pues con todo, «el general madrileño Julio Suárez Llanos» fue el alcalde que, con un célebre bando, le echó las bendiciones a les fogueres de Sant Joan.

Pero, ¿qué sucedió para tan súbito cambio en la cúpula de la administración municipal? La Prensa nos informa de unos episodios que, en principio, parecen algo rocambolescos. Verán, la autoridad local había determinado que el pescado de la lonja se llevara al mercado en un camión construido al efecto, en lugar de hacerlo a brazo, como hasta entonces se venía haciendo. En sesión extraordinaria del seis de diciembre de aquel año, la comisión permanente, conoció la moción de alcaldía que hacía referencia a «las incidencias surgidas al establecerse el servicio del acarreo del pescado con carácter obligatorio». El alcalde Salvador Arcángel alegaba medidas sanitarias y se remitía a los artículos sesenta y cuatro y ochenta del Reglamento para la Higiene y Salubridad de la Ciudad de Alicante, aprobado por una real orden de veinticuatro de diciembre, pero de 1913, dictada por el entonces ministro de Gobernación don José Sánchez Guerra. La comisión permanente se mostró de acuerdo.

Sin embargo, y aunque el alcalde lo puso en conocimiento del presidente de Obras del Puerto, el ingeniero-jefe de las mismas, señor Sánchez Guerra, se opuso, por considerar todo aquello una injerencia de la alcaldía en la zona del puerto, «entendiendo que el tan repetido servicio requería para su establecimiento la autorización expresa del Ministerio de Fomento», opinión de la que disentía el presidente del Ayuntamiento. Por su parte, los pescateros se negaban a utilizar el camión para el transporte de la mercancía y amenazaban huelga. El alcalde se entrevistó con el gobernador, general Bermúdez de Castro, y en principio éste pareció darle la razón. Pero cuando los guardias urbanos se encontraban en la lonja con la orden de que los pescadores depositaran su género en el referido camión «fueron sorprendidos por los guardias de seguridad que los alejaron de allí, amparando el derecho de utilizar o no el vehículo municipal».

«Por dignidad y amor propio», el alcalde, los tenientes de alcalde que integraban la comisión permanente y algunos concejales, decidieron renunciar. Bermúdez de Castro les pidió tal renuncia individualizada y por escrito. Y poco después anunciaba que ya había nombrado nuevos sustitutos. Así salieron de la corporación los señores Salvador, Antón, Pérez Pérez, Tato, Manero Lamaignere, Guillén, Barrio y Madrona. Y entraron los designados por el general, entre ellos doña Catalina García Trejo -la primera concejala de nuestro Ayuntamiento fue su compañera de corporación doña Cándida Jimeno- y el ya citado general Suárez Llanos que ocuparía la alcaldía.

El martes, cuatro de junio de 1935, finalizó el plazo de adjudicación por subasta, del solar resultante del derribo del antiguo convento de las Capuchinas.

Se lo llevó el Banco de España, ya que no se presentó ningún pliego más, y de acuerdo con las condiciones publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Gaceta de Madrid.

En «El Luchador», el ex alcalde Lorenzo Carbonell publicó un artículo en el que afirmaba que el Ayuntamiento había obtenido, por la venta de aquel solar, quinientas cuarenta y siete mil setecientas ochenta pesetas, y que con ellas habrían de pagarse los edificios del antiguo colegio de San José y del que ocupara la Diputación, «cuyos expedientes están completamente terminados faltando tan sólo el pago de los mismos, ya que incluso está adjudicada la demolición de dichos edificios.

Puede también pagarse la casa e indemnización de otra, en la calle de Castaños, para la apertura, hasta la Rambla, de la calle de San Ildefonso». Y añade: «El de la antigua Diputación a tres fachadas y con capacidad suficiente, hay que gestionar que el Estado lo adquiera para construir en él la delegación de Hacienda, que debe de estar junto al Banco de España, oportunidad única y condición preferente, para que el Ministerio lo construya y máximo estando al frente un comprovinciano nuestro (...)».

El «Diario de Alicante» contestaba así: «Estamos de acuerdo tanto en lo que se refiere a las obras a realizar, como complemento a las edificaciones que han de hacerse en el solar de las Capuchinas, como la conveniencia de llevar las oficinas de la Delegación de Hacienda al edificio contiguo (...) Esté seguro el señor Carbonell de que el diputado por Alicante don Joaquín Chapaprieta, en su condición de representante de la provincia y como ministro de Hacienda, ha de hacer cuanto deba, para que esta necesidad de los alicantinos se logre (...)».

Por su parte el director y el secretario del Banco de España en nuestra ciudad, don Francisco Paniagua y don Juan Alemany manifestaron su satisfacción de «emplazar en el corazón de Alicante su sede social, ya que con ello mejorará el ornato de la ciudad y continuará el predominio del centro comercial, en las calles en las cuales figura establecido el comercio más antiguo» y sin embargo, ya ven ahora.

El tiempo se reserva siempre la última baza.

Se le encargó a «artífices valencianos» y está bordado en oro y recamado en esmeraldas. Un pendón de a riñón, vaya que sí. Lo describió Viravens en su crónica y lo recordó un erudito, por el año 1935, en plena República. Decía el erudito anónimo: «En los reinados anteriores al de Carlos IV, nuestro Concejo poseía un estandarte real, ya desaparecido, con las armas de España. Cuando a la vuelta de Carlos III, nuestro Ayuntamiento encargó a artífices valencianos, la confección de un nuevo estandarte. Es el que hoy se conserva en la capilla de las Casas Consistoriales». Bueno, ahora en una vitrina, en el salón donde está la galería de retratos de nuestros alcaldes.

Rafael Viravens Pastor nos dice, a raíz de la proclamación del nuevo monarca que se celebró en nuestra ciudad durante los días veinticinco al veintinueve de mayo de 1789, que «el veinticinco del citado mes fue bendecido en la Colegial de San Nicolás un estandarte nuevo que se adquirió en Valencia. Este pendón que es el que se guarda en el oratorio de la Casa Consistorial y luce el Ayuntamiento en las grandes solemnidades a que asiste esta corporación, es de tisú, con franja de oro, y muestra en el haz y el envés, los escudos con las armas reales, delicadamente bordados en seda y oro, brillando en ellos algunas esmeraldas artísticamente colocadas en los cuarteles y en el toisón que los circuye. El estandarte rico en todos sus detalles, prueba el gusto y la esplendidez de nuestros antepasados, y está pendiente en una asta con pintura de oro y coronada por una cuchilla de la que penden gruesas orlas de oro. El cuerpo municipal no sólo adquirió aquella lujosa insignia, sino que mandó acuñar (en plata) una moneda, para perpetuar la proclamación del soberano (...)».

El aludido erudito nos informa de que, envejecido como estaba, a principios del siglo actual, el alcalde don Federico Soto, ordenó que fuera debidamente restaurado. Y las monjas Capuchinas de Alicante, en 1911, «realizaron una labor primorosa».

Según la dicha información, de 1835, la última vez que nuestro Ayuntamiento aireó la venerable reliquia, lo hizo en 1925, y en Madrid, con motivo del festival y desfile de municipios que se celebró en aquella capital. «Por privilegio de su abolengo, el pendón del Ayuntamiento alicantino pudo hacer su entrada en el palacio, entonces real, en unión solamente de los estandartes de Valencia y Zaragoza». En la actualidad, ya no está para trotes. Se desvanecería.

Se elegía cuando la «bellea del foc». Así se hizo en 1935. A las nueve de la mañana del veintinueve de abril, se presentaron en la Diputación Provincial las comisiones de todos los distritos. Y poco después, lo hacían las chicas designadas por los partidos judiciales para «representar a la provincia en las fiestas de Hogueras». Los recibió el presidente, señor Pérez Molina, y de inmediato marcharon a la plaza de Ramiro. De allí, el desfile se dirigió al Palacio Consistorial, en el cual «belleas», representantes de las diversas localidades y fogueres fueron saludados por el alcalde, señor Santaolalla, quien situó a todas las jóvenes en el balcón central del Ayuntamiento, donde recibieron una ovación del numeroso público que asistía a aquellas manifestaciones.

Sobre las once la mañana, y en el Monumental Cinema, comparecieron las veinticinco belleas de los otros tantos distritos, a las cuales presentó don Juan B. Cabrera, redactor de «El Sol», de Madrid. Seguidamente, y mientras el jurado deliberaba, el doctor Pascual Devesa pronunció una amena e interesante conferencia sobre el significado y desarrollo de las fiestas de San Juan. Por último, desfilaron, de nuevo, las belleas y el jurado procedió a la votación. Por mayoría de papeletas, salió elegida «Bellea del Foc, 1935» Angelita Ramírez López, de la comisión de Alfonso el Sabio, y como damas de honor de la misma, Teresita Vicente, de la plaza de las Monjas y Victoria Pastor, de Méndez Núñez. Cerró el espectáculo, el gobernador Vázquez Limón.

Al banquete, asistieron seiscientas personas. Naturalmente, ocupaban un lugar destacado la recién elegida «Bellea del Foc» y la del año anterior, Paquita Santos. En la mesa de los periodistas se encontraba Susana Pérez «Señorita Prensa». Por la tarde, e invitados por la directiva del Hércules, asistieron al partido que jugaba nuestro equipo contra el Celta. Era el final de la competición y ganó el Hércules.

Por la noche y en el Salón España, bajo la presidencia de la bellea y sus damas, se efectuó la elección de la «Señorita Provincia», entre las once seleccionadas, «ya que no asistieron las representantes de los partidos judiciales de Cocentaina y Callosa de Ensarriá». Tras las votaciones y el escrutinio correspondiente, se proclamó a Anita Tent Llopis, de Denia.

Días después, autoridades, comisión gestora, belleza y damas, se trasladaron a Denia, donde en el límite del término municipal, recibieron a la comitiva, el alcalde dianense, señor Montón, y la joven representante de la provincia Anita Tent.

Alicante ejercía su capitalidad así, por el conducto de la fiesta.

En las fiestas de Sant Joan, ya se sabe: calles cerradas, por motivos obvios, embotellamientos, aparcamientos indebidos. Un caos. Casi, a continuación, el aluvión de turismo que se anuncia como una bendición y, con ellos, con los veraneantes o muchos de los veraneantes, los vehículos, en una ciudad y una provincia que tiene uno de los mayores índices de matriculación, y cuyo urbanismo, el de la capital, aun habiendo mejorado notablemente, aún observa demasiadas deficiencias. Una imprevisión que viene de muy atrás y que ya no permite demasiadas soluciones.

Se ve que nuestros gestores municipales no hicieron, en su momento, ningún caso de las resoluciones que se tomaron en Bruselas, en el mes de marzo de 1927, con motivo de la sesión del ejecutivo de la Internacionale des Villes, que se celebró en la capital belga. Con fecha veintitrés de febrero del ya citado año, el secretario de la Unión de Municipios Españoles, escribió al entonces alcalde de Alicante, don Julio Suárez Llanos una extensa carta, en la que le advertía que «se proyecta tratar (en la mencionada reunión) del problema de la circulación urbana, con objeto de procurar la uniformidad de normas y de señales en todos los países. A su clara inteligencia, no se le ocultará la importancia que el asunto reviste, para todas las municipalidades, en particular para las de las grandes urbes».

A lo mejor, no se consideró a nuestra ciudad como una de esas «grandes urbes». Realmente, no lo era. Y nuestras propias autoridades locales pasaron olímpicamente del asunto.

A pesar de que, en la citada epístola, se insiste: «A esta reunión concurrirá el delegado de la Unión de Municipios Españoles, señor Jordana de Pozas. Para realizar nuestro cometido, nuestro delegado necesita que los ayuntamientos más numerosos, que sin los más afectados por el problema, le faciliten referencias de los reglamentos, señales y demás medidas adoptadas en la respectiva municipalidad, para regularizar la circulación. Esta es la demanda que me atrevo a formularle. Fío en su amabilidad y en su deseo de contribuir a la solución de asunto tan importante y complejo como el del tráfico».

Y nosotros también, fiamos año tras año. Pero, ¿y qué? ¿para qué? La ciudad se colapsa irremediablemente.

Ya hemos dicho que, en la ciudad de Alicante, dos mujeres ostentaron por vez primera en nuestra corporación municipal, el cargo de concejal: doña Cándida Jimeno y doña Catalina García Trejo. La última de ellas ingresó en el Ayuntamiento, cuando Miguel Salvador Arcángel cedió la Alcaldía al general Julio Suárez Llanos, el doce de diciembre de 1924. Eran tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, y ambas concejales no fueron elegidas en las urnas, sino designadas por el gobernador civil y militar de le provincia, general Cristino Bermúdez de Castro.

Como fue designada igualmente Matilde Pérez Mollá, «alcalde de Cuatretondeta». «El primer alcalde femenino de España». Salimos, en una breve incursión del ámbito de Alicante, de su término municipal, como ya hemos hecho en otras contadas ocasiones, para contarles el episodio.

El día veintisiete de octubre del ya referido año, doña Matilde Pérez Mollá, viuda de Blanes, «con las formalidades de rúbrica fue elegida alcalde de esta Villa (Cuatretondeta), dándole posesión del cargo el delegado gubernativo de Cocentaina, el comandante de artillería, don Emilio Juan, que vino expresamente, deseoso de honrar al primer alcalde femenino de España», según informaba el «Diario de Alicante», el treinta y uno de aquel mismo mes.

Con tal motivo, en la sala capitular del Ayuntamiento del pueblo, se congregó toda una multitud, con objeto de escuchar la alocución del citado delegado gubernativo de Bermúdez de Castro, así como de darle los parabienes a la mujer que accedía a tan alto cargo. Don Emilio Juan destacó en su intervención «que no era nueva, en los anales de España, la actuación de la mujer, en los negocios públicos, puesto que, desde la Edad Media fue varias veces gobernada y gobernada con acierto, por mujeres». Finalmente, impuso a la alcaldesa las insignias de su cargo.

Doña Matilde Pérez Mollá había nacido en Cuatretondeta, donde se casó con el notario don Rafael Blanes. Durante treinta y cuatro años, ambos residieron en Cartagena, donde el notario ejerció su profesión. Jubilado éste en 1913, regresaron a su lugar de origen. A la muerte de su marido, un año después, doña Matilde administró sus bienes y fincas, y realizó numerosas obres benéficas, llevó la luz eléctrica a su pueblo y creó un centro escolar para adultos.

Años más tarde, fue designada alcaldesa, la primera de España.

El destino preferente era, en un principio, Argelia. Huían del estancamiento económico, de la carestía de vida, de los bajos salarios, en busca de «un pedazo de pan que les negaba la madre patria». La emigración alcanzó un volumen alarmante. Y, sin embargo, como nos recuerda Francisco Moreno Sáez en su obra «Las luchas sociales en la provincia de Alicante (1890-1931)», Salvador Canals, el dirigente conservador vinculado a nuestra ciudad, calificaba el doloroso fenómeno de «válvula de seguridad para la economía social de Alicante».

