La Gatera. 1995

Enrique Cerdán Tato

Cita el que fue limpio amigo y también cronista oficial de Alicante, Joaquín Collía, en su obra «Fiestas de Toros en Alicante, 1605-1900», un documento del conde de Montarco, fechado en Madrid, el veintisiete de julio de 1804, casi en vísperas de la fatal epidemia de fiebre amarilla, mediante el cual se autoriza al gobernador para celebrar ocho corridas de novillos, «con la prevención precisa de que no se permita se tenga vaca, toro ni novillo de muerte».

Semanas antes, el mismo conde de Montarco, se dirigió al gobernador, José Betegón, al que informa de lo siguiente: «La justicia y el Ayuntamiento del pueblo de la Universidad de San Juan solicitan en el recurso adjunto se les permita torear veinte corridas de novillos, con el fin de invertir su producto en la reedificación de la iglesia parroquial; y lo remito a VS. para que me informe cuanto se le ofrezca y parezca, devolviéndome dicho recurso».

Betegón le contestó un mes más tarde, concretamente el dieciséis de junio de 1804: «(...) debo manifestar a V.E. que la estación de verano es la más propia para que los pueblos, después de recogidas sus cosechas, tengan algún desahogo en diversiones honestas que al paso que les distraiga de sus fatigas, les proporcione alguna utilidad. De esta clase es la que suplica dicha Universidad (Universidad en la acepción del diccionario de la Real Academia, en cuanto "conjunto de poblaciones o de barrios que estaban sujetos por intereses comunes, bajo una misma representación jurídica"), pues el producto de las corridas de novillos debe invertirse en el piadoso objeto de la fábrica de su iglesia; y en esos términos y observando la junta el buen orden y mayor quietud en las funciones, no se me ofrece reparo en que V.E. tenga a bien adherirse a la referida solicitud de la justicia y Ayuntamiento de San Juan, reduciendo las corridas a solo ocho o diez, en el presente verano, que es cuanto se me ofrece informara a V.E., con devolución del recurso para que, en su vista, se sirva resolver le que mejor fuere de su agrado».

La fiesta de toros prohibida por Carlos III, y por el obispo de Orihuela José Tormo Juliá, sería de nuevo autorizada por Carlos IV, en 1792, para de nuevo ser prohibidas, por Real Decreto de Fernando VII, en 1814, proporcionaba fondos para obras públicas y piadosas. No sólo Alicante y San Juan, sino que en otros muchos lugares de la comarca se celebraban festejos de tal naturaleza. En septiembre de 1803, consta documentalmente la petición de las autoridades municipales de «una partida de un cabo y ocho soldados para la custodia, en este pueblo, de las funciones de novillos».

Entonces no había revistas del corazón, que de haberlas habido hubieran llenado portadas. Fernando VII usaba peletó, artimañas y esposas, con soltura y largueza.

El siete de octubre de 1819, se dirige a los alicantinos: «Concejo, industria, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de la fiel y amada ciudad de Alicante: habiéndose celebrado el veintiocho de agosto último, en la corte de Dresde, mi desposorio con la serenísima princesa doña María Josefa Amalia de Sajonia, la reina, mi muy cara y amada esposa, y teniendo por cierto que ha de ser para servicio de Nuestro Señor, bien de la cristiandad y conveniencia de mis reinos, que es el único fin que tengo en todas mis acciones, os lo he querido participar, por lo que sé os habéis de alegrar de tan acertada resolución, pues en ninguna más que en ésta puedo mostrar el amor que tengo a mis vasallos. Yo el Rey».

De inmediato, el Ayuntamiento de Alicante nombró una diputación para testimoniar al soberano sus plácemes. La diputación estaba integrada por los marqueses de Valparaíso y de San Martín, y por don Rafael Morant y don Rafael Bernabeu. El citado marqués de San Martín contestó al consistorio manifestándole: «He recibido por mano del teniente coronel don Rafael Bernabeu la apreciable carta de vuestras señorías, por la cual veo la elección que de mí han hecho de tener el honor de ser uno de los cuatro individuos que forman la diputación, para que a nombre de esa ilustre ciudad, se haga presente a su majestad el mucho placer y satisfacción que han tenido esos fieles vasallos por el deseado enlace (...)». En los mismos o muy parecidos términos se pronunciaron los otros comisionados. Era noviembre de 1819.

Meses antes, el veintiocho de diciembre de 1818, el rey comunicó al Ayuntamiento de nuestra ciudad: «Habiéndose servido nuestro Señor de pasar de ésta a mejor vida a la reina, mi muy cara y amada esposa, en la noche del día veintiséis del corriente, a las nueve y veinticinco minutos de ella (...)». Lo notifica, con objeto de que se dispusiera lo necesario para la celebración de las honras fúnebres y «demostraciones que en semejantes casos se acostumbra». Se refería a la infanta de Portugal, María Isabel Francisca, con la que se casó en septiembre de 1816.

Fernando VII, entre ejecución y ejecución de liberales, aún seguiría practicando sus hábitos casamenteros. Lo que se perdió la prensa del corazón con tantas bodas reales.

Ahora que de nuevo se va a proceder a la adjudicación de varias administraciones de lotería, tras las irregularidades observadas en 1986, oscuro asunto que le costó al entonces gobernador civil Octavio Cabezas, descubrimos una interesante documentación de la que dejamos aquí constancia y que forma parte de la crónica de nuestra ciudad y provincia.

En 1763, bajo el reinado de Carlos III, se estableció en Madrid la real lotería primitiva, que consistía en extracciones, en cada una de las cuales se agraciaban, por suerte, cinco números de los noventa que entraban en juego. En 1800, el gobernador de la plaza de Alicante recibió «ejemplares de los días en que habían de celebrarse las diez extracciones ordinarias de la Real Lotería en el próximo año de 1801 y las dos extracciones extraordinarias que su majestad ha mandado aumentar». Las extraordinarias tenían lugar los días doce de enero y trece de julio; las restantes, una por cada mes del año.

El catorce de febrero de 1800 y por real orden del cinco del mismo mes, «se confirió a don Juan Berdú (quizá fuera Verdú) la administración particular de la renta de la lotería de la villa de Monóvar agregada a la principal de esta ciudad que está a cargo de don Francisco Mallafré, lo que le participamos a VS. (el escrito está dirigido al subdelegado de las rentas de la lotería en Alicante), a fin de que enterado de ello, se sirva dar al nuevo administrador los auxilios necesarios (...)», está fechado en Madrid.

En marzo, Alicante reclama una segunda administración, tal y como se recoge en el siguiente oficio, procedente también de Madrid, el veintiuno de dicho mes y con el mismo destinatario: «Enterado su majestad de la solicitud de algunos vecinos de esa capital, para que se establezca en ella segunda administración de la real lotería, y visto que con presencia de los que VS. nos manifestó, expusimos nosotros, atendidas todas las consideraciones que produce el asunto, se ha servido resolver, según nos lo ha comunicado el catorce de este mes, el Excmo. señor don Miguel Cayetano Soler el que subsistiendo la administración principal situada en la plaza de San Cristóbal, se establezca otra particular subalterna en la plaza de la Fruta (hoy, de la Santísima Faz) o en la del Mar o en cualquiera de estas dos inmediaciones, confiriéndosela a don Antonio Michel, para que la sirva bajo las órdenes del principal, en uno de los dos pasajes expresados y con independencia de todo comercio, aunque hasta aquí se ocupó en él, afianzando completamente a favor del administrador principal, y que VS., como subdelegado, auxilie dicho establecimiento, proporcionando en caso preciso cada cómoda en uno de los parajes señalados. Para el cumplimiento de esta resolución pasamos los avisos correspondientes al administrador principal Mallafré y a Michel para que se active la fianza y proporcione casa para recibir juego (...)».

Tras la abdicación del rey Amadeo de Saboya, se proclamó la primera República Española, el once de febrero de 1873, por la Asamblea nacional. El nuevo régimen, no produjo trauma alguno en nuestra ciudad, en parte debido al talante moderado de Eleuterio Maisonnave, líder del Partido Republicano en Alicante.

Un mes después, se procedió a la organización de la antigua milicia nacional, con el nombre de Voluntarios de la República, y cuyo objeto era defender al Gobierno, combatir a los carlistas y custodiar edificios y dependencias públicas. El diecisiete de marzo del ya citado año, en los salones de las Casas Consistoriales «bajo la presidencia de don Francisco Heredia, primer teniente de alcalde y presidente accidental del Ayuntamiento, se reunieron los señores de la comisión encargada de la organización de los Voluntarios de la República, para proceder al nombramiento de jefes y ayudantes del Batallón de Voluntarios de esta capital, previa citación de los individuos que lo componen y con arreglo a lo prevenido en el decreto orgánico de la fuerza ciudadana, de diecisiete de noviembre de 1968».

Tras la oportuna votación, en la que participaron trescientos cuarenta y siete voluntarios, salieron elegidos: Gaspar Beltrán, para primer comandante, con trescientos un votos; Juan Mas Dols, para segundo comandante, con doscientos diecinueve; y para los cargos de primero y segundo ayudantes, respectivamente, Antonio de Espino, con doscientos cincuenta y uno, y Eduardo Oarrichena, con doscientos treinta y uno.

«En este estado -se recoge en el acta- se presentó la protesta, que se une a continuación, por el ciudadano Manuel Lozano Giner y suscrita por otros varios ciudadanos». La referida protesta se fundamentaba en la falta de validez de aquellas elecciones «por la presión ejercida por los señores oficiales, al llevarles formados a votar, y repartir la candidatura en el mismo local de la elección».

Sin embargo, la protesta no prosperó. El veinte de marzo, se reunió nuevamente la comisión con el alcalde accidental ya dicho y acordaron «tras estudiarla y discutirla atentamente, declararla destituida de fundamentos legales y, por consiguiente, que debe desde luego expedirse los correspondientes nombramientos a los señores que han sido elegidos».

En septiembre de 1868 un pronunciamiento militar y un movimiento revolucionario popular fulminaron la monarquía isabelina e iniciaron el llamado sexenio democrático que terminaría, en 1874, con el golpe de Pavía y la subsiguiente Restauración borbónica.

En nuestra ciudad, y tras la disolución de las juntas revolucionarias, se celebraron, por vez primera, elecciones municipales por sufragio universal, aunque de él estaban ausentes las mujeres. De tales comicios, surgió un nuevo Ayuntamiento, presidido por el joven líder del naciente Partido Republicano, Eleuterio Maisonnave. Desde entonces y hasta el final del sexenio, salvo unos meses en que lo presidió el monárquico constitucional don Miguel Colomer, el poder local estaría en manos de los republicanos. En enero de 1870, Maisonnave sería nuevamente elegido alcalde de la ciudad.

El veintinueve de junio del referido año, el gobernador civil don José Gabriel Balcázar, recibió del alcalde la siguiente notificación: «Me veo en la precisión de manifestar a Vs. la conducta seguida por algunos señores concejales respecto al cumplimiento que les impone su cargo. A pesar de hacerse las citaciones en la forma convenida, recomendando la precisa asistencia, por la urgencia e interés de los asuntos pendientes de resolución, apenas se sirven concurrir concejales en número suficiente para celebrar sesión. Estas continuas faltas retrasan los asuntos, y como la ley municipal vigente no es muy explícita en la manera de evitar esta negligencia, tengo el honor de dirigirme a Vs. para que o bien adopte las medidas que juzgue necesarias o bien se sirva indicarme las medidas de que puedo valerme, para que estas faltas tan censurables no vuelvan a repetirse (...)».

Entre los ediles más proclives a los «novillos» figuran, en la relación adjunta, Miguel Colomer, Blas Loma y Corradi, Juan Alberola, Enrique Lagier, Francisco García y Román Bono, conspicuo republicano y representante de la burguesía mercantil. El alcalde insiste en la necesidad «de corregir este olvido a los que así desatienden el cargo que el pueblo les confió».

El gobernador Balcázar, al día siguiente, le contestó al alcalde diciéndole que había acordado encargar a los citados la puntual asistencia a las sesiones corporativas, «puesto que el cargo es obligatorio, según la ley, pues me sería muy sensible tomar alguna medida que pusiera a salvo los intereses del municipio que en la actualidad tienen una importancia de todos conocida».

El primero de enero de 1901, se constituyó la Junta de Obras del Puerto de Alicante, sin embargo sólo transcurridos tres años se publicaría la primera Memoria de la misma y ello «porque durante este tiempo no se hizo necesario tal trabajo, pues dedicada la Junta y la dirección facultativa a la organización de toda clase de servicios que de aquélla dependen, y al estudio y redacción de proyectos, no se habían realizado obras de importancia, y, por lo tanto, las Memorias que en estos tres años hubieran podido publicarse, habríanse reducido a reseñas sin interés y sin finalidad; pero inauguradas ya las importantes obras de ensanche del puerto (...)».

En esta columna, nos hemos referido ya en alguna que otra ocasión, a la antigua Junta de nuestro puerto. Sobre la particular, dice la Memoria: «El puerto actual comenzó a construirse en el año 1803, a cargo de la llamada Junta Protectora, pasando después de terminadas las obras a la Jefatura de Obras Públicas, que atendió a su conservación hasta la entrega del puerto a la recién constituida Junta». La antigua Junta protectora atendía a sus gastos a bases de impuestos especiales por fondeadero, por faros, por carga y descarga, por capitanía del puerto y por servicios de sanidad, aparte de los derechos de practicaje y amarradura. En 1868, se suprimieron estas gabelas y fueron sustituidas, por un veinticinco por ciento de los derechos de descarga.

En la citada primera memoria se relata: «Con los vapores que dentro de puerto entraban, se dio repetidamente el caso de que, al efectuar las maniobras de salida, embarrancaran en el fondo, por la suciedad de éste; y sobre todos estos inconvenientes existía y sigue existiendo el de los pestilentes olores que despiden las aguas (...)». «Todos estos hechos motivaron un levantamiento general del pueblo de Alicante: la Prensa local venía un día y otro día quejándose de las deficiencias y condiciones antihigiénicas del puerto, el comercio señalaba los perjuicios que le irrogaban la insuficiencia de calado y de la línea de muelles aprovechables, los consignatarios reclamaban las comodidades y facilidades que los buques encuentran en otro puerto y los obreros protestaban de que las malas condiciones no hacían aquí escala algunas líneas de vapores, perdiendo por esa causa un crecido número de jornales».

El trece de diciembre de 1900 se creó la actual junta y el cinco de enero siguiente «se firmó el acta de entrega del puerto, de sus obras y servicios a la mencionada corporación». Alicante enfilaba así el nuevo siglo.

El veintinueve de mayo de 1869, el alcalde popular de Alicante, don Francisco García López anunció la subasta del servicio de alumbrado público por petróleo para «el año económico que principia el primero de julio próximo y finaliza el treinta de junio de 1870». El inventario de los afectos de tal servicio estaba formado por: «Ochenta y tres faroles de reverbero grandes con quinqués todos iguales, con tubos, tejas y cristales; noventa y ocho faroles pequeños, con quinqués grandes, todos iguales; cuatro, escaleras de mano útiles; y una escalera de tijera útil».

En los pliegos de condiciones, entre otras muchas cosas, se estipula «que el petróleo para el consumo ha de reunir todas las cualidades de superior calidad que la perfección del servicio reclama». Y seguidamente se advierte: «El servicio del alumbrado público es diario, a excepción de los días de luna que cesará desde el segundo del cuarto creciente, hasta el tercero después de la luna llena, ambos inclusive».

«Todos los faroles deberán quedar encendidos al obscurecer, permaneciendo con luz clara y completa, hasta la una de la madrugada. El Jueves Santo y la Nochebuena durará el alumbrado hasta el amanecer, cualquiera que sea el estado de la luna».

Pero la modernidad ya se imponía. Por eso se precavía en el punto dieciséis que «próximo a establecerse el alumbrado por gas, en toda la población que todavía no disfrute de esa mejora, el contratista queda obligado a sufrir, en el precio mensual de su contrato, la baja que corresponda al número y clase de luces que se vayan suprimiendo y reemplazando».

Y así, llegó el día de la adjudicación. Según se recoge en acta correspondiente al treinta de agosto de 1869, el diez de junio, en presencia de la comisión, «se presentó Rafael Maymon, de esta vecindad y puso sobre la mesa un pliego que, después de numerado, quedó depositado, y transcurrida la hora, sin que se presentara ninguna otra proposición, se dio por cerrado el acto. Don Rafael Maymon se compromete a desempeñar el servicio de alumbrado por petróleo, por la cantidad de mil ochocientos ochenta y cinco escudos anuales». Y como no había ninguna otra proposición más ventajosa, se acordó adjudicar y se adjudicó al referido señor el dicho servicio. Días después, se dirigió un escrito al gobernador civil, dándole cuenta de que se había aprobado el expediente de remate del alumbrado.

Cuidado, que ya viene como cada año. Cuidado y recuerden aquella de 1918. La gripe, en sus últimos meses, causó entonces trescientos cuarenta y tantos muertos. El veintitrés de septiembre de aquel año, en el pleno municipal, el edil Pérez Molina, ante los estragos que se presumían, presentó una moción en la que proponía que se tapasen las bocas de los sifones, que no se barriera si antes no se habían regado abundantemente las calles, que se prohibiese la entrada de cabras en la ciudad y que se trasladase el mercado provisional de abastos del paseo de Méndez Núñez (la Rambla) a otro punto de la población que «podía ser la calle de Alfonso el Sabio». Salvo el último punto que el alcalde constitucional, Antonio Bono Luque, consideró de muy difícil realización, los restantes se estimaron oportunos, junto a los que agregó el también concejal Elizaicin: que se desinfectaran los baratillos de la ciudad y aquellas casas en las que ya se hubiese registrado algún caso de contagio.

Los dos citados miembros de la corporación, con su compañero Llorca, el inspector municipal de sanidad, el médico decano del cuerpo de la beneficencia municipal y el director del instituto de higiene constituyeron una comisión que, con respecto al mercado, introdujo mejoras sanitarias que constituían en «suprimir los actuales depósitos de mercancías de todo género y prohibirlos terminantemente para lo sucesivo; quitar las puertas de las casetas y cortar los mostradores, reduciéndolos a cuenta centímetros de piso, para que al agua pueda limpiarlos convenientemente; y que en la zona destinada a venta de frutas y hortalizas no se permitiera el depósito de tales mercancías, sino colocándolas sobre un tablero, para que pudiera baldearse el piso completamente».

Por su parte, José María Caballero, gobernador civil de la provincia, con fecha uno de octubre, notificaba a la Delegación Regia de Primera Enseñanza «la clausura de las escuelas y colegios públicos y privados, hasta tanto desaparezcan las causas que motivan la adopción de esta medida de prudencia». Igualmente, prohibió la visita a todos los cementerios en el día de Todos los Santos y de los fieles difuntos; y ordenó que los cadáveres de las personas muertas por infección, se condujeran a sus enterramientos por los caminos más cortos. Los coches fúnebres debían inmediatamente lavarse, después de cada conducción, «con una fuerte solución antiséptica».

Alicante vivió unos meses de alarma y luto. Era la gripe.

La tradicional feria de la Santa Faz que se celebraba entre los días diecinueve de abril y tres de mayo, se suspendió en 1871 para potenciar la de la Virgen del Carmen, que tenía lugar en el mes de julio. Ya hemos contado aquí mismo («La Gatera», 24-11-94) que, bajo la presión de los comerciantes de Valencia y Murcia, el alcalde Miguel Domanski, decidió en bando del dieciséis de marzo de 1874 restaurarla «en la época y sitio que de inmemorial venía celebrándose, suprimiendo la de Nuestra Señora del Carmen (…)».

El marco adecuado era la plaza del Mar y la de Alfonso XII, de acuerdo con la nueva documentación consultada en el Archivo Municipal. En 1881, la Feria de la Santa Faz tuvo un considerable relieve. El dieciséis de marzo de aquel año, don Blas de Loma y Corradi, presidente de «La Bienhechora», se dirigió al Ayuntamiento, en los siguientes términos: «La junta de gobierno de esa sociedad, con el fin de allegar la mayor suma de recursos, con que poder atender las múltiples y crecientes atenciones propias de su índole e institución, ha acordado, como en años anteriores, levantar un quiosco propiedad de la misma, para establecer una rifa de objetos a beneficio de los pobres, en la próxima Feria de la Santa Faz, que como es costumbre en esta capital, se celebra anualmente».

Por su parte, doña Marta Barré de Miralles, presidenta de la Asociación de Nuestra Señora del Remedio, para el socorro de niños pobres, también solicitó autorización, para «establecer, sin pago de derechos, su tienda, desde la fachada de la casa del señor marqués de Río-Florido, en el espacio comprendido entre su puerta y el pórtico consistorial, según ha venido haciéndose en años anteriores».

Un singular feriante, el señor Gregorio Orozco, de Cartagena, pidió permiso para instalar su museo mecánico, de seis metros de ancho por catorce de largo, «atendidas las proporciones del casetón que hay que establecer».

Aquel año, según la relación municipal, se montaron un total de noventa y tres puestos de los más diversos géneros: platería, modas, armas, abanicos, juguetes, dulces, dátiles, cubiertos, guantes, quincalla, zapatos, metales, garbanzos y muchas chucherías, «en la plaza de Alfonso XII, en las proximidades de los pórticos consistoriales y en la calle de Jorge Juan».

La sociedad de los Nueve, a que ya hemos dedicado bastante espacio en nuestra habitual crónica ciudadana, se encargó de los servicios urbanos de tracción animal hasta que fue absorbida por una empresa belga, hacia 1913, es decir, unos diez años antes del inicio de su electrificación. La misma empresa inauguraría el tranvía de la huerta, aquel que unía Alicante con Muchamiel. De todo ello, disponemos de una documentación muy completa y detallada que recientemente crece, con el hallazgo de unos papeles referentes a don Alfonso Sandoval y Bassecourt, barón de Petrés, concesionario de esta última referida línea, y que en 1900 era alcalde constitucional de Alicante.

En aquel año precisamente, el ingeniero jefe de Obras Públicas le dirigió al alcalde, el oficio que reproducimos en su integridad y que dice así: «Vista la instancia promovida por don Alfonso Sandoval y Bassecourt, barón de Petrés, concesionario del tranvía de Alicante a Muchamiel, solicitando una nueva prórroga de dos años, para terminar las obras del mismo. Visto el informe que acerca de esta petición ha emitido el ingeniero jefe de Obras Públicas de esa provincia, en el que, después de hacer algunas observaciones a lo expuesto por el peticionario, manifiesta que, en méritos de equidad, puede concederse la citada prórroga, y considerando que en tal concepto y puesto que con la concesión no se perjudican los intereses del Estado ni de tercera persona y, antes bien, se benefician los de la localidad, que resultaría más perjudicada con la caducidad del tranvía y el aplazamiento indefinido de su terminación, no hay inconveniente en acceder a lo solicitado, si bien por un plazo menor del que se pide (…)».

El barón de Petrés efectivamente ya había solicitado, como se especifica en el oficio, un aplazamiento que se le concedió, por real orden del treinta de junio de 1899. Aplazamiento de un año que terminaba el quince de enero de 1901.

El escrito concluye: «Su majestad el rey, y en su nombre la reina regente del Reino, conformándose con lo propuesto por esta dirección general, ha tenido a bien conceder a don Alfonso Sandoval un año de prórroga, para que pueda terminar las obras del tranvía de Alicante a Muchamiel de la que es concesionaria, cuya prórroga habrá de contarse desde el día en que termine la anteriormente concedida de que se ha hecho mención». El escrito está firmado, como ya hemos dicho, por el ingeniero jefe de Obras Públicas, don Juan Miró, padre del escritor Gabriel Miró. La línea se inauguró en 1902.

Desde los primeros días de diciembre de 1823, en que llegó a nuestra ciudad hasta finales de noviembre de 1832, en que casi salió por piernas, el gobernador militar y corregidor de Alicante, don Pedro Fermín Iriberry ejerció una feroz represión sobre los vecinos que habían pertenecido o simplemente simpatizado con el liberalismo y la Constitución de 1812. De la llamada «Década ominosa», los nueve primeros años Iriberry dio muestras de una crueldad y de un despotismo inconmensurables. Cronistas e historiadores coinciden en su brutalidad y en la de sus ministros colaboradores.

El veintiséis de diciembre del citado año, según documentación aportada por Nicasio Camilo Jover, «por la tarde, había unos mozos jugando a las altas, en el barrio llamado Nuevo. A la sazón se incorporaron con ellos dos tambores del batallón, llamado uno de ellos Antonio Ripoll, alias Flaret, y cuando les tocaba tirar el dinero, ponían un cuarto que tenía dos caras, de lo que resultó que siempre ganaban. Advertida por los mozos esta artimaña la resistieron y trabaron pendencia. Uno de los tambores desenvaina el sable, los mozos le acometen, él huye y en su fuga clama revolución». Imagínense qué buen pretexto. «Acto continuo el gobernador y alcalde mayor aparecen en el sitio y dando el carácter de revolución a esta riña, mandan tocar generala y proceden desde luego a apelar y prender a los vecinos del barrio, que habían salido a recoger a sus hijos; y a otros que se hallaban en la calle movidos de la curiosidad».

Aquella misma noche, unos doscientos ciudadanos fueron detenidos y conducidos a la cárcel de los castillos de San Fernando y Santa Bárbara, y al edificio de La Asegurada. Muchos liberales huyeron de la ciudad, para hurtarse de las represalias urdidas al calor de la venganza y del odio que Pedro Fermín de Iriberry sentía por cuantos no se sometían al absolutismo de Fernando VII.

Bajo su despiadado gobierno, Alicante vivió otros muchos sobresaltos y numerosas persecuciones. Durante 1825, se ejecutaron numerosos partidarios del progreso y de la libertad. Entre ellos, muchos de quienes habían desembarcado en Guardamar, al mando de Antonio Fernández Bazán, episodio que ya hemos recogido en estas columnas. Por fin, en noviembre de 1832, le sustituyó al frente de la plaza el mariscal don Mateo Ramírez. Alicante sufrió una pesadilla de nueve largos y penosos años.

La terrible epidemia de gripe a la que nos referimos hace unos días también afectó gravemente a la isla de Tabarca. Tal se desprende del informe que el decano del cuerpo facultativo de la Casa de Socorro redactó para el alcalde, con fecha dieciocho de septiembre de 1918.

