Visor de obras.

Inmediatamente después de la guerra, las autoridades franquistas dictaron normas de educación y compostura, adecuadas al nuevo y victorioso régimen. Durante el periodo de dominación de las «hordas rojas», como se solía decir, se había relajado no sólo la moral pública, sino la privada. Y había que volver a la decencia, a las buenas costumbres y a la mansedumbre de los comportamientos cívicos, entendidos según los principios del llamado nacionalcatolicismo.

Hasta qué grado de postración se había llegado -siempre de acuerdo con los criterios de la jerarquía-, lo evidenciaba el lenguaje grosero, las expresiones soeces, las palabras obscenas, la blasfemia, etcétera. Con objeto de corregir tales excesos y pulverizar de una vez por todas tanta ignominia y tanto exceso verbal, se recurrió no sólo a las ordenanzas municipales, sino que se sustanciaron medidas y sanciones severas.

El primer alcalde de la época, don Ambrosio Luciáñez Riesco, advirtió públicamente de las prevenciones contenidas en el artículo doce de las mencionadas ordenanzas, entre las cuales se advertía a los vecinos que debían de abstenerse de cuantos actos y manifestaciones ofendieran a la religión, a la moralidad, a la decencia y a la cultura. La más absoluta prohibición se cernía sobre las expresiones blasfemas. Había que desterrar cualquier licencia indecorosa que pusiera en entredicho el limpio nombre de Alicante. Y, naturalmente, tras aquella advertencia, publicada el ocho de abril de 1938, en bando de la alcaldía, y en «Hoja Oficial de Alicante», tres días más tarde, se anunciaba el oportuno castigo, para cualquier infracción que fuera denunciada. El señor Luciáñez Riesco confiaba en disuadir a sus conciudadanos, no necesariamente por imposición autoritaria, sino por el convencimiento de los mismos habitantes de la ciudad.

Por aquel tiempo, más de un adolescente fue trasladado a las dependencias de la policía urbana, sitas en los bajos del Ayuntamiento, con entrada por la placita de la Santísima Faz, por estar en la plaza sin albornoz. Todo un escándalo intolerable.

Estamos de acuerdo; el transporte en el futuro ha de ser rápido y no contaminante, y además con trazados mixtos, es decir, subterráneo y en superficie. Y tales condiciones sólo las reúne el tren eléctrico de vía métrica. Así lo afirma la Plataforma Trenet Metropolitano; y su afirmación nos parece muy atinada y razonable. Por eso, sentamos plaza en la referida Plataforma. Como tantos lo han hecho ya. Como tantos, sin duda, lo van a hacer. Los redactores del manifiesto, señalan que el Plan de Infraestructura Viaria del entorno metropolitano de Alicante, cuyos estudios realiza la Generalitat, es el marco adecuado para reflexionar sobre el importante papel que le cumple a nuestro entrañable y popular trenet.

Históricamente, el primer tramo de la línea denominada entonces de los Ferrocarriles Estratégicos y Secundarios de Alicante (más tarde, Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, FEVE), se inauguró el veintiocho de octubre de 1914. Cubría el trayecto Alicante-Altea. El segundo, de esta última localidad a Denia, el 11 de julio de 1915 («La Gatera», 28-4-93). En el origen de esta empresa ferroviaria, se encontraba don Juan Bautista Lafora. Pero el proyecto se debe al ingeniero José Carbonell Morand -de acuerdo con la información facilitada por José Vicente Caves y José Antonio Gómez Martínez, en una monografía sobre el tema-. En 1902 se comenzaron las obras, pero la falta de recursos hizo que se interrumpieran, hasta ocho años después. El veintiuno de junio de 1910, la sociedad Boffinet, Solms y Compañía se comprometió a licitar en el concurso o subasta que anunciara el Estado, del citado ferrocarril de vía métrica, de Alicante a La Vila. El senador vitalicio por la ciudad, don Emilio Díaz Moreu, logró que tal línea se incluyese en el oportuno plan. Poco después, la citada sociedad se adjudicaría también el segundo y último tramo. El trenet pasó a depender del Ministerio de Obras Públicas, en 1964. El uno de enero de 1987, con el traspaso de competencias a nuestra comunidad autónoma, fue cedido a los Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana.

De nuevo el trenet pita fuerte. La Plataforma para potenciarlo racionalmente y teniendo en cuenta las exigencias y necesidades del transporte público y la comunicación con puntos como la Universidad, el aeropuerto, zonas comerciales y escolares de nuestra comarca, llama a instituciones, partidos políticos, centrales sindicales, asociaciones vecinales y empresariales, etcétera, al compromiso de su desarrollo. Nosotros, como tantos, estamos y estaremos ahí. Una vez más, el trenet pita fuerte.

A estas alturas, desde la llamada transición a este parte, ¿se celebrarán sesiones de tapadillo de la corporación municipal o de algunos de sus grupos? Pensamos, sinceramente, que no. Pero, siempre queda un resquicio abierto a la duda. Precedentes, los hay. Y documentados, por supuesto. En caso contrario, no rozaríamos, en modo alguno, un tema así, tan de secta nauseabunda.

Precedentes los hay, insistimos, precedentes que nos trasladan, por el hilo de la historia local, al veintiocho de mayo de 1886. En aquella ocasión, el Ayuntamiento pleno «juzgó» determinadas actitudes del teniente de alcalde don Florentino de Elizaicin España, a quien se le atribuía el hecho de haber faltado a sus obligaciones, como responsable del distrito del Teatro, y como presidente de la comisión de policía urbana, obras públicas y ornato. Tal abandono, conculcaba las recomendaciones que el gobernador civil había formulado a los ediles, con tenencia de alcaldía, de que realizaran inspecciones a sus respectivos distritos, de carácter sanitario, con objeto de adoptar, a la vista de los correspondientes informes, las medidas higiénicas procedentes.

Pero, según el alcalde, don Julián de Ugarte, el referido señor Elizaicin no había actuado en consecuencia, y además le había dicho, particularmente, que no volvería a pisar el edificio del Ayuntamiento. Tras el pertinente debate, el concejal señor Senante propuso que, como quiera que su colega de corporación, había incumplido sus obligaciones, el propio alcalde, como presidente y superior, debía hacerse cargo de las competencias de don Florentino, en tanto la comisión citada la encabezara el señor Pobil, en tanto Elizaicin perseverase en su irregularidad. O bien, que el gobernador civil, a quien debía informar cumplidamente de la situación, resolviese lo más acertado, en uso de sus facultades. Aunque por otros motivos, don Florentino de Elizaicin fue procesado y suspendido en su cargo, el veintiséis de noviembre de 1886.

De todo ello queda constancia, en unas siniestras «Actas secretas celebradas por el excelentísimo Ayuntamiento de Alicante», y que se conservan en nuestro Archivo Provincial. Que el habitual lector saque sus conclusiones.

Tras el triunfo de la revolución de septiembre de 1868, que terminó con el reinado de Isabel II y abrió un periodo denominado sexenio democrático -al que nos hemos referido en nuestra crónica, reiteradamente-, se produjeron notables cambios en España y en nuestra ciudad. En Alicante, el Ayuntamiento cedió el poder a la Junta Revolucionaria provisional. Junta que, días más tarde, concretamente el cuatro de octubre celebró elecciones para su constitución definitiva. De tales elecciones salió presidente el monárquico don Tomás España y Sotelo, y entre sus vocales, republicanos tan significativos como Eleuterio Maisonnave y Francisco García López.

La Junta Revolucionaria, de carácter moderado, después de contribuir a la normalización de la vida ciudadana y al restablecimiento del orden público, elaboró un programa de actuaciones, para inmediatamente disolverse. De nuevo, se hizo cargo de la administración local una corporación interina, presidida por don Antonio Vidal, hasta que en el mes de diciembre se procedió a la elección, por sufragio universal masculino del nuevo Ayuntamiento.

El uno de enero de 1869, se procedió, por votaciones, a elegir al alcalde de entre los veintisiete concejales electos y entre los que se encontraban don Francisco García López, don Manuel Blanquer, don Eugenio Barrejón, don Bartolomé Pons, y don Eleuterio Maisonnave. Y fue este último quien accedió a la presidencia, en calidad del alcalde primero.

En la siguiente sesión del pleno municipal, se planteó el tema de establecer el matrimonio civil, en el Ayuntamiento. Para disponer de una información acerca de las formalidades que debían cumplirse, se acordó recurrir al Ayuntamiento de Reus, que ya lo tenía establecido, y de elevar la oportuna consulta en Ministerio de Gracia y Justicia. Era el cuatro de enero. El veintidós de aquel mismo mes, y ya con todas las consultas efectuadas, tomó el acuerdo, por mayoría, de celebrar matrimonios civiles en nuestra ciudad. Por cierto que en el pleno del día cuatro también se decidió vender los muebles que se habían adquirido por la municipalidad, cuando el viaje, en 1858, a Alicante, de la entonces reina Isabel, en pública licitación.

No, no puerto de Madrid, sino puerto de Alcoy, según argumentó don Próspero Lafarga, en un breve pero lúcido informe, fechado el once de septiembre de 1919. Después de concluida la Primera Guerra Mundial, en noviembre de 1918, el ingeniero director de la Junta de Obras de nuestro puerto, reflexionó acerca de la poca incidencia que había tenido el resurgimiento de los transportes, tanto terrestres como marítimos, en Alicante, y particularmente en sus muelles, cuyas condiciones y situación calificaba de excepcionales, en el Mediterráneo español.

En su análisis, don Próspero Lafarga destacaba diversas causas que frenaban o disminuían considerablemente la afluencia del tráfico ferroviario a nuestra ciudad, en parte, debido a una gestión insuficiente. Muy en particular, el ingeniero se refería a los servicios de la Compañía de Andaluces, que, en su criterio, resultaban penosos: la carencia de vagones determinaba que los exportadores enviaran sus mercancías a Cartagena, gracias a la Compañía M.Z.A. Denunciaba, en su escrito, que de forma irregular, el Sindicato de Navieros del Mediterráneo había establecido, desde Cartagena a Marsella y Cette, fletes más económicos que desde Alicante. Comportamiento que resultaba intolerable, por cuanto la distancia a ambos destinos franceses eran menores desde nuestro puerto. Pero además, señalaba que las subvenciones del Estado a determinadas empresas navieras no debían utilizarse para provocar un conflicto de tarifas, que estaba perjudicando los intereses de nuestro puerto.