Argelia, el sur de Francia, Cuba, Argentina, Brasil. Y ya más recientemente, en las décadas de los cincuenta y sesenta, nuestros conciudadanos y comprovincianos se extendieron por toda la Europa del mercado común, como tantos y tantos otros españoles. Eran los «espaldasmojadas» mexicanos, los de la patera magrebí, los que hacían el trabajo más sucio y peor pagado, los que tantas divisas aportaron a nuestra economía, con frecuencia en medio del desprecio, del abuso y de la xenofobia de los países receptores. Lo que sucede, ya lo saben, es que la memoria nos flaquea y, a veces, observamos la misma inadmisible conducta con quienes llegan en busca de «un pedazo de pan que les niega su madre patria».

Pues bien, en 1924, y con un tráfico marítimo tan copioso de emigrantes, aún se solicitaba la habilitación de nuestro puerto, para el embarque de tales contingentes de personas sin medios de subsistencia. Los defensores de esta función alegaban, entre otras razones, que los emigrantes de nuestra provincia, con una media anual de tres mil, «se veían obligados a efectuar grandes dispendios para ir a embarcar en otros puertos, por no estar habilitado el de Alicante, como lo estaban los de Almería, Málaga, Cádiz y Valencia». Y añadían: «Como esos millares de emigrantes abonan al Consejo Superior de Emigración cinco pesetas de canon y cinco al regreso de América; y como la ley de emigración es de carácter tutelar y su espíritu es el de proteger en todo lo posible al emigrante, es necesario reconocer el derecho de éstos al ahorro de tiempo, molestias y dinero que obtendrían al estar habilitado nuestro puerto». Sus argumentos los avalaban con estadísticas del propio Consejo Superior de la Emigración. Y así, «para un año normal, por ejemplo el de 1913, o sea el anterior a la Guerra Europea, salieron para América los siguientes: Alicante, 3.270; Barcelona, 3.383; Cádiz, 1.160; Málaga, 2.507; Santander, 3.027; y Valencia, 3.646». Además, afirmaban que sería motivo de gran desarrollo portuario, por cuanto los gastos resultantes de la habilitación tan sólo serían el de un inspector, con un sueldo de ocho mil pesetas anuales; un oficial, con tres mil quinientas; y un ordenanza, con dos mil.

Esto es el equivalente al canon de ida y vuelta de tan sólo 1.350 emigrantes. Un negocio, en fin.

Esta columna anda ya por su tercer año consecutivo. Acudimos puntualmente a nuestra cita, todos los días, salvo los domingos, y ni una sola vez hemos faltado. Insistimos, en su carácter colectivo, en la participación de todos los alicantinos, para enriquecerla con los datos que puedan facilitarlos, para enmendarla, cuando sea de ley, para dotarla, en fin, de rigor histórico y de precisión en los numerosos datos que manejamos. En definitiva, estas más de ochocientas «gateras» están configurando una minuciosa crónica de Alicante y, en particular, del siglo que ya apura sus últimos años. Pero, muy a pesar nuestro, sucede que, en ocasiones, con nombres y fechas se producen o se introducen, mejor, esos casi inevitables «gazapos». La culpa, claro, la tienen los duendes de la imprenta ¡faltaría más!, que para eso los inventaron.

Desde Estocolmo, un alicantino que no ha dejado de ejercer como tal ni tampoco como amigo, nos levanta dos «gazapos» de nuestra columna correspondientes al pasado día treinta y uno de mayo. Jaime Pomares-Bernard, nuestro corresponsal, dice: «Como verás el exilio no me empaña ni conocimientos, ni memoria. Otros pierden, incluso, cuando llevan, como yo, más de treinta años en país extraño, hasta el idioma». Evidentemente, Jaime Pomares, quien nos visita con alguna frecuencia, es embajador de nuestras costumbres, historia y cultura, en aquellas latitudes.

En «La Gatera» del ya apuntado día y titulada «Elecciones conflictivas», escribimos, como uno de los candidatos por el Frente Popular, para diputados a Juan José Cremades Fens cuando en realidad es Fons, como nos advierte, con toda propiedad, nuestro amigo. Corregida está, pues, la primera errata de las subrayadas. La segunda: Luis Ganga Tremiño, socialista. No es Luis, ciertamente, sino Ginés Ganga Tremiño. También subsanado.

Con respecto al primero, nos informa Jaime Pomares: «Juan José Cremades Pons era abogado y se exilió a México, en 1939. Un hijo suyo, Juan José Cremades Rameta quedó aquí, en Alicante, con sus abuelos, y estudió Derecho conmigo (...)». «Ginés Ganga Tremiño, diputado del PSOE, por Alicante, catedrático y ex catedrático de la Universidad de Praga, antes de 1936, se exilió igualmente a México, y falleció allí, a los pocos años, después de su llegada en 1939 (...)».

Jaime Pomares leerá estas puntualizaciones, en Estocolmo. Allí recibe INFORMACIÓN cada día. Y con el periódico igualmente nuestros saludos más cordiales.

Entre el sexenio absolutista (1814-1820) y la llamada «década ominosa» (1823-1833), nuestra ciudad vive, como el resto de España, tres años de liberalismo, con «La Pepa», la Constitución de Cádiz de 1812, como bandera. A su amparo, se desarrollan tertulias, a las que ya nos hemos referido en diversas ocasiones, se promulgan los decretos de desamortización religiosa, la abolición de señoríos con su jurisdicción propia, el cierre de conventos, también registrado en este mismo espacio, y transformaciones sociales y económicas, en las que apenas y curiosamente no inciden las clases populares y sí la burguesía mercantil y miembros de la aristocracia local.

El «trienio liberal» que se inició en Alicante el doce de marzo de 1820 y concluyó el seis de noviembre de 1823, frente al asedio de «los cien mil hijos de San Luis», las tropas francesas y el acoso de los partidarios del absolutismo. Se abre así un periodo para la represión y la venganza contra los liberales, alentado por Fernando VII quien ha recuperado, de nuevo, su poder absoluto.

En Alicante, el responsable de tan crueles prácticas es el recién nombrado corregidor y gobernador militar de la plaza, don Pedro Fermín Iriberry, de quien el cronista Viravens ha escrito «que estaba rodeado de personas impopulares, identificadas con el absolutismo, y a quienes distinguía la opinión pública por los odios y rencores que abrigaban contra determinados sujetos partidarios del régimen constitucional». Iriberry y sus secuaces recurrieron a las más abyectas artimañas, para encarcelar o incluso liquidar a los sospechosos de simpatizar o defender las ideas liberales. Sin duda, uno de esos secuaces fue don Manuel Tomás del cual un dictamen de la comisión del Ayuntamiento constitucional de Alicante, en 1837, ofrece los siguientes «informes reservados»: «Esta corporación no halla colores tan vivos que puedan presentar fielmente la conducta y sentimientos depravados de que adolece, en todos conceptos, don Manuel Tomás (...) El año 1923, entró en esta plaza de oficial del llamado "Batallón Inmortal Elio". La imaginación se extravía al recordar los horrores de aquella época y se resiste a denunciar los comportamientos del tal individuo con sus conciudadanos; fue un verdugo atroz de todos los honrados patriotas, y hasta con las mujeres e hijos de los desgraciados que las calumnias habían encarcelado, ensayaba su ferocidad. Cuando fue licenciado, como sucedió a todos los de su calaña, quedó aquí de oficial del batallón de ex voluntarios realistas, instrumento vil del que se valía el feroz Iriberry, para todas las atrocidades que cometió en esta ciudad (...)». Qué espejo.

Estaba al final de la calle Liorna, junto a la muralla, en un suburbio de soledad y estrechuras, entre edificios de pórticos con blasón y tiendecitas de chocolate: era el Teatro Moratín. Lunetas vulneradas por el tiempo y faroles de luz de aceite. Cuentan que los cómicos, en las noches de ensayo, caminaban embozados, casi como almas en pena, acuciados por el toque moroso de las campanas de las Capuchinas. Qué estampa tan almidonada de romanticismo.

Por el día, la garlopa del carpintero, los golpecitos del zapatero remendón, arrinconado en un zaguán, la nostalgia de una habanera, la brisa espolsando las trepadoras y las higueras del huerto cosido al murallón, donde la ciudad se extinguía.

Pero Alicante urgía un teatro «digno de su cultura». Y se levantó el Principal. Aquel de la calle de Liorna (actual, López Torregrosa) se quedó pequeño, desvaído, casi insignificante. En sus alrededores, acechaban las busconas de ojeras y chanclas que tenían sus cuarteles de amor en el lúgubre callejón del Ataúd.

Sobre los despojos del Moratín construyeron el Teatro Español, «dorado y blanco». Local adecuado para el melodrama y la zarzuela. Allí, «resonaba la voz profunda de don Pedro Delgado, los dramas románticos del poeta Zorrilla, un intermedio vals de Strauss, los sainetes valencianos, Llorens, los hermanos Colom, "Tres roses en un pomell", ya se iba de 1880 a 1890, los domingos por la tarde tiro de gallina o pichón, y en la plaza de toros el globo de Milá».

Efímera vida la del teatrito entrañable. El bullicio que genera en sus alrededores se apaga lentamente. Las rigurosas normativas del espectáculo lo descabella, por último. El Ensanche tumba las murallas, arrasa el feraz huerto, amplía la calle de Liorna. El Español se queda mudo, cerrado, espectral. Algunos atisban por las rendijas el interior y les da en el rostro el golpe de una helada melancolía, y el eco de una declamación enfática. El Español, ya devastado, aún acoge rifas, verbenas, juegos de lotería. Por último, la piqueta lo degüella. Quedan unas paredes con una estela de nombres, de fechas, de recuerdos. Le alcanzó la hora del requiem.

Nos hemos referido ya otras veces a uno de los edificios más interesantes de nuestra ciudad, obra del arquitecto Juan Vidal, como lo son también, de la década de los veinte «los siguientes: Correos y Telégrafos (1916-1920), de Luis Ferrero; Caja de Ahorros y Monte de Piedad, de la calle de San Fernando (reforma de 1918-1923), con relieves alusivos de Vicente Bañuls en la fachada; iglesia de Benalúa (1923), Casa de Socorro (1924), con torreón neo-renacentista; Hospital Provincial (1926), todos ellos de Juan Vidal (...)», según Juan Piqueras Moreno («Historia de la ciudad de Alicante», de VV.AA.).

Nos faltaban los datos acerca de los comienzos del emblemático edificio sanitario, cuya primera piedra la colocó el general don Cristino Bermúdez de Castro, el cuatro de noviembre de 1924. Era por entonces presidente de la Diputación don Juan Grau. Y gracias a su interés y a la buena disposición de la familia de don Juan Bautista Rocamora, propietaria de los terrenos, situados en el Pla de Bon Repós, junto a la pinada del castillo de Santa Bárbara, la corporación provincial pudo adquirir doce mil metros cuadrados, para construir el Hospital. «Su situación es verdaderamente poética y propia para el fin al que han sido destinados», escribió un periodista de la época.

Al acto asistieron, como es de rigor, las fuerzas vivas: el ya citado general, el obispo de la diócesis, don Francisco Javier de Irastorza, presidente y diputados de la institución provincial, alcalde y concejales, autoridades militares, el señor Manero, presidente del Colegio de Médicos, y el director y el administrador del Hospital Civil de San Juan de Dios.

Sobre un «artístico altar, el obispo procedió a la bendición de los terrenos y de la primera piedra». Luego, pronunció un elocuente discurso, tras el cual, el gobernador Bermúdez de Castro puso con la debida solemnidad, aquella piedra simbólica. También hizo uso de la palabra el señor Grau. Seguidamente, los invitados «firmaron un artístico pergamino conmemorativo del acto».

La Prensa destacó al ex diputado provincial, don Ricardo Pobil Medinilla, como promotor de la idea del futuro Hospital Provincial. Había dimitido de su cargo muy poco antes.

Y al día siguiente del referido acto inaugural, lo hizo don Juan Grau, presidente de la Diputación, que fue sustituido por don Pascual Más. «Diario de Alicante» comentaba: «Las causas (de ambas dimisiones) no se han explicado claramente (...) y han provocado no pocos comentarios, lamentándose muchos de que mientras otros fracasados se mantienen en sus puestos, tengan que abandonarlos quienes lograron éxitos bien estimables».

Desde esta columna nos hemos referido, con alguna reiteración, incluso, a El Campello; a la donación que efectuó doña Victorina Gozálvez, viuda de don José Climent, de los terrenos donde habría de construirse la iglesia; al informe que se remitió, el diecisiete de marzo de 1845, el alcalde de Alicante, don Miguel Pascual de Bonanza, dando cuenta del estado de las obras efectuadas, hasta aquel momento; también, comentamos las gestiones para segregar de la capital lo que entonces era tan sólo una partida de la misma, hasta que consiguió su autonomía municipal el día dieciocho de abril de 1901. Ya El Campello actual, con sus actividades culturales, turísticas, económicas, en fin; a su música, a sus músicos; a su playa de Muchavista; a sus gentes.

A todo lo ya dicho y por la atracción de El Campello sobre todos los alicantinos, nos satisface ofrecer, para un mayor conocimiento de la historia del entrañable pueblo, una carta de gran interés. Esta carta está escrita por el que fuera diputado a Cortes, por Lucena del Cid, al presidente del Ayuntamiento alicantino, y fechada en Madrid, el trece de noviembre de 1902.

El texto completo de la misma, debidamente contrastado, dice así: «Señor don José Gadea, alcalde de Alicante. Muy señor de mi consideración particular: como término de las gestiones a que me ocupo la honra de contribuir, practicadas en esta Corte, el mes de mayo último, por la comisión alicantina de que usted formó parte, como alcalde-presidente de ese Ayuntamiento, me es muy grato manifestar a usted que en el último Consejo de Ministros, quedó aprobado el expediente de construcción de la carretera de Alicante al Caserío del Campello (citamos literalmente), y que acuerda al señor ministro de Obras Públicas, la inmediata subasta de dicha importante obra; uno de estos días publicará la Gaceta el anuncio de dicha subasta, la cual tendrá lugar simultáneamente, en esa capital y en esa Corte, el día diecisiete de diciembre próximo».

En otra de estas columnas, daremos una más abundante información acerca de esta noticia que venía a fulminar la incomunicación de El Campello.

Bien que lo notificó la Prensa de la época. En el banquillo de los acusados se sentaba don Luis Pascual de Bonanza. Apellido ilustre ciertamente y que ya cita en su crónica, el deán Vicente Bendicho, hacia 1640, envuelto además en un asunto que lanzó al vuelo el morbo de nuestros antepasados y que conmocionó a la ciudadanía.

