Visor de obras.

Se olía ya, apenas se desplomó la dictadura de Primo de Rivera. Se olía tanto y tanto se deseaba, que en la constitución del nuevo Ayuntamiento, en sesión del 26 de febrero de 1930, bajo la presidencia del gobernador don Rodolfo Gil Fernández -«ilustre periodista y eximio literato»-, el concejal don Marcial Samper Ferrándiz exclamó que la gestión que iban a realizar, él mismo y sus compañeros, no sería otra que trabajar activamente, para que pronto se lograra una redentora República.

De aquella sesión municipal, en la que por una real orden, tanto la alcaldía cuanto las tenencias de alcaldía serían ocupadas por los ediles de mayor edad, saldría elegido para ocupar la presidencia don Florentino de Elizaicin y España, después de que los señores Hernández Lucas y Guardiola Forgas, que lo precedía en la relación, se excusaran para ostentar el cargo, alegando el primero, enfermedad; y el segundo, el hecho de ser mayor de sesenta y cinco años, con arreglo al estatuto municipal.

Una vez más, en tal ocasión, don César Oarrichena Genero, insistió en que la facultad de elegir alcalde se reservara al Ayuntamiento, y su propuesta se acordó por unanimidad, con el propósito de que se elevase al Gobierno.

En cualquier caso, la alcaldía del señor Elizaicin fue efímera, como ya hemos señalado en otras crónicas. El 24 de abril, en sesión extraordinaria, también presidida por el referido gobernador, se nombraba a don Gonzalo Mengual, por real orden, para sustituir a don Florentino de Elizaicin al frente del Ayuntamiento. Guardiola Ortiz expresó la pena de los ediles republicanos al comprobar cómo la solicitud unánime del Ayuntamiento al Gobierno, en el sentido de sólo aquel tuviera las competencias para elegir los cargos municipales quedaba incontestada. No obstante, destacaron el buen criterio gubernativo al designar alcalde al señor Mengual Segura, «cuyas dotes nadie osará negar». El nuevo alcalde dijo: «Oh, libertad, hermosa libertad, que te sonrojas, y con razón, al ver nombrado un alcalde de real orden. Triste paradoja la que me hace ver que para ser para todo un pueblo, y no para servir los intereses de un partido, ha sido preciso ser nombrado por un régimen de excepción». El 4 de julio del mismo año, los republicanos de la corporación insistieron en su solicitud. La República estaba a la vuelta de la esquina.

Ahora, que se habla de la privatización de la Tabacalera y de los supuestos beneficios que tal operación puede suponer, para quien sea, rescatamos, en parte, un interesante documento del que ya hemos hecho uso, en otras ocasiones, pero que resulta oportuno. Se trata de una moción que sobre nuestra Fábrica de Tabacos, presentó al Ayuntamiento el concejal don José Álamo Antón el tres de abril de 1913.

En el primer párrafo de la misma, el edil recuerda cómo cuando el Estado administraba la fábrica, «Alicante, en masa, y los pueblos cercanos disfrutaban de una desahogada posición económica, especialmente la clase trabajadora». Por entonces, laboraban en la misma más de siete mil mujeres, según informa el señor Álamo Antón. Sin embargo, cuando la Compañía Arrendataria de tabacos se hizo cargo de la factoría, se advirtió pronto los efectos negativos de aquel cambio: se decretó la amortización de las vacantes que se producían; se instalaron nuevas máquinas; se menguó la consignación de las labores; y se redujo la plantilla de operarias en casi tres cuartas partes.

«Todo este perjuicio lo ha ocasionado la Compañía Arrendataria de Tabacos al tomar el acuerdo de cerrar nuestra fábrica, pues no debéis tener duda alguna de que tal propósito existe». ¿Existe igualmente hoy alguna maniobra oculta, en este sentido? Pues el citado concejal hace más de ochenta años, ya se olió algo parecido. En su criterio, se trataba de favorecer a alguna otra población en perjuicio de Alicante, «trasladando allí la fábrica, con la maquinaria que en ésta no quisieron que se instalara; o castigar a dichas operarias y a la ciudad porque se opusieron y se quemaron las que en cierta época trató de montar la Compañía».

En aquellas circunstancias, Álamo Antón propuso crear una comisión con representantes de las distintas tendencias políticas que formaban la corporación, y que tal comisión se reuniera con los diputados y senadores por la provincia, con los representantes del comercio y de la industria, con la prensa y los alcaldes de los Ayuntamientos afectados (además de Alicante, San Vicente, Villafranqueza, San Juan y Muchamiel), y que todos ellos encabezaran una pacífica pero imponente manifestación a fin de evitar la clausura de la histórica fábrica de tabacos. También se preveía una visita al rey, para que apoyase tan justas pretensiones. Por supuesto, mucho ha cambiado la situación económica, social y política del país y de nuestra ciudad.

Pero es evidente que se percibe una justificada inquietud, en particular, en los sectores más directamente implicados. Pensamos que también la ciudadanía ha de tener conciencia de lo que puede pasar con el noble edificio (¿más especulaciones?) y con los trabajadores de la fábrica.

La ciudad se iluminó toda entera, por primera vez en su historia, una noche de agosto de 1790, gracias a las gestiones del gobernador don Francisco Pacheco: cuatrocientas setenta farolas de aceite disiparon las sombras y alumbraron la edad contemporánea. Luego, llegarían otros procedimientos, otros sistemas, otros problemas también. Han pasado ya algo más de dos siglos.

De tales problemas, supo lo suyo el alcalde don Ricardo P. del Pobil y Chicheri, quien, poco después de tomar posesión de su cargo, en julio de 1909, tuvo que afrontar el conflicto que el Ayuntamiento tenía con la Compañía Madrileña de alumbrado y calefacción por gas: aumentaba la deuda municipal y aquello no parecía tener solución. Un año antes, cuando se recogieron en una escritura pública las bases que establecían los derechos y obligaciones en el suministro de gas, el Ayuntamiento se comprometió a abonar a la citada empresa la cantidad de nueve mil quinientas pesetas mensuales.

Sin embargo, ni un duro. En un escrito del mencionado alcalde, manifiesta que «se cercioró de que el Ayuntamiento no tenía la menor noticia de que la indicada escritura se hubiera otorgado, y de que su antecesor al frente de la Alcaldía había dejado incumplidas, en todo el primer semestre de aquel año (1909) las obligaciones de la corporación municipal con la empresa, incluso la de pagar la cantidad fijada». Desde el primero de enero, se debía además el abastecimiento de aguas, los sueldos del personal de oficinas, los alquileres de locales, en fin, un verdadero desastre. Ante el creciente endeudamiento, el señor Del Pobil decidió pagar cinco mil pesetas, a partir de agosto, a la Compañía Madrileña. Pero, entre tanto, la corporación solicitaba un estudio de los documentos, el notario don Lorenzo de Irizar entregó al alcalde un ultimátum de la empresa suministradora de gas: si en el plazo de treinta días no se cancelaba la deuda que ascendía a unas setenta mil pesetas, se suspendería el alumbrado de la ciudad. Del Pobil procuró llegar a un acuerdo pero sin resultado. Entonces, aceptó, como única solución la oferta de «La electra alicantina», «que dando una muestra de patriotismo ha puesto a disposición del Ayuntamiento los medios a su alcance para evitar que la ciudad se quede a oscuras ni un solo instante». Era el veinte de octubre de 1909. La instalación provisional empezó a tenderse. Del aceite al gas; del gas a la luz eléctrica.

Inmediatamente después de la dimisión de don Miguel Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII, encargó al gerente Dámaso Berenguer Fuster la formación del nuevo gabinete. Dámaso Berenguer, que según nuestras noticias era hijo de un vecino de Callosa d'En Sarrià, propició un periodo aperturista, la «dictablanda», que sirvió para que se manifestaran los verdaderos deseos y principios de libertad y democracia que alentaban en la mayoría de los ciudadanos. Apenas, una semana después, el siete de febrero de 1930, «El Luchador» publicaba un «manifiesto de los republicanos alicantinos»: «Queremos que nuestra ciudad sea dueña de sus propios destinos, que viva regida no por influencias de corro o de clase, sino por quienes reciban la confianza del pueblo mediante el sufragio limpiamente emitido; que no esté al servicio de los deseos o conveniencias de nadie, sino que todos estemos al servicio y conveniencias de Alicante». Firmaban aquel manifiesto: Marcial Samper, Pérez Molina, César Oarrichena, Rafael Blasco, Álvaro Botella, Agustín Mora Valero, Pérez Torreblanca y Lorenzo Carbonell. El once de aquel mes, se conmemoró «brillantemente» el cincuenta y siete aniversario de la Primera República.

Las instituciones monárquicas y la oligarquía restauracionista se tambaleaban, en tanto afloraban vigorosamente las fuerzas del trabajo las alternativas republicanas y las tendencias progresistas de los alicantinos. El ya citado César Oarrichena propuso: «Que se deroguen los acuerdos adoptados durante la dictadura, en que concejales que no expresaban la opinión popular acordaron declarar alcaldes honorarios, hijos adoptivos y cuantos títulos honorarios se han concedido en la pasada etapa a personajes políticos dictatoriales, como Bermúdez de Castro y otros, a los cuales nada tiene que agradecer el pueblo de Alicante». Para llevar a cabo la propuesta se designó una comisión en la que figuraban los ediles Sánchez Santana, Guardiola Ortiz y Ricardo del Pobil, quien dimitió meses después y fue sustituido por Florentino de Elizaicin. El acuerdo de nombrar tal comisión se tomó, en pleno municipal, el cuatro de julio de aquel 1930.

Meses antes, en marzo, se fundó en nuestra ciudad Acción Republicana, el partido de Manuel Azaña, cuyos dirigentes más relevantes en el ámbito local, eran, entre otros, Eliseo Gómez Serrano, Ángel Pascual y Franklin Albricias. Se iniciaba un proceso imparable hacia una nueva República.

Acerca del edificio que ocupan hoy las dependencias del Gobierno Civil de la provincia, ya nos referimos a su inauguración por el general Franco, en su primera visita oficial a nuestra ciudad. Entonces la plaza donde se encuentra se llamaba del Caudillo, hoy de la Montañeta. Pero, con anterioridad a su actual emplazamiento, sus oficinas estuvieron en diversos lugares, hasta que finalmente se instalaron -según el cronista Gonzalo Vidal- en un edificio con «tres fachadas a las calles Blasco, San Francisco y Cid, desde septiembre de 1921. Y allí permaneció, hasta que en 1936, con la guerra civil, se trasladó al palacio de la Diputación».

Ya en octubre de 1934, el presidente de la comisión gestora municipal, don Alfonso Martín de Santaolalla dio cuenta de la petición formulada por el gobernador civil de que en el municipio cediese gratuitamente un solar con una superficie aproximada a los mil metros cuadrados, con destino a la construcción de un edificio destinado a las dependencias del Gobierno Civil, «cuyo edificio ha de erigirse con la cantidad dispuesta a tal fin por la junta nacional creada para remediar el paro obrero».

En un certificado expedido por el secretario del Ayuntamiento se dice que se llevaron a efecto las gestiones para encontrar un solar adecuado a tales propósitos, «pero dadas las últimas lamentables circunstancias atravesadas por la nación, tuvieron que dejarse tales gestiones en suspenso». El diecisiete de aquel mes de octubre, se recibió el siguiente telegrama del ministro de la Gobernación: «Junta nacional para remediar el paro obrero aprecia presentación proyecto construcción Gobierno Civil, habiéndose desechado oferta del Ayuntamiento de un solar de dos mil metros cuadrados, a ochenta pesetas el metro, por no poder invertir cantidad alguna en adquisición solares, sírvase recabar de dicho Ayuntamiento la cesión gratuita de mil metros cuadrados del mencionado solar, debiendo remitir con la oferta planos acotados del mismo que permitan estudio proyecto a la mayor brevedad». Telegrama que el gobernador civil, señor Vázquez Limón, remitió a la comisión gestora municipal, encargada de sustituir al Ayuntamiento que presidido por Lorenzo Carbonell había sido suspendido en sus funciones. Así, esta comisión, con la autorización de la Dirección General de Administrador Local, propuso ofrecer terrenos expropiados en la Montañeta, con una superficie igual a la exigida por el Ministerio. El treinta de marzo de 1935, el mismo reiteraba la petición. Sin embargo, aquel asunto sólo se resolvería después de la guerra civil.

En estos días, celebra sus fiestas patronales el barrio de San Agustín. Se cumple el cincuentenario de la expresión popular y lúdica de un núcleo urbano al que avala un segmento relevante de nuestra historia local. Así, documentos y cronistas nos cuentan cómo los agustinos, que disponían de un angosto e insuficiente convento en la plaza de Quijano, adquirieron «una casona con sus tierras, sobre veinte tahúllas, en la partida ya llamada de Los Ángeles, en 1628, para lugar de enfermería, estudio y descanso de los frailes», tierras que posteriormente, en 1836, serían expropiadas, cuando la desamortización de Mendizábal. A principios de siglo, en 1906 y años posteriores, Agustín Santonja Javaloyes, verdadero fundador del barrio, se estableció en aquel lugar y, según afirma el presbítero y cronista oficial de la provincia, «en prueba de gratitud por haber cedido gratuitamente la parcela de terreno, del que era propietario, para abrir una calle, el Ayuntamiento la rotuló con su nombre».

El citado cronista relaciona, ya en 1974, un total de once calles que estructuran el barrio. Son las siguientes: Agustín Santonja, Albatera, Busot, Calpe, Ibi, La Nucía, Ondara, San Matías, Suiza, Tubería y Torrevieja.

Años atrás, concretamente, en 1931, se contabilizaban tan sólo nueve calles. Cifra que se desprende de la propuesta que formuló la Comisión Municipal de Fomento, en sesión plenaria del Ayuntamiento, correspondiente al doce de diciembre del mismo. En aquel entonces, el edil señor Martínez Torregrosa expresó que, a petición de varios vecinos del referido barrio de San Agustín, proponía que éste se llamara en lo sucesivo barrio de la República, «y que a las nueve calles que lo forman se les denomine de Agustín Santonja, de Francia, de Alemania, de Grecia, de Suiza, de Rusia, de Portugal, de Austria y de Polonia». Por su parte, el concejal Ruiz Pérez-Águila hizo constar que no estaba de acuerdo con tantos cambios y que se lamentaba de la propuesta suscrita por la Comisión de Fomento, toda vez que su propio barrio que llevaba el nombre de San Blas, no se le había variado el nombre. Si bien es cierto que la presidencia del Ayuntamiento, que ostentaba don Lorenzo Carbonell, dijo que se presentase esa proposición en forma, para ser debidamente estudiada y atendida, se aprobó con carácter provisional la propuesta de fomento. Hoy cuenta, con unas 20 calles.

En una reunión que mantuvimos recientemente con vecinas y vecinos de San Agustín, uno de ellos expresó su preocupación porque el barrio no aparecía en las crónicas oficiales. Aun teniendo parte de razón, San Agustín es uno de los barrios entrañables de nuestra ciudad, por sus gentes, por su laboriosidad, por su urbanismo en expansión, por sus tradiciones, por su historia y, hoy, cómo iba a ser de otra manera por ese cincuenta aniversario de sus fiestas patronales y populares. Y lo constato como cronista oficial de nuestra ciudad, precisamente.

El acta donde se relacionan todos los centros de congregaciones religiosas, que estaban dedicados a la enseñanza el 14 de abril de 1931, está firmada por don Lorenzo Carbonell, en su condición de alcalde y delegado gubernativo, y don Juan Guerrero Ruiz, secretario general del Ayuntamiento, el 31 de julio de 1936, hace ya más de 60 años. Ambos, cumplieron así el decreto del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, del 27 de aquel mes y que se publicó en la «Gaceta» número 210. España estaba en guerra civil. Poco antes, se había consumado la rebelión militar contra la legitimidad de la República.

En dicha acta, se describen los edificios ocupados, superficie de los mismos, características de la construcción, zonas abiertas, ubicación urbana o rural de cada uno, y otras peculiaridades. Nosotros, al no disponer del suficiente espacio, nos limitamos a ofrecer el nombre y alguna particularidad. Numerados del uno al nueve, los centros de enseñanza religiosos eran los siguientes: Convento de los Franciscanos, en su actual emplazamiento; Escuelas Salesianas, entre las calles Pérez Galdós, Ferré Vidiella, General Zurbano (hoy, San Juan Bosco) y Mariana Pineda (hoy, Tucumán). Edificio de los Jesuitas (casa de Ejercicios Espirituales), entre las barriadas de Portazgo y Benalúa, y frente al cuartel. Asilo de Nuestra Señora del Remedio, en el paseo de Campoamor. Colegio de Jesús y María, en la avenida de Ramón y Cajal, en el que, por aquel entonces, se encontraba instalado el «Colegio de San José», propiedad de don Rafael Chinchilla Milego, «que lo tenía en arrendamiento, mediante contrato de alquiler, por siete años (...)». Instituto de Religiosos Concepsionista de la Enseñanza, en calle San Telmo, esquina a Gravina, arrendado en aquel tiempo a don Juan Llorca Pillet, según escritura otorgada ante el notario don José María Py Puiade, por término de un año prorrogable. Escuela Hermanas Carmelitas, en la calle Navas. Hijas de María Auxiliadora (Salesianas beato J. Bosco), en Benalúa, calles Pardo Gimeno, Asilo y Enriqueta Elizaicin. Hermanos Maristas, avenida de Méndez Núñez, ángulo a San Idelfonso y Bailén, un solar sin cercar, como resultado de la apertura de la citada calle de San Idelfonso.

En la misma acta constan los edificios religiosos que sin dedicarse a la enseñanza se ocuparon por no observar actividad alguna y encontrarse abandonados, que son: Monjas Agustinas, Iglesia del Carmen, Convento de San Roque, Monasterio de la Santa Faz «iglesia y convento desocupados», Ermita del Socorro «clausurada» y Ermita de Santa Cruz.

Las elecciones generales de noviembre de 1933, dieron paso a los que los historiadores han dado en llamar bienio de derechas o bienio negro. Elecciones aquellas en las que, por primera vez, la mujer tuvo derecho al ejercicio del voto, (en nuestra ciudad el censo electoral se duplicó) la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), liderada por José María Gil Robles, con la ayuda de los radicales, se constituyó «en verdadero árbitro de la situación». En nuestra provincia, el Bloque Agrario Antimarxista, en donde se agrupaba la Derecha Regional Agraria, obtuvo ocho actas para el Congreso de los Diputados, en tanto los socialistas se conformaron con los tres restantes, aunque, eso sí, con el setenta por ciento de los sufragios en la ciudad de Alicante. Si rastreamos la prensa local provincial, nos percataremos de la dureza de la confrontación electoral, tanto por parte de unas derechas unidas, como de unas izquierdas escindidas: socialistas y republicanos fueron a su aire, y estos últimos, a su vez, fraccionados en coaliciones.

El bienio negro terminaría con las elecciones de febrero de 1936 que dieron el triunfo al Frente Popular Antifascista. Pero en esos dos largos años, nuestra ciudad vivió momentos gran tensión, de muchos de los cuales ya hemos dejado constancia debidamente documentada. Recordamos la frustrada manifestación convocada por socialistas, republicanos de izquierda y comunistas, prohibida por el gobernador civil, pero que dio lugar a diversos incidentes con las fuerzas del orden y que se saldaron con algunos heridos. Pero los sucesos más destacados y penosos tuvieron lugar en octubre de 1934, a partir del día cinco, fecha en la que Alejandro Lerroux remodeló su gobierno con la entrada de cuatro ministros de la CEDA. Aquella medida, desencadenaría la huelga general que si bien en Alicante no llegó a desarrollarse, sí produjo una considerable actividad en las organizaciones obreras y de izquierdas, y una inquietud entre los representantes gubernativos. Fue entonces cuando el radical Vázquez Limón, al frente del Gobierno Civil, ordenó la detención del alcalde Lorenzo Carbonell y varios de los concejales elegidos en las urnas, que pocos días después serían puestos en libertad. El veinte de aquel estremecido mes, el Ayuntamiento salido de las urnas, el catorce de abril de 1931, sería suspendido y sustituido por una comisión gestora municipal, presidida por el doctor Alfonso M. de Santaolalla y Esquerdo. Durante aquellas dos semanas bajo la declaración de estado de guerra, se produjeron paros, intentos de manifestación y enfrentamientos entre soldados y huelguistas en el mercado central y otros lugares.

Por el encarecimiento del pan, por la carencia del pan. Fue en enero de 1918. Frente a los manifestantes, mayoritariamente mujeres y niños, la Guardia Civil. No hubo ni tiempo: tres muertos y numerosos heridos quedaron en las calles. Quienes habían participado en aquella manifestación de protesta no salían de su perplejidad: la medida dictada por el gobernador civil, señor Pantoja, fue tan desproporcionada y cruda, que Alicante se enfureció justamente y pidió la inmediata dimisión del referido gobernador, por tan rigurosa y cruel actuación.

Fue tal la indignación que hasta los ediles, reunidos en sesión extraordinaria, el domingo, día veinte de aquel mes de enero, de manera unánime decidieron renunciar a sus actas, si el gobernador no cesaba en su cargo. Al día siguiente, el alcalde señor Del Pobil recibió a una comisión, entre cuyos componentes había varios periodistas, que le comprometió a dar una prueba de solidaridad con el pueblo, como representante del Ayuntamiento.

El alcalde accedió a la petición y encabezó, con algunos otros concejales una manifestación que después de recorrer los lugares «en que se realizaron los inhumanos acontecimientos, se dirigió al cementerio. Sin temor a equivocarnos -escribió "El Luchador"- podemos afirmar que concurrieron más de veinte mil almas» («La Gatera», 19-7-95).

En el Archivo Histórico Nacional se conserva un telegrama del gobernador civil -que citan Salvador Forner y Mariano García en su obra «Cuneros y caciques»- dirigido al ministerio del ramo y al comisario general de abastecimientos, y fechado el dieciocho de aquel fatídico enero, en el que se dice: «(...) En su recorrido por algunas calles (la manifestación) apedrearon establecimientos, bares y cafés, rompieron cristales, disolviéndose manifestantes ya entrada la noche. De acuerdo con autoridad militar, ésta ha establecido guardia permanente en Delegación de Hacienda y sucursal Banco de España (...) fábrica de tabacos. He ordenado hasta ahora concentración treinta y nueve guardias civiles y dispuesto un mayor número». Al otro día, se consumó «la brutal represión a una manifestación popular en la que resultaron muertas cuatro personas y otras veinte heridas». El martes, veintitrés, el gobernador Pantoja anunció su dimisión con carácter irrevocable. Pero dejó, en su despedida, una duda: dijo que quien había ido a pedirle que contuviese a las «turbas» eran los mismos que exigían su cese. ¿Paradoja? Política mezquina.

Aunque bostoniano de nacimiento, fue alcalde de excepción de nuestra ciudad, en 1873, y cuando se presumía razonablemente un ataque a Alicante de las fragatas cantonales procedentes de Cartagena. Se llamaba don Juan Leach Giró. Juan Leach que fundó, junto con su hermano Guillermo, una formidable empresa exportadora de nuestros vinos, con sede en Marsella y sucursal en esta capital. Otra familia vinatera, la Maisonnave, propició la amistad entre Juan y Eleuterio. Aquella amistad llevaría al bostoniano al frente de la Alcaldía alicantina, aun manteniendo su condición de extranjero, según señala, en uno de sus artículos, Juan Llorca Pillet.

En este espacio, ya nos hemos referido cómo los republicanos federales más radicales, frente a los sectores más moderados del republicanismo, solicitaron el apoyo de los cantonalistas de Cartagena, quienes a últimos del mes de julio de indicado año, enviaron a Alicante la fragata Victoria al mando de Antonio Gálvez. Tras la retirada de las autoridades civiles y militares, así como de las fuerzas aquí destinadas, Gaspar Beltrán y Juan Mas Dols, comandantes ambos del Batallón de Voluntarios de la República, junto a los capitanes de las respectivas compañías constituyeron una Junta de Salvación Pública, la cual remitió un mensaje a don Eleuterio Maisonnave, a la sazón ministro de la Gobernación. Maisonnave, partidario de la negociación entre moderados y cantonalistas intransigentes, logró mediante las gestiones de su delegado Lorenzo Abizanda, restablecer el orden y depuró la milicia de quienes habían proclamado el cantón de Alicante. Pero en septiembre, sucedió el conocido asedio de las fragatas insurrectas que el día veintisiete bombardearon la ciudad. Fue, precisamente durante aquellas circunstancias tan críticas, cuando don Juan Maisonnave nombró alcalde excepcional a don Juan Leach, quien, una vez desaparecido el peligro, levantado el asedio y repelida consecuentemente la agresión, renunció a la Alcaldía.

Don Juan Leach Giró contrajo nupcias con doña Luisa Laussat, de la que tuvo cuatro hijos: Luisa, Carlos, Federico y Alfredo Leopoldo. En el reseñado artículo del señor Llorca Pillet, se narra un hecho singular: cuando los propios norteamericanos hundieron el «Maine» y culparon a los españoles, para con tal pretexto invadir Cuba, el pueblo de Alicante acudió a casa del señor Leach, a la sazón cónsul de Estados Unidos en nuestra ciudad y exigió que retirara la bandera de dicho país que flameaba en uno de sus balcones. Juan Leach «arrió la bandera yanqui, que dejó caer a la calle y anunció al pueblo que desde aquel momento se unía a sus deseos y que dejaba de ser cónsul de aquel país». El pueblo le aplaudió. ¿Solidaridad con el país de adopción o gesto para salvaguardar sus negocios e intereses?

En plena efervescencia liberal y ya ostentado Alicante la capitalidad de la provincia, aunque fugazmente, en sesión del Ayuntamiento del treinta de marzo de 1822, el corregidor anunció el nombramiento de don Francisco Fernández Golfín, como primer jefe político de la provincia. De inmediato y en sesión extraordinaria, el uno de abril, en medio de una entusiástica asamblea, tomó posesión de su cargo, después de jurar la Constitución de Cádiz, de 1812.

Fernández Golfín era un liberal firme en sus principios y que durante el sexenio absolutista (1814-1820), había sufrido prisión en el castillo de Santa Bárbara. Durante su corto mandato colaboró con el gobernador militar de esta plaza, conde de Pino-Hermoso, «al mantenimiento del orden público, amenazado de continuo por los enemigos políticos, constituyó la Diputación Provincial, y más de una vez, al frente de una columna de tropas y milicianos nacionales, persiguió a dichos enemigos en los alrededores de Elche y Orihuela», en palabras del cronista Gonzalo Vidal.

Poco después de su nombramiento, el señor Fernández Golfín, que siempre se distinguió por su integridad y honradez, publicó un bando en el que alababa el sistema constitucional y apostaba por sus ventajas en el desarrollo de las artes, la agricultura y el comercio. «Creed, ciudadanos, que vuestro jefe político, fiel a sus juramentos, no se apartará jamás de la senda que marca la Constitución, ni consentirá, bajo ningún pretexto, que se atente contra ella, oponiéndose con igual firmeza a las maquinaciones de los insensatos que intenten privar a la nación de sus derechos y libertades (...)».

En septiembre de aquel mismo año, dejó su cargo de jefe político que ocupó don Luis Corral, de acuerdo con las actas del cabildo correspondientes al dieciséis de septiembre de 1822. Fernández Golfín marchó a tomar posesión de su escaño como diputado a cortes. Posteriormente, se haría cargo de la cartera de Guerra, aunque tan sólo por unos días. Cuando se restauró el régimen absolutista, Fernández Golfín acompañó a Torrijos en su destierro a Gibraltar, desde donde emigraron a Inglaterra. Cuando el general José María de Torrijos desembarcó en Málaga, en 1831, don Francisco Fernández Golfín le acompañó. Emboscados, ambos serían fusilados por la reacción, en diciembre de dicho año.

Alicante, para honrar su memoria, rotuló una pequeña calle con su nombre, entre las de San Francisco y Barón de Finestrat. Poca calle, en verdad.

En septiembre de 1868, hizo crisis el sistema político de Isabel II. De un lado el deterioro de la monarquía isabelina; y de otro, la situación económica insostenible, confluyeron finalmente para abatir la monarquía isabelina. En Cádiz, el dieciocho de aquel mes, la flota se pronunciaba contra la reina al conocido grito de «Viva España con honra». Del pronunciamiento a la revolución popular, en aquella ocasión no había más que un paso. Y se dio. El veintiuno, en Alicante, el Ejército y la Guardia Civil frustraron el movimiento insurreccional, que una semana después, el veintinueve, por fin, se haría con la ciudad: el Ayuntamiento monárquico entregó el poder a la Junta Revolucionaria provisional, que el cuatro de octubre, tras las elecciones, tendrá carácter definitivo. La encabezaban Tomás España y Sotelo y Eleuterio Maisonnave, entre otros.

Paralelamente, en El Palamó, ese mismo día veintinueve, se constituyó la Junta Revolucionaria local provisional. «Se reunieron en el salón consistorial varios ciudadanos honrados de esta población y principiaron a dar gritos de ¡Viva la libertad! y ¡Viva la soberanía nacional!, con lo cual se pronunciaron adhiriéndose en un todo al de la capital». En el mismo libro de actas de esta Junta -que se inicia en la fecha señalada y concluye el dieciocho del siguiente mes de octubre-, consta que ésta estuvo presidida por don Andrés Torregrosa y Micó; entre sus vocales se encontraban Tomás Alcaraz, Juan García, José Alcaraz y Manuel Maruenda, además de otros ciudadanos «que no sabían formar». Se acordó comunicar la constitución a la Junta de la Capital. El cinco de octubre, se nombró secretario de la Junta de Villafranqueza a don Antonio García Sabater, que ya lo era de su Ayuntamiento.

El trece de octubre, se celebraron elecciones «por medio del sufragio universal», para darle carácter definitivo a la referida Junta, y así «quedó legítimamente constituida». Andrés Torregrosa y Micó siguió como presidente y Antonio García Sabater, en su empleo de secretario. Prácticamente los vocales eran los mismos. De todo ello se dio noticia a la Junta de Alicante.

El dieciocho de octubre, de acuerdo con la circular del ministro de la Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta -publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, el diecisiete del mismo mes- y con la Junta de la capital se disolvió la Junta Revolucionaria de Villafranqueza -y la de Alicante el mismo día- y se procedió a nombrar el Ayuntamiento, ratificando para alcalde a Andrés Torregrosa, para concejales a los ciudadanos vocales y para secretario a Antonio García Sabater. En el artículo primero de la citada circular, se advertía que el veinte de octubre las juntas locales y de las capitales deberían haber concluido los nombramientos. Se hizo.