Para compensar este y otros desaciertos -como la concesión directa de la línea de ferrocarril entre Madrid y Valencia-, el ingeniero Lafarga confiaba en el tren Alicante-Alcoy; tren que contribuiría a dotar al puerto alicantino -puerto considerado de tránsito- de un relieve comercial en consonancia con la importancia de la capital. Para el director de la Junta de Obras del Puerto, el aislamiento de Alicante con relación a Alcoy, era altamente perjudicial. Por eso apostaba por la línea que uniera a ambas ciudades, convencido de la necesidad de que nuestro puerto fuera el puerto de Alcoy, «florón glorioso de la industria española».

Como se sabe, y aquí lo hemos constatado documentalmente, de aquel proyecto ferroviario apenas si queda la memoria y algunos vestigios.

Si, en la actualidad, nuestro Ayuntamiento dispone de suelo suficiente, para su venta, no parece que, veintiocho años atrás, el patrimonio municipal fuera tan generoso. Antes, por el contrario, en el presupuesto especial de urbanismo, había un crédito destinado a la adquisición de suelo, que según los informes del interventor, presentados a la corporación en el pleno correspondiente al treinta de abril de 1969, ascendía a un total de un millón quinientas cincuenta y tres mil doscientas sesenta pesetas con ochenta céntimos.

Aquella cantidad se había contraído, de acuerdo con el citado interventor, en previsión de que las gestiones que se habían llevado a cabo por la Alcaldía prosperaran como era deseable. En suma, se trataba de adquirir nueve parcelas de terreno en la isla de Tabarca, que hasta entonces pertenecían al Estado, concretamente al Ejército de Tierra.

Era alcalde de la ciudad don José Abad Gosálvez y a él le correspondió realizar los trámites oportunos. Previamente, el diez de aquel mismo mes el arquitecto municipal dio cuenta de que las nueve parcelas incluían parte de los caminos de uso público, entre ellos los de acceso al poblado, desde el puerto, y también los que se dirigían hacia la Torre y costa norte del campo de la isla. Además, al tomar como lindes los del mismo plano de las murallas de defensa con el mar, entendía el técnico que la zona marítimo-terrestre, estaba también incluida en las mismas, toda vez que era el único paso posible («el corredor de coronación de la muralla») en la zona.

Por otra parte el precio de cuarenta pesetas por metro cuadrado, de los 37.745 que medían la superficie de tales parcelas, estaba por debajo del valor normal en venta. Por todo lo cual, y en su criterio, convenía a los intereses municipales aquella adquisición, por cuanto facilitaría considerablemente el desarrollo del plan parcial de ordenación de Tabarca. Con aquellos terrenos quedaba definitivamente de propiedad municipal el contorno del poblado y toda la zona que comprende el istmo que enlaza con el campo. La operación estaba lista. Y se enriqueció el patrimonio.

En diciembre de 1984, el equipo municipal del PGOU, redactó un avance de revisión del mismo, en el que, tras el diagnóstico de la situación en aquellos momentos, se hacen previsiones de futuro, se analizan objetivos y se formulan propuestas de carácter sectorial.

En definitiva, el Plan General de Ordenación Urbana, revisado y adaptado, «de manera casi simultánea», no era sino la conciliación del de 1973, con reforma de la Ley del Suelo de 1975. En la introducción del estudio se afirma que, en definitiva, se trataba de una operación formal de homologación con la nueva legislación urbanística, sin que los contenidos de mayor calado ni las líneas maestras del referido plan se alteraran sustancialmente.

Fue en el año 1964, cuando se advirtieron las insuficiencias del plan previsto para Alicante, entre 1956 y 1962. De acuerdo con el pleno y aprobada la moción de alcaldía, se procedió a la redacción de un nuevo planteamiento urbano que se inició en 1964 y se concluyó cuatro años después, aunque su aprobación definitiva se produjo en 1973. Las causas de tal reformulación estaban en la base del despegue económico de la década de los sesenta, en el crecimiento demográfico de la ciudad que polarizó una importante corriente migratoria, y en una subsiguiente actividad inmobiliaria desconocida hasta aquel entonces.

Sin embargo, dos años más tarde de su citada aprobación, nuestro Ayuntamiento tuvo que adaptar el plan a la ya dicha reforma de la Ley del Suelo de 1975. El proceso de adaptación se inició en 1979 y se culminó -como se señala en los informes consultados- con la aprobación otra vez definitiva de plan adaptado, en 1984.

Trece años han transcurrido, y observando la realidad se infiere que son numerosas las modificaciones sufridas por aquella revisión. A veces las ciudades actúan, en su crecimiento, con cierta imprevisión y despojándose de encorsetamientos, tiralíneas, patrones y calificaciones. Por detrás, sin duda, se mueven hilos, intereses, compromisos: un plan de urbanización, manejado pericialmente, puede dar en un rentable plan de inversión. Hablaremos de todo esto, siempre con papeles por delante.

En la actualidad y pese a los favorables indicadores económicos, el paro continúa siendo un problema acuciante. La tasa de desempleo es la más alta de Europa o de las más altas. Lamentablemente, situaciones como ésta o muy parecidas se han dado a lo largo de nuestra reciente historia.

En Alicante, en 1935, el gobernador civil convocó, en los salones del Ayuntamiento, una asamblea integrada por las comisiones gestoras municipales y provincial, el comandante militar de la plaza, el secretario de la Cámara de Comercio, el presidente de la asociación de consignatarios, representantes de la enseñanza y de diversos organismos, así como el diputado a Cortes Ruiz Pérez Águila, quien llevaba además la expresa representación de su compañero en el Congreso, don Joaquín Chapaprieta.

De inmediato, el ingeniero de Obras Públicas presentó un minucioso informe en el que se relacionaban todas las obras consideradas de urgente interés para noventa y ocho localidades de las ciento cuarenta que se contabilizaban en nuestra provincia: caminos, construcciones escolares, ampliación de los puertos de Torrevieja, Santa Pola, Campello, Villajoyosa, Altea, Calpe, Denia... dotación de aguas para Gata de Gorgos. En total doce millones de pesetas destinadas a tales mejoras y capaces, por otra parte, de paliar el paro obrero, desde el mes de noviembre al de abril, periodo en que aumentaba el desempleo considerablemente, en los términos rurales. Era el catorce de marzo y el paro alcanzaba por entonces, a diez mil trabajadores.

En aquella amplia reunión, se dio cuenta de un escrito del director de la sucursal del Banco de España, en nuestra ciudad, en el que notificaba que se había adquirido un solar en la avenida de Méndez Núñez, para la construcción del edificio, y en la cual se invertirían dos millones de pesetas. Por su parte, el diputado Pérez Águila propuso la adición al listado de realizaciones de otras tantas que consideraba no sólo precisas para dar trabajo a los obreros en paro, sino necesarias a los pueblos beneficiarios de las mismas. El alcalde Santaolalla y el presidente de la Diputación, Pérez Molina, ofrecieron liberar de la hipoteca el solar destinado a la edificación del Instituto y de las Escuelas Normal y de Comercio además de contribuir con ciento cincuenta mil pesetas. El paro pegaba lo suyo. A los obrero, claro.

El primer número del nuevo periódico alicantino salió a la calle el veintitrés de marzo de 1968, bajo la dirección de Federico Anglada Anglada. Su editor era don Pedro García Munera, de Albacete. Los talleres, la administración y redacción de «Primera Página» se encontraban situados en La Florida, en la calle José Salvetti. «Primera Página» irrumpió así en un ámbito informativo prácticamente ocupado por la presencia hegemónica de INFORMACIÓN -por aquel entonces de la cadena del Movimiento- y por la edición alicantina de «La Verdad», que se afianzaba, día a día. Una competencia muy sólida, para la recién fletada empresa periodística.

«Primera Página» fue -y nos lo confirma nuestro amigo y compañero José María Perea- el primer periódico en toda España que se gestó al amparo de la Ley de Prensa -conocida como Ley Fraga-, aprobada en las Cortes el quince de marzo de 1966. Si en un principio tuvo carácter vespertino, semanas más tarde y con objeto de incrementar su difusión y venta, la empresa decidió su comparecencia matutina. A Federico Anglada muy pronto le sustituiría en la dirección el hasta entonces subdirector del diario y periodista alcoyano Rafael Coloma, quien a su vez sería desplazado por el valenciano Juan José Pérez Benlloch.

Entre sus redactores y colaboradores a lo largo de sus casi cuatro años de vida, recordamos al ya citado José María Perea -autor de una tesis sobre el referido periódico-, de José Vicente Botella, José Ramón Giner -responsable del suplemento literario-; Rosa Solbes, Vicente Hipólito, Francisco Aldeguer, José Pamblanco, Hortegui, Francisco Aracil, nosotros mismos y muchos otros. Maesba (Manuel Esquembre Bañuls) informaba de Benidorm y de la Costa Blanca, en general; Jaime Gómez Orts, llevaba la delegación de Elche, en la que se encontraba Pastor Chilar; y toda una serie de articulistas entre los que recordamos, en sus análisis políticos semanales, a Pedro Calvo Hernando, a Miguel Signes, etcétera.

Periódico conflictivo, amonestado, multado reiteradamente y algunos de sus redactores procesados por el Tribunal de Orden Público y sumido en el más absoluto abandono empresarial, su último número salió el veinticinco de julio de 1972. Era director Francisco Rodríguez Marín y nosotros estábamos de guardia la misma noche de su definitivo naufragio. «Primera Página», toda una experiencia inolvidable.

En una curiosa autoentrevista que el fundador de las Hogueras de Sant Joan se hizo en el popular y satírico «El tío Cuc», que dirigía Coloma Pellicer, nos revela discretamente alguna de las claves de los conflictos poco esclarecidos en los mismos orígenes de las ya tradicionales fiestas del fuego.

