La Gatera. 1996

Enrique Cerdán Tato

Durante el mandato municipal del general Julio Suárez-Llanos y dos años antes de que se diera luz verde a «Les Fogueres de Sant Joan», se fundó una obra benéfica de la que ya aquí hemos dejado constancia: La Gota de Leche, cuyo objetivo fundamental «era atender a la lactancia de unas pobres criaturas que sin ella morirían indefectiblemente y que con ella salvarán la vida». Para allegar recursos a dicha institución, se celebraban anualmente unas verbenas, cuyos beneficios se dedicaban íntegramente a «La Gota de Leche».

Muchos alicantinos aún las recordarán. Solían tener lugar en el paseo o paseíto de Ramiro (en realidad en el jardín de Ruiz Corbalán, construido en el centro de la referida plaza). La primera de ellas, se organizó en 1926. Había una tómbola «con un sinfín de valiosos regalos con los que el pueblo de Alicante contribuía a la manificencia del festival», puestos de repostería, bailes (el schotis, «con un manubrio cascabelero») y ritmos modernos y estrepitosos al compás de un jazz-band. También diversos concursos, entre los que destacaba, además del de peinados femeninos, el de mantones de Manila, cuyo jurado, compuesto en aquella primera ocasión, por los señores Luciánez, Botella (Juan), Irles, Guillén y Varela, tenía que dilucidar lo suyo, para la concesión de los correspondientes premios.

Era el técnico municipal Andrés Aracil quien se responsabilizaba de la decoración de los jardines, con bombillas de colores y farolillos venecianos, para que el marco de tales celebraciones, resultara atractivo. Nosotros, como probablemente tantos otros, recordamos cómo en la posguerra, en los años cuarenta, se reanudaron tales verbenas, en el mismo lugar de su origen y también en el castillo de San Fernando.

Según el alcalde Suárez-Llanos, la institución benéfica se inauguró el uno de octubre de 1925 y hasta el treinta de junio siguiente, se suministraron a los cientos sesenta y seis pobres y a los treinta y seis pudientes, un total de treinta mil trescientos sesenta litros de leche, setecientos doce kilos de azúcar, cinco mil seiscientos sesenta biberones, mil novecientas dieciocho tetinas de goma y doscientos cestillos. Los presupuestos de los años 1926 y 1927 fueron respectivamente de 17.680 pesetas y de 27.500 pesetas.

El cronista de «El Noticiero del Lunes» escribía en agosto (mes en que solían celebrarse las verbenas) de 1928: «Allí se han congregado las autoridades, damas distinguidas, bellísimas señoritas, y con ellas, familias modestas, gentes de posición humilde, diríase ante esta simpática promiscuidad de clases sociales que Alicante entero, a requerimiento de la caridad, patentizaba su propensión a la bendita igualdad y a la santa democracia (...)». De antología.

Coincidiendo con el escenario de la ejecución del general José María de Torrijos, en 1831, se distribuyó, en Málaga, copia de un oficio, fechado el catorce de diciembre de dicho año, en el que figuraban las partidas de defunción de cuarenta y nueve hombres fusilados, con expresión de sus señas de identidad y lugar de nacimiento. Según este documento, tres de los que cayeron bajo la represión del absolutismo, procedían de nuestra provincia.

Torrijos fue capitán general de Valencia cuando, en 1820, se inició el trienio liberal. Luego, de nuevo restaurado el poder absoluto de Fernando VII, Torrijos que ya había padecido persecuciones por su ideario liberal, se exilió en Inglaterra. De allí, viajó a Gibraltar, en donde conspiró contra el régimen y propició una insurrección de carácter progresista. Pero Torrijos con cuantos le seguían en sus nobles propósitos, fue víctima de una emboscada, en las playas de Málaga, «a la desembocadura del arroyo de Cuart, en los linderos de los bancales del huerto llamado de Lebrón», tal y como nos lo describen algunos periódicos.

No se sabe de seguro cuántos más fueron fusilados con José María de Torrijos. En un monumento que se levantó a la memoria de aquellos liberales, figuran cuarenta y nueve nombres. Joaquín García de Segovia, en su folleto titulado «Noticias de las expediciones salidas de Gibraltar en los años de 1826 a 1831» nos facilita la cifra de cincuenta ejecutados. Y Luisa Sáenz de Viniegra, viuda del general insurrecto, en la biografía de su marido, de 1850, afirma que fueron cincuenta y tres los fusilados, en aquella ocasión. Por último -y siempre de acuerdo con los datos obtenidos a través de la Prensa-, el periódico «Despertar malagueño» nos da el número de cuarenta y ocho.

Pero en el documento al que nos hemos referido en un principio, y que fue elaborado por orden del gobernador Vicente González Moreno, el mismo que abortó el levantamiento de Torrijos, se contabilizan cuarenta y nueve sepultados, a raíz de la masiva ejecución ilegal, puesto que no fueron sometidos a proceso. En esta relación, aparecen las señas de los siguientes alicantinos: Lorenzo Cobos, de sesenta años, casado y natural de Santa Pola; Francisco Mora, de treinta y seis años, casado y natural de Altea; y Francisco Arques, de cuarenta y dos años, y natural de Alicante. Según se recoge en los referidos papeles, este último otorgó poder para testar a Francisco Vera, capitán del regimiento de línea número cuatro.

En realidad, todo se gestó en la Academia de Música que funcionaba en la calle de Castaños, prácticamente detrás del Teatro Principal, y que fundaron, entre otros: Daniel Llopis, Carlos Mas, Luis Torregrosa, Armando Guerri, José María Muños y Ángel Perea. Por aquel entonces era alcalde de nuestra ciudad Federico Soto. Y el concejal Tomás Tato Ortega que dirigía la Fábrica de Tabacos se volcó materialmente con la idea de aquellos paisanos, e impulsó la creación de la banda de música, que tuvo lugar a primeros de abril de 1912, y que actuó, por vez primera, el tres de agosto del referido año, con motivo de la Alborada de la Virgen del Remedio, en un templete instalado junto al Ayuntamiento.

En este mismo periódico, de fecha cinco de noviembre de 1949, González Cayuelas, entrevistó a Luis Alberola quien, con una memoria certera, afirmó que en el debut se interpretaron, además de varias otras composiciones, «París-Londres», pasodoble de Alier; «Pan y toros», del maestro Barbieri; y «Las Walkirias» de Ricardo Wagner. Siete años más tarde, nuestra flamante banda se llevó el segundo premio del concurso nacional convocado en Bilbao; y acudió, en repetidas ocasiones a Valencia y en 1935 a Orán.

Un tribunal compuesto por Óscar Esplá, Luis Casanova, Vicente Poveda, Marcos Ortoz y el edil Tomás Tato, examinó a los aspirantes a la dirección de la misma, en concurso oposición. Lo ganó Luis Torregrosa García que fue consecuentemente su primer director, y que ocupó la plaza hasta 1944. Especial atención, le prestaron a la Banda Municipal de Música, en aquellos tiempos y en opinión de los propios músicos, dos alcaldes: Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri, entre 1915 y 1917 y Juan Bueno Soler, de 1921 a 1922.

A Luis Torregrosa le sucedió en la dirección de la misma Carlos Cosmén Bargantiños que ejerció sus funciones del año ya señalado hasta 1961 y que le procuró una considerable popularidad «con los conciertos semanales en la Explanada que levantaban gran expectación». Con su perseverancia y su competencia profesional -según la prensa- Cosmén consiguió que la banda recuperara la gran valía de costumbre.

A Carlos Cosmén le sucederían al frente de la misma otros notables maestros, Moisés Davia Soriano, Antonio Ferriz Muños (en funciones) y por último Bernabé Sanchís Sanz.

Recordamos que fue con el recientemente desaparecido amigo, investigador y médico, Rafael Martínez San Pedro, en un paseo compartido por la Playa de san Juan, hace algo más de un mes, con quien hablamos del eminente cirujano Carlos Carbonell. En memoria, pues, del también eminente y entrañable ginecólogo y profesor de nuestra Universidad, dejamos aquí sumariamente expuestos los progresos que el doctor Carbonell incorporó a las intervenciones quirúrgicas, en nuestra ciudad, a través del sanatorio que, bajo su dirección, instaló, en 1928, en la calle de Foglietti, y que tan merecidas felicitaciones recibió por parte de nuestros conciudadanos y de los medios de comunicación de aquel tiempo, aún tan próximo.

En nuestro examen cotidiano de fuentes documentales y periodísticas, encontramos un extenso artículo que firma F. de E., sin duda, Florentino de Elizaicin, en «El Correo», diario político y de noticias de la tarde que dirigía precisamente el mencionado hombre público. En dicho artículo, su autor cita a algunos alicantinos de prestigio como Carlos Navarro Rodrigo, ministro de Fomento y tantas otras cosas de las que hace poco aquí hemos dejado constancia; como el diputado a Cortes y antropólogo Manuel Antón Ferrándiz; como el notable catedrático Rafael Altamira. «Le faltaba a nuestra terreta tener un médico cirujano, con prestigio profesional que traspasara los límites de esta provincia, y esa figura de relieve muy grande, encarnada está en un joven de tanta valía como lo es don Carlos Carbonell».

Aquel establecimiento sanitario, de acuerdo con todos nuestros datos, estaba ubicado en un chalet, con jardín, galería encristalada y calefacción, habitaciones confortables y condiciones higiénicas adecuadas a sus pretensiones. Disponía de dos quirófanos, de «dos salas de operaciones: aséptica y séptica», dotadas, en cada caso, con modernas mesas de intervenciones y con un instrumental de calidad que se esterilizaba, en una sala con acceso a ambos quirófanos. Y disponía también de un aparato Roth Drager para la anestesia combinada de cloroformo o éter y oxígeno. «Con el empleo del Roth Drager el paciente llega a la completa anestesia, sin sentir la menor sofocación, sin la menor molestia». Además, el Sanatorio Carbonell estaba dotado asimismo de un laboratorio, en el que, según los medios informativos, había material apropiado, para toda clase de investigaciones.

Con tal centro sanitario, nuestra ciudad se pertrechaba «con una riqueza de medios no superada en ninguno de igual índole», en lo referente a la cirugía más avanzada de aquella época.

La calle comprendida entre las de Castaños y Bailén se llamó, en su origen, a últimos del siglo XVIII, de San Francisco Javier, hasta que, en sesión plenaria municipal correspondiente al diecisiete de agosto de 1927, se la rotuló con el actual nombre de Barón de Finestrat. Nos dice de esta vía el cronista Gonzalo Vidal Tur que hubo en ella, mediado el pasado siglo dos teatros: «El Fénix» y «El Nuevo Fénix», y años después, «El Estudio», una sociedad cultural que dirigía el ilustre literato don Ramón Solbes de la Cruz.

Su titular, don José Forner Pascual del Pobil y Martos, barón de Finestrat, fue un gran terrateniente de la Huerta alicantina que dirigió personalmente los cultivos y la elaboración de unos vinos acreditados dentro y fuera de nuestro país. Miembro del partido conservador, ocupó la Alcaldía de nuestro Ayuntamiento en 1895. Y, aunque fue breve su gestión, se distinguió por su extrema pulcritud.

Durante su mandato municipal, colocó la primera piedra de la nueva cárcel (donde, hoy, se encuentran los juzgados), adquirió los terrenos del cuartel Princesa Mercedes, acometió el entarugado de algunas calles de la ciudad, a muchas de las cuales también dotó de alcantarillado, llevó a efecto las obras de mejoramiento del paseo de Campoamor, amplió y levantó el muro de la calle Virgen del Socorro, y procuró sanear la hacienda local con medidas impopulares, creando nuevos arbitrios e impuestos a industrias y comercios. La tal medida, como ya hemos constatado en estas crónicas, provocaría, no mucho después, graves protestas entre los afectados.

Tras abandonar la Alcaldía, regresó a su tierra, hasta que, algunos años más tarde, fue nombrado gobernador de Vizcaya, cargo en el que tampoco permaneció por mucho tiempo, «porque su carácter inflexible le impidió avenirse a lo que la política exigía en aquel entonces». El barón de Finestrat vio considerablemente mermadas sus propiedades, por reveses de la fortuna. Trasladó su domicilio a Madrid, si bien los veranos solía pasarlos en la Huerta. Murió en aquella capital, a los ochenta y seis años de edad, en 1929.

En la calle que hoy lleva su nombre, además de los centros señalados, tuvieron igualmente sus instalaciones el Teatro Alarcón y el colegio La Educación. Calle pequeña pero céntrica y con dos siglos de historia a sus espaldas, que nos recuerda a tan notable alicantino.

Era el treinta de noviembre de 1990, cuando el alcalde Alfonso de Sandoval, barón de Petrés, pidió a sus compañeros de corporación que constase en acta la pena y consternación que había causado en Alicante, el fallecimiento de don José de Aguilera y Aguilera, marqués de Benalúa y Grande de España. En sus palabras, hubo un tributo de gratitud para aquel insigne paisano que «dedicó su actividad e interés a la obra de surtir a la población de aguas potables de que estaba muy necesitada». Finalmente, el barón de Petrés propuso que el Ayuntamiento costease los honores fúnebres del malogrado alicantino. No hubo inconveniente alguno. Se adhirieron a su propuesta los ediles Martínez Blanquer, Ors, Rubert y Martínez Torrejón. En el acta correspondiente a la sesión señalada consta la unanimidad corporativa.

Precisamente, aquel mismo día el citado concejal Martínez Torrejón interesó de la presidencia que informara al municipio de cuantas medidas se habían tomado con relación a una enfermedad que estaba causando numerosas víctimas en Murcia. La alarma era patente. De forma que el barón de Petrés con todas las cautelas posibles, para no agravar la situación, explicó que cuando supo que algo estaba sucediendo en la citada capital, convocó a la junta local de sanidad, con la que mantuvo una discreta reunión. A instancias de la misma y a la vista de los rumores que circulaba, se acordó, con las reservas que recomendaba el caso, que se desplazara a Murcia el médico decano de la Beneficencia, Pascual Pérez Martínez, con objeto de estudiar «in situ» la situación de los enfermos, para luego presentar un amplio informe a la alcaldía de Alicante.

El mal que se había extendido en la vecina ciudad se debía a la triquina y al deficiente estado sanitario de algunos barrios murcianos, según el escrito que el citado facultativo le había remitido, días antes. A tal efecto, ya se habían adoptado las medidas adecuadas, para evitar que en Alicante se produjera tal contagio. Siempre de acuerdo con las sugerencias de Pascual Pérez, se procedió a vigilar el consumo de la carne porcina, y a intensificar la mejora de las condiciones higiénicas y de policía, en nuestra ciudad. El alcalde, con ánimo de tranquilizar a los concejales, agregó que para combatir la triquinosis, ya se habían retirado del mercado cuantos animales presentaban sospecha de padecerla, y en ello se continuaba trabajando. El peligro, pues, estaba bajo control.

En repetidas crónicas, hemos abordado el problema del suministro de agua potable a nuestra ciudad. Un problema, por cierto, que se agudiza una vez más, a consecuencia de la pertinaz sequía que nos lleva varios años en vilo. Un problema que, a lo largo de nuestra historia urbana, ha preocupado a ciudadanos y autoridades municipales.

El veintiséis de diciembre de 1910, casi ochenta y cinco años ya, tomó posesión del cargo de alcalde Federico Soto Mollá. Y lo tenía claro. Para evitar posibles especulaciones, anunció de entrada su propósito de municipalizar los servicios de agua y de alumbrado eléctrico. Federico Soto llegó con un apretado programa de actuaciones: un plan de alcantarillado y pavimentado, cuya redacción debía encomendarse el ingeniero Próspero Lafarga. No se detuvo ahí. En su agenda figuraba también un cementerio nuevo y la cárcel que ya venía de atrás.

El alcalde saliente, Luis Pérez Bueno, en su despedida de la corporación y de la ciudad, sólo quiso recordar de su gestión personal el homenaje a Rafael Altamira. Altamira, manifestó Pérez Bueno, se interesó para que el Ayuntamiento cediera a las sociedades obreras terrenos donde construir su casa social y él había dejado encargado a la corporación que se cumpliera el deseo del ilustre alicantino.

En aquel relevo de Alcaldía, como en tantos otros, se pronunciaron los discursos de rigor. Con frecuencia, muy elocuentes y prometedores. Federico Soto se refirió a las ansias que animaban a los alicantinos de colocar a nuestra capital «en el lugar que le corresponde en el concierto de las ciudades españolas». No mucho después, el ocho de febrero de 1911, el alcalde anunció la visita de don Alfonso XIII, para tres días después acompañado por el presidente del Gobierno, José Canalejas «preclaro hijo adoptivo de nuestra ciudad», y expresó sus deseos de que la corporación en pleno acudiera a recibirlos «con el entusiasmo que se merecen». Uno de los actos celebrados durante la real visita, lo hemos escrito aquí recientemente, fue la colocación de la primera piedra del nuevo mercado. Resultó tan persuasivo en su alocución que hasta Guardiola Ortiz, republicano, dijo que la minoría que representaba se adhería también, por cuanto se trataba de poner en marcha una plaza de abastos que constituía un considerable beneficio para nuestra ciudad.

Fue cosa de Luis Mauricio Chorro, un alcalde que, inexplicablemente ni siquiera figura en algunas relaciones elaboradas no sabemos por quién. Mauricio Chorro tomó las riendas de la ciudad de manos de su antecesor Manuel Cortés de Miras. El traspaso tuvo lugar el veintiséis de marzo de 1907.

Pues, miren, escasamente dos meses después, Luis Mauricio Chorro se dirigió a La Electra Alicantina, S.A., para conocer el presupuesto de las instalaciones de alumbrado público, en el barrio de San Blas. La empresa le respondió y el alcalde procedió a informar a la corporación que presidía de aquella oferta: a dos mil pesetas ascendía el presupuesto. Pero la citada sociedad puntualizaba en su escrito que de dicho total, el Ayuntamiento sólo pagaría la mitad y la otra mitad correría a cargo de La Electra Alicantina, S.A., con domicilio social en Calderón de la Barca, pero «reservándose ésta el derecho de poder empalmar al vecino y encargándose de la conservación de la red, siendo obligación del Ayuntamiento el repuesto de lámparas de incandescencias». El alumbrado propuesto constaba de veinte lámparas de diez bujías.

Dos años y tres meses después, Mauricio Chorro le pasó el testigo a Ricardo P. del Pobil y Chicheri, quien ocupó la presidencia del Ayuntamiento, para afrontar la solicitud de los vecinos del Arrabal Roig que, en un escrito encabezado por Pascual Ors, exigían la construcción de una escalera que pusiera en comunicación el expresado barrio y más concretamente la calle Virgen del Socorro -hoy con su ermita en el aparcamiento-, con la playa del Postiguet, por cuanto la mayoría de los habitantes del mismo eran pescadores, y depositaban en aquella playa sus barcas y efectos de pesca. No hubo titubeos, el acceso que se pedía era de una lógica aplastante, y la corporación encargó al arquitecto que formase, cuanto antes, plano y presupuesto para su aprobación y posterior ejecución.

Una semana más tarde, Ricardo P. del Pobil y Chicheri expuso su plan de prioridades urbanas; primero, atención a la limpieza pública, mediante escritura en la que se especificaran las obligaciones del contratista y Ayuntamiento; y segundo, la construcción de un nuevo mercado, que ya venía coleando desde 1898; y de un matadero que reuniese las indispensables condiciones de salubridad. La precariedad de las arcas municipales era considerable, pero se acordó. El edil Mendaro dijo: «Alicante no tiene medios económicos para vivir como vive». Pero era necesario.

Pues miren y no se obnubilen: se pidió que se investigase la gestión del alcalde y así consta en acta; se nombró para llevar a cabo dicha investigación una comisión de seis concejales; y hay un oficio del magistrado juez especial en el que se notifica a la Alcaldía que «se constituiría al día siguiente, en las Casas Consistoriales, para practicar diligencias». Casi nada. Pero nos sean suspicaces ni malévolos. Todo esto sucedía en el año 1904 y el alcalde bajo sospecha se llamaba don Alfonso de Rojas y P. de Bonanza.

El lío se lo montó el concejal Ernesto Mendaro quien solicitó que se indagara las actuaciones del señor Rojas, en sesión corporativa del diecisiete de junio de 1904. Y el veintitrés del mismo mes, se compuso la referida comisión en la que figuraban los ediles Guardiola Ortiz, Pérez Bueno, Vila, Maluenda, Campos y Clemente. El diecinueve de julio de aquel año, la tal comisión dio cuenta de un extenso informe «que abarcaba multiplicidad de asuntos», y cuyo informe quedó sobre la mesa, «para que el Ayuntamiento lo estudiase». En otra sesión, del treinta de los mismos mes y año, el alcalde suscribió un extenso informe contestando a los distintos puntos, y una proposición, aprobada con ligeras modificaciones, destinada a sustanciar medidas que impidieran, en lo sucesivo, la reproducción de las irregularidades advertidas. «Se desprende de las mencionadas actas y de alguna otra posterior, que sólo se pasó el tanto de culpa a los Tribunales por lo que afectaba a la sustracción de un Atlas Geográfico, en el antedespacho de la Alcaldía».

Pero años después, concretamente el diecisiete de noviembre de 1923, el secretario del Ayuntamiento certifica una denuncia de Enrique Pedrón García, en sesión del quince de dicho mes y año, que a la letra dice así: «Que se reclame en nombre del Ayuntamiento el estado en que se encuentra un proceso que se le siguió al que fue alcalde de Alicante don Alfonso de Rojas y P. de Bonanza, referente a las actuaciones administrativas de dicho señor y en el que fue objeto de comentarios por parte de la opinión pública reflejada en las columnas de la Prensa diaria alicantina, el número de metros cúbicos de grava que se consumieron en el arreglo o restauración de algunas calles de esta capital, entre ellas la que lleva el rótulo de Ramales (hoy, Reyes Católicos). Seguidamente, el alcalde Miguel Elizaicin, por decreto, solicitó del general gobernador civil «se interesase de la Audiencia Territorial de Valencia, certificación acreditativa del estado de la causa que se instruyó contra el señor Rojas, y si en dicho proceso recayó resolución definitiva, cuál fue ésta». A lo que se ve en todos los tiempos cuecen Atlas. O lo que sea.

Muy pronto, y como cada año en el mes de enero, la Asociación de la Prensa celebrará la festividad de su patrón, San Francisco de Sales. A todos nuestros colegas, pues, les ofrecemos esta escueta crónica de la historia de la prensa alicantina que prácticamente ya tenemos escrita, si bien con «lagunas» por la falta de la documentación adecuada, especialmente en épocas muy concretas; y aprovechamos para -a punto de cerrar el último capítulo- encarecer a cuantos, periodistas o no, dispongan de datos, de actas y documentos, nos los faciliten en préstamo y custodia, con objeto de ofrecer un producto todo lo solvente y riguroso que nuestra condición exige.

Nos referimos a la «Hoja del Lunes» que editada por la propia Asociación desapareció, para lectores y profesionales, el diecinueve de noviembre de 1984, cuando la dirigía José Luis Masiá. Su último número es el 2.325. Fue el sábado dieciocho de enero de 1936, cuando «El Luchador», ya lo hemos contado, anunció, para el siguiente lunes, la aparición del semanario «que ajeno a toda política, informará a de una manera imparcial de cuantos acontecimientos de interés se produzcan los domingos, tanto en Alicante como en el resto de España (...)».

El seis de julio de 1936, «El Día», a cuyo frente estaba Juan Sansano, publicó la noticia de que se había suspendido, con carácter temporal, «El Noticiero del Lunes» que editaba la Asociación de la Prensa de Alicante, si bien advertía que reaparecería a principios del próximo septiembre. Lo que no se cumplió sin duda, por la guerra civil recién desatada. Nos parece que hay un error, en tal información. «El Día» mencionaba «El Noticiero del Lunes», en lugar de la «Hoja del Lunes».

«El Noticiero el Lunes» fue un semanario municipal que empezó a editarse el veinticinco de enero de 1926 -por real orden del uno de enero del mismo año-, con objeto, según su editorial, de evitar la circulación de «falsas noticias productoras de injustificadas alarmas que no dejan de ser dañosas». Era la época de la dictadura primorriverista, y el general Suárez-Llanos, alcalde de Alicante, con la venia del general Bermúdez de Castro, gobernador civil, encomendó la redacción de aquel periódico a funcionarios del Ayuntamiento que, a su vez, eran miembros de la Asociación de la Prensa.