¿Fue realmente don José Abad Gosálvez un hombre de poco carácter, un hombre «blando», a lo largo de los cuatro años que pasó al frente de la alcaldía de Alicante? Él mismo, en su discurso de despedida aludió al calificativo que le habían endosado, y dijo que los alicantinos lo juzgarían, como juzgarían todo el trabajo desarrollado durante su mandato. Trabajo intenso, en su opinión, para llevar a efecto la realización de diversos proyectos, en tanto otros-estaban ya en curso. Asimismo, se refirió a la leyenda que había corrido por algunos sectores de la ciudad, en el sentido de que se habían producido luchas intestinas entre los concejales, lo que en modo alguno respondía a la verdad, toda vez que sólo constataba pugnas entre los mismos, pero con el objeto de obtener, en sus respectivas competencias y delegaciones, los mejores resultados para el conjunto de los administrados.

El ocho de septiembre de 1970, el señor Abad Gosálvez presidió el último pleno extraordinario. El siguiente, celebrado tres días más tarde, lo hizo el gobernador civil, don Mariano Nicolás García. En aquel pleno, se procedió a la lectura de un oficio por el que se comunicaba el cese, a petición propia, del referido alcalde; y seguidamente, el nombramiento de don Ramón Malluguiza Rodríguez de Moya, librado por el Ministerio de la Gobernación. Y de inmediato, se celebró la toma de posesión.

El señor Malluguiza hizo su aparición en el salón de sesiones, flanqueado por los dos ediles más jóvenes de la corporación municipal: don José Beviá Pastor y don Francisco José Molla. Y lo que sigue, ya lo conocen los habituales lectores de esta crónica: el ceremonial de costumbre. De rodillas ante el crucifijo y con la mano derecha en los Evangelios, el nuevo alcalde juró cumplir todas las obligaciones y deberes de su cargo.

Hubo, a continuación, como también era preceptivo, palabras de elogio para el alcalde saliente: Malluguiza destacó la ejemplaridad de las actuaciones de Abad y su lealtad «encaminada al mejor servicio de Alicante». Pero el señor Malluguiza Rodríguez de Moya dedicó además frases de agradecimiento a sus antecesores en la alcaldía don Agatángelo Soler Llorca y don Fernando Flores Arroyo. Y, por descontado al gobernador civil, a quien rogó «que le hiciera llegar su adhesión al jefe de Estado».

Por entonces, nos tocó, durante algún tiempo, hacer la crónica municipal para un diario, ya desaparecido, y asistimos, con otros compañeros de la prensa, a situaciones y episodios ciertamente insólitos. De juzgado, incluso. No crean.

Sin ninguna duda, el currículum municipal de don Ricardo P. del Pobil y Chicheri resulta abrumador. Durante el primer tercio del presente siglo, fue un todoterreno de la vida local. ¡Qué aguante! Incombustible, vamos. Alcalde de quita y pon, estuvo a las duras y las maduras, y le echó siempre voluntad a la cosa pública. Elogiado y denostado, según don Ricardo se esfumó lentamente del escenario político, a partir de los años treinta.

Precisamente y con motivo de los actos organizados por la Diputación, para solemnizar la inauguración del Hospital, se invitó a los alcaldes de toda la provincia a una recepción ofrecida por la corporación provincial, que presidía el señor Pérez Mirete. En un banquete que se celebró en el Casino, servido por el hotel Palace, hicieron uso de la palabra los señores Balaguer, Pérez Batllé y Del Pobil y Chicheri, alcaldes respectivamente de Orihuela, Alcoy y Alicante, y cerró el turno don Florentino de Elizaicin. Respecto a la intervención del señor Del Pobil, el vespertino «Las Noticias» apostilló: «El alcalde de Alicante dijo unas palabras que nadie oyó, y que pasaron sin pena ni gloria». Después, todos los invitados visitaron las Casas de la Beneficencia y las obras del nuevo edificio del palacio de la Diputación.

Por cierto que, en aquella ocasión, Pérez Mirete pronunció «un elocuente discurso cantando las glorias provinciales y abogando por un mayor estrechamiento de los vínculos regionales, sin perjuicio de la patria grande».

Pero el descrédito de don Ricardo P. del Pobil se pondría de manifiesto por aquellos mismos días, con motivo de la inauguración del alumbrado eléctrico de la calle Mayor, que se llamaba entonces de Francos Rodríguez. El ya aludido periódico que tenía enfilado al liberal Del Pobil, no desaprovechó el momento, para endilgarle otra de sus contundentes andanadas: «Ese alumbrado -escribió en sus páginas- no es cosa del señor Pobil, sino de su antecesor en la Alcaldía, señor Mengual, que de acuerdo con el comercio de la citada calle, y contribuyendo éste, en parte, al gasto de la obra, se llevó a efecto la mejora. El señor Pobil ha actuado tan solo de "instalador"».

Todo esto sucedía durante los primeros meses de 1931, cuando España estaba ya en vísperas de despertarse republicana.

Unos valiosos documentos correspondientes al siglo XVIII nos informan acerca de la desasistencia espiritual «de la feligresía numerosa del Pago del Raspeig -es decir, de al aldea o heredades del Raspeig- y demás cañadas (o terrenos entre dos alturas poco distantes entre sí) más cercanas a la Hermita (Ermita) de San Vicente que a la capilla parroquial de la Colegiata de San Nicolás». Un memorial de los curas propios de esta capilla recoge sus deseos de llevar el consuelo a aquellas gentes y propone al obispo de Orihuela que «sitúe en la expresada Hermita a un sacerdote ecónomo -un cura para realizar las funciones de párroco- que celebre el Santo Sacrificio de la misa todos los días, y administre los sacramentos de la Penitencia, comunión y extremaunción, y que asimismo enseñe y explique la Doctrina Cristiana a los moradores de los referidos Pagos, que por la pobreza y distancia no llegan a la parroquia». Según se expone en dicho memorial, el obispo admitió la propuesta.

Pero era igualmente necesario que se reparase la ermita de San Vicente «y se ponga decente por el nuevo ministerio, y tenga habitación competente la mencionada Hermita».

Para tales obras «y por ser hijuela de la parroquial de esa colegial» la deben subvenir de los mismos caudales que le hicieren las obras de la citada iglesia, lo que es igualmente en mayor lustre de esta ciudad e importante al vecindario de los enunciados Pagos, suplicando a la ciudad se sirva acordar se acuda a la referida obra, reparos y lucimiento de la mencionada Hermita, con el caudal necesario de los productos de la libra de la carne asignadas a obras de iglesias».

El Ayuntamiento de nuestra ciudad acordó que «en atención a los motivos y consideraciones que se expresan en dicho memorial y a la de ser la ciudad Patrona de la expresada Hermita, se libren ciento y cincuenta libras de las quartas partes del producto de la sisa (impuesto que se cobraba sobre géneros comestibles, menguado las medidas) de la carne perteneciente a la iglesia colegial, por ser hijuela de ésta dicha hermita y haver de servir para un fin tan piadoso, como lo es el que los moradores en el Pago del Raspeig y demás de la inmediación de la referida Hermita del señor San Vicente tengan el consuelo espiritual (...)». El Ayuntamiento dispuso que memorial y decreto pasaran al depositario de propios, para el abono de dicha cantidad, «con el cual y recibo que pongan a continuación los curas, se le admitieran en legítima data de las cuentas que diere de los productos», tal y como consta en el cabildo correspondiente del día veintidós de junio de 1733.

Nos referíamos a ciertos documentos relativos al pago del Raspeig y a la ermita de San Vicente, para la que los curas de la capilla parroquial de la Colegiata de San Nicolás, a la que pertenecía dicho pago, solicitaron una subvención, para adecentarla y construir una habitación para el sacerdote ecónomo nombrado por el obispo diocesano. El cabildo en sesión del veintidós de junio de 1733, concedió ciento cincuenta libras del producto de la sisa de la carne, pertenecientes a la iglesia colegial.

Sin embargo, no se zanjó ahí el tema. El ocho de enero del año siguiente, esto es, de 1734, insisten los mismos curas propios de la citada capilla y «suplican a la ilustre ciudad alguna ayuda de costas para acabar de finalizar la obra que se hace en la ermita de San Vicente Ferrer», en «el pago del Raspeig». De nuevo el Ayuntamiento, acordó, como en la anterior ocasión, donar otras ciento cincuenta libras, para tal objeto.

Finalmente, el uno de febrero de 1735, el problema aún se encontraba pendiente, por cuanto, una vez más, se repite la misma petición de recursos y con los mismos fines, reiteradamente expuestos. «Y considerando su señoría el beneficio grande que de ello se seguirá a todos los vecinos y moradores de aquel territorio, quienes por la distancia que hay de esta ciudad, experimentan muchas veces el desconsuelo invisible de herir sin sacramentos, cuyo daño se puede evitar, si por medio premeditado, ni este conseguirse sin que primero se repare dicha hermita (transcribimos literalmente, respetando la ortografía de la época), y contigo a ella se haga al mismo tiempo decente habitación para el sacerdote, teniente de cura, que allí ha de residir. Acordaron dar comisión a los contenidos señores don Tomás Prior y Juan y don Antonio Colomina, para que dispongan la ejecución de las obras que juzguen, a este fin importante y que con Memorias firmadas por los dichos señores o cualquiera de ellas tomada la razón, en la forma acostumbrada, se pague su importe de las dos cuartas partes del caudal de dicha sisa perteneciente a la Iglesia colegial, y que de esta resolución se pase certificado a poder del depositario de la ciudad, que lo es también de los expresados efectos de sisa, para que le conste».

Lo curioso es que estas actas del cabildo municipal, las certifica don Juan Guerrero Ruiz, secretario del Ayuntamiento de Alicante, el cinco de mayo de 1933, para remitirlas al juez de primera instancia del distrito norte de esta capital, que estaba instruyendo dos siglos después el sumario 4-1932, por un delito de falsedad. Sumario cuyo contenido por ahora desconocemos. Por ahora, claro.

El nuevo presidente de la Junta de Obras del Puerto ha entrado con ímpetu y dispuesto a revitalizar unas dársenas últimamente hundidas en una precaria actividad comercial. Así sea. La ciudad y su puerto son, históricamente, consustanciales, y no se entiende la una sin el otro, y viceversa.

Ante tan grave situación, el alcalde recurrió a los parlamentarios alicantinos, para que, en la medida de sus posibilidades, influyeran sobre el Gobierno, a fin de que éste «orille las diferencias existentes entre los obreros portuarios y las empresas navieras, restableciendo así el tráfico marítimo de nuestra ciudad, que ya no figura este puerto entre los favorecidos con las consignaciones que para otros se fijan, en el futuro presupuesto de Fomento; que se reserve en él la subvención de cuatrocientas mil pesetas que viene disfrutando (...)». Naturalmente, el alcalde era el liberal Antonio Bono Luque y estábamos, por entonces, en las postrimerías de la Restauración: concretamente en 1919. Una época crítica económica y socialmente considerada, con frecuentes movimientos huelguísticos, a los que ya hemos aludido en más de una ocasión. Pero, por otras razones, expuestas reiteradamente en nuestra prensa actual, la situación portuaria anda igualmente sumida en una delicada postración.

Bono Luque obtuvo respuestas de Torres Sala, Rafael Beltrán, José Francos y Alfonso de Rojas. Todas ellas se conservan en el correspondiente expediente del Archivo Municipal. El diputado De Rojas le dice: «En lo que se refiere a la subvención del puerto de Alicante, el señor ministro de Fomento, a quien visitamos el próximo pasado jueves, el señor Francos y yo, ofreció mantenerla íntegra, aunque pasaran sobre él otras peticiones de otros puertos (…)». Por su parte, el senador Beltrán Ausó, le comunica, el siete de octubre de aquel año, que gestionará todo cuanto esté en su mano, en cooperación con los demás representantes a Cortes de la provincia. Y aunque el citado alcalde también escribió al diputado conservador Manuel Orts Cano, éste o no se pronunció sobre el acuciante problema, o bien no hemos podido localizar su respuesta, en la documentación consultada, acerca de los agobios de nuestro puerto, en aquella coyuntura. Difícil, por cierto. Como ahora. Año 1919, graves dificultades con los transportes ferroviarios y marítimos, en el ámbito de nuestro comercio y de nuestra economía locales.

Frente a las elecciones del dieciséis de febrero que dieron el triunfo electoral al Frente Popular, los ánimos de ambos bandos se crispaban, día a día: unos y otros se lanzaban acusaciones y diatribas. El diario «Más», órgano de la Derecha Regional Agraria, vaticinaba que si en las urnas ganaban los revolucionarios se cometerían, entre otras calamidades, «Reparto de bienes y tierras. Saqueo en forma. Reparto de mujeres». Y de las palabras impresas pasaron a los hechos: enfrentamientos callejeros entre falangistas e izquierdistas, y el atentado contra «El Luchador». El jueves, seis de febrero de aquel año, «El Día», dirigido por Juan Sansano, escribía en sus páginas: «Ayer tarde, un grupo individuos enmascarados, en número de cuatro o cinco, penetraron en los talleres de «El Luchador», pistola en mano, por la puerta recayente a la calle del Cid. Arrojaron líquido inflamable sobre los objetos que allí había, les prendieron fuego y huyeron en automóvil».

Tras las votaciones y con el éxito rotundo obtenido por el Frente Popular, continuaron los disturbios. El veinte del mismo mes y mientras se celebraba una manifestación pacífica para celebrar la victoria abrumadora de las izquierdas y la reposición del Ayuntamiento presidido por Lorenzo Carbonell, se desató la violencia de algunos grupos exaltados que perpetraron desatinos contra la sede de la Derecha Regional Agraria y otros partidos políticos, así como contra las instalaciones y dependencias de algunos periódicos derechistas: «Más», «Diario de Alicante» y «El Día». Precisamente este último noticiaba: «Ardieron libros, muebles, cuadros, documentos históricos, colecciones de misivas y algunas obras de arte, entre las que figuraban cuadros de Buford, Escrivá y Parrilla, un busto del director Juan Sansano, obra del escultor José Felipe Hidalgo… Los talleres fueron devastados; las máquinas derrumbadas y deshechas a golpes. Una verdadera infamia, obra de los nuevos bárbaros, que saben de antemano cuándo pueden escapar a toda responsabilidad. No pertenecen a ningún partido político, porque donde estén son un escarnio (…)». El periódico después de sufrir tan salvaje ataque, tardó en reaparecer. Lo hizo el miércoles, uno de abril de 1936. La misma tarde de los turbulentos sucesos también fueron objeto del vandalismo algunas iglesias: la Misericordia, San Nicolás y Santa María.

Síntomas inequívocos de lo que meses después sería un brutal enfrentamiento civil armado. Síntomas que nunca jamás pueden ni deben repetirse. La lección fue dura y amarga.

Los movimientos huelguísticos y revolucionarios de octubre de 1934, ya han ocupado varias de nuestras cotidianas columnas. Pero el hallazgo de nuevos documentos, nos llevan a insistir en tan tensa época. El día seis de aquel mes, el general de la Tercera División Orgánica de Valencia don Francisco Llano Encomienda, publicó un bando, por el que se decretaba el estado de guerra en «los territorios que a los efectos de justicia comprende esta división (provincias de la Valencia, Alicante, Castellón, Murcia y Albacete).

Al día siguiente, el general de brigada don José García Aldave y Mancebo, comandante militar de Alicante, hacía lo propio refiriéndose a nuestra ciudad y provincia. Era un bando de medidas tan extremas que hasta las bicicletas resultaban subversivas y consecuentemente, como el resto de los vehículos, quedaban incautadas. El bando se remitió a las alcaldías de todas las poblaciones para que lo expusieran en los lugares públicos. Incluso, se envió a Villafranqueza. En nota marginal al oficio de la comandancia militar, se dice: «Comuníquese que Villafranqueza corresponde a este término (al de Alicante) y será fijado por el pedáneo a los efectos del conocimiento del vecindario». Nuestro Ayuntamiento notificó al general García Aldave que Villafranqueza figuraba, por aquel entonces, como partida rural.

El Ayuntamiento que presidía don Lorenzo Carbonell quedó en suspenso y el propio alcalde con varios concejales fueron detenidos, como ya hemos escrito. El consistorio no celebró sesión del cinco de octubre al veinte, en que se nombró una comisión gestora municipal de la que fue elegido presidente don Alfonso Martín de Santaolalla y Esquerdo. Aunque en esos quince días, figuró como alcalde don Nicolás Lloret, según expedientes donde se recogen los nombres de los alcaldes o tenientes de alcalde en funciones, desde el dieciséis de abril de 1931 al veintisiete de mayo de 1935, y que figura en el legajo consultado por nosotros recientemente.

En el mismo, figura una comunicación del Ayuntamiento al comandante militar que reproducimos literalmente: «A los efectos que procedan tengo el honor de poner en su superior conocimiento que según me informan en este momento, la una y cuarenta y cinco minutos del día de hoy, diez de octubre de 1934, el alcalde pedáneo de la partida de Villafranqueza, anoche fue amenazado el propietario del horno establecido en aquella partida, don Juan Santamaría, de que, si continuaba elaborando pan con los dos trabajadores que tiene a sus órdenes, le pegarían fuego al establecimiento». El horno no estaba para bollos.

Así lo vio el catedrático de Geografía e Historia de la Escuela Normal de Alicante, y director de la misma durante el periodo de 1931 a 1934, desde la Concejalía de Cultura que ocupó en el primer Ayuntamiento alicantino, de la Segunda República Española. Don Eliseo Gómez Serrano describió la situación de la Enseñanza Primaria en nuestra ciudad, con la competencia, integridad y sinceridad que siempre le caracterizaron. El espectáculo docente era ciertamente desolador, en nuestro municipio.

En el informe que elaboró el señor Gómez Serrano, con toda solvencia, se recogen algunos datos que evidencian el abandono y desinterés de las clases dominantes y de la dictadura primorriverista, por la educación pública. En septiembre de 1931, según el referido informe, había tres mil cuatrocientos párvulos, de tres a seis años, a los que tan sólo podían atender dos maestros. Y un total de once mil novecientos niños y niñas, en edad escolar, de seis a catorce años, para cincuenta maestros y maestras. «Cuando a razón de cincuenta alumnos como máximo, para escuela o grado, requerirían doscientos treinta y ocho maestros y maestras».

En cuanto respecta a la cuestión de alojamiento manifestó que era notorio el estado antipedagógico de los edificios-escuelas, «verdadero baldón para la ciudad», sin más que algunas escasas excepciones. «Sólo la consideración de peor daño que supondría la clausura de tales zahúrdas, ha detenido, hasta ahora, la justa ira de la Inspección de Primera Enseñanza». En su opinión, fruto de un minucioso estudio de la realidad, faltaban veintitrés grupos escolares y una Escuela Normal única para maestros y maestras. Don Eliseo Gómez Serrano propuso también que se construyeran edificios para escuelas unitarias, con su vivienda para el maestro, en Tabarca, Santa Faz, Bacarot, Cañada, Moralet y Rebolledo; e igualmente para escuelas mixtas, con vivienda, en La Alcoraya, Monnegre, Verdegás y Vallonga. En su informe, que aquí sumaríamos por razón de espacio, significó la necesidad de que todos los grupos estuviesen dotados de comedor escolar y servicio de cantina. El presupuesto estimado era de nueve millones y medio de pesetas. El proyecto recibió una favorable acogida por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y por el director general de Primera Enseñanza, a quienes el Ayuntamiento, en sesión del veintitrés de septiembre de 1931, acordó solicitar con urgencia una ayuda en la cuantía del cincuenta por ciento de la construcción de los edificios escolares.

El bueno de don Eliseo fue fusilado por los franquistas el cinco de mayo de 1939. La cultura y la instrucción, para algunos, son peligrosas.

Por supuesto, los periódicos del 13 de abril de 1931, ya anunciaron el dilema: o monarquía o república, se había resuelto a favor de esta última. Las elecciones municipales, y ya está dicho y repetido, constituyeron un auténtico plebiscito. En «El Luchador» de aquel día, por ejemplo, Carlos Esplá escribe que el doce se había proclamado la República: y en el «Diario de Alicante» se podía leer: «(...) hoy, día trece, si no de hecho, moralmente ha quedado proclamada la República en España».

Pero, ¿qué persona o personas la proclamaron desde los balcones del Ayuntamiento de Alicante? En el citado diario «El Luchador» (15-4-31) se dice: «Ayer, en el preciso instante en que Guardiola Ortiz y Ors Pérez, al frente de una multitud tumultuosa y admirablemente ordenada proclamaban, desde los balcones del Ayuntamiento, la República en Alicante (...)». En algunas publicaciones se afirma que numerosos alicantinos partieron, sobre las tres y media de la tarde, desde el Círculo Republicano de la calle de San Fernando, en manifestación hacia el Ayuntamiento, donde se izó la bandera tricolor. A las tres, la radio difundió la noticia de la proclamación de la República en Barcelona. Así lo recoge también el profesor Juan Martínez Leal, en su trabajo «La II República (1931-1936)», correspondiente a uno de los capítulos de la «Historia de Alicante».

Sin embargo, no se puede soslayar algunas dudas: ¿era la bandera tricolor? Ya hemos escrito en esta misma columna, que el alcalde de Villafranqueza en escrito dirigido al ministro Marcelino Domingo, afirma que en el pueblo «se conserva como sagrada reliquia la bandera que sirvió para proclamar la Primera República, la que ondeó triunfalmente en este pueblo y en la capital el día catorce de abril (...)». Recientemente, hemos recibido una amable carta, desde Toulouse, de don José Ramón y Mena, en la que nos hace varias y notables observaciones que le agradecemos públicamente. En una de ellas manifiesta que «la manifestación que se formó el catorce de abril para ir al Ayuntamiento a proclamar la República, no salió del centro republicano de la calle de San Fernando (que era la sede del Partido Radical Socialista, de cuyas juventudes fui fundador), sino de los locales de Alianza Republicana, ubicados en la calle de Bilbao. La bandera fue la que utilizábamos todos los años, el ocho de marzo, en la manifestación homenaje a los llamados Mártires de la Libertad.

La proclamó, rodeado de un grupo numeroso de correligionarios, mi tío Pascual Ors Pérez (al que el anterior mencionado gallego -se refiere a Franco, claro- hizo morir en la cárcel de Porlier, en Madrid, y atestiguado queda en una fotografía hecha por Paco Sánchez, la cual fija la hora marcada por el reloj de la Torre del Ayuntamiento: las 3.35). Sólo una población española nos aventaja: "Eibar"». Pues a investigar más.

«¡Palamoneros! Ahora que la lucha se acerca y las elecciones os llaman a cumplir por vuestro deber votando por la República, unos sicarios de la reacción han hecho circular una hoja hipócrita que firma una anónima comisión (...)». Tal era el primer párrafo de un llamamiento a los vecinos del aún pueblo de Villafranqueza, que formulaba la directiva de la Juventud Republicana de aquel lugar, a últimos de marzo de 1931.

No hemos conseguido obtener la calificada de «hoja hipócrita», que atribuían al caciquismo y sus secuaces «que odiamos y no vamos a detener nuestra marcha, porque unos perros nos hayan salido al camino». Y concluía: «El pueblo de Villafranqueza republicano de abolengo, cimentado con huesos de mártires que supieron morir al grito de libertad, no puede olvidar a sus antepasados, y ahora más que nunca vota la República».

Efectivamente, la votó mayoritariamente aquel lluvioso doce de abril del citado año: unas elecciones municipales que, sin embargo, liquidaron la monarquía e instauraron la Segunda República española. «El Luchador» correspondiente al veintiuno del mismo mes noticiaba que «todo el pueblo de Villafranqueza acudió a la toma de posesión del nuevo Ayuntamiento». Una vez cumplidas las formalidades y emitidas las papeletas para la elección de los cargos, resultaron elegidos Antonio Maciá Segarra, para alcalde; José Guijarro Morote y Máximo Espinosa, para primer y segundo teniente de alcalde, respectivamente; y Agustín Santana Sogorb, para depositario. El nuevo presidente de la corporación se dirigió a los asistentes: «En nombre del gobierno provisional de la República os saludo. Vengo a ocupar este cargo por vuestra voluntad y procuraré hacer justicia en todo, aunque al hacerla me tenga que ver privado de la amistad de alguno de vosotros. Vengo aquí a exigir responsabilidades a los malos administradores, pues culpa de su proceder ha sido el que nos anexionáramos a Alicante (el proceso de agregación aún estaba en marcha), hermosa ciudad que ha sentido fervorosamente nuestros propios ideales. Yo he sido siempre republicano (…)».

El mismo alcalde Antonio Maciá Segarra se dirigió en instancia del catorce de junio de 1931, a Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública, para solicitar, entre otras cosas, la construcción por cuenta del Estado, de un «grupo escolar de cuatro secciones y una para párvulos». En el preámbulo de la reveladora instancia, dice: «El pueblo de Villafranqueza, liberal por excelencia, definitivamente republicano desde tiempo inmemorial (...). Único en España que conserva como sagrada reliquia la bandera que sirvió para proclamar la Primera República española la que ondeó triunfalmente en este pueblo y en la capital, el día catorce de abril (...)». Datos y testimonios, en fin, que ratifican el republicanismo de El Palamó, ya con cuatrocientos años largos de existencia.

La dinámica del movimiento obrero previa a la desaparición física del dictador y tras su muerte (huelga general, en Alcoy, en enero del 74, y de los asalariados de la industria juguetera de Ibi; paros y protestas de los PNN's de los institutos alicantinos; conflictos de la Telefónica; reivindicaciones y movilizaciones en Elche, en Crevillente, en Callosa de Segura), confirma, una vez más, la madurez de la clase trabajadora y su decidida voluntad de implantar un sistema democrático. Simultáneamente, se acentúan las medidas represivas: sanciones, detenciones y cargas de las Fuerzas de Orden Público. En ocasiones, tan desmedidas y violentas que, en una de ellas, en Elda, el veinticuatro de febrero de 1976, cayó abatido el joven Teófilo del Valle Pérez. Era la primera víctima de aquel año, la primera del postfranquismo. La «Gaceta del Derecho Social», de Madrid, concluía así la trágica noticia: «Mientras unas doscientas personas realizaban una asamblea en una iglesia del barrio en construcción, y sería al salir de la misma, cuando se encontrarían con varios vehículos de la Policía que pasaban frente a ellos. Se lanzan piedras al último coche. Sus ocupantes bajan y disparan...».

Una nota del gobierno civil interpreta los hechos a su manera, como ya resultaba habitual, e incluso se apela, inútil y anteriormente, al descrédito personal. Pero la estratagema no prospera. Más de veinte mil personas acompañan al féretro hasta el cementerio. Luego, huelga general en Elche, en Elda, en diversos lugares. Para el siguiente domingo, El Consell Democràtic y la Junta Democràtica convocan, en Alicante, una manifestación de solidaridad y solicitan la dimisión del gobernador civil. Manifestación que, por supuesto, será reprimida con todo rigor. A lo largo del País Valenciano se llevan a cabo actos de protesta, mientras una comisión ciudadana exige el esclarecimiento y las responsabilidades de aquel turbio suceso que costó la vida a un joven trabajador.

Un año y siete meses, después de celebradas las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977, otro joven, militante de la libertad, también sería víctima de un brutal atentando perpetrado por un pasado fascista y viscoso que se negaba a renunciar a la sangre y a la barbarie. Miguel Grau cayó mortalmente herido, en la plaza de los Luceros, cuando con otros compañeros anunciaban la Diada del País Valencià.

El condenable y condenado crimen ocupará una de nuestras crónicas, en esta misma columna.

En nuestra busca cotidiana de aspectos poco conocidos o desconocidos de nuestra ciudad en nuestro Archivo Municipal, y gracias a la eficaz colaboración de funcionarios/as, «Una relación de hechos ocurridos en la Escuela Normal de Magisterio Primario de Alicante, durante el dominio rojo». El 18 de julio de 1936 era director de la misma don Manuel Sala Pérez, por orden ministerial del 8 de marzo de 1934. Sala Pérez fue detenido y encarcelado el 3 de agosto de 1936, y el 31 de aquel mismo mes el Frente Popular destituyó a la secretaria del Centro, señorita Capellín Pascual. «La nómina del personal, correspondiente y percibidos los haberes por los interesados el 3 de agosto, llevaba una nota del entonces gobernador civil, Valdés Casas, que decía: "Páguese a todos, a excepción de Manuel Sala, que en septiembre se hará la depuración"».

Siempre según el documento, se hizo cargo de la dirección accidentalmente don Aureliano Abenza Rodríguez, por ser el más antiguo y de mayor categoría administrativa, hasta el 31 de agosto que fue cesado igualmente por el Frente Popular. El veintiuno de septiembre fue nombrado para asumir el cargo «una persona en absoluto ajena al centro, un tal Juan Iniesta Cuquerella, significado marxista (por entonces delegado del Ministerio de Instrucción Pública), quien cedió el paso nuevamente a la señorita Ruiz Vallecillo, el 30 de noviembre de aquel 1936», quien, alegando motivos de salud, renunció a la dirección de la Escuela Normal, y el 20 de diciembre de 1938, tomó posesión «como encargado de la dirección, según los propios términos de su nombramiento, don Eliseo Gómez Serrano, quien al ser elegido diputado a Cortes, el 16 de febrero de 1936, y en virtud de la ley de incompatibilidades, había quedado excedente de su cátedra, hasta que la recuperó por ley del catorce de octubre de 1937.

«Cuando se efectuó la gloriosa liberación de Alicante, el señor Gómez Serrano fue requerido por el director que suscribe, para que le hiciera entrega del Centro». El primero de abril de 1939, Eliseo Gómez Serrano, acompañado por el firmante de la citada relación y el profesor numerario destituido por los rojos, don Juan Nicolau y Berenguer, entregó la llave de la mesa de dirección, y llamó al personal subalterno y administrativo «para ponerlo a las órdenes del director legítimo». Gómez Serrano se comprometió a entregar al Centro el lunes día 3, pero el dos fue detenido «y el director que suscribe tuvo que hacerse cargo de la Escuela Normal». El documento de gran interés y extensión está firmado el 6 de diciembre de 1939, por don Manuel Sala Pérez, naturalmente. Don Eliseo Gómez Serrano fue fusilado por los franquistas en la madrugada del cinco de mayo de 1939.

A mediados de septiembre de 1923, el rey Alfonso XIII confiaba el poder al general jerezano don Miguel Primo de Rivera. Ya sabemos que una de las primeras medidas del dictador fue disolver los ayuntamientos y sustituirlos por juntas gestoras. En este espacio habitual de nuestra crónica, ya hemos escrito cómo se produjo tal recambio en nuestra ciudad. Lo mismo sucedería en las localidades de la provincia. En Villafranqueza, por ejemplo. En Villafranqueza que clausura, ya en breve, los actos conmemorativos de su cuatrocientos aniversario.