En la citada autoentrevista, que está publicada en el periódico mencionado, correspondiente al número extraordinario del mes de junio de 1929, se dice textualmente: «¿Es el president vosté, de les fogueres, amic? / No, señor; soc cap de turc, o si vol, cap de motí (...). / Es que segons diu la chent, a mi mateix me ho van dir, que ha tengut vusté disgusts y per ells va a desistir de treballar per la festa. / ¡Aixó may!... May he fuchit d'entre cavallers y homens per por a un desagrait que fasa el paper de Chudes, com sempre sol sosuir. / ¿Y se pot saber qui es eixe bon alicantí? / El señor Napoleón, li diuen, segons m'han dit». Estos párrafos que hemos entresacado de la breve «Interviú en el Tío Cuc», denotan efectivamente un cierto malestar, aunque expuesto con ironía, del señor Py y Ramírez de Cartagena. ¿Quién era el aludido Judas conocido por el apodo de Napoleón?

En aquel interesante número del semanario satírico, además del alcalde Suárez-Llanos, colaboraron Francisco de Elizaicin, director de «El Correo»; Carlos Lozano Campos, de «El Tiempo»; Álvaro Botella Pérez, de «El Luchador»; Juan Sansano, de «El Día»; Emilio Costa, de «Diario de Alicante», es decir, casi la práctica totalidad de los directores de los periódicos que se publicaban en aquel entonces. Precisamente a la prensa local, con tal título, la plaza de Hernán Cortés levantó su crítica hoguera, de la que fue autor José Amat.

Al año siguiente, esto es, en 1930, se creó la primera Comisión Gestora que presidía José María Py. Estaba integrada, por Rafael Ferrándiz Navarro, como secretario, y por los vocales Ramón Guillén Tato, José Sánchez y Carlos Ramos, a quienes, posteriormente y según Francisco Aldeguer, en su libro «Las Hogueras de Alicante, 1928-1994», se unirían Evaristo Manero, Ángel Pascual Devesa y Francisco Carlos Roca. ¿Pero quién fue el Judas, llamado Napoleón?

Literalmente. Los ediles de aquella corporación fueron reclutados entre los principales contribuyentes de nuestra ciudad. Más exactamente, la mitad de ellos. La otra mitad estaba integrada por cuantos habían obtenido mayor número de votos, en las elecciones municipales de 1917, 1920 y 1922. Nos referimos al Ayuntamiento que se formó a mediados de febrero de 1930.

Un decreto de quince de dicho mes, cesaba a alcaldes y concejales, y los reemplazaba por quienes hemos apuntado. Así se pretendía superar la situación que había dejado la dictadura del general Primo de Rivera. El presidente del Gobierno, Dámaso Berenguer, al iniciar la dictablanda, se propuso restañar un panorama desolado. Y uno de los asuntos más sensibles era la constitución de las nuevas corporaciones locales y provinciales. Se primaba así a las personas más acaudaladas y también a aquellas que acreditaran un cierto talante democrático. Sin pasarse, tampoco.

El decreto se cumplió al pie de la letra. Para seleccionar a los mayores contribuyentes, se echó mano de la certificación librada por el administrador de rentas públicas, el nueve de diciembre de 1926. Sumaban un total de diecinueve candidatos y los diecinueve ocuparon concejalía. Allí estaban, entre otros, Juan Guardiola Forgas, Federico Leach Lausant, Vicente Coloma Company, Antonio Hernández Lucas, Sebastián Cortés Sevilla, Antonio Campos Saavedra, José Juan Poveda, Nicolás Lloret Puerto, José Mataix Simó, Agustín Mora Molina y Gaspar Peral Sempera.

De entre los concejales elegidos en los citados años, dieciocho también accedieron a la corporación. Una vez resuelto el problema, el gobernador Rodolfo Gil Fernández presidió la toma de posesión de todos ellos y declaró constituido el nuevo Ayuntamiento. Ayuntamiento que, por excusas presentadas y aceptadas por parte de los señores Hernández Lucas y Guardiola Forgas, le correspondió presidir a Florentino Elizaicin España, aunque dos meses después, fue relevado al frente de la Alcaldía, por Gonzalo Mengual Segura.

La mitad más uno de los componentes de aquella corporación entraron ricos al Ayuntamiento. En otros ayuntamientos, salen ricos. Una curiosidad.

Don José de Aguilera y Aguilera, Grande de España y marqués de Benalúa falleció, en Madrid, en noviembre de 1900. El Ayuntamiento sufrió una gran consternación, y otro barón, el de Petrés, don Alfonso de Sandoval, le hizo el panegírico. Alabó los desvelos de tan ilustre paisano por conseguir, para nuestra ciudad, el suministro de aguas potables, y desmenuzó sus condiciones de alicantino entregado al servicio de sus conciudadanos. Luego, y como quiera que el barón de Petrés, también era alcalde de Alicante, propuso a la corporación que corriera con los gastos de las honras fúnebres de la tan insigne personalidad. En el acta correspondiente al treinta del citado mes, se puede comprobar la unanimidad que obtuvo la propuesta.

Y fue en aquella misma sesión, cuando se decidió igualmente que el doctor Pascual Pérez hiciera el petate y se marchara a Murcia, un poco para husmear qué pasaba en aquella población. La salud pública en la vecina capital estaba atravesando una mala época. Las noticias eran inquietantes, y parecía oportuno tomar las medidas más oportunas, en evitación de posibles contagios.

Previamente, y con toda reserva, el alcalde y barón de Petrés, ya se había reunido con la junta local de sanidad. De aquella reunión salió la idea de que, con la mayor cautela, para soslayar la alarma del vecindario, el médico decano de la beneficencia domiciliaria se desplazara a Murcia.

No mucho después, la primera autoridad local recibió noticias del doctor Pascual Pérez Martínez. El doctor le comunicaba que se habían detectado brotes de triquina, y que había observado deficiencias higiénicas notables en los barrios murcianos. De inmediato, se procedió: se retiró la carne porcina del mercado y se tomaron medidas sanitarias en toda la ciudad. Alfonso de Sandoval era, sin duda, un alcalde precavido y supo adelantarse preventivamente a una presumible invasión de aquel mal que azotaba a la población murciana.

El sábado, diecisiete de junio de 1995, Luis Díaz Alperi tomó posesión de la Alcaldía de Alicante. Casi tres semanas antes, concretamente, el domingo, veintiocho de mayo, las urnas le habían dado al Partido Popular un triunfo considerable. La Generalitat y las grandes ciudades de la Comunidad Valenciana pasaban a manos de los populares, y se configuraba así un nuevo mapa político.

En nuestra capital, se cumplió, casi al pie de la letra, el sondeo que INFORMACIÓN había encargado a la empresa EMER. La corporación municipal quedaba compuesta por catorce concejales del PP; diez, del PSOE y tres de EU-Els Verds. Díaz Alperi contaba, pues, con la mayoría absoluta. El hasta entonces alcalde socialista Ángel Luna, que había accedido al cargo el cinco de julio de 1991, confesaba paladinamente su personal frustración ante los adversos resultados electorales; felicitó a Díaz Alperi, y recordó que su mandato había sido difícil al gobernar en minoría. Por su parte, José Luis Romero, portavoz de EU-Els Verds, que abrió el turno de intervenciones en la toma de posesión del nuevo presidente del Ayuntamiento, manifestó que no sólo concedería los habituales cien días de cortesía al adversario político, sino que procuraría mantener la cortesía durante el mandato de Díaz Alperi, sin abdicar por ello de ejercer una oposición seria.

En su discurso -que tenemos grabado íntegramente, como los de sus antecesores-, Díaz Alperi dijo que cuantos trabajaban en el Ayuntamiento lo harían, en todo momento, para los ciudadanos, y que todos los vecinos tendrían las mismas facilidades por parte de la Administración. Tenía la intención de construir una ciudad más próspera, más transigente y más libre. Un día antes, en una entrevista concedida a este periódico, expresó su deseo de desarrollar -de entre los proyectos emblemáticos que el PP tenía en cartera-, los de RENFE, Palacio de Congresos, PAUs 4 y 5, y la ciudad de la luz, es decir, un parque temático -y repetimos sus mismas palabras- moderno y sin precedentes en toda la costa mediterránea ni aun en todo el sur de Europa. Tres semanas antes de su elección, Jacques Chirac había derrotado a Lionel Jospin, y había sucedido a Mitterrand en la presidencia francesa. Díaz Alperi es el tercer alcalde de la democracia. Antes lo fueron -desde 1979- José Luis Lassaletta y el citado Ángel Luna.

Aun con el peaje a cuestas. Ciertamente la autopista del Mediterráneo nació ya, en información pública, entre enconos, polémicas y plácemes. Entre los municipios de nuestra provincia, los hubo proclives a su trazado, como los de El Campello y San Vicente; en tanto San Juan se mostraba en desacuerdo. Guardiola Gaya, arquitecto del Ayuntamiento de esta última citada localidad, impugnó el proyecto -era el año 1973- ante notario, por entender que no se compadecían plenos y memoria del correspondiente anteproyecto. José María Perea, en un informe publicado en el semanario «La Marina», nos recuerda cómo Martín Ferrand, por la cadena SER, y en «Hora 25», transmitió las opiniones de los alcaldes de Altea y San Juan que estaban contra el trazado y la del de San Vicente del Raspeig que se mostraba favorable, aunque sin énfasis.

Había argumentos que cuestionaban razonablemente toda la autopista: los aportados por el sociólogo Mario Faviria, y por el economista alicantino, Luis Marco Bordeta. La A-7 discurría muy cerca de la costa y tal circunstancia fomentaba los temores de que las expropiaciones previstas lesionaran gravemente zonas residenciales y turísticas.

Representantes del consejo de administración de la empresa concesionaria de la entonces llamada Autopista del Mare Nostrum, se entrevistaron, en nuestra ciudad, con el gobernador civil, el alcalde y el presidente de la Diputación. Los medios informativos solicitaron razones técnicas, urbanísticas y de ordenación del territorio, que avalaran el criterio de que en cualquier caso, siempre habría protestas y objeciones, por cuanto se afectaba a intereses privados: la decisión final correspondía al Ministerio de Obras Públicas. Por otra parte -y ya lo hemos constatado en esta misma columna- en nuestra Prensa se airearon diversas manifestaciones que respondían a una opinión pública variada y encontrada: desde quien bendecía a la autopista o consideraba que oponerse a ella era «cosa de retrasados mentales», a cuantos consideraban su trazado poco menos que aberrante.