La «Hoja del Lunes», tras el agrio paréntesis de la contienda, reapareció, con la cabecera de «Lunes», el diez de noviembre de 1941. Era su director Ambrosio Luciáñez Riesco, y redactor-jefe Juan Martínez Blanquer y entre sus redactores estaban: Quilis Molina, Bas Mingot, Espinasa...

Del Setecientos tenemos noticia de la construcción del nuevo Ayuntamiento, de las actividades portuarias y comerciales, de un urbanismo más ornamental e higiénico, de los efectos de la Guerra de Sucesión, del Consulado del Mar, de las vicisitudes culturales. Y ello gracias a nuestros cronistas, especialmente Maltés y López, Viravens, Nicasio Camilo Jover, y a una bibliografía más actual y rigurosa en base a los estudios e investigaciones de los profesores Sáez Vidal, Enrique Giménez, Antonio Ramos, María Luisa Cabanes (véase su estudio preliminar de «Ilice Ilustrada», de los jesuitas Maltés y López), Mario Martínez y otros varios.

Pero el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, adolecía de la sensible ausencia de una aproximación a la vida diaria de aquellos alicantinos, entre los que destacaban personalidades como los historiadores Jacinto Segura y Nicolás de Jesús Belando, como los arqueólogos Antonio Valcárcel y Pío de Sabaya e Ignacio Pérez de Sarrió, como el marino y científico Jorge Juan Santacilia -recientemente recordado en Novelda-, como el escritor Pedro Montengón, y como el deán Manuel Martí, un excepcional humanista, de muy sólida y amplia formación.

Para acercarnos más a nuestros paisanos del siglo XVIII y bajo el impulso de la divulgación histórica, la revista «Canelobre» del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, ha publicado su número 29/30, bajo el título «Vida cotidiana en el siglo XVIII». Su coordinador, el profesor Mailo Martínez Gomis escribe en la introducción del mismo: «(...) La idea de abordarlos (diversos aspectos de esa referida "historia de la vida cotidiana"), una vez configurados los perfiles más conocidos por los que discurre nuestro siglo XVIII a nivel político, económico o social, ha sido la de poner en práctica la utilización del microscopio de la historia para acercarnos un poco más al hombre de aquella centuria y a toda una serie de problemas frecuentes -por ello cotidianos- que no suelen aparecer registrados en los manuales de uso y que pueden tener la virtud de atraer -por su originalidad o por su capacidad de llamar la atención- nuevos lectores a ese territorio de humanidades que es la historia (...)».

En el Setecientos y bajo los llamados matrimonios de futuro, ¿se escondían una suerte de relaciones sexuales prematrimoniales?, ¿cree usted que un ludópata hubiera podido ser familiar del Santo Oficio?, ¿le gustaría zamparse un abundante plato de all-i-picat? Veinticinco especialistas nos enseñan cómo se vivía en aquel luminoso siglo, con tanta amenidad como rigor científico. Dos conceptos que nunca han estado reñidos, sino infrautilizados simultáneamente por incapacidad. En esta revista, no. Esta revista es seria y, tal vez por ello, el lector disfruta y se entera. El colmo.

Sin duda, lo fue Julio Suárez-Llanos, aunque, por supuesto, en aquel periodo histórico, no demasiado estudiado, por cierto, en nuestra ciudad, también ocuparon la alcaldía otras personas. Pero Suárez-Llanos representa toda una época -Fogueres de Sant Joan, incluidas- y un estilo de gobernar y administrar Alicante.

Julio Suárez-Llanos disfrutó del incondicional apoyo del general y gobernador civil de la provincia Bermúdez de Castro, «en aquel tiempo en que un sedimento revolucionario y subversivo ponía en peligro la tranquilidad pública». De acuerdo con los datos que nos proporciona «El Noticiero del Lunes», correspondiente al diecinueve de abril de 1926, Julio Suárez-Llanos y Sánchez causó baja en la escala activa del Ejército «con una brillantísima hoja de servicios», y seguidamente asumió el cargo de comandante general de Somatenes de la quinta región. Con la salud quebrantada, llegó a nuestra ciudad, donde su clima lo restableció. Su disciplina y «el sincero cariño a Alicante», lo llevaron finalmente a la alcaldía, «donde le asistieron sus treinta y seis compañeros de Concejo, que tuvieron en él la fe que inspira siempre el jefe».

Durante su mandato municipal, según el cronista Vidal Tur, «no obstante la beligerancia de aquel régimen toleró a los que luego derribaron la monarquía, implantaron la República e hicieron la revolución sangrienta, el señor Suárez-Llanos salió siempre airoso de su gestión (…)», se llevaron a efecto, entre otras obras urbanísticas, la pavimentación de diversas calles con hormigón blindado, con una superficie total de setenta mil metros cuadrados y un presupuesto de casi millón y medio de pesetas, a cargo de la empresa «Construcciones y Pavimentos, S.A.». El pleno aceptó la propuesta y autorizó al alcalde a ultimar el contrato. El pago de tales obras se verificó repartiendo, el importe entre los cuatro siguientes presupuestos municipales.

Gracias a su mediación, se nombró hijo adoptivo de Alicante al general Primo de Rivera, y alcalde honorario perpetuo al general Cristino Bermúdez de Castro. Para no ser menos, el catorce de diciembre de 1926, al alcalde y también general Julio Suárez-Llanos y Sánchez, por unanimidad del pleno, se le concedió la medalla de oro de la ciudad.

En definitiva, todo quedaba en familia.

Ahora ya tenemos una Escuela Universitaria de Magisterio, donde se obtiene la preparación y titulación adecuadas para el ejercicio profesional. Pero hace tan sólo cerca de dos siglos, como en otras muchas carreras las cosas andaban a su aire.

Recogemos un ejemplo de cómo se hacía, en 1800, un maestro. Es un caso que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Se trata de las pretensiones de Nicolás Calbo o Calvo que, por lo que se ve, tenía una clara vocación pedagógica. Nicolás Calvo pretendía desarrollar sus actividades docentes en Agost, por aquel tiempo «universidad de esta gobernación». Entiéndase el concepto de universidad, en este caso, no como instituto público donde se cursan todas o varias facultades, sino en su última acepción: como conjunto de poblaciones o barrios que estaban unidos por intereses comunes, bajo una misma representación jurídica.

Pues bien, el señor Calvo, tras presentar el memorial en el que constaba «la justificación de limpieza de sangre, de vida y costumbres, y de aptitud en la doctrina cristiana», los señores Pedro Borgunyo y Juan Caballero, ambos de la real y distinguida orden de Carlos IV, y Vicente Navarro, secretario del Consistorio, lo convocaron para el examen al que lo sometieron los señores Baig y Corona, maestros de primeras letras. El examen consistió en la lectura de algunos fragmentos de un libro que le entregaron a tal fin; luego, se le mandó que escribiera en varios caracteres de letras en distintos papeles; y por último se le hicieron pruebas de las cuatro reglas. «Los señores comisionados dieron uniformemente su dictamen de hallarse en aptitud y disposición don Nicolás Calbo, para el ejercicio del magisterio de primeras letras, mediante lo cual lo habilitaron dichos señores, disponiendo, se le entregase el expediente original a dicho Calbo, para que acuda a la superioridad correspondiente, para su aprobación y obtención de la Real Provisión del Consejo (…)».

En octubre de 1800, Nicolás Calbo fue examinado también de doctrina cristiana, por el canónigo doctoral de la Colegiata, quien certificó que lo había hallado «hábil y suficiente en ella y apto para el desempeño del magisterio de primeras letras en la universidad de Agost». Enhorabuena, viejo maestro Nicolás Calbo.

Lo fue a raíz de la revolución de la burguesía progresista de 1854. Por aquellos tiempos el puerto de Alicante era tan solo de interés local de primer orden. Pero la clase mercantil y adinerada trataba de consolidar su posición económica mediante un nuevo modelo de sociedad que dejara atrás muchos años de conservadurismo y moderantismo poco o nada propicio a los cambios. En su memoria de licenciatura «Revolución y burguesía: Alicante (1854-1856)», su autor, Rafael Zurita Aldeguer, escribe: «A partir de 1840, el volumen de tráfico portuario alicantino crece rápidamente y esto obliga a la burguesía local a interesarse por la realización de mejoras en las instalaciones. Con este motivo se celebra en junio de 1854, poco, antes de la Vicalvarada, una reunión en la Casa Consular de Alicante, en la que participan setenta y tres comerciantes (Archivo de la Diputación Provincial). Pero el impulso decisivo lo da el Gobierno, cuando el once de diciembre de 1855 convierte a Alicante (...) en puerto de interés general».

Efectivamente, en el Boletín Oficial de la Provincia del veinticuatro de diciembre del citado año, se publica cómo la reina enterada de los deseos expresados por la Diputación, el Ayuntamiento, la Junta de Comercio y la Sociedad de Amigos del País de Alicante, en el sentido de que se declare puerto de interés general el de nuestra ciudad, e informada además de la petición por los gobernadores de las provincias de Madrid, Albacete, Murcia, Ciudad Real y Tarragona, y considerando que reúne las condiciones necesarias «y que en el estado actual de sus obras conviene acelerar su próxima conclusión, para proporcionar buen abrigo a los buques que lo frecuentan», y además teniendo en consideración que no perderá su importancia «aún cuando se concluya el de Valencia y se halle también a poca distancia el de Cartagena, sino que por el contrario aumentará aquélla tan luego como esté concluido, y en explotación el camino de hierro que le ha de unir al interior del Reino, cuya construcción se halla muy adelantada, su majestad se ha servido declarar de interés general el puerto de Alicante, para los efectos prevenidos en el Reglamento del treinta de enero de 1952».

Se estaban sentando las bases modernas para la prosperidad comercial y económica de nuestra ciudad. Acerca del puerto y del ferrocarril ya hemos ofrecido, en estas crónicas, una considerable información documental, que, sin embargo, completamos, casi día a día.

A pesar de que la Junta de Obras del Puerto se constituyó el uno de enero de 1901, con la entrada en el siglo XX, la primera memoria de la misma no se publicó hasta tres años después. En la introducción de dicha memoria se justifica tal demora en el hecho de que durante aquel periodo de tiempo, la dirección facultativa se empleó fundamentalmente en la organización de los servicios oportunos y en la redacción de proyectos, sin que se llevaran a término obras de cierto relieve. Sin embargo, con el ensanche del puerto y en desarrollo el plan de mejoras, había llegado el momento de redactar la memoria. Sumariamente, se recoge en la introducción que «el puerto actual (...) comenzó a construirse en el año 1803, a cargo de la llamada Junta protectora, pasando después de terminadas las obras de la Jefatura de Obras Públicas que atendió a su conservación, hasta su entrega a la recién constituida Junta de Obras del Puerto».

Un año después de esta primera memoria, y en vista de las activas gestiones de la mencionada Junta, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, correspondiente al veinte de marzo de 1905, la siguiente disposición: «El presidente de la comisión ejecutiva de la Jefatura de Obras Públicas ha presentado en este Gobierno el proyecto y en oficio solicitando autorización, para cruzar con una línea trifilar la travesía de la carretera que une la de Silla a Alicante con la de esta ciudad con Ocaña, frente al arranque del muelle de Levante, con el objeto de suministrar energía eléctrica a dos grúas que se han de emplazar en dicho muelle, y declarados suficientes los expresados documentos, para servir de base a la introducción del oportuno expediente, he dispuesto abrir información pública acerca del indicado proyecto por treinta días, para admitir todas las relaciones que se presenten en dicho plazo». Está firmado por el gobernador civil Antonio Baztán y Goñi.

Nuestro puerto se estaba modernizando. Había que atender al tráfico que, en definitiva, beneficiaba considerablemente al puerto alicantino en su conjunto. Por eso nadie presentó reclamación alguna al citado proyecto. Tal se desprende de la notificación que el Ayuntamiento, al frente del cual se encontraba, por entonces, Pérez Bueno, trasladó a la Junta, una vez transcurrido el plazo reglamentario. La notificación está fechada el veinticinco de abril siguiente. Luz verde, pues.

Los marineros del cañonero «Bonifaz» tomaron posiciones en nuestro puerto, en tanto unidades del regimiento de la Princesa se desplegaron por la ciudad en apoyo de las fuerzas de seguridad. El gobierno militar había proclamado la ley marcial de cara a la huelga general que el comité conjunto de las centrales sindicales UGT y CNT habían convocado para el trece de agosto de 1917. Un año emblemático en la historia del proletariado.

En Alicante, como en el resto del país, se llevaron a efecto cierres y manifestaciones, sin que en ningún momento se produjeran actos de violencia, según confirmarían los periódicos locales. Pero aún así, la ciudad se encontraba bajo control militar. En el «Diario de Alicante» se reseñó la detención de Matilde Hernández, al parecer, en contacto con el comité de Madrid, y también la del alpargatero de Elche, Juan Barceló. Pero hubo además otros arrestos: el de Rafael Millá, presidente de la Asociación de Obreros Tipógrafos; los de Manuel Esquembre y Juan Bañó, y de varias mujeres trabajadoras.

Pero si aquella huelga se resolvió, en Alicante, de forma pacífica, en los centros de implantación socialista y sindicalista y en los núcleos más industrializados, como Alcoy, Elche, Elda, Novelda y algunos otros, adquirió aspectos más virulentos. En Villena, los obreros arrancaron las vías férreas y cortaron los comunicaciones telegráficas y telefónicas y el suministro eléctrico. La represión fue contundente. Las fuerzas de orden público cargaron contra los manifestantes y efectuaron varios disparos, que ocasionaron una víctima mortal.

Aún hubo de transcurrir toda una semana de crispaciones, antes de que se retornara a la aparente normalidad. Como consecuencia de aquellas acciones, casi centenar y medio de huelguistas, hombres y mujeres, fueron a parar al castillo de Santa Bárbara. Algunos de ellos, no serían puestos en libertad hasta nueve o diez meses después.

El veinticuatro de aquel mismo mes de agosto, el alcalde Manuel Curt y Amérigo, en sesión plenaria, presentó una moción en la que se proponía una felicitación al Gobierno por el acierto de sus actuaciones, y se alababa la colaboración de los poderes públicos y «de los elementos conscientes y sanos del país», por haber contribuido a abortar ciertos manejos revolucionarios. Hubo discrepancias, como la del edil Botella, y propuestas de felicitación al Ejército y al gobernador militar Fernando Moltó. La moción de Alcaldía se aprobó con sólo dos votos en contra: los de Botella y Sánchez Sampelayo. El veintitrés de noviembre, después de la revolución de los Sóviets, se aprobó otra, presentada por Guardiola Ortiz en la que se pedía una amplia amnistía para los detenidos durante la citada huelga.

Abortada en marzo de 1844 la rebelión progresista que encabezaron Pantaleón Boné y los liberales alicantinos, entre otros varios, Manuel Carreras y Tomás España, por el general Federico Roncali, tan justamente denostado por cronistas e historiadores, nuestra ciudad, como el resto de España, fue sometida a un poder fuertemente centralizado, en base a la ley de ayuntamientos y a la constitución de 1845. La ciudad estaría sujeta a una política conservadora y a una vigilancia policial más estricta, durante la siguiente década.

Pero cuatro años después, es decir, en 1848, cuando en Europa se produjeron amplios movimientos sociales de carácter revolucionario, pese a las medidas preventivas del general Narváez, en Alicante y en algunos pueblos de la provincia se advirtieron actividades conspirativas. Consecuentemente, se acentuó la represión, y fruto de las investigaciones llevadas a cabo por las fuerzas del orden público, tras proclamarse el estado de sitio, fueron la detención del ya histórico Manuel Carreras y de sus compañeros, entre los que se contaban algunos militares y civiles. Sometidos a consejo de guerra, se dictó sentencia de muerte para el cabecilla y varios de sus colaboradores. Sin embargo, en aquella ocasión, no tuvo lugar ninguna ejecución: las penas capitales fueron conmutadas. Manuel Carreras sufrió un largo destierro en las Filipinas, de donde regresaría cuatro años más tarde, si bien con el germen de una enfermedad tropical que, con el tiempo, acabaría con su agitada vida.

Aquellos movimientos, en los que se involucraron personas progresistas, aunque consideradas republicanas, provocaron escritos de adhesión a la reina, publicados en la «Gaceta de Madrid», procedentes de toda España y, por supuesto de Alicante. Allí estaban los nombres de algunos ilustres paisanos: el marqués de Algorfa, el conde de Santa Clara, don Juan Roca de Togores y varios más. Pero si los detenidos en mayo tuvieron una suerte relativa, no les sucedió lo mismo a cuantos se levantaron en Guadalest, en octubre de aquel mismo año. Otro Carreras, pero Lorenzo de nombre, y un grupo de republicanos (entre dieciocho y treinta y cinco, según las fuentes consultadas) fueron detenidos «por el cacique Juan Thous, así lo escribe la prensa republicana de fin de siglo, que maldita sea una y cien veces su memoria; y fusilados en el castillo de Guadalest, el 27 de octubre.

Hubo respeto y aun felicitaciones para quien salió de la alcaldía, con dignidad y por la puerta principal. No se le regatearon ni cumplidos, ni elogios. Desde Lorenzo Carbonell, portavoz de la Alianza de Izquierdas, hasta el conservador Sánchez San Julián representante de su minoría municipal. San Julián como Elizaicin, que habló en nombre de los mauristas, comprendieron y lamentaron la decisión del alcalde dimisionario, pero la encontraron justificada. Por supuesto, Tomás Tato, liberal como el titular de la alcaldía, hasta aquel momento, expresó, en representación de la mayoría hegemónica en el Ayuntamiento, que el presidente de la corporación, hacía honor a su compromiso y honraba a su formación política, de forma que, cuando en el futuro, se quisiera hablar de un alcalde modélico, se citaría, sin ningún género de dudas, al que tan honestamente había desempeñado el cargo, hasta aquel día.

El referido alcalde dimisionario no era otro más que Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri. La salud quebrantada le forzaba a tomar tal medida. Y para evitar cualquier suspicacia, acompañó a su renuncia, certificación médica expedida por el decano facultativo del cuerpo de la beneficencia municipal, Pascual Pérez Martínez. Recordemos que Del Pobil fue en aquella época de la Restauración, el primero de los alcaldes elegido por el resto de los ediles integrantes de la corporación.

Posteriormente y tras un descanso de diez minutos, los componentes del cabildo, se reunieron de nuevo en el salón de pleno, y procedieron a la elección de quien había de suceder en tal alto empleo. Se verificó la votación y se efectuó el recuerdo, que dio los siguientes resultados: veintisiete papeletas para Antonio Bono Luque, y tan sólo una en blanco. Bono Luque manifestó su deseo de continuar el ejemplo de su antecesor y su propósito de trabajar para Alicante. En la siguiente sesión que presidió el nuevo alcalde, se acordó, en virtud de la comunicación de la junta de delegados de la Casa del Pueblo, que los trabajadores municipales se adhirieran a la fiesta del trabajo, y que la Banda de Música acudiera a la manifestación de la clase obrera que había de tener lugar en breve. Una medida oportuna.

Por diversas razones, el político y estadista José Canalejas Méndez ha frecuentado nuestra diaria crónica. Sus partidarios, sus amigos, decidieron, tras su muerte, perpetuar su memoria en forma de monumento. De tales propósitos y proyectos ya hemos dejado aquí constancia pormenorizada. Faltaba acaso documentar la cesión de dicho monumento a la ciudad, por parte de quienes lo habían hecho posible.

Con fecha nueve de octubre de 1920, los integrantes de la Junta para la realización del mismo, toman el acuerdo de, una vez concluido, entregárselo al Ayuntamiento. Diez días más tarde, el presidente de dicha Junta, Rafael Beltrán, escribe al alcalde de Alicante, comunicándole la entrega y rogándole que señale día y hora, para que ésta se produjera con asistencia de representantes de la corporación municipal y miembros de la junta, y en acto se levantaran actas por duplicado por parte de los secretarios de ambas entidades.

Rafael Beltrán tuvo conocimiento de la sesión celebrada el veintitrés de aquel mes, y en cuya sesión el alcalde propuso al Consistorio la creación de una comisión que se encargara de la recepción del monumento a Canalejas. En la comisión figuraban, además del propio alcalde, Antonio Bono Luque, los ediles Elizaicin, Pobil, Pérez Molina, Bonmatí y el secretario general del Ayuntamiento.

El ocho de noviembre, Bono Luque convocó una reunión en la alcaldía, con objeto de formalizar la donación y dar así cumplimiento a cuanto había solicitado la Junta promotora. Allí se entrevistaron los concejales anteriormente citados y Rafael Beltrán; Grau, vicepresidente de la Cámara de Comercio; Guillén, presidente del Club de Regatas; Sánchez, presidente de la Casa del Pueblo; Lafarga, presidente del Casino; todos ellos miembros de la referida Junta, con el secretario de la misma. Unos y otros, salvo el edil Bonmatí, figuran en el acta que se levantó, como documento de aquella entrega, y que se conserva en nuestro Archivo Municipal.

El alcalde Bono Luque, una vez finalizados los trámites, agradeció el celo y entusiasmo de quienes habían hecho posible el monumento a don José Canalejas, en virtud de los cuales «Alicante podía vanagloriarse de ser la primera población española, de cuantas proyectaron dedicar un monumento a Canalejas, que había visto cumplido tan noble deseo».

Según el periódico «Diario de Alicante», de nueve de noviembre de 1934, la avenida que comenzaba al final del paseo de los Mártires y terminaba con la de Loring (el marqués de Loring fue el adjudicatario de las obras del ferrocarril de Murcia a Alicante), se llamó primeramente Explanada de España y después Explanada del Varadero. Y así, hasta que el veintidós de abril de 1922, fecha en la que el Ayuntamiento, en sesión plenaria, acordó adherirse al homenaje tributado a don Santiago Ramón y Cajal y contribuir al mantenimiento del Instituto de Investigación Biológica, además de rotular con su nombre la avenida que hasta entonces se conoció como Explanada del Varadero, de acuerdo con algunas fuentes, desde 1880.

La avenida del doctor Ramón y Cajal está enfrente del Parque de Canalejas. Parque cuyas obras se emprendieron en 1904, siendo alcalde de Alicante, Alfonso de Rojas; continuaron durante el mandato municipal de Manuel Cortés de Miras; y se concluyeron, en 1908, cuando ocupaba la Alcaldía de la ciudad, Luis Mauricio Chorro.

El primer edificio que se construyó en la referida vía fue la Administración de Hacienda -posteriormente, Escuela de Comercio- gracias a las gestiones del político Antonio Mas Gil, en 1878. Dos años después, el marqués de Benalúa, edificó su casa junto al edificio citado, casa que habitó durante tres o cuatro años, para venderla posteriormente al comerciante Luis Penalva. Lindando con dicha finca, levantó la suya Juan Alberola- Romero, «la casa de la torre», que concluyó así la primera manzana.

En la siguiente, al otro lado de la actual avenida de Gadea, se encontraba el Teatro de Verano, del ya citado Luis Penalva Muñoz. Luego, la finca de la razón comercial Carratalá Hermanos, a la que le seguía el colegio de la congregación de Jesús María, y más tarde, el también colegio de San José. Junto al mismo, construyó su finca el comerciante en vinos de origen francés, Juan Anglada, a quien sucedería en el negocio Marcial Samper. Por último, el edificio de Ramón Guillén López y de sus hijos Ricardo y Heliodoro.

Así se fue urbanizando aquel paraje, en memoria del ilustre histólogo que con tanta frecuencia visitó nuestra ciudad, invitado por su colega y amigo José Gadea Pro.

Qué finos que eran. Espiaban, barrio a barrio, a las prostitutas o a aquellas mujeres de dudosa vida. ¿Se lo figuran? Iban los diputados de tal o cual barrio fisgoneando y atendiendo a cuchicheos, por ver de ponerle la mano encima a la que se desmandara o simplemente a aquella de quien se sospechaba algún que otro desliz. Luego, escribían un informe y se lo remitían al señor gobernador.