Tres años se llevó, entre papeles que seguramente les quemaba a muchos las manos, aquel caso. A don Luis Pascual de Bonanza se le acusaba de mantener relaciones amorosas con la señorita Palau, natural de Villena, y que, en determinado momento, guiado quién sabe por qué, se produjo un desenlace pasional: el procesado disparó a su amante, con un revólver, varias veces, hasta dejarla herida de gravedad; posteriormente, volvió el arma contra sí mismo y disparó de nuevo, en un intento de suicidio, por fortuna, frustrado.

El juicio se inició el día cuatro de 1911, con tribunal popular. En la sala no cabía ni un alfiler. Tal era la expectación que había despertado el caso, en particular, por el protagonista de tan lamentable suceso.

En la vista, intervino como testigo don Carlos de Aguilera, quien manifestó que el acusado siempre había dado muestras de mantener íntegras sus facultades mentales. Acompañó al señor De Aguilera, el doctor Maestre, «una eminencia médica», con objeto de que apoyara facultativamente su declaración.

Sin embargo, el informe pericial del citado doctor fue rebatido, por otro especialista no menos cualificado, a quien presentó la acusación particular que le cumplió al letrado don Julio Ibáñez, en representación, de la familia Palau.

Por supuesto, abundaron las especulaciones de toda índole y la murmuración tejió y destejió historias de celos, de infidelidades y relaciones tormentosas.

Doce días más tarde, concluyó el juicio y comenzaron las deliberaciones. Fueron dos largas horas de inquietud. Finalmente, se dictó la sentencia. La tesis de una perturbación mental, había prosperado.

A Luis Pascual de Bonanza se le condenó a reclusión, por tiempo ilimitado, en un manicomio, en el que permanecería a disposición de la sala.

A raíz de la huelga general, convocada conjuntamente por la UGT y la CNT, en agosto de 1917, se practicaron en toda la provincia, casi centenar y medio de detenciones. Los dirigentes obreros fueron encarcelados en el Castillo de Santa Bárbara. El miércoles, ocho de mayo de 1918, Alfonso XIII firmó la ley de amnistía, para cuantos aún continuaban presos, concretamente trece, en los calabozos de la referida fortaleza.

Previamente, una comisión compuesta por Ángel Martínez y Antonio Blanco, de la Agrupación Socialista; Ángel Aznar y Álvaro Botella, por los republicanos; José Reyes y Antonio Ferrándiz, por las sociedades obreras La Paz, La Marítima y la Terrestre; y Juan Botella, por el diario «El Luchador» como director del mismo y en su representación y la de la minoría municipal, se desplazaron a Cartagena, coincidiendo con los diputados Indalecio Prieto y Eduardo Barriobera y con dos redactores de «El Socialista» y «El Parlamentario», que procedían de Madrid. Ambas comisiones visitaron, en la fonda «La cartagenera» a los líderes socialistas Largo Caballero, Bestiri, Anguiano y Saborit, que habían sido liberados la noche antes.

De regreso a nuestra ciudad, gestionaron ante las autoridades la aplicación de la amnistía para los presos alicantinos. El día once, el alcalde republicano de Valencia, Faustino Valentín, comunicó que, tras entrevistarse con el capitán general, los detenidos comprendidos en la medida de gracia, serían puestos inmediatamente en libertad. Por teléfono y desde la misma ciudad, Carlos Esplá que cumplía allí cuatro años de destierro por delito de imprenta, y Pascual Leone, que estudiaba Derecho en aquella Universidad, confirmaban las palabras del alcalde Valentín.

Un día después, abandonaban el Castillo de Santa Bárbara: el maestro José Marhuenda, Antonio López Hernández y Calixto Díaz Navarro, tenientes de alcalde, los dos primeros, y concejal, el tercero, del Ayuntamiento de Villena, y los socialistas de la misma población, Sebastián Jáez Ibáñez, Vitoriano Navarro Navarro, Manuel Muñoz Navarro, Juan Lillo Santiago, Manuel Cañizares López, Francisco González Tomás, José Jorge Llorca, Juan José Gil Ochoa y Antonio Sánchez Esteve. Tan sólo Francisco Martín Arrimada, cornetín de la banda municipal de Alicante fue trasladado a las dependencias del cuartel Princesa Mercedes, aunque estaba igualmente amnistiado.

Los doce liberados, en medio de una manifestación y cantando «La Internacional», se dirigieron por las calles de Alfonso el Sabio y Navas, a la Casa del Pueblo, donde hablaron Fermín Botella, Rafael Millá y el propio José Marhuenda, en nombre de sus compañeros de cautiverio. Una fecha para la libertad.

Fue la corporación provincial, presidida entonces por Álvaro Botella, la que aprobó finalmente el proyecto y el presupuesto de una granja psiquiátrica, de acuerdo con los planos del arquitecto Juan Vidal Ramos. Así se cerraba una primera etapa y se disponía que el nuevo sanatorio para enfermos mentales se instalara en el término municipal de San Juan de Alicante, en sustitución del «dantesco manicomio de Elda».

Pero la idea venía ya perfilándose desde muy atrás, si bien le correspondió a Franklin Albricias, presidente de la Diputación, en 1931 y tras «ser proclamada gloriosamente la República de España», estudiar a fondo el acuciante problema, la insostenible situación en que se encontraban los pacientes del antiguo establecimiento. Albricias se encomendó, con muy buen criterio, al doctor Sanchís Banús, con objeto de que informara y orientara a la Diputación. Y el eminente psiquiatra aceptó el encargo y se puso incondicionalmente a disposición del presidente. De manera que cuando Sanchís Banús se refugiaba en Ibi, durante sus temporadas de descanso, recibía a Franklin Albricias y a los técnicos provinciales, con quienes cambiaba impresiones y formulaba propuestas «que no pudieron recogerse en una memoria luminosa debido a la prematura muerte del eminente médico».

Más tarde y encontrándose Agustín Mora Valero al frente de la corporación provincial, con el asesoramiento del doctor Lafora, decidió llevar a cabo la construcción de un nuevo y moderno edificio donde se pudieran albergar los enfermos. Consultó varios especialistas acerca del emplazamiento más adecuado, y todos coincidieron que la finca de Bellevista, donada por el señor Prytz a Alicante, para residencia de jefes de Estado y personalidades, reunía ventajosas condiciones para tal fin, siempre y cuando no se arrancara ni talara ningún árbol y se adquirieran terrenos colindantes, para edificar en ellos las instalaciones precisas del sistema de granja psiquiátrica. Agustín Mora «adquirió para la Diputación, por permuta con el Ayuntamiento, la referida finca, y compró más de treinta mil metros cuadrados de terrenos lindantes con la misma».

Finalmente, Álvaro Botella quien confió al doctor Alberca la dirección facultativa del proyecto, lo logró sacar adelante. Los presupuestos ascendían a un millón y medio de pesetas.

«El Luchador», de dieciocho de enero de 1936, informaba: «En el domicilio social de la Federación Provincial Socialista, tuvo lugar ayer tarde la primera reunión conjunta de los diferentes sectores que integran el Frente Popular de Izquierdas, en nuestra provincia. Asistieron a la misma representantes del Partido Socialista y sus juventudes; de la Unión General de Trabajadores; de la Unión Republicana y sus juventudes; de Izquierda Republicana y sus juventudes; del Partido Comunista y sus juventudes; y del Partido y juventud sindicalista. Entre los reunidos hubo una perfecta coincidencia en aprobar el manifiesto-programa acordado en el plano nacional, si bien se dispuso nombrar una ponencia que se encargara de acoplar al mismo las cuestiones que se puedan derivar de la situación específica de la provincia (...)».

Tres días más tarde los representantes de los referidos partidos y central sindical requirieron a sus respectivas organizaciones provinciales, con objeto de que, sin pérdida de tiempo, establecieran los contactos pertinentes y constituyeran, en sus respectivas localidades, el Frente Popular, «de su constitución deberían enviar inmediatamente nota a la secretaría política de la coalición electoral de izquierdas, establecida en la calle de Gravina número quince, de Alicante».

En el mismo diario republicano, del veinticinco de enero del citado año, se publicó la distribución definitiva de puestos en las diversas candidaturas del Frente Popular, acordadas por el comité electoral nacional. En tal distribución a Alicante le correspondían: tres, a Izquierda Republicana; uno, a Unión Republicana; y cuatro, al Partido Socialista. En virtud de la misma, se designó a los siguientes candidatos: por Izquierda Republicana, José Juan Cremades Fons, abogado; Carlos Esplá Rizo, periodista; y Eliseo Gómez Serrano, profesor; por Unión Republicana, Jerónimo Gomáriz Latorre, abogado; y por la organización socialista, Ginés Ganga Tremiño, profesor; Salvador García Muñoz, médico; Rodolfo Llopis Ferrándiz, profesor; y Miguel Villalta Gisbert, abogado.

Tras las elecciones del dieciséis de febrero de aquel año, fueron proclamados los ocho candidatos del Frente Popular; y los de la candidatura contraria: Joaquín Chapaprieta Torregrosa (republicano independiente), Juan Torres Sala y Eusebio Escolano Gonzalvo, ambos de la CEDA.

En los últimos días de abril de 1926, dieron comienzo las obras de la nueva Casa de Socorro, «emplazada en la avenida de Zorrilla (hoy, de la Constitución), ángulo a la calle del pintor Agrasot (antes, Diluvio)». El proyecto, original del entonces joven arquitecto Juan Vidal Ramos, en su periodo de exposición pública, recibió la aprobación de «miles de personas que coincidieron en sus elogios».

«El Noticiero del Lunes», semanario editado por el Ayuntamiento de Alicante, en su número seis, correspondiente al primero de mayo de aquel año, describía así el esperado edificio: «El estilo es moderno y se halla inspirado en nuestra arquitectura nacional. Su autor ha tratado, ante todo, de lograr que la nueva Casa de Socorro guarde armonía con las construcciones ya existentes en la referida avenida. La composición general es sobria y proporcionada. Consta de tres plantas. La inferior quedará a unos veinticinco centímetros del piso de la calle, y en ella hay un amplio vestíbulo, sala de espera, consultorios, gabinete de filiaciones, salas de cirugía menor y curaciones, enfermería y quirófano (...)». Con la misma pulcritud, se exponía la distribución del primero y segundo pisos: despacho del jefe clínico, habitaciones de los médicos de guardia, cámara oscura y sala de radioterapia; y por último, el ático, con una amplia terraza y la vivienda del conserje. «Remata el edificio una artística torre, en la que se emplazará un reloj con dos esferas».

La Casa de Socorro, una vieja y reiterada aspiración de todos los alicantinos, como ya hemos dejado aquí constatado, se alzaba sobre un solar «con forma de trapecio rectangular» y cuya superficie superaba los doscientos metros cuadrados. La línea de fachada correspondiente a la avenida de Zorrilla tenía una longitud de veintisiete metros con sesenta centímetros. Y el presupuesto de las obras ascendía a ciento treinta y ocho mil veinticinco pesetas con cincuenta céntimos, «cantidad elevada, si se quiere, pero proporcionada al programa de necesidades de la Casa de Socorro».

La citada publicación municipal nos informa de las felicitaciones que habían recibido tanto el arquitecto Vidal Ramos, como el alcalde Suárez-Llanos.

Se celebró el 19 de abril de 1939, para conmemorar así las bodas de plata de la Asociación de la Prensa de Alicante. Aunque la constitución de ésta, como ya hemos dicho y escrito, tuvo lugar el 19 de noviembre de 1904, en el local del Montepío Mercantil, sito en la calle de Castaños. La iniciativa correspondió a don Juan Manuel Contreras, director de «El Demócrata».

En aquella primera junta directiva y antes de proceder a la elección de los cargos de la misma, el señor Contreras propuso como presidentes de honor a don Miguel Moya, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, a don José Canalejas y Méndez, por entonces decano del Colegio de Abogados de Madrid y a don Antonio Galdó López, decano de los periodistas alicantinos. La propuesta se aprobó por aclamación. Seguidamente, se eligió presidente de la Asociación de Alicante, a don Juan Manuel Contreras. Treinta y tres días después, el 22 de diciembre de aquel año, murió el fundador y director de «El Demócrata». Y el día 2 de enero de 1905, en los salones del Ayuntamiento, se llevó a cabo la junta general de la Asociación que presidió don Antonio Galdó Chápuli, director de «La Correspondencia de Alicante». Posteriormente, se llevaron a término las votaciones, para la elección de la nueva junta directiva, cuya presidencia recayó sobre don Antonio Galdó López, director de «El Graduador».

El 12 de aquel mes de enero tuvo lugar la primera función a beneficio de la joven Asociación de la Prensa alicantina. Tomaron parte en la misma, el Orfeón, la banda del regimiento de la Princesa, «La Wagneriana», el Casino organizó un «asalto de armas» y se representó la zarzuela «Una vieja». En total, se recaudaron mil novecientas setenta y cuatro pesetas, con noventa céntimos.

El 22 de marzo de 1905 y en el local de la Sociedad Económica de Amigos del País, en junta general, dimitió Antonio Galdó López, quien fundamentó su decisión «en sus achaques y en la necesidad de dedicarse a asuntos propios». Le sucedió en el cargo Antonio Galdó Chápuli y bajo su presidencia, el 30 de julio de dicho año, se celebró la primera corrida de la Prensa, con toros de Carreras y la actuación de los matadores Fuentes y Cocherito de Bilbao. En octubre, se nombraron presidentes de honor a don Benito Pérez Galdós y al poeta Salvador Sellés.

La primera sede propia de la Asociación se instaló en el pasaje de Amérigo, donde estuvo hasta 1921. Sucesivamente, pasó a domiciliarse en Castaños, número 10; en López Torregrosa, número 1; en Zaragoza, número 4; y desde junio de 1928, en la planta baja del número 8 del paseo de los Mártires. Pero sus mudanzas no terminaron ahí.

Por un real decreto de octubre de 1928, el castillo de Santa Bárbara pasó a ser propiedad de Alicante. Al menos en teoría, como se verá. El documento que se publicó en la «Gaceta de Madrid», el días 6 de octubre, dice textualmente: «Señor: el Ayuntamiento de Alicante ha solicitado la cesión gratuita, en propiedad, del castillo de Santa Bárbara, sito en dicho término municipal, con arreglo a las prescripciones del real decreto-ley del 2 de octubre de 1927 y con el fin de embellecer la ciudad, construyendo un parque en el lugar que aquella fortaleza ocupaba. Con arreglo, pues, a los preceptos vigentes en la materia, y, además, como premio a la fidelidad y nobleza de la población de Alicante, el ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de su Majestad el siguiente proyecto de decreto. Madrid, cuatro de octubre de 1928. Firmado: José Calvo Sotelo».