Veinticuatro años después, la autopista sigue provocando reacciones: lo del trazado ya no tiene remedio. Lo de la concesión y el alto peaje produce escozores justificados.

El diecinueve de julio de 1995, se celebró la investidura del nuevo presidente de la Diputación Provincial, Julio de España, tras doce años de ostentarla los socialistas. Antes que él y desde las elecciones democráticas municipales de abril de 1979, ocuparon la presidencia Luis Díaz Alperi, entonces de la UCD; Antonio Fernández Valenzuela, del PSOE; y Antonio Mira-Perceval también socialista.

En los días que precedieron a la toma de posesión de su cargo, Julio de España, como todos los ediles populares, como todos los ciudadanos alicantinos, asistió al enfrentamiento de Maribel Diez de la Lastra y de Pedro Romero, en el seno de la corporación local y que zanjó, por último, el presidente de la Generalidad; Maribel Diez de la Lastra concejala y portavoz de su grupo, durante muchos años, quien gozaba de una alta consideración, abandonó el Ayuntamiento, para dedicar toda su actividad al escaño de diputada en el Congreso.

En un clima ya más templado, Julio de España accedió a la Diputación. En su preceptivo discurso prometió fortalecer la idea de provincia, así como las características culturales, históricas y económicas de cada municipio. Igualmente, anunció un cambio de estilo en el gobierno provincial y garantizó a los funcionarios que no habría interferencia alguna. De España también prometió el diálogo con los sindicatos, la reducción de los costes de gestión y la agilización de los procesos administrativos. En su intervención, destacó su propósito de equilibrar el déficit de agua que padecía la provincia.

El presidente Eduardo Zaplana manifestó que entre la Generalitat y la institución que ya presidía Julio de España habría una fructífera coordinación.

Asistieron al acto, además de Zaplana, los consellers alicantinos Cartagena, Ripoll y Such; el expresidente Mira Perceval que desde entonces sería el portavoz de la oposición socialista; el alcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi; el presidente de las Cortes Valencianas -ya fallecido-, Vicente González Lizondo; y hasta cuatrocientos invitados, según la prensa. Sólo uno de los diputados del PP, Pedro Barrios, prometió su cargo -en lugar de jurar- como los doce del grupo socialista y los dos de EU. Aquel mismo día, Julio de España nombró vicepresidente primero de la Diputación a Miguel Valor, y segundo a José Manuel Cabot, en tanto asignaba a los catorce restantes sus delegaciones.

Un documento, con fecha diez de julio de 1969, nos informa de las previsiones de aparcamientos, en nuestra ciudad. La elaboración del mismo corresponde al arquitecto municipal don Miguel López González y a los ingenieros también municipales, con carácter honorario, don Antonio Medina Gil y don Luis Martínez Pérez.

En el comentario previo, los citados técnicos establecen criterios de proporcionalidad -«aunque no debe entenderse como una constante», advierten-, entre el parque de automóviles y la renta «per cápita», si bien, y es un matiz acertado, la necesidad de aparcamiento aumenta en un índice superior al incremento del nivel de vida. Después del breve comentario, los autores, en sus conclusiones, se pronuncian por una inversión que califican de segura, salvo en el caso, poco previsible, de una congelación de las tarifas.

Para la ciudad ya conformada, sugieren la resolución por fases, con la previsión de todas las posibilidades, es decir, aparcamientos subterráneos, en altura, utilizando solares de propiedad municipal, etcétera. Y para los nuevos barrios y urbanizaciones aconsejan la reserva de espacios adecuados, en evitación de un problema más costosos de subsanar, a posteriori.

El informe incluye cuatro gráficos: el del crecimiento demográfico de Alicante capital entre los años 1900 y 1908; el del parque de automóviles entre 1962 y 1975; el de relación entre la renta per cápita y la motorización en los países europeos y los Estados Unidos de América; y el de previsión de incremento de la renta nacional española, entre 1960 y 2040. Por otra parte, en la red prevista se tabula la capacidad y coste de los aparcamientos: un total de siete debidamente indicada su ubicación, en un plano de la ciudad. De los siete, se han llevado a efecto dos: el de la plaza de la Montañeta y el de superficie o aire libre del castillo de Santa Bárbara. Otro, situado en la hoy avenida de Óscar Esplá, se correspondería, con el construido en Maisonnave, por razones de posteriores desplazamientos urbanísticos, poco previsible en el año 69. Y un cuarto se comenzaba a construir en Alfonso el Sabio, como se precisa en dicho documento. Entonces, este aparcamiento se había presupuesto en ciento treinta millones de pesetas y con una capacidad para mil vehículos.

A través del Gobierno Civil de la provincia, y por orden de la Dirección General de Administración Local, la Diputación recibió autorización para ceder gratuitamente a la Unión de Tabaqueros de Alicante un solar para la edificación de un centro cultural y social de la referida Unión.

Se cedía, en usufructo y por tiempo indefinido, una superficie de forma irregular y de cuatrocientos ochenta y siete metros cuadrados. El solar lindaba por el norte, con la calle de la Fábrica; por el sur, con el antiguo Hospital Provincial; por el este, con la plaza de la Misericordia; y por el oeste, haciendo chaflán, con la calle Sevilla y con la plaza del Hospital.

El acuerdo de la corporación provincial se recoge en el acta correspondiente al veinte de marzo de 1933. En realidad, era una comisión gestora la que, por entonces, gobernaba la institución. Una comisión que presidía Albricias Goetz que estaba compuesta además, por un vicepresidente, siete vocales y un secretario.

Sin embargo, la cesión gratuita e indefinida estaba sujeta a unas duras condiciones estipuladas, por ambas partes. De acuerdo con las mismas, si el edificio construido sobre los terrenos descritos, se destinaran a otros fines distintos a los enunciados por la Unión Tabaquera, de inmediato revertirían a la Diputación, con cuantas construcciones se hubieran emplazado sobre el mismo e idéntica suerte correrían solar y edificio, en el supuesto de la extinción legal de la referida sociedad obrera.

La Comisión Gestora de la Diputación hacía constar, en el oportuno documento, que el terreno de referencia correspondía a los patios del antiguo Hospital Provincial, y que la propiedad le pertenecía en su totalidad. Estaba valorado en quince mil pesetas, y sus linderos se ajustaban al plan de alineación de aquellas calles, aprobado por el Ayuntamiento, y que, en consecuencia, era susceptible de modificaciones, si éste establecía nuevas rasantes.

Acerca del edificio que finalmente se construyó, por parte de la Unión de Tabaqueros, disponemos de documentación que nos informa de sus posteriores destinos, y de los que daremos cuenta, en este espacio.

El 15 de febrero de 1898, se produjo la voladura del buque de guerra norteamericano «Maine», en la bahía de La Habana. Sin practicar investigación alguna, Estados Unidos declaró la guerra a España, a quien acusó de aquel atentado. Un buen ardid. El 12 de diciembre del citado año, nuestro gobierno suscribió el tratado por el cual España abandona Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Era el desastre: el imperio colonial se había ido al garete.

El hundimiento del «Maine», un pretexto de los estadounidenses para invadir Cuba, levantó protestas y manifestaciones de indignación en nuestro país. En Alicante, según refiere, en un artículo, el señor Llorca Pillet, el pueblo soliviantado por la treta, se dirigió al consulado de los Estados Unidos, en nuestra ciudad, y exigió que se retirara la bandera de las barras y las estrellas que flameaba en uno de los balcones. El titular de tal consulado no lo dudó: arrió la enseña yanqui y la dejó caer a la calle. Seguidamente, cuando los ánimos ya estaban más calmados por el gesto, anunció que desde aquel momento dejaba de ser cónsul de los Estados Unidos y que se unía a los deseos de los alicantinos. El hasta entonces cónsul se llamaba Juan Leach Giró, y había nacido en Boston. En esta crónica cotidiana, ya nos hemos referido, en alguna ocasión, a Leach Giró, quien junto con su hermano Guillermo, había establecido una compañía exportadora de nuestros vinos, en Marsella, con sucursal en Alicante, donde estaba domiciliado. Las familias Leach y Maisonnave, ambas dedicadas al mismo negocio, mantuvieron unas excelentes relaciones de amistad. Eleuterio Maisonnave y Juan Leach también compartían el ideario de un republicano moderado.

Tales circunstancias propiciarían el hecho de que Leach Giró, aún sin la nacionalidad española, ocupara la alcaldía alicantina, en momentos excepcionales. En 1873, y cuando la ciudad esperaba el bombardeo de las fragatas cantonales que procedían de Cartagena, Eleuterio Maisonnave, en su condición de ministro, puso al frente del Ayuntamiento a su amigo. Cuando cesó la crisis, cuando se repelió la agresión naval y fue levantado el asedio, Juan Leach renunció a su cargo de alcalde.

En el acta correspondiente al plenario municipal del dieciocho de junio de 1928, nos encontramos con referencias a las nuevas fiestas del fuego que se había inventado José María Py.

En el apartado relativo a la comisión de Hacienda, se especifica que, de conformidad con lo dictaminado por la citada comisión, se concedían dos mil pesetas, para dotar los tres primeros premios que habían de concederse a las tres mejores hogueras de San Juan, en aquella su inicial edición, hace ahora sesenta y nueve años.

El primer premio era de mil pesetas; de seiscientas, el segundo; y de cuatrocientas, el tercero y último.

Además, la corporación facultó al alcalde para que nombrara el jurado que había de conceder tales galardones, y ratificó el acuerdo tomado ya por la comisión permanente, de que, con motivo de las festividades de San Juan, la Banda municipal de música ofreciera un concierto, en el barrio de Benalúa.

En la misma acta que comentamos, se registra igualmente la petición que formula al Ayuntamiento el señor Llopis, para que se le ceda la escalera del Parque de Bomberos, con arreglo a las condiciones que se contemplan en el reglamento, con el propósito de montar una hoguera de considerable altura.

No aparece en los meses previos y hasta la fecha señalada, ningún otro acuerdo, ni comentario -al menos no lo hemos encontrado- relativo a «les fogueres de San Chuan», en las actas del pleno corporativo.