A raíz de la visita al Ayuntamiento de la ciudad de un grupo de tabarquinos, entre los que se encontraban el pedáneo y el maestro, Antonio Bono Luque que tuvo conocimiento de la agobiante situación en que se encontraban los vecinos de aquel barrio o partida rural, como indistintamente se la califica en los documentos de la época. Aquel grupo «demanda auxilios perentorios, toda vez que la casi totalidad de los habitantes de Tabarca se hallaban enfermos y que las defunciones se sucedían con frecuencia y sin que hubiera medios farmacológicos, para socorrerlos». Ciertamente, el estado de abandono e indefensión ya no podía ser más crítico.

De inmediato, el doctor Pascual Pérez Martínez, decano del cuerpo de beneficencia municipal, solicitó permiso a la Alcaldía para desplazarse a la isla, el día dieciséis del citado mes. A su regreso, Pascual Pérez escribió «A las diecisiete horas, llegaba yo a la isla; sin detenerme ni un segundo al saltar a tierra, empecé a visitar enfermos, comenzando por la primera morada del caserío. A las veintidós horas, llevaba vistos unos noventa enfermos de los cuales ha consignado setenta y cinco, en la relación que adjunto, por considerarlos dignos de anotar».

Ya en la ciudad, y siempre de acuerdo con su propia relación de los hechos, el doctor Pérez Martínez mantuvo una entrevista con el alcalde al que dio cuenta pormenorizada de lo que había podido apreciar en aquella visita de urgencia. A renglón seguido, el citado doctor propuso que el médico del distrito sexto, en el que se incluía Tabarca, se trasladara con la debida frecuencia a la isla para atender a los numerosos pacientes, víctimas de la gripe; y también que se nombrara, con carácter interino otro practicante, ya que el titular, don Manuel Aldeguer, se encontraba afectado por la enfermedad. Se nombró para ocupar el cargo provisionalmente a don Vicente Burló Parres, practicante honorario del cuerpo de la beneficencia municipal, con la dieta de doce pesetas y cincuenta céntimos, «durante los día que tuviese que permanecer en la isla, con la condición de no salir de ella y de secundar con celo y dar cumplimiento a cuanto dispusiera el médico». El nombramiento se comunicó al gobernador civil y presidente de la junta provincial de sanidad. El ayuntamiento envió medicinas y desinfectantes al «barrio insular», para la asistencia de los contagiados.

El veinticinco de noviembre de 1921, la corporación municipal que, por entonces, presidía Juan Bueno Sales, acordó, por unanimidad, nombrar a Carlos Arniches, Hijo Predilecto de Alicante «como homenaje a sus grandes y legítimos merecimientos de los que con tanta justicia se enorgullece esta ciudad». «El título -escribe el alcalde al comediógrafo- se extenderá en un artístico pergamino que, en su día, será ofrecido a usted».

Carlos Arniches contestó con las siguientes frases: «(...) No encuentro términos adecuados para expresar a V.E. y a esa ilustre corporación que preside toda mi gratitud. Considero esto como una de las más altas recompensas a que podía aspirar en mi vida, como premio a mi humilde trabajo, silencioso y perseverante, ostentaré tal honor como mi más preciado galardón».

Por su parte, Miguel Llorente en su condición de presidente del Centro de Escritores y Artistas de nuestra ciudad, manifestó al alcalde que participarían en el homenaje «ofreciéndole (a Carlos Arniches) una plancha de plata en la que, grabada, aparezca la fecha en que aquél se celebre, perpetuando así el recuerdo de la misma, igualmente memorable para el ilustre comediógrafo y para el pueblo que le vio nacer».

Pero la referida sociedad, solicitaba que se le reconociera el honor de la iniciativa del homenaje, «no para envanecerse con él, sino para tener la satisfacción de declinarlo en favor del excelentísimo Ayuntamiento, que por encarnar la representación de Alicante es el más llamado a actos, como el que nos ocupa».

Efectivamente, a primeros de marzo de 1920; el Centro de Escritores y Artistas concibió la idea de tributar un homenaje al autor teatral.

Arniches aceptó, en carta del diecinueve de aquel mismo mes y «se comprometía a escribir un a propósito, para que fuera estrenado como uno de los números del programa». Se acordó igualmente colocar una plaza conmemorativa en la casa natal de Arniches y se encargó de su realización a Vicente Bañuls.

El Centro llevó a cabo iniciativas tendentes a denominar el Teatro Principal, Teatro Arniches. Sin embargo, aquellos actos no pudieron llevarse a cabo más que transcurrido un año y bajo la dirección del Ayuntamiento.

El ministro de Gracia y Justicia, don Francos Rodríguez, también se sumó al homenaje.

El tres de abril de 1910, el Ayuntamiento ofreció una cena a Rafael Altamira, después de los éxitos alcanzados en gira por América. Naturalmente hubo un considerable despliegue publicitario y se cursaron invitaciones a las «fuerzas vivas» de la ciudad.

Es curioso, y como tal lo señalamos, que se produjeran muchas, sin duda, involuntarias deserciones al referido acto. Así el vicecónsul de la República Argentina en España escribió a Luis Pérez Bueno, alcalde, a la sazón de Alicante: «Mi distinguido señor: Me asocio con verdadero entusiasmo a las manifestaciones de simpatía, respeto y admiración que esta noble ciudad, tan dignamente representada por usted, hace públicamente en honor de su preclaro hijo el sabio catedrático señor don Rafael Altamira, que tan señalados y merecidos triunfos alcanzó en la América Latina, particularmente en la nación que tengo el honor de representar. Por esta causa, me es doblemente sensible que mi mal estado de salud me prive de la satisfacción de asistir a la comida íntima que esta noche tendrá efecto en los salones del excelentísimo Ayuntamiento, en honor del señor Altamira».

El diputado a Cortes por Alicante, Francisco Viudes, comunicó al alcalde «Mucho se lo agradezco, y aún cuando contra toda mi voluntad, no me sea dado poder asistir al referido banquete, por mi mal estado de salud». También el jefe de correos no andaba demasiado bien, como se desprende de su escrito: «(...) y considerándome adherido a cuantas fiestas se celebren en justo tributo a los méritos de tan ilustre alicantino, le ruego perdone mi ausencia por estar enfermo, única causa que me priva de la satisfacción de acompañarles».

Modesto Nájera, abad de la iglesia colegial de San Nicolás, escribió: «(...) después de agradecerle en el alma su atenta invitación, para el banquete de esta noche, le manifiesto con profundo sentimiento no serme posible asistir a tan simpático acto, por impedírmelo inopinada y molesta indisposición».

No obstante, se celebró la cena homenaje y hubo una nutrida asistencia. Aquel tres de abril, el alcalde telegrafió al presidente del consejo de ministros: «Cumplido honroso encargo vuecencia, anoche banquete Ayuntamiento en honor Altamira, asistencia autoridades, corporaciones, cuerpo consular, saludole al festejado nombre gobierno, comunicándole propósito de otorgarle gran cruz Alfonso XII. Altamira contestó emocionado agradeciendo saludo y aceptando condecoración. Reiterando a vuecencia profundo reconocimiento y mucho afecto. Luis Pérez bueno». Misión cumplida, a pesar de las bajas.

Fue el tres de enero de 1911, a las cuatro de la tarde. En el templete de música de la Explanada se reunieron Federico Soto Mollá, abogado y a la sazón alcalde de la ciudad, y el banquero don Juan Guardiola Forgas, presidente de la Junta de Obras del Puerto, acompañados por miembros de la corporación municipal y vocales de la referida Junta. De acuerdo con la real orden de 22 de febrero de 1910 y a petición del propio Ayuntamiento, la Junta de Obras del Puerto «aceptaba la cesión de los paseos llamados Explanada de España y de los Mártires, para que se atienda a su conservación y a efectos de mejoras para las travesías de las carreteras, en toda la dimensión que comprende la zona de servicios del puerto».

De aquella cesión, el secretario del municipio levantó acta en la que se contempla «que por el excelentísimo Ayuntamiento y atendiendo a las altas razones de conveniencia se había acordado la mencionada cesión, comprendiendo en la misma no solo la zona destinada al tránsito de los vehículos de todas clases, sino también a la de los paseos».

Aquel templete de referencia se trasladó el citado año a la plaza de Navarro Rodrigo, y en su lugar; se alzó otro nuevo que, según el cronista Gonzalo Vidal Tur, permaneció allí, hasta que siendo alcalde de Alicante Francisco Alberola Such, se construyó el auditorio en 1959.

Andando el tiempo y de acuerdo con el protocolo notarial de José Luis Pardo López, el dos de julio de 1966, se otorgó escritura de donación del Estado al Ayuntamiento de nuestra ciudad, en un acto en el que aquel estuvo representado por Eduardo Fernández López, delegado de Hacienda y éste, por el alcalde presidente del mismo Fernando Flórez Arroyo, debidamente autorizada, según la sesión plenaria de la corporación municipal, celebrada el 26 de octubre de 1965. En tal documento se describen minuciosamente las nuevas fincas, desde Juan Bautista Lafora hasta el patio de viajeros de la estación de la Renfe de Alicante, en Benalúa Y así fue cómo el antiguo malecón, el romántico paseo de los Mártires de la Libertad y la actual Explanada, emblemático escaparate de la ciudad, se incorporó al patrimonio de la misma.

A cualquiera no se le encoge la camisa y el ánima, cuando contempla los tremendos efectos del reciente terremoto que ha devastado la ciudad japonesa de Kobe, con un impresionante saldo de víctimas mortales, de heridos y desaparecidos. Los nipones que conocen muy bien el carácter volcánico de su archipiélago, tienen un refrán entre poético y descriptivo: «Hay una ballena bajo nuestros pies», dicen en estos casos.

Nosotros sabemos algo también de esa ballena oculta, silenciosa y que, de pronto, embiste con toda su furia. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión: en 1829, esa ballena devoró diez pueblos: Almoradí, Rojales, Benejúzar, Torrevieja. De acuerdo con los especialistas en la materia, desde el sur de Valencia, hasta Murcia y parte de Albacete, la Vega Baja es zona sísmica.

Para hurtarse, dentro de las escasas posibilidades, de tal ferocidad, tan inesperada como brutal, el ingeniero Eduardo Mier y Miura fundó el Observatorio Sismológico, en nuestra ciudad, en el año 1914, y situado al final del paseo de Campoamor, en la plaza de San Juan de Dios. Entonces, dependiente del Instituto Geográfico y Catastral, y casi contemporáneo de los de Toledo, Málaga y Almería.

En este centro se llevó a cabo el primer registro, el día tres de octubre del citado año. Sobre las diez y cuarto de la noche se obtuvo información de un seísmo, cuyo epicentro se localizó en Turquía. Más adelante, concretamente, en 1921, se ampliaron las instalaciones con objeto de albergar allí mismo los servicios de meteorología, hasta 1932 que pasaron a ocupar otras instalaciones.

En 1960, se le dio el nombre del prestigioso matemático y militar Vicente Inglada. Vicente Inglada Ors había nacido en Alicante, el nueve de enero de 1879 y murió el mismo día y el mismo mes, pero de 1949. Al frente de este observatorio han estado Wenceslao del Castillo, Juan García de Lomas y Lobatón, Luciano Estremera. José Poyato y Osuna, Alfonso Rey Pastor... Por supuesto, el instrumental se ha ido renovando con arreglo a los nuevos progresos técnicos. Actualmente, se ha transformado en una estación de paso que remite datos a Madrid. Diversos sensores de la red nacional proceden a una toma de información permanentemente, para su envío por red telefónica. Asimismo, está dotado de sensores de largo periodo que detectan terremotos a grandes distancias. Aun con tanto adelanto, mejor que esa siniestra y devastadora ballena no se nos meta bajo nuestros pies.

Siendo alcalde y en plenitud del sexenio democrático, Eleuterio Maisonnave y Cutayar, plantó un árbol en el Portal de Elche, al que llamó, con ufanía, árbol de la libertad. Sin embargo, las fuerzas crepusculares y reaccionarias no tardaron en sustraer aquel simbólico árbol, de la noche a la mañana, como si tal cosa, ante la estupefacción y la rabia de republicanos y progresistas.

El gesto de Maisonnave pretendía, entre tantas otras cosas, limpiar el hedor a ejecuciones del lugar, donde se levantaban las horcas, hasta que en 1811, se abolió «por repugnante a la humanidad» el tenebroso artefacto y la pena capital empezó a realizarse por otro artefacto no menos repugnante y tenebroso: el garrote vil.

Sólo don Martín Franqueza, el señor de Villafranqueza, gozó del privilegio concedido por Felipe III, de tener jurisdicción propia en lo criminal, y consecuentemente podía liquidar a los reos en sus tierras, cuando aún la horca estaba en auge, si bien después de la espantosa actividad, debía desarmar el chiringuito y entregar el cadáver a las autoridades alicantinas, para que lo expusieran a la vergüenza pública, durante el tiempo prescrito por las leyes, y en la entonces llamada plaza de las Horas, es decir Portal de Elche.

Portal de Elche, porque de allí arrancaba el camino hacia la vecina ciudad del mismo nombre. A partir de 1812 y en atención al nuevo marco local proclamado en Cádiz, se le denominó plaza de la Constitución, según decreto del 14 de agosto del ya citado año. El conde de Soto Ameno, don Nicolás Scorcia, en su condición de alcalde de la ciudad, fue quien asistió a la inauguración y descubrimiento de la nueva placa.

Pero no terminó ahí la cosa. Cuando llegaron los absolutistas, colocaron aquella placa en un ataúd, la pasearon por las calles de Alicante y finalmente concluyeron por arrojarla a una acequia del malecón. El treinta de mayo de 1914, las autoridades realistas colocaron otra placa, con el nombre de Fernando VII.

Y así, sucesivamente. Durante el trienio liberal, volvió a llamarse plaza de la Constitución. Y a partir del veintiuno de abril de 1824, plaza de Fernando VII. Y de la Constitución, una vez más, en 1876.

En 1881, llegaron las aguas de La Alcoraya, por una fuente que en ella instaló don José Carlos de Aguilera, marqués de Benalúa. En 1898, las reemplazaron las aguas de Sax. Ahora se llama, como al principio, plaza de Elche.

Allá, por 1873, cuando lo de las fragatas insurrectas, las autoridades locales de Alicante, por medio del cuerpo consular, lograron que el dirigente de los cantonalistas Leandro Carreras consintiera en prorrogar el plazo para el bombardeo de la ciudad. Por otra parte, parece que el propio Gobierno envió secretamente el coronel Sanjuán a Cartagena, con objeto de mantener una entrevista con el jefe de la insurrección, con quien se embarcó en la fragata «Numancia», hasta llegar a Alicante.

Todas estas circunstancias, abortaron es pretensiones del capitán general de Valencia, Arsenio Martínez Campos y Antón, quien encontró una evidente resistencia a sus propósitos de rechazar el ataque de la flota cantonal.

Tal situación molestó al capitán general Martínez Campos quién manifestó, en el casino, que se procuraría, desde aquel momento, proceder a la restauración borbónica. Y así lo hizo, como ya se sabe. En diciembre de 1874, en Sagunto y bajo un algarrobo, proclamó al rey Alfonso XII. Y en todo momento contó con la adhesión y apoyo de un ilustre alicantino: Adrián Viudas Gardoqui, marqués de Río Florido, quien previsoramente y por si la empresa en la que andaban embarcados se iba al traste, dispuso refugio seguro para el general, en su finca de «Los Hoyos», en el término de Mutxamel.

Por su parte, Carlos Navarro Rodrigo que figuraba en el gabinete de Sagasta, en 1874, también fue un defensor de la restauración, como el periódico «El Constitucional» que no cesó de hacer política alfonsina.

«Es más, los que sostenían a dicha publicación eran los Bas y los Campos que, a pesar de servir a Sagasta, en el mismo citado año, fueron los primeros en reconocer la dinastía borbónica, por lo que recibieron actas de parlamentarios, presidencias de Diputación y alcaldías».

Por aquel mismo tiempo, el gobernador civil de la provincia, Enrique Fernández, cumpliendo órdenes superiores, detuvo a dos alicantinos que se consideraba carlistas Julián de Ugarte y Rafael Viravens y Pastor, quien sería, a partir de 1875, el primer cronista oficial de la ciudad. Viravens le dijo al gobernador: «si usted nos detiene como carlistas, yo protesto de un hecho arbitrario. Si nos detiene como carlistas, yo protesto de un hecho arbitrario. Si nos detiene como alfonsinos, sólo hemos de manifestar que estamos dispuestos a dar la vida y la hacienda por la restauración borbónica». Ambos quedaron en libertad poco después. Sin duda, corrían vientos huracanados. Como ahora mismo.

Del último tercio del pasado siglo, se conserva una interesante y curiosa documentación, acerca del oficio de nodriza que permitía a muchas mujeres obtener dineros complementarios para el sostén de la casa. Los aludidos papeles se encuentran en el legajo cuatro de Beneficencia (1872-1875), en el Archivo Municipal.

Según las disposiciones oficiales, el salario de las nodrizas o amas de cría, contratadas por la Casa de la Maternidad de la provincia de Alicante, era el siguiente: «Hasta el día en que el expósito cumpla dos años, percibirá el haber de cincuenta reales de vellón mensuales, y desde éste hasta que cumpla tres, el de cuarenta, el cual le será pagado por el administrador en virtud de la presente papeleta de crédito que le doy en cumplimiento de lo dispuesto, en el artículo treinta y cuatro del reglamento interior aprobado en nueve de marzo de 1862. (En este caso concreto, la papeleta se refiere a la nodriza Antonia Pérez, vecina de Callosa de Ensarriá, casada, quien tenía a su cargo al expósito Juan de Dios Jalón, bautizado en San Nicolás, el nueve de marzo de 1869).

En el citado reglamento interior, bastante estricto, se contemplan una serie de artículos de los cuales las nodrizas debían tener un cabal conocimiento, para su observación. Citamos algunos de ellos, con objeto de apreciar las responsabilidades y compromisos de estas mujeres. En el 161, se dice: «Las nodrizas externas tendrán derecho a percibir la remuneración mensual que estipulen, que nunca podrá pasar de la fijada en el presupuesto y serán asistidas en sus enfermedades por los médicos titulares gratuitamente y a que se les facilite por cuenta del establecimiento las medicinas que requieran y las de los expósitos que críen». En otro de ellos, se prevé que ninguno de los niños de la Casa de la Maternidad podía entregarse a nodriza del «punto rural de su nacimiento».

Según dispone el artículo 162, a las nodrizas les estaba prohibido el traspaso de la criatura a otra mujer, sin permiso previo del director del establecimiento benéfico, «hasta saber que la cesionada reuniese las circunstancias exigidas reglamentariamente». Otro artículo especifica: «Las nodrizas que se inutilizasen por causa de enfermedad u otra razón legítima devolverán el expósito, antes de dar lugar a su fallecimiento o demacración». Por supuesto si una nodriza se prostituyese o adquiriese vicios que pudieran perjudicar al niño, «perdería el derecho de lactancia».

La profesión se fue extinguiendo, en la medida que se imponía el biberón y se mejoraban las condiciones de las casas de maternidad.

Del veintidós al veintiocho de julio de 1691, la escuadra francesa arrojó sobre nuestra ciudad unas tres mil quinientas bombas y carcasas incendiarias que produjeron muerte y desolación. Es una historia conocida, una página negra y dramática de la crónica. Precisamente Rafael Viravens evaluó tan sólo las pérdidas económicas ocasionadas al comercio, en aquel tremendo ataque marítimo, en dos millones de ducados.

De la dos mil casas con las que contaba la ciudad y sus arrabales, tan sólo doscientas se mantuvieron en pie, imagínense el espectáculo. Las iglesias y conventos, excepto los de San Francisco y Capuchinos, se resintieron de la acometida así como las murallas y los baluartes. El antiguo Ayuntamiento fue destruido casi completamente, pues que las paredes forales y algunos arcos interiores escaparon al efecto de los proyectiles. Lamentablemente, el Archivo Municipal también sufrió las consecuencias del incendio que se llevó por delante muchos documentos allí depositados. Sobre el solar de aquellas casas consistoriales y el de otras fincas aledañas, se edificaría el actual Palacio Municipal.

Cuando se produjo la brutal embestida de las fuerzas navales francesas que mandaba el conde D'Estrés o D'estrées, el concejo alicantino informó al virrey: «...La armada francesa hace tres días que nos bombardea la ciudad y sus arrabales hecho todo un incendio. La gente fuera en disposición de impedir el desembarco; pero tan poca que si lo intentase el enemigo no será fácil impedírselo. A todo este desconsuelo, se nos añade que la gente del lugar y la del socorro han saqueado todo lo poco que quedaba libre del incendio (...)». Ya saben: éramos pocos y lo demás.

Por dos veces, los defensores de la ciudad rechazaron la propuesta de rendición honrosa que le ofreció el francés. Desde el Benacantil, desde el Raval Roig, desde el baluarte de San Carlos, la menguada artillería de los sitiados trató de frenar el contumaz ataque. Pero tan encarnizada acometida desbarató la ciudad y la redujo a escombros. La escuadra enemiga zarpó a toda vela, el día veintinueve, cuando avistó en lontananza los veintidós buques españoles, al mandó del conde de Aguilar.

En carta remitida a Carlos II, el Concejo de Alicante dice: «Esta ciudad en el recinto de sus murallas no contará mil quinientas casas y con la de fuera de él serán poco más de dos mil sus edificios tan juntos y las calles y las plazas tan poco anchas que hacen casi un montón de fábricas. Sobre este agregado de tan buena disposición para el daño de las bombas, ha disparado la armada de Francia más de tres mil quinientas bombas...».

Alicante empezó entonces, casi de cero.

Ya hemos dejado aquí constancia de la visita que realizó a nuestra ciudad Amadeo I de Saboya, a mediados de marzo de 1871, con objeto de recibir, en el puerto, a su esposa María Victoria que procedía de Italia. Fue una visita de cuatro días, en las que el soberano revisó la escuadra y conoció diversos lugares de Alicante, entre ellos la Santa Faz, el Teatro Principal y la Fábrica de Tabacos.

Según señala Rosa Ana Gutiérrez Lloret («Historia la ciudad de Alicante», tomo IV), la presencia de Amadeo I, entre los alicantinos de su época, fue aprovechada «por el comité monárquico-liberal, para hacer campaña en beneficio de la monarquía y los resultados no defraudaron sus esperanzas, ya que salió elegido por la capital el candidato monárquico Antonio del Rivero Cidraque, aunque la candidatura republicana quedó a escasa distancia».

Con todo, la visita de aquel rey efímero, «joven, animoso y sinceramente demócrata», ha sido habitualmente relatada por la mayoría de los cronistas de forma apresurada y escasa. Una carta dirigida al alcalde de la ciudad y firmada por el mayordomo real de su majestad, el diecisiete de marzo de 1871, es decir, durante la estancia del soberano, aporta nuevos datos de la visita regia. El texto de la misma es el siguiente: «Deseando su majestad, el rey (q.D.g.) dar una muestra de estimación al pueblo de Alicante, que de tan inusitada manera le ha recibido, así como a su augusta esposa, se ha dignado disponer entregue al señor gobernador civil de esta provincia las cantidades que a continuación se expresan, de forma siguiente: diez mil pesetas, para los pobres de Alicante; diez mil pesetas, para que se distribuyan entre los operarios de la Fábrica de Tabacos; cinco mil pesetas, para las amas de casa de la provincia, entendiéndose como donativo; cinco mil pesetas, para la Casa de Maternidad, e igual cantidad para el Hospital de San Juan de Dios; cinco mil pesetas para el culto de esta capital; mil quinientas pesetas para los presos de la cárcel; quinientas pesetas para la familia de una operaria de la Fábrica de Tabacos que falleció en el día de ayer; quinientas pesetas, para el cochero llamado Guillermo que se rompió una pierna, en el mismo día de ayer».

«Es así mismo la voluntad de su majestad signifique a V. el señor gobernador de la provincia que para la distribución de las cantidades expresadas, se ponga de acuerdo con el jefe económico de la provincia, la Diputación de la misma, el alcalde presidente del Ayuntamiento popular y el abad de la colegiata, en la parte que a cada uno y respectivamente le corresponda conocer».

Aun ahora, cuando no se cumplen las predicciones del hombre o de la mujer del tiempo, cuando la meteorología se vuelve hostil y cuando las obras hidráulicas no encuentran el debido acomodo, se recurre a la rogativa y al santo en procesión.

Antaño, se empezaba por el final. La jerarquía iba del milagro, de la invocación, a la técnica, al conocimiento del clima. En circunstancias parecidas a las de hoy, con la contumaz burla de las lluvias esquivas, el veinticinco de octubre de 1861, don Pedro María, obispo de Orihuela manifestó en un escrito impreso: «La extraordinaria y larga sequía que viene sufriendo nuestro hermoso y fértil país, es preciso mirarla ya como una calamidad deplorable que angustia los corazones sensibles al padecimiento de todo aquello que no puede sernos indiferente (...)». Apeló seguidamente a la piedad y misericordia del Señor como «fuente única e inagotable de todas las riquezas y frutos de la tierra, y a ella debemos acudir suplicantes, cuando ya no bastan los medios ordinarios que empleamos para conseguir nuestras peticiones y esperanzas». Y tras diversas consideraciones, dice: «Con este fin mandamos que en todas las iglesias parroquiales, vicarias, conventos de religiosas, seminario conciliar y ermitas rurales se hagan públicas y solemnes rogativas».

Tales rogativas debían de llevarse a efecto observando diversas disposiciones. «Los párrocos, vicarios, jefes y encargados de las iglesias expresadas predicarán al pueblo el objeto de la presente rogativa, manifestándole que el único medio para alcanzar las bondades del Señor son las buenas disposiciones del corazón y que en vano pediremos la lluvia suficiente para nuestros áridos campos, si nuestros corazones se encuentran secos y resistentes a todo lo bueno, todo lo útil y todo lo caritativo». Se dispuso tres días, uno de ellos domingo «para facilitar la mayor concurrencia de fieles». Se celebrarían misas y, por las tardes «procesión de la imagen de mayor devoción del pueblo». Y si no hubiese procesión, ejercicios piadosos y rezo del santo rosario. Y por último, los párrocos se pondrían en comunicación con las autoridades locales, «para convenir en todo lo concerniente a su cumplimiento». Y terminaba: «Así esperamos que el Señor nos oirá y que en breve se vean los campos regados con lluvia suficiente que nos concede la misericordia del Señor».