Decreto número 1688: «De acuerdo con mi Consejo de Ministros, a propuestas del de Hacienda, vengo en decretar lo siguiente: Articulo único, se cede gratuitamente la antigua fortaleza denominada "Castillo de Santa Bárbara". La cesión referida se entenderá otorgada con sujeción a las prescripciones del real decreto-ley, de 2 de octubre de 1927, y con el fin de que el Ayuntamiento realice en el lugar que ocupa aquel inmueble, obras de embellecimiento de la ciudad. Dado en Palacio, a 4 de octubre de 1928. Alfonso. El ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo».

Previamente, el alcalde, general Suárez-Llanos, había solicitado la cesión al Ministerio de la guerra que no tuvo inconveniente alguno en ceder el castillo, según real orden que el capitán general trasladó al gobierno militar.

Sin embargo, el 11 de marzo de 1929, «El Noticiero del Lunes» informa de que no se ha efectuado oficialmente la entrega del inmueble, porque los derechos de transmisión, al tratarse de donación entre extraños, ascienden al veinticinco por ciento del valor del castillo. El Ayuntamiento se abstuvo de aceptarlo «y solicitó del Gobierno que declararse exenta del pago de los derechos reales la referida donación». A pesar de decretos y bandos jubilosos, allí estaba Hacienda. Que somos todos. Unos bastante más; otros nada.

La institución benéfica que, según el alcalde Julio Suárez Llanos, se inauguró el primero de octubre de 1925, lo hizo con el objeto de proporcionar leche a los niños pobres o de escasos recursos. De acuerdo con un informe del mismo, desde entonces al treinta de junio de 1927, se había suministrado 30.360 litros de leche, 712 kilogramos de azúcar, 5.660 biberones de cristal, 1.918 tetinas de goma y 200 cestillos de alambre. El presupuesto de 1926 fue de 17.680 pesetas; el de 1927, alcanzó las 27.500.

«La Gota de Leche» para allegar recursos solía celebrar, en el mes de agosto y en los jardines de la plaza de Ramiro, una verbena «para atender a la lactancia de unas pobres criaturas que sin ella morirían indefectiblemente y que con ella salvarían su vida. ¡Bendita sea la caridad!». Tomen nota: así funcionaba la justicia social durante la dictadura primorriverista.

En los festivales había puestos de repostería y horchata, tómbola, bailes y concursos de peinados y mantones de Manila. En la primera de estas famosas y tradicionales verbenas de «La Gota de Leche», celebrada en 1926, actuaron de jurados los señores Luciáñez (don Ambrosio), Botella (don Juan), Irles, Guillén y Varela». Un cronista de la época nos facilita la ambientación: «El pueblo de Alicante contribuía a la magnificencia de la fiesta con un sin fin de valiosos regalos para la Tómbola (...). Los jardines estaban adornados con bombillas de colores y farolillos venecianos (...). Se bailaba a los acordes castizos de un schotis lanzados por un manubrio cascabelero y también con las rítmicas contorsiones de las danzas modernas al compás estrepitoso del jazz-band (...)».

Los beneficios líquidos de estas verbenas benéficas eran considerables para aquel tiempo: por ejemplo, en 1927, se obtuvieron 7.451 pesetas y el año siguiente, 9.011. «El Noticiero del Lunes» escribía, el veinte de agosto de 1928: «Allí en la plaza de Ramiro, (claro) se han congregado autoridades, damas distinguidas, bellísimas señoritas, y con ellas, familias modestas, gentes de posición humilde. Diríase ante esta simpática promiscuidad de clases sociales que Alicante entero a requerimiento de la caridad, había deseado hacer patente que no hay sentimiento que tanto propenda a la bendita igualdad y a la santa democracia como el que anida en las almas buenas en favor del desvalido». En fin, que cada quien opine a su aire.

Tras la guerra civil, volvieron a celebrarse las verbenas de «La Gota de Leche». Nosotros recordamos una que se celebró, en los años cuarenta y siete o cuarenta y ocho, en el castillo de San Fernando. Un nuevo escenario.

El sábado dieciocho de enero de 1936, «El Luchador» anunciaba que a principios de la semana siguiente aparecería en nuestra ciudad una nueva publicación: «La Hoja Oficial del Lunes», editada por la Asociación de la Prensa de Alicante y que se ocuparía fundamentalmente de noticiar lo sucedido el domingo en lo referente a deportes y a actos políticos. El miércoles, veintidós, el diario «El Correo» que dirigía Florentino de Elizaicin y España, escribía en sus páginas: «La Asociación de la Prensa ha empezado a editar "La Hoja Oficial del Lunes" que, ajena a toda política, informará de una manera imparcial, objetiva de cuantos acontecimientos se produzcan los domingos tanto en Alicante como en el resto de España. El primer número de dicha "Hoja" tuvo gran éxito de venta».

Sin embargo, el nuevo semanario tuvo una vida efímera. «El Día», a cuyo frente se encontraba el periodista y poeta Juan Sansano, publicó el seis de julio de 1936: «Ha sido suspendida temporalmente la publicación "El Noticiero del Lunes" (observen el error en el título que cita) que editaba la Asociación de la Prensa, sabemos que reaparecerá el primer lunes de septiembre». Pero no fue así. Sin duda, la Guerra Civil abortó la anunciada salida.

El error o equivocación observado más arriba, se debe a que con anterioridad, entre 1926 y 1930, es decir, durante un considerable período de la dictadura de Primo de Rivera, hasta la constitución del nuevo Gobierno de Dámaso Berenguer, apareció en nuestra ciudad, el ya citado «El Noticiero del Lunes» que publicaba el Ayuntamiento de Alicante, por Real Orden del uno de enero de 1926, y cuyos beneficios se destinaban a «La Gota de Leche». En su primer número, el editorial de tal semanario decía: «El descanso dominical de la Prensa interrumpe durante veinticuatro horas, cada semana, la vida informativa, siendo ello precisamente origen de que circulen falsas noticias productoras de injustificadas alarmas que no dejan de ser dañosas (...). El general Suárez-Llanos, alcalde de Alicante, con la venia del gobernador civil de la provincia, general Bermúdez de Castro, ha encomendado la honrosa misión de redactar esta hoja informativa a funcionarios cuyos nombres figuran en la Asociación de la Prensa Alicantina».

Sólo tras la Guerra Civil, ya en época franquista, reapareció el semanario de la Asociación, en pequeño formato y sin hacer referencia alguna a sus predecesores, con el título de «Lunes», el diez de noviembre de 1941. Estaba dirigida por Ambrosio Luciáñez Riesco y su redactor-jefe era Juan Martínez Blanquer.

Era uno de los más grandes terratenientes de la huerta alicantina y, en opinión de alguno de sus panegiristas, «uno de aquellos próceres que en el siglo pasado, ostentaban con más envanecimiento que el título de Castilla heredado de sus mayores, el apelativo de labrador alicantino que se daba a los grandes propietarios de nuestra huerta».

«Don José Forner Pascual del Pobil y Martos, barón de Finestrat, dirigió personalmente los cultivos, la elaboración del vino que llegó a acreditar en toda España, y la distribución de las aguas del Pantano de Tibi». Militó en el partido conservador, y en su representación entró a formar parte de la corporación municipal, en 1894, cuando era alcalde el liberal José Gadea Pro, un año después, accedería a la presidencia del Ayuntamiento, cargo que desempeñó hasta 1897.

Según, el cronista provincial Gonzalo Vidal, con objeto de sacar al municipio de la postración económica por la que atravesaba, aumentó los impuestos de acuerdo con el resto de los concejales. Pero los más afectados por los nuevos arbitrios, comerciantes e industriales, protestaron con tal violencia que «gracias al tacto que en tal ocasión desplegó el gobernador militar, don José Márquez Torres, no se registraron días de luto en la población».

Aunque su paso por la Alcaldía fue relativamente breve, «su gestión se distinguió por una gestión de extrema pulcritud». A él se le debe, entre otras mejoras urbanas el entarugado de las calles de la ciudad, la restauración del paseo de Campoamor, donde plantó una pinada a espaldas del grupo escolar rotulado después «Miguel Primo de Rivera», el ensanche de Virgen del Socorro y la construcción del muro de contención, parte del alcantarillado, la compra de los terrenos para el cuartel Princesa Mercedes, la primera piedra del llamado, más tarde, reformatorio de adultos, y hoy nuevo edificio de los juzgados.

Mermado su patrimonio, cuando abandonó la Alcaldía, se trasladó a Madrid, donde fijó su residencia, aunque cada verano volvía a su ciudad. Nombrado gobernador de Vizcaya, permaneció al frente del cargo por corto tiempo, toda vez que su «carácter inflexible le impedía avenirse a lo que la política le exigía en aquel entonces». Murió en Madrid, en abril de 1929.

Dos años antes, en tiempo de la dictadura de Primo de Rivera, el Ayuntamiento acordó rotular el segmento de la calle de Teatinos, comprendido entre las calles de Bailén y Castaños, con el nombre de Barón de Finestrat.

Se le recuerda fundamentalmente por su libro «La Santísima Faz de nuestro Señor Jesucristo». Sin embargo, Rafael Esplá Rizo realizó, desde su ministerio sacerdotal, numerosas actividades que muchos alicantinos evocaron, a su muerte, ocurrida en octubre de 1929. Su primera misa la celebró, en la festividad de San Pedro, en la Colegiata de San Nicolás. Era el año de 1903. En el siguiente, ingresó en la Compañía de Jesús, que lo destinó a la enseñanza, hasta ejercer la inspección en los colegios de Valencia, Sarriá y Orihuela, según nos informa don Enrique Ferré, en «El Noticiero del Lunes».

En 1918, sustituyó en la dirección de la Congregación mariana de San Estanislao de Kotska, al padre Justo Beguiristáin, quien fundó la citada asociación juvenil dependiente del colegio de Santo Domingo de Orihuela.

Enrique Ferré, periodista y secretario general de nuestro Ayuntamiento, que fue condiscípulo del padre Esplá, nos cuenta: «En el aula de geografía de nuestro instituto, escuchaba, con nosotros, las dilectas explicaciones de don Emilio Senante y Llaudes, un joven de aniñadas facciones y de delicados sentimientos que se llamaba Rafael Esplá y Rizo. Tres cursos consecutivos estudiamos juntos, después de los cuales, él, con su familia, se trasladaron a Barcelona. Y pasaron años sin que supiéramos nada el uno del otro».

En el mismo artículo necrológico y emotivo del señor Ferré afirma del padre Esplá: «(...) Era un alicantino amantísimo de cuanto a su tierra se refería. El libro que escribió, dedicado a la Santísima Faz bastaría para justificarlo, si otros hechos no lo revelaran ampliamente (...). Un 1921, en aquella solemnísima procesión, celebrada con nuestra sacrosanta reliquia, por iniciativa del padre Esplá, formaron en el cortejo los copatronos de Alicante, san Roque, san Francisco Javier y san Nicolás de Bari. Deseoso de dar impulso y esplendor al Santo Entierro que había llegado en nuestra ciudad a un decaimiento extremo, organizó con sus congregantes la cofradía de la Dolorosa, llevando en la procesión la artística imagen de Salzillo que en el Carmen se venera. Y años después, constituyó la cofradía de San Juan Evangelista (...). Merced a su concurso la Semana Santa de Alicante ganó en piedad, en arte y en magnificencia».

El presbítero y cronista Gonzalo Vidal señala que la primera misa la celebró el 15 de agosto de 1904, fiesta de la Asunción, en lugar de la fecha que apunta Enrique Ferré. Muchos años después, se rotularía con su nombre la actual avenida del Padre Esplá.

Por dos veces ocupó la Alcaldía de nuestro Ayuntamiento, don Antonio Bono Luque, quien, junto con su hermano, estuvo al frente de las actividades mercantiles que su padre, don Román Bono Guarner, había impulsado notablemente en el comercio alicantino.

Luego, llegó la gestión política. Antonio Bono formó parte de la corporación municipal y desempeñó, desde su ingreso, la primera tenencia de Alcaldía, hasta que tres meses y medio más tarde, los votos de sus compañeros de Concejo lo elevaron a la presidencia del mismo, en abril de 1918, y en la que permaneció hasta enero de 1921, fecha en que fue elegido alcalde Pedro Llorca Pérez.

Sin embargo, el ocho de noviembre de 1922, por real orden del seis de aquel mes, un oficio del gobernador civil dispuso el cese del señor Llorca Pérez, como al alcalde de la ciudad y la elección de quien había de sucederle en tal cargo. Efectuado el escrutinio de las papeletas, de nuevo Antonio Bono Luque se alzó con el triunfo por veinticuatro votos a favor, frente a los cinco que obtuvo don Juan Santaolalla Esquerdo.

Al alcalde Bono Luque «se le debe el Mercado Central de Abastos y la espléndida avenida de Méndez Núñez», la Rambla, «merced a su pulcra e inteligente administración -destaca un comentarista de la época- se inició el resurgimiento del crédito municipal, y a su gestión, el comienzo de la labor dignificadora del personal al servicio del Ayuntamiento, que él encontró retribuidos con sueldos irrisorios, los cuales mejoró, elevando su cuantía y estableciendo los quinquenios».

En gratitud a su comportamiento, los funcionarios municipales lo nombraron presidente honorario de su Asociación y le hicieron entrega de la Gran Cruz de Beneficencia, «con la que el Gobierno recompensó su admirable proceder durante la epidemia gripal», que tantas victimas causó, en el Alicante de 1918.

Pero el primero de octubre del año 1923, en sesión extraordinaria, la corporación en pleno presentó su dimisión al señor general gobernador civil don Cristino Bermúdez de Castro. En presencia de un delegado del mismo, aquella tarde, se constituyó un nuevo Ayuntamiento, cuya Alcaldía-Presidencia la ostentaría don Miguel de Elizaicin y España, por veintidós votos de los veintisiete emitidos. Era el tiempo para la dictadura de Primo de Rivera.

Antonio Bono Luque murió el veintiuno de diciembre de 1929.

Con un optimismo desbordante el general Cristino Bermúdez de Castro, gobernador civil de la provincia, manifestó a un redactor de «El Noticiero del Lunes», de veinticinco de octubre de 1926, que en un plazo de cinco años estarían concluidas las obras del ferrocarril de Alicante a Alcoy; y agregó, señalando a José María Serra del Real, director facultativo de tales obras: «Pero yo que tengo gran fe en estos señores (había otros ingenieros), confío en que ha de reducirse este término». El señor Serra corroboró las palabras del general afirmando que «el plazo de duración no excederá de tres años y que podía anunciar que las obras comenzarían con toda intensidad antes de que finalizase 1926». Pues bien. Y eso que Bermúdez de Castro agradeció al general Primo de Rivera «la favorable acogida que dispensó a las peticiones». Pues, muy bien. Aún lo estamos esperando.