Sí abundan en las de la comisión permanente. Así, el treinta de mayo -y citamos textualmente- se dice: «También se pasa el informe de la comisión de Hacienda, la instancia de don José María Py, solicitando premios (...)». Y semanas antes, el tres de aquel mismo mes, la permanente aprueba los bocetos presentados por las comisiones organizadoras de las hogueras que han de emplazarse en los cruces de Pérez Galdós y Belando, en el de Pablo Iglesias y Alfonso el Sabio, y en la plaza de Isabel II (hoy, Gabriel Miró), aunque votaron en contra la concejala García Trejo y el edil Latorre.

Para resolver acerca de lo referente a los monumentos fogueriles, se autorizó a Julio Suárez Llanos, alcalde de nuestra ciudad y antaño comandante general de Somatenes, en la quinta región militar.

Don Juan Negrín en fuga de cartón protagonizó la única hoguera que se plantó, en 1939, escasamente tres meses después de que concluyera la guerra civil. Pero tan sólo un año más tarde, veintiún monumentos comparecieron en nuestros distritos, junto con cinco barracas: «K.U. es K.U.», «Los Gorilas», «La Terreta», «Tot per Alacant» y «Els trenta U», de acuerdo con la documentación que hemos consultado en nuestro Archivo Municipal. No deja de sorprender la pujanza de nuestras fiestas del fuego, aún con las secuelas de la contienda, tan a flor de piel.

Ostentaba la alcaldía de la ciudad don Ambrosio Luciáñez Riesco y era presidente de la Comisión Gestora, don Ramón Guilabert. El acto de elección de la Bellea del Foc se celebró en el cine Monumental, el siete de abril del referido año. Se alzó con el título Matilde Nadal Bolano, de Benalúa; y fueron sus damas, Lolita Sánchez Bernabeu y Teresa Sánchez Mazón, de la plaza de Chapí y de la plaza del Puente, respectivamente. Por cierto que aquella misma tarde y en el Estadio Bardín, el Barça derrotó al Hércules.

Los premios para las hogueras de primera categoría se los llevaron, por el orden que se citan, Méndez Núñez, Benalúa y plaza de Chapí. Y para las de segunda: Camarada Maciá, plaza del Puente y San Vicente. El jurado que concedió los galardones, estaba presidido por el edil Rafael del Pozo Mas, y compuesto por Fernando Ors Martínez, Antonio Muñoz Mompeán (periodista) y Miguel López González (arquitecto), en calidad de vocales, en tanto el escritor Juan Alemañ Carsí, desempeñó el cargo de secretario del mismo. Por otra parte, la Comisión de incorporación industrial y mercantil otorgó un premio a la hoguera de la plaza 18 de Julio; la Compañía de Tranvías, a Benito Pérez Galdós; y el Real Club de Regatas, a Calderón de la Barca. El galardón al mejor cartel de hogueras fue para «Alacant en flames», original de Manuel Moreno; y los dos accésits, para Antonio Marco Cecilio y José Pérez Gil.

Aquel año, en que las fiestas de San Juan renacieron tras la cruenta confrontación armada, el Ayuntamiento ofreció una fiesta en honor del general Aranda. El Hotel Palace cobró a seis pesetas el refrigerio, subsidio al combatiente aparte.

El pasado 16 del corriente mes, a las siete veinticinco horas salió de nuestra estación y con destino a Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona, el primer tren de velocidad alta, Euromed. Ciento dieciocho viajeros subieron a bordo de los coches inaugurales en nuestra ciudad. Al margen de la polémica que este transporte rápido está suscitando, nos limitamos aquí a constatar un hecho que ya forma parte de nuestra crónica.

Como constatamos la inauguración del ferrocarril de Alicante a Murcia, que tuvo lugar el 11 de mayo de 1884, es decir, siete años más tarde de que se concediera la explotación de esta línea a don Juan Bautista Lafora.

En aquella ocasión, el alcalde de Alicante invitó al obispo de la diócesis de Orihuela, a asistir a un acto que justamente se consideraba de notable interés. En nuestro Archivo Municipal se conserva una carta, de fecha siete de mayo del referido año, por la cual el propio alcalde manifiesta «a su ilustrísima» que se ha enterado por el cronista oficial don Rafael Viravens y Pastor, de la disposición del prelado de trasladarse a la capital de la provincia, con objeto de bendecir «con la pompa del pontificial», el ferrocarril de Alicante a Murcia que, a su juicio, tanto iba a influir en el desarrollo y fomento de las actividades comerciales de la ciudad.

En el mismo escrito, se expresa el agradecimiento al obispo por el Te-Deum que, después de la inauguración del nuevo tren, se cantaría en la colegiata de San Nicolás, «para dar gracias al Todopoderoso, por la terminación de la expresada línea férrea». La alcaldía, en nombre de la corporación, le expresó su reconocimiento por recoger las aspiraciones del pueblo alicantino.

El obispo, por su parte, manifestó a la primera autoridad local que había accedido a la invitación por su entrega a la prosperidad de Alicante y de toda su provincia. Como quiera no se disponía en nuestra ciudad de residencia episcopal, don Matías Torres, director de una entidad bancaria, lo alojó en su domicilio, por indicación del Ayuntamiento, al que expresó su satisfacción por haberle honrado con tan excepcional huésped.

De acuerdo con las informaciones, tanto Ambrosio Luciáñez Piney como Pascual Coloma Sogorb subirán, en retrato al óleo, a la galería de alcaldes de nuestro Ayuntamiento. La cuestión de si fueron, tan sólo, alcaldes en funciones o titulares, se ha zanjado, tras las pertinentes consultas al secretario general del Consistorio, Lorenzo Plaza. Nosotros, en esta misma columna de historia local, dedicamos al tema las correspondientes al veintiocho de septiembre y al uno de octubre de 1994. La confusión -que ahora parece resuelta- se produjo cuando el veinticinco de abril de 1977, José Manuel Martínez Aguirre renunció a la alcaldía -a la que había accedido el uno de febrero de 1976-, con objeto de presentarse a las primeras elecciones generales, en las listas de UCD. En aquel pleno que tuvo carácter extraordinario y urgente, de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones, la sustitución de las funciones del cargo de alcalde debía recaer en el primer teniente de alcalde o, en su caso, sucesivamente, en los siguientes. Pascual Coloma declinó la responsabilidad de asumir el «cargo de alcalde en funciones», alegando que su actividad comercial y privada, le impedía disponer del tiempo suficiente para dedicarle a la ciudad. Seguidamente se le preguntó a Ambrosio Luciáñez, quien desempeñaba la segunda tenencia de alcaldía, y que aceptó la presidencia de la Corporación «como alcalde en funciones». En las actas que hemos consultado, tanto de plenos como de permanentes, se le cita como alcalde, sin más matizaciones. Ambrosio Luciáñez preside su último pleno el quince de febrero de 1979. En la permanente del veinte de febrero de aquel mismo año y en la sesión plenaria correspondiente al doce de marzo siguiente, ya figura como alcalde-presidente Pascual Coloma.

En ninguna de las actas citadas figura tal relevo en la alcaldía. Pero Ambrosio Luciáñez renunció al cargo para presentarse, también por la UCD, a las primeras elecciones municipales. En INFORMACIÓN del diecisiete de los mismos mes y año, se puede leer: «Desde las cero horas de hoy, Pascual Coloma es el nuevo alcalde en funciones de Alicante». Tras los comicios de abril de 1979, el dieciséis, Pascual Coloma cerró su sesión final como alcalde-presidente, para dar paso a la corporación democrática. Desde entonces, ha habido dudas. Dudas que hoy, ya parecen resueltas. Ambos fueron alcaldes titulares, según los dictámenes emanados de la secretaría general.

El once de octubre de 1966, don José Abad Gosálvez fue nombrado alcalde de la ciudad. El once de septiembre de 1970, abandonaba la presidencia municipal, en la que había permanecido cuatro años menos un mes, exactamente. El señor Abad Gosálvez cesó a petición propia, cuando menos, de forma oficial.

Lo cierto es que durante los últimos meses de su mandato no apareció por el Ayuntamiento, ya que se encontraba ausente de Alicante. Las sesiones plenarias, las presidieron, como alcaldes en funciones, Francisco Ayela Berenguer y Francisco Muñoz Llorens.

Al arquitecto Muñoz Llorens le cumplió resolver el asunto del anteproyecto del mercado de abastos del polígono de Babel, presupuestado en casi diecisiete millones de pesetas, y la aprobación de la iluminación artística del castillo de Santa Bárbara, por cerca de un millón de pesetas, en el que se incluía la redacción del oportuno proyecto.

Abad Gosálvez sí ocupó su puesto de primera autoridad local en los plenos extraordinarios correspondientes al veintisiete de julio y al ocho de septiembre de aquel citado año. Tres días después de la última sesión corporativa, el gobernador civil Mariano Nicolás García, quien más adelante sería nombrado director general de Seguridad, leyó un oficio por el que cesaba don José Abad, y un segundo mediante el cual se elevaba a la Alcaldía a don Ramón Malluguiza Rodríguez de Moya.

En aquel relevo, Nicolás García, manifestó que el periodo del alcalde saliente había sido muy especial -«sui generis», dijo-, por cuanto había facilitado respuestas urbanísticas al crecimiento de una ciudad, que no se encontraba aún preparada y que, no obstante, se habían superado. Seguidamente, el gobernador civil advirtió que la nueva corporación, con Ramón Malluguiza a su cabeza, tendría que resolver cuestiones y circunstancias «de las más graves que Alicante, nunca antes de entonces, había tenido que afrontar».

Sobre la situación de Malluguiza ya hemos escrito. Su mandato resultó conflictivo. Tres años después, cedió la vara de la Alcaldía a Francisco García Romeu, para quien, según confesó, Carlos Arias Navarro, al frente del Ayuntamiento de Madrid, era un modelo. La democracia municipal ya estaba más cerca.

La verdad es que la iluminación por fluido eléctrico de nuestra ciudad llevó al Ayuntamiento a una situación límite: no había recursos suficientes, para el pago de los recibos de las empresas suministradoras. El alcalde, don Eugenio Botí Carbonell, recibió un ultimatum de dos de las compañías que se ocupaban del alumbrado público: o el Consistorio se ponía al corriente o cortaban el servicio, en la parte que le correspondía. Según la sociedad Prytz y Campos, gerenciada por don Guillermo Campos Carreras, y la Electra Alicantina, presidida por don Juan V. Santafé, la deuda municipal ascendía a casi la mitad del fluido que le habían suministrado al Ayuntamiento.