En Villafranqueza, en El Palamó, los hechos se produjeron de manera fulminante y un tanto rocambolesca. El uno de octubre de aquel año, se presentó en la Casa Consistorial, el teniente jefe de la Línea de la Guardia Civil, en la capital, don José Pérez Moya. Don José Pérez Moya tenía órdenes de incautar los documentos y fondos del municipio. De manera que se procedió con diligencia. Allí estaban el alcalde constitucional, don Francisco Soler Sogorb, el secretario, don Luciano Pérez Gisbert, el depositario, don Vicente Gomis Segura y el interventor, don Manuel Alcaraz Asensi. No hubo protocolos. El oficial de la Benemérita fue derecho al grano. Así, pues, en primer lugar, se procedió a llevar a efecto un arqueo de carácter extraordinario que dio un resultado de existencia en las arcas de ochocientas ochenta y nueve pesetas con cinco céntimos, «de ellas, una moneda de dos pesetas que es de plomo y que según manifiestan data desde hace tiempo», como se recoge literalmente, en la correspondiente acta de incautación, firmada en la fecha señalada, por todos los presentes.

Además de los dineros, de los que se hizo cargo el citado teniente, se confiscaron igualmente, los documentos que se relacionan: borrador de ingresos y borrador de gastos; libro de actas de arqueo; libramientos del año corriente y libro auxiliar de ingresos y gastos; cuaderno especial de actas de sesiones de quintas; y libro de actas de sesiones del Ayuntamiento, «que empieza en la sesión ordinaria del día dieciséis de julio de 1992, y termina en la sesión supletoria del veinticinco de septiembre próximo pasado».

Al día siguiente, regresó a Villafranqueza el teniente y levantó acta de presentación y entrega, en cumplimiento de la orden del señor general gobernador civil de la provincia y se devolvieron los dineros y documentos reseñados al nuevo «Ayuntamiento constituido el día de ayer, en cumplimiento al real decreto de treinta de septiembre último». En el acta de entrega consta escrupulosamente que entre los caudales devueltos había una moneda de dos pesetas de plomo. Todo un detalle.

Los vecinos de Villafranqueza, «el primer pueblo republicano de la provincia», como señalaba «El Luchador», ofrecieron una magnífica lección de tolerancia y solidaridad en mayo de 1931, cuando el día once se desató una oleada de anticlericalismo desenfrenado en toda España, y alcanzó en nuestra ciudad límites ciertamente impensables. Como ha señalado más de un historiador la identificación Iglesia clase dominante provocó, sin duda, un estallido de pasiones incontroladas y, en absoluto racionales.

Fruto de aquel malhadado día, ardieron en Alicante hasta diecinueve edificios religiosos: los colegios de los Salesianos, de los Maristas, de los Franciscanos, los conventos de las Oblatas, de las Capuchinas, de las Monjas de la Sangre... Y no sólo edificios religiosos, sino también medios de información, como apunta Tuñón de Lara: «En algunas provincias, la cólera popular, más lúcida, se descargó con mayor fuerza contra los periódicos representantes de la oligarquía: "La Verdad" en Murcia, "La Voz de Levante", en Alicante (…)».

Contrasta con esta jornada caótica, el comportamiento observado por los habitantes de El Palamó. Por la noche, una treintena de religiosas oblatas y educandas llegaron aterrorizadas al vecino pueblo, sin saber muy bien qué camino tomar y dónde buscar refugio seguro. Según el citado diario republicano, llegaban allí con el miedo metido en el cuerpo, «dado el falso concepto de hereje que siempre propagaron los cavernícolas católicos, con respecto a Villafranqueza».

De madrugada, el vigilante y el propio alcalde de El Palamó -por aquel entonces en trance de agregación al municipio alicantino- percibieron en la madrugada del lunes once, al martes doce «un rumor de colmena que los alarmó». Poco después, localizaron al grupo de religiosas, a quienes, por el momento, alojaron en una casa del pueblo, con mucho sigilo, al objeto de soslayar previsibles crispaciones. Luego, dieron cuenta al gobernador civil de la situación de aquellas mujeres. Para resolverla, se gestionó cerca «de algunas familias de la capital que blasonaban de catolicismo», para que se hicieran cargo de las mismas. Pero las gestiones lamentablemente fracasaron. Así las cosas, el alcalde palamonero recurrió a sus propios conciudadanos, quienes albergaron en sus propias casas a monjas y jóvenes educandas, brindándoles la hospitalidad que otros les habían negado. «Esta verdadera profesión de caridad cristiana -concluye "El Luchador"- la ofrecemos como ejemplo a los que llevados de su cerril intransigencia, a los que alardeando de una religiosidad que no sienten, menospreciaron y escarnecieron siempre a los bondadosos ciudadanos del primer pueblo republicano de la provincia». Un hermoso ejemplo de tolerancia. Dicho por demostrado, queda.

Consta en acta municipal, la sesión del todavía Ayuntamiento de Villafranqueza, presidida por el primer teniente de alcalde, don Agustín Guijarro Santana, la solicitud y firma de la mayoría absoluta de los vecinos de Villafranqueza para que ésta fuera agregada a Alicante, «a condición deque en caso de ser admitida dicha solicitud por el Ayuntamiento de Alicante, considere a este pueblo como los demás barrios de dicha capital (...)».

Consta igualmente, en la memoria del Ayuntamiento alicantino 1931-1932, el proceso de anexión que se cierra con la publicación de la misma, en la «Gaceta de Madrid», correspondiente al 28 de abril de 1932. En la memoria se dice: «A fines del año 1929, se interesó del Ayuntamiento de Villafranqueza en instancia suscrita por 248 vecinos, la anexión de aquel municipio al de Alicante, cuya instancia fue llevada a la sesión del Ayuntamiento pleno de aquella villa, en 3 de febrero de 1930, acordándose por unanimidad en sentido favorable a la demanda del vecindario». En esta misma memoria se refleja la procedencia de celebrar un referéndum, «para que aquel vecindario de un modo libre y democrático, expresara su decidida voluntad de anexionarse o no a Alicante». El referéndum se llevó a cabo -según el documento de referencia- el día 24 de aquel mismo mes, «según expediente original que remitió el Concejo de Villafranqueza al de Alicante, por cuyo resultado se comprobó la decidida inclinación de aquel vecindario a la fusión, hasta el extremo de ser conformes a la anexión los 212 sufragios emitidos».

Antes de resolverse esta fusión, el alcalde republicano de El Palamó salido de las urnas el 12 de abril de 1931, don Antonio Maciá Segarra, en un escrito dirigido al ministro don Marcelino Domingo, y del que dimos cuenta recientemente, y con fecha del 14 de junio de 1931, le pide que «por el Ayuntamiento de Alicante se lleve a la práctica el acuerdo tomado el pasado año de anexionar a la capital este pueblo, acuerdo que, al parecer, ahora, no está dispuesto a cumplir, excusándose en que se debe esperar el resultado de la legislación de las Constituyentes, para obrar en consonancia (…)». Le pide también y muy justamente, que la compañía de «Tranvías y Electricidad» de Alicante cumpla sus compromisos de construir un ramal que una el pueblo con la capital. Y pide «que la Compañía Telefónica Nacional, instale una central y podamos tener comunicación con Alicante y el resto de España».

En torno a este proceso de anexión no se pueden evitar ciertas razonables suspicacias y menos aún ocultar el hecho de una sistemática y ya dilatada marginación de El Palamó. ¿Alguna mano negra e interesada?

¿Qué bandera fue la que se izó en nuestro Ayuntamiento, el 14 de abril de 1931, cuando se proclamó la Segunda República? ¿Fue ciertamente la bandera tricolor, como aseguran diversos historiadores, o fue la bandera con la que ya se había la Primera República el 11 de febrero de 1873? Recientemente, hemos dejado constancia aquí del testimonio de un corresponsal, residente en Toulouse, quien manifestaba que la enseña que ondeó aquel jubiloso día era la misma que se solía llevar habitualmente en el anual homenaje a los mártires de la libertad.

Por su parte, el alcalde de Villafranqueza, don Antonio Maciá Segarra, en instancia dirigida a Marcelino Domingo, a la sazón ministro de Instrucción Pública, afirmaba en uno de sus párrafos y refiriéndose a su pueblo «único en España que conserva, como sagrada reliquia la bandera que sirvió para proclamar la Primera República española, la que ondeó triunfalmente en este pueblo y en la capital el día 14 de abril (...)».

En las fotografías de aquella efemérides que hemos tenido ocasión de observar minuciosamente, la enseña en efecto parece de un solo color, aunque puede tratarse de un efecto óptico o bien del pliegue de la misma que ofrecía una sola de sus franjas.

Hay otros datos interesantes: a raíz de la insurrección popular de septiembre de 1868, el sastre Tomás Carratalá cosió una bandera de color rojo, en cuyo centro aparecía bordado en negro, la siguiente leyenda: «Club Republicano Federalista». De las vicisitudes de éste, ya dejamos constancia en nuestra crónica diaria, pero recuperamos de la misma el siguiente fragmento: «En 1881, con motivo de la visita a Alicante de Francisco Pi i Margall, prohibió que se utilizara (la dicha bandera), para evitar diferencias entre los republicanos, y se la confió a Pedro Albert Linares, a quien dijo que sólo la entregara al Ayuntamiento de la ciudad, cuando de nuevo hubiera República. A la muerte de Albert Linares, la recibió su hijo Miguel Albert Botella. En cumplimiento de la promesa hecha a Pi i Margall, el nieto de Albert Miralles, José Papí Albert hizo entrega dela misma al alcalde popular don Lorenzo Carbonell Santacruz, como así consta en el acta oportuna, pero el 16 de abril de 1931, con lo que parece muy improbable que fuera la que se izó en nuestro Ayuntamiento.

Un decreto de la Presidencia del 27 de abril de 1931, determina que la bandera «estará formada por tres bandas horizontales de igual ancho, siendo roja la superior; la central amarilla, y morada y oscura la inferior». ¿Fue ésta, pues, la bandera que se izó en el Ayuntamiento en tan señalada fecha?

El trienio liberal (1820-1823), concluyó lamentablemente el día seis de noviembre de 1823, cuando don Joaquín de Pable Chapalangarra aceptó la capitulación de nuestra ciudad, en los términos más honorables que pudo negociar, y que quedó sometida de nuevo al absolutismo de Fernando VII, una vez disuelto el gobierno constitucional de la nación. El documento está firmado por el vizconde Doullon de Doué comandante de las tropas francesas acantonadas en Elche y aliadas del llamado «rey Felón» y por el citado general y comandante militar de nuestra ciudad, señor Chapalangarra.

Habrá que convenir que los franceses, según toda la bibliografía y documentación consultadas, respetaron los nueve artículos del convenio para la entrega de la plaza y fuertes de Alicante. «Fuerza es confesar -afirma Nicasio Camilo Jover- que los franceses respetaron el hogar doméstico y cumplieron con hidalguía las condiciones estipuladas en la capitulación de la plaza; durante su corta permanencia en ella procuraron, como se ve por documentos que hemos reproducido, mantener el orden, y trataron al vecindario con la mayor deferencia posible (...)». Los alicantinos de aquel tiempo sólo supieron lo que valía un peine, cuando llegó a la ciudad el brigadier don Pedro Fermín de Iriberry, con el nombramiento real de gobernador militar y político, debajo del brazo.

Acerca de tan funesto señor, ya nos hemos referido en otras ocasiones. Recordamos, sin embargo, que bajo su mandato se inició en nuestra ciudad una feroz represión: detenidos y presos cientos de alicantinos, en tanto los atropellos y allanamientos de viviendas eran una práctica común. Durante su gobierno, tuvo lugar, el desembarco, en Guardamar, de don Antonio Fernández Bazán y un escaso centenar de liberales que fueron perseguidos y acosados por las tropas realistas, y apresados finalmente los que habían logrado sobrevivir. Todos ellos fueron ajusticiados en Alicante y Orihuela. A Fernández Bazán lo ejecutaron, en esta última localidad, el cuatro de marzo de 1826. El gobernador Iriberry era despótico e implacable.

Por fin, el treinta de noviembre de 1832 don Pedro Fermín Iriberry fue sustituido al frente del gobierno por el mariscal don Mateo Ramírez. Sin embargo, durante los nueve años de su mandato, Alicante estuvo sumida en un estado de postración difícil de olvidar. Fue ciertamente un personaje impopular, cruel y abominable.

Unos recientes documentos que nos han llegado de mano de la Asociación de Vecinos de Villafranqueza «El Palamó», nos informan de que ésta fue fundada por don Pedro Franqueza, secretario de Felipe III y hombre de confianza de su valido el duque de Lerma. Don Pedro Franqueza, que, conocedor de la construcción del pantano de Tibi, compró en los años 1590 al 1594, una porción de fincas rústicas en el término de Alicante, «entre la que se encontraban las heredades llamadas de los Palomons de Arriba y de Abajo, en las que construyó el lugar que lleva su nombre». En la crónica del deán don Vicente Bendicho, como reseñamos en esta misma columna («La Gatera», 8.3.95), se escribe al respecto: «En el principio fue la heredad de don Baltasar Vidaña, abogado de la ciudad y su síndico en las Cortes del año 1585, de quien la compró, con otras más, don Pedro Franqueza, secretario del Supremo Consejo de Aragón y después conde de Villalonga, que fundó a Villafranqueza, edificándole cuarenta casas, aunque no hay tantas». Ni en la crónica de Bendicho (siglo XVII) ni en la de los jesuitas de Juan Bautista López Maltés y don Lorenzo López (siglo XVIII) se cita el año de esta fundación. La crónica de Viravens, sin embargo, nos ofrece un dato contradictorio: «Las obras (se refiere a las del Pantano de Tibi) estuvieron abandonadas hasta 1589, en que don Pedro Franqueza, conde de Villalonga y señor de Villafranqueza agitó la idea de proseguirlas». Más bien nos parece que surgió la construcción antes de adquirir las referidas fincas y de levantar el caserío constituido después en villa, a la que Felipe III, le concedió los honores de Villa Real y le otorgó -siempre según el citado historiador local- jurisdicción propia en lo criminal. «Este pueblo fue confiscado por el Estado -afirma en uno de sus párrafos-; pero el año 1600 lo recuperó con título de condado don Martín Franqueza, hijo de don Pedro, quien habitó la casa palacio que aún existe en la plaza» (la Crónica de Viravens se publicó en 1876).

Pero es en 1595, cuando don Pedro Franqueza concedió poder a don José de Ávila y Aguilera; y éste el tres de enero de aquel mismo año ya otorgó, en censo enfitéutico (el dominio útil mediante el pago de un canon anual) treinta y dos tahúllas y una casa, en las partidas dels Palomóns y dels En Seguíns, a Joan de Sentana, era el primer colono. De inmediato, llegarían hasta veintisiete más.

Trescientos años después, en 1895, desaparecerá de hecho el señorío fundado por don Pedro Franqueza, a raíz de una sentencia judicial que absolvía al pueblo del pago «de las pensiones y prestaciones de los censos enfitéuticos» a don José María Ramón Martínez de Pisón y Martínez de Medinilla, marqués de Ciriñuela y conde de Cirat y Villafranqueza. Finalmente, el término municipal se agregó al de Alicante, según publica la Gaceta de Madrid, el 28 de abril de 1932: un barrio de la capital.

Hacia 1802, nuestra ciudad contaba con 9.397 habitantes que vivían en un total de 3.056 casas. En el recinto urbano se contabilizaban un total de 1.462 edificios, incluyendo los almacenes comerciales. Naturalmente estaban los arrabales de San Francisco y San Antón, el primero con 499 vecinos y 387 casas, y el segundo con 795 y 896, respectivamente, a cuyos efectivos habría de sumarse los barrios de Santa Cruz y San Roque, con un total de 1.175 casas y 1.148 vecinos; y la Villavieja y el Raval Roig con 387 casas y 499 habitantes. Estos datos los tomamos del estudio del profesor Antonio Ramos Hidalgo «Evolución urbana de Alicante».

Sin embargo, en 1814, estas cifras habían descendido considerablemente. En un informe realizado por el arquitecto, «director de los reales caminos de esta gobernación y único titular del Ilustre Ayuntamiento», don Antonio Jover, fijó en 2.460 casas, 201 almacenes y 6 mesones «que forman la ciudad». Ciudad que tenía un total de 77 calles y 11 plazas. El arquitecto, por encargo del Ayuntamiento, realizó el expresado informe a efectos de aplicar la contribución directa.

Por cierto, que el señor Jover, «suplica que se le entreguen los 3.000 reales de vellón que tiene cumplidos y satisfechos, habiendo ocupado el recurrente muchos días y trabajos, para la demostración cierta de las casas y almacenes que tiene presentado en la certificación y espera de la rectitud de VS. se le señale lo que estime conveniente a lo practicado. Sus deseos sólo se originan en que se tengan en consideración sus trabajos». Esta instancia del arquitecto titular se entregó al regidor Esteban Pastor el 26 de agosto de 1814, quien afirmó que «efectivamente quedó concluida a toda satisfacción consumiendo bastantes días y por lo tanto podía afirmar la certeza que manifestó Jover en cuantos a tales extremos». Los 3.000 reales reclamados correspondían a las entregas que el propio arquitecto había hecho a escribanos y maestros que tomó para que le ayudasen a practicar el justiprecio de casas y almacenes que ascendió a 98.479.400 reales de vellón.

La diferencia en el número de casas entre 1802 y 1814 se deben, sin duda a la fiebre amarilla, a la emigración y a los efectos de la Guerra de la Independencia.

En la actualidad, el número de edificios de Alicante es de 24.252, en 1990, con un total de 131.940 viviendas, y el censo de población correspondiente a 1991, de 265.475 habitantes, en tanto la rectificación del mismo correspondiente a 1995, asciende ya a 276.526, según datos que nos han facilitado, con su habitual diligencia los servicios de Estadística municipal.

No se cierra la ya penosa polémica acerca de la nueva Universidad. De la observación atenta de este debate abierto, se deduce que hay algo más: un pulso improcedente de ciertos poderes políticos contra los intereses académicos. Según las últimas informaciones aparecidas en este mismo diario, los votos rectorales sobre el proyecto de Elche no fueron si no papel mojado, para el Consell valenciano, que sí valoró los votos políticos, como si en el futuro centro de enseñanza superior se fueran a conceder las titulaciones de president y consellers, para profesionalizar una función que le corresponde, en exclusiva, al ejercicio popular y democrático del sufragio. Ahora, la Conferencia de rectores de España han recurrido a la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, para que convoque un pleno y, se resuelva de una vez por todas el enojoso asunto.

En 1822, cuando lo del trienio liberal, la provincia de Alicante ya se quedó sin Universidad y no precisamente por tensiones y pretensiones de camarillas interesadas en imponer sus criterios, sino por una cuestión de prioridades, de necesidades básicas. Por aquel entonces, nuestro Ayuntamiento estaba «deslumbrado por el prestigio lisonjero de la capitalidad, con que tan justamente había sido designado por las Cortes». Y, como le comunicó el veinticuatro de marzo del citado año al jefe político superior de la provincia de Valencia, ni la ciudad ni su Ayuntamiento iban a regatear esfuerzo ni sacrificio alguno encaminados a contribuir al progreso. Por todo ello, se abrió un periodo de estudio y meditación, con objeto de encontrar el edificio más adecuado «para la creación de la Universidad de la provincia y de los establecimientos de la Beneficencia Pública».

Sin embargo, la escasez de fondos y la urgencia de instalar escuelas de primera enseñanza determinó el hecho, de que el convento de los dominicos, que parecía muy a propósito «para erigir en él la precitada Universidad», de acuerdo con el dictamen del académico y arquitecto titular de Alicante, fuera destinado a tales fines, en tanto se disponía de los recursos necesarios para ejecutar el proyecto de don José Cascant. Además, el conflicto más acuciante radicaba, por aquel entonces, con el establecimiento de la Casa de Maternidad, para acoger en ella los «muy cerca de doscientos expósitos, víctimas de la desnudez y de la miseria».

Pero con la llegada nuevamente del absolutismo, se fue al traste aquella aspiración. Entonces, todo se quedó en una Universitat cremada. ¿Y ahora?, ¿el campus es para los juicios de Dios y los torneos caballerescos o para las actividades académicas? A ver.

Oficialmente, el Banco de Alicante se fundó el 17 de diciembre de 1964. Una orden de esa fecha autorizaba su creación, al amparo de lo dispuesto en el decreto 1312/1963 y orden ministerial del 30 de noviembre del mismo año. La petición la formuló don José Albert Lledó, en su propio nombre y en nombre del resto de los promotores de la citada entidad. En el Boletín Oficial del Estado, número 310, correspondiente al 26 de diciembre de 1964, entre otras consideraciones, concluye: «Este Ministerio, a propuesta del Banco de España, oído el Consejo Superior Bancario y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo primero del decreto de 5 de junio de 1963, ha tenido a bien disponer; queda autorizada la creación de un banco comercial, con la denominación del Banco de Alicante, en las condiciones y con los requisitos deducidos de la solicitud, y debiéndose efectuar el total desembolso del capital fundacional precisamente en metálico y en el acto de la constitución del banco (...). El banco que se autoriza deberá dar comienzo a sus operaciones en el plazo de tres meses, a partir de la fecha de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial del Estado (...)».

En la memoria del Banco de Alicante del ejercicio 1965, es decir, en la primera, se hace un «ligero bosquejo histórico», y en el que se nos informa de que los locales -donde estuvo la primera sucursal del Banco de España- fueron bendecidos por el vicario general del Obispado, en ausencia del titular, y que contó, al constituirse, con setecientos treinta y siete accionistas que suscribieron un capital social de cien millones de pesetas, según escritura fundacional otorgada ante el notario don José Luis de la Viña Magdalena, con fecha 6 de junio de 1965 (...)». El Banco de España, efectivamente, inauguró la sucursal alicantina el 22 de agosto de 1858, aunque desde mediados del pasado siglo, como afirma Javier Vidal Olivares, en su obra «Comerciantes y políticos. Alicante, (1875-1900)», «predominaba en la ciudad una banca de tipo personal, que en su mayor parte, pertenecía a nacionalidades extranjeras, pero vinculadas desde antaño al comercio local». Y cita entre los banqueos la nómina que recoge Viravens: Antonio Salvetti, Alejandro Harmsen, Jorge Waring, Santiago Carey, Arturo Makoloc, Gaspar White, Roberto Wallace, Javier Laussat y Francisco Bushell.

El banco de Alicante estaba presidido por su fundador don José Albert Lledó y, con carácter honorífico, por don Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo, a quienes seguían en la vicepresidencia, don José María de Lapuerta y de las Pozas y don Juan B. Torregrosa Roselló, como consejero delegado. El consejo de administración se componía además de trece consejeros y un consejero-secretario. Más de treinta años y muchas vicisitudes ya.

De antiguo vienen las diferencias y discrepancias entre ambas instituciones. Tanto que ya en 1812, el alcalde, conde de Soto-Ameno y algunos regidores, basándose en la Constitución, le comunicaron al presidente y vocales de la Junta de Obras del Puerto que tenía ésta a su cargo todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato, y que consecuentemente tenía que pechar con las del muelle de la ciudad, «a cuyo intento fue erigida la junta». A renglón seguido, el Ayuntamiento les solicitaba que cesasen en sus funciones y se sirvieran «pasar a este Ayuntamiento los caudales que existiesen, sus cuentas, instrucciones de gobierno, antecedentes y demás papeles, para continuar en la dependencia, como privativamente corresponde a este cuerpo».

La respuesta fue contundente. «La Real Junta de Obras de este Puerto fue creada por su majestad, en veintiocho de enero de 1803, para entender exclusivamente en la prolongación de la punta del muelle, hasta cubrirlo de los vientos del este; en la continuación del malecón e invertir en esta interesante empresa los caudales procedentes de los arbitrios que en la misma real orden se hallan designados. Tales obras son hidráulicas y están bajo la dirección de un ingeniero y bajo la protección del Ministerio de Marina».

Y seguidamente concretaba que las obras a las que se refiere en la séptima de las atribuciones del artículo trescientos veintiuno de la Constitución, son las que se hallan cometidas a los ayuntamientos, por la instrucción de los corregidores y a las cuales están atenidas los caudales propios, como lo demostraba bien claramente el artículo siguiente al citado, «previniendo que si ofreciesen otras u otros objetos de utilidad común y por no ser suficientes los caudales de propios fuese necesario recurrir a arbitrios, no podrán imponerse estos, sino teniendo por medio de la Diputación Provincial la aprobación de las Cortes. El cuerpo de cabildo, el de hacendados y el de comercio tienen, por disposición de su majestad, representación en la junta, siendo los individuos de cada uno vocales natos».

La Junta del Puerto, en fin, no consideraba oportuna la solicitud de ceder sus funciones y menos los caudales, cuentas, instrucciones, antecedentes y demás papeles. Era un atrevimiento la exigencia de los representantes del municipio, como lo sería el exigir «tomar a su cargo las obras de fortificación, artillería u otras cualesquiera privativas de ciertos cuerpos». En fin, de arbitrios, nones.

El catorce de marzo de 1946, el alcalde don Román Bono Marín, dio cuenta a la corporación municipal, reunida en sesión extraordinaria, de que se había recibido una carta del reverendo don Ginés M. Muñuz, S. J., vicepresidente técnico de la junta organizadora de la Santa Misión que se iba a celebrar en nuestra ciudad, del veinte al treinta y uno de aquel mismo mes.

La última misión se había celebrado en Alicante, en el año 1883, y, como entonces, se solicitaba la presencia de la Santa Faz, «con todos sus honores y prerrogativas», así como la asistencia del Ayuntamiento en pleno acudiese a recibir a los padres misioneros, con objeto de que el acto resultara solemne. La corporación se mostró de absoluto acuerdo.

En otra sesión extraordinaria, celebrada el nueve de abril del mismo año, el señor Bono dejó la alcaldía. El relevo lo presidió el recientemente fallecido don José María Paternina Iturriagagoita, gobernador civil, por aquel tiempo. Con carácter provisional y hasta que lo sancionara la superior autoridad, la nueva comisión gestora municipal estaba presidida por don Manuel Montesinos Gómiz. Formaban parte de la misma, entre otros, don Joaquín Quero Brahom primer teniente de alcalde, Alfonso Rey Pastor, Lamberto García Atance, Ramón Guilabert Davó, don José Abad Gosálbez y don Antonio Ramos Carratalá, que sería durante muchos años, director de la entonces Caja de Ahorros del Sureste de España, hoy, Caja de Ahorros del Mediterráneo.

El gobernador civil alabó las condiciones del nuevo alcalde y de todo sus compañeros que «le han hecho cifrar las mayores esperanzas en la labor que han de realizar, para la cual no ha de faltarles su apoyo y el que necesiten de las demás autoridades». El señor Paternina terminó, con un entusiasta ¡Arriba España!

Hubo seguidamente, como de costumbre, un intercambio de elogios entre el alcalde saliente y el entrante. El señor Bono Marín celebró que le sucediera en el cargo un entrañable amigo, «cuyas brillantes dotes eran garantía de una provechosa gestión para Alicante», e hizo presente su fervorosa e incondicional adhesión al caudillo. El señor Montesinos, tras expresar al gobernador su gratitud, por el honor de conferirle el cargo, saludó cariñosamente a don Román Bono, y declaró que daría cumplimiento a su deber que le mandaba estar siempre al servicio del generalísimo Franco y atento a sus consignas.

Dos días después de que Carlos Esplá, en su condición de gobernador provincial, proclamara oficialmente la República, presidió la constitución del primer Ayuntamiento salido de las urnas, el doce de abril de 1931. «Vengo a este acto -dijo en su alocución- con una emoción formidable, al recordar que en Alicante nací, al recordar que soy un buen alicantino, que he sido siempre un buen republicano y que veo triunfantes todos mis ideales. Gran satisfacción es para mí proclamar, desde el puesto de mayor honor para un alicantino -el del sillón presidencial de la alcaldía- que Alicante, en la lucha ciudadana por la República, ha dado un ejemplo maravilloso de civilidad y respeto». Esplá Rizo recordó, en unas ejemplares frases, que si bien en la corporación había un aplastante número de republicanos, había también una minoría monárquica digna del mayor respeto, y que los concejales de dicha minoría serían debidamente considerados por todos los republicanos alicantinos. «No tememos la luz ni la discusión. Nosotros invitamos a cuantos no comparten nuestros ideales, a que defiendan los suyos y a que los hagan triunfar, si llega el momento, por los procedimientos de orden y respeto a todo, como los hemos hecho triunfar nosotros».

Tras la intervención gubernativa, se procedió a la elección del alcalde: treinta y siete votos fueron para Lorenzo Carbonell Santacruz. Y sólo hubo una papeleta en blanco. Esplá, tras el escrutinio, manifestó: «Lorenzo Carbonell es un hijo del pueblo. Es legítimo que en un régimen popular sea un hombre del pueblo quien ocupe la alcaldía. Lorenzo Carbonell es un hijo del pueblo. Es legítimo que en un régimen popular sea un hombre del pueblo quien ocupe la alcaldía. Lorenzo Carbonell fue un colaborador del doctor Rico. Lorenzo Carbonell continuará la historia de honradez del doctor Rico».

Posteriormente, se eligió a los ocho tenientes de alcalde y a los dos procuradores-síndicos. Uno de ellos, Antonio Pérez Torreblanca propuso que a Vicente Blasco Ibáñez -«quien levantó la careta de la dictadura de Primo de Rivera»- y a Fermín Galán y García Hernández -«inflamados de amor a la libertad y muertos recientemente en las murallas de "Jaca", se les dedicara, como homenaje y memoria, una calle a cada uno de ellos en nuestra ciudad». Habló también Francisco Alberola Such, «monárquico católico y liberal demócrata» ofreciendo su ayuda a cuanto significara beneficio para Alicante. Y González Ramos, por la minoría socialista quien recordó cuanto había hecho su partido para conseguir la República. Y el edil Ruiz, en nombre de la Juventud Republicana alicantina que si bien no habían contribuido con sus votos al triunfo de la República, se ofrecían a defenderla con todo su entusiasmo. «Una República no sólo para los republicanos, sino para todos los españoles», como había afirmado poco antes el nuevo alcalde Lorenzo Carbonell, aquel dieciséis de abril de 1931.

La gran actriz Margarita Xirgu recibió eso que se ha dado en llamar el bautismo del aire, en nuestra ciudad. Aquí se encontraba, cuando los directivos de la Línea Latécoere de servicio postal aéreo, tuvieron la deferencia de invitarla a realizar su primer vuelo. «El Diario de Alicante», que dirigía Emilio Costa, así lo reseña en sus páginas, el día treinta de marzo de 1920.