Había de todo. Por ejemplo, en el barrio de Santa Ana, tranquilidad absoluta: «Como en esta época presente se halla este barrio sin novedad en atención a hombres y mujeres de mala conducta, quedando con el mayor cuidado y advertencia para lo sucesivo en que esperamos, por la gran bondad de Dios, que permanezca dicho barrio con la mayor exactitud y pureza y sosiego. Alicante a dieciséis de agosto del año 1806». Luego, la firma. La firma del diputado señor Tonda, porque el diputado señor Puchol no sabia firmar: daba el chivatazo de boquilla.

Sin embargo en Santa Cruz, ya verán, ya. Había una tal Forrona Moza que debía ser de armas tomar, qué individua. Tenía al personal en ascuas. La Forrona Moza era madre de dos hijos y según todos los indicios, cada uno de ellos era de un soldado asistente, es decir, de dos soldados asistentes. De los soldados, por supuesto, no se decía nada, pero a la Forrona Moza la tenían más que fichada. Lo mismito que a las hermanas Vicenta y María que, aun expulsadas del barrio de San Antón, seguían en sus trece, ante la justa indignación de los señores diputados. Y es que las hermanas Vicenta y María iban de putas de lujo. Tal se desprende del informe en el que se especifica que vestían de tiros largos y gastaban a manos llenas, sin que tuvieran bienes reconocidos ni renta alguna. Claro que su casa la visitaban gentes de toda clase, pero especialmente de la clase superior. Y aunque fueron reconvenidas por el señor alcalde mayor, ni caso. Ellas, a lo suyo. Quizá por eso, por lo que pudiera ocultarse detrás de aquellos encuentros, los diputados anotaron: «Se ha suspendido toda gestión hasta nueva orden». ¿Habría algún habitual visitador más alto que el alcalde mayor?

Por su parte, Vicenta Fonseca que se quedó viuda a consecuencia de la epidemia de peste amarilla, tuvo un hijo cuyo padre, naturalmente, no se cita para nada. Pero el diputado de turno salomónicamente, apostilló: que se case. Todas esas andanzas de nuestras prostitutas de principios del siglo XIX, y de sus sigilosos vigilantes, parecen arrancados de una novela. Hoy ya no suceden cosas tan divertidas, ¿o sí? Ya veremos.

Fue el dieciocho de abril de 1907, cuando los delegados de las sociedades obreras legalmente constituidas se dirigieron por escrito al Ayuntamiento de nuestra ciudad, solicitando del alcalde, Luis Mauricio Chorro, que se concediera a los empleados municipales descanso total el día 1.º de mayo, sin excepción alguna de categoría y que ordenaran a los contratistas que dependieran de la corporación que también a sus trabajadores les dieran igual trato, de manera que así demostrara «su amor a la clase obrera».

En la instancia que firman Rafael Sierra y Eugenio Alman, se advierte que «se desea solemnizar la fiesta universal del proletariado, cual corresponde a la grandiosidad de la misma, y al igual que en los demás países del extranjero, en las corporaciones municipales, por su carácter administrativo e independiente, conceden a sus dependientes el 1.º de mayo el jornal que tienen asignado en sus presupuestos, relevándoles en ese día de todo trabajo, ya sea manual o intelectual, a fin de que éstos puedan asistir a los actos de solidaridad obrera».

El Ayuntamiento estudió la petición y contestó, dos días después, con cierta ambigüedad, accediendo a lo solicitado, pero sólo en aquellos casos en los que el servicio lo permitiera. Años después, los dirigentes obreros insistirían en sus pretensiones, con resultados más sustanciales.

El veinticuatro de abril de 1912, cuando estaba al frente de la alcaldía Federico Soto, la Junta de Delegados del Centro de Sociedades Obreras, con sede en la entonces avenida de Zorrilla (hoy de la Constitución) insistió, en términos parecidos, ante el Ayuntamiento, «con el fin de que el numeroso personal a sus órdenes no sea una nota discordante en dicho día (Fiesta del Trabajo)».

En nombre de las dieciséis sociedades representadas, se invitaba a las autoridades locales a que dispusieran la suspensión de las actividades, en tanto en cuanto «no se produjesen perjuicios al excelentísimo Ayuntamiento».

El treinta de abril, el Consistorio contestó positivamente. «(...) y a pesar de que algunas obras de las que el Ayuntamiento viene realizando son de verdadera urgencia e importancia, esta alcaldía, accediendo a los deseos de ese centro y para cooperar, en la medida de sus fuerzas, a la mayor brillantez de la Fiesta del Trabajo, ha dispuesto que mañana, 1.º de mayo se suspendan todos los trabajos y labores que realizan los operarios municipales».

Más que harto debía estar el ingeniero jefe de Obras Públicas, Juan Miró, aquel mes de mayo de 1904, para dirigirse al alcalde de la ciudad en un tono severo. «La carretera de Silla -le escribe el veintitrés de aquellos mes año- cuya conservación corresponde al Estado y, como consecuencia, al cargo de esta jefatura, termina en el origen del muelle de Levante de este puerto, llegando por lo tanto al centro de Alicante, que en varias épocas del año es de gran concurrencia de vecinos y forasteros.

El señor Miró expresa, con irritación contenida, la inutilidad de sus esfuerzos para mantener la entrada de nuestra ciudad libre de obstáculos como corresponde «a la cultura de esta población». Además el ingeniero de Obras Públicas, con muy buen criterio, abogaba por la fluidez de la circulación, pero, en su opinión, no había forma de conseguir que estuviera libre y desocupada para el tránsito.

Por lo visto y leído, en el tramo comprendido entre la plaza de Ramiro y el final del punto kilométrico 172, los conductores de todo tipo de vehículos que prestaban su servicio entre la capital y los pueblos de las cercanías, se habían montado su «paraeta», impidiendo así o dificultando el acceso, por la carretera de referencia, al centro de Alicante. De acuerdo siempre con las observaciones de Juan Miró, invadían además las cunetas y los paseos «con carros y carretas con los tiros desuncidos», lo que constituía un espectáculo nada edificante y aún un riesgo, para transeúntes y circulación.

Se amonestó seriamente al personal de peones camineros y se conminó a los funcionarios de la Jefatura de obras Públicas a tomar medidas contra cuantos obstruían el paso por aquella vía. Pero las denuncias presentadas ante la Alcaldía, en repetidas ocasiones, no surtían efecto alguno. «Las órdenes que se daban, para que se cumplieran las disposiciones legales, resultaban desatendidas, por contar, al parecer, los contraventores, con la impunidad de las tan repetidas infracciones».

Muy finalmente, el ingeniero Miró no estimaba como cierta una probable tolerancia por parte de la Alcaldía, por cuanto tenía constancia de que la misma había de prestar su valiosa y eficaz cooperación, como se desprendía de la comunicación del Ayuntamiento de una década antes, es decir, del dieciséis de noviembre de 1895. No obstante, apelaba a la primera autoridad local, con el ruego de que señalara otros sitios para la parada de los carruajes de servicio o que se obligara a los conductores a esperar a los hipotéticos usuarios, en los lugares establecidos a tal fin en la población. Qué estampa, con el siglo recién estrenado.

Sucedió en los locales del Montepío Mercantil: varios periodistas mantuvieron una interesante reunión. De allí surgiría la Asociación de la Prensa de Alicante, que presidiría, aunque por muy poco tiempo, el director de «El Demócrata», Juan Manuel Contreras. Era el diecinueve de noviembre de 1904. En aquella misma sesión y antes de que se procediera al nombramiento de los cargos de la junta directiva, Contreras propuso como presidentes de honor de la misma a Miguel Moya, presidente de la Asociación de Madrid, José Canalejas y Méndez, decano del Colegio de Abogados de Madrid y Antonio Galdó López, decano de los periodistas alicantinos.

Casi veinticinco años después, se celebró el día del periodista, con objeto de conmemorar las bodas de plata de la institución. Con tal motivo se instituyó el premio «Luca de Tena», a iniciativas de quien no quiso revelar su nombre y se ocultó bajo el pseudónimo de «el periodista anónimo». En sucesivas ediciones, este galardón lo obtendría Antonio Blanca Pérez (en 1931 y en 1936), José Ferrándiz Torremocha (en 1932 y en 1935), José María Ballesteros (en 1933) y José Alfonso (en 1934).

La Asociación de la Prensa se reunía en diversos lugares, hasta que finalmente tuvo su primera sede social en el pasaje de Amérigo, en donde permaneció hasta 1921. Posterior y sucesivamente, tendría su domicilio en Castaños, en López Torregrosa, en Zaragoza y, por último, bajo la presidencia de Pérez Mirete, en su espacioso local en los bajos del número ocho del paseo de los Mártires.

Son muy diversas las vicisitudes de la Asociación alicantina. Vicisitudes de carácter político, cultural, profesional y económico, que ya analizamos y comentamos ampliamente en un trabajo sobre la misma. Pero, desde el momento de su constitución, organizó actos, conferencias, funciones benéficas y corridas de toros. La primera de ellas, se celebró el treinta de julio de 1905, con toros de Carreras y la presencia de los matadores Fuentes y Cocherito de Bilbao, cuando era presidente de la misma Antonio Galdó Chápilu. Meses después, en octubre del referido año, se incrementó la nómina de miembros honoríficos con los nombres de Benito Pérez Galdós y de Salvador Sellés.

En una de estas habituales crónicas («La Gatera», 28 de enero de 1995) dejamos constancia de muchos de sus presidentes, prácticamente hasta mediada la década de los treinta. La nómina se completa, en el citado trabajo, con los restantes, hasta nuestros días.

Una carta nos proporciona el aspecto más doloroso de la detención indiscriminada de quienes practicaban la mendicidad, en los primeros años de la década de los cuarenta, es decir, en la inmediata posguerra. En este caso, se trata de la petición que una mujer -cuyo nombre obviamos- dirigida a las autoridades. En el texto se refleja la angustia de una madre que aboga por una niña de trece años, internada en el castillo de Santa Bárbara, como tantos y tantos menesterosos, y solicita que la dejen regresar a su casa, por cuanto ya tiene condiciones para facilitarle comida y atenciones. En nuestro Archivo Municipal, se pueden consultar muchos más documentos de esta misma naturaleza. La captura de los más débiles resultaba una práctica ominosa y frecuente.

En uno de los partes diarios, en cuyo impreso figura: Campo de Concentración y Aislamiento de Mendigos, correspondiente al uno de febrero de 1942, se registran nada menos que ochenta y tres niños y cuarenta niñas internados por el tremendo delito de pedir limosna. Además de ochenta y cuatro adultos.

La detención de estas personas comenzó a llevarse a cabo poco antes del citado año. Al lugar, también se le conocía por el nombre de Campamento de Observación y Aislamiento de Mendigos y Vagabundos, y se encontraba al frente del mismo don Manuel Blanco Sánchez. Dependía de la Junta Municipal de Beneficencia de Alicante. Pero ciertamente más parecía un centro penitenciario. Tal se desprende de los términos empleados en las casillas de los referidos partes; libertados, fugados, ingresados, fallecidos y hospitalizados. Claro que entonces a los pedigüeños, por las causas que fueran, no se les reconocía ningún derecho. Ni a los otros. Hoy, sí. Al menos tal es la letra y el espíritu que informan los pliegos de nuestra Constitución, consensuada por la mayoría de las fuerzas políticas y refrendada por la mayoría de los españoles.

Acerca de este Campamento o Campo de Concentración ya ofrecimos, en su momento, otros detalles. Detalles referentes a la alimentación de los internados en aquel gueto y cuya base la constituían las zanahorias, como se desprende de la lectura de los ranchos que se les facilitaba. En el dormitorio para hombres y niños había tan sólo, según se documenta en el inventario correspondiente, un total de setenta y seis camas, insuficientes para los retenidos o detenidos o internados. Tal vez no le importase demasiado a aquellas jerarquías: les molestaban los pobres, pero, al parecer, les traía sin cuidado las causas de la pobreza y la adopción de medidas sociales para evitar tanta injusticia. ¿Eran otros tiempos?

Cierto que aquel mes de noviembre trajo aires desapacibles a nuestra ciudad. Primero, la subasta para el arriendo de las puertas de Alicante que crispó los ánimos de la ciudadanía. Pero en vano. El anuncio aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia se cumplió a pesar de su impopularidad, en mayo del siguiente año, es decir, de 1839. De modo que el dichoso arriendo, junto a los arbitrios municipales, se los adjudicó el señor José Safont.

A raíz de la dicha subasta, tanto los particulares, como las corporaciones y gremios elevaron su enérgica protesta al Ayuntamiento: aquel contrato oneroso ponía a la ciudad al borde una insurrección. Se imponían medidas capaces de volver las cosas a su anterior estado. Manuel Carreras, Cipriano Berguez e Isidoro Salazar, alcaldes constitucionales, hicieron lo que podían hacer: enviar al Gobierno un amplio y razonado escrito, en el que exponían minuciosamente las repercusiones que el arriendo de las puertas había ocasionado en la población, descontento generalizado, cierre de establecimientos y protestas incesantes. El documento lo firmaron también los regidores, síndicos y secretario municipales.

«(...) la ansiedad pública exaltada por este contrato y la opinión manifestada de un modo inequívoco contra tal medida, colocan al Ayuntamiento en el imprescindible caso de manifestar las gestiones que en el particular ha practicado, para defender de este inesperado ataque los fondos cuya administración le están, por leyes, confiada (...)». Y surtió efecto, se impuso el sentido común, y el derecho de puertas quedó encomendado, como hasta entonces, a la hacienda municipal.

Pero aquel mes de noviembre de 1838, tuvo un aspecto bastante más sombrío. En la madrugada del día once, diecinueve sargentos carlistas, presos en el depósito de la isla de Tabarca, fueron fusilados sobre un fondo de nubes violáceas. Era la represión ordenada por el gobernador militar, Francisco Pérez Meca, después de declarar la plaza en estado de sitio, por las actuaciones del general carlista Ramón Cabrera que, a su vez, había mandado fusilar a noventa y seis individuos de la misma clase». En ocasiones, los generales juegan con los hombres como si fueran soldaditos de plomo. Un juego siniestro y sangriento.

Por los pelos, se libró el teniente coronel Fernández Arteaga, cuando el presunto anarquista disparó su pistola sobre él. Luego, el arma se encasquilló, momento en que un sargento de cornetas aprovechó para abalanzarse sobre el agresor, quien le dio un mordisco en la mano, antes de ser reducido por el capitán Meca y entregado al jefe de la Policía Urbana, el cual, a su vez, lo pondría a disposición de las autoridades militares. El frustrado atentado tuvo lugar en la calle de Jorge Juan, el veintinueve de octubre de 1934. Aquel día, se celebró en Alicante un desfile en el que participaron fuerzas del Ejército y de orden público, a raíz del homenaje que en toda España se les tributó, con motivo de su intervención en los sucesos revolucionarios de Asturias.

En nuestra ciudad, presidieron aquellos actos el comandante militar de la provincia, general García Aldave; el gobernador civil de la misma, Vázquez Limón; el alcalde de Alicante, Santaolalla; además de otras personalidades, entre las que se encontraba Manuel Prytz, decano del cuerpo consular. La Prensa escribió, entre otros elogios: «Recorrieron las más importantes vías, entre una continuada ovación y delirantes aclamaciones de la muchedumbre (...) Terminado el desfile, sirviose una comida extraordinaria a la fuerza, que fue obsequiada con una peseta en mano y cigarros, acudiendo al acto las autoridades y pronunciando un patriótico discurso don Manuel Prytz, en nombre de las fuerzas vivas, siendo contestado con elocuencia y patriotismo por el general García Aldave».

Acerca del autor del fallido intento, sabemos, por las fuentes hemerográficas, que se llamaba Manuel Morente Suárez, de sesenta y un años de edad, que era natural de Porcuna (Jaén) y que tenía por oficio el de zapatero remendón. Desde un principio, se supuso que se trataba de un anarquista. Aquella misma tarde, el comandante Gordejuela, practicó las diligencias sumarias, para someterlo a consejo de guerra. Los nervios posiblemente o la mala puntería impidieron que llevara a efecto su cometido. Los periódicos nacionales prestaron toda su atención al desfile y al atentado al que nos referimos. En el diario «Abc», del treinta de octubre, se publicó un documento gráfico: las tropas en formación, frente al edificio del viejo Casino alicantino. Por los pelos se libró el teniente coronel citado.

Sin duda, las festividades más remotas de nuestra ciudad son las que tenían lugar en el mes de agosto, posteriormente dedicadas a la patrona de Alicante la Virgen del Remedio. Abundan los documentos que se conservan en el archivo municipal relativos a la feria que, desde siglos atrás, se celebraba en el referido mes.

Fue Jaime II de Aragón quien, por provisión real de cinco de agosto de 1296 y «a petición de la justicia de Alicante Berenguer de Puigmoltó y otros dos síndicos de la misma, accedió a la creación de una feria anual, durante todo el mes de agosto, con el disfrute de todos los fueros acostumbrados por cuantos mercaderes acudan a la convocatoria, a excepción de los criminales, falsificadores de moneda y salteadores de caminos a los viandantes».

Pero en 1325 la dicha feria se trasladaría al mes de diciembre y, más tarde, bajo el reinado de Pedro IV, al de octubre, por cuanto parecía un tiempo más propicio para el chalaneo de los mercaderes. Sin embargo, mucho tiempo después, volvería a celebrarse en agosto no ya como feria, sino como fiesta, y con objeto de solemnizar el día de la excelsa patrona de Alicante. Así se contiene en una moción presentada al Consistorio, en la sesión plenaria del veintidós de marzo de 1890. La moción estaba firmada, entre otros concejales por Corradi, Altamira y Viravens. Rafael Viravens, por aquel entonces, había presentado su renuncia como cronista oficial de la ciudad, con objeto de dedicarse a sus funciones de edil. Se hacía, en el texto correspondiente un expreso llamamiento a las sociedades de recreo, gremios, establecimientos comerciales y de baño, empresas de casas de huéspedes y fondas, a fin de que conjuntamente con el Ayuntamiento, contribuyeran a la formación de un programa digno de la cultura de la ciudad y también a sufragar los gastos que ocasionaran tales celebraciones.

El once de julio del año ya referido, Altamira presentó el programa que se había confeccionado. El liberal Rafael Terol y Maluenda que presidía el Ayuntamiento mostró su acuerdo y propuso que la alameda de San Francisco se rotulase con el nombre de Eleuterio Maisonnave, y que en el transcurso de las fiestas se fijara la placa, con la solemnidad debida.

Sólo se alzó una voz discordante: la de Rafael Viravens que era un decidido militante del conservadurismo canovista. Pero agosto volvió a recuperar el pulso de unos actos que ya tenían raíces históricas y bien consolidadas.

Fue el gobernador civil, don Ramón de Campoamor y Campoosorio, el poeta de las Doloras y el conservador que criticaba, en sus escritos, la democracia, quien dio el visto bueno al proyecto urbanístico. De inmediato, se lo comunicó al alcalde de Alicante, don Tomás España. El proyecto al que nos referimos, con su plano correspondiente, se aprobó el veinte de julio de 1850. Y consistía en la remodelación de la actual plaza de la Santísima Faz.

Plaza que antes se llamó de la Fruta, de la Harina, del Progreso y también, aunque se trata de una rotulación escasamente conocida, de la Cárcel. El nombre que hoy lleva, se debe a un acuerdo municipal del diecinueve de agosto de 1921.

La plaza o mejor plazuela de la Cárcel se la denominaba a mediados del pasado siglo. Así consta en algunos documentos correspondientes al ya citado año de 1850, y al plano del mismo tiempo que firmó el arquitecto Emilio Jover. Sin duda, la tal denominación se debe al hecho de que las cárceles del partido judicial estuvieron instaladas, hasta 1848, en las Casas Consistoriales.

En aquella recoleta plazuela, había dos casas propiedad de don Rafael Bernabeu que estrangulaban los accesos de la calle Mayor a aquel espacio urbano; y, a juicio del arquitecto titular y de la comisión de ornato, parecía recomendable el derribo de las mismas, al objeto de configurar la plazuela antes la fachada posterior del Ayuntamiento. «Con objeto de llevar a cabo tan importante reforma, asociada la comisión con el arquitecto titular ha tenido varias entrevistas y conversaciones con otro interesado, para convenir con él el precio de la finca con que debe indemnizarlo y manera de percibirlo». Aquellas conversaciones, dieron finalmente los frutos deseados, por cuanto el propietario y el Ayuntamiento alcanzaron los siguientes acuerdos: «Primero, don Rafael Bernabeu cede al público, para que se prolongue la calle de San Agustín, las dos casas que posee en la antigua plazuela de la Cárcel, frente a la Casa Consistorial, por un precio de doce mil reales de vellón; y segundo, la expresada cantidad se la pagará en seis plazos, a razón de dos mil reales de vellón, cada uno por mensualidades, principiando a contar desde el mes inmediato a la aprobación del presente contrato». Se firmó, el dieciocho de julio del repetido año, por Calixto Pérez, Ramón Campos, José G. Amérigo, Rafael Bernabeu y Emilio Jover.

Luego, llegaría la demolición de aquellos edificios y unas obras urbanísticas de muy considerable importancia, para el desarrollo de la ciudad.

El arquitecto madrileño Antonio Rubio desplegó, entonces, los planos del hipotético hotel que se podía construir en la Playa de San Juan, y dejó a los comensales verdaderamente encantados. A nuestro arquitecto Juan Vidal, que se encontraba también en aquella cara del Club Rotario, le pareció excelente el proyecto. Y con el mismo énfasis, se pronunciaron el alcalde de la ciudad, Lorenzo Carbonell, y los periodistas Emilio Costa, Juan Botella y «Heliófilo».

En realidad fue el doctor Tapia quien animó a Antonio Rubio a diseñar los planos, porque en su opinión, en Alicante no había dónde guarecerse ni hospedarse adecuadamente. «Lo primero -dijo- es disponer de comodidades, para que pueda venir todo el mundo». Estaban en el hotel Samper, y el famoso médico recordó que en una habitación del mismo había preparado, años atrás, sus oposiciones a cátedra. Pasó los meses de diciembre y enero, y evocaba el clima tan benigno que le permitía estudiar en mangas de camisa, en tanto el sol entraba a raudales en su dormitorio. Desde entonces, sintió por nuestra ciudad una atracción singular.

El ingeniero Sánchez Guerra hizo la presentación de Tapia a sus correligionarios del referido club. En su intervención, pronunció unas palabras que reproducimos, en parte: «Alicante no es un país favorecido por la naturaleza, sino un país puesto por la naturaleza en situación de favorecerse por los esfuerzos de los alicantinos». Y evocó las afirmaciones del gobernador rotario de aquel distrito, cuando les entregó la carta fundacional y les encomendó que trabajasen denodadamente para conseguir el arreglo de la carretera de Albacete a Alicante, y la construcción de un gran hotel, en nuestra ciudad.

El futuro de Alicante pasaba por un desarrollo de la industria hotelera y de la Playa de San Juan, que el doctor Tapia había conocido de la mano experta de Juan Vidal. Y fue a partir de entonces, cuando el médico confió sus inquietudes a un arquitecto que ya había edificado grandes establecimientos de tal naturaleza: Antonio Rubio. Ambos, sorprendieron a sus amigos alicantinos con aquella sorpresa. A raíz de la misma, Álvaro Botella, director de «El Luchador» manifestó que en las reuniones rotarias había tenido noticia de empresas importantes para la ciudad: la donación de la finca de Manuel Prytz, en San Juan, para residencia de altas personalidades; y ahora la redacción de un gran proyecto para la playa del mismo nombre. Estaba de acuerdo con la propuesta de su colega Emilio Costa, director del «Diario de Alicante»: nombrar al doctor Tapia «alicantino in honoris causa». Se lo merecía por el interés y el cariño que evidenciaba hacia nuestra ciudad.

Con motivo de los sucesos revolucionarios de octubre de 1934, ya hemos referido cómo el gobernador civil de nuestra provincia, Antonio Vázquez Limón suspendió a la corporación municipal que presidía desde el dieciséis de abril de 1931 (las elecciones se celebraron el doce de aquel mes) Lorenzo Carbonell Santacruz. La suspensión gubernativa e injusta tuvo lugar el diecinueve de octubre de 1934 y sólo se resolvió definitivamente con la reposición de los ediles republicanos, el veinte de febrero de 1936.