El Ayuntamiento de Alicante recibió, el veinticinco de octubre de 1861, carta del prelado diocesano que esperaban «contribuya a inspirar a los fieles los piadosos sentimientos y las buenas disposiciones». No sabemos si la fórmula funcionará. Pero a los ayuntamientos les va más las obras públicas, sobre todo en estos tiempos.

Porque este año se cumple el noventa aniversario de la fundación de la Asociación de la Prensa de Alicante que precisamente hoy celebra su festividad anual, insistimos en un tema que ya hemos tratado, pero que nos parece procedente, en tanto en cuanto nos disponemos a redactar una breve historia de la institución, con la ayuda y colaboración de cuantos dispongan de documentos y datos, capaces de paliar la escasez de los mismos en el domicilio social de dicha Asociación. Por lo general, cuanto disponemos procede de las hemerotecas y de algunos documentos y viejas fotografías que nos han sido confiadas por algunos compañeros de profesión o por personas que así lo han estimado oportuno.

En Alicante, la Asociación de la Prensa se consolidó en 1904, tras diversas reuniones entre varios periodistas. La primera presidencia la ocupó Juan Manuel Contreras, a quien le sucedería Antonio Galdó López, Rafael Sevilla Linares, Antonio Galdó Chápuli, Florentino de Elizaicin y España, director del conservador diario «El Correo», Juan Botella Pérez, fundador del republicano «El Luchador», Manuel Pérez Mirete, Rafael Blasco García, quien dimitió del cargo y fue sustituido por el vicepresidente Ambrosio Luciáñez Riesco. Dejamos aquí la relación que completaremos adecuadamente. Esta misma noche, muchos de los que presidieron la Asociación recibirán el homenaje de sus compañeros, en el transcurso de una cena.

Desde su fundación, recordamos que «llevó a cabo diversas actividades de carácter cultural, benéfico y recreativo». Por sus salones, ya lo escribimos, desfilaron notables personalidades de la política, la literatura, la ciencia. Entre otros: Canalejas. Blasco Ibáñez, Díaz Moreu, Francos Rodríguez, Santiago Rusiñol, Marcelino Domingo, Rafael Altamira, Alejandro Lerroux, Álvarez Quitero, Fernández Flores, García Sanchís y Ramón y Cajal («La Gatera», 1-2 de febrero de 1993 y otras).

En varias de estas columnas, ya hemos dejado constancia de los lugares que ocupó su sede y de muchas de las vicisitudes que sufrió la Asociación, a lo largo de su vida institucional y especialmente, durante la República, la guerra civil y la posguerra. Recordamos que cuando cumplió sus primeros veinticinco años, los informadores alicantinos asociados celebraron un acto en memoria de Torcuato Luca de Tena.

Los noviazgos, bodas y aconteceres de las casas reales, de la aristocracia y de los personajes o personajillos de la actualidad, han sido de siempre materia de encandilamiento, para amplios sectores populares. Claro que hace siglo y tercio no existían los poderosos medios de comunicación, pero aún así determinados hechos que afectaban a la corona también tenían sus cauces de divulgación, para el supuesto regocijo popular.

Por ejemplo, en enero de 1861, los alicantinos recibieron una grata noticia a través de un número extraordinario del Boletín de la Provincia que se publicó el día 26 de dichos mes y año. Desde el gobierno civil, Celestino Mas y Abad comunicaba a la ciudadanía: «El excelentísimo señor ministro de la Gobernación, en despacho telegráfico de ayer, a las nueve y cuarenta y cinco minutos me dice lo siguiente: Su majestad, la reina (q.D.g.), ha entrado en el quinto mes de su embarazo, y ha dispuesto, con este motivo, que haya tres días de gala».

«Publíquese este fausto suceso, para conocimiento y satisfacción de los habitantes de esa provincia. Y en cumplimiento de lo que se me ordena, hago publicar tan grato acontecimiento, no dudando que la provincia como la nación toda experimente la más viva satisfacción viendo otra vez asegurada la dinastía de la magnánima doña Isabel II».

Tal vez ahora no se entienda muy bien la importancia de un quinto mes de embarazo, pero lo cierto es que la noticia tuvo sus muy considerables ecos mundanos y particularmente religiosos. Véase si no. Pocos días más tarde, concretamente, el siguiente ocho de febrero, el presidente del cabildo colegial de Alicante, se dirige al Ayuntamiento de la capital, invitándole a asistir al Te Deum que se celebraría cuarenta y ocho horas después, para celebrar la buena nueva, en San Nicolás.

El cuatro de junio del mismo año, el cabildo se dirige otra vez a la autoridad municipal manifestándole que «habiendo entrado la reina, nuestra señora (q.D.g.) en el noveno mes de su preñez, este cabildo cumpliendo gustoso las órdenes de su majestad transmitidas por el excelentísimo prelado de la diócesis, ha acordado hacer una pública y solemne rogativa por el feliz alumbramiento de la augusta señora». Firma la notificación el abad Francisco Penalva.

Por fin, el alcalde de Alicante recibió el anuncio de que Isabel II «había dado a luz una robusta infanta». Enhorabuena.

El veinte de mayo de 1883, se redactó un borrador del «programa y reglamento para la admisión y educación de los alumnos de la academia fundada y sostenida por el excelentísimo ayuntamiento de esta capital». Academia que «tiene por objeto propagar entre la juventud los sentimientos y enseñanza completa de la música organizando, desde luego a medida que lo permita la instrucción que sus alumnos reciban, un coro de voces que puedan desempeñar las actuaciones que el excelentísimo ayuntamiento determine en los festejos, funciones o actos públicos que él mismo designe, y, a la vez, constituir también, en su día, una banda de música militar municipal». De acuerdo con el artículo segundo, «el método o bases para la enseñanza, ínterin el Ayuntamiento no estime variarlo, [será] el del maestro don Pascual Pérez, como el más a propósito y admitido en varias academias y escuelas sostenidas por las corporaciones municipales en varias capitales». La academia que quedaría instalada «en el zaguán de las Casas Consistoriales», estaba proyectada para chicos comprendidos entre los diez y los dieciséis años de edad, siempre y cuando, al menos supiesen leer y fueran naturales o vecinos de Alicante.

El veintiséis de aquel mismo mes de mayo el negociado de personal remite un oficio, de número 385, a don José Charques, en el cual se le notifica lo que sigue: «El artículo primero aprobado por el excelentísimo ayuntamiento para el régimen de la Academia Municipal de Música y Canto, creada por acuerdo de S.E., dispone que aquélla estará a cargo de un director que debe ser un profesor de reconocida probidad y pericia, al que se señala, pagada de fondos municipales, una gratificación de novecientas setenta y cinco pesetas anuales, para atender a los gastos imprevistos que ocasionen el mantenimiento de dicha Academia y premiar de algún modo sus desvelos. Y teniendo presente los conocimientos que usted posee en el arte musical, las composiciones que le acreditan como maestro (...), S.E. tuvo a bien, en sesión de ayer, nombrarle director de la expresada academia». Charque tomó posesión de su cargo el uno de junio, «para preparar la instalación de la academia que deberá inaugurarse el primero del próximo julio (…)».

Cómo trabajaban, en vísperas ya de este siglo que se nos consume, por darle aire a nuestras cosas. El barón de Petrés, alcalde por entonces de la ciudad, iba a por todas. Veintitrés años atrás, en Alicante se había celebrado una muestra de productos. Y el alcalde barón quería más.

De modo que, ni corto ni perezoso, presentó al Ayuntamiento que presidía una moción. La presentó el 16 de agosto de 1899 y se aprobó, por unanimidad cuatro días después. En la moción el alcalde decía: «no hay quien ignore las ventajas que a la agricultura, comercio e industria, reporta esos certámenes, que con el nombre de exposiciones celebran los pueblos que se preocupan de su engrandamiento y que inició la Gran Bretaña, en 1753».

«(...) De aquí, pues, que el alcalde que suscribe haya pensado en la conveniencia de que el excelentísimo Ayuntamiento tome la iniciativa en asunto tan vital para la provincia de Alicante, cual sería la organización para el año próximo y en la época de más afluencia a nuestra querida ciudad de forasteros, de una exposición provincial de industria de todas clases y de las artes en general. La exposición últimamente celebrada en Alicante, en 1877, no obstante la premura con que fue organizada, puso de manifiesto, con la gran concurrencia de expositores, no sólo la bondad y riqueza de su agricultura e industria, sino el afán de que sus productos debidamente conocidos y apreciados, entrarán en el concierto del comercio universal».

Los propósitos de Alfonso de Sandoval se pueden suscribir hoy mismo. Los propósitos y las ambiciones legítimas porque «Alicante y su provincia ha aumentado su fuerza productora en todos los ramos. Y al efecto -decía- propone que se sirva acordar que el año venidero y durante el mes de agosto, se celebre en Alicante una exposición provincial de agricultura, industria y comercio y labores propias de las mujeres; que para tal proyecto se solicite la valiosa cooperación de los poderes públicos y de las entidades oficiales que como La Diputación Provincial, la Cámara de Comercio, la Sociedad Económica de Amigos del País, Banco de España, Casino de Alicante y otros, puedan contribuir al éxito de la proyectada exposición, con su auxilio económico y con la legítima influencia que ejercen en todas las claves sociales; que se solicite del gobierno de su majestad, interesando en favor de esta petición a los representantes en Cortes de la provincia, que se autorice una lotería económica provincial, cuya suerte se rija por la de los sorteos de la Lotería Nacional (...)».

La Expo 1900 estaba en marcha. Luego surgirían los problemas.

Es bastante copiosa la documentación que se conserva, en el Archivo Municipal, en torno a las fiestas y feria de Agosto, hoy reducidas a patronales en honor de la Virgen del Remedio, alborada incluida, y poco más.

Los precedentes históricos más esclarecidos de estas fiestas nos los recuerda el profesor Juan Manuel del Estal, cuando afirma que ya don Jaime II de Aragón, por provisión real, de cinco de agosto de 1296 y «a petición del justicia de Alicante, Berenguer de Puigmoltó, y otros dos síndicos de la misma, accede a la creación de una feria anual, durante todo el mes de agosto, con el disfrute de todos los fueros acostumbrados, por cuantos mercaderes acudan a la convocatoria, a excepción de los criminales, falsificadores de moneda y salteadores de caminos a los viandantes».

Posteriormente, la primera feria instituida por el citado monarca aragonés se trasladaría, en 1325, al mes de diciembre, y ya bajo el reinado de Pedro IV, al de octubre, por considerarlo más ventajoso, para las actividades y chalaneos de los comerciantes.

En 1890, y de acuerdo con el acta de la sesión plenaria de veintidós de marzo, algunos ediles, entre los que se encontraban Corradi, Altamira y Viravens, que había renunciado, justamente por aquel tiempo, al cargo de cronista oficial del Ayuntamiento de nuestra ciudad, para entregarse decididamente a las actividades políticas, presentan una moción en la que además de «solemnizar el día de la Excelsa Patrona de Alicante», se proceda a «invitar, con tal motivo, a las sociedades de recreo, gremios, establecimientos comerciales y de baños, empresas de casas de huéspedes y fondas, a fin de que en unión del Ayuntamiento, contribuyan a la formación de un programa digno de cultura de esta ciudad y a sufragar los gastos que ocasionen el exacto cumplimiento de los mismos».

Dos meses después, la sociedad literaria también se sumó a los actos, con el acuerdo de organizar unos juegos florales, «al amparo de tan señalado acontecimiento». Por fin, y según lo previsto, el once de julio de dicho año, Altamira presentó el programa que se había elaborado. El alcalde liberal Rafael Terol y Maluenda propuso que la alameda de San Francisco llevase, desde entonces, el nombre de Eleuterio Maisonnave y que se incluyese, en el programa de los fiestas de agosto, la fijación de la «correspondiente loseta, con la solemnidad debida». Sólo hubo un voto en contra: el de Rafael Viravens, militante ferviente del canovismo conservador. Así, las fiestas de agosto, de raíces seculares, se pusieron en marcha.

¿Quién estará al frente de la Alcaldía, cuando suenen las doce campanadas del treinta y uno de diciembre del año 2000? ¿Será una rosa, será un clavel? ¿Será un pesoe, será un pepé? Ni este mes de mayo te lo diré. El otro, sí. Y hasta puede ser una rosa de pitiminí.

Lo que está claro es que el siglo XX lo inauguró un conservador silvelista de empaque: don Alfonso de Sandoval y Bassecourt, barón de Petrés. Y con buen pie, a decir de sus compañeros de consistorio. Aunque también es cierto y basta consultar los libros de actas, que el barón, especialmente durante la segunda época de su mandato, solía hacer «novillos» con bastante frecuencia. Era el teniente de alcalde don Zoilo Martínez Blanquer quien hacia sus veces. Posteriormente, sería el propio don Zoilo quien le dio la alternativa en el más alto cargo local a don José Gadea Pro. Todo un liberal. El turnismo, entonces, como algunos quisieran ahora, estaba en todo su apogeo.

Pero en aquel tiempo los cambios de vara no se llevaban a cabo de forma espectacular. Eran más recatados. De manera que cuanto el barón de Petrés lio el petate y abandonó el sillón de la Alcaldía, se limitó a dar lectura de un escrito, en sesión ordinaria, donde, alegando motivos estrictamente personales, renunciaba al cargo. Era el doce de julio de 1901, y decía: «Elevado por el gobierno de su majestad, la reina, al honroso puesto de alcalde de Alicante, sin otros méritos que mi acendrado cariño a esta ciudad y mi constante anhelo de servicio. El momento ha llegado, señores concejales, de abandonar un puesto en el que puse empeño en obtener y del que me alejaré, si no completamente satisfecho, por lo menos confiado de haber ofrecido a contribución para su desempeño, todas mis potencias y facultades».

Por supuesto, puso encima de la mesa su agradecimiento a los ciudadanos, a los funcionarios y ediles y a los periodistas, «que si me han censurado, ha sido siempre dentro de lo correcto». Nada de suspicacias para con los informadores. Era un caballero.

El anuncio de unas jornadas sobre Tabarca que tendrán lugar en el salón de grados de la Facultad de Derecho, durante los próximos días veintitrés y veinticuatro de este mismo mes, y en las que, entre otros temas, se va a tratar de su «insólita historia», nos lleva a recordar algunos curiosos datos relativos a la isla.

Así, a raíz del levantamiento del coronel Boné y de muchos alicantinos, contra la intolerancia y la reacción, la guarnición de Tabarca se puso del lado de los liberales. Desde allí, los cañones hostigaron las naves enemigas que solían fondear en la rada de Santa Pola, en donde se encontraban los servicios de avituallamiento y aduanas. Tal y como se desprende del parte recibido en el Ministerio de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, librado por el vapor «Isabel II», las bajas y estropicios que causaban los partidarios del pronunciamiento era de bastante consideración.

Pero todo se resolvió en pocos días. Don Luis Hernández Pinzón, comandante de las fuerzas que operaban en aquellas aguas, dominó a los insurrectos, con el citado vapor «y algunos otros barcos». El parte al que hemos hecho alusión que está fechado el trece de febrero de 1844 y que se publicó en la «Gaceta de Madrid», el veintiuno de los mismos mes y año, dice: «Al amanecer de hoy, salía de Santa Pola, con el objeto de dar una vuelta sobre la plaza de Alicante, y a mi regreso, dispuesto como estaba a vengar la sangre que los cobardes asesinos de la isla de Tabarca habían hecho derramar a mis subordinados, me fui aproximando a ella, por ver si podía efectuar algún desembarco, pero considerando prudente esperar a estar enterado de sus verdaderas posiciones y de su fuerza, determiné empezar a cañonearla. A poco, vi que se sometían arriando el pabellón español e izando una bandera blanca, por lo que en el momento, echando el primer bote al agua y con gente armada, me dirigí con las debidas precauciones a tomar posesión de ella; a mi llegada, encontré existir tan sólo, en aquel punto, el gobernador y la gente del pueblo que humillada se disculpaba manifestando que una Compañía del Provincial de Valencia, salida de Alicante para apoderarse de Santa Pola, con la gente de los dos faluchos guardacostas, los amenazaron y sujetaron, de modo que no pudieron cumplir como manda su majestad; a pesar de estas disculpas, reconvine severamente al gobernador, amenazando a los demás con el castigo a que se harían acreedores, si en lo sucesivo se dejaban sorprender por esa turba de malhechores».

Según el parte, los sediciosos «se apresuraron a marcharse en lanchillas y llenos de terror». Hernández Pinzón informó de que en la isla había «dos cañones de a veinticuatro, en la torre, y cuatro de a doce y ocho en el fuerte». Poco después, la isla perdió su condición de plaza militar.

La pertinaz sequía que se abate sobre nuestras tierras y que tantas y lógicas inquietudes levanta, nos recuerda cómo a mediados del pasado siglo, nuestro puerto requirió abastecimiento de aguas para los barcos que hacían largas travesías, particularmente para los que navegaban hacia el mar Caribe o de las Antillas.

Un alicantino, don Juan Bautista Marchal Coloma, resolvió el problema acuciante. Y lo resolvió gracias a sus ideas para aprovechar las aguas que del Benacantil se vertían inútilmente al mar. Así, a espaldas de la calle del Socorro se construyó un aljibe capaz de contener unos cien mil cántaros de agua potable. De allí, se la conducía, por un sistema de cañerías que «resbalaban por las paredes del balcón y seguían a lo largo del Postiguet, hasta la entrada del muelle, entre el derruido cuartel de los carabineros y el fielato de consumos (aproximadamente, por donde estaba la aduana)».

Este aljibe no sólo abasteció el puerto durante un considerable periodo de tiempo, sino que también atendió las necesidades del por entonces escaso vecindario del Raval Roig que «prefería a todas las aguas las de la cisterna del Castell». Su propietaria, según «El Luchador», de once de septiembre de 1934, era Francisca Marchal Garrigós. De tal aljibe, el citado diario reproducía unas grabados que «había prestado de su archivo particular el secretario del Ayuntamiento, don Juan Guerrero, y unos primorosos dibujos que ha realizado sobre fotografías la señorita Amparo Planelles Guijaro, hermana de nuestro redactor».

Había que afilar el ingenio, para sustraerse de los frecuentes reveses de una meteorología que nos ha regateado constantemente el beneficio de las lluvias, tanto para el consumo humano, cuanto para el riego de las huertas. Y también de unas incomprensibles y de una falta de solidaridad que, desde mucho tiempo atrás, ha bloqueado sistemáticamente las soluciones de los trasvases.

Francisco Figueras Pacheco ya señalaba que «todo el Arrabal Roig se surtió durante muchísimo tiempo del agua de La Goteta. La conducción tenía una fuente en dicho barrio, otra en la plaza de Ramiro y otra en el muelle, para el servicio de las embarcaciones».

En una de nuestras diarias columnas, ya dejamos constancia de cómo se adquirió el solar, esquina de la hoy avenida de la Constitución con la calle de artilleros, para la edificación del Gobierno Militar.

Pero treinta y tantos años antes, los militares ya iban de cabeza buscando un lugar adecuado para tales instalaciones. Eso de no tener domicilio fijo les preocupaba razonablemente. De ahí que el dieciocho de febrero del año 1900, la Comisaría de Guerra de Alicante se dirigiera al Ayuntamiento solicitándole que se «sirviera fijar en el sitio público de costumbre el anuncio de la convocatoria de proposiciones para alquilar un edificio, para instalar el Gobierno Militar, que se ha de celebrar en esta plaza, el día veinticuatro de marzo próximo».

Don Mariano Bosch y Sánchez que era el comisario de Guerra, para Alicante y su provincia, se encargó de redactar la convocatoria. No se trataba de adquirir y de construir un edificio, sino tan solo de alquilarlo -edificio o local- a propósito para tal fin, y en el que hubiera también «casa habitación para el excelentísimo señor gobernador militar». Todo ello, según lo prevenido por la Capitanía General de esta Región en catorce del actual y por el excelentísimo intendente militar de la misma, en quince del propio mes».

A los propietarios de fincas urbanas en la ciudad que quisieran arrendarlas, «para dicho objeto», se les invitaba a que presentasen por escrito sus propuestas, en la Comisaría de Guerra de Alicante que se encontraba situada en la plaza del Teatro, todos los días de nueve a doce de la mañana, hasta el veinticuatro de marzo próximo, inclusive, en que terminará la admisión de las mismas, con el fin de que puedan ser examinadas por la Junta que se reunirá al efecto, con inteligencia: primero, de que dicha Junta pueda desechar o admitir las proposiciones que considere convenientes, sin estar obligada a dar explicaciones de ninguna clase; segundo, la duración del arriendo será por todo el tiempo que convenga al ramo de Guerra; tercero, el edificio o local se recibirá y entregará por inventario; y cuarta, serán por cuenta del propietario todos los gastos del contrato de arriendo, contribuciones y demás cargas de la finca, así como las obras para su entretenimiento y para reparo de los desperfectos ocasionados sólo por el uso material, y el importe de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial y en tres periódicos de la localidad». El documento está fechado el diecisiete de febrero de 1900. Condiciones con poco margen de negocio.

Algo de ambas cosas ha habido siempre, qué duda cabe. Que se lo pregunten signo a don Alfonso Sandoval, barón de Petrés, quien dejó la Alcaldía en julio de 1901, y quien fue concesionario de la línea del tranvía entre Alicante y Mutxamel.

Recientemente («La Gatera», 13 de enero último) ya informamos de la prórroga que solicitó para concluir las obras de la referida línea y que le fue concedida oportunamente. Ignorábamos entonces otra petición formulada a las más altas instancias, por el citado barón y de la que tenemos pruebas documentadas, desde hace tan sólo dos días.

Se trata de un extenso oficio del Gobierno Civil de Alicante, Obras Públicas, negociado de ferrocarriles y que firma el ingeniero jefe don Juan Miró. El oficio está dirigido al entonces alcalde, José Gadea Pro quien relevó meses antes al propio Alfonso Sandoval y Bassecourt, al frente de dicho cargo. En el escrito se dice: «El ilustrísimo señor director General de Obras Públicas dice con fecha de trece del actual al señor gobernador lo que sigue»:

"Vista la instancia elevada a este Ministerio por don Alfonso Sandoval, barón de Petrés, concesionario del tranvía de Alicante a Muchamiel solicitando para que se le autorice: primero, para sustituir con carácter provisional el motor de vapor con que fue concedido dicho tranvía por el de fuerza animal, hasta tanto que pueda poner el eléctrico; y segundo, para sustituir también provisionalmente el carril Vignolle con que se aprobó el proyecto, por otro de igual peso (...)"».

«Su majestad el rey (q.D.g.) y en su nombre la reina regente del Reino, conformándose con lo propuesto por esta dirección general ha tenido a bien autorizar al citado señor don Alfonso Sandoval, barón de Petrés, concesionario del también citado tranvía, primero, para emplear en la explotación del mismo, con carácter provisional, la tracción animal en vez de la de vapor, con que fue concedido, pero quedando obligado el concesionario a establecer un motor mecánico, si las necesidades del servicio público así lo reclamasen a juicio de la administración (...)». Igualmente se le concedía, con carácter provisional, el cambio de carril. El documento está fechado en veintinueve de noviembre de 1901.

Dígannos si no es este asunto de tráfico -tráfico de viajeros; se entiende- y si hubo o no influencias de por medio. Al barón de Petrés se le concedía cuanto solicitaba. Qué suerte.

No, no nos referimos a la expresión de júbilo que señala el diccionario, ni tampoco a su acepción de regalo que se da o se pide por una fausta noticia. Nos referimos a don Francisco Albricias, hombre de creencias luteranas y miembro de la sociedad bíblica, quien en el año 1897 fundó un colegio en la calle de Labradores, que en un principio, tan solo tuvo siete alumnos.

Llegó Francisco Albricias, procedente de Madrid, y por recomendación médica, en busca de un clima benévolo, para su salud, después de perder dos hijos de corta edad. La Escuela Modelo fue su obra. Pero su presencia y esa obra que se asentaba en el principio de que «los seres tan solo se distinguen por sus hechos», fueron prontamente contestadas. Se distinguió por su acritud, el jesuita Solá quien, desde el púlpito de Santa María, manifestó a los parroquianos: «Alicante, esta hermosa tierra con su cielo siempre azul, con la belleza de su clima, la hermosura de sus mujeres y la nobleza de los alicantinos, tiene una mancha que la deshonra». Y esa mancha que había de borrar, aunque fuera con sangre, no era otra que la Escuela Modelo.

A pesar de la firme oposición y de las diatribas que le lanzaban, aguantó Albricias. Aguantó e incluso amplió su ámbito de docencia. Don José Morote, natural de Villafranqueza y simpatizante de sus ideas y métodos de enseñanza, le prestó diez mil pesetas. Con aquella considerable cantidad, Albricias adquirió un solar en la calle de Calderón de la Barca. El solar que hacía chaflán con la de Juan de Herrera, tenía una extensión de mil seiscientos metros cuadrados. Se lo adquirió al marqués del Bosch, en 1909.

Siete años más tarde, sobre aquel solar se levantaba un colegio de cuatro plantas y un extenso patio, para el recreo de los estudiantes. En 1929, ya disponía de quinientos alumnos y quince profesores, entre los que se contaban sus hijos Franklin y Lincoln, y José Torregrosa, subdirector de la banda municipal de música. Además, en la Escuela Modelo se instaló un museo de historia natural y una colección de arte, en la que había obras de Bassano, Ribera, Juan de Juanes, Adelardo Parrilla, Pericás y Buform, entre otros pintores. Pero quizá su más estimable pieza era una bula manuscrita del Papa Honorio IV y fechada en el año 1285.

Su hijo Franklin Albricias destacó durante la Segunda República y ocupó diversos cargos, entre ellos el de presidente de la Diputación Provincial. Tras la guerra, las autoridades franquistas desmantelaron el centro y se incautaron de aquellas instalaciones.

Ni en el atrio de una iglesia medieval, ni en la obra de Víctor Hugo. Esa corte de prodigios circulaba por toda nuestra ciudad, cuando ya este siglo andaba tan pimpante, con el oso amaestrado haciendo malabarismos, a la descubierta; o los monos saltimbanquis que le metían el susto en el cuerpo a la vecina del primero, a pleno sol; o el vendedor de romances, en la esquina, con sus escalofríos y sus letrillas para el llanto. Qué calles aquéllas de vendedores ambulantes, de gritos con aroma de membrillo, de amoladores de tijeras y cuchillos domésticos, de traperos, de mendigos y recitadores de oráculos.