La inauguración del citado servicio que enlazaba Barcelona, Alicante y Málaga, se celebró el uno de abril de aquel año. Con tal motivo, el mismo treinta de marzo, llegaron, procedente de Madrid, el director general de la línea aérea, señor De Massini, y posteriormente, desde Toulouse, el propietario señor Letécoere, el director técnico capitán Beaute, con quienes estuvo también el consejero en España de la referida compañía, marqués de Morella. Todo un acontecimiento.

Estaba prevista la asistencia al acto del subdirector en Comunicaciones, en representación del señor Francos Rodríguez, director general, así como la del jefe de la aviación militar española, coronel Echagüe, la del delegado de Fomento, señor Peña, y diversos aviadores de Madrid y Cartagena.

Se esperaba que el primer aparato, con el correo, saldría de Barcelona para tomar tierra en Alicante, el jueves siguiente de la inauguración. Y después, desde aquí, partirían dos aviones con rumbo a Barcelona y Málaga, ambos con las sacas de correspondencia.

No mucho más tarde, Emilio Costa sufrió un considerable susto, cuando el aparato Breguet que se dirigía a Barcelona, capotó pocos minutos después de despegar del aeródromo alicantino. Volaba a más de dos mil metros de altura, ya rebasado el Maigmó, cuando el piloto señor Vernier tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en un barranco cerca del pantano de Tibi, en el término municipal de Castalla.

Con gran pericia, según refiere la prensa, el piloto evitó una catástrofe grave, el avión quedó pulverizado pero ni el pasajero señor Costa, ni el propio aviador sufrieron apenas heridas de consideración.

El periodista se lesionó levemente la nariz y el dedo medio de la mano derecha, y el piloto algunas magulladuras.

Eso sí, tras el accidente, tuvieron que llevar a cabo una marcha casi de dos horas, antes de llegar a Tibi, donde los recibieron jubilosamente.

Eran los tiempos heroicos de la aviación.

Dicen que la buena noticia del pasado agosto es que el desempleo descendió en veintisiete mil personas. Dicen también, fuentes sindicales, que se trata de empleo precario, de contratos-basura. El paro, en fin, sigue siendo un problema sangrante en nuestro país. El paro, y las bolsas de pobreza y de marginación que haberlas haylas, aunque apenas si se ventilen.

Con la república ya, el veintisiete de noviembre de 1931, las Cortes decretaron una ley que se ocupara de la colocación obrera «con carácter nacional, público y gratuito. Se contemplaba en la misma que todos los ayuntamientos llevaran un registro, así de las ofertas y demandas de trabajo, como de las colocaciones concernientes». Para aquellos municipios que capitalizaran la provincia, dicha ley exigía además que organizaran una oficina de colocación debidamente dotada de las secciones correspondientes a los ramos de agricultura, industria, comercio y profesiones domésticas.

Por su puesto, se prevenía igualmente que tales oficinas municipales de colocación y paro estuvieran sometidas a la inspección inmediata de una comisión, «patronos y obreros, presidida por uno de éstos, y el servicio debía de estar a cargo de funcionarios competentes, responsables de su actuación ante las comisiones inspectoras y sujetos a expediente por falta de la diligencia debida a sus cargos».

En Alicante, el Ayuntamiento presidido por don Lorenzo Carbonell, la comisión de gobernación, celebró una reunión el tres de diciembre de aquel mismo año, y, de acuerdo con la nueva ley, estudió la forma más adecuada de poner en pie la referida oficina. Finalmente, optó por crear dos secciones: la primera, para comercio y agricultura; la segunda, para industria y profesiones domésticas. Se estimó que el personal destinado a la misma estuviese compuesto por un oficial, con tres mil pesetas de sueldo anual, y dos auxiliares, con dos mil quinientas. Con el visto bueno de la comisión de Hacienda, el pleno corporativo acordó su aprobación. El veintinueve de agosto de 1932, se consideró que la oficina debía estar dirigida por un jefe de Negociado y se propuso al de Estadística, don Joaquín Vidal Galdó; y como auxiliares a don Antonio Beltrán Limañana y don Juan Samper Sevilla. Así se aprobó en sesión del dos de septiembre de tal año.

Su longitud era breve, en el siglo XVIII, y se extendía desde las torres de Nuestra Señora de Montserrat, en la puerta del Mar, hasta el torreón de San Bartolomé, en las inmediaciones del Portal de Elche. A mediados del citado siglo, y contando las del citado portal, el número de casas era de setenta y cuatro, de acuerdo con la relación elaborada, por el profesor Ramos Hidalgo, en su obra «Evolución urbana de Alicante»; casas cuyo valor, en libras, ascendía a dos mil setecientas setenta y ocho. En el referido año, ya se la nombra calle de San Fernando, si bien el cronista Vidal Tur afirma que se la denominó del Mar, posteriormente de la Muralla «y ya en pleno siglo XIX, en 1810, dejó de llevar el nombre de Muralla por el de San Fernando, en honor de Fernando VII, monarca reinante a la sazón».

Por entonces, aumentó considerablemente su trayecto, hasta la actual calle de Coloma. Hacia 1888, enlazó finalmente con la de Luchana (hoy avenida de Gadea, desde julio de 1891, a propuesta del cronista Viravens), convirtiéndose así en una de las vías más largas de la ciudad. En 1916, el Ayuntamiento acordó rotular con el nombre del político Francos Rodríguez, el tramo comprendido entre la actual plaza de Gabriel Miró y la mencionada avenida.

La calle de San Fernando es una calle histórica y conflictiva, por el tráfico que soporta habitualmente. Pero tal condición no resulta ninguna novedad. Las protestas vecinales, por una u otra causa, se iniciaron al menos, y así se constata documentalmente, en 1853. Por aquel tiempo, en ella estacionaban sus vehículos los carreteros que se ocupaban en el servicio del comercio, «por punto de parada de sus carruajes». De acuerdo con las quejas y denuncias presentadas por los vecinos de la misma, la dicha calle se transformaba en un auténtico estercolero, y el aire se hacía irrespirable. Como consecuencia de tal estado de cosas se publicó un bando en el que se advertía que para evitar tantas molestias en el tránsito, malos olores, ruidos y «palabras obscenas e indecentes», proferidas por los carreteros, «sólo en el malecón, formando línea sobre la muralla del mar, será permitido colocar a los carruajes del tráfico público, sean de la clase que fueren y sin distinción de dueños». No obstante y, más o menos, como ahora, se permitía a los referidos carruajes estacionar en las puertas de los almacenes y comercios, el tiempo preciso para llevar a efecto la carga o descarga de las mercancías. El bando está fechado el seis de agosto de 1853, por el alcalde constitucional don Rafael Pascual. Casi siglo y medio después, continúan los ruidos, las molestias, las protestas. ¿Sigue en vigor el bando?

Hemos insistido en la suspensión del alcalde Carbonell y de toda la corporación municipal a raíz de los sucesos de octubre de 1934. Incluso de su encarcelamiento. El gobernador civil Vázquez Limón les comunicó a los treinta y nueve ediles que formaban el Ayuntamiento la siguiente resolución: «En vista de que el Ayuntamiento de esta capital no ha prestado, en las actuales circunstancias, la debida e inexcusable asistencia al poder público, incurriendo en grave extralimitación de carácter político, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 189 de 28 de julio de 1933, he venido en acordar: quedan suspendidos en el ejercicio de sus cargos los señores concejales que forman actualmente el Ayuntamiento; de la administración municipal se encargará una comisión gestora competente, compuesta por los señores vocales cuyo nombramiento se extiende en esta fecha». Está dirigida al secretario del Ayuntamiento y fechada el diecinueve de octubre. Los destinatarios firmaron el duplicado que el secretario remitió al gobernador el veintidós de aquel mismo mes.

Lorenzo Carbonell escribió: «Recibí el duplicado, con la protesta de no haber incurrido ni el Ayuntamiento ni el alcalde las faltas que se alegan para la suspensión, reservándome los derechos que las leyes conceden». Por su parte, el concejal Agustín Mora Valero, presidente de la Diputación respondió: «Recibí el duplicado y protesto por lo que a mí se refiere, por no ser cierta la aseveración que se hace de no haber prestado la debida asistencia al poder público». José Guardiola Ortiz manifestó: «Recibí el duplicado pero con la protesta sincera de que no he sido requerido para prestar ningún género de asistencia al poder público, ni menos incurrir en ningún género de extralimitaciones ni políticas ni de clase alguna, reservándome el ejercicio de cuantas acciones me correspondan por las gratuitas acusaciones de que se me hace objeto».

Por su parte, los ediles Rafael Blasco García, José Tarí Navarro y José María Ruiz Pérez-Águila se limitaron a rubricar el oficio, con un lacónico: «Notificado y no conforme». El resto, según manifiesta el secretario, firmaron por sí o por otra persona, sin formular observación alguna, salvo José Pérez García Furió destinado en Almería, como funcionario público, y al que se le remitió la notificación por conducto del Ayuntamiento de dicha ciudad.

Más interesante resulta la exposición de lo acontecido, por el abogado y concejal Juan José Cremades Fons, ante el secretario, y que firmó con el mismo. En dicha exposición se pormenorizan los sucesos y se revela una actuación sorprendente, al menos, del alcalde Lorenzo Carbonell. En la crónica de mañana se lo contamos. Y ustedes juzguen.

En la crónica de ayer, escribíamos acerca de las represalias que sufrieron los concejales del Ayuntamiento, suspendido por el gobernador Vázquez Limón, en octubre de 1934, así como de las reacciones de éstos y de sus peripecias. Por la exposición que hizo el edil y abogado, Juan José Cremades Fons, representante de Izquierda Republicana, por esta exposición que estimamos veraz y solvente, nos informamos de que el alcalde, Lorenzo Carbonell, visitó, junto con el presidente de la Diputación, al comandante militar de la plaza, general García Aldave, poco después de que éste proclamase el estado de guerra, en la madrugada de aquel agitado octubre.

En la exposición de Cremades Fons se dice textualmente: «A las seis de la mañana (del siete, como en el día anterior), se constituyó en el Ayuntamiento, al que fueron acudiendo el señor alcalde y numerosos concejales, habiendo visitado, en las primeras horas de la mañana, con motivo de dicha proclamación, al comandante militar de la plaza, el señor alcalde y también el concejal don Agustín Mora Valero, éste como presidente de la Diputación, para ponerse a la disposición de dicho jefe (...)». Nosotros, como otros tantos, desconocíamos esta visita de Lorenzo Carbonell a la autoridad militar, en aquellas críticas circunstancias. Que sepamos, no se recoge ni en biografías, ni en historias, ni en crónicas recientes. Quizá porque el documento al que nos venimos refiriendo no ha sido consultado hasta ahora. Pero se encuentra depositado en el Archivo Municipal, rubricado por el citado edil y el secretario de la corporación municipal, el veintitrés de octubre de 1934. No nos pronunciamos acerca de tal visita, simplemente nos limitamos a ofrecerla a los lectores y estudiosos, para que cada quien haga sus averiguaciones y extraiga consecuencias.

Cremades Fons, cuenta en el escrito que hasta el día ocho permaneció en el Ayuntamiento «y que durante esos tres días, que él sepa, no recibió requerimiento alguno ni petición de auxilio por parte de la autoridad militar ni de ninguna otra». Luego, en la madrugada del nueve, fue detenido en su domicilio por dos agentes de vigilancia y dos guardias civiles, que lo trasladaron al reformatorio, en donde permaneció, hasta el once, en que, sobre las diez de la noche, fue puesto en libertad pero con orden verbal de permanecer arrestado en su propia casa, orden que le fue confirmada por escrito, en la noche del doce al trece; y que allí permaneció, sin que le incoara expediente alguno, hasta el veintidós. Agrega que «como concejal republicano por elección popular, está seguro de poder responder ante cualquiera de su conducta. Que como representante de Izquierda Republicana quiere hacer constar que responde y se hace solidario de la conducta de cuantos integran el grupo municipal de su partido, y desde luego, en todo momento, del alcalde Carbonell.

Qué título se sacó el alcalde don Ambrosio Luciáñez Riesco, para invitar a particulares, autoridades locales, jefes de servicios municipales, a la remisión de datos e informes sobre los hechos y extremos, «para documentar debidamente la historia de la esclavitud marxista de la ciudad». En los últimos meses de 1939, envió numerosas cartas y oficios. Pero sólo le contestaron cuarenta y seis. Muy pocas, se reconoce en los papeles oficiales.

Una de ellas, espigada al azar de entre las más enfáticas -las hay igualmente sosegadas y sin ánimo vindicativo alguno- es la del director del Hotel Palace, del veintiséis de noviembre del referido año, quien cuenta, cómo ya días antes de estallar «el glorioso movimiento salvador de España», aparecieron por nuestra ciudad carteles de una llamada «fracción comunistas de cocineros», en la que pedían su encarcelamiento. El hombre, según refiere, decidió irse a dormir a casa de unos familiares. Y fue allí, cuando en la madrugada del veintinueve de julio de 1936, lo detuvieron y lo llevaron al reformatorio de adultos, donde permaneció durante cuatro meses.

«De la cárcel fui llevado directamente al consulado argentino, gracias a las gestiones del cónsul británico, señor Hugo Brooks. Del consulado argentino, intentaron sacarme los rojos al cabo de tres días, pero gracias a la intervención de don Lorenzo Barrera, cónsul de la Argentina, no lo lograron. La embajada de este país hizo bajar fuerzas del "Tucumán", para proteger a los refugiados que allí había». De acuerdo con el texto, el asunto se resolvió mediante la firma de un documento por el que se comprometía a no abandonar el consulado, «motivo que me impidió embarcarme para pasar a la verdadera España, como lo hizo mi mujer y mis hijos». Siempre al hilo de sus manifestaciones, del hotel se apoderaron los empleados, «según acta que obra en mi poder», y no las organizaciones sindicales. «Los empleados se quedaron con todo el activo, y se repartieron veintiséis mil pesetas, al cabo de cuatro meses de revolución, pero negándose a pagar ni un solo céntimo del pasivo, por lo que a la hora de la liberación, me encuentro con un cargo de treinta mil pesetas, que se debía a los proveedores, y con el Hotel semidestruido, abandonado, y con vajillas, cubiertos, mantelerías y muebles desaparecidos». Tan sólo destaca la honradez de dos asalariados: el portero de noche, Francisco Lorenzo Gas y la camarera María Carrasco, «a quienes los rojos sabiéndoles adictos a sus superiores los despidieron del hotel». Un botón de muestra. Volveremos sobre este aspecto prácticamente ignorado, de aquellos años turbulentos y de las tremendas represalias que habían de seguirles con el «Año de la Victoria».

Luis González Bravo, presidente del Gobierno, diputado por los moderados, concluyó por tomar medidas reaccionarias.

Por una real orden del dieciocho de diciembre de 1843, transforma la Milicia Nacional, que tenía un carácter popular y progresista, en una fuerza militarizada y centralizada, desnaturalizando sus componentes civil y autónomos, lo que provocó el desasosiego de sus jefes, en nuestra ciudad y provincia, entre ellos Manuel Carreras, semanas más tarde verdadero «cerebro» político de la revolución encabezada militarmente por el coronel Pantaleón Boné. Más grave aún, sería el decreto del treinta de aquellos mismos mes y año, por el que se restablecía las leyes municipales de 1840. Leyes que determinan la elección de los alcaldes por el Ministerio de la Gobernación y los regidores, por el jefe político (precedente de los gobernadores civiles) de cada ciudad.

A raíz de tales disposiciones que conculcaban los principios democráticos y situaba «el orden como valor social supremo, al que debían supeditarse todos los demás», en Alicante, fueron cesados, por no gozar de la confianza suficiente, Jerónimo Muñoz, jefe político y José María Gaona, intendente provincial. No mucho después, nuestra ciudad era escenario de una conspiración progresista, liberal y democrática que desembocaría en una abierta insurrección contra el gobierno conservador de González Bravo y sus hombres de confianza en nuestra ciudad y provincia. Una vez conquistado el castillo de Santa Bárbara, los revolucionarios redujeron a prisión al alcalde de Alicante, Miguel Pascual de Bonanza, el comandante militar, Manuel Lassala y al jefe político, Ramón Cerutti, además de otras autoridades y personalidades influyentes de ideología moderada y conservadora.

Con objeto de afianzar la sublevación y de evitar el vacío político, se erigió una Junta Provisional compuesta por Pantaleón Boné, presidente de la misma; Manuel Carreras, vicepresidente; y Miguel España y José Gaona, como vocales, en tanto Marcelino Franco se hacía cargo de la secretaria. De todos ellos, hemos dado noticia en esta crónica. No tanto de Gaona del que poco se sabe, tras el triunfo de la reacción en la primera semana de marzo del referido año. Una carta de su hijo, fechada en Cádiz, el veinticuatro de diciembre de 1868 nos informa de que participó en tales sucesos «que dieron ocasión a aquella horrible venganza, amenazado como estuvo de haber tenido con mi ya difunto padre individuo de la junta de aquel heroico alzamiento, un fin tan sangriento, no he podido menos de conmocionarme ante el recuerdo de ese municipio, hacia las víctimas desdichadas de la atroz inclemencia con la que aquel gobierno abusó indignamente de su victoria».

Cuando salió de la alcaldía, Manuel Cortés de Miras recibió la felicitación corporativa, especialmente porque dejaba una aspiración de todos los alicantinos bien cumplida: había culminado la erección del monumento a los Mártires de la Libertad.

Era el veintiséis de marzo de 1907 y le pasó la vara a Luis Mauricio Chorro. A los dos meses de ostentar el cargo, a Luis Mauricio Chorro la junta directiva del Centro Regional Valenciano, recientemente creado en Madrid, le solicitó ayuda para llevar a cabo los propósitos que animaban el citado Centro: fomentar la instrucción, la asistencia médica y jurídica, todas las necesidades, en suma, que podían tener «los hijos pobres del antiguo Reino de Valencia». El Ayuntamiento se encontraba, como de costumbre, con una acentuada escasez de recursos económicos.

Mauricio Chorro le pasó la papeleta a la comisión de hacienda y la comisión de hacienda valoró «digna, patriótica y altamente caritativa la misión que viene a desempeñar un centro regional de la importancia del de referencia». Como quiera que aquel centro había concedido al Ayuntamiento de Alicante el título de socio protector, acordó agradecer la distinción y prometió que en los próximos presupuestos, a pesar de la precariedad de las arcas municipales, conseguiría «la subvención que se considere prudente a favor del referido centro».

Aquella comisión de hacienda, que integraban los ediles Vicente Ripoll, Salvador Llopis y Such Sieura, tenía otro problema acuciante, además del que le habían echado encima: atender debidamente a las dieciocho mujeres asiladas, que dependían del patronato real para la represión de la trata de blancas. De modo que estaba entre la espada y la pared. No podía hacer milagros. Así que se dirigió a la vicepresidenta del real patronato y le comunicó que tendría en cuenta «su noble petición, para atenderla como se merece, cuando haya recursos y lugar para ello».

Hijos pobres, en Madrid, a los que había que prestarles auxilio para regresar a sus lugares de origen o bien buscarles trabajo, y colaboración para impedir que un grupo de mujeres fueran objeto de un infame y criminal comercio. Alicante, con cincuenta y cinco mil habitantes aproximadamente, ya era lugar donde se practicaba una trata que hoy siguen conmoviendo a la sociedad. Luis Mauricio Chorro dejó la alcaldía el once de junio de 1909.

Tras el fracaso de la sublevación militar en nuestra ciudad y la detención del general García Aldave y varios oficiales de la guarnición alicantina, el veintitrés de julio de 1936, la capital renovó su fidelidad a la República. Muchos partidarios de la derecha fueron encarcelados, en tanto otros mantenían las apariencias de afección al régimen, en tanto procuraban socavarlo: formaban la «Quinta Columna». Meses después de iniciada la contienda el gobernador civil de la provincia, Francisco Valdés Casas, hizo público un bando, en el que se alertaba a la población acerca del descubrimiento que se había llevado a cabo en Valencia y en las provincias del litoral, de una extensa red «de elementos desafectos al régimen y componentes de la llamada "Quinta Columna"».

Según el citado bando, los quintacolumnistas se habían infiltrado en partidos políticos y centrales sindicales, «sorprendiéndoles en su buena fe», y con objeto de utilizar las credenciales y carnets expedidos por tales organizaciones, «para proceder en contra de la causa común por tan poderosa razón y con ánimo de desmantelar la referida red se dio un plazo de cinco días, para que cuantos hubiesen ingresado en partidos y sindicales y otros organismos, con posterioridad al diecinueve de julio de 1936, enviasen a la alcaldía, para su posterior remisión al Gobierno Civil, una declaración con promesa formal «de sus antecedentes políticos, a contar desde el año 1923 hasta dicha fecha». El veinticuatro de marzo, es decir, a la terminación del plazo anunciado, el Ayuntamiento envió al gobierno, tal y como se había concretado, todas las declaraciones presentadas y una relación de los firmantes de la misma. En dicha relación nominal hemos contado hasta un total de doscientos setenta y ocho nombres. Algunos de ellos, figurarían con cierta relevancia, en diversas actividades ciudadanas, ya en la era franquista.

Previamente a estas declaraciones, tanto el alcalde Lorenzo Carbonell como el teniente de alcalde Franklin Albricias Goetz, hasta agosto de aquel año, y posteriormente el presidente del Consejo Municipal, Rafael Milla Santos, habían librado numerosas certificaciones de adhesión a la República. Particularmente de guardias municipales que lo solicitaban para su ingreso en el Cuerpo de Asalto. En una de ellas, se refiere favorablemente a Tomás Navarro Tomás, director de la Biblioteca Nacional, domiciliado, con su familia, en la calle Sagasta de nuestra ciudad. Y en otra de dichas certificaciones, se propone al empleado municipal y organizador de las Milicias Municipales Republicanas, Antonio Moreno Torres, «apto para el ingreso en el Ejército, para constituir los cuadros de mando».

Las nuevas técnicas, han afianzado aún recientemente los posibles desprendimientos de piedras voluminosas de la cumbre y laderas del monte Benacantil. Pero al correr de los siglos, el pueblo de Alicante y, en particular, los barrios situados en las inmediaciones de la emblemática roca, han presentido y han sufrido ese peligro, al que nos hemos referido en otras ocasiones.

El veintiocho de agosto de 1818, el arquitecto titular del Ayuntamiento, don Antonio Jover, encargado por la corporación de inspeccionar diversos peñascos que amenazaban con desplomarse, informó que «examinado con la escrupulosidad que exige lo grave de la materia, y a concurso de los señores del Consistorio, su presidente y el comandante de ingenieros de esta plaza que estuvieron sobre las mismas peñas, digo que, por la voladura que tuvo esta parte del castillo se quedó a manera de terraplén y de consiguiente las lluvias han socavado cuatro peñascos de una magnitud considerable, en términos que si no se acude prontamente a precaver el gran peligro que amenazan a los edificios y habitantes, comprendidos desde Lonja de Caballeros, una recta a la Aduana y a la escalera nombrada Mabeuf, hasta la puerta nueva, no sería extraño que desprendiéndose algunos de ellos perezca esta parte de la población y sus habitantes, y por lo mismo soy del parecer que debe acudirse prontamente a su precaución, por medio de unos sustentáculos de mampostería de sillarejos, en los tres primeros, y el último que está más encumbrado hacerle unas rozas y cuñeras, desde un andamio muy robusto y fuerte, que deberá formarse para esta operación».

Las apreciaciones del técnico municipal coincidían fundamentalmente, con el reconocimiento llevado a término por la comandancia de ingenieros a instancias del brigadier don Pablo de Miranda, según documento que se conserva en nuestro Archivo Municipal, de fecha 27 de agosto del precitado año, y en el que igualmente se advierte de los riesgos a que estaban expuestos los vecinos del entorno: tres voluminosas piedras pendían sobre la plaza de Ramiro, y para soslayar la amenaza, el ingeniero Francisco Paramillo, también aconsejaba «formar estribos, donde el terreno lo permita y donde no, que se formen grandes y robustos andamios, para cortarlas y prohibiendo, entre tanto, la construcción de casas en los parajes más directamente afectados». Las grandes rocas eran una afilada espada de Damocles sobre las cabezas de muchos alicantinos.

Se la veía venir, desde casi un año atrás. La carestía de la vida era una espoleta. A la clase trabajadora no le llegaban los dineros ni para adquirir los artículos más precisos. Así que después de muchos mítines, paros y protestas, y con el apoyo de algunos sectores sociales progresistas, las dos centrales sindicales UGT y CNT convocaron la huelga general, para el trece de agosto de 1917. En Alicante y provincia, como en toda España, los socialistas y libertarios consiguieron paralizar el comercio y los transportes públicos, mientras el Gobierno Militar proclamaba la ley marcial, y las fuerzas de seguridad y las tropas del regimiento de la Princesa procedían a la detención de dirigentes obreros en Alicante, Villena -donde los enfrentamientos alcanzaron una gran dureza- y otros muchos pueblos de la provincia. Los detenidos fueron ingresados en el castillo de Santa Bárbara. El veinte de agosto se había restablecido el orden de las clases dominantes, de la burguesía.

El miércoles, ocho de mayo de 1918, Alfonso XIII firmó la ley de amnistía que beneficiaba a los detenidos. Aquel mismo día, por la noche, en Cartagena, se dejó en libertad a los componentes del comité de huelga: Julián Besteiro, Lago Caballero, Anguiano y Saborit, quienes fueron saludados por los diputados Indalecio Prieto y Eduardo Barriobero, así como por varios redactores de «El Socialista» y «El parlamentario», que procedían de Madrid, y por la comisión de alicantinos integrada por Ángel Martínez, Antonio Blanca, de la agrupación socialista, José Reyes y Antonio Ferrándiz, de las sociedades obreras «La Paz», «La Marítima» y «La Terrestre», Álvaro Botella y Ángel Azuar, por los republicanos, y Juan Botella, director de «El Luchador», en representación de la minoría de izquierdas del Ayuntamiento.

El doce de mayo, abandonaban doce de los trece presos, los calabozos de Santa Bárbara, a quienes afectaba la amnistía, en tanto Francisco Martínez era trasladado del castillo al cuartel del Princesa Mercedes. El alcalde republicano de Valencia, don Faustino Valentín, había gestionado cerca del capitán general la liberación de los mismos. Carlos Esplá, desterrado en aquella capital, y el estudiante de Derecho, Pascual Leone, confirmaron telefónicamente la noticia. Al día siguiente en la Casa del Pueblo, Rafael Millán, Marhuenda y Álvaro Botella hablaron en el acto que con ese motivo se celebró en la misma.

El concejo de esta ciudad, según nos informa nuestro buen amigo e investigador don Federico Sala Seva, declinó el honor de erigirse en capital de la futura diócesis «que se desmembraría de la de Cartagena». En 1565, se sustanció la Bula Pontificia por la cual la capitalidad se establecía en Orihuela, con la colaboración del concejo alicantino; y al frente de la nueva diócesis, su primer obispo don Gregorio Gallo Andrade. El veinticuatro de julio de 1600, y después de muchos pleitos y discusiones, la iglesia parroquial de San Nicolás recibió la consideración de colegiata, cuando era titular de la diócesis don José Esteban.

En 1959, bajo el pontificado de Juan XXIII, «se elevó a la dignidad de concatedral la colegiata alicantina de San Nicolás de Bari y modificó la denominación de la diócesis de Orihuela, agregándole la mención de Alicante». En este documento, se contempla la facultad del obispo para residir en nuestra ciudad, «siempre que las necesidades de los fieles lo requieran (...)».

Pero si bien es cierto que en 1565, el Concejo de Alicante renunció a la posibilidad de capitalizar la diócesis, no lo es menos que casi doscientos años después, las pretensiones fueran otras. Así se desprende del cabildo correspondiente al quince de julio de 1851 y en el que se puede leer textualmente: «Se dio cuenta de la real orden de tres del actual que trascribe, y acerca de la misma pide informe al señor gobernador de la provincia, en oficio del once, relativo a la traslación a esta ciudad de la silla episcopal de Orihuela, en que se piden también informes a esta autoridad superior para que, oyendo al Ayuntamiento, Diputación y Consejo Provincial, se manifieste la posibilidad de erigirse en catedral algún templo o iglesia de las existentes en esta población, y de dedicarle algún edificio para casa o palacio del prelado».

Esta posición, se ratifica el ocho de mayo de 1889. Se recoge entonces «el interés del obispo de la diócesis de establecerse en Alicante. Su alejamiento es por falta de una residencia adecuada». Según se refleja, en la propuesta, el prelado había manifestado repetidas veces su ardiente deseo de visitar con frecuencia nuestra ciudad y de permanecer en ella el mayor tiempo posible. Finalmente, el siguiente párrafo reitera su pretensión de capitalidad diocesana: «(...) no se entienda que por este acuerdo, renuncia el Ayuntamiento de Alicante al indiscutible derecho que le concede el Concordato de 1851, a que se traslade la silla episcopal a esta ciudad».

Los biberones, los potitos y no se sabe cuántas cosas más liquidaron una profesión tierna y nutritiva: la de las amas de leche.

En Alicante las había al servicio de la Beneficencia, para atender a los niños expósitos, y estaban sujetas, en el ejercicio de su noble oficio, a una reglamentación estricta. Así, las nodrizas externas tenían derecho a percibir la remuneración mensual que se hubiese estipulado; remuneración que en ningún caso podría superar a la fijada en los presupuestos; además tenían derecho a asistencia médica, por los facultativos titulares, y a que se les facilitaran, igualmente con carácter gratuito, los medicamentos que requirieran, lo mismo que a los expósitos que criaran.

Por supuesto, y para evitar posibles apaños, no podían traspasar el niño a ninguna otra mujer, si previamente no lo ponían en conocimiento del director del establecimiento benéfico, y éste lo autorizaba, una vez comprobado que la cesionada reunía las condiciones exigidas por el mencionado reglamento.

De otro lado, se observaba rigurosamente la conducta moral de la nodriza, ya que si ésta se prostituía o bien adquiría vicios que pudieran causar daños al expósito o perjudicarlo en su salud, de inmediato perdía el derecho de lactancia, y le recogían al niño que estaba a su cuidado. Y, como parece obvio, aquella nodriza que no prestaba la asistencia debida al lactante o lo hacía objeto de malos tratos, estaba expuesta a recibir el castigo o la pena gubernativa o judicial, con arreglo a las disposiciones vigentes en aquel entonces.

Si la nodriza sufría alguna mutilación o impedimento, por causa de enfermedad u otra razón legítima, debía notificarlo así, a la casa de la maternidad, y entregar el niño «antes de dar lugar a su demarcación o fallecimiento».