Días antes, se notificó la subasta de las obras de una línea férrea que «tantos beneficios iba a dispensar a la provincia, después de muchos años pedida a los gobiernos y hasta entonces negada rotunda y sistemáticamente». Con carácter provisional, se adjudicó a la viuda del ingeniero Lafarga, por 27.644.000 pesetas, con un dos por ciento a la baja. La subasta afectaba a la explanación y obras de fábrica correspondientes a la sección Agost-Alcoy, con un total de sesenta y dos kilómetros. Posteriormente la viuda de Lafarga cedió sus derechos al grupo financiero capitaneado por Ildefonso García Fierro, gerente de la Compañía Arrendataria de Cerillas, quien encomendó la dirección al ingeniero Serra del Real.

El gobernador civil aclaró al periodista que el primitivo proyecto contemplaba estación en Alicante, pero que el Consejo de Obras Públicas prescribió la supresión del trozo de Alicante a Agost, para evitar la existencia de dos líneas paralelas con el mismo recorrido. «Se ha proyectado el ferrocarril vía ancha ante el fracaso muy en cuenta que el ferrocarril de Alicante a Alcoy es una línea de enlace en Levante, entre la región murciana y Cataluña, y no se dedicará sólo al tráfico local, sino de tránsito, ya que la mercancía irá desde Alicante a Játiva y Valencia. Quedaba aún otro concurso que comprendía el tendido de vías, la construcción de estaciones y el suministro de material fijo y móvil. Pero el asunto, como ya había ocurrido en otras ocasiones, se quedó en fervores, entusiasmos y palabrería. La línea entre el sueño y la pesadilla.

En varias ocasiones hemos dedicado este espacio a los liberales y progresistas que, encabezados militarmente por Pantaleón Boné, fueron fusilados por la reacción al mando de Roncali, en Villafranqueza y Alicante. Son los mártires de la libertad. Y son también aquellos a quienes, en homenaje y respeto, se les rotuló a su nombre el antiguo malecón que se explanó, por decisión del gobernador militar don Pedro Fermín Iriberry, en 1829, desde el baluarte de San Carlos «situado al sur de las calles de Canalejas (entonces, Bóvedas), Lanuza y Valdés».

A partir de 1855, y a iniciativas del alcalde de la ciudad, don Francisco Riera Galbis, y siempre que lo permitiera el gobernador civil, cada ocho de marzo, fecha de la ejecución del coronel Boné y de sus compañeros, en el ya antiguo malecón, se instalaba, con carácter provisional, un sencillo monumento portátil, dedicado a la memoria de los mismos. «El monumento, en cuestión, era de madera forrado de lienzo y lo coronaba una bellísima matrona de yeso que simbolizaba la libertad, con una corona de laurel en la mano. Este monumento se guardaba el resto del año en los almacenes del Ayuntamiento. La última vez que se exhibió públicamente fue el ocho de marzo de 1906».

Por su parte, don Godofredo García Pujol, del comercio y admirador de la gesta de aquellos liberales sacrificados por el absolutismo y la intransigencia, propuso que se realizase un monumento estable, en el punto en que se había llevado a cabo los fusilamientos. El Ayuntamiento así lo aprobó, en sesión del treinta de octubre de 1868, es decir, casi un mes después del destronamiento de Isabel II. La misma corporación municipal, en sesión de nueve de noviembre de aquel dicho año, amplió el acuerdo, en el sentido de que en el monumento, además del nombre de los mártires de 1844, figuraban también los que fueron inmolados en febrero de 1826, en el lugar conocido por el Rihuet (hoy, avenida del Doctor Gadea), por orden del citado Iriberry; los supliciados en 1848, por defender la causa de la libertad y de la República; y de los que por su patriotismo quedaron muertos en las calles de Alicante, el veintisiete de septiembre de 1868.

Treinta y nueve años después y gracias al alcalde don Manuel Cortés de Mira, se levantó el monumento a los Mártires de la Libertad, obra de Vicente Bañuls Aracil el ocho de marzo de 1907. Monumento que cambiaría de emplazamiento en la misma Explanada o Paseo de los Mártires y que desaparecería tras la Guerra Civil.

El día veintitrés de noviembre de 1927, el Diario Oficial número 261, publicaba la siguiente real orden: «Excelentísimo señor: Examinado el proyecto de edificio, para el Gobierno Militar de Alicante, cursado por V.E., a este Ministerio, con escrito fecha cinco de septiembre último, el rey (q.D.g.) ha tenido a bien aprobarlo, para ejecución de las obras correspondientes por el sistema de contrata, mediante subasta pública de carácter local, siendo cargo a los servicios de Ingenieros, el importe de las mismas que asciende a 273.413,45 pesetas, de las cuales corresponden 272.093,45 pesetas, al presupuesto de la contrata y las 1.320 pesetas restantes, al complementario que determina la R.O.C. de veintiocho de abril de 1919 (C.L. núm. 56)».

«De Real Orden le digo a V.E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid, 21 de noviembre de 1927». El documento que reproducimos literalmente, iba dirigido al capitán general de la Tercera Región y a los señores intendente general militar e interventor general del Ejército, y lo firmaba el duque de Tetuán. La inminente construcción del Gobierno Militar se realizaría en el solar, propiedad del ramo de Guerra, que se encontraba situado en la avenida de Zorrilla (hoy, de la Constitución), esquina a la calle de Artilleros. Es decir, donde se encuentra en la actualidad.

Precisamente, cuando apareció publicada la referida real orden, se encontraba en nuestra ciudad el nuevo capitán general de la Región, don Balbino Gil-Dolz del Castellar, quien durante dos días revistó las dependencias militares de la plaza de Alicante. Estuvo en los cuarteles de Princesa Mercedes y de San Francisco, en el Hospital Militar, en el campamento de Rabasa y en las restantes instalaciones y dependencias del Ejército.

Durante su visita, el teniente general Gil-Dolz, el alcalde y también militar Julio Suárez-Llanos, ambos amigos y compañeros de Academia, le ofreció un almuerzo en los Baños de Busot, al que asistieron las autoridades civiles y militares de Alicante y su provincia, entre los que se encontraba el general y gobernador civil don Cristino Bermúdez de Castro. La perspectiva del nuevo Gobierno Militar fue motivo de satisfacción para los comensales.

De tiempo atrás, ya se presumía la existencia de una fábrica de moneda y timbres del Estado falsos. Según las informaciones de la época, fue el propio general gobernador civil de la provincia Cristiano Bermúdez de Castro y Tomás quien inició las investigaciones, mediante confidentes, por cuanto la intervención de la policía gubernativa podía poner en aviso a los delincuentes. Fueron arduas las indagaciones, hasta tener de indicios suficientes para colocar al descubierto la trama.

Sólo entonces, el general Bermúdez de Castro recurrió a la Dirección General de Seguridad, con objeto de que le enviaran agentes debidamente preparados. Poco después, llegó a nuestra ciudad, en el más absoluto secreto, el comisario de la primera brigada de investigación criminal Blanco Santa Coloma, con dos agentes de la misma. Durante algunas semanas, siguieron las pistas, hasta desarticular la organización de los monederos falsos.

La fabricación se realizaba en distintos puntos de la ciudad. «Se ocuparon importantísimas cantidades de duros ya acuñados, de monedas a medio acuñar y de timbres móviles falsos, aparte de troqueles, máquinas de estampación y demás elementos utilizados, para realizar el grave delito. Y por último, se practicaron doce o catorce detenciones, entre ellas la del banquero de Callosa de Segura, señor Miralles, contra quien resultan cargos gravísimos y contundentes». Los duros falsificados, por su aleación de plata, guardaban gran analogía, con aquellos duros sevillanos «de que se inundó España veinte o veinticinco años atrás, y su elaboración resultaba tan perfecta que se confundían fácilmente con los legítimos, igual que los timbres móviles».

Toda esta operación la notició el semanario oficial «El noticiero del Lunes» que editaba el Ayuntamiento y cuyos redactores tenían fácil acceso a la información oficial. Y así dicha publicación, en el número correspondiente al 23 de mayo de 1927, advertía: «Comprenderá el lector que conocemos hasta los más insignificantes detalles del asunto, pero nos abstenemos de darlos a la publicidad cediendo a los deseos que nos expone el señor gobernador (...). El general Bermúdez de Castro quiere dejar ancho campo a los diarios locales nuestros queridos compañeros, para el desarrollo de esta interesantísima información». No obstante, el semanario avanzaba que junto al comisario de Madrid, había que destacar los servicios del capitán y del cabo de Seguridad, señores Predo y Francés. El «pisotón» periodístico ya estaba más que dado.

Cuando el general Julio Suárez-Llanos y Sánchez causó baja en la escala activa del ejército, «con una brillantísima hoja de servicios», fue destituido, con el cargo de comandante general de Somatenes a la quinta región, «en aquella época en que un sedimento revolucionario y subversivo ponía en peligro la tranquilidad pública». De Zaragoza pasó a Alicante, «donde encontró la salud; su disciplina y, a la vez, su sincero cariño a la ciudad lo llevaron a la Alcaldía (de 1924 a 1930). «El general Suárez-Llanos contó en todo momento con el apoyo decidido del general gobernador civil Bermúdez de Castro, que en el alcalde tenía toda su confianza, «porque es digno de poseerla y porque, además, le asisten sus treinta y seis compañeros de concejo que tienen en él la fe que inspira siempre el jefe (...)».

En fin, es lo cierto que Suárez-Llanos autorizó «les fogueres de San Chuan y propuso al pleno municipal, que aceptó, naturalmente, la pavimentación de setenta mil metros cuadrados de la ciudad, de los cuales, treinta mil correspondían a calles de tráfico muy intenso. Tales obras se confiaron a la empresa «Construcciones y pavimentados, S.A.» que las presupuestó en un total de 1.460.500 pesetas, pagaderas en cuatro ejercicios consecutivos. Bajo su mandato, y ya lo hemos referido muy recientemente, Alicante recibió el Castillo de Santa Bárbara y también, por real orden que remitió el conde de Guadalhorce, ministro de Fomento, en abril de 1929, la cesión del monte Benacantil para parque urbano, como así se contempla en dicha real orden: «Que sin perjuicio de que el monte quede sujeto al régimen vigente para los montes de utilidad pública del Estado, sea considerado como compatible con ese carácter y quede autorizado a destinarlo a parque urbano, para uso del vecindario de la ciudad de Alicante, facultando al efecto al municipio que le representa para realizar, por su cuenta, cuantas obras y trabajos estime conveniente, para los servicios que ha de prestar, siempre que se lleve a efecto con sujeción a proyectos que previamente han de ser autorizados por este Ministerio, y se garantice además la custodia requerida para el libre acceso que a él deben tener los vecinos».

Suárez-Llanos propuso, y así se acordó, naturalmente, nombrar hijo adoptivo a don Miquel Primo de Rivera y alcalde honorario perpetuo a don Cristino Bermúdez de Castro, rotulándoseles a ambos, sendas calles. Era el once de noviembre de 1926. El catorce de diciembre del mismo año, a Julio Suárez-Llanos se le concedió la medalla de la ciudad. Todo en familia.

Recientemente, informábamos aquí mismo de cuándo y cómo se iniciaron las obras de la Casa de Socorro, sobre los planos y presupuestos del arquitecto Juan Vidal, situada en la entonces avenida de Zorrilla y hoy de la Constitución.

No mucho después, el jueves, seis de enero de 1927, se celebraba el acto inaugural de la misma, al que asistieron autoridades, alcalde, concejales y funcionarios del Ayuntamiento, médicos, representantes de la Prensa y personalidades de la vida ciudadana. Tras visitar las dependencias de la nueva institución municipal, el doctor Pascual Pérez Martínez procedió a la lectura de la correspondiente memoria de los facultativos del centro benéfico y de los titulares de la Alcaldía que lo habían apoyado a lo largo de los últimos cuarenta y cinco años, y que culminaba con la gestión de Suárez-Llanos, «a quien en realidad se debía la magnífica Casa de Socorro». Tras las palabras del decano del Cuerpo de Beneficencia Municipal, el alcalde felicitó al equipo médico y declaró inaugurado el nuevo edificio.

Aquel día, realizaron el servicio de guardia los doctores Miguel Gueri y Ramón Guillén, y el practicante, Deogracias Ceva, hasta las trece horas, en que fueron relevados por los facultativos Francisco Ramos y Álvaro Campos, y el también practicante Antonio Orenes.

Para la Casa de Socorro, el general gobernador civil Bermúdez de Castro donó una vitrina con tres cuerpos, para los instrumentos de otorrinolaringología, oftalmología y odontología. Asimismo, los farmacéuticos Juan Aznar, Agatángelo Soler, José Orozco y Salvador Campderá, regalaron al centro «valiosísimos objetos». En la ciudad de aquellos años, la Casa de Socorro significó, sin duda, un notable progreso en los servicios de atención médica, para el vecindario.

Como dato anecdótico, la primera persona que recibió asistencia en aquella clínica municipal fue Magdalena García, apodada «La Calamara», de cuarenta años de edad, a quien atendieron de «una herida incisa en la región lateral derecha de la cara, de origen casual», el doctor Ramos Martín y el practicante ya citado señor Orenes.

Y la primera salida, de carácter urgente, para prestar cinco servicios, en distintos puntos de Alicante, la realizó el médico Álvaro Campos.

La Asegurada estuvo en peligro, en cuanto a su propiedad se refiere, por «culpa» de un cronista oficial, Rafael Viravens; y la «salvó» otro cronista oficial, Figueras Pacheco. En 1926, el inventario de bienes del Ayuntamiento, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, describía así la finca de «La Asegurada», que figuraba en relación de inmuebles con el número tres: «Una casa compuesta de planta baja y dos pisos altos, situada en la plaza de Santa María y señalada con el número tres de policía. Ofrece una línea de fachada a dicha plaza que mide 12'95 metros y una superficie de 241'52 metros cuadrados. Linda por la izquierda saliendo, o sea, por el este, con casa de don Plácido Gras Boix y con terrenos de doña Brígida Piqué Valls, con los cuales también linda por espaldas, o sea, por el norte, y por la derecha saliendo, esto es, por el oeste, con la calle del Instituto. Construyó este edificio el Excelentísimo Ayuntamiento para Pósito de trigos y en la actualidad lo ocupa la Escuela de Comercio. Se halla tasado en sesenta mil (pesetas)».

«La jefatura de Pósitos de la provincia, hoy de Alicante-Murcia, ateniéndose a la indicación antedicha del objeto de la construcción de esta finca que está tomada de la "Crónica de Alicante", escrita por don Rafael Viravens y Pastor, estima que el inmueble de referencia es propiedad de Pósitos». De manera que tal jefatura, a finales de enero de 1928, ofició a la Alcaldía, requiriéndola a que subastase «La Asegurada», e invirtiera el importe de las mismas «como base de un Pósito que había que constituirse».