Meses atrás, «El Luchador» en una crónica publicada en el número correspondiente al dieciséis de diciembre de 1935, arremetía contra el «nefasto gobernador Vázquez Limón», quien había sustituido al Ayuntamiento popular y elegido en las urnas, por una comisión gestora municipal integrada por «radicales y agrarios», con el pretexto de la huelga revolucionaria a la que ya nos hemos referido. Pero, según el citado diario republicano, el pretexto se vino abajo, y Vázquez Limón «tuvo que recurrir a supuestos defectos administrativos». Ciertamente, se llevó acabo una investigación que resultó favorable a los concejales suspendidos en sus cargos, por cuanto «ni el juzgado ni la Audiencia de Alicante y Valencia encontraron nada para empapelarlos. No obstante continuó la gestora de esquiroles». El comentarista confiaba en que el nuevo gobierno, presidido por Portela Valladares, y en el que no había representación radical repararía aquella anómala situación.

Pero el conflicto se dilató prácticamente hasta la fecha ya señalada. El nuevo gobernador civil, Fernando Gil Mariscal, permaneció en nuestra ciudad tan sólo una semana. Habría de ser el periodista y gobernador civil provisional Álvaro Botella quien, a raíz de las elecciones que dieron la victoria al Frente Popular, situara a Lorenzo Carbonell en la Alcaldía.

Por cierto, que Carbonell Santacruz fue procesado, en diciembre del treinta y cinco, después de un discurso que pronunció en el Círculo de Izquierda Republicana, con sede en la calle de Belando, y en el que se profirieron supuestas injurias contra la autoridad, es decir, contra Antonio Vázquez Limón. Así, Lorenzo Carbonell depositó fianza para conseguir la libertad y tuvo que presentarse quincenalmente en el juzgado. El alcalde en suspenso nombró abogado y procurador respectivamente a Pérez Torreblanca y Álamo Antón. El cualquier caso y durante las semanas siguientes, la situación política iba a dar un muy considerable giro a la izquierda.

Había que acometer muchas obras públicas, después de tres años de contienda civil. Había que impulsar mejoras y ponerse al día. Y el dieciocho de octubre de 1940, la corporación municipal, bajo la presidencia de Ambrosio Luciánez Riesco, tuvo noticia de que se había remitido al Ministerio de la Gobernación el plano del solar que situado en terrenos de la antigua montañeta, ofrecía el Ayuntamiento para que se construyera allí el edificio del Gobierno Civil. El lugar parecía adecuado a los propósitos de las autoridades locales alicantinas: estaba en un punto crucial para el ensanche urbano. Por otra parte, el arquitecto municipal que asistió a un congreso de Urbanismo celebrado en Madrid, informó de que había sostenido una larga conversación con el director general de Arquitectura acerca del proyecto, para el que disponía de consignación. La satisfacción era grande, por cuando la realización de las obras además podía proporcionar empleo a muchos de los obreros alicantinos en paro.

Estaba, de otro lado, la ampliación del aeródromo de Rabasa, en donde el Ministerio del Aire tenía previsto iniciar importantes inversiones en la instalación capaz para el regimiento de Aviación destinado a tal aeródromo. Obras en fin, que también paliarían el acuciante problema del desempleo.

Había que adquirir nuevos terrenos con ánimo de agregarlos a los que ya eran propiedad del Estado, para llevar a cabo la necesaria ampliación de las dependencias y campo de vuelo. Eran propietarios de aquellos terrenos los hermanos doña Josefa y don Agatángelo Soler Pérez, quienes, según el alcalde, a requerimientos del gobernador civil, ofrecieron toda clase de facilidades, «dando prueba de un elevado sentido patriótico», y suscribieron los documentos preceptivos para que los mencionados terrenos pudieran ser ocupados inmediatamente e iniciarse así las obras proyectadas.

En aquel pleno, el alcalde Luciáñez expresó su agradecimiento al «ilustre periodista y consejero nacional señor Giménez Caballero», quien se hizo entusiasta valedor de la iniciativa de nuestro Ayuntamiento, de gestionar la recuperación de la «Dama de Elche» que se encontraba en el Museo del Louvre, de París. Esa gratitud se materializó en el acuerdo de donar al mencionado periodista una reproducción de la misma, a cuyo fin se autorizó a la Alcaldía para librar doscientas cincuenta pesetas, con cargo al presupuesto de gastos.

Aunque el cementerio de San Blas ya estaba prácticamente clausurado, desde tiempo atrás, aún se llevaban a término inhumaciones en los panteones del mismo, hasta principios de los treinta. Esta circunstancia, hizo que el Ayuntamiento alicantino tomara severas medidas contra tales prácticas y denuncias públicamente al cabildo de San Nicolás de autorizarlas, movido por intereses económicos y contraviniendo así las disposiciones sanitarias.

Fue el propio alcalde, Lorenzo Carbonell, quien en «El Correo» correspondiente al dieciocho de noviembre de 1931, escribió un amplio artículo, en contra de aquellas inhumaciones que vulneraban la normativa establecida. Afirmaba Carbonell Santacruz que fueron los republicanos de la corporación quienes ya en 1910 y de acuerdo con las leyes, iniciaron la construcción del cementerio municipal, toda vez que el de San Blas era ya insuficiente y atentaba contra los más elementales principios de higiene y salubridad pública de una barriada en desarrollo urbanístico.

La gripe de 1918 que ocasionó una considerable mortandad habilitó apresuradamente el nuevo cementerio y vino así a dar la razón a quienes insistentemente habían abogado por la necesidad de un lugar de enterramientos más alejado de la ciudad. Según el alcalde republicano, fueron ciertos ayuntamientos complacientes con el cabildo eclesiástico quienes, por último, cerraron «el departamento civil y neutro» (del cementerio de San Blas), que sin embargo, estaba en mejores condiciones que el católico, sin que nadie protestase, ni siquiera los propietarios, cuyos intereses eran tan respetables como los de los católicos».

Argumentaba el presidente del Consistorio republicano que el cabildo de San Nicolás, único propietario de aquel camposanto, había obtenido a lo largo de ciento veinte años de explotación, muchos millones de pesetas, por la venta de terrenos y los derechos de enterramiento, sin que todos aquellos dineros produjeran beneficio alguno al pueblo de Alicante. «Si en este problema hubiera intervenido un abad como Penalva, se habría resuelto en su día con todo desinterés y sin pretender pasar por encima de las leyes sanitarias y de los derechos municipales».

Finalmente, Lorenzo Carbonell afirmaba que el Consistorio había dado toda clase de facilidades para el traslado de panteones al nuevo cementerio y que sin embargo, muchos de sus propietarios, hasta el último momento, celebraban asambleas con objeto de oponerse al Ayuntamiento. Ayuntamiento que sólo en cumplimiento de la legislación vigente, había clausurado definitivamente el cementerio de San Blas, en beneficio de los intereses y la salud de los ciudadanos.

Se la tenían así, como jurada, vamos. De modo que no más circular la noticia de que se le iba a conceder la medalla de la ciudad, la emprendieron contra él. Desde el periódico «La Verdad», de Murcia, pero en su sección correspondiente a nuestra ciudad, el corresponsal ponía en duda el hecho de que el homenaje que le pensaban tributar estuviera rodeado de la popularidad con la que se anunciaba. «Cosa ésta bastante difícil, cuando como en esta ocasión, se trata de algo puramente personal y falto por completo de simpatía, a excepción del grupo que forman los cuatro amigos y botafumeiros del homenajeado... Nos referimos a Renato Bardín, propietario del campo de fútbol de Benalúa, a quien se le quiere imponer la medalla de la ciudad. ¿Motivo? Simplemente, haber construido un campo de fútbol al que le saca muy buenas pesetas. La cosa no puede ser más "meritoria"». Con bala, le tiraba el informador a Bardín.

El periodista reflexionaba seguidamente acerca del fundador del Hércules, quien base de ciencia y paciencia -seguía diciendo el redactor-, consiguió finalmente poner en pie un equipo que le estaba proporcionando el propietario del estadio muy buenos ingresos. Se refería «al humilde mancebo de farmacia Vicente Pastor», y al que, sin embargo, no se le había ofrecido ningún reconocimiento público. «Pero si hasta para el entusiasta joven nos parece excesivo este galardón, a pesar de lo que supone para Alicante la creación de la sociedad que hoy produce pingües beneficios, excusado nos es decirles que aun nos parece más inmerecida para el señor Bardín».

La iniciativa había partido de don Manuel Lado. Pero el referido informador razonaba que la medalla, la concesión de la medalla, hubiera estado justificada, siempre y cuando Renato Bardín hubiera entregado el campo al Ayuntamiento, para su explotación. Un esto de filantropía merecedor de la distinción que precisamente se había creado para éstos y otros casos comparables, «pero de ninguna manera para premiar negocios particulares. Y que no venga la Prensa local diciendo que ha sido uno de los fundadores del Colegio Francés y uno de los impulsores del Club de Regatas, para así disculpar su actitud pasiva».

Sin embargo, poco después, el Hércules C.F. ofreció al señor Bardín un banquete, en el hotel Victoria, como acto de reconocimiento, y le entregó un pergamino en el que se hacía constar la gratitud del club. Todo esto ocurría en noviembre de 1935. Y «El Día» dio noticia amplia de tales encrespamientos.

A principios de 1931, se produjo una considerable brecha en la Asociación de la Prensa de Alicante. Tanto que tres de los seis diarios que por entonces se publicaban en nuestra ciudad -«El Luchador», «Las Noticias» y «El Correo»- con sus directores y plantillas de redacción abandonaron la entidad periodística, en tanto los otros tres permanecieron en ella, si bien en una situación bastante precaria. Sin duda, la presidencia de Pérez Mirete, conservador y también presidente de la Diputación, provocó una crisis, precisamente en vísperas de la proclamación de la República.

Con objeto de superar aquellas adversidades, dimitieron de sus cargos Pérez Mirete y el secretario Víctor Viñes, y se celebraron elecciones para la Junta de las que salieron, entre otros, el republicano Rafael Blasco, como presidente; Rafael Quilis, Álvaro Botella, Coloma Pellicer, Emilio Costa y Juan Sansano. Pero tampoco prosperaron las gestiones del lerrouxista Rafael Blasco, cerca de Florentino de Elizaicin, para recomponer la unidad de los periodistas. El mismo Blasco había desplazado de la dirección de la Asociación a Antonio Pérez Torreblanca, lo que había producido el rechazo de algunos compañeros.

Los profesionales de la información tomaban posiciones de acuerdo con su ideología, en el marco del tránsito de la dictadura primorriverista a los nuevos tiempos que se avecinaban; y en aquel clima no prosperaban las buenas voluntades conciliadoras. Pero el tema se agrió aún más, según refiere «El Correo», del diecisiete de agosto de 1931: la cena homenaje que se le ofreció al periodista César Oarrichena fue una auténtica bomba.

Con motivo de haber logrado un acta de diputado, los asociados le ofrecieron un acto de solidaridad. Pero fueron, tan intransigentes que no permitieron a los que habían abandonado la entidad sentarse en la mesa del homenajeado que se encontraba flanqueado por Rafael Blasco y Pérez Mirete. Pérez Mirete de quien el referido diario escribía sobre sus actuaciones en otros organismos que también presidió por influencias dictatoriales y caciquiles. En el artículo, que firma el «Doctor Verdades», seudónimo de un conocido y veterano periodista, se advierte también que «las subvenciones de la Asociación proceden del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial (...) y que si las cosas continúan así, es decir, con las puertas cerradas, es natural que se cree otro organismo, como sucede en varias provincias de España, y las instituciones supriman o dividan las subvenciones».

Las plumas seguían en alto.

De acuerdo con las disposiciones de Justicia, a últimos de agosto de 1936, el comité provincial del Frente Popular propuso a la superioridad la constitución del Tribunal Popular, para cuya presidencia designó al fiscal de la Audiencia, Vidal Gil Tirado, quien estaría auxiliado por el juez de instrucción Julián Santos Cantero, y el ex juez Francisco Galiana Uriarte; en tanto los vocales, cuyos nombres propios ya ofrecimos en una de nuestras cotidianas crónicas, pertenecía: dos a Unión Republicana; dos al Partido Comunista; dos, al Partido Socialista; dos al Partido Sindicalista; dos, a Izquierda Republicana; dos, a la UGT, y posteriormente, uno a la FAI y dos a la CNT. Además de los titulares, estaban también los suplentes.

El uno de septiembre del citado año y en el salón de actos de la Diputación Provincial, se constituyó finalmente, con un cambio: en lugar del ya mencionado Francisco Galiana Uriarte figuraba el magistrado Francisco Antón. De inmediato, se acordó oficiar al Colegio de Abogados, con objeto de nombrar de oficio a los letrados que tuvieran que asumir la defensa de los encartados en los diversos sumarios.

De acuerdo con los periódicos consultados, el primero de los juicios celebrados por el Tribunal Popular de Alicante fue por rebelión, causa 176, contra «Manuel Salinas Ferrer y sesenta individuos más». Es decir, contra cuantos «tras la sublevación fascista pretendieron penetrar en la ciudad, armados, para provocar la rebelión. Fueron detenidos en Agua Amarca». El once de septiembre, se conoció la sentencia por la cual se condenaba a muerte a cincuenta y dos de los encausados, en tanto los nueve restantes eran absueltos y puestos en libertad. Aquel juicio tuvo lugar en el cuartel de Benalúa.

Poco después, se procedió a la vista pública contra treinta y una personas de Elche, acusadas de conspiración para la rebelión militar. Tres de ellos fueron asimismo condenados a la última pena; y los demás a otras de reclusión, según «El Día» correspondiente al veinticuatro de aquel mismo mes de septiembre. Mes que se cerró con otro juicio: ocho procesados de Crevillente, de los que uno fue absuelto y los otros siete también sentenciados a la pena capital.

En octubre, se verían las causas contra Ibáñez Musso y Pascual Martínez de Falange; contra el comandante militar de la plaza, general García Aldave y varios jefes y oficiales más; y, por último, ya en noviembre, contra José Antonio Primo de Rivera y otros ocho acusados. De estos juicios, ya nos ocuparemos en una próxima crónica.

En invierno, cuando caía la tarde, apenas sí se podía ir de calles, sin dártela con una esquina o con la afilada daga de un sicario o de un salteador. Alicante, como otras tantas ciudades, ofrecía un aspecto tenebroso y nadie, a menos que se tuviera una perentoria urgencia profesional, abandonaba la seguridad de su casa: era un riesgo echarse afuera, en medio de una oscuridad que ningún alumbrado disipaba. Una situación tal, determinó que el teniente general y gobernador de la plaza, tomara la batuta con firmeza y gestionara la instalación del alumbrado público.

Y así fue como en el reinado de Carlos III que tantos progresos urbanísticos dispensó a la ciudad, el citado gobernador, Francisco Pacheco, dirigiera el rey una solicitud, que, junto con él, firmaron también Francisco Borgunyo, Josep Nicolás Alcaraz, Josep Pizona y Nicolás Pro.

En dicha solicitud se advertía que las tinieblas era materia dispuesta para el ejercicio de maldades y de los insultos nocturnos como efectivamente la experiencia lo tenía más que acreditado, y en su prevención, la cautela exigía aplicar los medios que pudieran evitarlo, en lo posible. Ello, por supuesto, sin perjuicio, de las continuas rondas y otras operaciones dirigidas al intento, «no se acomoda más que con el auxilio de la luz artificial y el competente alumbrado de las calles», a juicio de los firmantes de aquel escrito, fechado el veintisiete de marzo de 1787, tal y como Nicasio Camilo Jover lo recoge, en su integridad, y lo incluye en su obra «Reseña Histórica de la ciudad de Alicante».

Se hicieron las cuentas y salían un total de cuatrocientos setenta faroles, para iluminar la ciudad, lo que a razón de sesenta reales cada uno, arrojaba un total de veintiocho mil doscientos reales (aunque en el documento de referencia se consignan veintisiete mil setecientos veinte y dos) aparte de otros veintisiete mil trescientos treinta y cuatro, anuales, para costear el abastecimiento de aceite destinado a los mismos.

Para atender aquel desembolso, se creó un arbitrio «de cuatro maravedises sobre cada libra de nieve de las que se consumían en la ciudad y su término, y con el preciso destino a la satisfacción del importe de los faroles y demás gastos hechos al efecto». Esta resolución, firmada por el conde de Campomanes, está fechada en Madrid, a trece de agosto de 1790. Era el siglo de las Luces, y la metáfora ilustrada, trajo, por vez primera a nuestra ciudad, la iluminación pública.

Cómo se lo montó el gobernador civil y militar, el todopoderoso general Cristino Bermúdez de Castro, cuando el calendario zaragozano señalaba el veinticinco de octubre de 1923, dictadura de Primo de Rivera al canto. Más o menos, vino a decir que Alicante tenía la prosperidad en el acuartelamiento de las fuerzas españolas en África, y en sus manos. Todo consistía en ofrecer mucho terreno a las tropas, para que realizaran maniobras y ejercicios de tiro artillero.

En el Ayuntamiento, el general desplegó su oratoria: que se iba a formar un ejército dispuesto para partir a toda prisa a los territorios enemigos; que Alicante tenía unas condiciones óptimas para los soldados que eran varios miles; que Fontcalent reunía lo necesario para la estancia de unas fuerzas de campaña; que preció oportuno y conveniente ofrecer todos aquellos terrenos al Estado lo antes posible. De no ser así, otras ciudades podían anticiparse y llevarse el gato al agua.

Apeló, en su intervención caudalosa, a la precariedad de la hacienda municipal y que la operación podía paliar tal situación. Por supuesto, los comerciantes de la ciudad tendrían que contribuir, toda vez que la numerosa guarnición les proporcionaría no pocos beneficios. Y que Alicante crecería y lograría mejoras en materia de transportes y comunicación, como, por ejemplo, el ferrocarril de Alcoy, y la doble vía hasta Alcázar de San Juan, ya que a tan importante base militar no se le negarían tales progresos.

Cuando terminó su parlamento el general Bermúdez de Castor, Miguel de Elizaicin y España que era alcalde y también general se pronunció por la convocatoria de una gran asamblea de entidades, con objeto de analizar y debatir, si fuera preciso, aquel asunto. El veintiocho de octubre, se celebró la asamblea. De entrada, el gobernador cívico-militar anunció que el directorio había destinado cuatro mil infantes y artilleros a nuestra ciudad, y que, por descontado la corporación municipal, estaba dispuesta a colaborar entusiásticamente. La respuesta fue unánime: que sí. Los presidentes de la-Asociación de la Prensa, de la Cámara de Comercio, del Círculo Mercantil, de la Junta de Obras del Puerto, y el representante del Sindicato de Vinos, «ofrecieron su incondicional y ardoroso apoyo, para la realización de la empresa». Los arbitrios e impuestos municipales, con carácter transitorio, aumentarían en una décima, salvo los artículos considerados de primera necesidad. Menos mal.

Según se cuenta y recogen algunos de nuestros más relevantes cronistas, allá por el siglo XII, un leñador descubrió en un frondoso pinar, situado en una elevación y a un kilómetro de Alicante, hacia el N.O. una tabla de unos setenta por cuarenta centímetros, en la que se representaba «la Virgen, que aparece de medio cuerpo, con un rostro simpático, inclinándose éste, como su mirada dulce y amorosa, hacia un Niño-Dios que sostiene sobre el brazo izquierdo» de acuerdo con la descripción de Rafael Viravens, quien conjetura que dicha tabla muy posiblemente fue enterrada «allá por los años 716, al ser expulsados los cristianos por los árabes que invadieron todas estas tierras».

Al margen del elemento legendario que pudiera contener este acontecimiento, es lo cierto que el vecindario levantó, en aquel lugar, un eremitorio a la imagen descrita que denominó de Nuestra Señora de Los Ángeles. De aquí tomaría su nombre la entonces partida rural, en la que se había producido en singular hallazgo. En 1440, el referido eremitorio fue ocupado por nueve religiosos de la comunidad franciscana; hasta que, en 1515, se trasladaron a un convento, cercano a la ciudad, donde más tarde se levantaría la iglesia y el cuartel de San Francisco, y posteriormente la iglesia de Nuestra Señora de Gracia.

La devoción a la Virgen de los Ángeles atraía al paraje a numerosas personas. «El día dos de agosto celebrábase en este templo una solemne función religiosa en honor de nuestra señora, ganándose el jubileo de la Porciúncula, por especial privilegio de Urbano VIII». Según Gonzalo Vidal, aquella Virgen fue aclamada «como patrona de los alicantinos», y desde entonces, en el pendón real que el Ayuntamiento solía utilizar, aparecía la bella imagen, sostenida por un grupo de ángeles, y bordado en seda de oro.

La ermita se desmoronó lentamente, hasta que en 1951, el obispo de Orihuela, Felipe Herrero Valverde, hizo que se edificara otra de menor tamaño donde se diera culto a Nuestra Señora de los Ángeles. En 1931, el once de mayo, se produjo la irracional quema de conventos. «Pero tengo entendido -escribió Gonzalo Vidal en el periódico «El Día»- que (la imagen) está guardada por personas beneméritas, que supieron salvar de la hecatombe tan preciado tesoro». En 1935, definitivamente, fue demolida la ermita de Los Ángeles.

En un documento de fecha ocho de diciembre de 1921, de la Masonería Universal, Familia Española, perteneciente a la logia Numancia, número 417 del Gran Oriente Español, se da cuenta de «las altas y bajas ocurridas en este Resp. Tall, durante el mes anterior», y en el mismo figura Franklin Albricias Goetz, el cual ingresó el nueve de noviembre del citado año con el grado primero y con el nombre simbólico de Teófilo; así como la baja por fallecimiento, de Antonio Marín Borras que ya había alcanzado el grado decimocuarto.

En otro impreso de la misma logia masónica que firma el venerable maestro Sócrates, en Alicante, el veintidós de octubre de 1922, se contempla la exaltación al grado tercero de los «hermanos» Álvaro Botella Pérez y Eduardo Irles Garrigós; y, al día siguiente, la de los «hermanos» Alfredo Javaloy y Sebastiá y el ya mencionado Franklin Albricias Goetz.

Disponemos igualmente de una relación de miembros de dicha logia, sin fechar, en cuyo cuadro se facilitan cuarenta nombres, con sus respectivas profesiones y domicilios. Por su interés, nos complacerá ofrecerlo en su totalidad a nuestros habituales lectores, pero como el espacio no nos lo permite, tan sólo espigaremos algunos de ellos, de acuerdo con criterios de oficio o profesión y de rango masónico: El de mayor grado, el treinta, es Agustín Millet Valtre, comerciante de abonos químicos; el de menor, el primer, entre otros varios, Mariano Trucharte Samper, capitán de carabineros, con domicilio en Denia. Con el grado decimoctavo, se contabilizan seis: Francisco Ramón Lledó, perito electricista; José Estruch, médico dentista; Ernesto Chápuli Ausó, también perito electricista; Demetrio Poveda Salgalerca, médico oculista; Rafael Rogel Rech, periodista; y Luis Masanet Pérez, comerciante en tejidos.

Además de los ya expresados figuran en la referida relación: Emilio Costa Tomás, con el grado cuarto, director del periódico «El Día»; José Pérez Molina, con el tercero, director de la Escuela de Comercio; José Pérez Sala, con el segundo, empleado de la luz eléctrica; Marcial Samper Ferrándiz, también con el segundo, comerciante en vinos; Antonio Ferrándiz Masiá, con el primero, jornalero; Antonio Pérez Torreblanca, igualmente con el primero, abogado. Un amplio abanico de los más humildes trabajos a aquellos de considerable cualificación.

Lo peor es que esta documentación procede de la secretaría particular del generalísimo Franco, «Salamanca, diciembre de 1937, II Año Triunfal». Imagínense qué festín, para la ya próxima Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

Se ve que el erario municipal ya no daba para más y la ciudad vivía bajo la amenaza de la oscuridad nocturna. Pero todo eran quejas y reclamaciones difíciles de atender. Al Ayuntamiento empezaron a ponérsele mal las cosas, cuando recibió un escrito de la S.A. Electra Alicantina advirtiéndole que apenas si podía soportar la carga que suponía la deuda de casi la mitad del importe de la energía eléctrica suministrada para el alumbrado público y que, en consecuencia, o se le daba una solución a tan inaguantable situación o, muy a su pesar, tendrían que cortar el fluido, el quince de enero próximo.

El escrito estaba formado a mediados de diciembre de 1915, cuando aún era alcalde de Alicante Eugenio Botí Carbonell, y estaba firmado por el presidente del consejo de administración de la mencionada empresa, Juan V. Santafé, y por Guillermo Campos Carreras, gerente de la sociedad Prytz y Campos. A pares, llegaban las exigencias.