Hemos tomado una ficha del citado establecimiento, referente al ama de leche Antonia Pérez, casada, que tenía a su cargo al expósito Juan de Dios Jalón, bautizado en San Nicolás, el nueve de marzo de 1869. Se estipulaba que hasta que el niño cumpliese dos años, percibiría el haber de cincuenta reales de vellón mensualmente, y hasta los tres años, cuarenta, «el cual le será pagado por el administrador, en virtud de la presente papeleta de crédito que le doy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo treinta y cuatro del reglamento interior, aprobado el nueve de marzo de 1862».

Está sellado y firmado por el secretario contador don Manuel Padilla.

Hasta seis barcos hundidos en las dársenas de nuestro puerto, con todos los tinglados destrozados y cinco de las grúas averiadas; arrasados, en mayor o menor medida, el dispensario de urgencia, la lonja del pescado, la comandancia de Marina, los talleres, el varadero. Un paisaje desolado al término de la guerra civil, durante la cual sufrió el castigo de los ataques aéreos, con bombas hasta de quinientos kilos. Así lo describe, sin retórica, sin poética, el arquitecto municipal, en su informe del veintinueve de diciembre de 1939, con el que respondía al oficio del alcalde, don Ambrosio Luciáñez Riesco, que se lo había encargado exactamente un mes antes.

En el mismo informe se señalan los setecientos seis edificios particulares afectados por los bombardeos: doscientos cincuenta y cinco ruinosos, ciento setenta y siete con destrozos menores y doscientos setenta y cuatro con desperfectos leves. Se señalan también las dependencias municipales: el Mercado central, la lonja de verduras y, en menor proporción, el grupo escolar de San Blas y los talleres de la plaza de Séneca. Con impactos de metralla, el autor del informe, relaciona el Ayuntamiento, la Diputación, el edificio de Correos y Telégrafos y la delegación de Hacienda. Luego, las construcciones militares: el cuartel de Benalúa devastado en su mayor parte por siete explosiones, y con daños de diversa consideración las comandancias de Ingenieros y Carabineros; por último el aeródromo de Rabasa gravemente lesionado en el campo, en los hangares y cuarteles. Igualmente experimentaron deterioros las estaciones de MZA y Estratégicos, y la de Andaluces, la de Murcia, aún con más ostensibles destrozos. Y las dos factorías de Campsa, la refinería completamente inutilizada; las funciones de Aznar, Redes, Orozco y Jover, Francés y Berenguer; la fábrica de radiadores de aviación; las Industrias Textiles Alicantinas, la fábrica del gas, la de Cros, la compañía de tranvías y un etcétera largo y lamentable.

«No es fácil evaluar -advierte en el preámbulo de su informe el técnico municipal- los daños sufridos por esta ciudad que desde el mes de noviembre de 1936, hasta agosto de 1938, y progresivamente soportó casi a diario las incursiones de cinco aparatos que lograron batir no pocos objetivos, el puerto y paralizar casi por completo la industria entonces en funcionamiento. Alicante había sido elegida como puerto receptor de armamento y víveres, y no podía verse libre de tan duros y repetidos ataques (...)». En ocasiones, ya ni se recogían. Según datos de Obras del Puerto, en pocos días se tiraron al mar seiscientas cajas de carne y conservas, y mil toneladas de patatas, trigo y otros alimentos. Un cuadro verdaderamente dramático. El arquitecto valoró la reconstrucción en no menos de cinco millones de pesetas.

El diez de octubre de 1936, «El Luchador» titulaba en su primera página: «En la vista de la causa contra los militares de Alicante, ha recaído sentencia. Han sido condenados a muerte el general García-Aldave, teniente coronel Ojeda, comandante Sintes, capitán Meca y tenientes Luciáñez, Pascual y Robles. Son condenados a seis años el capitán Cesáreo Martín y a reclusión perpetua el sargento Lizarán. Y absuelto con todos los pronunciamientos favorables el sargento Posida». Dos días más tarde, se cumplían las sentencias capitales. Se cerraba así uno de los procesos más sonados que llevó a cabo el Tribunal Popular, que se constituyó, con jurisdicción provincial, el primero de septiembre de 1936, en Alicante.

La sublevación militar no se produjo en nuestra ciudad gracias a la entereza del gobernador civil Valdés Casas, a la lealtad republicana de las fuerzas del orden, y de algunos jefes y oficiales, así como a la decidida actuación del Frente Popular. Y eso que el veintiuno de julio de aquel año la prensa publicaba una singular noticia: «Ayer, por una radio utilizada por el faccioso, el ex general traidor Franco radió unas palabras, cuyo texto taquigráfico conservamos y que muchos alicantinos habrán oído. Afirmaba el general faccioso que Alicante se había sublevado (...) Alicante, las fuerzas del Ejército que guarecen nuestra ciudad, la Guardia Civil, Seguridad, Asalto, Carabineros, organismos oficiales, permanecen fieles a la República y a la fe jurada». La primera parte de esta noticia -la facilitada por Franco- era una patraña vertida para la confusión; la segunda -la elaborada por la redacción del periódico- resultaba excesivamente optimista. Durante algunos días, se vivió un estado de crispación contenida. El veintitrés, Valdés Casas se decidió por fin: asumió el poder militar y puso al coronel del Regimiento Tarifa, Rodolfo Espá, al frente de la comandancia militar, en tanto el general García-Aldave era arrestado y «conducido por un diputado al Hotel Samper, donde quedó en calidad de detenido», según las declaraciones del citado coronel Espá. Las dudas se habían disipado. Definitivamente, el «alzamiento» había fracasado en Alicante.

Cuánta versatilidad en juego. Ahora, la mayoría popular del Ayuntamiento se ha negado a firmar convenio alguno con la Universidad lucentina, después de los últimos sucesos entre el president de la Generalitat y el rector -el equipo rectoral, más propiamente- que tuvieron lugar con motivo de la inauguración del presente curso académico.

El treinta y uno de mayo de 1968, la corporación municipal celebró un pleno extraordinario, con un punto único: la moción de la alcaldía que consideraba de apremiante necesidad el establecimiento de un centro de enseñanza superior universitaria, toda vez que «la riqueza industrial de la provincia de Alicante, que ocupa el cuarto lugar entre las españolas, y la laboriosidad e ingenio de sus habitantes», así lo requerían.

«En el común esfuerzo -afirmaba la citada moción-, debe estar en primera línea este Ayuntamiento facilitando o contribuyendo a facilitar los terrenos necesarios, para la construcción de las instalaciones que sean precisas, con toda la ambición y amplitud, y con el fin de que esta alcaldía pueda adquirir el compromiso que se derive de la reunión que presidida por el gobernador civil, ha de tener lugar para solemnizar la petición». Por supuesto, en aquel entonces, no se produjeron discrepancias ni enfrentamientos. La moción del titular de la alcaldía, don José Abad Gosálvez prosperó por unanimidad y se le facultó además para que ofreciese todo tipo de ayuda y solicitase del Ministerio de Educación y Ciencia «la creación y establecimiento de centros de enseñanza universitaria y técnica superior, a cuyo fin se podrá ceder al Estado los terrenos necesarios, según resulte del común esfuerzo que toda la provincia de Alicante está dispuesto a brindar».

Por fin, tuvimos la deseada Universidad. Se aprobó el treinta de octubre de 1979, por las Cortes Generales, esto es, por el Congreso de los Diputados y el Senado. Y el campus se radicó en San Vicente del Raspeig.

Previamente, hubo un Centro de Estudios Universitarios, dependiente de la Universidad de Valencia. Luego, sería Colegio Universitario, y posteriormente merced a las activas gestiones de un patronado formado por el Ayuntamiento, la Diputación, la Cámara de comercio y otras entidades, se lograría el objetivo último. Once años. Aunque siglos antes, como hemos constatado en esta misma crónica cotidiana, ya existió esa misma y sana preocupación.

Ahora las cosas son distintas. No creo que nadie sensatamente se oponga a otra Universidad, pero sin despojar la primera y sin utilizarla como lanzadera política. Se imponen la mesura, el diálogo y el respeto, en beneficio de todos.

Fue un semanario satírico que influyó en un considerable sector de la sociedad alicantina, desde su primera época: Primera época que, según los estudios «La prensa en la provincia de Alicante durante la Segunda República» y «La prensa en la provincia de Alicante durante la Guerra Civil», se inició durante la primera conflagración mundial, en 1916. El semanario reanudaría su presencia pública, en 1923, hasta que desapareció definitivamente, con la muerte de quien había sido su fundador y director, José Coloma Pellicer.

En el segundo de los citados volúmenes y en la ficha correspondiente a «El tío Cuc», subtitulado «Diputat a Corts por el Rebolledo. Defensor de la xusma y de la gent de tró» se dice respecto al lugar donde se imprimía: «Está roto el periódico y sólo se puede leer» «Imprenta El...», lo que parece indicar que se imprimía en la imprenta de un diario, tal vez «El Luchador» o «El Día». En efecto, la impresión se realizaba en «El Luchador».

Con motivo del fallecimiento de Coloma Pellicer, el abogado y escritor José Guardiola Ortiz escribe: «Sobre las cajas de la imprenta de "El Luchador" he visto esta mañana, las últimas galeradas de "El tío Cuc". Al morir su director, José Coloma Pellicer, ha dejado también de existir para siempre el popular semanario, airón de la cimera del casco alicantinista que, de por vida, llevó calado Pepe Coloma». El comentario necrológico apareció en el referido diario el martes, diez de noviembre de 1936.

El semanario se escribía en valenciano y en castellano. El escritor Enric Valor que colaboró en el mismo, llevó a cabo un serio intento de normalización lingüística, como el mismo Valor nos ha ratificado personalmente, con la evocación de tan entrañable publicación periódica, donde el «tío Cuc» y su sobrino Cuquet, desde su globo, elaboraban mordaces críticas de la vida alicantina.

Coloma Pellicer fue aprendiz de encuadernador en el taller de Casanova -afirma José Guardiola-. «Después no fue más que periodista, periodista de fino ingenio humorístico y de acendrado republicanismo. Escribió en numerosos periódicos: "El Pueblo", "Heraldo de Alicante", "El Popular", "El Luchador"». «Pero donde descollaban sus excepcionales aptitudes fue en el cultivo de la sátira, que iniciada en "El Garbellet" culminó fue en "El tío Cuc". Cifró quizá el principal empeño de su vida, en estos últimos años, en lograr una compenetración de nuestro espíritu con el de los valencianos. Tenía talento».

Su entierro tuvo lugar aquel diez de noviembre de 1936 -sesenta años hará dentro de muy poco-, y la Prensa lo calificaba, entre otras muchas cosas, de «abnegado defensor de los oprimidos».

El cinco de noviembre de 1936, Alicante conoció la primera incursión de la aviación franquista, con un balance de dos muertos, un herido y considerables daños materiales en el puerto. Desde entonces y hasta terminada la guerra, se producirían unos setenta más. Pero fue en el año 1938, cuando los ataques aéreos, de aparatos italianos y alemanes al servicio de los sublevados, aumentaron su frecuencia: uno por semana de promedio.

Documentos recientemente consultados, nos informan de cómo el gobernador civil, Ricardo Mella, del Partido Socialista, dirigió un oficio al alcalde de la ciudad, rogándole que, en lo sucesivo, y con objeto de comunicárselo de inmediato a la superioridad, se diera cuenta, por escrito de los bombardeos aéreos, con una detallada descripción de los mismos, en la que se hiciera constar víctimas, lugar de los impactos y destrozos causados. El oficio lleva fecha del trece de junio de aquel año. El diecisiete, por decreto, el presidente del Ayuntamiento transmitió la orden al comisario-jefe de la Policía Urbana, para que seleccionara el personal más capacitado y recogieran cuantos detalles les fuera posible. Los datos se entregarían al encargado de los servicios de Información y Prensa, don Manuel López González, quien redactaría el parte para remitírselo, una vez firmado por el alcalde, al Gobierno Civil.

Los primeros de estos partes que hemos localizado corresponden al diecisiete y veintiocho de junio y al veintisiete de julio del referido año. El primero describe un bombardeo, de seis trimotores enemigos sobre el campamento de Rabasa «causando desperfectos en el local donde se aloja la guarnición y resultado un soldado levemente herido. También han dejado caer varias bombas en la carretera de San Vicente y en las inmediaciones de la parada de tranvía denominada El Clot. Sin víctimas»; el segundo, un ataque de «ocho aparatos "Saboya", igualmente sobre Rabasa, que arrojaron sesenta bombas, explosivas y veinte incendiarias, con peso de veinte a cien kilogramos, destrozando dos avionetas, dos trimotores, dos "Moscas" y un Fiat. Sin desgracias personales»; y el tercero cinco aparatos enemigos, en vuelo sobre el puerto, que arrojaron varias bombas sobre el barco "Farnham", de matrícula inglesa y que resultó seriamente averiado, hay que lamentar dos muertos aún sin identificar, y tres heridos de pronóstico reservado». Un material interesante para investigadores e historiadores, prácticamente desconocido.

Cierto que durante la guerra de la Independencia nuestra ciudad apenas sí sufrió acciones militares del ejército francés, más que el bombardeo de una división del general Suchet, en enero de 1812, que muy pronto, como hemos relatado aquí mismo, levantó el asedio. Sin embargo, Alicante vivió intensamente aquellos años de zozobras: hubo motines, denuncias y sospechas de personas afrancesadas, detenciones, escasez de víveres, obras de fortificaciones militares y una abundante concurrencia de refugiados de pueblos y comarcas próximos, circunstancia que obligaría a la autoridad a devolverlos a su lugar de origen siempre que estos no hubiesen sido ocupados por el enemigo, según relata el cronista Viravens. El mismo, nos da noticia de cómo el Ayuntamiento abasteció a las tropas de Freire, general en jefe del ejército del Centro.

En nuestra ciudad, se produjo el relevo del gobernador militar: el señor don José de Betegón fue sustituido por el mariscal de campo don Cayetano Iriarte. El relevo tuvo lugar en mayo de 1809.

Menos conocido o nada conocido es el hecho de que el nuevo gobernador militar ofreciera a los heridos del referido ejército del centro, la isla de Tabarca, para que en ella se levantara un hospital general militar. Así lo prueban algunos documentos que se conservan en nuestro Archivo Municipal. Uno de ellos, con fecha del veintitrés de junio de 1810, dirigido a don Cayetano Iriarte y firmado por Antonio Lanzarote, dice: «Al maestro de obras de esa ciudad José Lozano y a los señores comisionados del ejército del centro les he dado todos los auxilios que han pedido, y enseñado todos los edificios de esta isla y han demarcado diferentes de ellos para el servicio de hospitales».

Un oficio del veintidós de julio del mismo año, notificaba al gobernador militar que, «el comandante general del Departamento de Marina de Cartagena (atendiendo a su petición) ha ordenado cortar en esta isla (se refiere a Ibiza) siete mil quertones de pino para la construcción de barracones que han de servir de hospital militar del Ejército Central en la isla de Tabarca y que se le ha dado la comisión al comandante de Marina de esta isla para que verifique su corte y remesa a la mayor brevedad. Deseoso yo pues de cooperar en cuanto sea posible a este servicio, en beneficio de la humanidad, auxiliaré con cuanto pueda al expresado comandante (...)». Este escrito está firmado por don Manuel de Llamas.

Eran algo más de las diez y media de la noche del jueves seis de octubre de 1977, cuando cuatro jóvenes del Moviment Comunista del País Valencià se encontraban pegando carteles de la Diada, que había de celebrarse el día nueve, en la plaza de Los Luceros. Poco antes, de algún lugar próximo a donde se encontraban, les habían arrojado, según sus propias declaraciones, dos cubos de agua. De pronto, cuando estaban frente a la fachada contigua a la del edificio número once de la citada plaza, alguien -movido por oscuros rencores y miedos a la libertad- les lanzó un ladrillo: Miguel Grau fue alcanzado en la cabeza y se desplomó.

En estado grave fue trasladado en un coche particular a la Casa del Socorro y, de allí, a la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social. Sus tres compañeros, Juan Ángel Torregrosa, María Luz Quiñonero y Javier Álvarez Landete prestaron declaración, ante el comisario-jefe de la Primera Brigada de Investigación. También se personaron en Comisaría el diputado por el PSOE, Antonio García Miralles, y el senador José Beviá Pastor. Por su parte, el comisario-jefe provincial, Rafael Arjona, manifestó que «se estaban realizando las gestiones necesarias para esclarecer los hechos». Entre tanto, Miguel Grau fue intervenido por el doctor Fernando Ruiz y el equipo de urgencia. Al día siguiente, continuaba en estado crítico. El gobernador civil, José Duato Gómez-Novella estuvo en la Residencia, para interesarse por el joven herido.

El nueve, primera celebración de la Diada, tras la dictadura franquista, de cuatro a cinco mil personas -según las cifras facilitadas por la Prensa- se concentraron en la Explanada, para conmemorar el día del País Valenciano. En aquel acto, las fuerzas políticas democráticas de Alicante firmaron un manifiesto condenando con la mayor energía el atentado perpetrado contra Miguel Grau: PSOE, UCD, MCPV, PCPV, PSAN, PTE, LCR, ORT, PSP, USPV e independientes.

El martes, día doce, este periódico titulaba en primera página: «Rápida y eficaz operación policial. Detenido el presunto autor de la agresión a Miguel Grau. Se trata del joven de diecinueve años M. A. Panadero Sandoval».

Miguel Grau moría a las ocho de la tarde del domingo, dieciséis de octubre. Dos días más tarde, ocho mil alicantinos despidieron su cadáver, trasladado a hombros de la Residencia a la Plaza de España, por sus compañeros. Si el quince de junio de aquel mismo año, la democracia derrotaba en las urnas a todo un pasado viscoso y fascista, Miguel Grau, con su ejemplo y su propia vida, volvió a derrotarlo.

Un precio muy alto para tanta basura. El crimen fue en la plaza de Los Luceros, hace poco más de diecinueve años.

La corporación municipal acordó en sesión del nueve de febrero de 1934 renunciar al usufructo de la Casa Consulado, que le fue concedido por real orden del veintinueve de septiembre de 1884, para la instalación de la Audiencia Provincial, en nuestra ciudad. Simultáneamente, solicitó del Estado, como propietario del referido inmueble y por mediación del ministro de Justicia, que arbitrase las medidas más oportunas y convenientes, al objeto de evitar su ruina y de disponer de unas adecuadas dependencias y servicios para la administración de justicia que, por entonces, se encontraban en deplorables condiciones, debido a la situación de unos locales que venían ocupando casi un siglo atrás. (La Casa del Consulado o el Consulado marítimo y terrestres se estableció en 1784, en la calle de San Nicolás, pero diez años después se construyó un edificio propio, con tres fachadas en la plaza del Mar, frente al Ayuntamiento, como ya hemos referido en nuestra diaria crónica).

El acuerdo se justificaba en una certificación librada al efecto por don Francisco Fajardo Guardiola, arquitecto municipal, el día tres de aquel mismo mes, en uno de cuyos párrafos se decía: «He de manifestar también que si han de hacerse las obras de conservación que el edificio demanda, ascenderán a un coste elevado, y que, en realidad, ni su distribución, ni su escasa superficie permiten alojar debidamente todas las dependencias necesarias (…)».

Otro informe del arquitecto municipal del Ayuntamiento, don Miguel López, abunda en el insalubre y vergonzoso estado del inmueble: «Creo -escribe el técnico titular- que debe tomarse una determinación definitiva para que de una vez acabe este lamentable estado de uno de nuestros principales edificios públicos, creyendo también que, teniendo en cuenta su carácter monumental, se recaba, para dicha conclusión el asesoramiento correspondiente». En base a este informe, el alcalde, don Alfonso Martín de Santaolalla, pide al ministro -el diecisiete de febrero de 1935- que dicte «a la mayor brevedad la resolución que estime procedente y que libere al Ayuntamiento del usufructo que disfrutaba y a la que renunció un año atrás». Pero, nadie se atrevía a tomar soluciones. De modo que el dos de junio de 1936, el entonces alcalde, don Lorenzo Carbonell, comunica al presidente de la Audiencia que «aprobado en principio el proyecto de reforma y urbanización de la plaza de la República (antes del Mar y hoy del Ayuntamiento), con arreglo al cual ha de procederse a la demolición del dicho edificio», le ofrece provisionalmente el del número doce de la avenida Ramón y Cajal propiedad del Ayuntamiento, «a cuyo efecto se realizarán las obras indispensables, con toda urgencia».

Como cada año, la tradición de visitar los cementerios y llevar flores al lugar donde yacen los difuntos. En nuestra ciudad, al cementerio municipal Nuestra Señora del Remedio. Acerca de esta necrópolis, ya hemos escrito en alguna otra ocasión y en vísperas de este día. Es, en fin, un resumen histórico de los lugares de enterramiento de Alicante, desde que tanto Carlos III como Carlos IV prohibieran insistentemente dar sepultura en los templos.

Recordamos el desaparecido cementerio de San Blas que fue edificado sobre terrenos adquiridos por la Iglesia al Conde de Soto Ameno, y bendecido el catorce de julio de 1805. La epidemia de fiebre amarilla que azotó a nuestros antepasados, un año antes del citado, determinó su uso precipitado, antes aún de que las obras estuviesen concluidas. Aquel romántico camposanto estuvo en servicio, hasta un año después de que se inaugurara el que construyó el Ayuntamiento, tras un contencioso con las autoridades eclesiásticas del que también aquí hemos dejado ya noticia.

El cementerio de Nuestra Señora del Remedio, de propiedad municipal, también se inauguró con apresuramientos. La epidemia de gripe de 1918 no dejaba otra alternativa: La mortalidad era grande e insuficientes las posibilidades del de San Blas. De manera que se actuó con las prisas que las circunstancias trágicas imponían: en pocos meses, se produjeron más de trescientos cuarenta fallecimientos. Un año más tarde, en 1919, se prohibieron los enterramientos en el cementerio de San Blas, si bien continuaron llevándose a efecto, hasta que el pleno municipal acordó, el diecisiete de marzo de 1925, su clausura definitiva, salvo para los propietarios de panteones y mausoleos, a quienes se les ofreció terrenos en el nuevo cementerio, con la bonificación de un veinticinco por ciento. Pero fue en 1959, cuando se procedió al derribo de aquel camposanto, sobre el que se construiría la actual iglesia.

Por su parte, el cementerio moderno, fue proyectado por el arquitecto municipal don Francisco Fajardo Guardiola, y responde, según la «Guía de Arquitectura de Alicante», a «una cuadrícula configurada por medio de dos ejes principales perpendiculares entre sí, y de otros laterales paralelos a los anteriores que forman otros cuadros elementales (...) Finalizada la guerra civil de 1936-1939, se efectúa una ampliación de superficie útil, construyéndose la cripta dedicada a los vencedores de la contienda». Posteriormente, se llevarían a cabo nuevas ampliaciones, con objeto de habilitar más sepulturas.

El clero alicantino, o parte del clero alicantino, se inquietó con la presencia en nuestra ciudad de un activo luterano y subagente de la Sociedad Bíblica.

Su presencia resultar tan insólita y perniciosa en los mayoritarios círculos católicos, que sufrió el buen hombre la intolerancia y la descalificación de voces que se alzaban flamígeras contra aquel intruso. Tenemos noticias constatadas por la prensa local de que el jesuita padre Sala, sin duda, uno de los más apasionados valedores de la fe oficial, desde el púlpito de la iglesia de Santa María le dirigió unas palabras pretendidamente demoledoras: «Alicante, esta hermosa tierra, con su cielo siempre azul, con la belleza de su clima y la hermosura de sus mujeres y la nobleza de los alicantinos, tiene una mancha y esa mancha había que borrarla como fuera». Nosotros que habitualmente soslayamos cualquier opinión personal en nuestras crónicas, en este caso concreto no podemos evitar la benévola crítica a tanta retórica y a tanto y tan abundante tópico, sin profundizar en las intransigentes y poco piadosas palabras.

La mancha no era otra que la persona de don Francisco Albricias y de su obra: la Escuela Modelo, donde tantos de nuestros paisanos cursaron estudios. En un principio, el señor Albricias que había llegado a la ciudad, con su mujer e hijos, por cuestiones de salud, estableció un centro de enseñanza en la calle de Labradores, donde, en un principio tuvo tan sólo siete alumnos. Uno de nuestros muchos y amables corresponsales nos informa de que «la prensa local, desde el primer momento, lo combatió, y fue la espoleta para que otras congregaciones religiosas católicas se establecieran en Alicante».

Don Francisco Albricias continuó su labor que se vio impulsada por la generosidad de don José Morote, vecino de Villafranqueza, quien le prestó diez mil pesetas para la adquisición, al marqués del Bosch, de un solar de unos mil seiscientos metros cuadrados, en la calle Calderón de la Barca, esquina a Juan de Herrera. Corría el año de 1909. En 1916, ya se había levantado un edificio escolar de cuatro plantas. Hacia 1929, disponía de quince profesores y una matrícula de quinientos estudiantes. Luego la guerra y la dura postguerra pretendió borrar el vestigio y el prestigio de aquella institución docente. Pero fue, a la larga, inútil. Hoy se estudia y se investiga la Escuela Modelo, como centro de enseñanza, de cultura y de convivencia.

Nosotros aquí, ya hemos dejado más de un apunte sobre su función, su profesorado, su fundador y uno de sus hijos, Franklin Albricias Goetz que ocupó un lugar relevante en la vida pública alicantina.

En respuesta a las numerosas demandas que el alcalde don Ambrosio Luciáñez remitió a particulares, instituciones, servicios, etcétera, a finales de 1939, sólo recibió cuarenta y seis escritos, con datos e informaciones, para documentar la «historia de la esclavitud marxista», como ya apuntamos recientemente: comerciantes, directores de bancos y de la Escuela Normal de Magisterio y de la Escuela de Comercio, arquitecto municipal y delegado-jefe de la Telefónica, entre ellos.

Precisamente el delegado-jefe de la Compañía Telefónica, le envió un informe de cuatro folios, el dieciséis de marzo de 1940, en el que describe, de acuerdo con las instituciones, cómo, a partir del dieciocho de julio de 1936, el gobernador civil, señor Valdés Casas, ordenó que los servicios de conferencias interurbanas fueran intervenidos, cometido éste que fue efectuado por personal del Cuerpo de Telégrafos. En un principio quedaron suspendidas las conversaciones entre particulares y sólo se autorizaron las de carácter oficial, aunque sujetas a observación.

Asimismo se prohibieron las conferencias internacionales, salvo las celebradas por los representantes consulares, «siendo obligado el empleo del idioma español», y bajo vigilancia, muy especial las solicitadas por los cónsules de Italia y Alemania. El gobernador civil, encomendó la censura a personas pertenecientes al Frente Popular. Entre estos «individuos», el delegado-jefe de la Telefónica y redactor del informe, destaca «a un tal Antonio Ramos significado rojo». Todos «aquellos elementos irrumpieron en el centro, el mismo día dieciocho de julio, armados de pistolas e interviniendo especialmente las conversaciones telefónicas mantenidas en cuarteles y dependencias militares que fueron objeto de estrechísima vigilancia, para dar luego cuenta del resultado de sus observaciones a las autoridades rojas». Como consecuencia de las mismas, fueron detenidos «los oficiales señores Luciáñez y Robles, del arma de Infantería, el primero, y de las fuerzas de Asalto, el segundo».

Los servicios telefónicos quedaron así sometidos a un estricto control hasta el primero de agosto, «fecha en que desaparecieron los temores y dudas que aún existían respecto a la actitud que, en definitiva, pudieran adoptar los militares de esta plaza».

Posteriormente, «comenzó la funesta actuación de las organizaciones obreras» que asumieron la dirección técnico-administrativa. El Comité de control estaba compuesto «por dos profesionales indeseables, asistidos por un empleado, en funciones de la autoridad civil y otro de la militar». El comité destituyó al jefe del centro de la Telefónica en Alicante, «por considerarlo desafecto o sospechoso a la causa roja». Las conferencias interurbanas, salvo contadas excepciones, no se celebraron durante todo aquel periodo.

Tras la victoria de los ejércitos del general Franco, se inició una cruenta represión, de la que nos ocupamos ampliamente en nuestra obra «La lucha por la democracia en Alicante», y también en algunas de nuestras diarias crónicas. Hoy aportamos nuevos y estremecedores documentos de estas prácticas, comunes lamentablemente en uno y otro bando.

El veintiséis de agosto de 1939, ya con la maquinaria bien engrasada para varios años más, el juez instructor provincial del Juzgado de Responsabilidades Políticas oficia al alcalde de nuestra ciudad, don Ambrosio Luciáñez Riesco, en solicitud de que, en el plazo más breve posible, le remita una relación de personas destacadas que hubieran pertenecido a los partidos declarados fuera de la ley, es decir: «Acción Republicana, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Federal, CNT, UGT, Partido Socialista Obrero, Partido Comunista, Partido Sindicalista, sindicalistas de Pestaña, Federación Anarquista Ibérica (FAI), Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), Ateneo Libertario, Socorro Rojo Internacional y de todos los que pertenecieran a las Logias Masónicas».

El veintiocho de aquel mes, un nuevo oficio de la misma procedencia advierte al alcalde que no precisa de relación alguna de personas vinculadas a las Logias Masónicas, «por disponer este Juzgado de la documentación precisa para ello». Pero insiste en que se le envíe «nombre, apellidos y demás circunstancias personales de los individuos como Botella Asensi, de Alcoy, que fue ministro de Justicia, en partidos de izquierda, y que con sus predicaciones subversivas, contribuyeron a crear el clima indispensable de la revolución; Jerónimo Gomariz Latorre, subsecretario de Justicia, con Albornoz, diputado a Cortes del Frente Popular, es decir de las personas más destacadas y que, como se dice de Botella Asensi, son los causantes, por su posición y ascendencia social, de la subversión roja que tanto daño causó a la patria».

Un decreto de Alcaldía fechado el veintinueve del mismo agosto, ordena a los funcionarios afectos al Archivo que procedan a la lectura de los periódicos locales, a partir del dieciséis de febrero de 1936, con objeto de determinar quiénes actuaron en la política alicantina, «encuadrados en los partidos y sindicatos que integraban el Frente Popular». En el expediente consultado, figuran, manuscritas, una serie de noticias periodísticas, localizadas por los funcionarios, referentes a diversos dirigentes conceptuados instigadores de la revolución. De aquí saldría una lista de catorce personas, que publicamos en esta columna, y en la que figuraban, entre otros, Alonso Mallol, Agustín Mora, Rafael Millá, Marcial Samper, Fermín Botella, Santiago Martí y Lorenzo Carbonell.