Pero las demandas llegaban también de otras dos fábricas de electricidad: la Central del Bon Repós que representaba don Fernando Muñiz, y la de Benalúa, cuyo director técnico era el señor Chápuli Ausó. Ambos manifestaron que el aumento de los precios de las materias primas necesarias para la producción de energía eléctrica, les impedía continuar prestando aquel servicio, a menos que el Ayuntamiento liquidara sus deudas y contribuyera al pago de los referidos aumentos. La corporación afrontó como mejor pudo las adversas circunstancias: zanjó las cuentas de las dos primeras empresas y pasó a los técnicos la propuesta de las otras, para que informaran cumplidamente.

Eugenio Botí relevó a don Ramón Campos Puig, en la alcaldía, el cuatro de julio de 1915. Precisamente poco antes, el veintidós de junio, la fábrica de electricidad La Alicantina, propiedad de Fourcade y Provot, había obtenido de la jefatura de Obras Públicas, el permiso para instalar una línea de alta tensión capaz de facilitar luz y energía a la huerta alicantina. A partir de la misma, se solicitó del gobernador autorización para tender toda una red que llevara el fluido a diversas localidades de la comarca, según consta en el Boletín Oficial de la Provincia, de siete de octubre de 1918. La partida de El Altet, en el término de Elche, San Vicente, Villafranqueza, Mutxamel, El Campello, y diversas industrias y fincas, se beneficiarían de los nueves tendidos.

El dictamen se firmó el veintinueve de enero de 1918, cuando era alcalde de nuestra ciudad, don Antonio Bono Luque. A pesar de las dificultades, el progreso no se detenía.

En nuestra ciudad, con motivo de la proclamación de Luis I, el quince de enero de 1724, por renuncia de su padre Felipe V, se celebraron fiestas y desfiles de sastres, herreros y cordoneros, llevaban con artefactos y esculturas de animales, y también pájaros vivos y personas que hacían mímica, movimientos simples, en tanto recitaban unos versos sencillos que explicaban las representaciones de cada una de ellas. Precisamente la utilización de rocas simuladas era habitual en las procesiones del Corpus, desde 1962 y a lo largo de todo el siglo XVIII. Las danzas que formaban parte de esta festividad de carácter religioso y litúrgico, también presentaban aspectos profanos y gremiales. Las de Nanos i Gegans eran de las más antiguas ya que se documentaban en 1439, aunque de forma indirecta. Para reaparecer en 1715 y años siguientes.

Pero el teatro de marionetas y la representación de títeres tienen su mayor y constatada presencia a partir del siglo pasado. En septiembre de 1813, se lleva a cabo y por Juan Maestreti, «Autor de la Compañía Cómica de Máquina Real», una representación de marionetas. Por el mismo tiempo, Francisco Cucarella ofrecía al público alicantino sus sombras chinescas. La relación de este tipo de espectáculos resulta abundante y fascinante. No sólo son los purchinelas, movidos por hilos, o los muñecos de guante o las figuras mecánicas, sino atracciones de funambulismo y acrobacias, de prestidigitación, cicloramas y pruebas gimnásticas, que solían darse conjuntamente con los títeres. El norteamericano Thomas Holden obtuvo un notable éxito en nuestro Teatro Principal, desde el cinco de octubre de 1988 y durante doce días consecutivos con sus «fantoches» o muñecos de madera.

De aquí, a maese Villarejo, que actuaba con sus marionetas en el paseo de Canalejas, durante las fiestas de Hogueras, desde 1956. Y por fin, y después de 1980, cuando se recupera el títere, la primera campaña de títeres y guiñol que se celebra en 1984, promovida por el Ayuntamiento, y que ha dado lugar en Alicante, el Festival Internacional de Títeres. Jaume Lloret Esquerdo, Manuel Jesús García Azorín y Ángel Casado, tras una minuciosa y afortunada investigación, con los autores de la «Historia del títeres en Alicante», un libro que en breve, nos descubrirá aspectos culturales, sociales y festivos de nuestra ciudad, muy poco conocidos, hasta ahora.

Sin duda, fue José Guardiola Picó el más -o uno de los más- destacados arquitectos de las últimas décadas del pasado siglo y de los primeros años del presente: urbanizó el barrio de Benalúa y contribuyó a desarrollar el ensanche de la ciudad, cuyo proyecto era de José González Altés, quien fue arquitecto municipal, como lo sería posteriormente Guardiola Picó, en 1883. A Guardiola Picó se deben, además, muchos de nuestros más emblemáticos edificios, como el Casino de nuestra ciudad, reformado en sus exteriores por Juan Vidal Ramos, veinticinco años después.

José Guardiola Picó fue jubilado de su cargo municipal, en la sesión plenaria del Ayuntamiento celebrada el veinte de abril de 1904. Precisamente en la misma que se canceló la plaza de arquitecto ayudante que ostentaba -con una gratificación anual de mil pesetas- Francisco Fajardo Guardiola.

En tanto se sacaba a concurso la plaza de arquitecto municipal, la ejerció, con carácter interino, otro de los notables técnicos que trabajaron y dejaron singulares obras en Alicante: Enrique Sánchez Sedeño, el cual obtuvo la titularidad de arquitecto provincial. Según Irene García Antón, en su obra «La arquitectura de principios de siglo en Alicante y provincia», los arquitectos provinciales dependientes de la Diputación, y los municipales, del Ayuntamiento, se crearon simultáneamente de acuerdo con el decreto de dieciocho de septiembre de 1869.

El doce de agosto de aquel año de 1904, la corporación procedió al nombramiento de la vacante dotada por Guardiola Picó -ocupada interinamente por Sánchez Sedeño-. El nombramiento se realizó por votación entre cuantos aspiraban al cargo. Y salió elegido -por doce papeletas- Francisco Fajardo Guardiola, meses antes, cesado por el Ayuntamiento en su condición de arquitecto ayudante del mismo. Le seguía, con cinco votos, su compañero Patricio Bulumburú Sator.

Además de tan sumariamente nominados arquitectos de las primeras décadas de este siglo -Manuel Chápuli Guardiola falleció en 1902- habría que agregar, sin que se agote la relación, a Vicente Santafé, López Pascual, etc.

En el curso de nuestra crónica cotidiana, nos hemos referido al alumbrado público de Alicante, en las diferentes épocas históricas.

Hace unos días, y en este mismo espacio, comentábamos los problemas del Ayuntamiento con las diversas empresas de suministros eléctrico, en las primeras décadas de este siglo.

La oscuridad nocturna estimulaba un urbanismo peligroso, una ciudad despierta, tras la puesta del sol. Con objeto de conjurar el riesgo de unas tinieblas propicias a toda clase de desmanes, acreditados por la experiencia, don Francisco Pacheco, teniente general y gobernador de la plaza, dirigió al rey un escrito solicitando la instalación de luz artificial, única manera de evitar que las calles fueran lugar de asaltos y de tropelías, sin perjuicio de que las rondas continuarán sus servicios.

Con fecha veintisiete de marzo de 1787 dicho escrito que, como hemos apuntado reproduce íntegramente Nicasio Camilo Jover, en su obra «Reseña histórica de la ciudad de Alicante», firmaron junto al ya citado gobernador, algunos ciudadanos como Nicolás Pro y Francisco Borgunyo, entre otros más, se remitió a Carlos III.

Para alumbrar la ciudad a finales del siglo XVIII «el siglo de las luces», se requerían cuatrocientos setenta faroles, según los cálculos llevados a efecto por los peritos componentes.

Todos aquellos faroles suponían el desembolso de unos veintiocho mil reales, a los que había que sumar otros veintisiete mil más, para la adquisición de aceite destinado al abastecimiento de los mismos.

Era mucho dinero aquel. En consecuencia, don Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, que había sido consejero del mencionado monarca, economista y partidario del libre comercio, dispuso la creación de un arbitrio de cuatro maravedises por cada libra de nieve que se consumiera en el término y ciudad de Alicante, con objeto de satisfacer así los dineros necesarios, para la instalación y funcionamiento del alumbrado público, según resolución del trece de agosto de 1790.

Por primera vez, a lo largo de su historia, Alicante iba a disponer de iluminación artificial: de farol de aceite.

Tras el pleno extraordinario, presidido por don Francisco García Romeu, el ocho de enero de 1976, un decreto de Alcaldía advierte que, en virtud de lo previsto en el número 2 del artículo 5.º del decreto 3230/1975, de cinco de diciembre, se ha de convocar sesión extraordinaria para proceder a la elección de alcalde presidente. Se fija en el mismo la fecha del veinticinco de enero para la celebración del referido pleno. Sin embargo, no se llevó a efecto hasta el uno de febrero, bajo la presidencia del gobernador civil don Benito Sáez González-Elipe, por determinarlo así el citado decreto «por el que se convocan elecciones para proveer los cargos de presidente de las diputaciones y cabildos insulares, y de alcaldes (de todas las capitales de provincia), de acuerdo con el nuevo Estatuto de Régimen Local (Ley 41/1975 de 19 de noviembre, publicado en el BOE dos días después), en cuanto se refiere a la toma de posesión de los alcaldes de capitales de provincias, el día uno de febrero del corriente año».

Precisamente, en la referida sesión se procedió a la lectura de tal decreto y a un documento librado por la Junta Municipal del Censo Electoral, en el que se dice que «don José Manuel Martínez Aguirre ha sido proclamado y elegido para el cargo de alcalde de Alicante». El señor Martínez Aguirre es, pues, y ya lo hemos constatado aquí, el primer alcalde de la monarquía, aunque, aún sin Constitución, el juramento se hace con referencia a los principios básicos del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del Reino.

Hasta este punto todo se ajusta estrictamente a la legalidad vigente. Es, sin embargo, a raíz de la renuncia al cargo de Martínez Aguirre, el veinticinco de abril de 1977, con objeto de presentarse como candidato a las elecciones generales, cuando se producen discrepancias en el seno mismo de la corporación. El concejal Fernando Fajardo manifiesta públicamente, a través de la prensa, que en primer lugar la dimisión del señor Martínez Aguirre se dio «en medio de un silencio total de la misma, que el alcalde dimisionario interpretó como afirmación», pero lo corporación no votó si aceptaba o no la renuncia. En segundo, en criterio del señor Fajardo, «un alcalde dimitido (...) debe abandonar su silla, y ya no puede invitar a ningún teniente de alcalde a que sea alcalde. Ninguna ley autoriza a ello, pero así se hizo en nuestro Ayuntamiento». Continuaremos con el tema.