Un «Registro de licencias expedidas para implorar la caridad pública durante el año 1908», fechado el treinta y uno de diciembre del mismo, con el sello municipal y la firma del oficial del negociado, nos revela una rica y casi insólita sucesión de imágenes urbanas, cuando menos con setenta y nueve pobres limosneros ejerciendo los más peregrinos y sorprendentes oficios propios de su condición.

Aquellas gentes, según se recoge en el citado documento, procedían de los más diversos pueblos y ciudades: Cartagena, Yecla, Finestrat, Ibi, Torrevieja, Almería, Sueca, Madrid y Alicante. La mayoría de ellos carecían de domicilio fijo y muchos eran transeúntes, a quienes se les autorizaba para la práctica de sus curiosas industrias, por apenas unos días. Pero eran mendicantes de profesión, como así consta igualmente en el referido documento.

Observen cómo se expedían las licencias municipales. La mayor parte de ellas se libraba «para ejercer en la puerta de los templos». Pero las había también para «exhibir manos» -suponemos que para extenderlas y recoger la caridad de los viandantes-, para «prácticas quirománticas» -hoy, ya ven, los adivinos visten de raso, muaré y lentejuelas, y se anuncian en la televisión-, para «cantar coplas», para «tocar guitarra, flautas o acordeón», para «exhibir osos y monos», para «hacer ejercicios de fuerza», para «cantar y vender coplas» y para «recitar oráculos».

Una corte de milagros, en fin, muchos de cuyos súbditos más que pobres de solemnidad, eran modestos artistas, músicos, domadores y hasta parapsicólogos sin carné. Gentes del bullicio y de la tragedia a escondidas. Ahora, en nuestras calles, se limosnea para el pico o la rayita. Pero hay quienes causan un respeto imponente y una turbación mayor: exhiben la mano en silencio y un tremendo mensaje por escrito: «Tengo hambre. Estoy en paro». Entonces a la «sociedad del bienestar» le dan tiritonas.

Un aviso del señor marqués del Bosch puso en marcha toda la operación: había que deslindar y medir algunos de los terrenos que ocuparon, en su momento, las viejas murallas de Alicante.

El diecisiete de marzo de 1900, tuvo entrada en el registro municipal un escrito del delegado de la sección de Propiedades y Derechos del Estado urgiendo, de acuerdo con la disposición de la dirección general, la práctica de las citadas actividades. «(...) esta sección ha acordado nombrar a don Evaristo Esteve, ayudante de montes, perito para que, a nombre de la Hacienda, practique el deslinde y medición de los trozos de terreno que ocuparon las antiguas murallas de esta capital, sitos en las calles de Riego, Luchana, Delicias, Muro, San Francisco, los llamados de la Montañeta (en el oficio se especifican numéricamente los mismos del inventario), haciendo sobre el terreno las comprobaciones necesarias para determinar si estas parcelas y las que ya se han deslindado de antemano, comprenden todo lo ocupado por las citadas murallas o si por el contrario éstas abarcan hasta la finca ciento cuarenta y cinco de dicho inventario. Y que se interese de VS. disponga concurra al acto que tendrá lugar el día veintitrés del actual, el concejal y arquitecto designados por esa corporación que tan dignamente preside, para poner en posesión de ellos al excelentísimo señor marqués del Bosch».

El alcalde, Alfonso de Sandoval, barón de Petrés, tras estudiar la petición, decretó, el día veinte de aquel mismo mes, que «el concejal don Francisco Pérez García y el señor arquitecto municipal don José Guardiola Picó» concurrieran a las operaciones de deslinde, medición y comprobación, a las que hacía referencia el oficio.

Con aquella misma fecha, se lo comunicó a ambos por escrito, recordándoles que, una vez verificadas tales actividades, las parcelas resultantes pasarán a manos del señor marqués del Bosch, «a quien había de darle posesión de las mismas».

Después de muchos siglos, la ciudad se despojaba finalmente de unas murallas que habían frenado su expansión, y cuyos solares propiciarían una nueva urbanización.

Aunque hay testimonios gráficos donde se observa que, aún a principios del siglo actual, se mantenían en pie restos de murallas y fortificaciones.

El concurso convocado para contratar la construcción y explotación de un estacionamiento de vehículos, en el subsuelo de la antigua plaza del Caudillo, hoy, de la Montañeta, quedó desierto por falta de licitadores. En su consecuencia, se abrió expediente de adjudicación directa a la mercantil EMAISA, cuyo director gerente, don Luis Ibarra Landete, presentó un escrito el diez de julio de 1970, solicitándola de acuerdo con el pliego de condiciones previsto para el referido concurso.

La mercantil señalada ofreció «cien pesetas por plaza y año, del número que resultase de la capacidad, una vez construido, y solicitaba que se le resolviera la duda que ofrecía el correspondiente pliego de condiciones, de si las obras de superficie, reforma de la calzada y pavimentación, habían de adjudicarse conjuntamente al concesionario del establecimiento, de acuerdo con el proyecto que redactaron los técnicos municipales, y si el pago de su importe había de ser o no con cargo al presupuesto municipal».

«En opinión del interventor, la cuantía del canon ofrecido era aceptable, por cuanto el Ayuntamiento no perseguía preferentemente finalidad fiscal en el concurso anunciado, sino conseguir principalmente que la ciudad dispusiera, en plazo breve, de un nuevo servicio que solucionara el agobiante problema del aparcamiento de vehículos en un lugar céntrico y en el que se hallaban ubicados tres organismos oficiales, con gran afluencia de visitantes, como eran el Gobierno Civil, la delegación de Hacienda y la delegación del Ministerio de Obras Públicas, a los que, en plazo breve, se añadiría el edificio en construcción que había de albergar los servicios generales del Movimiento».

El debate se centró en las obras de superficie, las cuales, en criterio de la empresa EMAISA, habían de realizarse con cargo a los presupuestos del municipio. En el informe del interventor se recoge que, tras las oportunas consultas y de acuerdo con la copia del pliego de condiciones que se solicitó a título orientativo al Ayuntamiento de Madrid, a su juicio «estas obras de reforma de calzada son municipales, si bien se ha estimado conveniente se ejecuten por el propio concesionario del establecimiento subterráneo, en evitación de fricciones, entre contratistas distintos para cada plano de la obra». Con el visto bueno de las comisiones de Hacienda y Urbanismo, el pleno que presidía don José Abad Gosálvez, en sesión del cuatro de agosto de 1970, aprobó en su totalidad el referido informe. El contrato de explotación tenía una vigencia de cincuenta años, según el acta correspondiente de dicha sesión corporativa.

En la «Gaceta de Madrid» correspondiente al 28 de abril de 1932, aparece el siguiente aviso: «Gobernación-Dirección general de Administración, anunciando haberse fusionado el Ayuntamiento de Villafranqueza con el de Alicante, para constituir un solo municipio (página 731)». Según la Memoria del Ayuntamiento de Alicante, 1931-1932, publicado en el siguiente año, «con el propósito y finalidad de llevar a cabo la ejecución del acuerdo de anexión, en catorce de junio siguiente se reunió la comisión mixta designada al efecto, acordándose en dicha sesión designar una ponencia integrada por un teniente de alcalde y un individuo de la comisión de hacienda, que con igual número de representantes del extinguido Ayuntamiento de Villafranqueza y auxiliados por el secretario e interventor de esta corporación municipal preparasen los asuntos que hubieran de ser resueltos por la citada comisión mixta, recayendo las designaciones en los tenientes de alcalde señores Lloret Puerto y Arques Payá, por la comisión de hacienda, ambos de este Ayuntamiento; y por el de Villafranqueza, en los señores ex alcalde y ex primer teniente de alcalde de dicha localidad. También se acordó que la ponencia prepárese lo necesario para efectuar un inventario de los bienes, derechos y documentación del municipio anexionado».

En la misma Memoria se manifiesta: «Oportunamente se ofició al ilustrísimo señor presidente de esta Audiencia Provincial, enterándole de la fusión realizada, a fin de que por los trámites pertinentes, fuera decretada por la correspondiente autoridad, la supresión del juzgado municipal y registro civil del Ayuntamiento de Villafranqueza. Igualmente, fueron advertidos los centros oficiales, del edicto inserto en la «Gaceta de Madrid» haciéndoles saber se había llevado a cabo la anexión de referencia».

Culminaba así un proceso que se inició «a fines del año 1929 (cuando) se interesó del Ayuntamiento de Villafranqueza e instancia suscrita por doscientos cuarenta y ocho vecinos, la anexión de aquel municipio al de Alicante, cuya instancia fue llevada a sesión del Ayuntamiento pleno de aquella villa en tres de febrero de 1930, acordándose por unanimidad en sentido favorable a la demanda del vecindario». A requerimientos de la comunicación remitida por el Ayuntamiento de Alicante, en sesión extraordinaria del diecinueve de agosto de 1930, el de Villafranqueza, reiteró y aprobó el acuerdo del tres de febrero, adhiriéndose a la solicitud del vecindario y «deseando este término municipal y pueblo ser agregado al de dicha ciudad de Alicante (...)». Era, por aquel entonces, alcalde del Palamó, Enrique Guijarro Santana.

Dígase lo que se quiera, lo cierto es que perdió su fisonomía y terminó con la ermita del Socós metida en el aparcamiento. Fue ciertamente una barriada emblemática, humilde y entrañable. Pero no se libró de la piqueta ni de los encubiertos afanes especulativos. El once de agosto, de 1966, en sesión extraordinaria, presidida por el alcalde Fernando Flores Arroyo, se examinó el expediente relativo a la reforma interior del Arrabal Roig o del Raval Roig, «en el que por acuerdo del pleno adoptado el treinta y uno de agosto de 1964, y en igual fecha del año siguiente, se suspendió el otorgamiento de licencias de parcelación y de edificación, en las zonas delimitadas por el polígono que se señaló al efecto».

El alcalde Flores Arroyo expuso a la corporación las tres soluciones que había estudiado el equipo técnico a cuyo cargo estaba el PGOU, para la ordenación del sector. La primera literalmente decía: «Conservar las características actuales del Arrabal Roig, señalando unas normas rígidas, para evitar la construcción de elementos que desdigan de su aspecto externo tradicional». La segunda de las soluciones propuestas, se limitaba a prescindir de cualquier miramiento singularizado y a aplicar las normas generales como al resto de la ciudad. La tercera encerraba todo el encanto y todas las apetencias interesadas. La tercera decía: «Reordenar la estructura de la barriada a base de volúmenes -fíjense bien-, con plantas diáfanas suficientes para conservar la vista del mar, con aparcamientos subterráneos para vehículos y jardines infantiles, a cuyo efecto dispone la proyección de unas diapositivas y presenta una maqueta de conjunto».

Esta tercera solución funcionaba. Había ya estadísticas de volúmenes y habitantes, maquetas, espléndidas vistas, privilegios, en fin. Sólo faltaba, caso de prosperar, «un desarrollo mediante el correspondiente plan de reforma interior del polígono delimitado». Se deliberó. Se aclararon puntos algo confusos. El edil Soriano Antón expresó sus temores «acerca del acierto en la elección del sistema de actuación de los que señala la Ley del Suelo, caso de aprobarse, la dicha tercera solución». Por su parte, el alcalde manifestó que, en aquel momento, sólo se trataba de resolver acerca de las tres propuestas. Pérez Sales, teniente de alcalde, dijo que «aunque su postura inicial en 1964 era la de la solución conservadora, comprendía que aquella no era la ideal en la actualidad».

Por último, la corporación unánimemente, aprobó la tercera solución y el correspondiente plan de reforma interior. El viejo Arrabal estaba sentenciado.

Pues verán ustedes de qué manera tan descarada se ejerce la picaresca. En instancia del siete de diciembre de 1908, «La Caridad» solicitó del Ayuntamiento la exclusividad para mantener a los pobres. Así de sencillo. «La Caridad» era una sociedad de inútiles para el trabajo, que tenía su domicilio social en la calle del Pozo. Su presidente, Francisco Pizarro (ciego), tal y como dice al pie de la citada instancia, argumenta «que cada pueblo mantenga a sus pobres», y pide a la corporación municipal «que conceda la exclusiva a esta sociedad de todos los medios de subsistencia propios del inútil, como son: el rezar y cantar por las casas, el tocar instrumentos de música por las casas de lenocinio, el cantar y tocar instrumentos por calles, plazas y paseos de esta hermosa población, valiéndose de los cuales, para implorar la caridad pública».

Pero además «La Caridad» pretende erigirse en árbitro de quienes están o no capacitados para el ejercicio de tales artes. «Todos los individuos que no se encuentren comprendidos en los artículos veintisiete y veintiocho de esta sociedad, y quieran dedicarse a lo ya expuesto en el acuerdo anterior, la sociedad les concederá o les negará él correspondiente permiso, limitando los días que tienen que disfrutar de él. Entendiendo que el ingreso por este concepto es tan sumamente ínfimo y reducido que no queriendo perjudicar el erario público, rogamos al excelentísimo Ayuntamiento que, dicha exclusiva les sea concedida por gracia, debido a que esta asociación se compone de infortunados y desgraciados hijos del trabajo».

Luego, Francisco Pizarro (ciego) exhorta al Consistorio: «Si el Ayuntamiento se digna, como creemos, aprobar estos acuerdos, podrá enorgullecerse de ser el primero de España que pulse las primeras notas del preludio de la humanitaria obra que representa el lema que ostenta esta sociedad». En el escrito se específica: «Para ingresar en la sociedad es indispensable que el individuo propuesto sea inútil, de una inutilidad manifiesta, que le impida hacer trabajos ordinarios (...)». Los presuntos aspirantes debían de ser mayores de dieciséis años, «sin exceder de los sesenta y cinco»; alicantinos de origen o residentes en la ciudad durante cuatro años ininterrumpidos.

La comisión municipal de beneficencia les vio el plumero y dictaminó rotundamente que nones, «que por la misma razón que alega el solicitante (…) no puede otorgar a la expresada sociedad la exclusiva que pide».

Y agrega: «De acceder a ello, se cometería una ilegalidad». El pleno hizo suyo el informe y desestimó la instancia.

Para preservar la dignidad corporativa y para que aunque ardiera el Consistorio, el humo no cegara los ojos de los ciudadanos, la oscura práctica de las sesiones secretas -un poco tribunal inquisitorial o de honor- tuvo su acomodo en nuestro Ayuntamiento. Cuando menos, así nos lo revela un singular documento, conservado en el Archivo Municipal, que lleva por título «Actas secretas celebradas por el Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante», estas actas, media docena, corresponden a los años 1886 y 1887, y se produjeron bajo las presidencias de los alcaldes Julián de Ugarte y Rafael Terol.

En la relativa al veintiocho de mayo de 1886, se dice: «Terminada la sesión pública ordinaria de este día, el Ayuntamiento se constituye en sesión secreta ocupándose de los asuntos siguientes (...)». El primero de ellos, se refiere a las reiteradas faltas de asistencia de un funcionario que no presentó justificación de las mismas y fue sancionado por ello.

El segundo, a la actitud de don Florentino de Elizaicin España. «El señor presidente -citamos textualmente- manifestó que tenía necesidad de consultar al Ayuntamiento la solución que procedía para salir de la situación en que le había colocado la conducta del señor Elizaicin que había hecho completa abstracción de sus deberes como teniente de alcalde del distrito del Teatro y como presidente de la comisión de policía urbana, ornato y obras públicas, que previamente el señor gobernador le tenía recomendado que los señores tenientes de alcalde girasen visitas sanitarias en sus distritos, adoptando todas ellas medidas que aconseja la higiene y que no había sido posible llevarla a efecto en el distrito del Teatro, por el abandono que el señor Elizaicin había hecho de él, así como le había manifestado particularmente que no volvería más por el Palacio Municipal (...)». A instancias del concejal Senante, se acordó que «como el señor Elizaicin había hecho abandono de su autoridad en el distrito, el señor alcalde, como jefe superior, debe recoger asumiéndola en sí, y que respecto a la comisión de que ha hecho mérito el señor alcalde, parece lo más lógico que haga la veces de presidente de ella cualquiera de sus vocales, que podía ser el señor Pobil, entendiéndose todo ello provisionalmente, ínterin el señor Elizaicin persistiera en su actitud o el señor gobernador civil de la provincia, a quien deberá darse conocimiento de este asunto, resuelva lo que estime conveniente». Por otros asuntos, y según las actas secretas, el señor Elizaicin fue procesado (diecinueve de noviembre de 1886) y suspendido en su cargo por el juez instructor (veintiséis de noviembre del mismo año). Don Florentino de Elizaicin era un hombre de carácter y conflictivo.

El veinticinco de julio de 1802, el Ayuntamiento de Alicante dirige un oficio al intendente general del reino: «La adjunta justificación enterará a VS. de las obras precisas indispensables que se necesitan en los baños llamados de Busot y parte de edificio respectivo a esta ciudad y su dominio en cuyo concepto espera este Ayuntamiento se sirva VS. concederle permiso para que se proceda desde luego a su ejecución, según lo exige la importancia del asunto, pagando su costo de los efectos de propios».

En nuestro Archivo Municipal se conserva un interesante opúsculo titulado «Análisis química de las aguas terreno-potables de los baños de Busot hecho a expensas de la junta municipal de sanidad de la ciudad de Alicante, dedicada al excelentísimo señor don Francisco Xavier Elío». Elío era gobernador político de la provincia de Valencia y capitán general del mismo reino y del de Murcia, entre otras muchas cosas. El opúsculo está publicado en Valencia, imprenta de Manuel Muñoz y compañía, plaza de San Agustín, año 1815. Y constituye un valioso documento para determinar la propiedad de los terrenos en donde se encontraban los baños. En uno de los capítulos del mismo, «Descripción geográfica y topográfica», se puede leer: «El pueblo de Aygües (respetamos la caligrafía original) situado al NN de la plaza de Alicante (...) Dista Aygües tres leguas ("medida itineraria que en España equivale a cinco mil quinientos setenta y dos metros y siete decímetros") de Alicante, una de Busot, dos de Relleu, tres de Villajoyosa y una del mar, pero todas sus comunicaciones son malas e incómodas. Tiene muy poca huerta, pues los cerros de que está circundado son áridos: mas; sin embargo, aprovechan los naturales cuanto les es posible el terreno que pueda regarse con las aguas de la Cogolla y otros manantiales. Se omiten otras alturas o montes, por no ser tan notables como el cerro de la Cruz y de la Goteta».

Con respecto a los baños, fue nombrado por su majestad y las competentes órdenes del Ministerio de Hacienda, «en la dirección de las aguas minerales y Baños de Busot, en el reino de Valencia», don Joaquín Ruiz de Lope, como así consta en documento librado en Madrid, el uno de agosto de 1817. El referido lector debía dirigirse al «Ayuntamiento de la ciudad de Alicante a quien pertenecen dichos baños (...) como para que igualmente se le paguen de sus propios los ocho mil reales consignados por su majestad». En 1823, el Ayuntamiento constitucional, por decreto, nombró bañera a Josefa Martínez de Alejos, «su padre sirvió de bañero hasta su muerte y luego Rosa Martínez hermana del anterior también lo fue hasta que se lo impidió su edad avanzada y sus achaques».

Como viene sucediendo de unos años a esta parte, el pasado dieciocho Villafranqueza celebró su procesión-cívica en memoria de los «mártires de la libertad» que, el catorce de febrero de 1844, fueron fusilados en las cercanías del Panteón de los Guijarro, por el absolutismo y la intolerancia. El próximo ocho de marzo, en Alicante se cumplirá otro aniversario de los que aquel mismo año y por la misma causa, cayeron, en el Malecón, bajo los fusiles de Federico Roncalli. Ya hemos escrito aquí repetidamente del monumento a los Mártires de la Libertad, dedicados a unos y otros y a muchos más. Ya hemos escrito también acerca de la insistencia de tantos en que se restaure el citado Panteón, para el que, según nuestras noticias, se formó un presupuesto, aunque todo sigue igual. Es más fácil destruir, en esta tierra nuestra. Véase, si no, el estropicio de la Comandancia de Marina, bien bunkerizada, por cierto, que se perpetró con nocturnidad y alevosía y falta de respeto, para ocultar posiblemente sabe quién -y se sabe- qué oscuros intereses. En fin, igualito que antes. Todo se dirá.

Pero como vamos de monumentos, ya en sesión del dos de enero de 1841, el siguiente de que tomaran posesión en su cargo los nuevos regidores y alcaldes, bajo la presidencia del jefe político provincial, cuyo primero de ellos era don Mariano Oriente y el segundo don Fernando de Ibarrola, este último «hizo presente que en la Corte, en la ciudad de Málaga y en otras, en que habían sido inmolados Riego, Torrijos, Manzanares y demás héroes de la libertad, se estaban erigiendo monumentos para inmortalizar la memoria de estas ilustres víctimas; que la ciudad de Alicante testigo de la crueldad con que fueron tratados los patriotas que acaudillados por Bazán habían desembarcado en estas playas, en 1826, y dado el santo grito, de libertad, debía secundar el ejemplo de aquéllas, a cuyo efecto proponía se nombrase una comisión que propusiese los medios de erigir un monumento digno del objeto y del patriotismo y del decoro de esta capital, sometiendo al mismo tiempo al Ayuntamiento el plan y presupuesto de gastos».

Se aprobó la comisión integrada por el propio Ibarrola y los regidores Carbonell y Gómez. Tal comisión, en cabildos del veinte de febrero presentó el plano del monumento que fue remitido a la Academia de San Carlos de Valencia. Y, ¿qué fue de todo aquello? No importa. Total los mafiosos de por aquí (es decir mafiosos chapuceros, grotescos y horteronas) ya se lo hubieran pulido.

Como cada año, por estas o parecidas fechas, aquel hombre acuciado por el estrés y con la oreja bien crecida de tanto darle a la motorola, llegó a su casa, con el rictus descolgado. Besó a sus hijos. Besó a su esposa. Se encerró en el cuarto de baño y se contempló larga y pacientemente en el espejo. Está decidido: iría al sábado ramblero, aunque con todas las precauciones posibles, para evitar que alguien pudiera reconocerlo. Primero, se metió en la ducha; luego, se fumó un cigarrillo; finalmente, se llenó el rostro con una crema de semillas tropicales y esperó cinco minutos, reloj en mano. Por último y con mucho tiento, empezó a despegarse la máscara de la mala uva y del despropósito; la máscara de todo un año de mentiras: una operación delicada y algo dolorosa; pero lo consiguió. Cuando volvió a contemplarse en el espejo tal como era en verdad, se pegó un sobresalto y no se reconoció. Ni su mujer lo reconoció, ni sus hijos lo reconocieron, ni los reconocieron, para su fortuna, ninguno de aquellos a quienes les había hecho la puñeta sistemáticamente. Aquel hombre se fue a la Rambla se metió en la multitud de sudores y matasuegras, de humanidad resucitada y liberada y saneada, y ya ni se supo, porque se había quitado también el DNI, el NIF, los carnés, las tarjetas de crédito, la informática que te rastrea como un perro de presa, los códigos de identificación. Aquel hombre se había disfrazado de hombre a secas y era tan absolutamente irreconocible como feliz. Los carnavales lo había sacado de los archivos y de los ordenadores.

Probablemente, ese ha sido un viejo deseo de siempre. Probablemente, esa posibilidad ha inquietado siempre a los que mandan: que los números se le vuelvan personas de seso, con iniciativas: toda máscara es una insurrección contra la mediocridad. Quizá por eso, el cinco de enero de 1841, el Ayuntamiento de Alicante se mostró algo remiso a conceder los salones de las casas consistoriales, para que se celebrasen allí los carnavales. A algunos ediles no les hacía ninguna gracia. Pero el tema se sometió a votación y se ganó por diez a cinco. Como medida precautoria, el arquitecto titular examinó la solidez del edificio y dio su visto bueno. Por su parte, los empresarios del café de la Constancia también pidieron autorización para organizar fiestas de carnavales en su establecimiento. Alicante tenía entonces poco más de dieciocho mil habitantes y ya le daba lo suyo a la charamasca.

Después de muchas peripecias, los Carnestoltes y la Tripa del Moro nos han sacado de nuevo a la calle, a manifestarnos tal cual somos, aunque sea por unas horas. Luego, regresaremos a lo gris.

Para Alfonso de Rojas lo sucedido era un insulto «al pabellón de nuestra legendaria hidalguía». El alcalde no podía disimular el sofoco por «los hechos escandalosos producidos en la tarde del día veinticuatro (abril de 1904), con motivo del arribo a nuestro puerto del excelentísimo señor presidente del Consejo de Ministros». Era Antonio Maura.

En aquellos años de fuerte conservadurismo (1902 a 1905) y con Silvela, Maura, Azcárraga, al frente del ejecutivo, y tras una oleada de huelgas, Alfonso de Rojas se extrañaba aún de que «una turba ilusa, sin perseguir ninguna finalidad, política, arrastre por el suelo el, a tanta altura colocado, pabellón de nuestra legendaria hidalguía. Contra esa masa inconsciente, manejable por todas las pequeñeces de ánimo, contra sus actos de desconsideración a un hombre gloria de la tribuna española y que sean cuales fueren sus ideales políticos, representa al gobierno del país, os pido que protestéis -según su moción presentada en la sesión ordinaria municipal, del veintisiete de abril de aquel dicho año-, para que esta protesta de la representación legítima del pueblo de Alicante, lave la mancha que, en estos momentos empaña la nunca desmentida cortesía de nuestra ciudad».

El alcalde recordó a la corporación, como elemento de convicción, que en tiempos aún recientes, nos habían visitado «Cánovas del Castillo, alma de la Restauración; Sagasta, insigne jefe del partido liberal; Blanco, capitán general jefe de Cuba, en vísperas de nuestros desastres coloniales; Salmerón, ex presidente de la República Española y jefe del partido republicano histórico; Canalejas, gran orador de la democracia; y todos, absolutamente todos, obtuvieron franca y generosa hospitalidad. Estos hermosos precedentes se rompieron, en la tarde que considero infausta para la sociedad alicantina, en la tarde del veinticuatro del corriente (...)».