Por entonces, los adolescentes o los jóvenes aprendían a la brava. Por la vía de una experiencia, en ocasiones más que lamentable. De las varias calles que ofrecían una abundante nómina de mancebías, la de Álvarez era una de la más frecuentada por una clientela heterogénea: soldados, marineros, portuarios, pipiolos. Qué comercio de carnes ajadas, donde se libraba el fornicio a duro y la educación sexual era siempre una aventura. Especialmente para quienes no habían alcanzado aún la mayoría de edad, y se exponían a los rigores de unas leyes estrictas.

Aquella calleja, ya desaparecida, pina, estrecha, maloliente y oscura, llevaba el nombre de un ilustre jurista alicantino: don Francisco Álvarez, autor de «Tratado contra el libro intitulado Almojarifago, que compuso el doctor don Luis de Ocaña». Ya ven, tanta ciencia, tanta fama, para venir luego en el lodo del chanaleo del amor mercenario. Nos refiere el presbítero y cronista provincial don Gonzalo Vidal Tur, en su libro «Alicante, sus calles antiguas y modernas», que, con anterioridad, se la rotuló con el nombre gremial de Alpargateros y posteriormente, hasta el año de 1822, con el de San José.

La calle Álvarez, en la triste posguerra, se ponía bulliciosa las vísperas de fiesta. Cuando llegaba la noche, un empleado del Ayuntamiento provisto de una larga pértiga iba pacientemente conectando el alumbrado público, apenas cuatro o cinco bombillas de luz lívida que hacía más discreto el lugar y sus singulares arrumacos.

Pero la calle Álvarez tenía su oposición en la de Teatinos, nombre de una congregación religiosa que aprobó el pontífice Clemente VII, en 1524, sin calcular ni remotamente cómo, andando el tiempo, iba a servir de tapadera a tan nefastos trajines. Claro que la calle de Teatinos, más céntrica y mejor iluminada, fue perdiendo terreno y clientela, en beneficio de una geografía, más o menos secreta, de la prostitución urbana.

En cualquier caso, el turismo y la prohibición liquidaron aquellos ámbitos o los dejaron reducidos a unas cuantas casas. Las trabajadoras del sexo se quedaron desoladas y en paro, con una mano delante y otra detrás: sin oficio ni orificio. Por los años cincuenta, llegaron las intrusas: lo hacían de balde y susurraban frases cariñosas en francés. Eran mujeres jóvenes que olían a lila. Las otras, las desplazadas, las despedidas, las perseguidas, eran apenas sobras que se desvanecían al alba, envueltas en una fragancia de permanganato potásico y café de recuelo, sin un duro en el sostén. Los turistas, en su asedio, pulverizaron buena parte de nuestros valores carnales. Qué ingratitud.

Lo escribimos en esta misma columna: reclusos republicanos trabajaron en el desmonte de la Montañeta. Ahora, aportamos más información sobre este asunto. El diecinueve de diciembre de 1939, «Año de la Victoria», como saben, el alcalde don Ambrosio Luciáñez Riesco se dirigió por escrito al general presidente del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo, del Ministerio de Justicia. En la instancia, argumenta que en una de las zonas más céntricas y populosas de Alicante, «entre las llamadas urbana y del ensanche, existen unos montículos de milenarios macizos rocosos, de viejas murallas y antiquísimos fortines militares que impiden el normal desarrollo de la población, taponando diversas calles y entorpeciendo la construcción de viviendas».

Las vías a las que se refiere eran concretamente: Colón, General Goded, Aranjuez, Radiotelegrafista Lozano y Doctor Pascual Pérez. Por supuesto, urgía resolverlo, para reformar aquel sector de la ciudad, «en cuyas parcelas resultantes se levantarían nuevos edificios públicos, entre ellos, algunos centros docentes de enseñanza primaria». Por todo ello, el señor Ambrosio Riesco pedía que el benemérito Patronato accediera a enviar «una compañía, sección o grupo de las brigadas de trabajadores, fuerte, de unos cien hombres, que se encargara de las obras de desmonte y nivelación de tales terrenos, para permitir así su urbanización».

Con objeto de que prosperara su solicitud, el alcalde de nuestra ciudad en aquel tiempo, escribió una carta al general don Pío Suárez Inclán, para que mediara en el tema, como le había indicado el gobernador civil de la provincia, don Fernando de Guezala. La carta lleva fecha del diecinueve de diciembre de 1939.

El veintitrés del mismo mes, el Patronato le contestó que «en sesión celebrada con fecha de ayer ha tomado el acuerdo de acceder a la petición formulada en su escrito, solicitando cien reclusos trabajadores para obras de desmonte y nivelación (...) quedando a cargo de esa corporación establecer la debida vigilancia que asegure en absoluto la posibilidad de cualquier evasión que pudiera pretenderse (...)». Se estableció el ingreso en la cuenta corriente del Patronato, en el Banco de Vizcaya de Madrid, la cantidad «a que se calcula puedan ascender los gastos para atender puntualmente los pagos de jornales y asignación familiar», en cinco pesetas por recluso y día de trabajo. La permanente acordó, antes de aceptar y previa consulta con el gobernador, si podía contar con medios para la vigilancia, alojamiento de los penados y si «los jornales eran de cinco pesetas o de cuatro veinticinco, como se había dicho en un principio». Había que regatear.

El periodo de la dictadura de Primo de Rivera, quizá poco estudiado localmente, se abrió en el Ayuntamiento con la alcaldía de don Miguel de Elizaicin España y se cerró con don Florentino de Elizaicin España. El primero de ellos, general de brigada, dimitió pronto de su cargo, alegando razones de salud y por el hecho de ser mayor de sesenta años. La excusa se le aceptó por unanimidad de la corporación. El edil Carbonell, incluso, ponderó su gestión y su actitud en el ejercicio del cargo «como la de un perfectísimo caballero, demostrando ser un buen alicantino, digno del aprecio de sus conciudadanos». Junto a él y «con el sentimiento de la corporación», también cesaron en sus concejalías los señores Leach, Santafé y Millet.

El once de enero de 1924, José María Antón Tarí, primer teniente de alcalde y alcalde en funciones, por hallarse vacante la Alcaldía, presidió la sesión extraordinaria de la que habría de salir de nuevo presidente del Ayuntamiento. Tres días antes, el ocho de aquel mes, y cuando don José Tato Ortega, ejercía las funciones de alcalde, continuaron las dimisiones: Pérez García, Lorenzo Carbonell, Francisco Yáñez, Jorge Llopis, César Oarrichena, Juan Santaolalla, Agustín Mora, Miguel Guardiola y Manuel Viñes. Dimisiones que asimismo fueron aceptadas por unanimidad. Previamente -dato que tal vez ayude a comprender determinados comportamientos-, se procedió a la lectura de un oficio del general Bermúdez de Castro, gobernador cívico-militar, nombrado concejal a don Miguel Salvador Arcángel, también militar, quien sería elegido alcalde, por veintitrés votos y uno en blanco, en la sesión del día once, a la que ya nos hemos referido.

Pero antes de finalizar aquel año, el doce de diciembre, el señor Salvador Arcángel comunicó al general Bermúdez de Castro que «ya habían sido nombrados todos los ediles que habían de sustituir a los que, por entonces integran la corporación». El mismo día, en sesión inaugural se procedió a la elección del nuevo alcalde: el general Julio Suárez-Llanos. Suárez-Llanos presidió el Ayuntamiento hasta el veinticinco de febrero de 1930. Al día siguiente -ya está relatado-, se hizo cargo de la Alcaldía, por mayoría de edad, don Florentino de Elizaicin España quien dijo que «creía en el noble propósito del nuevo Gobierno de normalizar el régimen constitucional que durante más de seis años había estado en suspenso». La dictadura había caído, por fin.

Sin duda, muchos alicantinos aún los recordarán, bien por haberse cobijado en ellos, cuando la Guerra Civil, bien por la imagen que ofrecían, años después, de desolación y memoria aún dolorida. Nos referimos a los refugios antiaéreos. Refugios que, en un principio, estaban bajo la competencia de la Consejería de Obras Provinciales, hasta que, el uno de julio de 1937, se hizo cargo de los mismos la recién constituida Junta Local de Defensa Pasiva. En la señalada fecha, había dieciocho refugios con capacidad para 8.070 personas, y otros quince en construcción, para 9.900, según los datos que nos suministran la memoria, correspondiente al mes de julio de 1938, de dicho organismo y que está firmada por Santiago Martí, alcalde y presidente del Consejo Municipal y de la Referida Junta Local de Defensa Pasiva. En dicha memoria, se contemplaban, en el plan ya aprobado, el proyecto de otros treinta y siete refugios, de los cuales siete se encontraban muy avanzados. Una vez concluido el plan de protección contra las incursiones de la aviación facciosa, el número previsto de vecinos o acogidos en nuestra ciudad que podían ampararse en ellos era de 108.590.

Los había de varios tipos, siempre de acuerdo con las condiciones topográficas y geológicas de su emplazamiento. Los llamados de «galería» de excavación profunda, con o sin revestimiento, como el de la Montañeta, para dos mil personas, tenían un costo de sesenta pesetas por plaza. Los de «losa» estaban en aquellos lugares donde eran más frecuentes las filtraciones de agua, ya fuera por la proximidad del mar, ya por la existencia de yacimientos subterráneos. Parecían los más adecuados para las partes bajas de la ciudad, y su coste, por persona, ascendía a doscientas veinticinco pesetas. Por último, los de «bóveda o túnel», muy parecidos a los anteriores, con una considerable robustez por la disposición monolítica de su trazado, y que costaba doscientas cincuenta pesetas por persona.

Pero además, empresas, talleres, otros centros de trabajo y organismos oficiales disponían también de sus correspondientes refugios. La Junta Local de Defensa Pasiva alentaba las iniciativas privadas, «facilitándoles los servicios técnicos que precisasen en la redacción del proyecto o en la dirección de obras».

Se trataba, en suma, de establecer una red de pequeños refugios, muy próximos entre sí y con gran número de bocas de acceso, para cobijar con la mayor rapidez a la población civil y ponerla a salvo de las frecuentes y repentinas agresiones aéreas.

El lema que se estimaba preciso para la mayor seguridad era: «Un refugio en cada casa». Y aun así, casi quinientos muertos a consecuencia de los bombardeos.

Entre la multitud que esperaba, en la estación de la RENFE, a los brigadistas internacionales, el pasado viernes, día ocho, encontramos a numerosos amigos, entre ellos a Carlos Palacio, el compositor alcoyano que reside en París, pero que nos visita con asiduidad. En medio de las escenas emotivas, de los encuentros de los entrañables compañeros de sesenta y más años atrás, Carlos Palacio recordó cuándo nos conocimos en 1982, y cuándo nos confió sus memorias, prologadas por Antonio Buero Vallejo, que finalmente, se publicarían, no en el instituto de Estudios Alicantinos, al que presentamos nuestro muy favorable informe técnico, sino en el nuevo Instituto Juan Gil-Albert.

Carlos Palacio, con otros muchos amigos de Alcoy y de Elche y de varios más lugares de la provincia, querían abrazar y saludar a los nuevos compatriotas a quienes, por unanimidad de todos los grupos políticos parlamentarios, de todos, se otorgaba la nacionalidad española, en cumplimiento de una promesa, de un acuerdo y de un merecido reconocimiento. Entonces, recordamos también que este formidable compositor es el autor de la música del Himno a las Brigadas Internacionales, himno que, en realidad, escribió para Luis Carlos Prestes, el comunista brasileño a quien se le conoció como «El caballero de la esperanza»; y más tarde, en Valencia, supo que el poeta proletario alemán Erich Weinert le había puesto otra letra; la letra dedicada a los voluntarios internacionalistas. Palacio amigo de Weinert, redactó en sus memorias: «No escribí la música para que languideciera en los vetustos archivos de la Sociedad de Autores. Mi música es viento, y el viento es del mundo y de los hombres».

Curiosamente y un día antes de la llegada de nuestros huéspedes, recibimos una carta de un excelente amigo que reside en Estocolmo, Jaime Pomares, y que nos remitió con anterioridad, un folleto sobre la apertura de una exposición, en aquella ciudad, «en honor de los voluntarios de la libertad suecos, puedo añadirte que el hospital de sangre que funcionó en Alcoy, fue organizado en base a las ayudas de Suecia y Noruega; contó con seiscientas cincuenta camas (...)». Nos incluye también fotocopia de un documento: un díptico, con dos lazos y con las banderas republicanas española y sueca, en una cara, y en la otra una invitación de la Legación de Suecia invitando a visitar el Hogar Sueco para Niños Españoles en Denia «y a tomar parte en la merienda de los niños que tendrá lugar a las cinco de la tarde del domingo primero de agosto de 1937». Papeles y testimonios para nuestra crónica que aquí queda sumariados, con agradecimiento.

El primer Ayuntamiento de la dictadura (¿presunta?) no fue nada cicatero ni recatado con los representantes y algunos personajes de los países nazifascistas (¿presuntos?), que apoyaron al franquismo. A disposición de cualquier ciudadano están las actas municipales de los plenos de 1939 y siguientes. Si se detienen en la correspondiente a la sesión extraordinaria del treinta de diciembre de dicho año, verán cómo, por unanimidad, la corporación que presidía el alcalde Ambrosio Luciáñez Riesco concedió la medalla de oro de la ciudad, «el más alto galardón que compete otorgar», al cónsul de Alemania (la del Nacionalsocialismo de Hitler) señor don Joaquín von Knobloch por sus relevantes servicios «a la noble causa que defendíamos». En el mismo acto, también se le concedió tal distinción al vicealmirante Carls, «comandante en jefe de la marina (germana) de guerra en alta mar, los jefes y oficiales y también las dotaciones de los buques de dicha gran nación amiga que por entonces se encontraban aquí».

Al cónsul Von Knobloch, el Ayuntamiento, en sesión extraordinaria del tres de junio de aquel año de la victoria, ya lo había homenajeado, rotulando la plaza de Dicenta (actual plaza del Mar) con su nombre. «Según informe del jefe provincial (del Movimiento) antes de éste, era ya un verdadero falangista. Alemania, por medio de este ilustre funcionario consular en Alicante, estaba comprometida y unida al glorioso resurgir de España (...)». Declaración que nos parece bastante delicada, porque revela ciertos servicios más de agente secreto que de funcionario consular, como se le consideró.

Días antes de la concesión de las citadas medallas, el pleno también extraordinario del veintisiete de noviembre, también dio el oro al cónsul argentino don Eduardo Lorenzo Barrera, «por su meritoria labor durante la dominación roja, gracias a la cual muchos alicantinos (y no alicantinos, agregamos, y aquí dejamos algunos nombres ya) pudieron salvarse del martirio a que les hubieran sometido la horda roja». Se amplió la concesión de los comandantes del destructor «Tucumán» y del crucero «25 de Mayo», «merced a los cuales la labor altamente humanitaria del señor cónsul argentino pudo tener la apetecida eficacia». Además a la calle Mariana Pineda se le dio el nombre de Destructor Tucumán, hoy, Tucumán a secas. Honor y gloria a los vencedores.

El actual Ayuntamiento de nuestra democracia (¿y también presunta?) no ha recibido a los brigadistas internacionales que defendieron la legitimidad de un gobierno salido de las urnas democráticamente, como nuestros ediles. ¿Paradoja? A esta actitud, a esta singular figura, ¿cómo se le llama? Con comentarios. Y a tutiplén.

Muy Ilustre, Siempre Fiel y Heroica ciudad de Alicante. Estas son las dignidades que con más frecuencia preceden al nombre de nuestra capital. Las dos primeras, le fueron concedidas, por Felipe V; bastante más tarde, le llegaría la de Heroica, que le otorgó Alfonso XII, según real decreto aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia, el viernes, diez de junio de 1881.

Con anterioridad, Alfonso X el Sabio ya la había distinguido con las de Leal y Esforzada. Y posteriormente, de acuerdo con nuestros datos, fue Carlos I, quien, junto con el Toisón de Oro, para la orla de sus armas, concedido en el año 1524, confirmó también a su municipio el tratamiento de excelencia. Pero es lo cierto que durante muchos años, el Ayuntamiento alicantino sólo utilizó el de ilustrísimo. No se conoce muy bien por que mantuvo un rango protocolario inmediatamente inferior. En su «Reseña histórica de la ciudad de Alicante», el historiador local y escritor Nicasio Camilo Jover advierte que en 1850 nuestro municipio obtuvo nuevamente el honrosísimo privilegio que había dejado perder, no sabemos por qué causas: aludimos al tratamiento de excelencia que le fue concedido por real decreto de diecinueve de agosto».

Sin embargo, como ya advertimos en algunos de nuestros trabajos, Nicasio Camilo Jover se equivocó al fechar dicho decreto. Tal se desprende de la lectura de las actas del cabildo correspondientes el veintinueve de noviembre del citado año. Era por entonces alcalde constitucional don Tomás España, y en el documento de referencia se dice textualmente: «Se dio cuenta del real decreto de veinte del actual que su majestad Isabel II (q. D. g.) se ha dignado conceder a esta corporación el tratamiento de excelencia, y habiéndolo sido la misma con especial satisfacción, acordó que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia y en "El Alicantino", diario de la capital, elevándose a su majestad una respetuosa exposición, dándole las gracias por la singular honra que ha dispensado al Ayuntamiento».

En el BOP del viernes, seis de diciembre de 1850 se puede leer: «El excelentísimo señor ministro de la Gobernación del Reino me transcribe en real orden del veintidós del próximo pasado mes de noviembre el real decreto siguiente: en consideración a las particulares circunstancias que concurren en la Muy Ilustre y Siempre Fiel ciudad de Alicante, capital de la provincia del mismo nombre, vengo en conceder a su Ayuntamiento el tratamiento de Excelencia. Dado en Palacio, a veinte de noviembre de 1850. Esta rubricado de la real mano. El ministro de la Gobernación del Reino, el conde de San Luis». Pues qué bien.

Interesante, aunque con generosa abundancia de nombres propios, nos parece ofrecer a nuestros lectores y, en particular, a los investigadores de la guerra civil, los oficios remitidos por el alcalde de la ciudad al Juzgado de Instrucción de Responsabilidades Políticas. Tomamos tan solo algunos del oportuno expediente, con expresión de la fecha en que fueron remitidos a su destinatario. La mayor parte de los datos y relaciones fueron tomados de la prensa local y especialmente del diario «El Luchador».

«A los efectos procedentes en el Juzgado de su cargo, a continuación relaciono los nombres de los componentes del Frente Popular Antifascista aparecidos en "El Luchador", de veinticinco de septiembre de 1937. Presidente: Ramón Llopis Agulló; vicepresidente: José Castaños Lajarín; secretario: Casimiro Arques Payá; vicesecretario, Jacinto Alemañ Campello. Adjunto le remito las circunstancias conocidas de los mismos. 30 de octubre de 1939».

Componentes del Comisariado del Ejército Voluntario Republicano, comisario civil-presidente: Eliseo Gómez Serrano; comisario civil de acuartelamiento, avituallamiento y transportes: Antonio García Meléndez; comisario civil-secretario general: Antonio Cañizares Penalva. 9 de octubre de 1936.

Componentes del Comité Local de la Junta de las Juventudes Socialistas Unificadas, secretario político: Francisco Ostolaza; secretario de organización: José Milán; secretario de propaganda: José Blanca Pérez; secretario deportivo: Juan Asensi; secretario estudiantil: Julián Penadés; secretario infantil: Julio Bádenas Andrés; secretario de milicias: José Pozo; secretario administrativo: Alejandro García Barcia; secretario femenino: Antonio Fenoll; secretario sindical: Renato Ibáñez. 9 de octubre de 1939.

Comisión provincial de intervención de la industria: presidente: gobernador civil Valdés Casas; vocales: José Vidal Ramos; ingeniero: Guillermo Vallejo Fernández; inspector provincial de Trabajo: José Cañizares Domenech; socialista: Julio Carratalá Nomdedeu, comunista.

Tribunal especial para desafectos, presidente: Juan Francés; jurados: Antonio Eulogio Díez y José Lillo. 7 de octubre de 1939.

Compromisarios para la exaltación de Manuel Azaña a la presidencia de la República: Ángel Pascual Devesa, José Cañizares Domenech, Agustín Mora Valero, Luis Arráez Martínez, Gregorio Ridaura Pascual, Manuel Rodríguez, Martínez José López Pérez y Antonio Cañizares Penalva. 6 de octubre de 1939 (el último de los citados no aparece en la relación ofrecida por «El Luchador», el veintinueve de abril de 1936, de la candidatura más votada).

Literalmente, cuando truena nos acordamos y miramos hacia Santa Bárbara, hacia el castillo y fuerte de Santa Bárbara. Aún con más temor y agobio lo hacían los alicantinos, a mediados del pasado siglo. Tanto que el Ayuntamiento de aquel entonces mantuvo conversaciones con el gobernador civil de la provincia, don Antonio Alegre Dolz, al objeto de atender algunas necesidades perentorias de nuestra ciudad. Una de ellas era proteger de las tormentas eléctricas el referido castillo, donde había muerto un centinela a consecuencia de un rayo el mes anterior, es decir, en octubre de 1853. A raíz de estas conversaciones, el cabildo aprobó, bajo la presidencia del primer teniente don Juan José Carratalá en funciones de alcalde, la instalación de uno o más pararrayos en el fuerte. Con el acta municipal, donde se contenía tal acuerdo, el gobernador civil ya citado se reunió con el militar y con el comandante de ingenieros, a fin de proceder en consecuencia, contando con la autorización de la superioridad y con la ayuda económica concedida por el Ayuntamiento, en sesión del diecisiete de noviembre de aquel año.

Dos días después, el comandante de ingenieros don Federico de Echevarría agradecía a la corporación municipal el donativo de mil quinientos reales de vellón, para la construcción de dos pararrayos, cuya obra ya había comenzado, «creo mi deber -escribía al Ayuntamiento- tributarle de la manera más sincera, por el laudable y paternal celo, con que tan poderosamente contribuye a librar a los dignos habitantes de la capital de los inmensos daños y perjuicios que pudieran ocasionársele, si desgraciadamente llegara el caso, ya próximo en varias ocasiones, de caer una chispa en el almacén de pólvora, que encierra la dotación del fuerte».

El jefe militar expresaba su gratitud por la subvención concedida, por cuanto el Cuerpo de Ingenieros se encontraba en situación de manifiesta escasez de fondos, para sus numerosos objetivos. «Esta circunstancia me hizo admitir, desde luego, tan generoso donativo, como medio eficaz, para llevar a cabo el proyecto, deseo que quede consignado, de una manera indeleble, la parte tan activa que esa excelentísima corporación ha tomado en la realización de esta obra de tan incalculables ventajas, y que debe proporcionar la más completa calma a todos los habitantes de la población». Nuestros antepasados estaban protegidos de rayos y truenos.

Aunque alejada de los frentes de combate, nuestra ciudad experimentó a lo largo de la Guerra Civil, profundos cambios en su modo de vida. Fue destino de multitud de refugiados, procedentes de otros muchos lugares devastados, y el pueblo alicantino tuvo que hacer un considerable esfuerzo de solidaridad, para atenderlos, en medio de una situación que se extremaba, con el paso de los días.

Para canalizar todas las ayudas, el veintiuno de abril de 1937, se constituyó el Comité Local de Refugiados. En la Alcaldía, se reunieron con el presidente del Consejo Municipal -el alcalde del Ayuntamiento-, Rafael Millá Santos, Carlos Schneider San Roman, médico de Sanidad Nacional; Francisco Fernández Mármol, representante de los refugiados de nuestra ciudad; Antonio Fernández Martínez, por los organismos sanitarios y de asistencia social que dependía de la UGT, y José Díaz Sánchez, por el Socorro Rojo Internacional. La reunión tenía por objeto cumplir la orden del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, del día once de marzo de aquel citado año, que se publicó en la «Gaceta de la República», el trece.

Millá Santos, en su condición de presidente, manifestó que aunque ya se había constituido antes el Comité, por cuanto así se cumplió con el decreto de veintiséis de octubre de 1936, no pudo llevar a efecto actuación alguna toda vez que el Comité Provincial de Refugiados, había asumido todas las competencias y funciones relativas a las personas refugiadas en la ciudad de Alicante. Sin embargo, con la nueva orden ministerial, había solicitado a los organismos afectados por la misma, que procedieran a la designación de sus respectivos vocales. No obstante, en el acta constitucional se advierte: «Una organización sindical, la CNT, ha negado su concurso y no ha designado delegado para este Comité, esperando lo haga en breve plazo».

Lo cierto es que celebrada la reunión, se acordó poner en conocimiento la constitución del mismo, integrada por los representantes relacionados «a la Oficina Central de Evacuación y Asistencia a Refugiados y a la Oficina de Etapa, a fin de que ésta marque la labor a realizar».

Hemos consultado el acta del veintisiete de noviembre de 1936, y en ella se explicita que si bien se erigía el Comité Local de Refugiados, «por si en algún momento fuera necesario el ejercicio de sus funciones», éstas habían sido absorbidas por la Comisión de Asistencia Social dependiente del Comité Popular Provincial de Defensa. Así, pues, aquel primer Comité Local que no llegó a desplegar actividad alguna, se formó, presidido por Rafael Millá, y compuesto por los consejeros municipales (concejales) Pascual Ors Pérez, Pascual García Guillamón, el médico de la Beneficiencia, Ramón Esplá y Ángel Víñez Serrano, de la UGT.

En febrero de 1895, los hermanos Lumiére, Louis y Augusto, patentaron un artefacto que se llamaba «aparato para la obtención y visión de pruebas cronofotográficas». Es decir, el prodigio. O sea, el cine. El veintiocho de diciembre de aquel año, en el Gran Café del boulevard de los Capuchinos, exhibieron públicamente y al precio de un franco por persona «La salida de la fábrica». Menudo invento, menudo medio de expresión se habían sacado de la chisteras.

Poco después, en nuestra ciudad comenzaron a proliferar las instalaciones donde el vecindario podía encandilarse ante aquella magia. De febrero de 1899, data una instancia en la que don Ramón Planes Laparra solicita permiso al Ayuntamiento, para montar un barracón de veintiocho metros de largo por ocho de ancho, previo pago del impuesto municipal correspondiente a la ocupación de la vía pública, y al objeto de presentar en Alicante, espectáculos cinematográficos, «con el aparato perfeccionado "Lumiére", juntamente con el fonógrafo "Edison Vitin" y el nuevo espectáculo denominado "Visiones artísticas". El señor Blanes Laparra, natural de Valencia, quería instalar su barracón en "un terreno recayente al Teatro Principal", en donde se han establecido en otras ocasiones análogos espectáculos».

Algunos meses más tarde, en agosto, el alicantino don Adolfo Fó pide al Ayuntamiento permiso para otro barracón provisional, en la avenida de Zorrilla (actualmente de la Constitución), también «para presentar el último aparato cinematográfico de Mr. Lumiére», llamado el «Animatógrafo Mágico».

La documentación relativa a este respecto es bastante abundante y singular. El cine, hace cien años ya, ganaba terreno, y los pioneros de la exhibición de aquel ranción y sugerente celuloide, no paraban. En 1900, en noviembre, llegó a nuestra ciudad don José Gónzalez y González, procedente de Madrid, para instalarle en el paseo de Menéndez Núñez y ofrecer a nuestros aún próximos antepasados sesiones de cinematografía, «sin hacer uso de instrumentos musicales para no desagradar al vecindario». Y el paisano don Miguel Asensi Brotons que, como «representante del "Salón expres" situado en la plaza del Teatro pretendía continuar dando espectáculos de cinematógrafo stereopticon y poliphon». Y que además se comprometía a «dar trescientas pesetas como regalo al Ayuntamiento» y un concierto con fines benéficos.

Ahora, en el centenario, esta crónica cotidiana aporta a su celebración la curiosidad de unos datos que revelan la presencia del cine en nuestro Alicante, prácticamente desde su origen. Casi.

Cuando en octubre de 1821, en pleno trienio liberal o constitucional, en una experiencia muy breve, Alicante fue elevada al rango de capital de una provincia ciertamente algo confusa, las autoridades se encontraron con numerosos problemas que había que afrontar y resolver, con el mayor tino. En un interesante documento que data del veinticuatro de marzo de 1882, un grupo de notables alicantinos, entre los que figuran Luis Bellón, Juan Bautista Lafora, Alberto Ferrándiz y José Hernández se dirigió al jefe superior político de la provincia de Valencia, exponiéndole cuáles eran las prioridades «para conseguir la prosperidad de un pueblo tan digno de disfrutarla».

«Deslumbrado por el prestigio lisonjero de la capitalidad con que tan justamente ha sido designado por las cortes, no perdonará sacrificio alguno de cuantos pueda contribuir al progreso de las luces y al goce la más sana policía». A continuación, establece que, tras una detenida meditación, han dado con los edificios más a propósito, para erigir la Universidad de la Provincia y la Beneficencia Pública. «Entre los conventos que han sido suprimidos, se encuentra el que ocupaban los dominicos, edificio muy capaz y conveniente para levantar en él la precitada Universidad» (adjuntaban modelos de la planta y dictamen de don José Cascant «académico de varias y arquitecto titular de esta ciudad»). No obstante y dadas las precarias condiciones económicas, la escasez de recursos y la envergadura del proyecto, advertían que en tanto éste se ejecutara, el edificio podía destinarse a escuelas públicas de primera enseñanza «de que tanto carece esta ciudad y que por los mismos le son tan necesarias».

Aunque de mayor urgencia era disponer de la Casa de Maternidad, establecimiento necesario, por cuanto el Ayuntamiento se encontraba sumido en un grave conflicto «sin que le sea dado a su buen celo enjugar el llanto y precaver el abandono de muy cerca de doscientos expósitos víctimas de la desnudez y la miseria». De forma que para tan delicado asunto, se había pensado ya como inmueble apto «en el convento que ocuparon los agustinos, dejando a cargo de las obras a la Junta de Beneficencia». Y el tercer tema correspondía al del Hospital Civil que según la nueva legislación «debe plantearse a la extremidad de los pueblos». El denominado hasta aquel entonces Hospicio de Tierra Santa era el local más idóneo «por sus salas dilatadas y espaciosas, su hermosa construcción, su ventilación y el hecho de haber sido ya hospital militar».

Sin embargo, con la llegada de los absolutistas, un año y medio después, Alicante perdería la capitalidad, hasta que, por real decreto de treinta de noviembre de 1893, la recuperará definitivamente.