Ante tal circunstancia, se encargó un minucioso informe al cronista oficial de la ciudad don Francisco Figueras Pacheco, y al archivero municipal don Francisco Poveda Antón.

El dieciocho de enero de 1928, la comisión permanente conoció el contenido de dicho informe que, más tarde, mereció las felicitaciones de la corporación. En el mismo, se dice que «La Asegurada», nunca se utilizó exclusivamente como Pósito, «pues al propio tiempo que para almacenar trigo, fue depósito de pertrechos de guerra». Que durante la guerra de independencia sirvió de cárcel y seguidamente de parque de artillería; cárcel, de nuevo; cuartel de la compañía de seguridad; instituto de segunda enseñanza, desde 1845 y Escuela de Comercio a partir de 1893, centro docente que lo ocupó sin interrupción, hasta la fecha del informe. Que sobre su fachada campea el escudo de la ciudad. Que la solemne declaración de cinco de diciembre de 1834, expresaba que la real orden de tres de abril del mismo año «sobre venta de fincas de pósitos tampoco exigía contestación por carecer de ellas el Ayuntamiento». Y que autoridades de distinta orden, siempre se dirigieron a éste como único y legítimo dueño para solicitarle que se emplazaran en «La Asegurada» diversas dependencias del Estado. La situación se aclaró suficientemente.

A los de ahora, ya les llegará su turno. De momento, saben que en estos días los enfermos de la Unidad de Cuidados Intensivos han soportado temperaturas de hasta treinta grados y sin apenas aguas mineral, en el General, la antigua Residencia de la Seguridad Social «20 de Noviembre»; del Clínico, también les informaremos. Testimonios y documentos, en mano, por supuesto, incluidos los servicios que se están cancelando.

De los de antes, lean lo que escribieron el médico Esteban Sánchez Santana y el arquitecto José Guardiola Picó: «Existen en esta capital dos hospitales: el civil provincial (en la plaza de Santa Teresa, por aquel entonces) y el militar u hospital del Rey, ambos en malas condiciones, enclavados entre las casas de vecindad del populoso barrio de San Antón. El estado de sus respectivas fábricas no es de mucha vida y sería un triunfo para la higiene de que tanto carece esta población, que fueran trasladados a otros puntos convenientes y con las condiciones que los adelantos y la ciencia reclaman (...)». Respecto al hospital de San Juan de Dios o Provincial (por real orden de 1849), apuntaban, y los citamos a título de ejemplo, los siguientes defectos realmente estremecedores: no existían sala de operaciones, ni cámara de desinfección, ni patio para convalecientes, ni locales de aislamiento para las enfermedades infecciosas, ni separación entre niños y adultos, y así todo un largo etcétera. Por otro lado, señalaros que su emplazamiento «frente a la fábrica de cigarros y junto a un mercado pequeño y ruidoso», resultaba de todo punto inadecuado. Médico y arquitecto no se andaron por las ramas a la hora de denunciar las deficiencias de nuestro sistema hospitalario local.

Ustedes, sin duda, lo saben. También nosotros lo hemos contado aquí, en esta columna. El primer hospital, situado en la calle de San Nicolás, se erigió en el año 1333, gracias al legado de Bernard Gomis, con el nombre de San Juan Bautista que se cambiaría por el de San Juan de Dios, cuando los frailes de la referida orden, se encargaron de su dirección y administración por convenio con el Ayuntamiento, en 1653. Posteriormente, «se decretó la excavación y una junta de beneficencia, nombrada por el municipio volvió a hacerse cargo del mismo». A instancias del gobernador civil, Manuel Cano Manrique, en 1852, se construyó, por fin, «un edificio de pequeñas dimensiones, pero de agradable aspecto y perfectamente distribuido (...). Allí estuvo el hospital provincial, en las precarias condiciones ya advertidas, hasta la inauguración del edificio situado en el Pla del Bon Repós».

Sucedió en la plaza de Inca: ángel C. Carratalá recibió una cornada de muerte. Era el domingo veintiocho de julio de 1929. Familiares, amigos y aficionados soportaron una espera angustiosa. Las noticias que llegaban de la población mallorquina se hacían, cada vez, más desoladoras. Finalmente, se conoció el amargo desenlace. Un bicho de la ganadería de don Fabián Mangas le guillotinó la vida al joven diestro alicantino.

Fue la suya una carrera breve, intensa y plena, en opinión de los críticos taurinos. Alicante recordó entonces su primera aparición en nuestro coso, el ocho de julio de 1923, como becerrista. Casi un año después, lo haría como novillero y con picadores. Pero, en 1926, y a juicio de los entendidos, comenzó su imparable ascensión como matador. 1926, «en cuyo mes de julio armó aquí (en su ciudad natal) un alboroto, en aquella inolvidable corrida de miuras que se dio, siendo empresario de nuestra plaza don Pascual Ors». Su prestigio se consolidó, en las temporadas sucesivas. Y sus incondicionales experimentaron un sobresalto, cuando lo de la grave cornada que sufrió en Palha de Logroño. Ángel C. Carratalá superó el trance y continuó adelante, con su toreo impetuoso y arriesgado, para algunos hasta «suicida».

Poco antes de su muerte, actuó en Alicante. Era el catorce de julio y compartió cartel con Parrita y Camará. Reses de don Antonio Flores. La afición alicantina ya no volvería a verlo, en la arena de nuestra plaza. Pero esa afición acudió a su entierro, el dos de agosto de aquel funesto año. Según algunos informadores, «más de treinta mil personas presenciaron el paso de la comitiva fúnebre». Un comentarista escribió, en tal ocasión: «(...) Ángel C. Carratalá, ídolo de los públicos, que tenía clubs formados por sus admiradores en Alicante y Barcelona, y peñas numerosas que llevaban su nombre en Valencia, en Alcoy, en Zaragoza y otras plazas, era un torero que contaba con un núcleo de detractores, aquí mismo, en su propia tierra, y que con sus injusticias intemperancias le hicieron sentir amarguras y sinsabores».

Nació el nueve de mayo de 1903, en la calle de Bazán, hijo de don Juan Celdrán, comerciante e impulsor del diario «El Constitucional Dinástico», y de doña Marina Carratalá. No quiso seguir estudios y estuvo empleado de dependiente en la ferretería de don Agustín Mora.

Cuando decidió hacerse torero, su padre se opuso y con objeto de no contrariarlo, nunca utilizó su primer apellido.

Tan sólo la letra inicial de Celdrán.

Revuelo en la ciudad. Revuelo especialmente en el Club de Regatas de Alicante, cuando se conoció la noticia de la nueva visita real. Después de un crucero por el Mediterráneo, Alfonso XIII eligió nuestro puerto como lugar de desembarco. Era domingo, y a las doce fondeó en la bahía, procedente de Mahón el crucero «Reina Victoria», y muchos curiosos se acercaron convencidos de que en dicho buque de guerra viajaba el monarca. Pero no fue así.

El rey, a bordo de la nueva unidad naval «Príncipe Alfonso», visitó previamente los Alcázares; se puso que llegaría a Alicante mediada la tarde.

Efectivamente, a las siete menos cuarto el referido barco echó anclas detrás del muelle de poniente.

Poco después y en una falúa a motor, se trasladó al Real Club de Regatas «donde le cumplimentaron el gobernador civil general Bermúdez de Castro, con quien estuvo cariñosísimo, el alcalde, general Suárez-Llanos, que le dio la bienvenida en nombre de Alicante, y las demás autoridades de todos los órdenes, corporaciones oficiales y particulares y numerosas personalidades que materialmente llenaban la planta baja del Club.

Al saltar a tierra, las bandas batieron la marcha real, una ovación entusiasta acogió su presencia y se dieron muchos vivas.

El rey, que vestía uniforme de diario de capitán general de la Armada, saludaba con afecto a cuantos le salían al paso y expresaba al presidente del Club que aceptaba el té que dicha aristocrática sociedad le ofrecía».

Seguidamente y de acuerdo con la información de «El Noticiero del Lunes» (24 de noviembre de 1927), en el salón árabe se sirvió el té y a las siete y cuarto, apareció en la puerta de la citada entidad «recayente a la Explanada (...)».

Don Alfonso revistó la compañía del regimiento Princesa número cuatro que le rindió honores y también «a ruegos del general Bermúdez de Castro, la tropa de alumnos de las Escuelas Salesianas allí formada». Por último, subió al tren situado frente al Club y que constaba de máquina, furgón, un coche de la Real Casa y un vagón restaurante, que se engancharon a la cabeza del correo-exprés de Madrid, en el que el jefe del Estado regresó a la corte.

Una visita regia y muy de paso.

Todos estuvieron de acuerdo con el proyecto del ingeniero don Luis Sánchez Guerra: nuestra ciudad era el lugar más adecuado para la instalación del puerto pesquero nacional del Mediterráneo.

El técnico había trabajado con ahínco, hasta concretar un estudio detallado que envió a Madrid, para su conocimiento y para su aprobación.

Posteriormente, se celebró una interesante reunión en el Palacio provincial, donde Sánchez Guerra informó, con claridad, al auditorio, acerca de las condiciones estratégicas de Alicante y su situación en el litoral, «con respecto al centro de la península».

Explicó también los beneficios que reportaría para la industria y la economía nacionales.

«El hecho de que, en un año, se hayan desembarcado aquí seis millones de toneladas de pescado fresco, prueba cumplidamente que la industria pesquera conceptúa que es Alicante el punto mejor para traer la pesca y, desde este puerto, distribuirla».

La referida reunión se celebró el jueves, doce de abril de 1928.

A raíz de la misma, las autoridades locales y provinciales, y los presidentes de las diversas entidades públicas y privadas, convocadas a aquel acto, suscribieron la razonada exposición del ingeniero de Obras del Puerto, dirigida al ministro de Fomento, para que, a su vez, éste propusiera al Gobierno el «establecimiento en nuestra bahía, del puerto pesquero nacional del Mediterráneo».

Más tarde, acudieron al gobernador civil, señor Jiménez de Bentrosa, con el ruego de que presidiera una comisión «que gestionara, en Madrid, el logro de esa legítima aspiración alicantina, a lo cual accedió don Modesto Jiménez de Bentrosa».

Alicante no quería rezagarse, en el proceso de modernización. Dos días después de formalizarse aquella solicitud, se inauguraba la «Panificadora Magro». Sus instalaciones, en un amplio local de la avenida de Pérez Galdós, resultaban magníficas, «hornos, amasadoras y demás máquinas, se importaron de Alemania».

Ante autoridades e invitados, se llevó a término una demostración de las diversas clases de pan y pastelería que podía producir «por procedimiento mecánico, sin intervención directa en ningún momento del brazo humano».

La fábrica respondió a la iniciativa de los hermanos Magro, Felipe y Alberto.

La ciudad se volcó. El alicantino Vicente Inglada Ors había sido elegido individuo de número de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en sesión presidida por el señor Torres Quevedo y para cubrir la vacante producida por el señor Rodríguez Carracido.

Las páginas de «El Debate» ofrecieron la siguiente semblanza del nuevo académico: «El señor Inglada es teniente coronel de Estado Mayor, ingeniero geógrafo y profesor de Astronomía y Geodesia en la Escuela Superior de Guerra. En Geodesia es una gran autoridad y tiene un prestigio reconocido por todos. Su producción científica es copiosa y de mérito muy grande. Figura en ella un tratado de Gravimetría, obra que ha logrado el elogio entusiasta de los institutos extranjeros más reputados y por la que se recompensó al autor con una cruz pensionada. La Academia de Ciencias hubo de otorgarle recientemente cuatro premios por otras tantas Memorias en los que describe procedimientos originales de cálculos sísmicos. En resumen, se trata de una figura de primera fila en la ciencia española. Tiene varias condecoraciones y es miembro de gran número de sociedades científicas extranjeras. Nació en Alicante, en 1879».

La noticia del periódico madrileño, la reprodujo textualmente «El noticiero del Lunes», de Alicante, el doce de marzo de 1928. Vicente Inglada fue además jefe de la Estación Sismológica de Toledo y un notable estudioso y divulgador del Esperanto. Según el presbítero Gonzalo Vidal escribió y publicó más de cuarenta y cuatro obras. El sabio señor Madariaga, ingeniero de Minas, en el acto de recepción como académico, dijo del señor Inglada: «Felicito a la Academia por poder contar en su seno, desde hoy, a individuo de competencia probada y de laboriosidad verdaderamente admirable, seguro de que su paso por este centro ha de dejar indelebles señales de aquellas dos cualidades (...)».

Vicente Inglada Orts cursó sus estudios de bachillerato en el Instituto provincial de Segunda Enseñanza, de Alicante, con sobresaliente. Después, cuando tenía diecisiete años, ingresó en la academia de Infantería. Se le recuerda hoy, principalmente, por la calle que lleva su nombre.

Con la desocupación de los locales de la Casa de Socorro, hasta entonces en los bajos del Palacio Consistorial, a raíz de inaugurarse el nuevo edificio de la institución benéfica; y por otra parte, con el traslado de la Escuela Normal de Maestros, a la antigua calle de Cano Manrique, y de la Escuela aneja a la Normal, a la de Rafael Terol, el edificio del Ayuntamiento, en el que también se encontraban las instalaciones de los citados centros de enseñanza, experimentó reformas en lo que concierne a la disposición de sus oficinas haciéndolas así más accesibles al público y mejorando algunos servicios hasta entonces en condiciones precarias.

De tal modo, las dependencias de puericultura que se reducían a «una sala de escasas dimensiones, en la que se efectuaba la mensuración de la leche, el llene de botellines, el reparto de éstos, el reconocimiento de los lactantes y de las madres, y a las operaciones de carácter burocrático, y en la que trabajaban médicos, practicantes, señoritas auxiliares y personal subalterno», se pensó aumentarlas destinándoles «las dos habitaciones de la antigua Casa de Socorro recayentes en la calle Mayor, que se aislarán por medio de un tabique del resto del local. En una de ellas, en la que era sala de curaciones, la ventana se convertirá en puerta (...)».

Como quiera que eran contadas las exacciones municipales arrendadas a terceros y dado el considerable número de funcionarios especializados destinados a las mismas, se concedió a la sección de arbitrios «dos locales: el de la derecha del entresuelo de la plaza de la Santísima Faz, y el tercer piso de la torre Oeste. En el primero ya existía el negociado de recaudación que necesariamente debía estar inmediato a la depositaria; y en el segundo, el de padrones y estadísticas, que pasaría a los locales de la antigua Casa de Socorro. La puerta de éste recayente al segundo pórtico consistorial, se convertiría en ventana, abriéndose otra puerta al vestíbulo y dándose por ella entrada al público, por lo que era enfermería, a lo que fue sala de operaciones (...)».