El alcalde Alfonso de Rojas sacó adelante su moción, por unanimidad, y se acordó «comunicarla a quien corresponde». En aquella misma sesión ordinaria de la corporación y como para sosegar los ánimos, se informó favorablemente, «en cuanto a las condiciones de ornato», el proyecto presentado por «don Enrique Tato Ortega solicitando autorización para establecer, con carácter temporal, en la Explanada de España y en terrenos comprendidos en la zona de servicio del puerto, una instalación para espectáculos al aire libre». Alfonso de Rojas, ya más tranquilo, levantó la sesión, «por el tiempo necesario», para que los concejales pudieran examinar aquellos planos. Volvía el sosiego a aquel Alicante, con algo más de cincuenta mil vecinos.

Defraudado del todo debió sentirse don José Gadea Pro, que fue alcalde a principios de este siglo, cuando el 11 de enero de 1907, decidió presentar su renuncia a la Concejalía que ocupaba por aquel entonces. La instancia está fechada en Novelda, y Gadea dimitió de su cargo de edil «que en mala hora acepté -dice textualmente-, hace un año, contra mis deseos y a ruegos de cariñosos amigos».

Sin duda, los vericuetos de la política municipal lo había dejado abatido y más que harto. En su condición de médico del Hospital Provincial escribe: «(...) allí encontré siempre, entre los desgraciados, a los que prodigo mis cuidados facultativos, más gratitud que entre las gentes a quienes prodigué mercedes a manos llenas, y son hoy los primeros en lapidar mi honor y mi casa, con las pedradas de su ingratitud».

Sin duda, lo que le sucedió al doctor Gadea, en su momento, se ha venido repitiendo a lo largo de los tiempos. Probablemente, más de un concejal de estos últimos años, por lo que se lee y se escucha, rubricaría las denuncias que formuló entonces aquel ex alcalde que dio nombre a uno de nuestros más hermosos paseos: «Soy víctima de las pasiones y de enemigos activísimos dispuestos a despedazar con presteza, nombre, honra y decoro». Más de un concejal y de un aspirante a enrolarse en las listas de cara a las próximas elecciones locales y autonómicas.

«Mañana en cuanto Dios lo permita, iré a regir los destinos sanitarios de otra provincia, donde tenga sólo aquella función facultativa y la malhadada política no me aceche, traidora, con sus torpes dardos». Según denunció el ilustre médico «él mismo y otros concejales habían sido objeto de calumnias lanzadas por gentes malditas con cerebro de zorra y corazón de hiena».

A su escrito de dimisión, Gadea Pro, acompañó la certificación del secretario de la Diputación Provincial, don Luis Jordán Coll, en la que se afirmaba su condición de doctor en Medicina y Cirugía, y en Farmacia, así como su pertenencia al cuerpo facultativo de la beneficencia provincial, con carácter numerario del Hospital de San Juan de Dios, de cuyo empleo solicitó la excedencia, por un año «siendo sustituido, con carácter interino, por el licenciado Carlos Limiñana Beviá».

Pocos meses después, el 26 de marzo del mismo año, el alcalde Manuel Cortes de Mira cesaba también en su cargo que ocuparía el edil Luis Mauricio Chorro. Tiempos de mudanza. Como los que se avecinan.

Fue a finales de 1868, después de la insurrección popular de septiembre, cuando el sastre Tomás Carratalá cosió una bandera de color rojo, en cuyo centro aparecía, bordado en negro, la siguiente leyenda: «Club Republicano Federalista». Por su parte, el maquinista de la compañía ferroviaria M.Z.A., la dotó de un asta metálica. Aquella bandera flameó, domingo tras domingo, en el balcón del citado club, hasta que el once de febrero de 1873, se proclamó la República, por la asamblea Nacional.

En 1872, cuando los vecinos de Villafranqueza celebraron el anual homenaje a los mártires de la libertad, acudieron al acto, desde Alicante, todos los clubs y círculos republicanos, con sus respectivas enseñas, «todas ellas presididas por ésta, por ser la más representativa de los demócratas radicales».

Cuando en julio de 1873, la fragata cantonal «Victoria» llegó a nuestra ciudad con el diputado Antonio Gálvez a bordo, y éste mantuvo conversaciones con las autoridades de la ciudad, ante las amenazas que se lanzaron, la tercera y quinta compañías de los milicianos federales, con la referida bandera al frente, para protegerlo de cualquier peligro, lo acompañó hasta el puerto, donde embarcó.

Poco después, cuando se produjo el bombardeo naval de nuestra ciudad, por los cantonalistas, la misma bandera ondeó «cerca de El Altet, en el balcón de la hacienda que se llama de Morant, y bajo sus pliegues se reunieron todos los republicanos de la partida».

En 1881, con motivo de la visita a Alicante de Francisco Pi y Margall, para evitar diferencias entre los republicanos, prohibió que se utilizara la tal bandera y se la confió a Pedro Albert Linares, a quien le dijo que tan sólo la entregara al Ayuntamiento de la ciudad, cuando de nuevo hubiera República. Y así se hizo. A la muerte de Pedro Albert Linares, la enseña pasó a manos de su hijo Miguel Albert Botella.

El jueves dieciséis de abril de 1931, y todo ello consta en el acta oportuna, José Papí Albert, cumpliendo fiel y solemnemente la promesa hecha por su abuelo a Pi y Margall, se presentó en el Ayuntamiento republicano e hizo entrega de la histórica bandera al alcalde popular don Lorenzo Carbonell Santacruz. Sin embargo, por decreto de la Presidencia del 27 de abril de 1931, las banderas «estarán formadas por tres bandos horizontales de igual ancho, siendo roja la superior, la central amarilla, y morada y oscura, la inferior».

Nos solicita el concejal de cultura d'Aigües, información acerca de la segregación de aquel municipio del término de Alicante. En el archivo de nuestro Ayuntamiento no aparece el oportuno expediente. Sin embargo, en el libro de cabildos de 1841, hemos encontrado, por el momento, datos de considerable interés.

Así, el dieciséis de marzo del referido año, consta lo siguiente: «Se leyó un oficio de la excelentísima Diputación Provincial, para que el domingo próximo veintiuno, tuviese efecto en el pueblo de Aguas Altas, la conferencia para proceder al deslinde entre el mismo y esta ciudad. Se nombró por comisionado, por parte de este Ayuntamiento, al señor Gómez quien reportase el resultado».

Y siete días más tarde: «Se leyó un oficio del síndico señor Gómez dando cuenta del resultado del deslinde de Aguas, para que se le comisionó, el cual quedaba ya convenido y se aprobó, salvo cualquier diferencia que se notase al tiempo de establecer los mojones. El Ayuntamiento quiso constase en la presente acta un voto de gracias a dicho señor y al señor Ibarrola (alcalde segundo constitucional) que le acompañó en su comisión».

El siete de agosto del citado año: «Se leyó un oficio de la Diputación Provincial, fecha veintiséis de julio último, acompañando copia del acta que se celebró entre los pueblos interesados y en el que se acordó el deslinde del caserío de Aguas, a fin de que se manifestase o no la conformidad: se acordó el pase a la comisión que entendió en otro deslinde».

Y el cinco de octubre: «Se leyó un oficio de la Diputación Provincial, fecha veintiséis de septiembre último, concediendo ocho días, para manifestar si el acto celebrado para el deslinde de Aguas estaba o no conforme. Se acordó contestar lo que resultase confrontado con la relación que presentó el síndico don Antonio Gómez y Segura, comisionado al efecto y que el señor Ibarrola, pasando a inspeccionar el terreno, manifestase el resultado». De hecho y a falta de algunos datos más la segregación del termino municipal d'Aigües se estaba consumando.

Acusamos recibo de un estudio titulado «Balneario de Alicante (Aigües). Antecedentes históricos», del que es autor José María Vinuesa Angulo, y en cuya introducción se dice: «El término de este trabajo es simultáneo a la superación de las últimas dificultades administrativas que han venido impidiendo el inicio de la obra de construcción de lo que será el Balneario de Alicante, en Aigües». Una nueva edificación, pero fiel «a la tradición termal de los antiguos Baños de Busot». Andamos a la espera.

El día siete de octubre de 1841, la Gaceta de Madrid, publicaba el manifiesto del regante del reino, desde meses antes, don Baldomero Espartero, duque de la Victoria, a raíz de la rebelión de O'Donell, en Pamplona, y Montes de Oca, en Victoria, bajo el lema de «Abajo Espartero y regencia de Cristina». En Alicante, en cabildo extraordinario de fecha diez de aquel mismo mes, «los señores alcaldes manifestaron haberse puesto de acuerdo con el comandante general y jefe político interino, y adoptado varias medidas de orden y seguridad, entre ellas las de establecer guardias de prevención de la Milicia Nacional, en la casa de la Asegurada, y media compañía con sus oficiales de retén, en el mismo local, durante la noche».

Asimismo, se establecieron patrullas compuestas por paisanos, al frente de las cuales estaban los regidores municipales, que recorrían constantemente sus propios cuarteles o distritos. También se dispuso que se encontrasen preparados «cuatro caballos de la Milicia Nacional para llevar pliegos y comunicar avisos; y un miliciano de la misma arma, en la guardia de la Casa Asegurada, para lo que pudiera ofrecerse».

La ciudad que se apresuró a poner en pie tales dispositivos, en aquel cabildo, presidido por el alcalde primero, don Mariano Oriente, «mostró su conformidad y acordó dirigir una exposición al regente manifestando los sentimientos del Ayuntamiento, de la Milicia Nacional y del vecindario, en favor de las instituciones de su majestad la reina Isabel II y del regente, exponiendo la imperiosa necesidad de medidas enérgicas y castigos prontos y severos, y la resolución de no obedecer, cualquier que fuese el giro de los hechos, otro gobierno más que el de su majestad». Todas estas precauciones sustanciadas, según acuerdo, «se imprimieron por suplemento en el Boletín Oficial de la Provincia.

Ciertamente, la amenaza quedaba lejos. Sin embargo, el carácter portuario de Alicante y el tráfico marítimo, entrañaban riesgos que convenía desplazar. De aquí que, en otro cabildo celebrado el veinticuatro de aquel octubre se fomentara la creación de una junta de vigilancia y seguridad, «con motivo de los acontecimientos ocurridos en el norte y el estado en que la nación se encontraba, para auxiliar a las autoridades y celar la frecuente llegada de vapores, a fin de evitar el tránsito de emisarios y personas sospechosas». La junta estaba compuesta por los señores Ibarrola y Gómez, del Ayuntamiento; don Manuel Carreras y don Francisco Senante, respectivamente comandante del batallón de infantería y capitán de cazadores; don José Bas, por la Junta de Comercio; y por los diputados provinciales, residentes en Alicante, don Isidoro Salazar y don Carlos Cholvi, Junta que muy poco después quedaría disuelta, por decreto. De aquellos polvos, llegarían los lodos de 1844.

La práctica miserable del escrito sin firma o con pseudónimo o, en términos más actuales, del «dossier secreto», como arma del insulto y de la amenaza propia de gallinas y felones no es, en absoluto, nada nuevo. Pregúntenselo, si pueden, al que fuera gobernador de la plaza, don José Betegón, hasta marzo de 1809, «en que fue destituido por la autoridad competente», cuando la Guerra de la Independencia, y a quien un anónimo acusó de traidor.

Su sucesor en el cargo, don Cayetano de Iriarte, los recibió también a manojuelos. Por ejemplo uno fechado el veintisiete de septiembre de aquel mismo año y que dice así: «¿Por quién llora Alicante? Por un intrigante / ¿Y qué remedio? Quitarle del medio. ¿Podrá el pueblo lo que no pudo Vallejo? / A la fuerza y violencia, porque a ésta no hay resistencia / ¿Se respetará la autoridad? No, no la merece por la arbitrariedad / ¿Está mal dirigida? Sí. Mas quite la causa y no será oprimida».

Un oficio de don José de Valleja al gobernador dice así: «Entre las cartas del correo de hoy que por casualidad abrí delante de gentes, he recibido el anónimo de que acompaño (se refiere al anterior) copia literal. Como esta clase de papeles sean efecto, a veces, de resentimientos particulares; otras sean indicantes de algún descontento general; y otras, precauciones o consecuencia de alguna convulsión, y en todas convenga tenga noticias el que manda, la doy a VS., para que con ella pueda tomar las providencias privadas o gubernativas que convengan al servicio de nuestro soberano, en la inteligencia de que para las judiciales que corresponden he tomado las convenientes». Lleva la misma fecha del anónimo.

En el amplio muestrario de estos testimonios hay de todo. Hasta de alcoba. Véanlo si no: «(...) Ya vemos que Vs. extingue los escándalos de esta ciudad, en cumplimiento de la obligación que Dios, el rey y el pueblo han puesto en sus manos, pero sigue el mayor de todos en la clase de amancebamientos, a saber el del escribano Antonio Hernández con Teresa García, viuda, hermana de Domingo García, del mismo oficio. Esta amistad ilícita corre ha muchos años, con la mayor publicidad y descaro, como informará a Vs. el alguacil mayor y subteniente que vive junto a la casa de la referida». Luego, cuenta minuciosamente cómo el enamorado sube por el balcón, en la noche, «dando con ello ejemplo de la mayor perversión, a una hermana e hijas suyas que habitan con la concubina». Firma: «El amante de la justicia».

Y siquiera un último fragmento de esta singular antología, de otro escrito dirigido al gobernador y firmado por «El Observador», «El Patriota», «El Vigilante» y «El censor público». Le dicen: «(...) y saldrán a la luz pública estos avisos (...) entre cuyas ruinas quedará Vs. enterrado, obscurecida su memoria para siempre». ¿Qué? ¿Quién quería tirar de la manta?

Lo escribió quien no mucho después habría de presidir la corporación municipal. Lo escribió Lorenzo Carbonell Santacruz. Escribió: «El señor Mengual no ha sido alcalde del pueblo de Alicante, como no lo será tampoco el señor Del Pobil. Han sido, y son, dos dependientes del representante provincial del gobierno político de Madrid, y es muy natural que, cuando a éste le conviene prescindir de los servicios, aunque sean acertados, de esta serie de efusivos señores excesivamente complacientes, a costa del prestigio colectivo de los pueblos. Los alcaldes de verdad de los pueblos son los elegidos por éste». Era el cinco de febrero de 1931. A Llorenset le faltaba muy poco para alzarse con la alcaldía legitimada por la voluntad popular.

Aquel mes de febrero, le alcanzó el cese a Gonzalo Mengual Segura. Y dijo resignadamente: «La voluntad real me dio el título, la misma voluntad me lo quita». Enrique Ferré, como secretario general del Ayuntamiento, el día tres del expresado mes dio lectura el cese de Mengual y al nombramiento de Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri. Verdaderamente los que se denominaban alcaldes del rey ya estaban en periodo de liquidación.

Por cierto, en la toma de posesión del cargo, por el señor Del Pobil, se produjo un sonado incidente, según nos informa el diario republicano «El Luchador». Fue cuando el nuevo alcalde exclamó en su discurso de investidura: «(…) puesto que a todos nos guía el mismo fin (se refería a sus compañeros de corporación), han de prestarme su cooperación en tal sentido. Y nada más. A disposición de los alicantinos».

Entonces, de entre los asistentes al solemne acto, una voz gritó: «¡Mentira!». Y se armó la gresca. Hasta hubo enfrentamientos entre periodistas de «El Luchador» y de «El Día». «El alcalde -recoge en sus páginas la primera de las citadas publicaciones- descompuesto como nunca lo hemos visto, abandona su sillón y ordena a los agentes de la autoridad que expulsen a los alborotadores. Como el orden no se restablece, los ediles dejan el salón terminando el acto».

La monarquía andaba tocada del ala. Los alcaldes del rey que no eran, a decir de Lorenzo Carbonell, de los de verdad, apenas sí tenían ya fuerza ni credibilidad algunas. Todo se les venían encima. Tan sólo dos meses y unos días después de aquellos incidentes en los salones consistoriales, sería proclamada la República.

En el principio fue la heredad de don Baltasar Vidaña, «abogado de la ciudad y su síndico en las cortes del año 1585, de quien la compró, con otras más, don Pedro Franqueza, secretario del Supremo Consejo de Aragón y después conde de Villalonga que fundó a Villafranqueza, edificándole cuarenta casas aunque no hay tantas». El párrafo pertenece a la crónica del deán don Vicente Bendicho, la más antigua de Alicante, y en ella no se concreta la fecha de la «fundación» de la villa, como tampoco se hace en la «Ilice Ilustrada. Historia de la Muy Noble, Leal y Fidelísima ciudad de Alicante», de los jesuitas Juan Bautista Maltés y Lorenzo López, escrita a mediados del XVIII, como aproximadamente un siglo antes lo fue la del citado Bendicho.

En la última de las referidas obras se dice textualmente: «Mas Villafranqueza está sita al norte, algo más de media legua (la legua es una medida itineraria que en España equivale a cinco mil quinientos setenta y dos metros con siete decímetros), distante de la ciudad. Es villa real con título de condado y jurisdicción suprema en lo civil y criminal (...). Antes era casa de campo del doctor Vidaña, y en ella tenía un grande palomar, de donde le vino el nombre de Palamó, que no se le caerá tan ahína, como vulgarmente la llaman, la compró el doctor Vidaña don Pedro Franqueza, conde de Villalonga, y le agregó y edificó cuarenta casas que hoy han crecido hasta el número de noventa, y crecen más de cada día. Dio el nombre de Villafranqueza a la población» (aunque tampoco se determina el año).

De la misma Historia de Maltés y López, «Breve noticia de los antiguos linajes de Alicante», tomamos los siguientes datos: «(...) don Martín Valerio Franqueza, conde de Villalonga y Villafranqueza, señor de Navajas y de Benimelich, fue hijo de don Pedro Franqueza (...)», según los mencionados cronistas, a éste le devolvió el rey las propiedades de su padre, en 1600, que había embargado, con título de condado (don Pedro murió «desterrado de la corte al castillo de León»).

El documento más antiguo que hemos encontrado y que se conserva en el Archivo Municipal data de 1596, y en él se cita ya a Villafranqueza. En el libro de Remisiones, aparece el siguiente epígrafe: «En quince de junio de 1601, arrojamiento practicado, en virtud de sentencia pronunciada por la real audiencia por don Esteban Vives, oidor de la misma, del territorio y término de Villafranqueza (...)». Ahora que los palamoneros están en fiesta, los cuatrocientos años de villa, sin determinarlo con precisión, por el momento, les rondan. No es mal momento para recordarlo.

En octubre de 1820, se contabilizó el dinero de suscripción «para la construcción del nuevo relicario de la Santísima Faz del Señor». El total ascendió a seis mil trescientos treinta y tres reales de vellón, es decir, cuarenta y siete menos de lo que importaba «la elaboración del nuevo relicario», según documento del catorce de aquellos mismos mes y año.

El treinta y uno de marzo de 1930, el alcalde don Florentino de Elizaicin y España, recibió una instancia en la que, entre otras cosas, decía: «(…) Estos ligeros apuntes que hoy recordamos, nos mueven a hacernos la razón siguiente: El camarín donde se guarda la Sagrada Reliquia necesita una indispensable y urgente reforma, siquiera sea por el propio decoro de los alicantinos que no quedan muy bien parados ante la opinión de los innumerables turistas que la visitan. A este efecto los que suscriben, animados de los más vehementes deseos y para que sea realidad los que solicitan, abrieron una suscripción, cuyo resultado ha sido hasta ahora de cuatro mil cuarenta y siete pesetas con sesenta céntimos. Según el proyecto presentado por el arquitecto don Juan Vidal, el importe de la restauración es de doce mil cuatrocientas trece pesetas. Por todo lo expuesto, suplican que el Ayuntamiento coopere al fin expuesto». Firman varias mujeres.

En efecto, tal cantidad consta en el «avance de las obras de restauración de la capilla y camarín» que firma el citado arquitecto, el dieciocho de aquel mes. Tres días después de recibir la instancia, se reunió la comisión municipal permanente y acordó autorizar a la Alcaldía «para que contribuya en nombre del Ayuntamiento a la suscripción abierta, para las obras del camarín de la Santa Faz, con la cantidad que juzgue procedente, entre las dos mil y las tres mil pesetas». Tal acuerdo se les comunicó a la «señorita Margarita Bendito de Elizaicin y demás firmantes».

El alcalde Elizaicin fue casi providencial. Miren si no: ocupó el cargo el veinticuatro de febrero de 1930, «en el noble propósito de normalizar el régimen constitucional que durante más de seis años había estado en suspenso», y cedió la Alcaldía, a don Gonzalo Mengual, el veinticuatro de abril del referido año. No sabemos si vio efectivamente normalizarse el régimen constitucional, pero sí estuvo el tiempo preciso y suficiente para atender la petición que le formularon. Y es que hay alcaldes que saben estar. Y estar lo justo.

Con algo más de cincuenta mil habitantes, Alicante entró en el siglo que ya da sus últimos avisos, con un incremento demográfico del quinientos o casi por ciento, a lo largo de los noventa y cuatro años transcurridos. Nos preguntábamos por las fuentes de nutrición de aquel medio centenar de miles de alicantinos, cuando nos encontramos una interesante carta que dirige al Ayuntamiento, y más concretamente al alcalde de la ciudad, doctor don José Gadea Pro, el titular del consulado de la República Argentina en Alicante, fechada el quince de agosto de 1902.

En la misma, se formulan ocho preguntas, «para poder dar cumplimiento a una orden de mi ministro de Agricultura -escribe el cónsul-, que ha de merecer de V.E. se sirva facilitarnos los datos solicitados». Los datos se refieren al ganado vacuno y ovino que se sacrificaba en nuestra ciudad, así como el consumo mensual de carnes y otras varias particularidades referidas a esta misma materia.

El Ayuntamiento le contesta puntualmente a cada una de la citadas ocho preguntas. Y las respuestas son las que se siguen: el ganado abona, por derechos o impuestos de consumo, veinte céntimos por kilogramo; el consumo medio mensual en esta población es de ciento ochenta reses vacunas y de trescientas lanares; el número de reses sacrificadas en el matadero municipal (por supuesto, no se citan las probables matanzas clandestinas), anualmente y durante los cinco últimos años, ha sido de mil ciento sesenta vacunos y tres mil seiscientas lanares.

Y continúa, minuciosamente, la relación: cada res vacuna satisface, por derechos de matadero, cinco pesetas con setenta y cinco céntimos, y por las ovinas, noventa céntimos; el kilogramo de carne vacuna y lanar se vende en este mercado, por término medio, a dos pesetas el kilo; el precio más alto a que se ha vendido, en los últimos años, ha sido de dos pesetas con veinticinco céntimos, y el más bajo a una peseta con setenta céntimos.

A la pregunta final: «Si existe en la provincia ganado nativo destinado al consumo y qué animales de cada clase se calcula a que asciende su número», la respuesta no puede ser más lacónica y sorprendente: «En esta provincia no existe ganado nativo».

En breve, y para comparar estas cifras con las actuales, en cuanto se refiere al consumo de carnes, les facilitaremos estos mismos datos, pero cien años después. A ver si han crecido en un quinientos por ciento o más.

El pasado miércoles, lo saben de sobra, se celebró el Día de la Mujer Trabajadora. No pretendemos aquí elaborar un listado de las discriminaciones y menosprecios, de las brutalidades y humillaciones, de las que ha sido objeto -y lamentablemente, de las que aún hoy y en demasiadas ocasiones, sigue siéndolo-, a lo ancho de la historia. Pero observen la muestra que les ofrecemos.

El treinta de junio de 1808, y con motivo de la guerra contra los franceses y de los trastornos, temores y precauciones que produjo en nuestra ciudad, se publicó un memorable bando. En aquel memorable bando se define implícitamente la consideración que a nuestras autoridades le merecía la mujer. Lean algunos de los párrafos del mismo: «La junta de gobierno de esta ciudad hace saber a todos los vecinos estantes y habitantes en ella, ha oído por varios sujetos del mismo pueblo el embarazo que causan el transitar por las calles las mujeres y muchachos, que no produciendo más que un conocido estorbo, en las críticas circunstancias en que se hace más preciso el buen orden y gobierno, producen la confusión dimanada de la inobservancia que han tenido las distintas superiores disposiciones publicadas; y bajo de igual concepto, desde este instante, se ordena, se previene y manda que dentro de una hora, toda mujer y muchacho se retiren a sus casas o a las de las labores, en la inteligencia de que a la que se hallase divagante o interrumpiendo los tránsitos de las calles que se necesitan desembarazadas, serán castigadas al tenor de las circunstancias de su inobediencia (…)».

¿Y saben ustedes bajo la tutela de quienes las ponían? Por supuesto, bajo la tutela y responsabilidad «de los maridos, padres o maestros». De los hombres, en fin. La junta, con el desvelo de la defensa «de la sagrada religión, soberano y patria», no andaba para galanterías y besamanos. Ahora bien, en otro parágrafo del dicho bando se advierte: «(...) que ningún vecino de cualquier calidad y condición que sea pueda ni deba pernoctar fuera de sus respectivas casas, pues el que contraviniese y fuese hallado fuera de ellas será tratado como traidor a la patria, permitiendo sólo su ausencia a las mujeres y niños de corta edad, a los sitios y parajes que tengan oportunos». El documento está firmado José Fernández Padilla y rubricado por el gobernador, José Betegón, el príncipe Pío, conde de Lumiares, y el deán.

Decididamente, las mujeres no servían ni para la gloria. Muy a pesar de doña Agustina de Aragón. Ahí lo tienen.

Ahora es cosa del INEM. Antes fue cosa de los ayuntamientos. Así lo decretaron las Cortes, el veintisiete de noviembre de 1931. Y a la sombra de aquella ley, se reunió la comisión municipal de gobernación, «para organizar la colocación obrera, con carácter nacional, público y gratuito». Aquella ley establecía que en las alcaldías de todos los ayuntamientos de la República, se llevara un registro con las inscripciones diarias, «así de las ofertas o demandas de trabajo, como de las colocaciones concernientes».

En aquella ley, se contemplaba que en los municipios de las capitales de provincias se crearan oficinas de colocación, con las necesarias secciones «para los diversos ramos de la agricultura, de la industria, del comercio y de las profesiones domésticas. Dentro de las mismas, se especializarían las inscripciones por categorías de obreros y por grupos de sexos y de edades, y según fueran obreros defectuosos o readaptados, etcétera».

Las nuevas oficinas municipales de colocación y paro estaban sometidas a la inspección mediata de una comisión de patronos y obreros; presidida por uno de éstos. Y el servicio había deponerse en manos de funcionarios «competentes y responsables de su actuación antes las comisiones inspectoras y sujetos a expediente por falta de la diligencia debida a sus cargos».