Nos hemos referido y reiterado, en ocasiones y en este espacio cotidiano destinado a la historia local, al color político de los sucesivos ayuntamientos y de sus presidentes, especialmente desde principios de este siglo y hasta casi ya su último tramo. Porque entendemos que, en gran medida, la crónica de la ciudad es la crónica de sus órganos de administración y gobierno municipal. Así, hemos revisado ayuntamientos y alcaldes -y corporaciones- de la Restauración, de la dictadura de Primo de Rivera, de la dictablanda, de la República, del Frente Popular, del franquismo -en sus diversas etapas-, de la transición y finalmente de la democracia. Y en todos estos periodos de nuestra aún reciente historia, hemos encontrado -documentos, bibliografía, hemerotecas y testimonios, al canto- en el consistorio, instantes de crispación, enfrentamientos, irregularidades, descalificaciones, riñas y hasta intervenciones gubernativas y judiciales.

Uno de esos momentos delicados y tensos de nuestra vida municipal lo registramos en los últimos meses de 1909, tras la dimisión del presidente del Gobierno y jefe del partido conservador, don Antonio Maura, quien con sus denostadas medidas represivas -ejecución de Francisco Ferrer, Semana Trágica de Barcelona-, hizo un flaco favor a la monarquía. El rey le aceptó la renuncia el 21 de octubre del año señalado.

Reflejo de aquella difícil situación, fueron las elecciones municipales en nuestra ciudad, que se celebraron el domingo, doce de diciembre, y que instalaron en la corporación a nueve concejales partidarios de don José Canalejas, de los dieciocho ediles electos, en aquella ocasión. Al Ayuntamiento llegan Rafael Orts Monllor, Alfonso de Rojas, Pérez Bueno, etcétera. Por su parte, la Conjunción Republicano Socialista, recientemente formada, obtuvo ocho concejalías: Román Bono Luque, José Guardiola Ortiz, Antonio Rico Cabot, entre otros, y el primer edil socialista de Alicante, Monserrate Valero.

Las consecuencias eran obvias: los conservadores fueron desalojados, por las urnas, del Ayuntamiento. Posteriormente y tras las elecciones a diputados a Cortes, intentarían reorganizarse en torno a Salvador Canals. El ocho de mayo de 1910, Canals obtuvo su acta de diputado, junto con Díaz Moreu y Francisco Rodríguez, del partido demócrata.

Los ya destartalados partidos de la Restauración borbónica comenzaban a desmoronarse. En tanto, junto con los canalejistas, las organizaciones antidinásticas perfilaban un nuevo mapa político.

Don Miguel Primo de Rivera dimitió, en enero de 1930. Don Dámaso Berenguer ocupó la presidencia del Ejecutivo. A la dictadura le sucedía la dictablanda. A la dictablanda no tardaría mucho en sucederle la Segunda República Española. Cuando dimitió el general Primo de Rivera la monarquía se tambaleó: estaba tocando fondo.

En nuestra ciudad, don Florentino de Elizaicin abandonó una efímera Alcaldía. El gobernador civil, don Rodolfo Gil, lo despidió con frases de agradecimiento, por su gestión municipal, que había durado dos meses. Eran tiempos de cambios y zozobras. Después, el gobernador civil ordenó que se procediera a la lectura de una de aquellas repudiadas reales órdenes por las que se designaban alcaldes. En nuestro Ayuntamiento, Gonzalo Mengual Segura accedió a la más alta responsabilidad municipal. De inmediato, como era de esperar y con toda razón, los ediles republicanos contestaron el nombramiento, no por la persona, sino por el procedimiento, y denunciaron que se había incumplido el acuerdo de elegir el cargo en el seno mismo de la corporación. No lo dudaron mucho: solicitaron la venia del gobernador señor Gil y abandonaron el salón de plenos. Eran Guardiola Ortiz, Oarrichena, Alano, Ramos, Pobil, López González y Ribelles.

Habló, con desolación, el alcalde nombrado y dijo que no tenía proyecto alguno; que solo aspiraba a ser un buen administrador, junto con sus compañeros de concejo, de los intereses que se le encomendaban. Don Gonzalo Mengual, con la mayor perspicacia, asumió las dificultades de aquel momento, y advirtió que, en tales circunstancias, toda discreción era poca.

En su discurso de toma de posesión no pudo ser más elocuente y crítico. En un momento del mismo, exclamó: «Oh, libertad, hermosa libertad que te sonrojas con razón, al ver nombrado un alcalde de real orden. Triste paradoja que me hace ver que, para ser libre como alcalde, para poder ser para todo un pueblo y no para servir los intereses de un partido, ha sido preciso ser nombrado por un régimen de excepción».

Apenas faltaban unos meses para la proclamación de la República. Y antes de que Lorenzo Carbonell ocupara la Alcaldía, aún estaría al frente de la misma don Ricardo P. del Pobil y Chicheri. Ciertamente era aquella una situación difícil.

Si de alcaldes de este siglo estamos escribiendo, en esta sumaria memoria, de nuestra crónica, conviene recordar la gallardía y también la decepción del médico don José Gadea Pro que tras ostentar la alcaldía, ocupó su cargo de concejal, hasta que decidió dimitir del mismo, en 1907.

Hay una certificación de don Luis Jordán, secretario de la Diputación Provincial, con fecha dieciséis de enero del dicho año, en la que se manifiesta que el doctor en Medicina y Cirugía, y también en Farmacia, don José Gadea Pro, había solicitado la excedencia, por un año, del Cuerpo de la Beneficencia Provincial del Hospital de San Juan de Dios al que pertenecía con carácter numerario.

El concejal dimisionario presentó el documento, junto con su renuncia al alcalde de aquel entonces, don Manuel Cortés de Miras. Y el alcalde se la aceptó. No mucho después, el mismo alcalde sería relevado por don Luis Mauricio Chorro.

Ciertamente, Gadea Pro vivía con amargura su condición de concejal. En su escrito de dimisión lo explicita con la mayor claridad: había aceptado formar parte de la corporación municipal, a instancias de buenos amigos. Y dejó su plaza en el Hospital donde, según manifiesta, había encontrado entre los desgraciados a los que prodigó sus atenciones y cuidados profesionales, más reconocimiento y más gratitud que entre quienes prodigó gracias «a manos llenas». Precisamente y refiriéndose a los últimos, puntualiza: «(Éstos) hoy son los primeros en lapidar mi honor y mi casa con las piedras de la ingratitud». El doctor Gadea no tuvo pelos en la lengua y no se recató en denunciar paladinamente que él, junto con otros ediles, habían sido objeto de calumnias y desafueros, por parte de «gentes malditas, con cerebro de zorra y corazón de hiena». Y se confiesa «víctima de las pasiones y de enemigos dispuestos a despedazar, con presteza, nombre, honra y decoro».

En el párrafo final de su escrito de renuncia dice: «Mañana, en cuanto Dios lo permita, iré a regir los destinos sanitarios de otra provincia, donde tenga tan solo mi función facultativa, y la malhadada política no me aceche traidora, con sus torpes dardos».

Se la daban con finura de caballeros y cuidada oratoria. No como en nuestros días, de ninguna manera: ni tacos, ni insultos, ni descalificaciones. Aquellos ediles de los primeros años de nuestro siglo eran ejemplares en su actitud y en su discreción. Cuando Federico Soto Mollá fue designado para la alcaldía, el veinticuatro de diciembre de 1910, Luis Pérez Bueno, que abandonaba el cargo, le dio la vara dos días después, en sesión plenaria y de carácter extraordinario, con la mayor cortesía.

En aquel mismo tiempo, José Canalejas y Méndez accedía a la presidencia del Consejo de Ministros. Federico Soto pertenecía al partido liberal demócrata. Luis Pérez Bueno, de conservador a demócrata. En la época de la Restauración, el transfuguismo político era una forma de beneficiarse. Lo mismo que ahora. Era y es frecuente observar cómo algunos políticos cesantes se apuntan al carro del vencedor. No es un ejemplo edificante, pero resulta práctico.

En aquella ocasión, a Federico Soto lo felicitaron sus compañeros de corporación. El conservador Pascual del Pobil lo animó a que impulsara el crecimiento y mejora de Alicante, en tanto a su antiguo compañero de filas, Pérez Bueno, lo ponía por las nubes de probo y recto. Rojas que fue de los que se apuntaban al ganador, le brindó su colaboración en las tareas administrativas del municipio. El republicano Rico Cabot, íntegro a carta cabal, después de abominar de los nombramientos a dedo y del turismo entre liberales y conservadores, le advirtió que sólo podrá conseguir y consolidar el respeto de sus conciudadanos, con una conducta intachable.

El alcalde entrante, Soto Mollá, llegaba con muchos proyectos, con muy buenos propósitos y con una confianza absoluta en José Canalejas. Estaba convencido de que el jefe del Gobierno le ayudaría a conseguir las metas que se había impuesto: municipalizar los servicios de abastecimiento de aguas potables y de alumbrado público, y también el alcantarillado y pavimentación de la ciudad, con la cooperación del entonces ingeniero Próspero Lafarga.

Recientemente («La Gatera», 14-7-97), advertimos de la renuncia de José Manuel Martínez Aguirre de la Alcaldía y con objeto de presentarse a las primeras elecciones generales, tras la muerte del general Franco. Al producirse la vacante y de acuerdo con las disposiciones vigentes, la sustitución de las funciones debían recaer en el primer teniente de alcalde, es decir, en Pascual Coloma Sogorb, quien declinó la responsabilidad, alegando que se lo impedían razones de carácter comerciales y privadas. En consecuencia, se le propuso el desempeño de tales funciones a Ambrosio Luciáñez Piney, segundo teniente de alcalde, quien sí aceptó la presidencia de la corporación municipal «como alcalde en funciones». Con posterioridad, éste presidió su último pleno el quince de febrero de 1979, y abandonó el Ayuntamiento, con el propósito de presentarse a las elecciones municipales democráticas, en las listas de la UCD. En la permanente del veinte de febrero del mismo año, y en el pleno del doce de marzo siguiente, figura como alcalde en funciones Pascual Coloma. En ninguna de las actas y documentos consultados aparece la toma de posesión de la Alcaldía ni de Luciáñez ni de Coloma.