Pero no crean ustedes que la cosa paró ahí. No mucho después, alcanzó a la corporación otro ultimátum parecido: el Consistorio estaba contra las cuerdas. La central eléctrica de Benalúa y la del Bon Repós, representadas respectivamente por Chápuli Ausó, director técnico, y Fernando Muñiz, propietario, argumentaban a las autoridades locales que la subida de las materias primas, para la producción de la energía eléctrica era tan abrumadora que habían llegado igualmente a la conclusión de poner fin al servicio que prestaban al Ayuntamiento. Sólo si éste se avenía a colaborar en el coste de las citadas materias, y además saldaba sus deudas, se podría evitar que la ciudad se quedara a oscuras, cuando menos en aquellas zonas que, a ambas empresas, les competían. La preocupación invadió a nuestros gestores municipales.

Había que decidir y se decidió. El pleno acordó, en principio, proceder con la premura que exigían las circunstancias a liquidar las cuentas con las dos primeras referidas sociedades, en tanto, con respecto a las otras, se optó por poner en manos de la inspección técnica sus demandas, con objeto de disponer un amplio informe acerca de las nuevas tarifas.

En verdad que el alcalde Eugenio Botí desde que se hizo cargo de la presidencia del Ayuntamiento el cuatro de julio de aquel mismo año, por dimisión de su antecesor, Ramón Campos Puig, hasta el uno de enero del siguiente, fecha en que lo sustituyó Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri, quien ya había ocupado la alcaldía con anterioridad, tuvo un mandato intenso, agobiado y casi electrocutante.

La actual Constitución nos garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. Algo, en fin, tan elemental y sensato que cuesta lo suyo creer que aún hace unas décadas, se podía ser objeto de represalias nada edificantes. Díganlo, si no, algunos protestantes que las sufrieron de manera incalificable. «Evidentemente el tipo de represión que se sufría por aquellos días (década de los cincuenta y más) podía venir tanto de las jerarquías más altas como de las más bajas. Una carta que mandó el ministro del Interior de aquella época a todos los gobernadores civiles de las provincias decía que se vigilara muy bien a aquellos grupos llamados evangélicos, donde se podían llevar a efecto actividades masónicas o políticas extrañas al régimen de Franco». El fragmento lo tomamos de un artículo de Daniel Valls González titulado «Origen y evolución del protestantismo en Elda», que el propio autor nos facilitó, junto con otros datos de considerable interés.

En nuestra ciudad, ya lo hemos expuesto en esta sección, fue un joven obrero llamado Pierrand quien predicó el Evangelio, el siete de agosto de 1870, en el Club Federal. Y William Ireland Knapp quien -según el libro del investigador Antoni Aparici- fundó la Primera Iglesia Bautista, en nuestra ciudad. A Knapp le sucedería el pastor Juan Martín Calleja y posteriormente el ex sacerdote Benito Martín Ruiz, de «funesta y desastrosa intervención en Alicante».

En un documento firmado por William Ireland Knapp describe los bautizos que llevó a cabo en nuestras costas. Concretamente, matiza «a una milla de la ciudad, bajo un acantilado llamado La Cantera (...)». Posteriormente, entre 1880 y 1910, se hizo el silencio sobre la obra evangélica bautista de Alicante, hasta que Daniel Benedicto Teófilo Vickman, y el matrimonio integrado por Ramón Rodrigo y María Mora reorganizaron aquella iglesia. En 1936, se produjo la destrucción de los archivos y registro de la congregación bautista, y consecuentemente la pérdida de todo el proceso histórico de tal iglesia o, cuando menos, de una parte muy sensible.

Pero, por fin, el dieciséis de septiembre de 1951 se abrieron las puertas de la Primera Iglesia Evangélica bautista de Alicante, se inscribió en el Registro Oficial, y veinte años después celebró culto público en el cine Calderón, algo ciertamente insólito. Claro que detrás de aquellas iniciales maniobras estaba el presidente Harry S. Truman. Y así, cualquiera. El patrón mayor, como ahora Clinton. Que siempre ha habido presidentes y presidentes.

Tal y como se lo contamos. Y, fíjense, hoy, muy probablemente una actitud así hubiera sido calificada de fundamentalista o de integrista o algo parecido, quién sabe. Pero eran otros tiempos y los acuerdos se cumplían al pie de la letra. Léanlo si no.

El día ocho de diciembre de 1940, festividad de la Inmaculada Concepción, la corporación en pleno desfiló hasta la iglesia parroquial de Santa María. Una vez allí, con la mayor solemnidad, como correspondía al acto, el alcalde de Alicante, Ambrosio Luciáñez Riesco, con la mano sobre los Santos Evangelios, en nombre propio, en el del Ayuntamiento y en el de la ciudad de Alicante, prestó gravemente el juramento: «Defender hasta la muerte el dogma de la concepción inmaculada de María, juntamente con el misterio de la Asunción a los cielos en cuerpo y alma, y el singlar privilegio de su mediación universal en la dispensación de todas las gracias».

Después de concluidos los oficios, se delegó en la Alcaldía para librar el pago de las doscientas pesetas por derechos de la Capilla de Música y de un donativo de ciento veinticinco también a cargo del Consistorio.

Casi dos meses antes, así lo habían acordado, por unanimidad, el pleno municipal. Todo comenzó a solicitud de la Juventud Masculina de Acción Católica. En Zaragoza ya había un precedente. Y aquella Juventud Masculina quería que su Ayuntamiento no se quedara atrás. De forma que se lo solicitaron por escrito. Y el escrito se leyó en la sesión ordinaria del dieciocho de octubre de aquel mismo año.

No hubo titubeos. No era tiempo para titubeos. Y todos nuestros ediles formaron una piña. La unanimidad se manifestó decididamente y se tomó el acuerdo de prestar el juramento que se les solicitaba, el próximo ocho de diciembre, si causas imprevisibles no lo impidiesen. «Y en la iglesia parroquial de Santa María, que lleva el nombre de María Santísima, reanudando al propio tiempo la piadosa costumbre, interrumpida a últimos del pasado siglo, de asistir capitularmente el Ayuntamiento a la función que en esta fechas se celebraba en dicho templo, el más antiguo de la ciudad».

La estampa no puede ser más impresionante: un gesto histórico, un juramento firme y enfervorizado. En Santa María como en Santa Gadea: todo un poema.

Llegaban de muchos lugares arrasados por la guerra. Llegaban de las provincias de Almería, de Málaga, de Murcia, y buscaban un sitio para vivir, para hurtarse del horror, para soslayar el peligro. A muchos de ellos, Alicante les ofrecía un refugio precario: las cuevas que había en el monte Tossal o al pie del Benacantil. Y a pesar de las adversas condiciones de aquellos antros, algunos de sus ocasionales huéspedes soportaron allí, hasta entrada la década de los cincuenta. Aún recordamos cómo personas caritativas se acercaban hasta los habitantes de aquel submundo, para el ejercicio de la limosna.

Con objeto de eliminar la presencia de tales gentes y por oficio número 5456, se ordenó la destrucción de tales cuevas. Según el arquitecto municipal, catorce de ellas fueron cegadas, pero no así el resto, por cuanto las familias que las habitaban se negaron a abandonarlas: se aferraban a lo único que tenían. La documentación consultada nos informa despectivamente de que las referidas familias eran «en su totalidad indeseables y en gran parte procedentes del aluvión de gentes de la provincia de Almería y Murcia, que aquí se refugiaron cuando, en los comienzos del año 1937, el general Franco ocupó Málaga y su provincia». Es decir, prácticamente a cuantos habían sido desalojados por los efectos de una contienda devastadora, se les consideraba marginados sociales, cuando no presuntos delincuentes.

Se contabilizaron hasta setenta y nueve cuevas de las cuales sesenta y seis se encontraban en el monte Tossal y consecuentemente eran propiedad del Ayuntamiento. Las restantes estaban situadas en las laderas del Benacantil y pertenecían al Estado. El día nueve de julio de 1942, el alcalde remitió un escrito al gobernador civil en el que, tras describir las circunstancias y condiciones de los habitáculos, manifestaba que la Alcaldía, dotada de medios insuficientes, no podía resolver tan acuciante problema.

Pero Ambrosio Luciáñez Riesco, al frente del Ayuntamiento, por aquel entonces, recibió instrucciones de notificar a los intrusos que disponían de dos semanas, para proceder al desalojo de las improvisadas viviendas. De no obedecer, la fuerza pública, sin más contemplaciones, procedería a su expulsión. Sin embargo, años más tarde, muchas de aquellas gentes aún permanecían escondidas en las entrañas de la tierra. Ni la furia lograba desarraigarlos.

Ciertamente, era un cuadro penoso y dramático. Una secuela denigrante de la Guerra Civil.

De acuerdo con el real Decreto del trece de mayo de 1844, y siendo ministro de la Guerra el general Ramón María Narváez, se organiza el Cuerpo de la Guardia Civil que dependía del citado ministerio en lo que atañía su disciplina, material y percibo de sus haberes y del Ministerio de la Gobernación por lo relativo a su servicio peculiar y movimientos. En el artículo diecinueve, se establece que los ayuntamientos de los pueblos a los que se destinasen puestos fijos de la Guardia Civil «les proporcionaran casas-cuarteles en que vivir con sus familias, si las tuvieran, dándoseles por el Estado el correspondiente utensilio». Poco después, el dieciséis de octubre de 1844, el Boletín Oficial de la Provincia, ya recoge que en las poblaciones grandes donde se reunieran más de cincuenta hombres de la Guardia Civil se facilitará por el Ministerio de la Gobernación de la Península una casa-cuartel.

El veintiuno de diciembre del mencionado año, la Comisión de Propios y Arbitrios recibió un oficio del jefe superior político (precedente del gobernador civil), José Rafael Guerra, de fecha diez de aquel mismo mes en el que éste solicitaba informes, de acuerdo con una comunicación del inspector general del Cuerpo, Francisco Javier Girón, Duque de Ahumada, en el que se solicita noticia de si se encontraba preparada o se estaba disponiendo la casa-cuartel que debía ocupar la fuerza de la Guardia Civil, con destino a esta provincia.

Una semana más tarde, en el libro de cabildos se contiene que la citada comisión acordó notificar al jefe superior que en Alicante no existía ningún edificio de propios, no se creía tampoco que el Estado dispusiera de alguno para destinarlo al fin propuesto; y que, en consecuencia, para tal propósito no le era posible al Ayuntamiento arbitrar medio alguno que de él dependiera.

Por el periódico oficial de la provincia, ya tenemos constancia de servicios llevados a efecto por números de la Benemérita. Y un documento, del que ya dimos cuenta, firmado por José Rafael Guerra y dirigido a alcalde constitucional de la ciudad, Miguel Pascual de Bonanza, en junio de 1845, en el que se advierte del estado poco cuidadoso en que se hallaba la habitación señalada en el edificio de esa corporación para cuartel de la Guardia Civil, y se disponía que se blanqueara y ampliase la misma del modo que exigía el decoro del cuerpo. Sin duda, durante algún tiempo, la Guardia Civil estuvo acuartelada en el mismo Ayuntamiento.

Lo cierto es que, en la actualidad, el aspecto de nuestras calles no resulta nada gratificante, en cuanto se refiere a la acumulación de bolsas de basura en el interior de los contenedores y en sus inmediaciones. En pleno verano, con frecuencia, el hedor resulta sofocante. Es un problema pendiente, desde hace ya unos cuantos años, y buen sería que se afrontara con la mayor presteza, no sólo para mejorar la imagen urbana, sino por estrictas cuestiones de salubridad pública.

A finales del siglo XVIII, Alicante experimentó un plausible impulso higienista. Allá por el año de gracia de 1779 y cuando el nuevo Ayuntamiento estaba prácticamente concluido, el maestro de obras y arquitecto Lorenzo Chápuli, que fue uno de los directores de las obras de las Casas Consistoriales, en su etapa final, como ya hemos escrito, advirtió a las autoridades municipales de la necesidad de enlosar con piedras de sillería «la calle que se ha habilitado de nuevo, para que las aguas pluviales tengan salida a la acequia común, poniéndoles unas trapas de hierro, para que por ellas puedan correr las aguas, acompañando a los lados unos pozos de la misma piedra, y que todo el costo de esta porción de obra importará doscientas cuarenta libras».

Pero aún había una cuestión de mayor envergadura urbana y sanitaria: el paseo enlosado que se estaba construyendo delante del Ayuntamiento, carecía de los conductos necesarios y subterráneos, para dar salida «a los excrementos de las reales cárceles», toda vez que no se habían tenido en cuenta en el momento de la ejecución de las referidas obras y había que abrir cauces por otra parte, para no levantar el empedrado. Lo que suponía, a juicio del citado maestro, un incremento de ciento setenta libras.

El pasado del enlosado, frente al palacio municipal, era plaza «en donde asiste el mayor concurso de la nobleza, en todos los tiempos del año y convida a la obra que se construye a que se hagan asientos, para el recreo y descanso de las gentes». El importe de los bancos que proponía Lorenzo Chápuli ascendía a otras ciento ochenta libras. En total, por los tres conceptos expresados, el desembolso era de quinientas ochenta libras, según el informe firmado por el maestro mayor de obras. El Ayuntamiento se dirigió a Valencia, para que las autoridades competentes aprobasen el citado presupuesto. Firmaban la petición Francisco Javier Gascón, Juan Pascual del Pobil, Francisco Arques y Nicolás Pro, con fecha trece de octubre de 1779. No mucho después se recibió la autorización. Copia del expediente completo, firmado por el escribano mayor, señor Pro, se conserva en el Archivo Municipal de la ciudad.

Llegaba el viento a ráfagas algo desapacibles, cuando el alcalde se dispuso a rubricar aquel documento.

Estaban todos en el templete de la música, y el presidente de la Junta de Obras del Puerto que le contestó que aceptaba la cesión tanto de la Explanada de España como del paseo de los Mártires, a los efectos que se especificaban en la real disposición, tal y como solicitó el propio Ayuntamiento. Eran las cuatro de la tarde del tres de enero de 1911.

Según el documento, Federico Soto Mollá, alcalde de Alicante, manifestó que atendiendo a altas razones de conveniencia, la corporación había tomado el acuerdo de ceder a la Junta no sólo la zona destinada al tránsito de vehículos de cualquier clase, sino también de los mencionados paseos y a condición de que el organismo portuario atendiera convenientemente a la conservación de los mismos.

Juan Guardiola Forgas, banquero, y a la sazón presidente de la Junta de Obras del Puerto, acompañado de los vocales de la misma, hizo constar que por Real Orden correspondiente al veintidós de febrero del año anterior se había autorizado a la mencionada entidad para atender efectivamente a la conservación y reparación de aquellos terrenos, a petición del propio Ayuntamiento, para mejoras de las travesías de las carreteras, y que consecuentemente se hacía cargo de la cesión de los paseos referidos, «en toda la dimensión que comprendía la zona de servicio del puerto».

Allí mismo, en el viejo templete de la música, se levantó acta de tales acuerdos, con la solemnidad que requería la cuestión.

El secretario de la corporación municipal redactó el documento, para «constancia de este fausto acontecimiento». Luego firmaron todos: el alcalde y los concejales asistentes, el presidente de la Junta de Obras del Puerto y sus vocales y cuantas personas fueron invitadas expresamente al acto de cesión.

En 1966 y siendo alcalde de la ciudad Fernando Flores Arroyo, el Estado otorgaría la escritura de donación de todos aquellos terrenos al Ayuntamiento, es decir, a la ciudad.

Son un total de setenta y tres mil metros cuadrados que se extienden desde la convergencia de las carreteras de Valencia y de la Playa de San Juan, hasta el patio de viajeros de la antigua estación de Murcia.

La línea se inauguró finalmente en 1902. Y fue un acontecimiento. Pero costó lo suyo. Mutxamel así se acercaba más a la capital: era el progreso; era un tranvía llamado progreso.

En principio, la Sociedad de los Nueve, a la que ya nos hemos referido aquí en más de una ocasión, se ocupó del transporte urbano de viajeros en vehículos de tracción animal, hasta que una compañía belga se hizo con aquella sociedad. De la línea a Mutxamel, por toda la huerta alicantina, se encargó, por concesión, don Alfonso Sandoval y Bassecourt, barón de Petrés y también alcalde de Alicante, en 1900. Pero el señor barón tuvo que solicitar un primer aplazamiento en la construcción de la misma, que se le concedió por real orden del treinta de junio de 1899. Aquel aplazamiento concluía el quince de enero de 1901.

Llegó la señalada fecha, y nada: la línea seguía sin concluir. De modo y manera que el señor barón volvió a pedir un nuevo aplazamiento o prórroga de dos años. Don Juan Miró, a la sazón, ingeniero jefe de Obras Públicas, estudió detenidamente el asunto y decidió redactar un informe acerca de la conveniencia de otorgarle el plazo; pero algo más corto de lo que se demandaba. Se justificaba la medida documentalmente comprobada en que «en méritos de equidad, puede concedérsele la citada prórroga, y considerando que en tal concepto y puesto que con la concesión no se perjudican los intereses del Estado, ni de tercera persona, y antes bien, se benefician los de la localidad, que resultaría más perjudicada con la caducidad del tranvía y el aplazamiento indefinido de su terminación, no hay inconveniente de acceder a lo solicitado, si bien por un plazo menor del que se pide».

La reina regente, en nombre de su majestad, el rey, de acuerdo con la propuesta, decidió otorgarle al señor barón de Petrés y alcalde de la ciudad, un año de prórroga «para que pueda terminar las obras de Alicante a Muchamiel de la que es concesionario, cuya prórroga habrá de contarse desde el día en que termine la anteriormente concedida».

Le costó lo suyo, efectivamente, a don Alfonso Sandoval y Bassecourt echar a andar aquel antiguo tranvía.

Pero después de los aplazamientos y de los posibles intereses que se jugaba en la empresa, puso en pie una página más de nuestra pequeña historia.

De un tiempo, ya considerable a esta parte, el tráfico o el tránsito rodado, es un verdadero rompecabezas para los responsables locales, provinciales y nacionales. El tráfico o tránsito ha generado empleo y problemas: aparcamientos, papeleo, técnicos en circulación, personal de tráfico, academias para conductores, permisos, etcétera. Pero, ¿cuándo comenzó este pandemónium?

Comenzó hacia finales del pasado siglo. Del diecisiete de septiembre de 1900 data el reglamento sobre el servicio de coches automóviles. Reglamento que, a lo que se ve, sólo valía para incumplirlo. Con objeto de organizar aquel incipiente y modesto caos, fue el ingeniero don Manuel Loncheirón quien expuso la conveniencia de establecer, de una vez por todas, unos criterios que resolvieran el desorden. Así, propuso unas señales combinadas de letras y números que debían de ostentar todos los coches, para distinguirlos entre sí, y evitar la confusión imperante.

Por una real orden del Ministerio de Fomento del veinticuatro de mayo de 1907, se dispuso que los vehículos llevasen dos placas, una en la parte delantera, y otra en la trasera, de forma rectangular, en las que figurasen las contraseñas por provincia. Se procedió entonces a asignar a cada una de ellas una letra inicial, y a la provincia de Alicante le correspondió la A, la cual seguiría en orden numérico el del automóvil registrado en la oportuna relación provincial. Esta disposición se remitió a todos los gobiernos civiles, con objeto de que se hiciera respetar.

El diecinueve de noviembre de aquel mismo año, el alcalde de Alicante recibió un escrito del gobernador en el que se le advertía que, además de la mencionada combinación de letras y números, se debería llevar «el certificado de reconocimiento de los carruajes y el de aptitud de los conductores». Previamente, y en el Boletín Oficial de la Provincia, de veinte de septiembre, se publicó también un aviso en el que se apercibía a los propietarios de los vehículos de los requisitos que debían observar, y se les concedía un plazo de quince días, para presentar la documentación exigida ante la Junta de Obras Públicas. Pero los propietarios de los vehículos como si hubieran oído llover. Ni uno solo de ellos que, por descontado, serían muy escasos, cumplió. Entonces, se dieron órdenes: que los policías municipales impidiesen la circulación de los automóviles, en tanto no estuvieran con los papeles en regla. Pero por aquella época, para los municipales no debió suponerles ningún quebradero de cabeza. Un carruaje a motor era un espectáculo casi de feria.

Lo cierto es que desde entonces no han variado mucho las cosas. Y eso que acerca de nuestra ciudad, se han celebrado congresos, simposios y ciclos de conferencias a cargo de especialistas, incluso muy recientemente. Pero el concejal Ramos, en 1908, ya expresó su punto de vista bastante certero y no demasiado halagüeño sobre el futuro de la ciudad. Basándose en su propia experiencia, Ramos, después de examinar detenidamente el precario estado económico del Ayuntamiento, apostó por el clima y por los deportes náuticos. Así lo tenía de claro.

Y todo porque, según el referido edil, la agricultura no constituía una fuente de progreso dada la carencia de agua que sufría Alicante; esa misma carencia impedía también el desarrollo de una industria de cierta envergadura. Por otra parte, el comercio de vino que antaño supuso una actividad muy considerable y capaz de generar riqueza, estaba ya en abierto declive: ni los mercados le eran propicios, ni siquiera los transportes, «por las malas tarifas y por la situación de las líneas férreas». Y, por último, la Fábrica de Tabacos «era un coto cerrado que no remediaba, sino que tan sólo atenuaba la difícil situación económica», de la capital.

Pero nos quedaba el clima: una riqueza que explotada racionalmente llevaría a Alicante al engrandecimiento que se merecía. Ramos era, sin duda, un hombre confiado, pero sensato y práctico. Disponíamos, según él, de un clima saludable, pero sin promocionar. Había que publicitarlo y nada mejor para tal fin, que traer hasta nuestra ciudad a cuantos lo necesitasen. No sólo con el reclamo de su benignidad, para quienes padecieran de algún mal, sino potenciando los deportes náuticos. En este punto, recordó que cuando el rey Alfonso visitó el Club de Regatas, preguntó por qué no se organizaban este tipo de competiciones, a lo que se le respondió, siempre según las reflexiones y testimonios del citado concejal, que en verano los vientos no resultaban favorables para tales pruebas. También argumentó que el navegante inglés sir Sipton, quien a bordo de su yate trasladó hasta nuestro puerto a la madre de la reina Victoria, ofreció una copa y su propia participación, si se efectuaban regatas en nuestra bahía. De ahí que dedujera que una semana deportiva reportaría indudables ventajas a la ciudad. «Está probado -sentenció- que una visita del rey beneficia más a un pueblo que un presupuesto». La más reciente realidad hacen buenas aquellas palabras.

El caso es que, en enero del siguiente año, el propio Ayuntamiento adquirió un balandro y designó a César Porcel para que lo patroneara. Aquel balandro ganó la copa y las cuatrocientas pesetas que ofreció José Canalejas y Méndez. Por aquellas mismas fechas, Gabriel Miró solicitaba de la corporación que le comprara algunos ejemplares de su obra «La novela de mi amigo».

En su tiempo, se le consideró un revolucionario. Y el cronista popular Montero Pérez lo comparó con Balmis, médico de fama internacional, con Berenguer de Marquina, «modelo de marinos y navegantes», con el periodista y escritor Nicasio Camilo Jover, y con tantos otros ilustres alicantinos. Fue tipógrafo y concluyó en maestro de periodistas. Y todo en muy pocos años, porque murió a los cuarenta, el veinte de enero de 1871.

Nos referimos a Francisco Javier Carratalá Cernuda, nacido en nuestra ciudad, y de vida agitada y brillante. Amigo y hombre de confianza de Juan Prim, cofundó, con Carlos Navarro Rodrigo, el periódico «El Eco de Alicante», publicación que trató esmeradamente los temas políticos, culturales y sociales de Alicante. Carratalá Cernuda puso en pie el partido progresista y sufrió, a consecuencia de sus actividades consideradas subversivas, un exilio de tres años.

Como periodista, se desplazó a Madrid, con objeto de dirigir el órgano oficial del referido partido, «La Iberia». Allí conoció a Práxedes Mateo Sagasta, con quien llegó a tener una gran amistad. El alicantino Francisco Javier Carratalá ocupó diversos cargos de relieve en el ministerio de la Gobernación. También consiguió un acta de diputado a Cortes y ostentó la secretaría del Congreso.