De manera que la referida comisión de gobernación estudió la forma más adecuada de organizar aquellas oficinas, sin causar demasiados trastornos al erario municipal. Decidió, pues, crear dos secciones: la primera, para comercio y agricultura; la segunda, para industria y profesiones domésticas. Con respecto al personal de plantilla estimó un oficial de tercera, con tres mil pesetas anuales de sueldo, y dos auxiliares administrativos, a razón de dos mil quinientas pesetas también anuales. Posteriormente, la comisión de Hacienda dio su visto bueno, y el cuatro de diciembre de aquel año, en sesión plenaria, el Ayuntamiento acordó su aprobación.

Hubo, sin embargo, ya en agosto de 1932, algunos cambios, por cuanto «dada la importancia del servicio que ha de crearse, se considera que esta oficina ha de estar dirigida por un jefe de negociado, y se propuso a don Joaquín Vidal Galdó, jefe de la sección de estadísticas, y como auxiliares a los señores don Antonio Beltrán Limiñana y don Juan Sempere Sevilla». Y tal se aprobó, en pleno, el dos de agosto de dicho año.

El año 1919 fue un año socialmente conflictivo. El comercio alicantino se sintió lesionado en sus intereses, por la escasez de tráfico marítimo. El Ayuntamiento, tras alcanzar un acuerdo plenario, se dirigió a los parlamentarios de la circunscripción solicitándoles mediaciones y ayuda. La ciudad atravesaba momentos críticos.

Antonio Bono, alcalde de Alicante, se dirigió, por escrito a los diputados José Francos Rodríguez, Alfonso de Rojas y Manuel Orts Cano; y a los senadores marqués de Valero de Palma, Rafael Beltrán Ausó y José Torres Sala. Les pedía que gestionaran cerca del Gobierno, a fin de que éste «con todos los medios de que dispone, orille las diferencias existentes entre los obreros portuarios y las empresas navieras, restableciendo así el tráfico marítimo de nuestra ciudad, que ya no figura este puerto entre los favorecidos con las consignaciones que para otros se fijan en el futuro presupuesto de Fomento, que se conserve en él la subvención de cuatrocientas mil pesetas que viene disfrutando; y que pronto sea un hecho el proyectado ferrocarril de Alicante a Alcoy (...)». Eran, por entonces, las dos principales asignaturas pendientes.

En el expediente consultado, se conservan las cartas de los representantes alicantinas Torres Sala, Rojas, Beltrán Ausó y Francos Rodríguez. Prácticamente, los contenidos son, como era de esperar, muy semejantes. Todos ellos se ofrecen incondicionalmente, para mediar en tan urgentes asuntos. El senador Beltrán Ausó escribe: «(...) en unión de los demás representantes en Cortes de esta provincia, con el fin de secundar la gestión de la corporación municipal» asegura que hará cuanto pueda. Está fechada el siete de octubre de 1919.

Más explícito, resulta Alfonso de Rojas, en su correspondencia del día veintiocho del mismo mes: «(...) en lo que se refiere a la subvención del puerto de Alicante, el señor ministro de Fomento, a quien visitamos el señor Francos Rodríguez y yo, ofreció mantenerla íntegra, aunque pasaran sobre él otras peticiones de otros puertos. En cuanto al ferrocarril de Alcoy considero el momento oportuno, pero creo que a la gestión de los diputados de Alicante debe sumarse la del diputado de Alcoy, y las entidades de Alcoy y de Alicante que tan interesadas están (...)».

Lo del puerto reflotó. Lo del tren sólo llegó a ser una pura fantasmagoría. Un tren que se perdió, repetidas veces, entre proyectos, zancadillas y papeles timbrados.

Religiosos. Nos referimos a la ocupación de edificios religiosos en nuestra ciudad, que se llevó a efecto en virtud del decreto de veintisiete de julio de 1936 (Gaceta número 210), del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, pocos días después de su publicación.

En un acta, fechada el treinta y uno de aquel mes en que se produjo la sublevación militar, se da cuenta de que el alcalde de la ciudad, Lorenzo Carbonell Santacreu, delegado del gobernador civil de la provincia, y Juan Guerrero Ruiz, secretario del Ayuntamiento, «constituidos en comisión dieron cumplimiento a lo ordenado», es decir, «a la ocupación de los edificios que las congregaciones religiosas tenían dedicados a la enseñanza, en catorce de abril de 1931 (proclamación de la República), con el material científico y pedagógico que en ellos existía; y asimismo, para verificar la ocupación de aquellos edificios que, aun no dedicados a la enseñanza, estuviesen actualmente desocupados».

En dicha acta, figuran los siguientes: Convento de Franciscanos; Escuelas Salesianas, «en el Ensanche de la ciudad y delimitado, en su frente, por la calle del general Zurbano (hoy, San Juan Bosco), por el norte, por la avenida de Benito Pérez Galdós, por el este, por la calle de Mariana Pineda (hoy, de Tucumán), y por el oeste, por la calle de Ferré Vidiella; edificio de los Jesuitas, casa de ejercicios espirituales, entre las barriadas de Benalúa y Portazgo, frente al cuartel militar; Asilo de Nuestra Señora del Remedio, en el paseo de Campoamor; Colegio de la Consagración de Jesús y María, en la avenida de Ramón y Cajal; Instituto de religiosas concepcionistas, calle de San Telmo, esquina a Gravina, que antes fue hotel; Escuela de la congregación de las hermanas Carmelitas, en la calle de las Navas; Hijas de María Auxiliadora (salesianas Beato J. Bosco), barrio de Benalúa, en la calle de Pardo Gimeno; Hermanos Maristas, en la avenida de Méndez Núñez, ángulo a San Ildefonso y Bailén». En total, nueve edificios incautados.

Un día después, a primeros de agosto, se procedió a la ocupación de las tres iglesias que se citan: San Francisco, de la Misericordia y Benalúa, «en las cuales no existe culto». Y el once de aquel mismo mes, el Instituto de Siervas de Jesús. Muchos de estos inmuebles, ya conocieron la voracidad de las llamas, con la llamada «quema de los conventos», cuando se desató la enloquecida calentura anticlerical, el once de mayo de 1931, y un total de diecinueve edificios religiosos fueron asaltados e incendiados. Malos tiempos.

No parece que vayamos a tener AVE ni ferrocarriles de alta velocidad ni nada que nos convenza. Pero el asunto ya es antiguo. Alicante, con una larga y hermosa tradición, casi romántica, de máquinas de vapor y vagones bien pertrechado de botijos, ha mantenido otros muchos contenciosos por la cuestión de los transportes ferroviarios.

El siete de junio de 1919, el Ayuntamiento se dirigió a la Junta de Obras del Puerto, a la Cámara de Comercio y al Círculo de la Unión Mercantil pidiéndoles «el más decidido y eficaz concurso, para la consecución de esta mejoría de tanta importancia para los intereses públicos de la ciudad». La mejoría aludida consistía en el restablecimiento de los trenes rápidos diurnos entre Madrid y Alicante. El día antes, la corporación había aprobado unánimemente una moción en tal sentido. La Cámara de Comercio le contestó que haciéndose eco de un suelto publicado por «Las Provincias», con fecha cinco del actual, dirigió el siguiente telegrama a la dirección de la citada compañía (la de M.Z.A.): «Esta Cámara desea conocer si restablecimiento acordado rápido entre Madrid y Valencia, implica la reanudación del servicio entre Encina y esta capital, como interesa a comercio». El señor Maristany, director general de la referida empresa contestó también telegráficamente: «(...) manifiesto esta compañía no tiene acordado absolutamente nada respecto restablecimiento trenes rápidos Madrid-Valencia».

El alcalde, no obstante, insistió trasladándole al citado director general la unánime petición del Ayuntamiento de poner en circulación nuevamente los trenes diurnos. Maristany, en un largo escrito, le notificó que «desde la real orden del veintisiete de septiembre de 1917 subsistía aquella situación y que probablemente prolongaría bastante más tiempo». La falta de ferrocarriles, según el referido director general, se debía fundamentalmente a la escasez de carbón y al bajo poder calorífico del combustible disponible. «De lo expuesto, deducirá ese excelentísimo Ayuntamiento que no ha llegado el momento, tan deseado por él como por esta compañía, de restablecer servicios cuya supresión impusieron motivos y circunstancias que desgraciadamente para todos, en vez de corregirse han tenido una marcada agravación (…)». Por lo menos, había que por las migajas. Y entonces el alcalde solicitó «la concesión de billetes a precios reducidos, para bañistas, en julio, agosto y septiembre, que desean trasladarse a las playas de esta ciudad, desde Madrid. Trátase de un servicio económico de gran beneficio para los intereses de la industria y el comercio alicantinos». ¿Eran migas o migotes?

Observen la retórica de la época: «Los gobiernos atribuyen a dejación patronal el actual estado de la cuestión obrera. La organización sindicalista se perfecciona y avanza. Es indispensable la actuación patronal, si no queremos la ruina total de España. Asista usted al congreso patronal: es su deber y es su derecho. Sea patriota. El absentismo es indigno». La alarmante octavilla, firmada por la comisión organizadora del Segundo Congreso de la Confederación Patronal Española, que había de celebrarse, en Barcelona, durante los días veinte a veinticuatro de octubre de 1919, convocaba a los empresarios, casi a una cruzada.

El secretario de la mencionada Confederación remitió al Ayuntamiento lucentino una enfática circular: «Cada día más enconada la lucha entre los factores de capital y trabajo (aún se reconocía la lucha de clases) que juntos integran la riqueza nacional, va haciéndose insostenible la vida económica del país, que llegará a su completa ruina si no se logra dar con una fórmula armónica de los intereses patronales y proletarios (aún se reconocía la clase proletaria)».

En Otro de los párrafos, exhortaba al alcalde, para que colaborara «induciendo a las corporaciones e industriales radicados en su jurisdicción a que acudan al Congreso Patronal». Finalmente, le recordaban que el gobernador civil de la provincia «habrá, sin duda, recomendado a V.E. la mayor propaganda en favor de este Congreso, convencido, como estará V.E., de la absoluta necesidad de que todos contribuyamos a esta obra altamente patriótica y salvadora».

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Antonio Bono, remitió sendos oficios a los presidentes del Círculo de la Unión Mercantil y de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, solicitándoles una «lista o relación de las corporaciones patronales, económicas e intelectuales (?), que radiquen en este término municipal y estén matriculados en ese centro» con objeto de remitir todos los datos posibles a la comisión organizadora de tan fausto acontecimiento. Corría el seis de octubre del ya enunciado año.

La Cámara de Comercio contestó lacónicamente: «digo a su atenta comunicación de fecha de ayer que las únicas de que la Cámara puede dar noticia son el Sindicato de Exportadores de Vinos, la Unión Cerámica Alicantina y los Sindicatos de Navieros y de Transitarios». El inflamado llamamiento no pareció levantar mucho los ánimos.

Con motivo de la Guerra Civil Española, llegaron a nuestra ciudad contingentes de mujeres, niños, hombres mayores o enfermos, procedentes de otros muchos lugares. Para atenderlos y dar así cumplimiento al decreto del veintiséis de octubre de 1936, se procedió a la constitución del Comité Local de Refugiados. Una primera acta dice: «Por el secretario se da lectura al decreto citado para el conocimiento de los reunidos, expresándose a continuación por la presidencia que, en realidad, en nuestra ciudad todas las funciones que corresponden a este comité han sido absorbidas por la Comisión de Asistencia Social, que depende del Comité Popular Provincial de Defensa, no obstante, lo cual conviene que quede constituido este comité local por si en algún momento fuera necesario el ejercicio de sus funciones, con arreglo al decreto de su creación».

Formaban el tantas veces repetido comité: Rafael Millá Santos, presidente del mismo y del consejo municipal del Ayuntamiento de Alicante, con los consejeros Pascual Ors Pérez y Pascual García Guillamón; el médico decano de la beneficencia municipal Rafael Ramos Esplá; Ángel Viñes Serrano, designado por la federación local de la UGT; asistido del secretario del Ayuntamiento, Juan Guerrero Ruiz.

Sin embargo, por orden del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, de once de marzo de 1937, se procedió a su renovación. El veintiuno de abril de aquel año, quedaba integrado por el mismo presidente y los vocales que se citan: Carlos Shneider San Román, médico de sanidad nacional; Francisco Fernández Mármol, representante de los refugiados en la capital; Antonio Fernández Martínez, por los organismos sanitarios y de asistencia social dependientes de la UGT; Santiago Arnal, representante de la UGT; y José Díaz Sánchez, representante del Socorro Rojo Internacional. En el acta de constitución, se recoge lo siguiente: «Una organización sindical, la CNT, ha negado su concurso y no ha designado delegado para este comité, esperando lo haga en breve plazo».

Poco antes, el diecinueve de abril, el Ministerio de Sanidad, en oficio dirigido a Rafael Millá expresaba su sorpresa de que «dado el tiempo transcurrido, no se le haya comunicado por esa presidencia ni la constitución inmediata del comité, ni noticias de que el presidente del consejo municipal haya asumido en ningún momento las funciones del mismo (...) Ruego a usted que teniendo en cuenta la masa de refugiados que existe en esa ciudad y que reclaman asistencia constante, exponerme las causas de este evidente incumplimiento». Rafael Millá se apresuró. Le habían dado un tirón de orejas.

Casi literalmente. En concreto, sobre unos diez kilogramos de dinamita. En varias ocasiones, nos hemos referido ya a este suceso del que hasta el momento, no hemos encontrado documentación que nos informe sólidamente de su resultado final. Pero, en aquellos días, la prensa y la opinión pública elaboró toda clase de especulaciones acerca del origen y destino de tales explosivos.

El uno de febrero de 1936, el alcalde Lorenzo Carbonell remitió al juez de primera Instancia e Instrucción un escrito en el que se comunicaba los hechos. Previamente, el alcalde recibió un parte del comisario-jefe de la Policía Urbana, dándole cuenta de que aquel mismo día, sobre las ocho y media, se había personado en el local que ocupaban las oficinas de Recaudación de Especies Gravadas del Ayuntamiento, «acompañado por el brigada de dicho cuerpo Manuel Serrano Pascual, y por los guardias Vicente Sogorb Monllor y Joaquín Arques Mayor. En presencia del inspector de las ya citadas oficinas recaudatorias, se procedió a practicar un reconocimiento en los armarios, mesas y demás muebles existentes en el referido local, habiendo dado por resultado el hallazgo, en uno de los armarios, de dos paquetes de dinamita, que contenían aproximadamente unos cinco kilos y dos rollos de mecha, sin detonadores».

Figúrense, en aquellos tiempos ya revueltos, cómo debió alarmar a la corporación tan inesperado hallazgo, y qué de cábalas y conjeturas harían concejales y funcionarios acerca de la finalidad de tales explosivos que, sin duda, no estaban destinados a ninguna celebración festiva.

De ahí que inmediatamente Lorenzo Carbonell pusiera en conocimiento del juzgado aquellos hechos, registrados en el sumario número treinta y dos de 1936. Dos días más tarde, el secretario del mismo notificó al alcalde que la dinamita encontrada tras el registro, permaneciera depositada en las dependencias municipales y puesta, naturalmente, a disposición judicial. Pero ni el Ayuntamiento ni su presidente estaban por la custodia de tan peligroso material.

¿Quién había dejado en el armario aquellos paquetes? ¿Con qué propósito? Eso era cosa que correspondía a la investigación del juez, como también lo era el designar otro lugar donde pudiera almacenarse la dinamita. Así se lo hizo saber Lorenzo Carbonell al titular del juzgado. El Ayuntamiento no era un polvorín. Aunque en aquellos momentos, se encontraba sobre él. O casi.

Sorprende el vigor con el que renacieron las Hogueras de San Juan, tras la guerra civil. En 1940, Alicante, con algo más de noventa y seis mil habitantes, plantó veintiún monumentos fogueriles y las siguientes barracas: «K.U. es K.U.», «Los Gorilas», «La Terreta», «Tot per Alacant» y «Els trenta U», de acuerdo con los documentos que se conservan en el Archivo Municipal.

En 1939, escasamente tres meses después de que en nuestro puerto naufragara la República, se levantó un solo monumento, frente al Mercado Central, titulado «La Fuga» y cuyo malparado protagonista era el doctor Negrín. Pero un año más tarde, la fiesta «casi tradicional», como se dice en uno de los oficios consultados, renació con pujanza de sus propias cenizas y de las cenizas más dolorosas de una cruenta y enloquecida confrontación armada.

Era alcalde de la ciudad Ambrosio Luciáñez y presidente de la Comisión Gestora Ramón Guilabert. La Bellea del Foc, elegida en el cine Monumental, Matilde Nadal. El jurado para premiar las hogueras estaba presidido por el concejal Rafael del Pozo Mas; y los formaban, como vocales, los periodistas Fernando Ors Martínez y Antonio Muñoz Montpean, y por el arquitecto Miguel López González; mientras el escritor Juan Alemañ Carsí desempeñó el cargo de secretario del mismo.

Los premios de la primera categoría los obtuvieron, por el orden en que se citan: Méndez Núñez (cuya comisión la presidía Ismael Gallar); Benalúa (Emilio García) y Plaza Chapí (Ramón Guilabert). Estaban dotados respectivamente con ochocientas, quinientas y doscientas cincuenta pesetas. Hubo además, en esta categoría, un premio de doscientas cincuenta otorgado por la Comisión de incorporación industrial y mercantil, que se llevó la hoguera de la Plaza 18 de Julio. En la segunda categoría o categoría B, los resultados fueron los siguientes: primero, Camarada Maciá (Manuel Lado); segundo, Plaza del Puente (Francisco Martínez); y tercero, calle de San Vicente (Luis Maestre). Económicamente, y por este orden, merecieron quinientas, trescientas y ciento cincuenta pesetas. También, se concedieron los premios de la Compañía de Tranvía, a Benito Pérez Galdós, doscientas cincuenta pesetas y un obsequio del Real Club de Regatas, a Calderón de la Barca.

El galardón al mejor de los carteles anunciadores de «Les Fogueres de San Chuan» se lo llevó Manuel Moreno Per, por «Alacant en flames»; y los dos accésits, Antonio Marco Cecilia y Pérez Gil.

En el Ayuntamiento, se celebró una fiesta, «en honor de S.E. el general Aranda y demás personalidades». El Hotel Palace sirvió: cocas de San Juan, helado de vainilla, Jerez o Málaga y champán Cup, a seis pesetas por persona, servicio y subsidio al combatiente aparte, para unos doscientos invitados.

No, ahora no. Nos referimos a las gestiones que realizó, en noviembre de 1936, el cónsul de España, en Sidi-Bel-Abbes, José Alonso Mallol. José Alonso Mallol, el veintitrés de aquel mismo mes, tras realizar varias gestiones fructíferas, se dirigió en instancia al ministro de Estado comunicándole lo siguiente: «El número crecido de víctimas que en nuestras filas ha causado ya el criminal levantamiento militar, plantea la necesidad de atender a millares de huerfanitos (...) He cambiado, impresiones con algunos compatriotas y con amigos franceses sugiriéndoles la idea de solicitar del Gobierno español el envío de huérfanos y niños refugiados, para atenderlos en Argelia (...) En dos días, llevo registradas ciento cincuenta peticiones (…)».

Cinco días después, es decir, el veintiocho de aquel mes de noviembre, Alonso Mallol escribió a Rafael Millá, alcalde de Alicante, informándole de tales gestiones y acompañándole copia del escrito que dirigió Álvarez del Vayo. «En los medios trabajadores, singularmente entre tus correligionarios, y me complazco en reconocerlo así (Rafael Millá pertenecía al Partido Comunista), hay un gran entusiasmo por acoger a estas víctimas inocentes del fascismo criminal, y creo que sería de gran efecto para estimular la solidaridad y fraternidad entre los pueblos francés y español (…)».

De momento, no había problemas. Cuando menos así se lo confirmó el propio Millá, en una carta de la que copiamos textualmente el siguiente párrafo: «(...) Entre las guarderías a cargo de la Delegación del Consejo Superior de Protección de menores, de la FETE, y la ayuda de los comités del Frente Popular de varios pueblos, vamos resolviendo el asunto de los niños evacuados, sin una gran dificultad, pero si el número aumentara, sería conveniente tener tratado lo que con acierto nos planteas (...)».

Había, sin embargo, dificultades en cuanto al probable transporte, para la evacuación de los niños, a las ciudades argelinas. «Por todo ello -le decía Rafael Millá- necesitaría saber si podría disponerse de barco que hiciera el traslado de los niños y quien sufragaría los gastos del pasaje, porque la manutención entiendo que correría a cargo de las familias que los albergaran (…)».

En una circular, fechada en Valencia, el quince de diciembre de 1936, Francia ofreció hospitalidad a los niños españoles, comprendidos entre siete y catorce años de edad. Los niños, como entonces, como tantas veces, como ahora mismo; han sido y son la parte más frágil, más dolorosa y más sensible de las guerras, de la hambruna y de las enfermedades.

La colección de láminas que semanalmente nos llega con el ejemplar del diario INFORMACIÓN, comprende una obra del pintor alcoyano Fernando Cabrera Cantó titulada «El pan nuestro», que se conserva en el Ayuntamiento de nuestra ciudad (otra, «La Galera», que también forma parte de la citada colección pertenece al Círculo Industrial de Alcoy).

El referido óleo está fechado en 1927, diez años antes de la muerte del artista. Fernando Cabrera Cantó, que realizó estudios en Roma gracias a una pensión que le concedió la Diputación Provincial, fue también hijo adoptivo de nuestra ciudad.

En 1927 donó a nuestro Ayuntamiento «la última obra que ha producido sus pinceles, correspondiendo así al merecido homenaje de que le hizo objeto esta entidad».

Con tal motivo, el alcalde de Alicante, Julio Suárez-Llanos, presentó una moción en la que dice: «Nuestro ilustre comprovinciano ha querido otorgar a nuestra ciudad este admirable cuadro que, con ser tan reciente es obra de juventud por la espontaneidad, la claridad y efusión con que está concebido y logrado. El insigne Cabrera, fiel a su preclaro abolengo artístico, ha sabido hermanar la maestría segura de una técnica sabia y noble, con la emoción del asunto. Y sobre todo, ha sabido mostrarse como pintor de nuestra incomparable tierra, cuya luminosidad esplende en todo el lienzo. El color, la luz, el ambiente del campo alicantino obtienen en esta obra de Cabrera una interpretación pictórica acabada de la que fluye serenamente la emoción poética de la naturaleza alicantina».

Sin duda, más que palabras de un alcalde grave y azacanado, parecen la de un comentarista o crítico de arte. Aquella moción de Suárez-Llanos fue aprobada en la sesión permanente del seis de abril de 1927. Y de acuerdo con la misma, el mencionado cuadro quedó «expuesto en lugar de honor del Palacio Consistorial»; y la alcaldía invitó a la prensa y a las entidades culturales para que pudieran admirarlo. Por allí, pasarían alumnos y profesores del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, de la Escuela Profesional de Comercio, de la Escuela Normal de Maestros, miembros del Ateneo, del Casino, del Real Club de Regatas, del Orfeón, de la Comisión de Monumentos Artísticos y Arqueológicos, de la Asociación de la Prensa. Fue un acontecimiento.

El alcalde le comunicó a Cabrera Cantó el acuerdo y la «efusiva gratitud», por la espléndida donación que había hecho al Ayuntamiento. El once de aquel mes de abril, el pintor le contestó agradeciéndole «la acogida dispensada a mi modesta obra».

Mal debían de andar las cosas, en el todavía incipiente mundo de las «hogueras». Mal, cuando José María Py (¿o Pi?) escribió una carta al alcalde Gonzalo Mengual y una instancia, de fecha quince de septiembre de 1930, en cuyo texto se puede leer: «Entiendo que dadas las circunstancias anómalas surgidas y que pudiera surgir de funestas consecuencias para dichos festejos (se refiere obviamente a «les fogueres de Sant Joan») y el buen nombre de nuestra ciudad, es ineludible que esta comisión que me honra con su presidencia, sea revestida de las mayor autoridad posible, para aunar criterios, zanjar cuestiones, diferencias y desidias, resolver, solucionar, autorizar y prohibir cuanto sea referente a dicha organización, su mantenimiento, desarrollo y realización de sus típicos festejos (...) Suplica: se digne, en sesión permanente, el reconocimiento de esta Comisión como única autoridad en festejos que corresponden a "Fogueres de Sant Joan", haciéndolo público, por medio de la prensa, para conocimiento del pueblo alicantino». Al pie de la instancia figura un sello que dice: «17 de set. 1930. Aprobado por la comisión municipal permanente en sesión de hoy». Y firma el secretario del Ayuntamiento.

Hay que estudiar la historia de nuestras tradicionales fiestas bastante más a fondo. José María Py tuvo problemas. Algunos ya los manifestó en estas mismas páginas, hace apenas unos días, Raúl Álvarez Antón. Pero por los contenidos del fragmentariamente rescatado documento podemos apreciar que tales problemas se originaron muy pronto, aunque por otras razones que ya indagamos.

El primer libro de actas de que disponemos se inicia el cuatro de julio de 1929 y concluye el catorce de julio de 1930. El texto inaugural empieza así: «En el domicilio del señor Altolaguirre, a las siete de la tarde del cuatro del actual tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Gestora de les Fogueres de San Chuan, integrada por don Carlos Ramos, como presidente de la comisión de Benalúa, don Luis Altolaguirre, vicepresidente de la plaza de Chapí, don Juan Sansano, presidente de la plaza del Puente, y don José María Py (que era presidente de la Gestora)».

El siguiente libro de actas (doce de marzo de 1931 al quince de julio de 1932), comienza: «En la ciudad de Alicante, a las diez treinta de la noche se reúnen los presidentes y delegados que integran las comisiones de Fogueres de San Chuan, en los salones del Círculo Unión Mercantil cedidos al efecto de constituir oficialmente la Comisión Gestora de las mismas». Por ausencia de Py, preside dicha reunión José Estruch Ripoll, quien saldrá elegido presidente efectivo de la Gestora, en tanto José María Py se quedó en presidente honorario.