El archivo municipal, en el primer piso, se ampliará, abriéndose puerta en el tabique que le separaba de la Escuela Normal de Maestros. Y en el mismo piso, todavía con espacio necesario, se emplazará un saloncito de actos, para realizar en él muchos de los que se llevaban a cabo en el magnífico salón de sesiones, recientemente reparado, el cual se reservará para solemnidades.

Además, en el piso alto se instalaría quintas y obras, en donde estuvo la Escuela aneja a la Normal. Muchas reformas que no tardarían en quedar terminadas. Era el año 1927.

Cristino Bermúdez de Castro tomó posesión del cargo de gobernador civil de nuestra provincia el trece de septiembre de 1923 y permaneció al frente del mismo, hasta los últimos días de diciembre de 1927. Llegó a Alicante a sustituir a su hermano, Luis, en la jefatura de la sexta división, ya que este último había sido nombrado subsecretario de Guerra. Pero el Directorio militar le ordenó asumir el mando civil de la provincia. En él, «desplegó grandes actividades y grandes energías, acabando con las organizaciones políticas del antiguo régimen».

Durante los más de cuatro años que permaneció en Alicante, y antes de ocupar el gobierno civil de Valencia, a donde se le destinó, «llevó a las corporaciones locales a gentes prestigiosas que hasta entonces, en su mayoría, vivían alejadas de la vida política, y con férrea mano encauzó la administración provincial y la municipal, logrando que la nueva legislación local alcanzase en toda la provincia la apetecida eficacia». («El Noticiero del Lunes», dos de enero de 1928).

La misma publicación oficiosa, editada, como ya hemos advertido recientemente por el Ayuntamiento de nuestra ciudad, destacaba, entre sus numerosas gestiones, «la construcción del ferrocarril de Alicante a Alcoy, proyecto que era poco menos que uno de esos sueños que parecía irrealizable (y que lamentablemente siguió siéndolo, a pesar del general y del gobernador Bermúdez de Castro). Las obras se iniciaron y no ha de pasar mucho tiempo sin que la vía férrea, cruzando una extensa y rica zona de la provincia, que hasta ahora careció de ese moderno medio de transporte, una ambas ciudades». Por otro lado, «la dotación al hospital que se construye en el Pla del Bon Repós de un pabellón de la cura del cáncer. No se arredró el señor Bermúdez de Castro entre la necesidad de adquirir la radio, como único medio para luchar contra esa terrible enfermedad. Requirió y obtuvo el concurso de todos los ayuntamientos y, aparte de ello, abrió personalmente una suscripción para allegar recursos a tal fin, que ya asciende a cerca de pesetas treinta mil (...)».

Cuando el general se fue a Valencia, se hizo cargo del gobierno civil provisionalmente, el secretario del mismo Eduardo Lastres, hasta que el veintiuno de enero de 1928, fue nombrado para desempeñar el cargo de catedrático de segunda enseñanza don Modesto Jiménez de Bentrosa, amigo y condiscípulo de varios profesores del instituto alicantino, entre ellos don Javier Gaztambide y don José Lafuente.

Si les cumple y está a su alcance, léanse la Memoria de la Junta del Puerto correspondiente al año 1927. Una espesa y larga columna de cifras les advertirá elocuentemente del tráfico de buques, de mercancías y de pasajeros, muy superior al de otros ejercicios. Y todo ello, en opinión del alcalde Suárez-Llanos, gracias a «la obra intensa, callada, perseverante, de urbanización, ensanche y mejoramiento general de sus muelles y zonas de servicios que viene realizando el ingeniero director de dicha Junta, don Luis Sánchez-Guerra (...)».

Por todo ello, en julio de 1928, en sesión plenaria y de acuerdo con una moción de la Alcaldía, se acordó conceder al citado técnico, la medalla de la ciudad.

En la moción, se recoge el siguiente párrafo que nos lleva a meditar acerca de las adversas vicisitudes de nuestro puerto, viéndolo hoy como lo vemos. «Estas obras -se dice- que ahora precisamente, van a adquirir importancia máxima, al comenzar las grandes reformas de ampliación, pavimentado, instalaciones, etcétera, que hubo de proyectar tan competente técnico y que fueron aprobadas por el Gobierno. Al término de ellas, el puerto de Alicante será uno de los mejores de Europa; en él podrán anclar los buques de mayor tonelaje, la carga, descarga y transportes de mercancías se realizará con rapidez, comodidad y ventajas extraordinarias; y los servicios auxiliares quedarán montados en forma que nada habrá que envidiar a los más completos».

En apoyo de la corporación, un comentarista de actualidad, escribía: «Alicante entero guarda gratitud al joven e ilustre ingeniero don Luis Sánchez-Guerra, que honrando su insigne nombre, viene realizando una labor tan destacada en el orden científico, como altamente beneficiosa, para los intereses de nuestra ciudad, por la que siente hondo e inextinguible cariño».

Una cosa estaba clara en la moción de Suárez-Llanos quien además de los elogios al ingeniero, sentenció «(...) la prosperidad y la vida de Alicante están en su puerto».

Y podía citar a la historia de testigo. Hasta entonces, había sido así.

Se ha escrito mucho y merecidamente, y aún habrá de escribirse más, sobre el ilustre marino alicantino. Nos referimos aquí tan solo, el encargo que recibió Julio Guillén Tato, siendo aún teniente de navío, del ministro de Marina, señor Cornejo: el estudio minucioso, previo a la reconstrucción, de la carabela «Santa María».

En 1927, ya estaba la Memoria publicada. Guillén Tato llevó a cabo una paciente investigación que comprendía todos los aspectos de la nave capitana de Colón, no sólo de su forma y aparejo, sino también del vestuario de la marinería y del mobiliario de a bordo. Su estudio, «comienza con una disquisición histórica acerca de las carabelas en el siglo XV, que, al parecer, sólo eran usadas, en los primeros años, por Italia y Portugal. A medida que transcurre dicho siglo, los portugueses, con sus descubrimientos por las costas de África, intensificaron la construcción de carabelas, tipo que cuadraba muy bien, con este género de derrotas, pues con ellas podían aproximarse mucho a las costas, ensenarse con ellas y aun subir la corriente de los ríos; llegada la noche fondeaban en algún placer, y así dejaban pasar las tinieblas de ella, para recomenzar, con la nueva luz, la marcha». Según Julio Guillén, la carabela comenzó a utilizarse en España, en el segundo cuarto del siglo XV y, seguramente, a imitación de los portugueses.

Un capítulo curioso es el titulado «algo de folklore marítimo medieval», en el que se refiere a los pajes de escoba, chicos de ocho a catorce años, que se encargaban de barrer las cámaras y entrepuentes, servir las mesas, velar la lumbre de la bitácora y picar las campanas, en tanto realizaban su aprendizaje, para ser primero grumetes y luego, marineros.

La «Santa María» que va a recordar a Sevilla, a la nave capitana de Colón, podrá ser visitada y recorrida en su interior. «El compendio del Diario del descubrimiento que nos legó Las Casas -escribe Guillén Tato-, proporciona datos para reconstruir en número, ya que no en calidad, los muebles y enseres de la Santa María (...)». Meses después de editada la referida Memoria, el alcalde de Alicante, felicitaba al entonces teniente de navío Julio Guillén Tato y le manifestaba su deseo de que la fiel reproducción de la histórica nave pudiera ser también admirada y visitada en nuestra ciudad.

El veintitrés de mayo de 1929, la Asociación de la Prensa de Alicante hacía públicas las bases del premio «Luca de Tena», al que podían aspirar los trabajos de los periodistas alicantinos, nacidos en cualquier parte de la provincia y también los que residieran en la misma más de dos años.

El fallo del citado premio se produciría dentro de los primeros meses del año siguiente y su entrega tendría lugar «en una sesión pública y solemne organizada por la asociación, precisamente el día quince de abril, aniversario del fallecimiento del ilustre e inolvidable titular de este premio (...)».

La iniciativa de tal galardón partió de quien no quiso revelar su nombre y tan solo utilizó el seudónimo de «periodista anónimo».

El presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante, que a la sazón era don Manuel Pérez Mirete, aceptó en nombre de la institución profesional «la misión que se le asignó en esta fundación, la cual considera muy honrosa para ella».

El «periodista anónimo» se comprometió a donar anualmente la dotación de doscientas cincuenta pesetas, lo que constituía una cantidad considerable. Además y como se recogía en el texto de las bases, estaba el prestigio, toda vez que «el Premio Luca de Tena, con tal nombre, lleva las mayores garantías de seriedad y de patriotismo, de modo que sea en lo presente y para lo futuro, una consagración de méritos y un título de gloria para los periodistas alicantinos». En aquella primera convocatoria, consideró la Asociación de la Prensa que la mejor forma de mostrar su gratitud al generoso «periodista anónimo» que le había confiado la organización del concurso, era contribuir a la dotación económica con otras doscientas cincuenta pesetas de sus arcas, tan sólo en el año de su aparición. De manera que se constituyó «un único e indivisible premio de quinientas pesetas».

La convocatoria fue recibida satisfactoriamente en las redacciones de las publicaciones periódicas, así como en los círculos culturales, sociales y políticos de la provincia y de la capital.

En esta misma columna, correspondiente al pasado 21 de julio, dejábamos constancia de la desarticulación de una organización de falsificadores de dinero que operaban en nuestra ciudad, en Callosa de Segura y en otros muchos lugares de España. «(...) Se practicaron doce o catorce detenciones, entre ellas las del banquero de Callosa de Segura, señor Miralles, contra quien resultan cargos gravísimos y contundentes», según informaba un semanario local, el veintitrés de mayo de 1927.

En los primeros días de noviembre del año siguiente, tanto el fiscal, como el abogado del Estado, don Juan Martínez Blanquer, ya tenían formuladas sus conclusiones provisionales, en las que se contemplaban penas de cadena temporal y de presidio mayor, «amén de cuantiosas multas e indemnizaciones por los múltiples delitos cometidos». En su escrito, Martínez Blanquer se refería a las diversas falsificaciones de billetes del Banco de España y de timbres móviles, perpetradas desde el año 1911, hasta 1927, en que se incoó la causa.

Entre los acusados, se citaban a Antonio Palazón Lorca y Fernando Reyes Luna, así como la participación en las falsificaciones que se llevaron a efecto en Cartagena, Murcia, Sevilla, Puerto de Santa María, Callosa de Segura y Madrid. También se nombraba a Álvaro Delgado Temprano, «el cual por su tesón y su energía de carácter, llegó a influir poderosamente en el ánimo de Reyes Luna y logró asegurarse, por medio de coacciones y amenazas, su cooperación para la ejecución de los delitos por los que son acusados».

«Con igual precisión y claridad detalla el abogado del Estado la participación de los hermanos Alenda Casaix y de Miralles Ribes; los motivos que determinaron la falsificación de los efectos timbrados realizada en Callosa de Segura, en cuyo pueblo tuvo también lugar la falsificación de billetes de cien pesetas de la serie D; la nueva intervención de Álvaro Delgado, que logró decidir a Reyes, para que se trasladase a Madrid, donde tuvo lugar, con la cooperación del comandante de Infantería, García Casanova, la última de las falsificaciones».

La expectación que despertó este proceso, en toda España fue muy grande. A las conclusiones provisionales dichas, aún había de agregarse la de don Elier Manero, abogado del Bando de España y la de diecinueve abogados defensores.

Aunque ya lo hemos contado, reproducimos literalmente un fragmento de un artículo sobre el monte Tosal, publicado en octubre de 1928: «Hace unos diecisiete o dieciocho años, siendo alcalde de Alicante nuestro queridísimo amigo don Federico Soto, y concejal del Ayuntamiento el gran alicantino don Antonio Rico, adquirió el Ayuntamiento el castillo de San Fernando y el monte Tosal que le sirve de base, iniciándose entonces una obra de repoblación forestal, cuyas dificultades fueron venciéndose por el tesón entusiasta del doctor Rico, a quien le encomendaron muy gustosamente el señor Soto y sus sucesores. Cada vez que iba a aprobarse el presupuesto ordinario del Ayuntamiento, don Antonio ponía en juego su gran ascendiente sobre todos y lograba que para el castillo se consignaran créditos, que eran modestos, porque no permitía otra cosa la escasez de recursos de nuestro municipio. Con estas pequeñas cantidades, «el médico», como le llamábamos, por antonomasia, hacía verdaderos milagros, y en la meseta alta del monte, y en sus laderas, veíamos surgir un fascinante verdor: el de los pinitos que allí iban arraigándose y cubriendo con sus pomposas copas los terrenos que hasta entonces fueron verdaderos eriales».

Se eclipsó el último tramo de lo que para algunos historiadores era aún la Restauración y llegó la dictadura de Primo de Rivera. Pero la política forestal en el castillo de San Fernando no cambió. Al doctor Rico le sustituyó el concejal don Miguel Iborra, «quien cumplió con precisión matemática de subir al castillo dos veces al día, para recorrerlo todo, para inspeccionarlo todo (...)». El señor Iborra propuso y consiguió que el Ayuntamiento el canje de algunos solares «sin aplicación alguna», por una gran extensión de terreno lindante con el monte Tosal, por la parte norte. El ingeniero municipal, señor Canales, hizo un croquis.

Y en este punto, el comentarista concretaba: «(...) seguimos creyendo que ni ahora, ni luego, ni nunca, esos terrenos destinados a parque constituirán una finca distinta del monte Tosal al que se han agregado. Pues aún admitiendo que el parque se hiciera con arreglo al croquis de referencia, quedará en un sector del monte, formando parte de éste y encuadrado en las pinadas más hermosas que en él existen». O mejor, existían. Tomen buena nota los interesados.

A don Francisco Barea Molina, titular del gobierno civil de Alicante, en el «antiguo régimen», lo fulminó el cese de la dictadura de Primo de Rivera, que puso en su lugar a don Cristino Bermúdez de Castro quien se mantuvo en el cargo, hasta su traslado a Valencia, en 1927 («La Gatera» del pasado día cuatro). Tomó el relevo, al frente de la provincia, el catedrático don Modesto Jiménez de Bentrosa, por muy pocos meses.

Ocupó su puesto, el abogado valenciano y presidente local de aquella ciudad de la Unión Patriótica, don José María Mayans, conde de Trigona. Fue el suyo también un mandato breve: en noviembre de aquel mismo año de 1928 presentó su dimisión. «El ilustre aristócrata que durante unos meses rigió esta provincia, nos deja el recuerdo grato de una actuación en la que se destacó siempre, junto a la exquisita caballerosidad del funcionario, el celo del gobernante (...) En la etapa del mandato del señor conde de Trigona imperó la más absoluta tranquilidad en la provincia (...)», («El Noticiero del Lunes», 5 de noviembre de 1928).