Con el ejército republicano desarmado, en las cárceles y en el exilio, el treinta y uno de julio de 1942, el fiscal instructor delegado de la Causa General en nuestra provincia dispuso la intervención de la «prensa roja», publicada en Alicante desde febrero de 1936 hasta el final de la guerra civil, que se custodiaba en el Archivo Municipal; prohibió la exhibición de cualquiera de sus ejemplares, a menos de que se presentara «orden en contario extendida por escrito y firmada por el alcalde»; y acordó que todos los periódicos quedaban incorporados a la Causa General. El fiscal instructor delegado exigió que se levantara un inventario.

El inventario comprendía los siguientes títulos, según el oficial encargado del archivo:

«El Luchador» (republicano y fundado por Juan Botella Pérez, en enero de 1913) desde el uno de febrero de 1936, hasta el seis de junio de 1938, excepto algunos números de marzo y abril de este último año que no se conservaban.

«El Día» (fundado en 1915 y desde julio de 1936, diario republicano), desde el uno de febrero de 1936, hasta el dos de julio de 1938, último número archivado (otras fuentes señalan que el número final pudo ser el correspondiente al diez de aquellos mismos mes y año).

«Avance» (diario socialista de la tarde) apareció el dos de agosto de 1937 y término de publicarse el veintinueve de marzo de 1939. Faltan bastantes números.

«Diario de Alicante» (republicano, apareció en 1907), desde febrero de 1936, hasta el veintiocho de noviembre de 1936. También se observa la falta de algunos ejemplares.

«Bandera Roja» (portavoz de UGT, PSOE, PCE y JSU, desde mediados de abril de 1937, diario de la CGT) comenzó a publicarse el ocho de diciembre de 1936 y su último número corresponde al nueve de enero de 1938, no aparecen en la hemeroteca el diecisiete de abril y el diecinueve de agosto de 1937.

«Liberación» (órgano de la CNT, de la FAI y de las Juventudes Libertarias de nuestra provincia), apareció el primero de mayo de 1937 y el último, el veintiocho de marzo de 1939. Igualmente la colección está incompleta.

«Nuestra Bandera» (órgano del PCE (SEIC)) su primer número corresponde al ocho de julio de 1937 y el último, el seis de marzo de 1939. Faltan muchos de sus números.

Qué bando tan inflamado el del alcalde don Juan Bueno Sales de aquel 11 de agosto de 1921, cuando los soldados del segundo batallón del regimiento de infantería de la Princesa, se disponían a embarcar para la guerra de Marruecos. La junta protectora de aquellos infantes expedicionarios se volcó en los preparativos de la fiesta de la flor que iba a celebrarse en la Explanada, con objeto de recaudar fondos para la adquisición de un camión cisterna, en tanto los comerciantes recogían dinero en sus establecimientos para proveerlos de tabaco. Alicante quería lo mejor para sus jóvenes soldados. Alicante, el pueblo de Alicante, quería comprarles hasta un aeroplano.

El alcalde pidió precios: «un Havillad DH 9», con un motor de doscientos caballos y una velocidad de crucero de ciento ochenta y seis kilómetros por hora, puesto en Londres, salía por setenta mil pesetas. Y si había que traerlo hasta nuestra ciudad, siempre que se dispusiese de un aeródromo en condiciones, había que apoquinar otras quince mil más. ¡Caramba con el avioncito! Sin embargo, no había que desmayar. El seis de aquel agosto, por acuerdo de la corporación municipal, el señor Bueno Sales dirigió «una atenta invitación a los ciento treinta y siete municipios que constituían esta provincia, para que manifestasen si se hallaban conformes a sufragar la parte proporcional que les correspondiese en el gasto que implicaba la adquisición de un aeroplano, con destino a las necesidades del Ejército de operaciones en Marruecos». Y a esperar.

Veinticinco días después, sólo habían contestado cuarenta y nueve municipios. Y las respuestas, en verdad, no eran muy alentadoras. Algunos ayuntamientos alegaron que la precariedad de sus haciendas les impedía atender la patriótica petición; otros que tenían que abrir suscripciones públicas; unos terceros que apenas podían contribuir con una pequeña suma; y sólo unos cuantos dieron el visto bueno. En consecuencia, el treinta y uno de agosto, el alcalde sometió a la corporación el asunto, con objeto de que resolviera lo pertinente. El tres de septiembre de 1921, el secretario Enrique Ferré certificaba que «se desistía del proyecto de costear un aeroplano entre todos los ayuntamientos de la provincia». Y el alcalde ordenaba el archivo de todas las diligencias.

Londres se quedó con las ganas.

Lo de la Gran Vía no es un invento reciente. Viene ya de bastante atrás. Concretamente del año, 1918. Se lo sacó Próspero Lafarga que era, por entonces, ingeniero-jefe de Obras Públicas. Entendía Lafarga la necesidad de dotar a Alicante de una conveniente circunvalación «compuesta de una zona central, dedicada al tránsito rodado, y de amplios andenes para los peatones». Era el proyecto de la Gran Vía.

El dos de diciembre del citado año, el alcalde tuvo noticia del director general del referido organismo, en oficio merced al cual se le notificaba la resolución de redactar el proyecto de las rondas de la ciudad, así como de terminación de la carretera a El Campello.

El secretario del Ayuntamiento, Enrique Ferré, certificó, el veintiuno de aquel mes de diciembre, que en la sesión plenaria celebrada el día anterior, se había informado a la corporación del proyecto de construcción del camino de ronda y del oficio por el que se invitaba al Consistorio a que cooperara en la realización del mismo, con el auxilio o ventajas que tuviera por conveniente, con objeto de facilitar su ejecución.

Los ediles discutieron en qué medida el Ayuntamiento podía colaborar a las mencionadas obras. Finalmente, y a propuesta del concejal señor Llorens, se tomaron los siguientes acuerdos: primero, que el Ayuntamiento se encargara de plantar y conservar debidamente el arbolado del camino de ronda, acudiendo para ello al vivero que disponía en el castillo de San Fernando; segundo, que una vez construido tal camino cuidara de su riego, toda vez que, en definitiva, iba a ser una sección más de la vía pública; tercero, que se facilitara con carácter absolutamente gratuito toda el agua que se requiriera para las necesarias obras de construcción; cuarto, que se renunciase a cualquier indemnización correspondiente a los terrenos e inmuebles de propiedad municipal que ocupase el proyecto; y quinto y último, que el Ayuntamiento se comprometiese a pagar todas las expropiaciones que fueran necesarias llevar a cabo.

Don Próspero Lafarga, por su parte, incluía en el proyecto y junto a la Gran Vía de Circulación, el plan de carreteras del Estado, incorporando al mismo las de Alicante a San Vicente y a Villafranqueza. Significaba también la completa urbanización del barranco de San Blas. El dieciocho de enero de 1919, el Ayuntamiento acordó llevar el citado proyecto a Madrid «por una comisión en la que figurasen representantes de todas las fuerzas vivas y entidades de relieve, para que la Alcaldía convocara una asamblea». Sin embargo, tuvieron que pasar aún muchos años.

A las doce de la noche del treinta y uno de diciembre de 1999, nos despediremos de un año y entraremos seguidamente en otro. Pero no estrenaremos siglo. El siglo y el tercer milenio de nuestra era comenzará exactamente un año después, es decir, el treinta y uno de enero del año dos mil a las doce o a las cero horas del uno de enero del 2001. ¿Qué celebraciones se prepararán para el acontecimiento? ¿Quién será el jefe del Estado, quién presidirá el Gobierno? ¿Quién estará al frente de nuestra Alcaldía, qué persona, qué partido?

Cien años atrás, ya lo hemos escrito, presidía el Ayuntamiento don Alfonso de Sandoval y Bassecourt, barón de Petrés, conservador, y al decir del común de las gentes inauguró el nuevo siglo, el siglo XX, y continuó en la Alcaldía hasta el doce de julio de 1901, en que, ante sus compañeros de corporación, presentó su dimisión alegando motivos personales. Una semana después y bajo la presidencia accidental del teniente de alcalde don Zoilo Martínez Blanquer, acostumbrado ya a cubrir las frecuentes ausencias del titular de la Alcaldía, se procedía a la lectura de las reales órdenes por la que se admitía la renuncia del barón de Petrés y se nombraba para ocupar el cargo al liberal don José Gadea Pro.

Pero antes, concretamente el catorce de diciembre de 1900, el concejal Martínez Torrejón ya advirtió de la conveniencia de preparar la entrada del siglo XX, con festividades civiles y religiosas, y abogó por la presencia de la Santa Faz, en la concatedral de San Nicolás. Con carácter profano, se dispusieron diversos actos y se recomendó acciones caritativas: comidas extraordinarias para los reclusos y pobres de solemnidad. El veintidós de aquel mes y cuando ya se aproximaba la efemérides, el alcalde decretó, en virtud de los estatutos expedidos en 1636 y de los reales de 1669, designar las comisiones que había de intervenir en el traslado de la Santa Faz y en su posterior restitución al monasterio. En dicha comisión figuraban varios concejales: don Ricardo Guillén Pedemonti, don Juan Palazón Belda, don Enrique Fernández Grau, don José Martínez Oriola, etcétera; los síndicos don Francisco Alberola Cantarae y don Eugenio Botí Carbonell; y como secretario, el de la corporación, don Ventura Arráez Pérez. Naturalmente, se comunicó por oficio al abad y cabildo de San Nicolás del traslado de la reliquia con objeto de que «en la noche del treinta y uno del corriente (diciembre de 1900) presida la entrada del nuevo siglo y reciba homenajes y cultos, que la Iglesia, por mandato de su jerarca, el Romano Pontífice, y de los obispos ha de celebrar con dicho motivo».

¿Volverán a traer a la Santa Faz? ¿Seguirá en la Alcaldía don Luis Díaz Alperi, tras una su puesta reelección? Todo un milagro y un milenio.

Sabemos que por acuerdo del seis de febrero de 1902, de la Junta Municipal del Censo Electoral, se reitera la segregación del término de Alicante de «las partidas rurales del Campello, Aguas Bajas, Barañes y Fabraquer», que habían de construir un municipio independiente que tuviese por capitalidad El Campello. El asunto ya venía de octubre de 1901, como advertimos en esta misma columna, y el dieciocho de noviembre del mismo citado año, funcionaba una junta administrativa, presidida por don José Ávila, si bien algunos organismos no tenían noticia de la segregación y constitución del referido municipio.

Un documento del uno de abril de 1902 dirigido al gobernador civil advierte «de la absoluta necesidad de legalizar la nueva división del término municipal de Alicante acordada por el excelentísimo Ayuntamiento el veintiuno de febrero último (es decir, de 1902) con motivo de la segregación de las partidas ya mencionadas, y como quiera que la Junta Central del Censo tiene dispuesto que todas estas operaciones no serán aprobadas ínterin no se dicten por V.E. las medidas oportunas para el nombramiento de un Ayuntamiento interino en el nuevo pueblo de Campello, esta Alcaldía ruega a V.E. se sirva nombrar dicho Ayuntamiento en consecuencia con lo dispuesto en la R. O. de catorce de agosto de 1885 (...)».

Diez días después, en un largo escrito de la primera autoridad, tras diversos considerandos y resultandos, resolvió designar para la Comisión Municipal, «con las mismas atribuciones peculiares de los concejales interinos», a los señores don José Ávila Blanes, don Manuel Verdú Blasco, don Vicente Alberola Pastor, don Emilio Lledó Carratalá, don José Pérez López, don Vicente Oncina Giner, don Bautista Serna Ferrándiz, don Marcos Vaello Galiana, don José Baeza Gomis y don José Ávila Moreno. Igualmente, se ordenaba a la Junta administrativa que entregara documentos, antecedentes y efectos, a la referida Comisión Municipal, «que ejercerá en adelante las funciones concejales hasta la definitiva elección y constitución del futuro Ayuntamiento».

Se cerraba así un largo e intenso capítulo administrativo que generó un abultado dossier documental, y que ponía en manos de los campelleros su propio destino.

El ya desaparecido, pero entrañable en la memoria, doctor Zaragoza Gomis salió elegido diputado por la Unión de Centro Democrático, en las elecciones generales del quince de junio de 1977, primeras que se celebraban después de cuarenta y un años, y por supuesto, tras la muerte del general Franco. En el sanatorio de San Francisco, en la calle de Churruca, unos años antes de que los acontecimientos se precipitaran, solían celebrarse reuniones de carácter político. En alguna medida, aquel sanatorio -parte de sus instalaciones- se había convertido en una zona donde se encontraban personas de diversas ideologías, si bien bajo el común denominador, de las aspiraciones democráticas. En la cafetería y en algunas de sus salas, tuvimos ocasión de conocer a monárquicos que viajaban con frecuencia a Estoril, anarquistas, socialistas, republicanos, comunistas, liberales. Y allí se celebró, en diciembre de 1974, la primera comparecencia de las personas que, no mucho después, constituirían una de las dos instancias unitarias que empezaron a funcionar por aquel entonces: la Junta Democrática Provincial.

La del Estado español ya había hecho público su manifiesto, en agosto del citado año. Y la de Alcoy, en septiembre: una de las primeras. A la referida reunión en el Sanatorio de San Francisco acudieron entre veinte y veinticinco representantes de algunas organizaciones políticas (PCE, PTE) y sindicales, así como profesionales independientes y dirigentes cívicos. Se sentaron unas bases mínimas, se distribuyó información y programas, para su análisis y los asistentes se emplazaron, para una próxima sesión.

El segundo y previsto encuentro, por la mayor afluencia de interesados, no pudo tener lugar en el mencionado Sanatorio, aunque el doctor Zaragoza Gomis mantuvo sus puertas abiertas. Se celebró finalmente, en los locales del Club de Amigos de la UNESCO, en la calle de San Vicente. Tras un largo debate, se concluyó designando una comisión con objeto de que redactara el documento fundacional. Esta comisión, con todas las reservas y cautelas de rigor, permaneció durante varias horas en un apartamento, propiedad de Alberto Asensio, en Santa Pola. Era el veintidós de febrero de 1975, cuando formalmente quedó constituida la Junta Democrática Provincial. Era también un serio intento de recuperar, con otras instancias y fuerzas políticas, las libertades y derechos secuestrados por la dictadura durante demasiados años.

Observen cuánto cambio y en qué poco tiempo, al frente de la Alcaldía: el veintiséis de diciembre de 1910, en sesión municipal extraordinaria, el titular de la misma, don Luis Pérez Bueno, anuncia que va a entregar la vara de mando a su sucesor en el cargo, don Federico Mollá, toda vez que le había sido admitida la dimisión -la excusa, como se decía- de tan alto empleo.

Un año después, el señor Soto Mollá cesó al frente de la Alcaldía, que ocupó interina y fugazmente el señor Pérez García, con objeto de instalar a los nuevos concejales electos en sus respectivos puestos y de proceder a la lectura de la real orden del Ministerio de la Gobernación, de veintiséis de diciembre de 1911, por la cual se nombraba alcalde a, ¿se lo imaginan? don Federico Soto Mollá, apenas cesado unos minutos antes. Soto Mollá se sucedía a sí mismo, en aquel juego de reales órdenes y de chalaneos en el turnismo de la Restauración.

Como de costumbre, y por aquella época, el republicano doctor Rico se echó de nuevo las manos a la cabeza cansado ya de que los alcaldes no fueran elegidos por los propios ediles. Circunstancia que para el buen hombre restaba legitimidad al más alto puesto del Ayuntamiento.

Pero tampoco, en tal ocasión, el señor Soto Mollá permaneció por mucho al frente de la corporación. Una nueva y real orden del treinta de diciembre de 1912, leída el dos de enero de 1913, lo removía de la presidencia municipal -también se le había admitido la excusa para desempeñarla- y cedía los atributos de la Alcaldía a don Edmundo Ramos Prevés. En los últimos tres años habían ocupado el cargo tres concejales de la mayoría liberal, lo que a juicio del referido doctor Rico Cabot restaba méritos a quienes los tenían acreditados, para acceder, por elecciones, a la máxima representación de la ciudad.

Acerca de los tres alcaldes citados en esta crónica ya nos hemos referido en otras ocasiones. Pero ahora, cuando el Mercado Central celebra su setenta y cinco aniversario, recordamos que fue durante el mandato de don Federico Soto Mollá cuando se procedió al traslado del viejo mercado emplazado en la plaza del Mar e inmediaciones, con carácter provisional a Méndez Núñez, hasta la construcción, «para dentro de un corto plazo» (se afirmaba en 1912) del nuevo, en la plaza de Balmes y en la avenida de Alfonso el Sabio. Pero pasaron nueve y hasta diez años. Precariedad en los presupuestos municipales, como de costumbre.

Asistimos, en estos últimos días, a un debate en torno al modelo de financiación de las comunidades autónomas. Evidentemente, abundan las discrepancias y las susceptibilidades. Algunas se han sentido discriminadas históricamente; otras, protestan por lo que consideran atentatorio contra sus intereses. Lo del refrán, en fin: nunca llueve a gusto de todos. Sin embargo, el asunto, aún con otras características, no resulta novedoso.

Hace ya setenta y cuatro años, el alcalde de Valencia, José Albors desconfiaba de otras regiones y consideraba que la valenciana era víctima de ciertas maniobras perjudiciales para la actual comunidad autónoma. Así se lo hace saber, a su colega de Alicante en un texto telegráfico, en el que le comunica que el domingo, ocho de octubre de 1922, se va a celebrar una asamblea, en la Lonja de Valencia, con objeto de examinar los acuerdos comerciales con Inglaterra, toda vez que la «producción de Levante estaba amenazada por el egoísmo de otras regiones».

Ya el treinta de septiembre, nuestro Ayuntamiento había tenido noticias de la referida asamblea, «para salvar los intereses de esta región». Y se le instaba a «gestionar por todos los procedimientos», las medidas más adecuadas a la situación. El cinco de octubre de dicho año, la corporación alicantina resuelve que «aprovechando la circunstancia de tener que ir a Valencia, el segundo teniente de alcalde de Alicante, señor Sánchez Santana, se le ruegue que asista al acto en representación del Ayuntamiento alicantino y que se comunique al alcalde de Valencia esta delegación (...)».

Por otra parte, el alcalde de nuestra ciudad remitió aviso de la reunión a diversas instituciones y entidades empresariales de nuestra provincia, por si creían conveniente participar en la misma.

Tanto don Juan Grau como don Marcial Samper, en su condición de presidentes de la Cámara Oficial de Comercio y del Sindicato de Exportadores de Vinos de la Provincia, estaban en relación con Valencia, para tal cometido. El señor Samper puntualizaba que se adhería a la campaña en beneficio del interés general y particularmente en lo referente a los vinos. Finalmente, el asunto se resolvió satisfactoriamente: a niveles más altos, se supo que el tratado iba a firmarse.

La delegación alicantina no tuvo que desplazarse a Valencia.

Y cómo apagaron la sed de muchos alicantinos aquellas aguas potables que bajaban de las proximidades del Benacantil, gracias a los tres grandes pozos que hizo construir el maestro de obras don Antonio Garrigós, allá por el año del Señor de 1865. Medio millón de litros que iban, en parte, conducidos por un sistema de cañerías, hasta una fuente donde la calle Mayor hacía esquina con la de Maldonado. Allí, se vendía por cántaros un agua que, en 1887, don José Soler Sánchez analizó, por razones de higiene pública, y certificó de «eminentemente potable».

No hace mucho, un estudioso de este tan interesante aspecto de nuestra ciudad, andaba buscando datos acerca de los conocidos pozos. Recordamos que según consta en escritura pública, otorgada ante el notario don Evaristo S. de Otero y Aguirre, don José Luis de Federico y Garrigós se la vendió a doña Esperanza Garrigós Soler, el diecinueve de octubre de 1959.

No muchos años después, el Ayuntamiento, acordó el veintitrés de febrero de 1967, adquirir a la citada última propietaria, en compra directa y por doscientas veinticinco mil pesetas, la finca que se describe de la siguiente manera: se encuentra en las faldas del monte Benacantil, con una casa compuesta de planta baja, y ocupa el terreno una superficie de algo más de setecientos cincuenta y cuatro metros cuadrados, y existe debajo del mismo varias cavernas comunicadas entre sí, con entrada por la calle Remigio Sebastiá, donde le corresponde el número cinco de policía.

La planta de la dicha casa mide casi ochenta y ocho metros cuadrados y se accede por el Benacantil. Forma el conjunto «un solo predio de caber ochocientos cuarenta y dos metros y veinte centímetros cuadrados, que linda: al norte, con el monte Benacantil; al sur, con la plaza del Puente; al este, con la calle Remigio Sebastiá, subida al castillo de Santa Bárbara y monte Benacantil; y al oeste con las casas de Antonio Lon, Francisco Botella Galiana, Roque Barber Ferrer y monte Benacantil».

El Ayuntamiento, después de adquirir la finca descrita, la dedicó, en parte y no hace mucho, a exposiciones artísticas. Un lugar emblemático de nuestra ciudad, con mucha historia a sus espaldas. Historia que ahora, según parece, se está investigando rigurosamente.

Fue hacia 1590, cuando don Pedro Franqueza, secretario de Felipe III, adquirió las heredades denominadas Els Palomons de dalt y de baix, a don Baltasar Vidaña y doña Violante Alcaraz, por mediación de don Pedro Remiro de Espeja. La compra de terrenos continuó en las partidas de Orgegia, Beniapeza y otras. Cinco años después, el conde de Villalonga otorgó poderes a don José de Ávila y Aguilera, para establecer en sus propiedades del término de Alicante, el censo enfitéutico. La construcción del pantano de Tibi auguraba un futuro de regadíos a todas aquellas tierras.

Según nuestros datos, el primer colono fue don Joan de Santana al cual se le concedió «una casa en la villa y veintiséis tahúllas de regadío, plantadas de diversos árboles en la partida nombrada Els Palomons», en régimen enfitéutico, es decir, «por largo tiempo con carácter perpetuo, mediante el pago de un canon anual». Posteriormente, llegaron veintiséis colonos más. En 1598, se confirmó a don Pedro Franquesa la jurisdicción alfonsina. Por último, la corona le embargó sus bienes, en tanto «don Pedro fue desterrado al castillo de León, donde murió», de acuerdo con la crónica de los jesuitas Maltés y López. Aquellos dominios le serían entregados al hijo de don Pedro, don Martín Valerio Franqueza, con el título de condado.

El régimen enfitéutico y señorial sólo desaparecería totalmente tres siglos después, esto es, en 1895. El condado dividido, fragmentado, en pequeñas propiedades pertenecientes a los descendientes de los antiguos colonos, desapareció de hecho. Pero la lenta agonía de un señorío que tanto frenó el desarrollo social y económico, en nuestro país, se produjo en un largo proceso que se desarrolló principalmente a lo largo del siglo XIX, en un denso marco legal, que se inició con un decreto del seis de agosto de 1811, emanado de las Cortes de Cádiz, y que disponía la incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la nación. Precisamente los dos artículos más progresistas de tal decreto fueron derogados, por el absolutismo de Fernando VII, en 1814, por una real cédula del quince de septiembre de dicho año.

Tras muchas vicisitudes, Villafranqueza, El Palomó, se anexionó al municipio de Alicante, como así consta en la «Gaceta de Madrid», del veintiocho de abril de 1932. Ya mucho antes, el ocho de septiembre de 1856, el Ayuntamiento, presidido en aquella ocasión por el primer regidor, don José Torregrosa, y junto con sus compañeros corporativos don Francisco Maruenda, don Gregorio Llull y don Vicente Asensi, y el síndico don Salvador Llull, se planteó la posibilidad de la anexión, para evitar el costoso reparto vecinal del endeudamiento. Pero el intento no prosperó. Los enfrentamientos y las dimisiones impidieron que se consumara el proyecto. Aún había de pasar setenta y seis años más.

Alcaldes los hemos tenido de toda especie y orden. Puestos e impuestos por los poderes omnímodos, digitados, en fin, por la superior autoridad; elegidos directamente por la propia corporación e indirectamente por el cuerpo electoral; y ya veremos. Todos se ajustaban a la legalidad; no todos a la legitimidad democrática. Alcaldes constitucionales y alcaldes populares; alcaldes de compadreo y lealtades, al margen de la voluntad de la ciudadanía; y alcaldes buenos y alcaldes malos en su gestión, sin considerar su acceso al alto cargo.

Nuestros habituales lectores ya conocen cómo a lo largo de la Restauración, los alcaldes eran nombrados por aquellas reales órdenes que tanto y tan justamente irritaban a los ediles antidinásticos, republicanos; hasta que finalmente, en sesión consistorial del cinco de diciembre de 1917, llegó la anhelada noticia: una real orden del Ministerio de la Gobernación del veintinueve de noviembre de aquel mismo año, cesaba a todos los alcaldes nombrados precisamente por reales órdenes, y disponía que, en lo sucesivo, los eligiera el propio Ayuntamiento. Era un paso positivo. No para don Manuel Curt Amérigo quien, por aquel tiempo, estaba al frente de la Alcaldía. Tuvo que poner su cargo a disposición del Ayuntamiento, quien, de inmediato, procedió a efectuar votaciones entre los concejales. Por diecinueve papeletas a favor y dos en blanco, el liberar don Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri recibió la vara municipal.

No obstante y de acuerdo con lo preceptuado, el uno de enero del año siguiente, se llevaron a término elecciones, entre la corporación concejil, y el señor Pascual del Pobil y Chicheri fue nuevamente el ganador por veintiséis votos positivos y tres en blanco. Todo funcionaba de acuerdo con unos mecanismos más participativos.

Sin embargo, aquello no iba a durar demasiado. Así, en sesión inaugural del uno de abril de 1922, don Juan Bueno Sales que presidía el Ayuntamiento, desde hacía justamente dos años, abandonó su cargo que detentaba por elección, para entregárselo a su sucesor don Pedro Llorca Pérez que había sido designado para ocuparlo por una real orden. Lamentablemente se volvía a los viejos y obsoletos hábitos, como recordó con cierta tristeza, el entonces concejal don Ricardo P. del Pobil.

Lo comentamos, pero el hallazgo de nuevos e interesantes documentos nos invita a volver sobre el tema. El Ayuntamiento necesitaba argumentos, pruebas y cuantos datos fueran precisos acerca de la indiscutible propiedad sobre el inmueble de La Asegurada. Con fecha doce de abril de 1928, el cronista oficial de la ciudad don Francisco Figueras Pacheco y el archivero municipal don Francisco Poveda firmaron un dictamen de veintiséis folios mecanografiados y titulado «Destino y propiedad de La Asegurada», tal y como les había encomendado la corporación.

Según ambos autores, el Concejo alicantino, desde muy antiguo, aspiraba a poseer un edificio adecuado y suficiente, «donde depositar diversidad de efectos de su pertenencia». Por fin, y cuando ya finalizaba el siglo XVI logró adquirir varias casas, hasta entonces propiedad de Jaime Pascual. Sin embargo, aquella compra se rescindió por la superioridad, sin que se conozcan o se aporten razones de tal proceder. Es el caso que la ciudad apeló la sentencia, pero la apelación le fue denegada por el real comisario.

Con todo, y tanto era el interés del Concejo que, representando por el subsíndico Pedro Miguel Bellot, recurrió en súplica el veintidós de junio de 1589, ante don Francisco Moncada, marqués de Aitona. «El marqués de Aitona, según documento en lemosín, que se conserva en el Archivo Municipal, fechado en Albaida a treinta de junio de dicho año aprobó la compra rescindida anteriormente, autorizando al Concejo para verificarla de nuevo, dada la importancia de las razones que había alegado el subsíndico Pedro Miguel Bellot: «Damos y concedemos licencia (dice el documento que literalmente traducimos) permiso, facultad a la dicha ciudad de Alicante para que libremente y lícitamente compre con dinero de la dicha ciudad la casa antedicha, por el precio ha tiempo estipulado; y hacer en ella las dichas obras, no obstante la dicha sentencia y cualquier otra prohibición que haya en contrario».

El objeto de la compra, según lo expuesto por Bellot, era tener «capacidad no solamente para almacenar trigo y harina, sino también todas las municiones, como cajas, ruedas, etcétera necesarias para la artillería como arcabuces, morriones, coseletes y otras armas que tiene la ciudad para su defensa y que asimismo las tiene en casas alquiladas». La Asegurada se construyó, en 1685, cuando la adquirida a Jaime Pascual fue insuficiente y ruinosa. «No existen en el Ayuntamiento los libros de cabildos pertenecientes al siglo XVII, ello impide conocer de modo directo e indubitable los móviles que impulsaron a nuestro Concejo a emprender y costear aquella obra».

Ya hemos escrito aquí, cómo en septiembre de 1868, entró en crisis el sistema isabelino, como resultado de la situación económica y de la crispación política en que vivía el país. Del pronunciamiento de la Armada, en Cádiz, contra Isabel II, al grito de «Viva España con honra», el dieciocho de aquel mes, se pasaría a los movimientos revolucionarios de carácter progresista, demócrata y republicano.

En nuestra ciudad y a raíz de aquellos sucesos, el Ayuntamiento monárquico resignó las competencias a la Junta Revolucionaria, el veintinueve del referido mes. En las actas de cabildos, la última de la corporación isabelina está presidida por el alcalde don Juan Bonanza, y se celebró el día once. Y la siguiente corresponde al seis de octubre, con el encabezamiento del Ayuntamiento revolucionario y la presidencia de don Tomás España y Sotelo que lo era también de la dicha Junta Revolucionaria. El señor de España después de justificar a la corporación el origen del nombramiento del que daba cuenta, «excitó el celo de la misma para que aceptando un puesto tanto más importante cuanto más difíciles eran las circunstancias que el país atravesaba, declaró que instalaba el Ayuntamiento Revolucionario bajo la presidencia del segundo alcalde don Antonio Vidal.

El nuevo Ayuntamiento llevó a efecto el cambio de los nombre de algunos espacios urbanos; así, el doce de octubre de aquel año, se acordó rotular con el nombre de Méndez Núñez el hasta entonces conocido por paseo de la Reina; y la plaza de Isabel II (antes plaza de las Barcas y hoy, de Gabriel Miró) se llamó de la Libertad, «también se confirmó que la explanada se llamara paseo de los Mártires».

En la sesión celebrada cuatro días después, el edil don Eduardo Orts presentó una proposición que decía literalmente: «Que el Ayuntamiento se sirva acordar la organización inmediata de la Compañía de Bomberos y la adquisición de todos los útiles que puedan faltar para el complemento del tren de incendios». El acuerdo correspondiente se tomó por unanimidad.

El veintitrés del mismo mes de octubre, don Eduardo Orts propuso para jefes de la brigada de Bomberos, a los señores Antonio Garrigós y al maestro de obras, Francisco Jover. Igualmente, prosperó la propuesta.