¿Y qué hacer los días feriados, en las partidas rurales? Porque entonces apenas había transportes públicos y aún escaseaban más los vehículos privados, los automóviles. De modo que cada quien tenía que buscarse sus propias diversiones, la manera de distraer sus ocios y de practicar sus juegos y deportes favoritos. En la ciudad, sí. En la ciudad, había más cosas. Y unos cuantos, más o menos privilegiados, podían, por ejemplo, hacer puntería con palomos. ¿Pero y los alicantinos que vivían a cierta distancia del centro urbano?

Así, el uno de febrero de 1928, don Antonio Martínez Torrejón, tras obtener los correspondientes permisos, solicitaba del alcalde, Julio Suárez-Llanos que «próximas a celebrarse las tiradas anuales reglamentarias, en las que se disputarán las copas de su majestad el Rey, la del Campeonato, la del Gran Premio y la copa Príncipe de Asturias, a las que concurrirán tiradores de otras provincias, suscritos a otras sociedades federadas, y concediendo siempre el excelentísimo Ayuntamiento una copa como premio, contribuyendo de tal manera a una fiesta beneficiosa para la capital, no solo por el realce y prestigio que da a su programa, sino por el concurso de forasteros que supone, se digne conceder la copa solicitada».

Faltaría más. La permanente municipal acordó, casi de inmediato, «autorizar a la Alcaldía para comprar una copa de plata», con destino al Real Tiro de Pichón. Después de tantas formalidades y de tantos cumplidos, las buenas escopetas tendrían su premio y toda la consideración.

Los más modestos se lo montaban a su aire y en consonancia con sus posibilidades. Pocos días después de la referida petición, Pascual Pastor Llorens vecino de Alicante y con domicilio en la partida de La Cañada se dirigió al Gobierno Civil «solicitando establecer en la partida de Font Calent de este término y en la falda de la citada sierra, un tiro de gallina». Como suena. Y suena a celtiberia pura. El gobernador se lo notificó al alcalde, y el alcalde al interesado, que bien, que «visto asimismo el informe favorable emitido por el primer jefe de la Guardia Civil, con esta fecha (tres de febrero de 1928) ha acordado conceder la autorización, a condición de que, durante las horas de tiro, se prohíba e impida el tránsito y estancia de las personas, en la zona de peligro».

También Vicente Esclapés Pérez, domiciliado en la partida del Bacarot, pidió y obtuvo permiso, para organizar otro tiro de gallina, «Al pie de la sierra Faucho», permiso que le fue igualmente concedido. Y hasta es posible que de aquel, curioso deporte nacieran los establecimientos de pollastres. Se quedaban fritos del todo.

Por real decreto del treinta de septiembre de 1923, el alcalde Antonio Bono Luque hizo las maletas: lo tenía claro aun antes de entrar en vigor el citado decreto. De manera que presentó su dimisión, el día veintiocho de tal mes. Su ejemplo cundió y le siguieron los ediles señores Santaolalla y Buero Sales en nombre, respectivamente, de la minoría de la Alianza de las Izquierdas y de los conservadores. Dieron cuenta de su decisión al general don Cristino Bermúdez de Castro, quien ya había declarado el estado de guerra en toda la provincia y asumido las funciones de gobernador civil. Era la dictadura de Primo de Rivera y sus repercusiones municipales.

El documento de renuncia dice: «En sesión que acaba de celebrarse, la corporación ha acordado presentar la dimisión en su totalidad, por entender todos y cada uno como así lo han declarado, que en las actuales circunstancias, su patriotismo les obliga a facilitar la labor que ha emprendido el nuevo régimen, no poniendo el más ligero obstáculo a los deseos de renovación de las corporaciones administrativas reiteradamente expuesto por el poder constituido».

Como es natural, el general admitió de inmediato aquellas dimisiones, si bien pidió al alcalde y a los concejales que continuaran en sus puestos, hasta que se incorporaran las personas que habían de hacerse cargo del Ayuntamiento. No hubo inconvenientes. El uno de octubre, se procedió al anunciado relevo. Dicho día, los nuevos ediles designados por el Gobierno Civil tomaron posesión.

La presidencia la ocupó el también militar Miguel de Elizaicin y España. El secretario municipal, Enrique Ferré, y el coronel jefe de la zona de reclutamiento de Alicante, en que había delegado Bermúdez de Castro, extendieron la certificación oportuna de aquel cambio de gobierno municipal. Junto con Miguel de Elizaicin, estaban, en calidad de tenientes de alcalde, Federico Leach Laussant, Antonio Valero García, José Tato Ortega, José Pérez García-Furió, Juan Vicente Santafé, Juan M. de Santaolalla Esquerdo, José Guillén Pedemonti y José María Ramete Escobedo.

El Ayuntamiento así formado comenzó su gestión con los ecos de un extenso y riguroso bando que anunciaba la suspensión de las garantías constitucionales, la imposición de la censura previa y el fortalecimiento de las medidas de seguridad. Cuando se fortalecen las medidas de seguridad y se fulminan los derechos y libertades, siempre hay quien se siente sumamente inseguro. Qué de tiquismiquis.

En 1906, Alfonso XIII se casó con María Victoria de Battenberg. Un enlace que propiciaba los vínculos entre España y el Reino Unido. Así lo entendió el alcalde de Alicante, a la sazón Manuel Cortés de Miras, quien no desaprovechó la ocasión para poner a prueba aquellas nuevas relaciones entre ambos países.

La ocasión se le puso a tiro, cuando en el mes de junio del citado año, la escuadra británica del Mediterráneo se presentó en nuestro puerto. Ni corto ni perezoso, Cortés de Miras le escribió una carta a lord Charles Bererford, almirante en jefe de aquella flota imperial. Previamente, el alcalde formuló la propuesta a la corporación municipal, en sesión del diez del referido mes. Se trataba de ofrecer un banquete al dicho almirante y a la oficialidad de los barcos ingleses. La propuesta se aprobó por unanimidad, si bien precavidamente el edil Mauricio Charro «llamó la atención del Ayuntamiento sobre lo que representaba los gastos que iban a realizarse, dada la situación económica del Consistorio». Pero fue inútil su advertencia. La decisión estaba ya tomada y sólo la actitud del almirante británico impidió el probable despilfarro.

La carta que el alcalde le dirigió decía: «Un acontecimiento recientísimo feliz para España, hace aún más agradable la presencia, en esta bahía, de la poderosa armada que V.E., tan dignamente comanda, y como prueba de esa satisfacción, la ciudad de Alicante, representada por la corporación municipal que presido tiene el gran honor de ofrecer un banquete a V.E., jefes y oficiales a sus órdenes, banquete que, de ser aceptado, se celebraría en los salones del Palacio Consistorial, el lunes once del corriente, a las nueve de la noche. Al poner en conocimiento estos deseos que son la expresión de los sentimientos que inspira a esta ciudad la presencia de una escuadra de la nación que fue la cuna de nuestra reina, no dudo que serán aceptados, en tal concepto le ruego a V.E. se sirva hacérmelo saber, indicándome al propio tiempo, el número de señores jefes y oficiales que con V.E. hayan de honrar con su el acto mencionado».

Pues hizo mal Cortés de Miras: debió dudarlo. De tal manera se hubiera ahorrado el chasco que le propinó el almirante Bererford, quien con toda finura, le comunicó que la flota bajo su mando se encontraba a punto de entrar en maniobras y a la espera de recibir órdenes, para hacerse a la mar en cualquier momento. En su respuesta, eso sí, se refería también a las dos naciones que se regocijaban con «el casamiento del rey de España con una princesa inglesa». Pero de banquetes, nada. El concejal y futuro alcalde Luis Mauricio Chorro, de carambola había ganado la partida.

Lo recordaba Guardiola Ortiz, en el Ayuntamiento, el ocho de noviembre de 1922. Recordaba el tiempo transcurrido desde que desapareció el antiguo mercado de la Puerta del Muelle, hasta que adquirieron impulso las obras que habrían de concluir con el nuevo, situado en la avenida de Alfonso el Sabio, contando, de por medio, las instalaciones provisionales, pero interminables de los puestos en la Rambla de Méndez Núñez.

Guardiola Ortiz comentó cómo siendo él presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad estudió la posibilidad de que el dinero de la Caja, producto del ahorro popular sirviera para llevar a cabo aquellas obras tan necesarias. Pero le asustó los grandes recursos que se requerían. De modo que sometió su aún vaporoso proyecto a la consideración de sus compañeros del consejo de Administración de la entidad y encontró una acogida verdaderamente favorable.

Tuvo la Caja de Ahorros que pignorar sus reservas económicas, con objeto, de poder aportar a la empresa las novecientas mil pesetas que se necesitaban para invertirlas en la edificación del nuevo mercado. La Caja, según Guardiola Ortiz, tenía que satisfacer al Banco de España un interés del cuatro y medio por ciento más otro medio punto de comisión y corretaje. Por los fondos prestados al Ayuntamiento percibían tan solo el 5 y medio por ciento, de forma que el beneficio era insignificante. Sin embargo, estimó que la gestión de la entidad de ahorro pudo ser la base de una era de prosperidad para Alicante.

En aquella sesión ordinaria de la corporación municipal, el señor Pobil advirtió que ya en la sesión anterior, anunció que se pretendía inaugurar el mercado central, el nuevo mercado, el siguiente domingo, día doce de aquel mes. Y mantuvo su interés de que se invitase al acto a la señora duquesa de Canalejas y a sus ilustres hijos, como recuerdo a la memoria del estadista insigne don José Canalejas que, con su majestad el rey, llegó a Alicante, diez años antes, para colocar la primera piedra de esa magnífica plaza de abastos. Añadió que tales propósitos podían llevarse a cabo el expresado día, a las cuatro de la tarde.

La sesión corporativa conoció aquella fecha, una comunicación del director gerente de la Caja de Ahorros, José Carreras Santandreu en la que decía que «a punto de llegar a término las obras de construcción del nuevo mercado, podía éste inaugurarse en la fecha que fijara el Ayuntamiento». Todo estaba, pues, dispuesto. La ciudad salía así de una larga espera.

Andaba Pérez Bueno, primer teniente de alcalde y alcalde accidental, en sustituciones más que frecuentes del titular Alfonso de Rojas y P. De Bonanza, cuando el treinta y uno de diciembre de 1905, el gobernador civil remitió al Ayuntamiento la siguiente notificación: «El excelentísimo señor ministro de la Gobernación, con fecha veintisiete del corriente, me comunica la real orden por la que, en uso de las facultades concedidas por el artículo cuarenta y siete de la ley municipal de dos de octubre de 1877, su majestad el rey ha tenido a bien nombrar alcalde presidente del Ayuntamiento de esa capital al concejal don Manuel Cortés de Miras. De real orden lo comunico a VI., para su conocimiento, el de la corporación, el del interesado y demás efectos».

Nuevo alcalde, pues, de designación real. Quizá con objeto de mostrar a sus conciudadanos un talante más abierto, Cortés de Miras publicó un bando, el dos de enero de 1902, no más hacerse con el cargo en el que entre otras cosas proclama que «aun designado por nombramiento del Gobierno, soy un mandatario del pueblo, cuyas aspiraciones deseo servir, para lo cual en toda ocasión y momento, estarán abiertas a todo el mundo, las puertas del despacho de la Alcaldía, y que mi deseo no es otro que servir a mis administrados defendiendo su interés descanso, y que todo el vecino conozca al día la marcha de mi administración, a cuyo efecto podrá acudir al que quiera y enterarse de lo que relacionado con dicha administración, le convenga». Buenos principios y propósitos de transparencia informativa y de acercamiento a los ciudadanos no le faltaba.

Sin embargo, al día siguiente y cuando diecinueve concejales de la corporación solicitaron al alcalde la celebración de una sesión extraordinaria, «para pasado mañana», con objeto de tratar importantes cuestiones «que afectan a los intereses del pueblo que los eligieron, tales como acuerdos referentes al mercado, sobre el personal, puestos públicos y otros», Cortés de Miras no accedió. En un extenso y presumiblemente estudiado escrito, alegó defectos de forma, incluso el hecho de no estar redactada la oportuna instancia en papel sellado. Con el propósito expreso de «alejar a los ayuntamientos de la imitación parlamentaria», decidió no convocar la pretendida sesión extraordinaria.

Fue ciertamente crítica aquella sesión municipal. Antonio Bono Luque, antes de cesar al frente de la alcaldía, en la que llevaba tres años, hizo balance de su gestión. Era el dieciocho de enero de 1921, y Bono Luque se iba por una real orden que designaba a Juan Bueno Soler, para la alcaldía.

Manifestó el alcalde saliente que, cuando tomó posesión de su cargo, el nuevo mercado «era un sueño, mientras que ahora Alicante sabe que el tan anhelado proyecto muy pronto será una realidad». También se refirió a la tremenda epidemia de gripe que, en 1918, causó en la ciudad, casi tres centenares y medio de víctimas mortales. Circunstancia ésta que precisó la inmediata habilitación del cementerio municipal «que era una fuente de ingresos y cuyas obras dejaba muy adelantadas». Bono Luque agregó que su última actividad se centraba en el presupuesto de consolidación «ya que a más de afianzar el crédito municipal ofrecía los necesarios medios para emprender y realizar todos los proyectos y mejoras».

Muy críticos en sus intervenciones fueron Pascual del Pobil, quien habló por la mayoría liberal; y Lorenzo Carbonell quien lo hizo por la minoría izquierdista. El primero de ellos expresó, «con respeto, pero con toda energía, su protesta al poder constituido, por la real orden que al nombrar alcalde contrariaba los deseos del pueblo, manifestados reiteradamente para ese cargo, al alcalde que va a cesar, en breves momentos».

Lorenzo Carbonell recordó cómo su partido «persiguió siempre el derecho a la elección de alcaldes», y agregó que «por fin un gobierno reconoció ese derecho y que desde entonces se desenvolvió mejor la vida municipal». «Y esto sucede así porque el alcalde de elección popular se halla más ligado a su Ayuntamiento, porque a su frente lo llevaron los votos de sus compañeros de Concejo, en tanto al alcalde de real orden sólo le liga al cargo una firma estampada en un documento que en Madrid se extiende». También protestó por la imposición gubernamental de la presidencia del Ayuntamiento.

Carbonell lamentó que un compañero de corporación aceptase el cargo, aunque dijo que contaría con el apoyo de la minoría que representaba, «pero viene solo y solo se sienta en el sillón presidencial». Igualmente el edil Sevila lamentó la destitución de Bono Luque.

Finalmente, Juan Bueno Soler ocupó la presidencia y dijo que aunque procedía del proletariado y de una familia modesta, acataba la disposición del poder ejecutivo. Seguidamente ordenó dar lectura a su manifiesto-programa.

Pragmáticas y documentos realmente ominosos para los gitanos y para los no gitanos los que abundan en el Archivo Histórico Nacional y en otros, relativos a persecuciones y varapalos de una comunidad, que aún sigue soportando esa vergüenza del racismo y la discriminación. Una de las citadas pragmáticas o ley emanada de Fernando VI, en 1746, nos recuerda que Orihuela fue, entre tantas, una de las ciudades y villas de las señaladas como «habitación de los gitanos o los que se reputan y llaman comúnmente con este nombre». Y en cuyo texto, también se citan como tales, en lo referente al reino de Valencia, «la ciudad de Alicante, Villa Real, Morella y Alcoy (y Villena, entonces, en el Reino de Murcia)».

Sabíamos cómo, ya a finales del siglo XVIII, el castillo de Santa Bárbara cumplió funciones de presión estatal y aún de reformatorio para, según Figueras Pacheco, «los jóvenes más distinguidos de Alicante, siempre que sus respectivas familias solicitasen la dicha reclusión, a título de correccional de los deslices de la juventud». Pero desconocíamos -y no encontramos dato alguno en nuestros más ilustres cronistas e historiadores locales- que en nuestro castillo hubo algo así como un ghetto para los gitanos. Tal se desprende del contenido de un documento brutal dirigido al marqués de la Ensenada y fechado en Cartagena, el veintisiete de agosto de 1749, y que es del siguiente y vitando tenor: «señor: en carta de veintitrés del corriente, se sirve V.E., decirme que habiendo resuelto el rey que los gitanos mandados arrestar en todo el reino se destinen a servir en arsenales o maestranzas y otras obras de las que se pueda sacar alguna utilidad, se previene por este correo al duque de Caylus (que desempeñaba la capitanía general del reino de Valencia), haga pasar luego, de los que se juntan en el castillo de Alicante a este arsenal, a mi disposición hasta quinientos hombres hábiles, para cualquier trabajo, y cien muchachos de más de siete años, éstos para aplicarlos a que aprendan y ayuden en los oficios que en él se usan (…) Que todos han de tenerse en la mayor seguridad que sea posible, grillete o cadena y guardia que conserven así estando enfermos en el hospital, y que llegando al caso de faltar alguno me previene V.E. despache partida o requisitoria, y dar parte para que se pueda encargar de aprehensión, advirtiéndome no se les determina tiempo, y que su asistencia debe ser la de desterrados (…)».

Con demasiada frecuencia la historia escrita al amparo de los gloriosos acontecimientos épicos, pretende ocultar episodios mezquinos y hasta infamantes. Cuánta mascarada.

Nos llega por conducto del cronista oficial de Murcia, un ejemplar de la revista «Vía Crucis», publicación anual de la hermandad sacramental del Santísimo Cristo del Mar, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan de Palma, número especial dedicado a la mujer verónica y correspondiente al año 1947. Y nos llega en vísperas ya de la Semana Santa. En su presentación, el entonces obispo de Orihuela, don José García Goldáraz, escribe:«"Vía Crucis" en el quinto año de su vida, se complace en patentizar la veneración sentida a la Divina Faz del Redentor (…)».

Colaboraciones, entre otros, de Sebastián Cortés, Aurelia Ramos, Juan Martínez Blanquer, Tomás Valcárcel y José Rico de Estasen, se recoge también en sus páginas una charla emitida desde los micrófonos de Radio Falange, acerca de la referida Hermandad y de la que se dice que «es alicantina por sus obras», obras que enumera seguidamente: «Sea la primera el impulso que dieron los congregantes que con el padre Esplá la fundaron, al salir de su ambiente, impregnados por aquel espíritu que el santo jesuita les infundó, colaboraron en la creación y erección de esa otra Cofradía del Silencio, netamente de esta tierra que admiráis y que veremos bajo la advocación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte (…)».

Tal vez, lo más curioso del mensaje radiofónico lo constituye el fragmento que dice: «Por eso, días atrás, cuando la voz de la Hermandad vibró en el éter, a través de las ondas inalámbricas de la emisora hermana, lanzamos al espacio la idea de llamar a nuestra ciudad, Alicante de la Santísima Faz (recordemos, en este punto, cómo también se pretendió infructuosamente denominarla Alicante de José Antonio) y en esta idea seguimos, interesando en el día de hoy a las dignísimas autoridades, organismos oficiales, corporaciones de Derecho público, entidades y asociaciones que juntos -interpretando el íntimo sentir de todos los alicantinos- interesen de quienes proceda que, este apelativo, producto del fervor de un cofrade y de una cofradía, sea pronto una realidad».

En esta misma publicación, se nos ofrece una versión de las vicisitudes del lienzo de la Santa Faz, de don Francisco Alberola Such, en los últimos momentos de la Guerra Civil, y cuyo contenido ofreceremos, en esta misma columna, próxima ya una nueva edición de la Peregrina.

Llegó de sopetón y conmocionó a la ciudad. El tres de abril de 1917, el Ayuntamiento de Alicante, escribió al presidente de la municipalidad de Montevideo diciéndole que había tenido conocimiento, por la prensa, de la muerte del artista Mariano Orts, «conocido y estimado en su ciudad natal, por su talento y su condición de ciudadanía». «La corporación municipal afectada por la infausta noticia, acordó constase en acta el sentimiento que le había producido, y dirigirse a V.E. el atento y fervoroso ruego de que en nombre de la ciudad de Alicante, cuna del artista Mariano Orts haga depositar una corona en la tumba del malogrado escultor».

Adrián Espí Valdés cita en «Las artes plásticas durante el siglo XIX» («Historia de la Ciudad de Alicante, 1990»), entre Rafael Hernández, Vicente Bañuls, Lorenzo Pericás y Adelardo Parrilla y otros, al referido Mariano Orts, como discípulo de Lorenzo Casanova. Si bien el segundo apellido que le atribuye Espí Valdés es Masiá, en tanto en los documentos que consultamos se trata de Orts del Mayor. Más nos inclinamos por un error que por la posibilidad de dos personas distintas ya que son otras muchas coincidencias las que se observan: edad, fecha de defunción, profesión.

El veintiséis de abril, se recibió la siguiente carta: «La corporación municipal de Montevideo se impuso en sesión de la fecha de su atenta nota del tres del actual, solicitando una corona en la tumba del escultor alicantino Mariano Orts del Mayor, fallecido en esta capital, y en contestación me es grato significarle que será un honor para la junta que presido corresponder a la gestión de ese Ayuntamiento, habiendo adoptado las determinaciones correspondientes, para que se cumpla el deseo de ese municipio, dando participación en el homenaje a los representantes de los centros y sociedades españoles establecidos en esta ciudad (...) El extinto falleció en la mayor indigencia, en el hospital nacional de Montevideo, el doce de febrero último. Tenía treinta y cinco años, era casado y su cadáver fue inhumano en el cementerio del Buceo (...) La familia ha quedado desamparada y se levanta, en estos momentos, una suscripción para socorrerla». En sesión del veinticinco de mayo, el Ayuntamiento alicantino acordó contribuir a dicha suscripción, facultando al alcalde para entregar la cantidad que juzgase conveniente.

Al homenaje, según notificación de la municipalidad de Montevideo, asistieron «el intendente de la misma, concejales, delegados de centros y sociedades españoles, el secretario de la comuna, etc.». Fotografías de aquel acto, se conservan en nuestro Archivo Municipal.

Las del Instituto de Segunda Enseñanza, de la calle Reyes Católicos, anteriormente de Ramales. Días atrás, se conmemoraba el ciento cincuenta aniversario del primer centro de estudios oficiales de bachillerato, en nuestra provincia, cuyas instalaciones docentes fueron itinerario, de uno a otro lugar, para asentarse definitivamente en el monte Tosal, en el Castillo de San Fernando, donde recibiría el nombre de «Jorge Juan», en febrero de 1960, como ha recordado el respetado profesor y amigo Abelardo Rigual, en el acto celebrado en el Club INFORMACIÓN. Acto al que no pudimos asistir, pero al que nos sumamos en esta columna de memoria y breve crónica.

En esta columna en que, con alguna frecuencia, nos hemos ocupado de nuestro primer Instituto, desde sus mismos orígenes. Y desde su reapertura, tras la guerra civil, cuando en diciembre de 1939 se abrieron de nuevo las viejas e insuficientes aulas. Allí estaba, además del ya citado, y sin pretender ser exhaustivos: Andrés Carrillo, Bernardo Pérez, Javier Gaztambide, Ángel Casado, Fernando Lahiguera, María Pascual Ferrándiz, Juan Pascual Vilanova y tantos otros, como el bendito profesor de dibujo, tan entrañable, a quien los alumnos -y lo recordamos con el mayor cariño y la alta consideración que nos merece, como el resto del claustro- le llamábamos «El tío Palomo» o «El Palomo».

Alumnos de aquel entonces, muchos de ellos propicios a «fumarse» las clases y a pasárselas en la playa, o en la escollera, o en las acequias de más allá del cementerio viejo de San Blas, justamente por donde ahora se alzan las grandes urbanizaciones del polígono, sus amplias avenidas, las instalaciones de este periódico. Qué tiempos.

El decrépito caserón agobiaba tanto que Gaztambide Sarasa y otros responsables de la enseñanza media, solicitaron de las autoridades competentes un local más adecuado y capaz para la docencia. Leemos a raíz de esta conmemoración que don Fernando Lahiguera «consiguió del conde de Casas Rojas la cesión del terreno del Castillo».

El treinta de diciembre de 1941, comenzó la cuenta atrás. Una cuenta demasiado morosa. Pero fue entonces cuando el Ayuntamiento en pleno ofreció, por acuerdo, al Ministerio de Educación Nacional los terrenos situados en la ladera del monte Tosal, frontera a la avenida de general Marvá, de propiedad municipal.

Años después, se levantaría allí el nuevo edificio para el instituto que tanta historia arrastraba y arrastra, en su siglo y medio de existencia. Espléndida historia.

Lo anunciamos ya el pasado miércoles: en la revista anual «Vía Crucis» correspondiente a 1947, en el artículo titulado «Yo he presenciado un milagro de la Santa Faz», de Francisco Alberola Such, se nos cuenta las vicisitudes del tradicional lienzo, ya en las postrimerías de la guerra civil.

Alberola Such permaneció refugiado durante tres años, en el Consulado Argentino, en la finca «Marco», según manifestó el propio interesado. «Aquella mañana del veintiuno de marzo de 1939 -escribió-, un hombre que desde la tarde anterior vagaba en mi busca, por los caminos de la huerta, desde San Juan a Campello, obtuvo del Consulado Argentino que me protegía, el permiso oportuno para poder entrevistarse conmigo (...)». La cita se fijó a las cuatro, en un camino cercano a la mencionada finca. Luego, «un hombre pequeño con la faz descompuesta por un seguro temor que le atormentaba, me dijo llevar varios días buscándome para confiarme el secreto del lugar en que, desde los comienzos de la guerra, permanecía depositada nuestra venerada reliquia de la Santísima Faz».

De acuerdo con Alberola Such, el hombre desistió de abandonar España, y ambos planificaron «el medio de salvar la Santa Reliquia antes de que, en un final próximo de la guerra, pudiera ser destruida por los vencidos que huían o por los soldados vencedores que llegaban, desconociendo quizás, unos y otros, el tesoro que se ocultaba tras los legajos de un archivo oficial (...) La noche del veintisiete de marzo, en un lugar oculto de las proximidades de Muchamiel, aquel hombre me entregaba las llaves de la caja fuerte de la Diputación, donde nuestra reliquia había sido depositada; y el día veintinueve, merced a los grandes y desinteresados servicios del cónsul argentino, señor Barrera, me ponía en comunicación con don Ambrosio Luciáñez y don José Sempere, que se habían hecho cargo del Gobierno Civil de la provincia (…)». Por la tarde, los citados señores y el desconocido -cuyo nombre no se nos revela, en ningún momento- sacaron de la Diputación el lienzo, envuelto «en el pobre abrigo» de Francisco Alberola Such.