Precisamente, como diputado, realizó un viaje a Roma para ofrecer a Amadeo de Saboya la corona de España. Por tal motivo, a su muerte, la viuda de Carratalá Cernuda recibió una pensión de dos mil pesetas anuales que el ex monarca le asignó de sus propios recursos, así como otra cantidad igual de las Cortes del Reino, por los servicios prestados a la causa de la libertad y a la revolución de septiembre de 1868.

El Ayuntamiento alicantino rotuló una calle con su nombre. El cronista Gonzalo Vidal Tur dice de él que formó parte de la junta revolucionaria y del gobierno provisional, y que destacó por su oratoria. Francisco Javier Carratalá Cernuda nació en Alicante el tres de diciembre de 1830 y murió en Madrid en la fecha indicada más arriba.

Fue el nueve de enero de 1900, cuando se expidió el certificado definitivo de recepción de las obras de traslación y elevación del llamado mercado de García Calamarte, al barrio de Benalúa. El documento está firmado por Antonio Martínez Torrejón, presidente de la comisión municipal de ornato, por José Guardiola Picó, arquitecto del Ayuntamiento, y por José María Olmos Limiñana, contratista de tales obras.

El seis de abril de 1899, el citado arquitecto había elaborado un amplio informe, que se conserva en nuestro Archivo Municipal, acerca de la conveniencia de trasladar el mercado, situado en la Plaza Nueva, al barrio de Benalúa. La operación se reducía, según el técnico, a demoler el antiguo mercado; a trasladar los materiales a su nuevo emplazamiento; y a elevar «en la plazoleta plantada de pinos que da frente a la carretera de Alicante a Ocaña, en el barrio mencionado», la plaza de abastos. La barriada populosa de Benalúa requería aquel servicio.

Junto al informe, y en la misma fecha, Guardiola Picó redactó el pliego de condiciones técnicas y económicas. En estas últimas, se fijaba el tipo de licitación en ocho mil quinientas noventa y seis pesetas con cincuenta y ocho céntimos. En sesión corporativa del catorce de aquel mismo mes, se acordó sacar a pública subasta las obras en cuestión. Cuatro días más tarde, la noticia aparecía en el Boletín Oficial de la Provincia, y en ella se anunciaba que el remate tendría efecto el siguiente primero de mayo, a la una de la tarde, en la alcaldía.

Además, la subasta se dio a conocer por toda la ciudad a través del pregonero Palazuelo Estrada. En la fecha establecida, se recibieron tan sólo dos pliegos cerrados. El primero de los cuales contenía tan sólo una hoja en blanco; y el segundo, una cédula personal a nombre de José María Olmos Limiñana, y la carta que acreditaba el hecho de haber depositado cuatrocientas treinta pesetas, para optar así a la subasta. Se le adjudicó, con carácter definitivo, el seis de mayo de 1899.

El mercado de García Calamarte se instaló en la Plaza Nueva -antes de Santa Teresa y después de Hernán Cortés- seis años antes, en atención al concejal del mismo nombre. Después, terminaría en Benalúa. Según Vidal Tur y por acuerdo municipal del veintisiete de abril de 1932, a la Plaza Nueva se la dotó de un jardín. Hoy, ya lo ven.

Decididamente, nuestros conciudadanos de la época, de probado talante liberal, en su mayoría, se habían pronunciado por Isabel II y por su madre, regente y tutora, María Cristina. No obstante, se pronunciaron también contra actitudes ambiguas del Gobierno, por cuanto consideraban que algunos ministros se mostraban poco comprometidos con la causa del progreso y de la libertad.

Los alicantinos, el siete de septiembre, días después de una manifestación popular, formaron una junta auxiliar del gobierno, integrada por algunos de los mayores contribuyentes, como José Puigserver, Manuel Carreras, Melchor Astiz, Vicente Palacios y Vicente Portes; los procuradores del reino, Joaquín Avarques y Andrés Vicedo; el comandante de la milicia urbana, Antonio Marbeuí; el comisario de guerra de la plaza, Dionisio Angulo; el comandante de marina, José Martínez de Medinilla; el regidor decano, Manuel Soler de Vargas; y otras numerosas personalidades y autoridades de la ciudad y provincia.

Dicha junta auxiliar solicitaba de la reina, en un extenso escrito, la apertura de las cortes, con objeto de estabilizar el trono, evitar las calamidades que afligían al país y abrir el camino de la prosperidad. Al pie del escrito, los firmantes del mismo, hacían constar en una nota que citamos en su integridad lo siguiente: «Reunida en las salas capitulares la junta compuesta por los señores que firman la anterior exposición para su majestad, se ha hecho mención en un artículo inserto en la "Gaceta de Madrid", número 247, en que se dice que "las provincias de Alicante, Murcia y Albacete y otras dependientes de la capitanía general del reino de Valencia, han declarado que no obedecerán ninguna de las órdenes que expida el capitán general contrarias al estatuto real (aprobado por la regente y el presidente del Consejo, Martínez de la Rosa, el diez de abril de 1834)"; y no pudiendo permitir los indicados señores que en un periódico que se publica bajo la inspección inmediata del gobierno, se estampen aserciones contrarias a la verdad, acordaron se haga público, por medio de la imprenta la falsedad de la que se asegura en la citada Gaceta, relativo a esta provincia (...).

Aquellos antepasados no tenían pelos en la lengua, ni temor alguno a enmendarle la plana al propio Gobierno. Hoy las cosas se hacen con vaselina y hasta con sumisión, ¿será por-esa obediencia casi religiosa de los afiliados a sus jefes de fila? La obediencia siempre da en antídoto de la saludable y conveniente crítica. Pero.

A los ravalrocheros que no les fueran con otras aguas: ellos preferían las del Castell. Las que corrían por la pendiente hasta el aljibe que construyó, hacia la mitad de la pasada centuria y a espaldas de su casa de la calle Virgen del Socorro, Juan Bautista Marchal Coloma. Tenía una capacidad de cien mil cántaros y cuando las lluvias rebosaba, con las aguas que descendían del Benacantil.

Juan Bautista Marchal instaló todo un sistema de tuberías que bajaban hasta la playa del Postiguet y, desde allí, iban a parar a la entrada de los muelles. Con aquellas aguas pluviales se abastecían los veleros que, por aquel entonces, navegaban hasta el Caribe. Durante mucho tiempo, la cisterna cumplió sobradamente su cometido. Incluso, el vecindario del Raval Roig también llenaba sus cántaros de aquel aljibe.

El Raval Roig y especialmente la calle del Socorro fue un desmonte sobre ladera que debió llevarse a cabo, en primer término, para proporcionar una salida, aunque incómoda, por la parte inferior de la puerta que se denominó de Albarca, de acuerdo con las conjeturas del arquitecto Guardiola Picó. Según algunos cronistas, estos lugares debieron ser judería y morería, para finalmente, y dada su situación, barrio de pescadores y marineros. Un acuerdo del Consejo Municipal, tomado en el año 1592, determinó que se levantara un pretil «que salvaguarda el precipicio que da al mar». A últimos del siglo XIX, y según Gonzalo Vidal, a instancias del alcalde José Manuel del Pobil, barón de Finestrat, se restauró el balcón, en el año 1896.

Respecto a la provisión de agua para el vecindario, se obtenía de la Goteta, durante largo tiempo. Figueras Pacheco dice: «La conducción tenía una fuente en este barrio, otra en la plaza de Ramiro, y otra en el muelle para el servicio de las embarcaciones» («El Luchador», once de septiembre de 1934). Y el ya mencionado cronista Gonzalo Vidal nos describe la calle Virgen del Socorro «como una de las más largas de la ciudad» y que «tuvo en otros tiempos magnífica posada y buenos establecimientos de ultramarinos, como "La catedral", de más de un siglo». Por supuesto, unos y otros, se refieren siempre, como también nosotros lo hemos hecho en ocasiones, a la ermita del Socós. Una ermita que el urbanismo voraz y rentable, encerró finalmente en un aparcamiento subterráneo, del que ahora parece que puede liberarse. Cuántos destrozos se han cometido y cuántos aún habrán de cometerse, en nuestro cada vez más mermado y abandonado patrimonio artístico. Qué desidia.

Era, ya conocen la crónica, alcalde de Alicante don Alfonso de Sandoval, barón de Petrés, cuando una hojita de calendario anunció nada menos que la entrada del siglo veinte. Poco antes, el catorce de diciembre de 1900, varios vecinos se dirigieron por escrito al Ayuntamiento con el propósito de que éste contribuyera a la suscripción abierta con objeto de levantar una cruz, en una altura próxima a Alicante y dedicada a Cristo Redentor, en los albores de la nueva centuria.

El edil Martínez Blanquer estimó que la corporación municipal acordara colaborar a dicha obra con una cantidad de quinientas pesetas. Así se acordó y se comunicó a los interesados. El diecinueve de aquel mismo mes, en nombre de los peticionarios, Juan Manuel Seguí, también por escrito, dio las gracias al Consistorio por su generosa ayuda.

Con el año nuevo y el nuevo siglo ya iniciados, otro edil, el señor Porcel, advirtió que la Prensa se hacía eco de un simpático acontecimiento: muchos ayuntamientos agasajaban de diversas formas a los primeros niños o niñas nacidos con la centuria. Y nuestros regidores decidieron hacer algo parecido, después de averiguar sobre quién habría de recaer tal beneficio. A los catorce minutos de iniciarse el siglo XX, la señora Ramona Ferrándiz Monllor, casada con don José María Sanz Borrás, había dado a luz un niño. Los concejales Alberola y Porcel propusieron que se abriera una libreta con quinientas pesetas, en la Caja de Ahorros, a nombre del recién nacido «cuya cantidad e intereses acumulados no podían ser retirados, hasta que el mismo cumpliera veinte años o antes, previa información de necesidad y utilidad, de acuerdo con el Ayuntamiento». El asunto se declaró de urgencia y se acordó la propuesta formulada por los dos ediles ya citados. Nosotros nada sabemos de las vicisitudes del señor Sanz Borrás que, de vivir, tendría algo más de noventa y seis años.

Casi en la mitad de 1901, el doce de julio, el barón de Petrés abandonó la Alcaldía: «Por razones de índole personal -manifestó- he declinado ante el gobierno de la nación, la honra de seguir desempeñando la Alcaldía». Una semana más tarde, por real orden, se admitió la renuncia de don Alfonso de Sandoval. Y aquel mismo día, por otra real orden, ocupó el cargo vacante quien, hasta entonces, había sido concejal: José Gadea Pro. ¿Quién será el alcalde que inaugure el siglo XXI? Ya no falta tanto, para despejar la incógnita.

En nuestra ciudad y a pesar de las medidas tomadas por las autoridades absolutistas, los liberales, en marzo de 1820, proclamaron la constitución de 1812, y las autoridades constitucionales se hicieron cargo de Alicante. En los primeros meses del trienio liberal, proliferaron las asociaciones en defensa de aquella carta fundamental.

El veintidós de mayo de 1820, un documento de gran interés nos informa ampliamente acerca de la constitución en junta de la sociedad patriótica de amantes de la Constitución, el día anterior. En dicho escrito, dirigido al Ayuntamiento se dice: «(...) Se nombraron al efecto un presidente, un vicepresidente, cuatro vocales y dos secretarios, quienes acordaron, entre otras cosas, oficiar a ustedes a fin de que se sirva facilitarles las copias de aquellas órdenes y oficios dirigidas por el gobierno superior de la provincia o cualquier otra autoridad, o bien de las juntas establecidas que tengan relación con esta clase de sociedades». En tal oficio, se solicita del alcalde y Ayuntamiento constitucional que se les facilite el atrio de las Casas Consistoriales, «indicándoles que para el decoro y decencia correspondiente al alto objeto de su instituto se hace preciso incomunicar provisionalmente el arco de la escalera principal, pues que en el caso de que el Ayuntamiento hubiera de hacer alguna salida de ceremonia, la sociedad cuidaría de dejarlo expedito».

Como quiera que la Junta preveía mantener una intensa y abundante correspondencia con las demás del reino y aun con el gobierno, necesitaba disponer de un lugar adecuado, «en el seno de la sala de su reunión», solicitó igualmente, con objeto de guardar su archivo y demás enseres de su secretaría, y no encontró otro más a propósito que la habitación que ocupaba el portero del Ayuntamiento en el mismo atrio. Estas reuniones, según el artículo primero de su reglamento, tendría lugar en dicho atrio «tras el toque de oraciones, en los días de domingo, lunes, jueves y viernes de cada semana».

La sociedad recordaba al Ayuntamiento las funciones de conservación del orden público y la promoción en los pueblos de cuanto pueda serles útil y beneficioso, se comprometía a velar por los principios constitucionales y reputaba «esta reunión como la más precisa para difundir la ilustración y el conocimiento de los medios que propenden a nuestra verdadera felicidad. Por otra parte, la Sociedad Patriótica de Amantes de la Constitución invitó a otros ayuntamientos de la provincia a adherirse al régimen constitucional y a promover otras juntas con el propósito fundamental: «Difundir las luces en el pueblo para restablecer la razón pública». Firmaban aquel documento don Rafael Bernabeu, como presidente, y don Mariano Piqueras, don José Natino, don Estanislao Sevila y don Juan Faus, y algunos más, hasta un total de siete personas.

Debió ser una madrugada de otoño desapacible y amarga, cuando los soldados dispararon sus fusiles sobre aquellos dos jóvenes. Tal vez los soldados de aquel pelotón entornaron los ojos hasta vislumbrar tan sólo dos sombras recortadas sobre la difusa claridad del alba. Tal vez, tiritaron más de remordimientos que de frío. El miércoles, siete de octubre de 1936, Ibáñez Musso, comerciante natural de Madrid, y Pascual Martínez, empleado de Riegos de Levante, fueron ejecutados en cumplimiento de la sentencia dictada dos días antes, por considerarlos instigadores del movimiento subversivo y fascista.

En la vista de la causa del Tribunal Popular, el primero de ellos reconoció que había ido nombrado jefe de Falange Española en Alicante, pero dijo, tal y como se recoge en el periódico «El Día», que los organizadores fueron Felipe Bergé y Ramón Rojas que se desplazaron de Madrid a nuestra ciudad, con tal objeto. Igualmente, alegó que el atentado contra el periodista Álvaro Botella lo cometió coaccionado por las citadas personas, en contra de su voluntad; y añadió que no estaba de acuerdo con los dirigentes de Falange, hasta el punto de que pensó en ausentarse de la ciudad.

Con respecto a los diecisiete pistoleros que llegaron a Alicante procedentes de Barcelona, durante las elecciones del pasado febrero, con el propósito de atentar contra determinadas personas de izquierda, Ibáñez Musso aseguró que denunció el caso al agente de vigilancia Antonio Giner. Giner, que intervino como testigo, declaró al Tribunal Popular que si bien era cierto que le avisó de la llegada de aquellas personas, nada le previno acerca de sus intenciones. Por último, el falangista negó que hubiera saludado al gobernador civil «brazo en alto, al estilo fascista», cuando lo condujeron a su presencia.

Por su parte, Pascual Martínez puso de manifiesto su pertenencia, durante algunos meses, a la juventud de Izquierda Republicana, y su posterior alistamiento a Falange Española, de la que se confesó secretario y tesorero local, «pero que no participó en el movimiento fascista», y acusó también a Felipe Bergé y «a un tal Pamies», quienes les habían coaccionado.

Un miliciano de la CNT, José Lillo Planelles, testificó que había participado en el registro del domicilio de Ibáñez Musso en el que encontraron «manifiestos, cartas, documentos, cuatro banderas monárquicas, varias camisas negras con el emblema de las JONS y dos fundas de pistola». A pesar de los esfuerzos del defensor Gómez Brufal, el veredicto del jurado fue de culpabilidad: se les condenaba a la última pena y al pago de medio millón de pesetas al Estado en concepto de indemnización. La sentencia fue ejecutada dos días después. En una madrugada desapacible y amarga de otoño.

Era, sin duda, hombre dado a decretar, desde la alcaldía, como lo prueba la experiencia de su mandato municipal. Nos referimos a don Alfonso Martín de Santaolalla Esquerdo, quien accedió a la presidencia del Ayuntamiento, de la comisión gestora, en realidad, por decisión del gobernador civil Vázquez Limón. Y así fue, como por gracia de un decreto, se adjudicó la propiedad del monasterio de la Santa Faz.

Sucedió que la Administración de Propiedad y Contribuciones Territoriales le pasó al Consistorio un recibo de dieciséis mil novecientas noventa y una pesetas, por el edificio que se encontraba ubicado en la plaza de Luis Foglietti, números 18 y 20, esto es: por el edificio que ocupaba el citado monasterio. El alcalde consideró excesiva aquella cantidad, y le pasó la papeleta al arquitecto municipal, con objeto de que le informara cumplidamente.

El arquitecto señor Fajardo le remitió el documento solicitado con fecha de veintitrés de noviembre de 1934. «Después de visitar el monasterio de la Santa Faz (…), he de exponer que, aunque la superficie cubierta es de bastante extensión, y que en su mayor parte consta de tres plantas, su mal estado de conservación, el de los pavimentos, su distribución y las deficientes condiciones de higiene y de habitabilidad existentes en muchas partes del edificio, a más de otras circunstancias que se han de tener en cuenta, hacen que el líquido imponible fijado me parezca muy excesivo, teniendo en cuenta además que debe quedar exenta de tributación la parte destinada al culto. Por tanto -concluye el informe pericial- sería en mi concepto necesario que el señor arquitecto del Catastro, fijara la renta y líquido imponible a cada uno de los locales que integran el total del edificio, ratificando o rectificando la tasación en renta, para poder impugnar ésta».

Cuando la Administración competente conoció el documento no debió digerirlo nada bien, porque ni corto ni perezoso, respondió al alcalde Santaolalla que por la Alcaldía que ostentaba se acreditase debidamente la propiedad del referido monasterio, toda vez que «con arreglo a los antecedentes obrantes en esta Administración, figura inscrito a nombre de Monjas Clarisas». El alcalde decretó: «(...) aunque no se posee título de propiedad, el referido edificio es propiedad del Ayuntamiento desde tiempo inmemorial y que cedió su uso a las Monjas Clarisas que los disfrutan. Siendo el Ayuntamiento a título de dueño el que siempre ha realizado cuantas obras se han precisado en tal inmueble».

Según nuestros informes tal propiedad corresponde efectivamente a las Clarisas.

Nos visita el escritor cubano Omar Felipe Mauri, con quien compartimos en La Habana y provincia no pocos y gratos momentos. Como en otras ocasiones, Mauri, se interesa por Juan Chabás, cuya casa museo, en Denia, ya visitó el año pasado, casi por estas mismas fechas. Como nosotros, no acaba de entender cómo se le ignora por estas tierras, cuando en muchas universidades de la isla caribeña, de las que fue profesor, algunos de sus libros siguen vigentes y los estudiantes agotan edición tras edición.

Juan Chabás nació en Denia, en 1900, estudió Filosofía y Letras y Derecho, en Madrid, y murió, el veintiséis de octubre de 1954, en una casa de El Vedado, en La Habana. Allí se había escondido del buró de Represión Anticomunista, que se organizó con el regreso a la isla del dictador Fulgencio Batista. Sus restos mortales están en el cementerio Colón, de la capital cubana.

Chabás figura en la nómina de los de la Generación del 27, «como gran crítico y eminente literato». Y también junto a los nombres de grandes poetas e intelectuales cubanos como Juan Marinello y Nicolás Guillén. Sobre todo, nos legó una limpia conducta personal de entrega a las libertades y a la defensa de la paz y de los derechos de la persona y de los pueblos. Acerca de su vida y de su obra, nuestro comprovinciano Javier Pérez Bazo, escribió una obra relevante.

Pero, fíjense, que nuestro cordial amigo Omar Felipe Mauri, ya tan conocedor de nuestras cosas, nos dio la primicia de que en Cuba existe un núcleo de población que se llama Alicante. Está situado en la provincia de Santa Clara y en el municipio de Remedios. Personalmente no ha estado allí, pero nos deja la promesa segura de que muy en breve dispondremos de toda la información de aquel pequeño lugar, de aquel pequeño Alicante de Cuba, probablemente algo así como una pedanía. «Lo curioso, manifestó Mauri, es que la patrona de esta ciudad, por lo que veo, es la Virgen de los Remedios, y aquel Alicante se encuentra en el municipio de Remedios». ¿Una coincidencia? Nuestro interlocutor que además de narrador e investigador, pronto nos remitirá toda una información debidamente documentada.

Fue en los últimos años de 1918: la epidemia de gripe se llevó por delante a casi trescientos cincuenta alicantinos. Ante la tremenda mortandad, tuvo que inaugurarse el nuevo cementerio, aún en obras, de Nuestra Señora del Remedio. La ciudad contaba entonces con unos sesenta y un mil habitantes.

Pero la epidemia afectó también a las tripulaciones de algunos barcos surtos en nuestro puerto. Hemos encontrado, en el Archivo Municipal, algunos escritos dirigidos al alcalde, por la Estación Sanitaria, en las que se recogen las incidencias de aquella afección gripal, entre la marinería de la goleta española «Matilde» (el contramaestre); el vapor noruego «Kaggefos» (tres marineros) y el vapor también español «Bilbaíno» (dos oficiales, un tripulante y un camarero), todos los cuales fueron ingresados en el hospital civil, entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre del referido año.

Bastante más dramática era la situación de los reclusos de la prisión provincial, cuyo director no cesaba de enviar cartas a todas las autoridades locales y provinciales en demanda de auxilio. «Como aquí se carece de enfermería adecuada, como el número de reclusos, existentes es mayor al que se permite la cubicación de los dormitorios, todo esto unido al estado de miseria orgánica y física que reina en los individuos, es de temer una propagación de dichas enfermedades (gripe, paludismo y tifus) que produciría un serio conflicto en el establecimiento».

Como suele ocurrir en estos caso, el Ayuntamiento le pasó la patata caliente al presidente de la Audiencia Provincial. Pero el presidente de la Audiencia Provincial, tras acusar recibo, comunicó a la alcaldía que también el director del establecimiento penitenciario se había dirigido a él dándole cuenta de las alarmantes circunstancias, y que, a su vez, había puesto el asunto en conocimiento del gobernador civil, en su condición de presidente de la Junta Provincial de Sanidad, con objeto de que arbitrara las medidas que considerase más oportuna, para atajar el muy posible contagio en el interior de la cárcel.

El gobernador dispuso que «ante la epidemia gripal presentada en nuestra provincia y en Alicante se imponía, pues, una nueva desinfección en la forma tantas veces verificada». La Junta Provincial de Sanidad no hacía más que solicitar del Ayuntamiento que su laboratorio analizara las aguas frecuentemente para investigar «si en ellas existían o podían presentarse el bacilo Eberth Paratificos o en cualquier caso el virgula». En una nota del trece de octubre se decía que la situación era gravísima y que las defunciones oscilaban entre quince y veintitrés diarias. Estremecedor.

Ya lo hemos dicho. Con frecuencia se nos pregunta acerca de algún personaje titular de una de nuestras calles, avenidas y plazas. En el caso que hoy nos ocupa, se trata de la de Vicente Inglada, entre Calderón y San Vicente.

Vicente Inglada Orts fue militar, ingeniero geógrafo y profesor de astronomía y geodesia en la Escuela Superior de Guerra, según nos informa «El Día», periódico que esboza su semblanza biográfica agregando que en geodesia fue una gran autoridad que mereció el respeto de cuantos conocieron sus estudios en esta materia. Su obra científica no sólo fue abundante, sino meritoria. Destaca un tratado sobre gravimetría tan elogiado no sólo en nuestro país, ya que obtuvo igualmente el reconocimiento de numerosas instituciones extranjeras. Por tan considerable trabajo, el teniente coronel Inglada Orts recibió una cruz pensionada.

La Academia de Ciencias le otorgó asimismo cuatro premios a otras tantas memorias, en las que se describen con minuciosidad y precisión nuevos procedimientos científicos, para el cálculo de los movimientos sísmicos, en los que fue un verdadero experto. Tanto es así que ocupó la jefatura de la Estación Sismológica de Toledo.