El diez de noviembre de 1965, tras varias reuniones celebradas en la Academia «Sureste», se firmó el acta fundacional del Club de Amigos de la UNESCO de nuestra ciudad, por treinta y dos personas de muy diversa condición social, económica, profesional e ideológica. Días después, el diario «La Verdad» noticiaba: «Ahora acaba de ser presentada en el Gobierno Civil el acta de constitución y solicitud de aprobación que firman veintidós personas: cuatro escritores, dos compositores musicales, un director gerente, un profesor de enseñanza media, un licenciado en Filosofía y Letras, un catedrático, un pensionista, un industrial, dos contables, tres funcionarios, un director teatral, un ferroviario y un metalúrgico. En este acta figuran, entre otros, los nombres de Óscar Esplá, Ernesto Contreras, José Peris, Enrique Cerdán Tato, Josevicente Mateo, Francisco Herrero Blanco, Manuel Molina y José Díaz Azorín».

No sin cierta sorpresa de los promotores, el titular del Gobierno Civil, Felipe Arche Hermosa, firmó su autorización el once de enero de 1966. Se han cumplido ya los treinta años. Y por lo que significó aquella institución -en España, hasta entonces, sólo se habían legalizado los de Madrid y Barcelona- que sin ser, como apunta Josevicente Mateo en su obra «Los amigos de la UNESCO en Alicante», «docente, científica o artística, (...) fue una mezcla de todo esto», hay que aplaudir la iniciativa del «Club INFORMACIÓN» de recordar y revisar sus vicisitudes, sus peripecias y sus aportaciones. Desde luego, fue «negocio de los antifranquistas alicantinos, el único duradero que tuvieron en común».

En nuestra crónica «La Lucha por la democracia en Alicante» ya advertimos cómo pronto, se les iba a colgar el inevitable sambenito de «refugio de comunistas». Por él pasaron muchos de nuestros parlamentarios de las más variadas opciones políticas: Julián Andugar, Josevicente Mateo, Luis Berenguer Fuster, José Vicente Beviá Pastor, Asunción Cruañes, Ángel Franco, Joaquín Galant, Antonio García Miralles, Arturo Lizón, Alberto Pérez Ferré, Francisco Zaragoza Gomis...

Con la legalización de los partidos políticos, paradójicamente, el Club inició su definitiva y última etapa. Fue inútil el llamamiento que entonces hizo Josevicente Mateo, más tarde senador independiente, el dos de mayo de aquel mismo año. En el curso de una asamblea extraordinaria, sucumbió el doce de septiembre de 1980. Lo habían presidido sucesivamente: Ernesto Contreras, Enrique Cerdán Tato, Francisco Moreno Sáez, Manuel Rodríguez Martínez, Josevicente Mateo y María Teresa Molares Mora. Con él, se clausuraron quince años de historia, un copioso capítulo de frustraciones, de coraje, de progreso y de valores cívicos.

En el Boletín Oficial de la Provincia, número 53, de cinco de mayo de 1847, el alcalde constitucional de Alicante, don Miguel Pascual de Bonanza avisa al público y en particular a los licenciados del Ejército, «por cumplidos con buena licencia y en aptitud de reengancharse», que el Ayuntamiento ha acordado la organización de una Guardia Municipal «cuyos individuos gozarán de un sueldo anuo de mil cuatrocientos cuarenta reales de vellón; de manera que cuantos quisieran servir en la tal fuerza enviaran sus solicitudes a la secretaría de la municipalidad desde el 9 hasta el 16 del corriente». Así es que dentro de cinco meses nuestra actual Policía Local cumplirá siglo y medio de vida, aunque el nombre del Cuerpo haya cambiado en varias ocasiones.

Me lo advirtió precisamente un miembro del mismo, el señor Poyatos, quien está llevando a efecto una seria investigación en el Archivo Municipal. Efectivamente, el cabildo ordinario que se celebró el uno de mayo de 1847, bajo la presidencia del jefe político superior de la provincia, don José Rafael Guerra, a instancias de éste -tan dado, como ya hemos constatado a extremar las medidas policiales, las visitas domiciliarias a los sospechosos y las deportaciones-, la corporación se adhirió a sus manifestaciones en el sentido de organizar una fuerza con el nombre de Guardia Municipal que estuviera a las órdenes de los alcaldes y del Ayuntamiento, prestando durante el día y la noche, el servicio que se le cometa, y ejerciendo además la más rigurosa vigilancia para la conservación del orden interior de la población.

Dicha fuerza estaría compuesta por un comandante, un sargento, un cabo y catorce individuos. (El censo era de unos diecisiete mil habitantes). A cada uno de ellos se les asignó las siguientes dotaciones económicas: al comandante, trescientos veinte reales mensuales, que percibiría doscientos cincuenta del gobierno político y setenta del Ayuntamiento; el sargento, doscientos veinte, que le serían abonados ciento ochenta y dos por el gobierno político y cuarenta por el Ayuntamiento; al cabo, ciento ochenta y dos, de los cuales ciento cincuenta y dos los pagaría la institución provincial y treinta el Consistorio; y los catorce números cobrarían ciento veinte, ocho de ellos del Ayuntamiento y los seis restantes del gobierno político. La contrapartida fue que deberían cesar los alguaciles y los serenos militares «al mero cuidado del alumbrado público». Con objeto de que la referida fuerza de orden observaran la mayor subordinación y disciplina y guardasen la debida uniformidad en el desempeño de sus obligaciones, se comisionó a los señores Die, Pascual, Izquierdo y Pérez, «para la formación de un reglamento en donde se marquen terminantemente los deberes de aquellos y demás circunstancias propias de su organización».

Ambos se desarrollaron considerablemente, durante el siglo XVI, a impulsos del crecimiento de la población y de la actividad portuaria: el de San Francisco o de Nuestra Señora de Gracia, al oeste de la ciudad, y el de San Antón, al norte. Ambos, extramuros. Ambos, vigorosos.

Al primero, se accedía por la puerta o portal de Elche. Creció por la Montañeta, donde se habían establecido los franciscanos, procedentes de su antiguo emplazamiento en Los Ángeles, y en torno al Alfolí de la Sal o Casa del Rey (edificio que hoy ocupa, aproximadamente, las instalaciones de Correos y Telégrafos, en la plaza de las Barcas, ahora de Gabriel Miró), que data de 1591. Su población más abundante eran pescadores que fundaron, según el cronista Bendicho, la Cofradía de San Pedro, en la iglesia de la orden franciscana. En él se censaban doscientos sesenta y nueve contribuyentes de los seiscientos veintitrés que se contaban en la ciudad. De acuerdo con el profesor Antonio Ramos Hidalgo, ocupaba el cuarto lugar en importancia de un total de veintinueve unidades recaudatorias, en las que se había dividido Alicante, veintisiete calles y dos arrabales, en el año 1572.

Al de San Antón, se llegaba por la puerta de la Huerta, nuestra actual y machacada placeta de San Cristófol, por los caminos de Castilla de Alcoy, de la Condomina. Lugar de menestrales, de estamento de ciudadanos de mano menor, según los estatutos especiales otorgados a Alicante por doña Mariana de Austria, madre de Carlos II, en 1669. Jornaleros, artesanos de treinta de los cincuenta y ocho oficios reconocidos como tales en nuestra ciudad, cocheros y galereros. De las citadas unidades fiscales, la vigésimo quinta: trece monedas de impuesto, frente a las cincuenta y siete del arrabal de San Francisco. Y no digamos ya de las ciento treinta y cuatro que se recaudaban en el carrer Major, donde vivían los poderosos propietarios, mercaderes, aristócratas…

La antigua y desaparecida ermita de San Antón que vertebró el arrabal descrito en el plano que levantaron don José Castellón y don Pedro J. Valero, en 1688. La plaza a la que daba nombre la citada ermita, entre las calles del Empecinado, Segunda Subida al Castillo, Trafalgar y del Pozo. «Retrete general», como la calificó muchos años después y consta en acta del cabildo del diecisiete de febrero de 1870, el concejal Pons, cuando presidía el Ayuntamiento Eleuterio Maisonnave. Arrabal demolido y puesto en pie, a consecuencia de la guerra contra los franceses. Con la luminosa herencia de una de las más consolidadas y antiguas tradiciones festivas: el Porrate de San Antón, a pocas semanas ya de otra de sus ediciones.

Ambos arrabales, barrios, luego, con el definitivo derribo de las murallas, cuánta crónica de gentes, de acontecimientos, de urbanismo.

No lo tuvo nada fácil el primer Ayuntamiento del franquismo presidido por Ambrosio Luciánez Riesco: había que poner en pie una ciudad devastada precisamente por los frecuentes bombardeos de la aviación fascista. Ya hemos reflejado en nuestra cotidiana crónica el informe de los estragos sufridos por las incursiones aéreas, en cuanto se refiere al elevado número de víctimas mortales que produjeron mayoritariamente en la población civil, y también a los edificios destruidos, a partir de los informes redactados por los propios técnicos y funcionarios de aquel Ayuntamiento.

En unas declaraciones del referido alcalde a la «Gaceta de Alicante», del veintisiete de enero de 1940, el señor Luciáñez Riesco manifestó que, con respecto a las mejoras urbanas se habían confeccionado ya los proyectos de reforma más necesarios y perentorios. De manera que, aprovechando aquella situación de deterioro generalizado, se pensó, primeramente en trazar el eje norte-sur. Lo que suponía prolongar la Rambla de Méndez Núñez hasta el puerto y hasta la calle de San Vicente. Luego se acometería el eje este-oeste, es decir, extender la avenida Alfonso el Sabio, por uno de sus extremos, «hasta hacerla coincidir con la de Salamanca, logrando un emplazamiento más al interior de la estación de MZA; y por el otro, con una amplia subida al castillo de Santa Bárbara y un camino de ronda alrededor del mismo». Así, con tales obras, se conseguiría acabar de una vez «con todo un núcleo de viviendas infectas que hoy existen».

El segundo punto de las actuaciones urbanísticas era la zona de la Montañeta, en la que ya se había llevado a cabo el derribo del antiguo cuartel de San Francisco. Había que practicar el desmonte y la expropiación de algunas casas, con objeto de conseguir en aquel lugar algunos edificios relevantes como el Gobierno Civil. Además, estaba previsto igualmente el derribo de una casa de la calle de Castaños que taponaba el enlace de la Rambla con la plaza de Hernán Cortés. El alcalde habló también de construir un nuevo matadero y una estación central de autobuses.

Al hilo de sus propias declaraciones, en aquellos meses de inmediata posguerra el Ayuntamiento se había endeudado en tres millones y medio de pesetas. Había que solicitar un empréstito y seguir adelante.

Informábamos, hace unos días, del dictamen elaborado por el cronista Figueras Pacheco y el archivero Poveda, acerca no sólo de la adquisición de La Asegurada, sino también de los diversos usos que ha cumplido hasta su actual función museística, con motivo de la donación que hizo a la ciudad Eusebio Sempere.

En un principio, y según los referidos señores, no sólo fue pósito, es decir almacén de granos de trigo: también se utilizó para guardar en ella pertrechos de guerra. Incluso, allí se celebraron reuniones del cabildo municipal, según diversos cronistas, hasta 1760, año en que la construcción de la primera planta del nuevo Ayuntamiento, permitió al Concejo llevar a cabo sus sesiones, en la misma. Más adelante, en la guerra de la Independencia, sirvió La Asegurada de cárcel. En el Archivo Municipal se conserva una relación de treinta y tres franceses, detenidos y encerrados allí, de acuerdo con el referido documento fechado el catorce de agosto de 1808. Incluso, los autores del citado informe citan las instancias de los señores Pedro Pomyé, Pedro Juan Phelipe Richart, Vicente Capdevile, Juan Loustau y Luis Lahorra, solicitando su libertad, entre el cinco y el nueve de los ya mencionados meses y año.

En las actas municipales de enero de 1815, se constata que, por entonces, fue también parque de artillería; e, incluso, un mes más tarde, se proyectó construir un teatro en el emblemático edificio, como ya recogimos en este mismo espacio cronístico. Según Viravens, en 1823, y con motivo de restablecerse el régimen absolutista de Fernando VII, volvió a habilitarse como prisión para los liberales, que también la sufrieron en el palacio de los duques de Maqueda. En 1834, en sus bajos, se acuarteló la compañía de seguridad, creada a la muerte del rey felón, tal y como se refleja en los cabildos correspondientes al dieciséis de mayo de aquel año, y en un oficio de don Isidro Diego, general corregidor del veintidós del mismo mes.

No prosperó, sin embargo, la intención del juez don Diego Bahamonde de ubicar en ella la Audiencia, explicitada en instancia del cuatro de junio de 1844. Se opuso la corporación municipal, y el jefe político José Rafael Guerra dio la razón al Ayuntamiento. El veinticinco de octubre de 1845, estaba instalado en La Asegurada el Instituto de Segunda Enseñanza, creado por real orden del cinco de agosto de aquel año. Instalación que ocupará la Escuela de Comercio a partir de 1893. Un edificio con historia.

Con motivo del ataque que sufrió nuestra ciudad por parte de las denominadas fragatas insurrectas de los cantonalistas, procedentes de Cartagena, se manifestó la presencia de la Cruz Roja. Era, por entonces, y según el anónimo autor de «El bombardeo de Alicante»: «Una sociedad de jóvenes, en la cual figuraban varios médicos y cirujanos (...)». En la citada obra, se nos ofrece una «relación de los individuos que componían el personal de ambulancias y del hospital de Sangre de dicha asociación (instalado en el convento de las monjas del mismo nombre)». Presidía la Cruz Roja el médico don Evaristo Manero, y el presbítero don Antonio P. Ibáñez ocupaba la vicepresidencia. En esta relación figuran dos socias -doña Teresa F. Aramburu de Luque y doña Matilde Saavedra de Bérgez- y un total de veintiocho socios incluyendo a los agregados, más los secretarios, primero y segundo, don José Chápuli y Granja y don Manuel Ibánez.

El veintisiete de septiembre de 1873, las fragatas «Numancia» y «Méndez Núñez» dispararon sus potentes cañones, sobre una ciudad artillada deficientemente. Seis horas duró aquel duelo impresionante. Los cantonalistas lanzaron ciento ochenta y seis proyectiles de gran calibre, pero las baterías de la plaza respondieron con bravura y certeza, hasta que lograron poner en fuga a los dos navíos insurrectos. Entre los episodios que se destacan, en aquel sábado tan dramático, figura el comportamiento decidido de las citadas señoras del coronel Luque y de don José Bérgez, que se encontraban al frente del ya citado Hospital de Sangre, y muchos jóvenes de la Cruz Roja que recorrieron los edificios alcanzados, atendiendo a cuantos lo necesitaban.

Al día siguiente, los alicantinos celebraron la victoria jubilosamente. El ilustre paisano y, por entonces, ministro de la Gobernación, don Eleuterio Maisonnave, se desplazó a Alicante, días antes, para alentar a sus conciudadanos.

Recientemente, hemos leído una breve obra teatral titulada «La Cruz Roja, en Alicante. A propósito, en un acto y en verso. Estrenado en Madrid con gran éxito», de la que es autor don Juan de Alba. Escrita con estilo retórico e inflamado, describe algunas escenas de tan aciago acontecimiento. La obrita está dedicada «a los dignos caballeros de la noble institución de la Cruz Roja». Los últimos versos dicen: «Su misión viene del cielo / bálsamo es de los humanos! / Para ellos sólo hay hermanos, / y pues del bien marcha en pos / saludadla como a Dios, / valientes republicanos».

Por la documentación que encontramos, en los fondos del Archivo Municipal, la entidad artística y cultural, reinició sus actividades una vez pasada la Guerra Civil. Del siete de noviembre de 1941 es la instancia que varios miembros de la misma dirigieron al alcalde, don Ambrosio Luciáñez Riesco, solicitándole los papeles «que los hijos del maestro Poveda, a la muerte de éste, transfirieron al Ayuntamiento».

El día veintinueve de aquel mismo mes, la comisión permanente municipal acordó atender la petición, pero con arreglo a las condiciones que sumariamos: «Se entregarán en calidad de depósito y mediante inventario, en cuyo nombre les recibirá el actual presidente del Orfeón, quien deberá acreditar documentalmente hallarse en el ejercicio de su cargo. Este se comprometerá, en el acto de entrega, a la conservación y custodia de las obras que reciba, haciéndose personalmente responsable de ello. En nombre del Orfeón Alicante suscribirá solamente el reconocimiento de que las obras corales que recibe son de la exclusiva propiedad del Ayuntamiento. Por su parte, el Ayuntamiento se reserva el derecho de recobrar, en cualquier momento, la posesión de las obras que, a virtud del presente acuerdo, se entregan a la Sociedad «Orfeón Alicante». Firman el secretario don Enrique Ferré Bernabeu. El alcalde, por decreto, transmitió las diligencias al Archivo, para que se diera cumplimiento, en los términos establecidos. Así se lo comunicó el Ayuntamiento al Orfeón, el uno de diciembre de 1941.

Casi un año después, el veintidós de octubre de 1942, en las dependencias del Archivo Municipal, don José María Simón, encargado del mismo, entregó a don Salvador Escarré Batet, jefe provincial de Educación y Descanso «en donde ingresó en bloque el antiguo Orfeón Alicante», las obras corales cedidas por los hijos del maestro don Vicente Poveda Vilanova.

En un minucioso inventario elaborado con motivo de la dicha cesión figuran un total, de ochenta y ocho obras corales, de las que son autores, entre otros, Grieg, Wagner, Saint Saens, Albéniz, Beethoven, Latorre y el propio Poveda.

Aquel día, el alcalde estuvo al borde del patatús: una turba ilusa, como él mismo la calificó, le montó toda un número a don Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros, con motivo de su visita a nuestra ciudad, el veinticuatro de abril de 1904. «Una masa inconsciente y manejable por todas las pequeñeces de ánimo, había arrastrado por el suelo, a tanta altura elevado, el pabellón de nuestra legendaria hidalguía».

El, por aquel entonces, conservador don Alfonso de Rojas se mostraba indignado y sonrojado por tan escandaloso recibimiento. Tanto que movió a la corporación municipal que presidía, a llevar a cabo un gesto de reparación. Previamente y con objeto de convencer y urgir a los ediles, enumeró algunas de las personalidades que también nos habían visitado, sin ser afrentados; antes bien, en su opinión, fueran agasajados por la multitud. Se refirió exactamente «a Cánovas del Castillo alma de la Restauración; Sagasta, insigne jefe del partido liberal; Blanco, capitán general, jefe de Cuba, en vísperas de nuestros desastres coloniales; Salmerón, ex presidente de la República Española y jefe del Partido Republicano Histórico; Vallés y Ribot y Palma, figuras prestigiosas, dentro de los partidos republicanos; Canalejas, gran orador de la democracia. Y todos, absolutamente todos, obtuvieron franca y generosa hospitalidad».

Y, sin embargo, con don Antonio Maura cuánta ingratitud, en un «día infausto, para la sociedad alicantina». El alcalde Alfonso de Rojas y Pascual de Bonanza parecía la viva imagen de la desolación. No pedía entusiasmo, pero sí respeto hacia el ilustre huésped. Para sacarse aquella dolorosa espina, el veintisiete del mismo mes de abril, presentó una moción: «Estos hermosos precedentes se rompieron en la tarde que considero infausta para Alicante, del pasado día veinticuatro del corriente, en que una turba ilusa, sin perseguir ninguna finalidad política, arrastraron por el suelo, etcétera». Y solicitaba: que los concejales protestaran, para que la protesta de los representantes legítimos del pueblo de Alicante «lavara la mancha que en aquellos momentos empañaba la imagen de nuestra cortesía». La moción se aprobó por unanimidad: había que desagraviar al señor presidente del Gobierno.

Pero, ¿ciertamente se trataba de una turba ilusa y sin finalidad política? Será pura coincidencia, pero ese es el argumento utilizado machaconamente por autoritarios, dictadores y otras especies similares.

Soldados procedentes de Alicante combatieron contra los insurrectos en la manigua cubana. Probablemente, combatieron contra los mambises, en la batalla que le costó la vida a Antonio Maceo, uno de los dirigentes más preclaros de aquella guerra por la independencia de la isla.

En septiembre de 1896, embarcaron en nuestro puerto fuerzas del Regimiento de la Princesa, con destino a Cuba. El general Weyler que había sustituido a Martínez Campos, necesitaba refuerzos para evitar la pérdida de la preciada colonia.

Hace ya un siglo bien cumplido. Ante la eminente marcha de los soldados destinados en Alicante, varios ediles redactaron un enfático documento, interpretando -según afirmaron- el sentimiento general de la población: «Cumpliendo con su santo deber van a incorporarse, para defender la integridad de la patria, al valiente y sufrido ejército, que en la manigua de la más hermosa de las Antillas, combaten con los viles aventureros que tratan de desengarzar tan preciada joya de la corona de Castilla». Suponemos que «los viles aventureros» no eran, en modo alguno, los cubanos que luchaban por sus legítimas aspiraciones independientes, sino los norteamericanos que les facilitaban armas, con el propósito manifiesto de apoderarse de la isla caribeña.

«Impulsados por el amor que todos los españoles sentimos por nuestros valerosos soldados y creyendo que interpretamos la opinión unánime de la ciudad, que aquí nos mandó para que realizáramos todos sus deseos, proponemos al cuerpo municipal lo siguiente: queriendo demostrar a los soldados del Regimiento de la Princesa que la ciudad los considera como hermanos y los respeta como defensores de la patria, el Ayuntamiento, como en ocasión análoga, cuando fuerzas del mismo Regimiento marcharon a Cuba, gratificará a los soldados y clases, con una cantidad que, aunque modesta, representa la expresión de un afecto, y obsequiará a sus jefes y oficiales, para lo cual se autorizará a la Alcaldía a que, de acuerdo con la corporación, destine la suma necesaria al efecto».

En la sesión plenaria del 29 de agosto de aquel año, así se aprobó, para satisfacción del alcalde, don José P. del Pobil, barón de Finestrat. Por supuesto, nada se sabe de lo que pensaban los soldados.

No miraba hacia Maastricht, pero no le quitaba el ojo de encima al doctor Robert Koch. Para que vean cómo era de ilustrado y de vigilante nuestro Ayuntamiento, en las últimas décadas del pasado siglo. En aquellos tiempos, la tuberculosis era una enfermedad con una muy considerable incidencia en la población, y las autoridades sanitarias estaban al tanto de los progresos bacteriológicos alemanes, que en 1906 habría de llevarse el Nobel de Fisiología y Medicina.

En 1882, Koch ya había anunciado el aislamiento del bacilo causante de la peligrosa enfermedad, bacilo que, desde entonces, llevó su nombre. Posteriormente, y tras algunos años de investigación del cólera asiático, concretamente en 1890, descubrió la tuberculina: una preparación realizada con gérmenes tuberculosos y que se utiliza en el diagnóstico y tratamiento del citado mal. Pues, ya ven, no más descubrirla, nuestro Ayuntamiento se puso sobre la pista del doctor Koch.

De forma que el cuatro de diciembre del mismo año de aquel descubrimiento científico, la alcaldía alicantina tomó la iniciativa de dirigirse, por escrito, al embajador de España en Berlín, con objeto de entrar en contacto con Roberto Koch.

El escrito que se conserva en el Archivo Municipal, dice así: «La prensa nacional y extranjera ha llevado a todos los ámbitos del mundo civilizado, la noticia prodigioso descubrimiento del doctor Koch, llamado a prestar grandes beneficios a la humanidad doliente. Por ello, esta Alcaldía, creyendo cumplir con un deber que le impone el bienestar y la salud de sus administrados, a propuesta de la comisión de sanidad e higiene de este Ayuntamiento, no ha vacilado en dirigirse a su excelencia, rogándole que, si hay posibilidades de hacerlo, interese del distinguido doctor, a nombre de la corporación municipal, la remisión del líquido que estime suficiente, para la práctica de experiencias, para combatir la tuberculosis. Con destino a la Casa de Socorro, establecimiento benéfico sostenido por el Ayuntamiento, y en el que existe un consultorio gratuito para los enfermos pobres». La corporación estaba al día y velaba por sus conciudadanos. De momento ignoramos, si la petición alcanzó su destino y cuál fue la respuesta de Robert Koch.

Cómo se añoraban las bondades económicas del imperio, cuando aún no se había consumado la pérdida definitiva de las últimas colonias. En septiembre del aciago 1898, el edil de nuestro Ayuntamiento, señor Martínez Torrejón, presentó una moción al pleno del día treinta de aquel mismo mes, que fue aprobada por la corporación. Un mes y casi medio antes de que el doce de diciembre se firmara el tratado según el cual España abandonaba Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, se disparó la nostalgia y se exaltó la grandeza patria. Cosas que pasan.

Así, don Antonio Martínez Torrejón reflexionó acerca de nuestra provincia, y de sus posibilidades. De estas tierras «se surtió el mercado nacional y el extranjero de los mejores vinos, muy acreditados, sobre todo, como base, por su fuerza alcohólica, para la elaboración de otras varias y escogidas clases». Pero las leyes francesas mermaron aquella fuente de riqueza y aún se advertían nuevas disposiciones, por aquel tiempo, «que amenazaban con destruirlas, convirtiendo nuestra provincia, antes floreciente, en pobre y desvalida». Pero nos quedaban las tierras de ultramar que nos surtían y «daban sobrado abasto a otros países con los productos que de allí se extraían, siendo el principal de ellos el tabaco (...) Por desgracia y a efecto de una guerra injusta y aleve, tales colonias desprendiéndose de la madre patria, han caído en poder de extranjera mano, y el pabellón español ha sido sustituido por otro, que ha cubierto en sus pliegues unas bajas y miserables ambiciones».

Claro que había consuelo: el clima de España era, en palabras del edil, muy parecido, en algunas de sus regiones, al de sus perdidas colonias. «Los productos que allí se criaban, críanse aquí con la misma lozanía y robustez, y el tabaco se ha visto que adquiere tan poderoso desarrollo, como en la que fue nuestra perla antillana». Por supuesto, destaca la provincia de Alicante, por la bondad de su clima. «Y a no ser -afirma el edil- porque se persigue el cultivo de este producto, los campos estarían ostentando hermosas matas de tan rico vegetal». En medio de retórico estilo, nos ofrece un dato interesante: el juzgado tenía en trámite nada menos que cuatro mil causas por cultivo de tabaco. El Ayuntamiento acordó la moción, en la que se proponía que tanto la Diputación como los centros oficiales dirigieran una «respetuosa petición al Gobierno de su Majestad, con objeto de que permitiera el libre cultivo del tabaco». Alicante como Cuba.

A raíz de la revolución de 1868, que puso fin al reinado de Isabel II, se constituyó en nuestra ciudad, el cuatro de octubre, la Junta Revolucionaria, en cuya presidencia se instalaría el monárquico Tomás España y Sotelo. Entre sus vocales, estaban los republicanos Eleuterio Maisonnave y Francisco García López.

Esta Junta se disolvería semanas después, para entregar sus poderes locales a un Ayuntamiento de carácter interino, hasta la celebración de elecciones de la primera corporación municipal por sufragio universal masculino. El uno de enero de 1869, Eleuterio Maisonnave ocuparía la Alcaldía del mismo.

El veintinueve del mismo mes, según consta en los cabildos, Maisonnave expresó su vivo deseo de que los vecinos, animados de la mejor voluntad, cooperasen en la creación de un Asilo, «donde pudieran socorrerse a todos los mendigos forasteros y de la propia capital que discurrieran por las calles de la población». Se solicitaba de cada ciudadano una aportación de veinte reales mensuales. El Ayuntamiento acordó encargar al alcalde que pusiera en práctica aquella idea, valiéndose de los medios que considerara más pertinentes.

En un principio, el citado Asilo se instaló provisionalmente en la calle de Gerona, hasta que el veinte de julio del referido año, se solicitó su desalojo, con objeto de edificar en tales terrenos. Pero en la dicha sesión del veintinueve de enero, también Maisonnave expuso la necesidad de establecer una Casa de Socorro «dentro de la misma Consistorial, y de no poder ser esto, en otra del centro de la ciudad, sufragando sus gastos con el producto de la suscripción de los vecinos, hasta tanto que los presupuestos municipales permitieran llenar estas atenciones convenientemente».

Fue en este mismo año, en el mes de septiembre y mediante decreto del día dieciocho, cuando se crearon los arquitectos provinciales dependiente de las Diputaciones. En el mismo decreto también se establece «que los ayuntamientos de las poblaciones que por su importancia y extensión de sus necesidades, quieran tener arquitectos propios, podrán tenerlos, pagados de sus presupuestos».

Ciertamente el Meliá nació bajo la sospecha y la duda. Y desde entonces no ha parado. Ahora, con la cola de ese tercio. Pero desde sus orígenes provocó polémicas. Polémicas en la calle y polémicas en el seno de la corporación municipal, que dio la luz verde a la construcción del aparthotel.

El malestar se manifestó de forma abrupta en el seno del Ayuntamiento pleno, el veintiocho de agosto de 1969. Justamente el mismo día que nuestra ciudad acordó, por unanimidad de su cuerpo municipal, ingresar en la Asociación Española de Ciudades de Congresos.

La Asociación se había constituido en San Sebastián, el veinticuatro de mayo de aquel mismo año, y el alcalde de tal ciudad, don Antonio de Zulueta, remitió al de nuestra capital, don José Abad, un proyecto de estatutos. No hubo discrepancia alguna. Ya las había habido entorno al Meliá.

La comisión permanente municipal informó favorablemente la edificación del citado establecimiento turístico y hotelero.

Aquel informe destapó la caja de Pandora, en una interminable sesión corporativa.

El edil don Salvador Soriano Antón manifestó su preocupación y disgusto por dicho informe y pidió que constara en acta su disconformidad, con el destino que se le daba a la parcela ganada al mar y adosada al muelle de Levante.

Ante la firme actitud del concejal, el alcalde le preguntó si acaso sabía lo que era un aparthotel. Soriano Antón respondió con contundencia: «Por supuesto que sé lo que es un aparthotel. Pero se ha tomado una parcela que es de todos, para construir un edificio con siete plantas, a lo que me opongo».

Acerca del Meliá y de otros edificios singulares y conflictivos de aquella época, de las circunstancias que propiciaron su construcción, se ha escrito mucho.

El desarrollo urbanístico, lleno de presuras y especulaciones, ha dejado tras de sí algunas operaciones poco esclarecidas o cuando menos discutibles y discutidas. Con toda la información y documentalmente, habremos de volver, en esta diaria crónica, a examinar, de una en una, tan cuestionadas intervenciones.

Son muchos los ciudadanos que se preguntan -y nos preguntan- qué se oculta, si es que se oculta algo, en cada una de esas aparentes irregularidades. Quizá lo sepamos, en breve. Hasta donde se pueda.