«El día treinta y uno de marzo, se celebró la primera misa en presencia de la Santa Faz, en una habitación de la residencia consular, oficiada por el vicario del vecino pueblo de San Juan de Alicante, don Francisco Ripoll». Según relata el autor del artículo que comentamos entonces, y el misterioso hombre que había facilitado la recuperación de la reliquia, se hundió de rodillas «a impulso de una fuerza superior». Posteriormente, cuenta Alberola Such que exclamó: (…) ¡hoy en mi persona obró el milagro más grande que los tiempos vieron!». Aquel hombre, se nos dice, estaba sujeto a un proceso militar.

Por supuesto que ya hemos dejado aquí mismo constancia de las actividades de dos barcos de guerra argentinos, durante la contienda civil, así como de las gestiones del cónsul de aquel país.

Fue el concejal don Emilio Guijarro Lledó quien presentó en la comisión municipal permanente la propuesta de que se concediera la medalla de la ciudad a don Eduardo L. Barrera, cónsul de la República Argentina, en Alicante, «por meritoria labor durante la dominación roja, gracias a la cual muchos alicantinos pudieron salvarse del martirio a que les hubiera sometido la horda roja, y pudieron embarcar en este puerto, en buques de guerra de la gran República de la Playa, para dirigirse al extranjero y llegar a la España liberada».

En sesión extraordinaria del pleno, correspondiente al veintisiete de noviembre de 1939 -Año de la Victoria-, el alcalde, don Ambrosio Luciáñez, manifestó que «la moción del señor Guijarro fue tomada en consideración, con verdadero agrado de la permanente, que acordó darle la tramitación reglamentaria».

Con tal motivo, se llevó a efecto una escrupulosa revisión de las distinciones concedidas, antes de entonces, «con el consiguiente espurgo de las que no respondían a otra cosa que al espíritu caprichoso y sectario que imperó en la corporación, desde el día del cambio de régimen». Una vez realizado dicho espurgo, se acordó un nuevo sistema de reglamentación, con objeto de conceder la referida medalla», que debe otorgarse solo como premio a merecimientos de extraordinaria calidad.

Luego, y como quiera que nadie puso en duda que la propuesta del citado edil obedecía más que a tales motivaciones, el pleno municipal amplió la propuesta a otras dos personas: los comandantes del destructor «Tucumán» y del crucero «25 de mayo», «merced a los cuales la labor altamente humanitaria del señor cónsul argentino pudo tener la apetecida eficacia». La propuesta fue acordada por unanimidad: medalla de oro para el señor Barrera y los dos marinos, «que en los primeros meses del Glorioso Alzamiento Nacional mandaban los citados barcos de guerra».

También por unanimidad y en la misma sesión, se acordó «que la calle a que los marxistas dieron el nombre de Mariana Pineda, se llame desde ahora calle de destructor «Tucumán», perpetuándose de este modo, el testimonio de gratitud de Alicante a la gloriosa y humanitaria flota argentina».

Lo anunció oficialmente Rafael Terol, quien, por entonces, ostentaba la Alcaldía. En sesión plenaria del nueve de mayo de 1890 -cuatro días después de producirse el fallecimiento-, Terol hizo una emotiva y cálida apología de quien, además de ocupar por tres veces la presidencia del Ayuntamiento de nuestra ciudad, había desempeñado altos cargos en el Gobierno. Rafael Terol, en nombre de la corporación, telegrafió a la familia del tribuno.

Entre la mayoría municipal monárquica y la pequeña representación republicana, no se produjo ninguna diferencia sustancial de criterios. La unanimidad se produjo en torno a la figura de Eleuterio Maisonnave, si bien hubo alguna sutileza en cuanto se puntualizaba en qué iban a consistir las conmemoraciones.

Rafael Viravens, antes cronista oficial de la ciudad, y por aquel tiempo en el ejercicio de una tenencia de Alcaldía, abogó por inscribir el nombre del insigne difunto, en el monumento dedicado a los hijos más preclaros de Alicante que «el Ayuntamiento tiene acordado levantar». Los ediles republicanos Luis Penalva y Armando Alberola, sin embargo, propusieron que en su memoria se erigiese un monumento. Unos y otros coincidieron en que una calle de la capital llevara el nombre de Maisonnave, para así perpetuar su recuerdo. Por último, se convino en que tal privilegio recayese en la hasta aquel momento llamada alameda de San Francisco. Lo de la estatua también le alcanzaría.

Pero, ciertamente, Eleuterio Maisonnave, tras su muerte, no levantó polémica de relevancia, entre la mayoría monárquica y la minoría republicana. Grupos que, con cierta frecuencia, se arriscaban en sus posturas. Por ejemplo, cuando el concejal Martínez Torrejón propuso a sus compañeros de Consistorio que, con motivo de la recuperación de Alfonso XIII, se telegrafiase a la reina regente felicitándola por tan tranquilizador motivo. Penalva se opuso alegando que el Ayuntamiento era una corporación económica y administrativa, y no tenía por qué efectuar pronunciamientos políticos.

Se armó un buen guirigay. Mientras Martínez Torrejón, Viravens, Campos y Gironés se afirmaban en su amor y entrega didácticos, Alberola y Penalva mantenían que la corporación municipal «no tenía ni opinión ni color, pues que debía contener la expresión de todas las opiniones». Los republicanos sufrieron una derrota. Sin embargo, con Maisonnave no se desataron enfrentamientos. El respeto por el gran alicantino prevaleció por encima de las posturas partidistas. Hace, dentro de pocos días, ciento cinco años de todo aquello.

El siglo XX entró en la historia municipal de la mano de Alfonso Sandoval y Bassecourt, barón de Petrés, presidente y alcalde de nuestro Ayuntamiento, desde 1899 hasta mediados de 1901. ¿Quién lo despedirá y quién celebrará la entrada de un nuevo siglo y de un nuevo milenio, desde la alcaldía?

Cualquiera de los que ahora se disponen a disputarse la ambicionada presa en las arenas electorales, desde luego, no. A menos que, quien quiera que sea, resultara reelegido en los comicios que habrán de celebrarse de aquí a que pasen otros cuatro años, es decir, en 1919. Ánimo, pues, que cuatro años son nada. Y eso de comerse las doce uvas del último día, del último año, del último siglo de los mil, bien cogido a los balcones del Palacio Consistorial debe ser de vértigo. ¿Será un socialista, será un popular, será un esquerraunido o será alguien de una nueva y caudalosa formación política?

De momento, del barón de Petrés a quien resulte más votado en las urnas del 28-M, tendremos cien años de alcaldes. Así, o con un título muy parecido, saldrá nuestro libro, con las grandezas y las miserias de cuantos sucesivamente han administrado y gobernado el municipio: una breve biografía y, sobre todo, la gestión realizada a lo largo de su mandato o de sus mandatos.

De todos ellos, y en esta columna, hemos dado testimonio, con mayor o menor extensión. En la anunciada obra, cada cual tendrá su merecido, sin escatimarle nada: ni de sus aciertos ni de sus desatinos, con los documentos en la mano y esa pretendida objetividad como divisa. Incluso, con un particular «Guinnes»: un pequeño y curioso memorial de récords. Por ejemplo, el alcalde que más tiempo ha permanecido -durante el presente siglo- al frente de la alcaldía es José Luis Lassaletta Cano. Un título que ya nadie le puede arrebatar. El que menos, no nos atrevemos aún a pronunciarnos, hay varios candidatos, pero el futuro puede depararnos sorpresas. El más alto, el más bajo, el más gordo, el más flaco. Alcaldes de la Restauración, de la dictadura primorriverista, de la República, del Frente Popular, de la dictadura franquista, de la democracia. Todos y cada uno de ellos tendrán el espacio correspondiente. Lo tienen ya, con sus discursos, sus programas, sus corporaciones, sus obras y sus batallitas.

A nuestros queridos alcaldes, claros varones y esforzados paladines de la ciudad, le rendimos respetuosamente la obra. Una obra que demuestra, penas o alegrías aparte, que no hay alcalde que cien años dure.

Por real orden del dieciséis de octubre de 1903, el Ministerio de Fomento, cedió al Ayuntamiento de la ciudad los terrenos junto al mar, comprendidos entre las calles de Canalejas y Barrejón (ahora, Portugal), terrenos que habían sido ganados al Rihuet y a las murallas que cerraban, por aquellos parajes, la plaza.

Era, por supuesto, una medida urbanística, por cuanto ya se precisaba que en tales terrenos, dedicados a depósitos de mercancías portuarias, debería construirse necesariamente un paseo o parque que llevara el nombre de Canalejas.

Con tal motivo, Tomás Tato Ortega proyectó la instalación del llamado Teatro de Verano que habría de levantarse en la prolongación del paseo de los Mártires o Explanada. En su solicitud, el que fuera teniente de alcalde, se comprometía a «construir el paseo y jardines y a cuidar de los mismos, durante el tiempo de la concesión».

La corporación municipal, en sesión plenaria celebrada el primero de diciembre de 1907, examinó «el proyecto y expediente promovido por don Tomás Tato Ortega, vecino de esta capital, para construir un teatro de verano. El edil Clemente, tras un minucioso estudio de tales papeles; estimó que procedía informar favorablemente el mencionado proyecto «teniendo en cuenta la necesidad racional que existía de alentar las iniciativas particulares, en cuanto tendiesen a dotar a Alicante de aquellas mejoras, que contribuyesen a su desarrollo y prosperidad materiales».

El informe de Clemente además señalaba que, en aquel caso concreto, «se trataba de levantar un edificio para espectáculos públicos, en el sitio más indicado, para ello, de la población, que carecía de locales de tal índole, para la época veraniega que era cuando concurrían a la ciudad miles de forasteros, a los que era de interés general proporcionarles recreos cultos y distracciones que fomentaran aquella concurrencia de bañistas, fuente segura de ingresos».

Manuel Cortés de Miras que presidía el Ayuntamiento manifestó su conformidad, pero imponiendo condiciones referentes a la urbanización del paseo, plantación de arbolado, cuidado y sostenimiento de los jardines durante el tiempo de la concesión, y prestación de las garantías necesarias, para el puntual cumplimiento de las referidas condiciones. El Teatro de Verano fue finalmente un hecho. Un hecho que se recoge en las viejas fotografías de aquellos tiempos.

Con las reservas a que siempre sometemos nuestras indagaciones cronísticas, y en tanto no encontremos un documento más antiguo, todo hace pensar que las cabalgatas de los Reyes Magos, más o menos como las concebimos en la actualidad, se iniciaron en 1899.

Tal se desprende de la moción que el edil Guillén presentó a la Corporación plenaria, de fecha once de diciembre de 1901.

El citado concejal propone en su escrito: «La Sociedad Festival Alicantina proyecta para el próximo día de Reyes las fiestas que ya se iniciaron en el año 1899; y que no obstante las deficiencias que en su organización se notaron, tan del agrado fueron del vecindario».

Aun sin tener la información precisa -por el momento- de qué deficiencias adoleció aquella primera manifestación de la ahora tan multitudinaria cabalgata -dromedarios, helicópteros, barcos y todos los séquitos-, el señor Guillén no se amilanó. Y así agrega: «Con la experiencia de lo ocurrido en aquella ocasión y con la seguridad de mejor éxito, la Festival realizará la próxima, para lo que busca la cooperación del Ayuntamiento, para algunos detalles a los que ella no puede llegar, por representar un gasto desproporcionado, dentro de los fondos de los que dispone».

El edil solicita que se derogue «el acuerdo del treinta de agosto pasado y facilite a la Festival las ropas de paje, guarniciones y gualdrapas de caballos, que se estrenaron en las hermosas cabalgatas anunciadoras de las últimas fiestas de agosto, en el bien entendido de que tales objetos se entregarán bajo inventario y se devolverán en el mismo estado, por la Sociedad Festival Alicantina».

Por supuesto, el presidente de la mencionada sociedad era «inmerecidamente» el ya referido concejal, que tan buenos ánimos ponía en el asunto.

Lo cierto fue que el alcalde, don José Gadea Pro, no sólo apartó inconvenientes administrativos, sino que además propuso un voto de gracia «a la Festival, por el buen éxito de los festejos que había organizado y que tal voto se extendiera a cuantas personas y corporaciones habían cooperado en la batalla de flores».

Por último, la Corporación municipal accedió a la solicitud y acordó que la sociedad de referencia se encargara de preparar la cabalgata de los Reyes Magos. Era el catorce de diciembre de 1901 y apenas si quedaba tiempo para ensillar las cabalgaduras.

Hace ya tres años, en este mismo espacio tan dedicado a nuestras cosas, nos referimos a las tarifas de los coches de alquiler, poco después de concluida la guerra civil. Apenas unos días atrás, unos amigos del sector nos instaron a que, de nuevo, lo recordáramos. Y así lo hacemos.

En 1940, se establecieron los siguientes radios urbanos para los vehículos de alquiler: por la carretera de Torrevieja, hasta los doce puentes; por la de Ocaña, hasta la entonces Casa de José Antonio; por la de San Blas, hasta el cementerio viejo; por la de San Vicente hasta Los Ángeles; por la de Villafranqueza, hasta el campo de fútbol; por la de Valencia, hasta La Goteta; y por La Albufereta, hasta la factoría de Campsa. De acuerdo con el padrón municipal, al treinta y uno de diciembre de 1939, Alicante y su término tenían una población de derecho de 84.623 habitantes; y de hecho de 103.391.

La corporación consistorial que presidía Ambrosio Luciáñez Riesco, a propuestas del Sindicato Provincial de Transportes y Comunicaciones, acordó aprobar las siguientes tarifas, para los automóviles con taxímetro, de menos de dieciocho caballos: bajada de bandera con un recorrido de quinientos metros, ochenta céntimos; y la misma cantidad por cada kilómetro más de carrera.

Por una hora de espera, cuatro pesetas. Y si esa hora era de los llamados servicios especiales, es decir, bodas, bautizos y hogueras, se abonaban por ella nada menos que veinte pesetas. En tanto, si el mismo tiempo correspondía a causa de entierro, sólo importaba quince pesetas. Naturalmente, se cobraban también, los transportes de equipajes a razón de cincuenta céntimos por maleta y una peseta por baúl. Estas tarifas, que entraron en vigor a partir del veintisiete de junio del referido año, casi se duplicaban si el coche de punto tenía una potencia superior a los dieciocho caballos.

Y mucho más si se trataba de automóviles de lujo, con franja azul. En ellos, una carrera, dentro del casco urbano y hasta tres personas costaba tres pesetas, y una cincuenta más por cada nuevo pasajero. Los usuarios de tales vehículos aficionados a los toros y a las hogueras apoquinaban hasta cuatro duros. En plan franja azul, cuatro personas que quisieran visitar los castillos de Santa Bárbara y San Fernando sabían que la vista panorámica les valía diez pesetas. Pero a un probable quinto cliente la cosa se le ponía peor: un duro más. Un despilfarro, ya ven.

Ya tenemos el censo actualizado, al uno de enero del año en curso. Según Estadística, somos 276.526 habitantes los que nos distribuimos entre esas aproximadamente dos mil calles, avenidas, glorietas y plazas de la ciudad. Y ahí es nada el número de casas y de viviendas.

Hace unos ciento ochenta años, el arquitecto don Antonio Jover bien que se sudó el justiprecio de las dos mil cuatrocientas sesenta casas, doscientos un almacenes y seis mesones que formaban la ciudad y sus arrabales, más o menos bien ordenado tales elementos en un total de setenta y siete calles y once plazas, por donde discurrían cerca de catorce mil residentes, en 1814, después de la guerra de la Independencia y después también de la letal epidemia de fiebre amarilla, que se declaró en septiembre de 1804 y concluyó a últimos de enero de 1805, y que, en tan breve plazo, se saldó con un total de dos mil cuatrocientos setenta y dos defunciones o dos mil setecientas sesenta y cinco, según las fuentes que nos facilita Nicasio Camilo Jover.

Pues bien, en aquella ocasión el dicho arquitecto valoró todos los inmuebles por cerca de noventa y ocho millones y medio de reales de vellón. Dice Antonio Ramos Hidalgo, en su «Evolución Urbana de Alicante»: «Los cincuenta y ocho principales propietarios, conocidos en la nómina de los más importantes miembros de la nobleza local y de la burguesía comercial, poseían el 14'8% del valor total de dichas casas, equivalente a 14.600.900 reales de vellón. Consecuencia de este monopolio de la propiedad urbana era el denunciado encarecimiento de los alquileres de las viviendas mencionado en el «Informe incompleto de 1804».

Antonio Jover, arquitecto de la Real Academia de Nobles Artes denominada de San Carlos, matriculado en la misma, director de los reales caminos de esta Gobernación y único titular del ilustre Ayuntamiento de esta ciudad, practicó, en concurso de los señores regidores del mismo don Ignacio Ansaldo y don Esteban Pastor Rovira, en virtud de orden de dicho ilustre Ayuntamiento, de las propiedades, sus valores y rentas líquidas que poseen en esta ciudad los sujetos que a continuación se expresan (…)».

En 1814, Alicante valía algo más de veinticuatro millones de pesetas, con sus casas, almacenes y mesones. ¿Quién la justiprecia ahora?

Oportuno parece que lo recordemos, ahora, cuando, una vez más, nuestro Mercado Central de Abastos y sus dependencias, están sometidos a obras de remodelación, en la plaza de Balmes.

En la plaza de Balmes precisamente, en febrero de 1911, se levantó un templete, con su correspondiente mesa y unos expositores donde figuraban los planos trazados por el ingeniero Próspero Lafarga, para la futura plaza de abastos, ya tan necesaria.

Era domingo y el día anterior, Alfonso XIII y la reina, acompañados por el presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas y Méndez, descendieron del tren en el apeadero del parque que lleva el nombre del referido político. Les dio la bienvenida, en nombre de la ciudad, el alcalde, Federico Soto Mollá. Luego, la comitiva se dirigió a la entonces colegiata de San Nicolás.

Pero el domingo, el rey se plantó en la plaza de Balmes, mientras el secretario del Ayuntamiento, con tono grave, procedió a la lectura de la siguiente acta: «En la ciudad de Alicante, el día doce del mes de febrero del año 1911, en la plaza de Balmes, su majestad el rey, don Alfonso XIII (q.D.g), procedió a colocar solamente la primera piedra para la construcción de una plaza de abastos, extendiéndose la presente acta que con su majestad firman su real séquito representantes en cortes, autoridades de esta ciudad y demás personalidades invitadas».

Dicha acta, junto con varias monedas y periódicos, se guardó en una caja de plomo que fue, a su vez depositada en la «piedra objeto de la ceremonia». De acuerdo con la Prensa de la época, al pie del documento estamparon su firma el rey, el presidente del Gobierno, el ministro de Marina, el director general de Obras Públicas, el marqués de Torrecillas, el capitán general de la región, el general Sánchez Gómez, el presidente de la Junta de Obras del Puerto, y, por supuesto, el alcalde de la ciudad.

Fue aquélla, sin duda, una de las visitas regias más ajetreadas: primera piedra, actos en el Ayuntamiento, en el Club de Regatas, en el Teatro Principal, en la plaza de toros. Y algo de muy considerable importancia: Alfonso XIII se desplazó a Villajoyosa, donde inauguró la vía férrea de La Vila a Denia, atendió a los pecadores y marineros en su petición de que se construyese un puerto y otorgó a la referida población el título de ciudad.

Llegó dispuesto a desbaratar el ataque de las fragatas insurrectas, pero advirtió algunas deficiencias por parte de las autoridades locales. Las autoridades locales no estaban por aquel énfasis belicosos de don Arsenio Martínez Campos. Las autoridades locales andaban en negociaciones con los cantonalistas, merced a la mediación del cuerpo consular, y habían ciertas reservas en torno a los acuerdos alcanzados con Lorenzo Carreras, dirigente de los radicales. Tiempo al tiempo.

Pero don Arsenio era hombre temperamental, además de capitán general de Valencia. Así que decidió dimitir a raíz de tales circunstancias. En nuestro Casino invocó la restauración de la dinastía borbónica. Todo aquello sucedió a partir de septiembre de 1873. Posteriormente, en diciembre de 1874, en Sagunto, proclamó rey a Alfonso XII.

Curiosamente, un ilustre alicantino desempeñó un papel relevante en estos hechos: Adrián Viudes Gardoqui, marqués de Río Florido. Por si acaso aquella acción no prosperaba, dispuso un refugio con las mayores garantías para el general Martínez Campos: en la finca «Los Hoyos», de Mutxamel, propiedad del referido Adrián Viudes.

Pero no fue sólo el marqués de Río Florido un acérrimo defensor de la Restauración borbónica en Alicante, el propio Carlos Navarro Rodrigo que formaba parte, aquel mismo año, del gabinete presidido por Sagasta, se manifestó en defensa de don Alfonso. Por otra parte, el periódico «El Constitucional», no cesó en sus pretensiones de llevar al trono al hijo de Isabel II. «Es más los que sostenían a dicha publicación eran los Bas y los Campos que, a pesar de servir a Sagasta, en el mismo citado año, fueron los primeros en reconocer la dinastía borbónica, por lo que recibieron actas de diputados, presidencias de la Diputación y alcaldías».

También Julián de Ugarte y Rafael Viravens y Pastor fueron detenidos por el gobernador civil, Enrique Fernández, y acusados equívocamente de carlistas. Viravens se lo dijo sin pelos en la lengua: «Si usted nos detiene por carlistas, yo protesto de un hecho arbitrario. Si nos detiene como alfonsinos sólo hemos de manifestar que estamos dispuestos a dar la vida a la hacienda por la restauración de la dinastía borbónica».

A don Arsenio Martínez Campos, en Cuba, se le recuerda con un cierto agrado. Después de restaurar a los Borbones, logró que los mambises se avinieran a la paz del Zanjón.

Las cosas estaban cambiando. Lo de Primo de Rivera, por fortuna, ya quedaba atrás. El veinticinco de febrero de 1930, se proclamaron los concejales del nuevo Ayuntamiento de Alicante. Los dos días siguientes, en la sala capitular, tuvo lugar la maratoniana constitución, bajo la presidencia del gobernador civil, en la primera parte y de don Florentino de Elizaicin España, en la segunda.

El gobernador civil, don Rodolfo Gil Fernández, recibió del señor Elizaizin y en nombre del pueblo alicantino, un saludo de bienvenida y el homenaje «a un ilustre periodista y literato eximio que honra las letras españolas». Pero a pesar de las hermosas frases había cierta confusión. Don Marcial Samper Ferrándiz, con la mosca tras la oreja, manifestó que él y sus amigos aceptaban la gestión, con objeto de que pronto se tuviera una «redentora República».

Después de una catarata de renuncias, Florentino Elizaicin afirmó que aceptaba el cargo, «porque cree en el noble propósito de este gobierno de normalizar el régimen constitucional que durante más de seis años ha estado en suspenso». Y, seguidamente, hizo memoria de su actitud durante el periodo de la dictadura, «expresando que en dos ocasiones distintas pudo ocupar puestos en el Ayuntamiento y en la Diputación, y no los aceptó por entender que no podía colaborar con el régimen que imperaba».

Era, en fin, una corporación de compromiso y todos o casi se andaban con reticencias y muchos remilgos. De acuerdo con la Real Orden del veintitrés de febrero del citado año, tanto la Alcaldía como las tenencias de Alcaldía tenían que ser ocupadas por los concejales de mayor edad de entre los proclamados. Y por tal, la Alcaldía le correspondió a don Antonio Hernández Lucas que no pudo asistir, y la primera tenencia a don Juan Guardiola Forgas. Guardiola Forgas alegó que tenía sesenta y cinco años bien cumplidos y que con arreglo al estatuto municipal no podía desempeñar el cargo. En la jornada siguiente, Hernández Lucas se amparó en el mismo artículo estatutario. Y así, aunque por muy poco, la Alcaldía fue a parar a manos de Florentino de Elizaicin.

Por otros motivos, siempre justificados, abandonaron la corporación Herrero Salmerón, Soler Asensi, Leach Laussat... Qué estampida. Y fíjense ahora, a cómo se ha puesto la Concejalía. Panal de rica miel.

Nos hemos referido en otras ocasiones a distintas épocas en las que los alcaldes apenas si tenían tiempo de deshacer y hacer las maletas. Eran alcaldes con todas las de la ley de aquel entonces, pero casi de paso. Los ceses y nombramientos por reales órdenes causaban estragos. Así sucedió durante los años previos a la llegada de Primo de Rivera, en los estertores de la Restauración.

El dieciocho de enero de 1921, Antonio Bono Luque se despidió de la corporación que había presidido durante casi tres años. En su despedida, destacó la anhelada inauguración del nuevo mercado central -que ya muy pronto sería una realidad-, y se refirió a la última epidemia gripal que determinó con la mayor urgencia, la habilitación del cementerio municipal, cuyas obras dejaba muy adelantadas, «ya que los noventa mil metros de superficie estaban cercados por tres de sus lados, y con los cimientos del restante concluidos». Ricardo Pascual del Pobil, por la mayoría liberal, manifestó su respetuosa, pero enérgica protesta al poder constituido, por cuando al nombrar nuevo alcalde contrariaba los deseos del pueblo, expresados reiteradamente al elegir al alcalde que iba a cesar en breves momentos. También Lorenzo Carbonell, como representante de la minoría de izquierdas, hizo pública su disconformidad con el procedimiento de designación por real orden que no era más que un documento que se expedía en Madrid.

A Bono Luque, le sucedió en el cargo Juan Bueno Sales. El edil Sevila concluyó su dura intervención afirmando que si Bueno Sales «se dejara fuera de las casas consistoriales su etiqueta datista (partidario del conservador presidente del Gobierno Eduardo Dato), y trabajara por Alicante tendría su concurso, de lo contrario lo combatiría, sin tregua ni descanso».

Juan Bueno Sales, en medio de tanta controversia, ocupó el sillón presidencial y manifestó que acataba las disposiciones del ejecutivo. A continuación dio lectura a su manifiesto-programa.

El uno de abril de 1922, Bueno Sales fue sustituido en la Alcaldía por Pedro Llorca Pérez, quien a su vez cesaría el ocho de noviembre de aquel mismo año. Un oficio del Gobierno Civil comunicó su cese y notificó que se procediera a la elección de un nuevo alcalde. Salió elegido de nuevo Antonio Bono Luque. En menos de dos años, nuestro Ayuntamiento había conocido tres presidentes distintos. Casi un año después y ya con la dictadura de Primo de Rivera, ascendería a la presidencia municipal Miguel de Elizaicin y España.