Vicente Inglada ingresó como miembro de número en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en sesión presidida por Torres Quevedo y para cubrir la vacante producida por Rodríguez Carracido. En este acto, el sabio señor Madariaga, ingeniero de minas, manifestó: «Delicito a la Academia por poder contar en su seno, desde hoy, a un individuo de competencia probada y de laboriosidad verdaderamente admirable, seguro de que su paso por este centro ha de dejar indelebles señales de aquellas dos cualidades».

Había nacido en nuestra ciudad, en 1879. Y aquí, en el Instituto provincial de Segunda Enseñanza, verificó sus estudios de Bachillerato, con resultados sobresalientes. A los dieciséis años, ingresó en la Academia de Infantería. Durante su vida, desplegó una notable actividad docente y, en particular, una notable investigación que le llevó a figurar entre los científicos más relevantes de su tiempo. Alicante distinguió a tan preeminente personalidad rotulando con su nombre una de nuestras calles.

Los dos últimos balnearios del Postiguet sucumbieron a finales de mayo de 1969. Eran «La Alianza» y «La Alhambra» que se habían levantado sobre sus pilares en 1886 y en 1916, respectivamente. Con ellos desaparecía toda una época de establecimientos de baños sobre el mar que, casi con toda seguridad, se inició en 1834.

Cuando menos, en el Boletín de la Provincia, correspondiente al domingo, veinte de julio del referido año, encontramos un aviso que dice textualmente: «Los sujetos que quieran tomar el baño de mar en la casa de madera, con tres divisiones suficientes cada una para una familia, que está colocada al lado del muelle, a una profundidad de agua proporcionada para todas las edades, acudirán al almacén espaldas de la Real Aduana, donde se distribuyen las papeletas a dos reales de vellón por hora cada división». Era el principio.

Pero la verdadera fiebre comenzó en 1859, es decir, poco después de la inauguración oficial del ferrocarril de Madrid a Alicante, el veinticinco de mayo de 1858, con la llegada de la reina Isabel II, episodio que ya hemos registrado en estas crónicas. Aquel ferrocarril que tres décadas más tarde se llamaría «Tren Botijo» y aquellos balnearios constituyeron algo así como el impulso remoto del turismo mesetario.

De 1859, efectivamente, datan las peticiones formuladas por los señores Francisco Jaén y Rico y Juan Simó. El primero de los citados solicitó la instalación de su establecimiento «en el muelle de esta ciudad y en el tercer portillo de la parte de Levante del mismo». El arquitecto de la Real Academia de San Fernando y de la provincia, don José Ramón Mas dio su visto bueno, tras comprobar «la solidez suficiente para resistir el embate de las olas en tiempo normal, y como sean incalculables las fuerzas del agua en tiempo de temporal, no se puede responder de la seguridad, si por desgracia acaeciera alguno de éstos». Está fechado el ocho de julio del citado año.

Repárese en que tanto este balneario como el primero de los citados, estaban dentro del actual puerto. Sin embargo, el levantado por Juan Simó se encontraba en la playa del Postiguet y «en las primeras cien varas que se extienden desde la demolida puerta del muelle en adelante». El permiso se le concedió, como así consta en el pertinente documento, «por el término de ocho años». Casi con toda certeza, el de Simó fue el primer balneario del Postiguet. Y cerca del mismo, las barracas de estera que se le autorizaron, por el mismo tiempo, a don Guillermo Jornet y a don Ramón Ibáñez, sobre las arenas de la misma playa.

Nos satisface que la vieja ermita de la Virgen del Socorro vuelva a ponerse de actualidad, aunque parece evidente que el pequeño edificio que constituía una inequívoca seña de identidad del Raval Roig y de Alicante, con toda una densa historia a sus espaldas, ya nunca se podrá recuperar. No vamos -porque ya lo hemos hecho en más de una ocasión- a cuestionar la actuación urbanística que terminó sumergiéndola y desarbolándola, al lado de unos aparcamientos subterráneos. Ya lo dijo el Conde de Lumiares: (...) «Tantas inscripciones destrozadas, tantas estatuas deshechas, tantas medallas consumidas, no han sido capaces de mover la desidia, viendo estos apreciables monumentos víctimas del pico y del fuego». En fin, bien por cuanto se haga en este aspecto.

Fue en el pleno municipal de carácter extraordinario que se celebró el once de agosto de 1966, donde se decidió el futuro del Raval Roig. De las tres soluciones sugeridas por los técnicos encargados de revisar el Plan General de Ordenación Urbana, se optó por la tercera y última. La tercera y última proponía literalmente: «Reordenar las estructuras de la barriada a base de volúmenes, con plantas diáfanas suficientes para no entorpecer o dificultar las vistas del mar, con aparcamientos subterráneos para vehículos y jardines infantiles, a cuyo cargo dispone la proyección de unas diapositivas y presenta una maqueta de conjunto».

Durante aquella sesión hubo algunos concejales que no estaban convencidos del todo. Pero el alcalde, don Fernando Flores Arroyo, disuadió a quienes así se manifestaran, advirtiéndoles de que tan sólo se trataba de elegir una de las soluciones desplegadas. Así que, tras las consultas a los técnicos, que acudieron al pleno en condición de informadores, finalmente, se acordó por unanimidad la reordenación total del Raval Roig.

Atrás, pues, quedaron las otras dos opciones: conservación de las características propias y tradicionales, preservándolas de elementos ajenos, mediante la adopción de una normativa rígida; y aplicación de las directrices generales contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana, sin carácter alguno de excepcionalidad. Y a pesar de que la solución adoptada preveía la actuación más idónea y que contemplara las características más señaladas del barrio, lo cierto es que se procedió, por último, sin tener en cuenta dichas características. Una de las cuales era, sin duda, la ermita del Socós. Que se lo pregunten si no a los ravalrocheros de buena cepa.

Por aquella época -en el año 1836-, «vagaban por la provincia y más particularmente por la capital, bandadas de mendigos cuyo mayor inconveniente no era por cierto el triste espectáculo que ofrecían», escribe Nicasio Camilo Jover. De modo que el mismo día que se constituyó una junta provincial de beneficencia, con el gobernador civil, a la cabeza, el alcalde, un regidor, dos vecinos adinerados y otros dos comerciantes, también se fundó la sociedad para abolir la pobreza.

En su reglamento provisional, la comisión redactora, presidida por don Francisco Ferraz y siendo secretario de la misma don José Gironés, confió el destino de tantos menesterosos «a los treinta y cinco mayores contribuyentes», a quienes se les dio el nombre de visitadores. Cada uno de ellos sucesivamente, se relevaban pro semanas, al frente del establecimiento, con objeto de velar por el cumplimiento de los servicios y conducta de los empleados y refugiados en aquella casa o asilo de mendigos, entre otras cosas.

La sociedad que se fundamentaba en la caridad cristiana más que en un deseo de justicia social, como parece más propio de aquellos tiempos, tenía, sin embargo, como fin el de abolir la pobreza y recoger a los necesitados en un lugar adecuado, pero también el de proporcionar trabajo a los menesterosos, como se desprende del citado reglamento provisional. Textualmente, se dice en uno de los apartados del documento que la manutención de los mismos correría a expensas de los fondos de suscripción y «del trabajo de los pobres».

Por supuesto, algo de cuartelero, si no de carcelario, presentaba el albergue, toda vez que se contemplan, entre las atribuciones de la junta directiva, tanto la de proveer la admisión de los pedigüeños, cuanto la de conceder licencias a los que con justos motivos quieran salirse del establecimiento. Este reglamento provisional está fechado el dieciocho de mayo de 1836. Al día siguiente, se formalizó la constitución de aquella sociedad dispuesta a abolir la pobreza de Alicante. No tenemos datos acerca de las aportaciones de los grandes contribuyentes. Pero a los más indefensos ciudadanos, mientras esperaban el prometido reino de los cielos, los pusieron en su rincón. Un duro apeadero marginal, para tan larga espera.

Hacia 1809, según Rafael Viravens, y sobre el cerro de la Montañeta, dando frente a la calle de Riego, se edificó un molino: el que aparece en algunos grabados de medidos del pasado siglo. Tal edificación se debe a las precauciones que el gobernador Betegón tomó, entre otras muchas medidas defensivas, con objeto de resistir y rechazar a los ejércitos franceses, en el probable caso de que asaltasen la plaza. De forma que exhortó a todo el término municipal a que depositaran en la ciudad los granos y todo tipo de comestibles, con ánimo de abastecer a los habitantes de un posible asedio, y de garantizar a los hacendados su seguridad frente a la rapiña del enemigo.

«Para reducir a harina ésta y otras cantidades de trigo que adquirió la municipalidad, se construyó un molino de viento, cuya obra ascendió a treinta y dos mil setecientos reales que fueron satisfechos por las rentas públicas, sin contar el maderaje que fue facilitado por el Ayuntamiento».

El cinco de enero de 1848, José Pérez, en nombre de la administración militar ofició al alcalde constitucional de Alicante anunciándole la venta del referido molino de viento «situado en la Montañeta de San Francisco» y acompañándole tres edictos para que los fijara en lugares públicos, «teniendo VS. la bondad de avisarme haberse así realizado, para que pueda constar en el expediente de su referencia». El Ayuntamiento, tal y como se le pedía, expuso los citados edictos; y acusó recibo de los mismos.

Hay, sin embargo, un dato curioso que puede llevar a la conclusión de que el molino de la Montañeta, un año antes de aquel anuncio de venta, estuviera en desuso. Y eso porque en la relación de fábricas de harinas y molinos que se levantó, por real orden, y que apareció en el Boletín Oficial de la Provincia, número cuarenta y siete, correspondiente al veintiuno de abril de 1847, por orden del jefe político José Rafael Guerra, y cuando se encontraba al frente de la alcaldía don Miguel Pascual de Bonanza, el molino de marras no apareciera para nada. Sólo se inventariaron «el de Busot pueblo o término de esta capital y el de Chapitel». Ambos molían mil fanegas cada año, y se encontraban por entonces, sin maquinaria de limpia y cernido.

También es muy probable que el molino instalado en aquellas elevaciones del barrio de San Francisco, no figurara en la relación porque todavía era de propiedad militar.

El año de 1844 fue funesto. Ya saben: primero, el fusilamiento de Pantaleón Boné y veintitrés más de sus compañeros de armas, a manos de los sicarios de la reacción y el absolutismo. Fue, ya lo hemos repetido, el ocho de marzo de aquel año. Un testigo del sangriento y doloroso suceso nos describe así la escena, en el folleto «Relación de los sucesos ocurridos en Alicante, desde el veintiocho de enero último, en que tuvo lugar la rebelión de Boné, hasta la entrega de la plaza», impreso en la sociedad tipográfica de Minerva, Madrid, 1844: «Son las siete de la mañana y se forman las tropas en el Malecón (ahora Explanada, y, a raíz de la masiva ejecución, Paseo de los Mártires), sacan de la cárcel (instalada en las Casas Consistoriales, en la parte recayente a la actual plaza de la Santísima Faz, y por entonces del Progreso) a veinticuatro presos, cada uno de estos custodiados por un piquete de diez hombres y un oficial. El primero que rompía la marcha era Boné. Iba muy sereno. Su traje de levita de paño verde oscuro, gorrita de igual color, con galón de plata, pantalón de azul celeste, y amarrado de los brazos. Llegados al punto donde estaban las tropas, los colocaron en una hilera, frente al mar, para ser fusilados por la espalda. Boné se resistió algún tanto, pero se le hizo obedecer dando un viva a la reina. El Ayuntamiento tuvo que presenciar esta triste escena: una descarga nutrida puso fin a sus días». Así se cerró uno de los capítulos más amargos de nuestra historia del pasado siglo.

Dos meses y unos días después de aquella vileza, ardió nuestra fábrica de tabacos: el veinte de mayo. «La Gaceta de Madrid», del veintinueve del mismo mes, se refería a ciertas cartas procedentes de nuestra ciudad, y en las que se describía con horror aquel siniestro que ocurrió precisamente cuando se encontraban ocupados todos los talleres y dependencias. Aparte de las desgracias personales, que algunos cronistas de la época soslayaron, por temor a contravenir los criterios de las autoridades, ardió el tabaco o gran parte del mismo, y el fuego devastó el edificio. «La Gaceta de Madrid», apuntaba además: «Hay quien supone que el fuego no fue casual, y se hacen comentarios, porque según parece, el deplorable suceso se produjo cuando se hallaban haciendo la entrega a los representantes de la contrata». ¿Sabotaje contra lo que era patrimonio real? Un mal año ciertamente aquel de 1844. Año de represión y calamidad.

Si el terrorismo concita la repulsa popular y la condena unánime de todos los partidos democráticos, cualquiera que sea su signo, aunque, lamentablemente, siempre hay alguna excepción, también la guerra dilatada con Marruecos convocó a gentes y organizaciones muy diversas contra aquel obstinado disparate, que tantas vidas se llevaba por delante. Si en Madrid, Indalecio Prieto arremetió contra los responsables del desastre de Annual, desde su tribuna parlamentaria, tras conocer las consecuencias de aquella escabechina, los pueblos y las ciudades también se plantaron en la calle para pedir el fin de la sangría que Marruecos estaba produciendo en nuestra sociedad.

El domingo, diez de diciembre de 1922, Alicante se manifestó multitudinariamente contra la guerra, en un acto impresionante de civismo y solidaridad. La respuesta a la convocatoria fue contundente y superior a todas las previsiones. Acudieron dirigentes de los más diversos partidos políticos y representantes de las más variadas tendencias y opiniones. Pero hubo, como destacó la prensa, en general, algunas ostensibles excepciones: la de los elementos caciquiles. «Sobradamente conocidos son y todos saben cómo piensan. Pero se esperaba que hubieran acudido, siquiera para cubrir las apariencias y para demostrar que la bandera democrática no es para ellos un cobijo extraño».

Pero sí que lo era. Y eso que «se vieron unidos hombres de la extrema izquierda y hombres de los partidos de la derecha».

En definitiva, Alicante, como el resto de las ciudades españolas se pronunció abiertamente contra los causantes del desastre «que tantas vidas costó y llenó de oprobio al país».

El llamamiento lo realizó la federación de empleados mercantiles, cuyos dirigentes encabezaron la manifestación. Y con ellos hombres de la vida pública: Marcial Samper, Juan Santaolalla, los hermanos Juan y Álvaro Botella, Ors Pérez. Frente al Gobierno Civil se detuvo el gentío que se había comportado cívicamente y una comisión entregó al gobernador interino las conclusiones para que las elevara a la superioridad.

Luego, Lorenzo Carbonell desde los balcones del edificio público dirigió la palabra a los asistentes y dio por concluida la movilización.

Fue un modesto cajista, un tipógrafo de por vida. Y fue igualmente un contumaz estudioso de su ciudad, de nuestra ciudad, de su historia, de sus gentes y de sus gestas. No alcanzó el rango de cronista oficial, pero nadie le discute su calidad de cronista popular y de persona sencilla, responsable y minuciosa en sus trabajos periodísticos.

Manuel Rico en su «Ensayo biográfico bibliográfico de escritores de Alicante y su provincia» reseña varios de sus artículos, que son abundantes, y extracta algunos de ellos, como, por ejemplo, «El Protestantismo en Alicante», «Los primeros Ayuntamientos constitucionales de la ciudad de Alicante», «Diputados a Cortes y senadores elegidos por la provincia de Alicante, desde 1812 a 1910», «El socialismo en Alicante y la celebración por vez primera en la ciudad de la fiesta obrera del primero de mayo», y un largo e interesante etcétera.

Nació el diecinueve de enero de 1857 y llevó una vida retraída, dedicada, fuera de su horario laboral, a la investigación y a las colaboraciones en nuestros más prestigiosos periódicos. Pero ciertamente es uno de los alicantinos olvidados, por la mayoría. En verdad que sería de justicia, recopilar y publicar muchas de sus crónicas, hoy dispersas en diarios y revistas. Para la historiografía alicantina constituiría, sin duda, una considerable aportación.

Apenas si recibió más recompensas que su propia satisfacción y el testimonio de cuantos lo leyeron y lo leemos, en la actualidad. Pero nos ha satisfecho un documento, en que se ponderan unos méritos incuestionables. Nos referimos a la aprobación unánime, de la moción presentada por el edil don Manuel López González, en la sesión plenaria correspondiente al cinco de julio de 1930, en la cual se dice: «(...) Llega a los setenta y tres años, don Francisco Montero Pérez, con una ejecutoria de trabajo intenso jamás interrumpido, de trabajo manual en el arte tipográfico, mientras su vista le permitió realizarlo, y ahora en el servicio de una oficina notarial (...)». El citado concejal pedía a todos los maestros que explicaran a sus alumnos las enseñanzas que podían sacarse de Montero Pérez: «Cuando veáis a ese anciano venerable descubríos y hasta podéis besarle sus manos que son las de un hombre dignificado por todas las virtudes santificadas por el trabajo». Hoy, sin embargo, apenas si nadie lo recuerda.

El alcalde estaba agotado, hasta el punto de que ya no se sentía capaz de seguir desempeñando el cargo. En la sesión corporativa del diecinueve de abril de 1918, presentó verbalmente su dimisión fundamentándola en poderosas razones de salud. El pleno acordó admitírsela, con evidente sentimiento. Pero el certificado médico, librado por el doctor Pascual Pérez y Martínez, director de la Casa de Socorro, era concluyente.

Según el médico, don Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri presentaba una «sideración general de fuerzas de todo el organismo, con puntualización especialmente asténica de los nervios que rigen las funciones fonéticas, pulmonares y cardiacas». El peligro, en opinión del citado facultativo, residía en aquel estado de carácter funcional llegase a convertirse en lesión material, lo que fatalmente podía ocurrir. En consecuencia, según el doctor Pascual Pérez, tenían que evitarse, de inmediato, los motivos de aquella postración física y moral, que no eran otros más que «el exceso de trabajo mental, la excitación nerviosa y la crisis psíquica». Se imponía, en fin, un drástico plan de descanso en el trabajo y de vida campestre, en palabras del repetido médico.

Todos los representantes municipales de los diversos partidos que formaban la corporación, se lamentaron de aquellas circunstancias adversas que abatían a don Ricardo P. del Pobil y Chicheri y afectaban a sus compañeros de corporación. No en balde, recordaron, don Ricardo había sido el primer alcalde de aquella época de la Restauración, elegido por los propios ediles, y no nombrado por real orden, como venían siendo habitual.

Tras admitirle su renuncia, procedieron a la elección de quien había de sustituirle al frente de la Alcaldía. Y fue don Antonio Bono Luque quien prácticamente por unanimidad, ya que todos los votos le fueron favorables, excepto una papeleta en blanco, el que asumió la responsabilidad del cargo. Al día siguiente, el señor Bono Luque publicó un bando en el que manifestaba que seguiría los atinados pasos de su antecesor, y que concluía con las siguientes frases: «Quiero además como hombre de bien demostradas ideas liberales y democráticas vivir en constante comunicación con mis conciudadanos». Algo que muchos afirman y que luego olvidan.

A lo que se ve, el dictador Primo de Rivera y Orbaneja terminó por hartarse de tanto y tantos honores y diplomas como recibió a lo largo de su mandato. Si al principio le encantaba, finalmente los rehuía. Si no que se lo digan al ex alcalde de Alicante, al paciente Pérez Bueno, que sudó lo suyo para entregarle al general el título de «Hijo Adoptivo» que nuestro Ayuntamiento le otorgó el nueve de octubre de 1926. La distinción se le concedió por el hecho de haber incluido el tren de Alcoy, en el programa de prioridades. Y ya saben cómo terminó aquel proyecto, a pesar del interés que se tomó Primo de Rivera.

Pues bien, Pérez Bueno viajó una vez y otra vez a Madrid, con objeto de hacerle solemne entrega del correspondiente pergamino acreditativo, pero inútilmente: el general no podía recibirlo. Estaba muy ocupado, le decían, y no se había fijado fecha alguna para la audiencia. Perseveró, sin embargo Pérez Bueno, quien en una carta reservada al alcalde y también general, pero de brigada, Julio Suárez-Llanos, le decía: «La psicología de todo lo anterior, querido don Julio, creo verla con claridad. En los comienzos de su mandato, pudieron halagar al presidente las efusivas manifestaciones de cariño de toda España, pero se habituó a ellas, hasta serle poco menos que indiferentes (…)».

Por fin, y ante aquella firme insistencia, Primo de Rivera atendió a Pérez Bueno, en audiencia especial, el dieciséis de marzo de 1927. El dictador contempló el pergamino y, probablemente, con una discreta ironía manifestó que «pensaba formar una galería de alto interés con tanto cuadro».

Aunque aquel mismo año, a últimos ya de noviembre, aún aceptaría el nombramiento de Bienhechor, que le concedieron los siete municipios por los que estaba previsto que pasase el malogrado ferrocarril: Alicante, Ibi, Onil, Castalla, Tibi, Agost y Alcoy. También medió Luis Pérez Bueno, para entregárselo. Y menuda peripecia. Y eso que era un pergamino realizado por el pintor Adelardo Parrilla, quien cobró dos mil ochocientas pesetas; y enmarcado con madera de caoba y cadena de plata, por Pascual Sempere, por mil ochocientas setenta y cinco. Los gastos, incluyendo la fotografía de los representantes municipales con Primo de Rivera, que hizo José Zagrí, se distribuyeron proporcionalmente al número de habitantes de cada uno de los citados municipios. A Alicante le tocó apoquinar dos mil quinientas noventa y ocho pesetas, y a Tibi, el que menos, ciento cincuenta y nueve con veintidós céntimos. Primo de Rivera lo recibió con una semana de retraso sobre la fecha prevista, y eso que intervino el gobernador cívico militar de Alicante, Bermúdez de Castro.

Mañana mismo, José Borrell, ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, inaugurará el paseo marítimo Francisco Tomás y Valiente, en homenaje a quien fue presidente del Tribunal Constitucional y murió a asesinado por el terrorismo de Eta, el pasado mes de febrero. Al acto, asistirán, según este mismo periódico, el presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y otras autoridades.

La decisión de rotular dicho paseo con un nombre nuevo corresponde a la Autoridad Portuaria, por cuanto dichos terrenos pertenecen a Puertos del Estado. Personalmente, nos satisface dicha decisión, tanto por razones de amistad, breve pero fructífera, con el titular del paseo, cuanto de respeto por quien fue ejemplo de tolerancia y comprensión.

El tramo del paseo marítimo, que se extiende entre el Real Club de Regatas y la Plaza del Mar, llevaba hasta ahora el nombre de Conde de Vallellano, título otorgado por Carlos III, en 1774. En el gobierno del general Franco que llevó a efecto los pactos con el Vaticano y Estados Unidos, un Conde de Vallellano detentó el Ministerio de Obras Públicas. Dicho Gobierno que ejerció sus funciones entre 1951 y 1957, estaba integrado, entre otros, por Carrero Blanco, como subsecretario de la presidencia, y Joaquín Ruiz Jiménez, en su condición de ministro de Educación Nacional.

El conde de Vallellano, según Ramón Tamames en su «Historia de España», publicada por Alianza Editorial, estaba adscrito, dentro del Régimen, a la tendencia monárquica alfonsina, la misma que su sucesor al frente de Obras Públicas, general Jorge Vigón.

El cronista provincial Gonzalo Vidal Tur, en su obra «Alicante sus calles antiguas y modernas», dice acerca del paseo del Conde de Vallellano: «Así se denomina el marítimo sobre el muelle de costa, junto a la Explanada de España. Vallellano ilustre estadista que desabrochó el dogal que asfixiaba a Alicante haciendo desaparecer los pasos a nivel y promoviendo así la expansión de la ciudad en 1955, hacia el oeste». Era por aquel entonces alcalde de nuestra ciudad Agatángelo Soler Llorca. Igual que ha sucedido en esta ocasión, fue la Junta de Obras del Puerto quien puso al referido paseo el nombre del ministro de Obras Públicas de la llamada Era de Franco, conde de Vallellano.

Pocos meses después del pronunciamiento de Riego, el uno de enero de 1820, se restableció el régimen liberal y se proclamó la constitución de 1812. En Alicante, los constitucionales actuaron con contundencia, depusieron a las autoridades absolutistas y lograron reponer en el Ayuntamiento la corporación de 1814. Eran los comienzos del trienio liberal.

Al amparo de la nueva situación, se creó primeramente la Sociedad Alicantina de Amantes de la Constitución, a la que pronto seguirían otras tertulias políticas que coadyuvaron eficazmente a implantar y difundir el ideario liberal, y a vigilar el cumplimiento de la ley fundamental.