Para desempeñar el gobierno civil, el gabinete designó a don Mariano de las Peñas Franchi-Alfaro, quien desempeñaba el mismo cargo en la provincia de Lérida. Era general de división, en situación de primera reserva, de la Guardia Civil, instituto del que fue subsecretario hasta el siete de noviembre de 1927.

Cuando en los últimos días de enero de 1930, el general don Miguel Primo de Rivera le presentó su dimisión al rey y se hizo cargo de la presidencia del gabinete el general don Dámaso Berenguer, la llamada «dictablanda» provocó cambios y reajustes. El quince de febrero tomó el mando de la provincia don Rodolfo Gil. Del señor Gil, algunas crónicas de periodistas del momento, afirmaron que «trajo algo de espiritualidad». No en balde, el nuevo gobernador era «hombre afable y atrayente, periodista antiguo y poeta».

Luego, todo sucedió fugazmente. Cuando España «se acostó monárquica y se levantó republicana», don Rodolfo Gil se esfumó de la escena política alicantina. Eran ya otros tiempos.

Primero fue la Casa del Rey, construida en 1591, destinada a almacén o alfolí de la sal, junto a la orilla del mar y de terrenos que formarían la antigua plaza de las Barcas; luego, de Isabel II, con su fuente de 1918 y la escultura de Vicente Bañuls; y finalmente, de Gabriel Miró.

Aquel sólido edificio, en años sucesivos y un poco como la casa de La Asegurada, desempeñaría diversos usos, a muchos de los cuales ya les hemos dedicado algunas de nuestras habituales columnas: cárcel, teatro, hospital, según las diversas fuentes consultadas.

Por último y desde octubre de 1920, casa de Correos y Telégrafos, hasta hoy. El proyecto se debe al arquitecto de Madrid, don Luis Ferrero, y su realización al contratista de obras don Tesifonte García, a quien se le adjudicó en subasta, por doscientas cincuenta mil pesetas, en cifras aproximadas.

Según el cronista oficial de la provincia, don Gonzalo Vidal, el acto de colocación de la primera piedra tuvo lugar el veinte de mayo de 1917. En aquel acto, como es preceptivo, estuvieron presentes las autoridades de todo orden e hicieron uso de la palabra el director general de Correos y Telégrafos, señor Navarro Reverter, el alcalde de la ciudad y el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, quien además depositó la primera paletada de cal, en el edificio que entonces se iniciaba.

Así consta en la paleta de plata que el ya citado contratista le regaló: «Con esta paleta, depositó el excelentísimo señor Francos Rodríguez, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, la cal para la colocación de la primera piedra de la Casa de Correos y Telégrafos de esta capital, por él concedida, siendo director general de Comunicaciones. Alicante, a veinte de mayo de 1917». Francos Rodríguez, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, fue también diputado a Cortes por Alicante.

Con anterioridad, el correo estuvo situado en el llamado horno de San Nicolás, esquina Montengón; después, en la calle de Abad Nájera; en la desaparecida de Guzmán; posteriormente, en la de Labradores; y, por último y hasta su traslado a la plaza de Gabriel Miró, en la de San Fernando, frente al Casino.

En cumplimiento de un acuerdo municipal de 1930, el cinco de abril del año siguiente, se rindió homenaje a la persona de Don Antonio Rico Cabot.

En medio de un clima de inestabilidad política, el Ayuntamiento, en corporación «marchó en automóvil, a las estribaciones del monte Tosal (castillo de San Fernando), a depositar coronas de flores, en el monumento allí levantado al doctor Rico».

Varios centenares de alicantinos también acudieron al acto, precedidos de otra corona de flores con la que el Orfeón de Alicante recordaba a su fundador.

El alcalde, Ricardo Pascual del Pobil, representante de los restos del partido liberal dinástico, dijo, en su alocución: «(...) La figura de don Antonio Rico se halla permanentemente grabada en la memoria de cuantos le conocimos y tratamos. Descollaba en él la bondad atesorada a raudales en su corazón del hombre noble y generoso. Lo mismo para los pobres que para las gentes de elevada posición social; igual para quienes con él coincidían en ideas que para aquellos que profesaban las opuestas a las suyas; para todos, en fin, tuvo siempre el doctor Rico su ciencia y su caridad, dispuestas a mitigar penas y defender vidas». Hubo, después, un minuto de silencio.

Entonces, y considerando el ideario del doctor Rico, alguien de los presentes, propuso que se guardara otro minuto de silencio «por los mártires de Jaca, Galán y García Hernández».

Y se guardó respetuosamente. La Segunda República quedaba tan solo a una semana.

Finalmente, se cerró aquel homenaje que debía ser anual, con unas palabras del presidente del Orfeón, don Pascual Ors Pérez.

Al día siguiente, «El Luchador» daba cuenta del homenaje. Le precedían, unas líneas, firmadas con iniciales, en las que se podía leer: «El doctor Rico, amante de la República, sentirá, viendo formarse, crecer y abrir su color al sol, esta flor liberal que su Alicante y sus ideas despiertan a las ansias que él predicó. Sobre la tumba del doctor Rico ha florecido la flor roja de la República (...)».

El doce de aquel mismo mes, y tras la jornada electoral, las urnas rubricaban, sin lugar a dudas, la certeza de aquellas palabras. El triunfo de la candidatura republicana-socialista resultó aplastante.

El quince de enero de 1932, el presidente de la República, don Aniceto Alcalá Zamora, inauguró oficialmente el actual Palacio Provincial, diseñado por el arquitecto Juan Vidal Ramos. Claro que ya funcionaban sus oficinas, desde algunos meses antes.

Pero, ¿cuáles fueron los lugares donde estuvo situada la Diputación desde su creación? Nos referimos a la que se formó, por real decreto del treinta de noviembre de 1833, cuando Alicante fue designada capital de provincia de segundo orden. Y ello porque la Diputación aparecida en el trienio liberal, fue disuelta muy pronto por la fuerza de las armas absolutistas.

Al hilo de los datos y referencias de varios autores y fuentes consultadas, la corporación provincial se constituyó en 1836, en el salón de actos de la Casa Consulado (hoy, Audiencia Provincial), presidida por el subdelegado de Fomento, a la sazón, don Ramón Novoa (...). Era el día 18 de enero del referido año.

Sus oficinas y dependencias se instalaron en la actual Rambla o avenida de Méndez Núñez, en una casa «lindante con el Convento de las Capuchinas». De allí pasarían al mismo edificio que ocupaba el Gobierno Civil, en la calle de Jorge Juan, en el palacio de los marqueses de Beniel. «En 1856, al trasladar sus oficinas al Gobierno Civil, a la casa de la calle de Gravina, esquina a la de Bendicho, hizo lo propio la Diputación, instalándose en el piso primero del edificio del que dejamos hecho mérito».

En 1870, «por virtud de las leyes descentralizadoras vigentes y de la relativa autonomía que disfrutaban municipios y provincias», se trasladó de nuevo al palacio de los marqueses de Beniel, donde permaneció durante quince años (más tarde, en aquel solar se edificaría el Teatro Nuevo).

Por último, se desplazaría sucesivamente a la calle de López Torregrosa, junto al Teatro Español; de nuevo, a la avenida de Méndez Núñez; y de allí «al edificio que ha ocupado hasta octubre del corriente año (1931), en la calle de Villegas, propiedad de don Manuel Curt Amérigo que lo arregló para tal objeto». Después, y como dijimos al principio, ocuparía el palacio actual, en la avenida de la Estación.

Murió de golpe, hace apenas unos días. Murió como nos había vaticinado en más de una ocasión. Pero murió con las manos llenas de amistad, de cariño y de proyectos. Esta columna no se quiere necrológica, sino testimonial. En ella se deja memoria, mínima, pero fiel y emocionada, de Vicente Huesca Falcó, alicantino de pura cepa, palomonero de ascendencia y vocación, jubilado de la Fábrica de Tabacos, militante activo de nuestra historia y de nuestro pueblo, hombre enterizo y cabal, investigador sencillo, escrupuloso y obstinado.

Quienes lo conocíamos, y somos muchos, sabemos de su perseverancia y disposición para olfatear pistas y datos, en el siempre apasionante universo de los viejos papeles. Vicente Huesca disfrutaba con el hallazgo inesperado, con el documento revelador, con la constatación de un episodio de nuestra crónica. Disfrutaba, muy especialmente, conversando acerca de temas y personajes alicantinos, muy en particular del siglo XIX. Desde hacía meses, Vicente Huesca dedicaba su atención a la figura de Manuel Carreras, de quien tenía ya una abundante información. Tanto es así que en nuestra última entrevista, mantenida, como de costumbre, en el vestíbulo del Archivo Municipal, lo invitamos a que ordenara todos aquellos apuntes y a que escribiera un esbozo biográfico de quien fue alcalde de nuestra ciudad y significado progresista, dirigente de movimientos liberales y político que sufrió numerosas vicisitudes. Pero Vicente Huesca no se mostraba nada inclinado a la redacción. Y repetía entonces que a él lo que le gustaba era investigar. Después de aquella charla, a mediados del pasado mes, ya no le volvimos a ver. La repentina noticia de su muerte nos dejó sumidos en el estupor y la tristeza.

No buscaba el prestigio, ni el reconocimiento público, ni el halago. Tan solo su propia satisfacción y la de sus numerosos amigos, a los que siempre prestaba su generosa colaboración. Han sido meses y años, viéndonos en las salas del Archivo Municipal, casi a diario. Nos ha dejado el ejemplo de un alicantino que cuidaba, con esmero y exigencia, nuestro patrimonio histórico, desde la sencillez y el silencio. Por eso, estamos seguros de que nuestro recuerdo también lo comparten los funcionarios del Archivo y cuantos allí acuden habitualmente. Ni Vicente Huesca Falcó, ni su trabajo, de paciente y facundo investigador, ni su talante bondadoso y abierto pueden nunca quedar en el olvido.

El Plan Hidrológico Nacional es una vieja aspiración que, por una causa u otra, hasta ahora, no se ha querido o no se ha podido llevar a la práctica. Las pertinaces sequías y la falta de agua para riego y consumo, constituyen, de antiguo, un problema enquistado y de difícil solución.

Estamos asistiendo a los conflictos que ha generado el reciente trasvase de recursos hídricos, mientras nuestras huertas se pudren.

El veintisiete de septiembre del año 1931, en la localidad vecina de San Juan se celebró una exposición pública de la política hidráulica, puntualmente referida a la huerta alicantina.

Tuvo lugar en el Teatro Cervantes, y los agricultores abarrotaron el local. Urgían respuestas. Habló de entrada el alcalde del citado pueblo, Juan Sevila, quien presentó a los participantes en aquel acto.

Particularmente contundente en sus apreciaciones estuvo el joven médico valenciano, doctor Ferragut, que «hizo un estudio detallado y concienzudo, parándose a comparar los que son los riegos en el alto Aragón, donde no se aprovecha la riqueza de este líquido, porque desconocen los sistemas de riego, y lo que son en Valencia y Murcia, y lo que serían en este rincón de Alicante, si las hubiera en abundancia». Fermín Botella, quien le sucedió en el estrado, denunció a los caciques como causantes de la situación de abandono en que se encontraba el pantano de Tibi y «dio a conocer un proyecto gigante, llevado a cabo por unos ingenieros, para captar las aguas del Tajo, en Aranjuez y regar, a más de la provincia de Albacete, estas tierras de Alicante».

Después de hacer uso de la palabra Ángel Pascual Devesa, habló Lorenzo Carbonell quien afirmó que aquellos momentos no eran de milagros, sino de trabajo.

«La prosperidad de la huerta de Alicante no se encontraba en las aguas del pantano, casi obstruido del todo. Había que buscarlas y canalizarlas, como fuese y donde estuviesen».

El popular alcalde republicano terminó su encendido discurso diciéndoles a los huertanos «que no tuviesen miedo a nada, que el caciquismo estaba sepultado; que los señoritos se fuesen a sus casas y que se dedicasen a cuidar macetas y plantas de adorno; y que dejasen paso franco a los regantes, a los hombres que necesitan los frutos que les han sacado de la miseria». La historia continúa.

El escultor Mariano Orts murió en la capital de Uruguay, en circunstancias lamentables, en 1917.

Sabemos, por Adrián Espí Valdés, que Orts estudio en la academia que Lorenzo Casanova fundó en nuestra ciudad a su regreso de Roma. Por convenio con la Diputación Provincial, Casanova se obligaba a «enseñar gratuitamente a quince alumnos», que designara la institución. «Y así se registraron los nombres, entre otros de Heliodoro Guillén Pedemonti -pintor singular e ilustre catedrático-, Manuel Harmsen Bassecourt, Adelardo Parrilla Candela -gran bodegonista, sucesor de Casanova en la enseñanza-, Andrés Buforn Aragonés -posiblemente el único «marinista» que ha dado la ciudad-, Lorenzo Aguirre Sánchez, Sebastián Cortés Sevilla, Bernardo Carratalá Poveda; los escultores Bañuls, Juan Planelles, Reus, Fernández y Oliver, Samper y Orts...».

«La Escena pompeyana que estaba en la escalera del palacio de la Diputación, cuando ésta se encontraba en la calle de Villegas, es de Mariano Orts Masiá (1882-1917), autor igualmente de la medalla-retrato del pintor Casanova, su maestro, que figuró en la sepultura del artista alcoyano».

Se nos desvanecieron las pistas del escultor, precisamente cuando acompañamos los restos funerales de Casanova a su ciudad natal, por el año 59, creemos recordar. Por fin, los recuperamos en el acta municipal, correspondiente a la sesión plenaria del día veinticinco de mayo de 1917. El acta dice: «Se da cuenta de una comunicación de la Junta Económica Administrativa (como corporación municipal) de Montevideo, dando cuenta de lo realizado por cumplir el encargo que recibió de este Ayuntamiento de depositar una corona en la tumba del escultor alicantino fallecido en dicha ciudad, don Mariano Orts Mayor (citamos textualmente) y anunciando que su familia ha quedado desamparada y haberse abierto una suscripción para socorrerla. El presidente (Ricardo P. del Pobil y Chicheri) expresa que el Ayuntamiento se muestra agradecido al interés que la ilustre municipalidad de Montevideo ha demostrado en este asunto y a los sentimiento de confraternidad tan conmovedoramente expresados (...)». El edil Ferré que promovió el encargo a la ciudad del Plata, se mostró satisfecho y propuso, y así se acordó, que se le dieran las gracias y que se enviaran copias de la comunicación a la Prensa. Por supuesto, se acordó también enviar una cantidad «a la familia del desgraciado artista para aliviar su situación».