El veintiocho de agosto de 1920 -poco después de su fundación-, la citada sociedad patriótica solicitó de la alcaldía constitucional de la villa de Novelda informes acerca de quien la había ostentado, don Miguel Elías y Sicando, durante el absolutismo y que inexplicablemente había sido nombrado juez interino de nuestra ciudad, con objeto de facilitarle el resultado de las gestiones al consistorio alicantino.

Desde Novelda, y atendiendo la petición de los amantes de la Constitución, se recibieron de inmediato noticias acerca de aquel sospechoso juez de primera instancia. De él, se decía: «El alcalde mayor que fue de esta villa, don Miguel Elías y Sicardo, es de carácter violento, amante del dinero, ha tratado con mayor dureza a los pobres. Era uno de los protegidos del general Elio y cesó en la alcaldía cuando se proclamó la Constitución». En realidad, abandonó su puesto, para refugiarse en Madrid, de donde se trasladó a Alicante, con el nombramiento ya señalado y juró su cargo, ante la irritación de muchos ciudadanos que conocían sus andanzas. «Su modo de pensar es enteramente opuesto al sistema de razón y justicia actual, y quien está acostumbrado a mandar esclavos es difícil mande bien a hombres libres».

Además, don Benjamín Amorós y don Juan de la Torre, desde Monforte y Valencia, respectivamente, advertían de su extrañeza por aquel nombramiento de «quien se halla procesado criminalmente y por consiguiente no puede ni debe obtener cargos públicos». Ni era adicto a la Constitución, ni a las nuevas instituciones liberales a las que había perseguido con saña. El cuatro de septiembre del referido año, el secretario de la Sociedad Amantes de la Constitución, señor García Calamarte, certificó que «se trataba de un enemigo acérrimo de las ideas liberales». El juez interino había sido sentenciado políticamente por una opinión pública pretendidamente bien informada.

El Club de Regatas se constituyó el veintitrés de abril de 1889 y ocupó su presidencia un alicantino habitual ya en nuestras crónicas: Juan Guardiola Forgas. Sus primeras instalaciones se encontraban en la playa del Postiguet. Posiblemente en el balneario La Esperanza, para posteriormente queda rubricado, en el interior de la dársena, en el muelle de la tierra, en la flotante Casa de los Botes.

Encontramos dos documentos que guardan relación con el club, especialmente el segundo de ellos. En el primero, el gobernador civil, don Carlos Álvarez anuncia en el Boletín Oficial de la Provincia, del veinticuatro de octubre de 1906 que doña María Cuenca Papí había solicitado autorización para construir seis nuevas casetas a cada uno de los lados del ya mencionado balneario.

Transcurrido el mes de plazo para las reclamaciones, sin que se produjera ninguna, el alcalde accidental, don Salvador Llopis, le concedió la oportuna licencia.

El segundo es precisamente aquél en el que se solicita también la autorización «para construir un edificio para el Real Club de Regatas en el mismo sitio que en la actualidad ocupa la casa flotante». El peticionario adjuntaba además de la instancia, el proyecto de la futura nueva sede social. El peticionario era Alfredo Salvetti Lausant, presidente, por entonces de la entidad náutico deportiva. Era el veintitrés de junio de 1908, y el gobernador don Pascual de Ojesto declaró suficientes tales documentos y le pasó notificación a la alcaldía. Después de un mes para efectuar las reclamaciones procedentes y como quiera que no se presentase ninguna en contra del dicho proyecto, el veintiocho de julio del mismo año, el ingeniero jefe de Fomento informó favorablemente.

El club que había recibido el título de Real, por gracia de la reina regenta María Cristina de Habsburgo, el siete de octubre de 1900, inició las obras de construcción a partir de la autorización anteriormente citada. Algo menos de tres años después, precisamente el once de febrero de 1911, el propio rey Alfonso XIII procedió a la inauguración oficial del nuevo edificio.

Durante el tiempo en que se verificaron las obras, la entidad deportiva no cesó en sus actividades. La idea de un grupo de alicantinos de finales de siglo quedó así convertida en una sólida realidad.

Así se acordó. Una vez clausurado el lugar para representaciones instalado en el Hospital de San Juan de Dios, se hacía necesario un local adecuado a las exigencias del público.

El siete de enero de 1815, como se contempla en los cabildos, el propio gobernador propuso textualmente «que las circunstancias de ser ésta una plaza importante de guerra y comercio, natural y extranjero, venidero de los cónsules de las naciones aliadas, si no menos que de su propio vecindario, requiere la habilitación de un coliseo».

Al abandonar meses antes el dicho hospital, las representaciones teatrales se llevaban a efecto, con carácter provisional, en un almacén que por su falta de capacidad y su carencia de las comodidades y decoro previstos, no cumplía las expresadas exigencias.

Por otra parte, se consideraba muy oportuno y necesario «toda vez que la ejecución del proyecto refluía muy principalmente en beneficio de los establecimientos benéficos, cuya situación reclama imperiosamente, los esfuerzos del magistrado, para proveerles de arbitrios con que atender a los laudables objetos de su institución».

¿Pero dónde habilitar ese nuevo y deseado teatro? El citado documento nos facilita la puntual respuesta: «(...) siendo a su parecer muy a propósito la casa llamada Asegurada de la pertenencia del Ayuntamiento, destinada actualmente para parque de artillería, aunque fuese indispensable agregarle alguna de las contiguas (lo que se ha hecho recientemente para fines museísticos; todo está inventado, ya ven), para que el edificio tenga el desahogo y las oficinas correspondientes».

Se dejaba al Ayuntamiento el medio de adquirirla por convenio con su propietario y se esperaba que éste auxiliase al proyecto en todo aquello cuento le fuera posible.

El Ayuntamiento, tras estudiar la propuesta del presidente y considerarla digna de la mayor atención así lo acordó. Si bien, había de corresponder, como parecía lógico, al propio gobernador las diligencias precisas para trasladar el parque de artillería a otro lugar, y dejar la casa de la Asegurada en condiciones para el nuevo uso.

Sin embargo, el acuerdo no se llevó a cabo, lo prueba el hecho de que el once de febrero siguiente, José Sirvent, «vecino y del comercio de esta ciudad», propusiera habilitar un edificio para teatro, siempre y cuando durante diez años no se efectuaran representaciones en otro lugar. Y se aprobó su petición. Se lo ampliaremos en otra crónica.

El nombramiento de Agatángelo Soler Llorca como Hijo Predilecto de la ciudad ha desencadenado una fuerte polémica, en torno a la procedencia o no de la concesión de tal título y de la ejecutoría política del referido ex alcalde. Ex alcalde que ocupó el cargo durante la dictadura del general Franco, cuando la democracia estaba prácticamente proscrita y denostada, en nuestro país oficial.

La vara de alcalde la empuñó Agatángelo Soler el diecinueve de octubre, en medio de una solemne ceremonia, como era habitual. El nombramiento le fue otorgado a propuestas del entonces gobernador civil Evaristo Martín Freire. El nuevo presidente del Ayuntamiento, tomó posesión de su cargo y prestó el juramento obligado, según el artículo diez del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales, de diecisiete de mayo de 1954. En el acta correspondiente, ya lo hemos reflejado en esta columna, se dice: «Puesto de rodillas ante el crucifijo, colocado en la mesa, y con la mano derecha sobre los Santos Evangelios, el señor Soler Llorca, pronunció las siguientes palabras: juro servir fielmente a España, guardar lealtad al jefe de Estado, obedecer y hacer obedecer que se cumplan las leyes».

Casi nueve años permaneció Agatángelo Soler al frente de la Alcaldía. Su cese se produjo, después de haberle admitido la dimisión el ministro de la Gobernación, en sesión extraordinaria del pleno municipal, del treinta de septiembre de 1963. El primer teniente de alcalde y delegado de Tráfico, Sorribes Mora, se hizo cargo interinamente de la presidencia, hasta el catorce de octubre de aquel año, fecha en que la ocupó Fernando Flores Arroyo, en presencia del gobernador Felipe Arche Hermosa.

Aparte de su gestión como alcalde que hemos recogido en esta diaria crónica, en varias ocasiones, y que completamos en nuestro próximo libro «Alicante, crónica del siglo XX», nos interesa de Agatángelo Soler su actividad como escritor costumbrista y como editor de facsímiles de las obras de Viravens y de Nicasio Camilo Jover. Y también la carta que dirigió al ministro López Rodó, años después de abandonar la Alcaldía, donde vapuleaba al citado ministro y hacía unos críticos y sustanciosos comentarios a cerca del Opus Dei. Tal carta el propio Agatángelo Soler la hizo pública en el único periódico que se arriesgó: «Primera Página». Y menudo revuelo se organizó en toda España.

La segregación de El Campello de nuestra ciudad de la que hasta entonces no era más que una partida de la misma, se consumó el dieciocho de abril de 1901, apenas, pues, iniciado el siglo. Al año siguiente, el trece de noviembre, el alcalde de Alicante don José Gadea Pro recibió una carta en la que se le anunciaba que, después de las gestiones de la comisión alicantina de la que el citado alcalde formó parte, el Consejo de Ministros aprobó el expediente de construcción de la carretera de «Alicante al caserío del Campello y que acuerda al señor ministro de Obras Públicas, la inmediata subasta de dicha importante obra (…)». Así, El Campello, en cuestión de meses consiguió su autonomía municipal, casi al tiempo que dinamitaba su incomunicación. Ambas noticias, ya las recogimos en nuestra cotidiana columna correspondiente al treinta de junio de 1994.

Sin embargo, pasaron bastantes años antes de que se procediera a deslindar su término municipal. Por fin, el tres de diciembre de 1909, el entonces alcalde de la capital don Luis Pérez Bueno, quien apenas un mes antes había tomado posesión de su cargo, recibió dos oficios. Por el primero de ellos se le advertía que el once de aquel mismo mes, a las diez de la mañana se empezaría «a reconocer la línea de término y a señalar los mojones comunes a los términos municipales de Alicante y de Campello». Dicho oficio procedía del Instituto Geográfico y Esta dístico (Brigada de Topografía) y estaba firmado por el jefe de la misma, Alejandro M. de Arriola. Al margen del mismo y escrito a mano, se observa una nota que dice textualmente: «El punto de reunión de las comisiones será la casa Bonalba». Según este documento se trataba de deslindar la parte comprendida entre Muchamiel y Busot.

El segundo de dichos oficios de iguales procedencia y fecha, se refería al deslinde «de la parte comprendida entre San Juan y el mar», que tendría lugar dos fechas antes: el nueve, a las diez de la mañana; y en nota marginal y manuscrita, se concretaba: «Sitio de reunión de las comisiones: casa o granja de Paris, de don Francisco Ors».

En ambos documentos, se decía que si alguno de los ayuntamientos convocados no se presentaba a la operación, ésta se llevaría a efecto, según el reconocimiento o señalamiento que hicieran los propios ayuntamientos o sus representantes. El alcalde de Alicante, señor Pérez Bueno, delegó en el arquitecto municipal, que acudió a las citas, acompañado como se solicitaba por el organismo referido, de peritos y azadoneros.

Poco después de la muerte del dramaturgo Joaquín Dicenta, el Ayuntamiento expresó, en acta, sus sentimientos por tan considerable pérdida para «las letras patrias» y remitió el acuerdo corporativo a sus familiares. El edil Botella, movido, sin duda, por afinidades ideológicas, estableció los vínculos del autor con Alicante: aquí, había cursado el bachillerato; aquí, había fallecido; y aquí, dejaba grandes amigos. Además, a nuestra ciudad «había dedicado su última e imperecedera crónica». Por todo lo cual, el referido edil solicitó que una de nuestras calles se rotulase con su nombre. La propuesta se puso en manos de la comisión de ornato y policía urbana, para que informara sobre el particular. Era el veintitrés de febrero de 1917.

Al tener conocimiento de tal pretensión, ciento veinte vecinos de la calle del Socorro dirigieron una instancia al presidente de la corporación, en solicitud de que dicha vía pública llevase en lo sucesivo el nombre del escritor que «consoló muchas veces a los marineros y a los pescadores que en aquel mar -del que fue un excelso cantor- se ganaban fatigosamente la vida de los suyos, exponiendo la propia». Sin embargo, la comisión hizo constar que también se había recibido otro escrito «con muchísimas más firmas también de vecinos de la calle del Socorro» alegando fundadas razones, en evitación del cambio de nombre.

La comisión de ornato y policía urbana resolvió finalmente, y con objeto de soslayar «los grandes trastornos que implicaba aquella posible solución», dar el nombre de Dicenta «al paseo que se había de construir a continuación del parque de Canalejas, y que se prolongará a lo largo de la costa, hasta la Estación de Murcia». El dictamen está fechado el doce de marzo del año ya mencionado.

En sesión celebrada cuatro días después, bajo la presidencia del titular de la alcaldía, Ricardo P. del Pobil y Chicheri, tras discrepancias y rectificaciones, el Ayuntamiento acordó que en lo sucesivo el nombre de Joaquín Dicenta autor de «El señor feudal», «Juan José» y «El lobo», entre otras obras teatrales de carácter social «lo llevará la plaza situada frente al hotel Simón (hoy, hotel Palas) y en cuyo centro está enclavado el monumento a los Mártires de la Libertad. La que ahora se llama, después de otras rotulaciones, Plaza del Mar.

Una vez desmantelada la escenografía urbana de los Evangelios, de entre todos los figurantes, me quedo con Barrabás. Dicen que es uno de los malos de la peripecia pascual, pero no está demostrado. Marcos, Mateo y Lucas son biógrafos de Jesús, influidos por una misma catequesis oral, y que califican a Barrabás de asesino, rebelde y sedicioso. Juan, posible testigo ocular, más abstracto y teológico que sus colegas, en la interpretación del mensaje, despacha a Barrabás de un plumazo y lo define como bandido, a secas. Pero ninguno de los cuatro aporta piezas de convicción ni fundamentos de cargo. Barrabás es apenas un imputado de refilón o una sinécdoque recurrente: Baltasar Garzón lo hubiera puesto en libertad, sin un denario de fianza; la retórica, de hecho, ya lo ha reclutado para su patrimonio de figuras.

Ni los evangelistas ni las enciclopedias le conceden más de cuatro líneas irrelevantes. Sólo Poncio Pilatos le dio cierto protagonismo. Poncio, además de perpetrar una agravante higiene, tenía un jardín de rosas y una galería de dioses helados y contradictorios: no creía en ninguno, pero confiaba su curiosidad a todos. Poncio era un dandi, sin escrúpulos ni prejuicios: no le sobresaltaban ni los profetas ni los escorpiones. Quizá y con objeto de disipar el aburrimiento imperante, les propuso a los judíos un sencillo ejercicio democrático: que eligieran entre Jesús y Barrabás. El pueblo, por mayoría absoluta, casi por aclamación, salvó a Barrabás y, de retruque, envió a Jesús a un Gólgota sin retorno.

Imputar a Barrabás las consecuencias de aquella decisión popular resulta tan improcedente como injusto; tanto como imputar a Aznar, el resultado de unas urnas que han trasladado a González de la Moncloa a su íntimo calvario. En este punto, los evangelistas atribuyen a los intérpretes de la ley ciertas maniobras de instigación sobre la muchedumbre. De ser así, tal y como nos ilustran los textos bíblicos, Barrabás recibió en beneficio del indulto, con inocencia y perplejidad. La culpa de aquel desenlace no es suya, sino de Caifás y sus sacerdotes que urdieron la manipulación y el pucherazo, aunque la sufra el pueblo llano, como es de menester.

La literatura de ficción se ha mostrado con Barrabás más generosa y cauta: cuando menos, le ha inventado un origen y un destino verosímiles. Barrabás es un personaje lleno de dudas, de contradicciones, de miedos y de errores. Es también un agitador, un conspirador contra el Imperio, un rebelde y hasta un patriota que defiende su país y mata al invasor romano posiblemente de una pedrada, lo mismo que Agustina de Aragón, tal enaltecida, sin embargo, mataba al invasor francés, pero a cañonazo limpio. Barrabás ni era Dios, ni hijo de Dios, ni seguramente se conocerá nunca quién fue su padre. Pero sí que cantaba, como casi todos los oprimidos y desvalijados por uno u otro poder, aquella plegaria de hágase tu voluntad, pero aquí en la tierra, y danos tu fuerza al combatir.

Nada se dice ni se sabe, si en los siniestros calabozos de la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol de Madrid o de Jerusalén, Jesús y Barrabás mantuvieron alguna fugaz conversación. Pero si lo hicieron, Jesús, que también les dio lo suyo a los mercaderes del templo, en un momento de arrebato, comprendería a Barrabás. Uno pacífico y el otro, tal vez, violento, a lo mejor trataban ambos de transformar una sociedad envilecida y postergada, en otra más solidaria y tolerante, en la igualdad.

Decididamente, me quedo con Barrabás y lo reivindico, ante quienes afirman que era uno de los malos de la semana de pasión. Dejo a Judas Iscariote, otro de los malos, para que lo reivindiquen, si así les place, los neoliberales, las grandes superficies comerciales y la moda de alta costura. A fin de cuentas, si Judas Iscariote vendió a su maestro por unas cuantas monedas, casi con toda probabilidad, lo hizo para comprarse unas sandalias y una túnica de marca. ¿O todavía estarán aquellos dineros de plata, en una cuenta de la banca suiza? Que lo investiguen de paso.

En lo que a carne de vacuno se refiere no está el horno para bollos. Lo de las vacas locas británicas tiene a medio Europa sobre ascuas. Y con razón. De momento, las autoridades sanitarias han prohibido las importaciones de ganado y carnes de aquel país.

En 1902, nuestra ciudad contaba con algo más de cincuenta mil habitantes. ¿Cuál era su consumo cárnico y de dónde procedía? El quince de agosto de aquel año, el cónsul argentino se dirigió al Ayuntamiento y le formuló una serie de preguntas, con objeto -explicaba- de dar cumplimiento a las instrucciones recibidas del Ministerio de Agricultura de aquella República Hispanoamericana. El cónsul solicitaba información relativa particularmente al consumo mensual de la población alicantina de carnes vacuna y ovina, y a los animales que se sacrificaban en nuestra capital.

El Ayuntamiento puso el escrito en manos del alcalde y doctor don José Gadea Pro. No había problemas de orden sanitario, no había afortunadamente ninguna extraña enfermedad de por medio; se trataba, sin duda, de obtener datos con fines comerciales. Así que se contestó puntualmente a cada una de las preguntas: el consumo medio mensual era, por entonces, de ciento ochenta reses vacunas y de trescientas lanares. El número de reses sacrificadas en el matadero municipal anualmente, durante los últimos cinco años, de mil ciento sesenta vacunos y tres mil seiscientas ovinas. Por supuesto, sin contar las matanzas clandestinas.

Pero el cuestionario presentado por el representante argentino era exhaustivo. No se le regateó, por ello, ningún dato: cada cabeza vacuna abonaba, por derecho de matadero, cinco pesetas con setenta y cinco céntimos; y por cada cabeza lanar, noventa céntimos. Respecto a los precios de venta en mercado, oscilaba, tanto una como otra clase de carne, entre una peseta con setenta céntimos y dos con veinticinco, el kilogramo: a dos pesetas, de media.

Sin embargo, y según fuentes municipales, en nuestra ciudad y provincia no había ganado nativo. Así de tajantemente se respondió a la pregunta del número de animales de cada clase que se calculaba destinado al consumo. Y ahora, cuando la población casi se ha sextuplicado, ¿cuál es el consumo y de dónde se importa? Vacas locas, no. Por favor.

Recientemente, nos referimos a la epidemia de gripe que sufrió nuestra ciudad, durante los últimos meses de 1918. Un oficio de la Inspección de Sanidad de la Provincia de Alicante, de trece de octubre del citado año, nos proporciona una amplia información acerca de la gravedad de aquellas circunstancias. Tal fue que el gobernador y presidente del organismo le comunicó al alcalde que había llegado la hora de «la implantación de la dictadura sanitaria».

«La situación sanitaria de Alicante es grave, gravísima: las defunciones oscilan de quince a veinte o veintitrés cada veinticuatro horas, y en las últimas se han registrado veinticuatro, cuando durante todo el mes de octubre del año último, sólo ocurrieron ochenta y tres», se dice en el mencionado texto.

En el mismo, un examen de los comportamientos de la colectividad se salda con un penoso resultado, según los criterios de las autoridades competentes, que afirman: «(...) la indolencia de las gentes, que esterilizan nuestra acción, precisa imponer los remedios que determina el capítulo XVII de la Instrucción General de Sanidad, estando dispuesto, en su consecuencia a suspender y destituir funcionarios, a imponer la máxima multa de quinientas pesetas y a denunciar a los Tribunales, los actos o casos que lo requieran (…)».

Al alcalde, al que va dirigido el oficio, se le conmina a que obligue a los propietarios de fincas urbanas a que coloquen sifones en retretes, sumideros, fregaderos y baños. Igualmente, y en cumplimiento de un acuerdo de la Junta Provincial de Sanidad, se ordena que se cieguen absolutamente todos los pozos de Alicante, con objeto de reducir focos aislados de infección. Y que castigue, con dureza y energía, los teatros, tranvías, carruajes, cafés y locales públicos o privados que falten a las prácticas de desinfección establecidas, con multas y clausuras de los mismos.

Con respecto a los coches fúnebres que se laven a la puerta del cementerio, después de cada conducción, con una solución antiséptica, y que sus aurigas lleven blusas impermeables que también han de someterse a las mismas medidas. «Y finalmente -dice el documento- desalójese de una vez y para siempre, ese punible barrio de Las Provincias, cuyas casas, una a una, tengo dos veces denunciadas por inhabitables, a la corporación de su digna presidencia, porque ni un momento más pueden servir de albergue a gentes que hacinadas, promiscuando el duro lecho, son causa de podredumbre física y de desastre moral; es hampa exótica, gangrena que vive de la savia de este pueblo, para escarnio de nuestra cultura». Retórica implacable, en la crítica situación de aquellos meses de cólera y terrores.

A principios de noviembre de 1823, concluyó el trienio liberal, con la entrega de nuestra ciudad a las tropas francesas que devolvieron el poder absoluto a Fernando VII. Poco después, comenzó la cruel represión del corregidor y gobernador militar de la plaza Pedro Fermín Iriberry, tan justamente denostado por cronistas e historiadores. A partir de aquellas fechas y al amparo de las condiciones de la rendición, un número indeterminado de constitucionalistas alicantinos, buscaron su seguridad en el exilio, entre ellos el sacerdote y diputado Antonio Bernabeu.

Otros muchos, sin embargo, fueron encarcelados, perseguidos y sometidos a la dureza del despotismo. Doce años más tarde, y tras la muerte del llamado rey felón, se restablecieron las instituciones liberales. De aquella época, sin duda, data un oficio del Ayuntamiento Constitucional de Alicante, en el que se dictamina la conducta de un cierto individuo de «sentimientos depravados». Se trata de don Manuel Tomás, del que se habían solicitado informes reservados.

En un documento del año 1837, se específica que el mismo era hijo de un empleado en rentas y que «se pasó en el anterior periodo de libertad a la facción absolutista, cometiendo con aquellos vándalos, toda clase de atrocidades». En noviembre de 1823, entró en nuestra ciudad como oficial del «Batallón Elio». «La imaginación -afirma el dictamen emitido- se extravía al recordar los horrores de aquella época y se resiste a denunciar el comportamiento del Tomás para con sus conciudadanos. Fue un verdugo atroz de todos los honrados patriotas».

Estremecen unos párrafos en los que se describe cómo actuó aquel individuo contra las mujeres y los hijos de los «desgraciados que la calumnia había encarcelado». Con los más débiles y desprotegidos «ensayaba su ferocidad», carente del menor escrúpulo. El informe resulta concluyente y revelador de un tiempo en el que se procedía con impunidad, y los desmanes se toleraban, desde las más altas instancias. «Cuando fue licenciado, como sucedió a todos los de su calaña, quedó aquí de oficial del batallón de ex voluntarios realistas, instrumento vil del que se valía el feroz Iriberry, para todas las atrocidades que cometió en esta ciudad». Manuel Tomás, siempre al hilo documental, contribuyó a la infamia, a la venganza y a la perdición de no pocas familias. En todas partes se cuecen habas y abominables instintos.