El concejal Fernando Fajardo alegó que, en ninguno de ambos casos, hubo designación ni elección. Y además especifica, en carta abierta, que «la vigente ley de Régimen Local (...) dispone en sus artículos 60, 61 y 62 que el alcalde será nombrado por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación a propuesta en terna, por el Excmo. Sr. gobernador civil. Posteriormente el decreto del cinco de diciembre de 1975 y en relación con la ley de 19 de noviembre del citado año (tal y como recogimos en «La Gatera» citada al principio de esta crónica) varió tal concepto en el sentido de que un alcalde designado por las normas de tal decreto necesita para dimitir la autorización de les concejales en pleno que lo designaron y el nuevo alcalde sería designado por dichos concejales integrantes del Ayuntamiento». No parece, pues, que ni en uno ni en otro caso se cumplieran efectivamente ninguna de ambas normativas. Es por eso que el edil Fajardo manifestara en su escrito de referencia que debían convocarse con rapidez nuevas elecciones, para designar el regidor de la ciudad, «bien a base de la Ley de Régimen Local vigente, o bien con la modificación del Decreto antes mencionado». Por eso, y de acuerdo con un informe del secretario general del Ayuntamiento de fecha 29-9-88, muy acertado en sus definiciones, clasifica tanto a Luciáñez como a Coloma en el apartado de alcaldes no titulares o meramente en funciones, sustitutos y de carácter provisional, al no existir otro alcalde. De ahí el hecho de que ambos puedan figurar en la galería de retratos de alcaldes de nuestro Ayuntamiento, depende de una cuestión puramente terminológica. Pero, salvo argumentos más sólidos, no ostentaron la titularidad de la Alcaldía.

El asunto es ya antiguo y conflictivo. Recogemos aquí la exposición que el Ayuntamiento constitucional de nuestra ciudad elevó al regente del Reino, según actas capitulares correspondientes al veintisiete de agosto de 1841.

En tal exposición se expresa ya la necesidad vital de canalizar las aguas sobrantes del Júcar para beneficiar «todo un vasto territorio estéril y pobre hoy, por falta de riego». El Ayuntamiento se preguntaba si acaso era útil o no que se perdieran en el Mediterráneo las aguas que no aprovechaban a la provincia de Valencia, porque a su juicio, tal era el problema, una vez se hubiera eliminado la emulación y el exclusivismo.

Por otra parte, también consideraba como ocioso aportar nuevos argumentos después de que la Diputación los hubiera ya expresado el día dieciocho de aquel mismo mes de agosto.

«En los tiempos de la infancia administrativa -citamos literalmente un interesante fragmento de dicha exposición- y de la debilidad de los gobiernos, las grandes poblaciones escudadas con su influencia y autorizadas con pergaminos debidos a los errores de la época o bien arrancados a la debilidad de los reyes, ostentaban su aristocracia sobre los pueblos subalternos, y se complacían en ver a estos pobres, aunque ellos no fueran tan ricos como pudieran: como si la riqueza de unos países estribase en la miseria de los otros».

El alcalde primero, don Mariano Oriente, firmaba aquel documento en el que se solicitaba acceder a la realización propuesta por la viuda de Torroja e hijo, de Valencia, de canalizar, hasta el pantano de Tibi o Alicante los sobrantes del Júcar, sin que la provincia de Valencia experimentase el más insignificante perjuicio, y de modo que, en lo sucesivo, quédense completamente garantizados los intereses de la misma.

Como dato de la diferencia de riqueza entre las dos provincias limítrofes, se aportaba el precio medio del jornal de labor: en la zona de Valencia, ocho reales de vellón; y por parte de la zona de Alicante, tan sólo dos y medio.

Mañana, domingo, y en las antiguas Cocheras de tranvías -en la casa del ingeniero-, de la calle Fernando Madroñal, se celebrará, a partir de las once horas, una fiesta de solidaridad con los aproximadamente ciento noventa niños saharauis que, procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf, conviven, por unas semanas, con familias de varias localidades de nuestra provincia. Desde unos años a esta parte, la crónica registra el movimiento de ayuda, cada vez más amplio y sólido, de los alicantinos para con un pueblo que lucha por la paz, por su soberanía y por su independencia. Las últimas noticias de las negociaciones entre la diplomacia marroquí y el Frente Polisario, en Londres, con la mediación de James Beker, abren de nuevo la esperanza a una solución justa a este largo y penoso conflicto.

La fiesta de mañana -a la que se espera una asistencia numerosa- ha sido organizada por la Comisión Cívica de apoyo al pueblo saharaui y por las diversas asociaciones de amistad con este pueblo fraterno. Tanto el Ayuntamiento de Alicante como la Diputación Provincial han contribuido decididamente a la celebración del acto. Y también otras instituciones, sindicatos, partidos políticos, asociaciones de vecinos y culturales, Universidad lucentina y empresas privadas. Los organizadores se han esforzado, sin escatimar tiempo ni recursos.

Pero la fiesta es uno más de los actos programados por la citada Comisión cívica, y que se iniciaron el pasado mes de junio con la presentación de la segunda edición corregida y actualizada del libro de Felipe Briones «Sáhara, cien años sin libertad». Un libro indispensable para conocer las claves geográficas, económicas, políticas, sociales y jurídicas, de cierto contubernio tripartito que en 1975, llevó a un pueblo pequeño pero grande en su dignidad y consciente de sus derechos indeclinables, a la guerra y al destierro, especialmente mujeres, niños y ancianos, en el territorio que les ofreció Argelia.

El programa se cerrará a últimos de octubre, con una mesa redonda a la que asistirán personalidades nacionales y de otros países, y un concierto muy sugestivo en el Teatro Principal. Mañana fiesta de solidaridad con los saharauis: con los niños y las niñas. Con todo su pueblo.

La República ya había cumplido su primer año y un nuevo verano se acercaba prometedor y sugestivo. Por aquel entonces, la «marcha» nocturna iba, de música en música, por las terrazas de los cafés y de los restaurantes y de los bares, muy en particular, por aquellos situados ventajosamente en la avenida de Méndez Núñez y en el paseo de los Mártires, es decir, en la Rambla y en la Explanada, por donde se concentraba, a tomar la fresca, y se movía el mogollón de vecinos y veraneantes. Como ahora, ya había problemas, conflictos y protestas.

Con ánimo de prevenir la formación de grupos numerosos en las inmediaciones de tales establecimientos para ver de baldes los espectáculos y atracciones -y echar un bailecito, si se terciaba la cosa-, el Ayuntamiento tomó cartas en el asunto. Bajo la presidencia de don Lorenzo Carbonell, la corporación municipal adoptó las medidas que estimó más procedentes, y que, sin duda, no debieron gustar mucho ni a los propietarios del ramo ni a un público, con el cuerpo pidiéndole movida. Pero el pleno celebrado el veintisiete de mayo de 1932 fue expeditivo en sus acuerdos.

Tres días después de la sesión, Llorenset notificó, por escrito a José Muñoz, comisario-jefe del Cuerpo de la Guardia de Policía Urbana, que se prohibieran en las referidas terrazas y lugares análogos, la exhibición de artistas y atracciones que, mediante bailes y canciones, concitaran la aglomeración de las gentes. Naturalmente, se permitían los conciertos musicales, siempre y cuando, en ningún caso, el número de veladores excediera de los límites previamente señalados, a tal efecto. El seis de junio, los agentes municipales ya habían dado cumplimiento a la orden recibida y habían apercibido a los dueños de los locales sitos en las dos referidas arterias.

Pero no paró ahí la cosa. Con objeto de alegar fondos, para elaborar los nuevos presupuestos, el alcalde propuso que la comisión correspondiente cobrara un canon diario de cincuenta pesetas a todas las orquestas que actuaran en terrazas y marquesinas, y cien a cada uno de los artistas que intervinieran en las mismas. Pero la incipiente movida no se desalentó. Sesenta y cinco años después, fíjense cómo ha crecido: a su aire, por libre y saltándose acuerdos y limitaciones.

Lo fue el que se formó tras la dictadura de Primo de Rivera. El gobernador civil que presidió la sesión, junto con don Florentino de Elizaicin, lo debió de pasar bastante mal. Era el 23 de febrero de 1930 y los concejales habían sido proclamados el día anterior.

Tras la lectura del acta de dicha proclamación y de otros documentos, declaró constituido el Ayuntamiento, y procedió a dar posesión a los miembros de la nueva corporación. Y ahí empezaron las reticencias. Don Marcial Samper le preguntó si el hecho de abstenerse de desempeñar los cargos conferidos de forma anticonstitucional, en su opinión, sería objeto de sanción. El gobernador, don Rodolfo Gil, titubeó, sin duda, antes de responderle que cada uno consultara su propia conciencia. A lo que el señor Samper contestó que toda la gestión que él y sus amigos iban a llevar a cabo estaría siempre orientada a conseguir la implantación de una república redentora. Por su parte, el edil don Manuel López González manifestó que consideraba una vergüenza el carecer de Constitución. Los ánimos se caldearon.

Tuvo que hacer un notable esfuerzo don Florentino de Elizaicin, presidente del Ayuntamiento, por su edad, para encalmar tanta y tan legítima crispación. Tras una pausa que aprovechó el gobernador para ausentarse, los señores Hernández Lucas, ausente por enfermedad y Guardiola Forgas, apelando a ser mayor de sesenta y cinco años, renunciaron a la presidencia, que ocupó el señor Elizaicin España, tercero en orden a la edad. Por una u otra razón, también renunciaron a sus respectivos cargos los señores Soler Asenso (diputado provincial directo) y Herrero Salmerón. Entre tanto, don César Oarrichena Genaro, propuso que se elevase una petición al gobierno, con objeto de que el Ayuntamiento alicantino se reservara el derecho de elegir alcalde y tenientes de alcalde, entre los concejales. Proposición que fue aprobada por unanimidad.

Al día siguiente, y abierta la segunda sesión constituyente, también presentaron su renuncia los señores Hernández Lucas, Leach y Campos Saludas. El nuevo Ayuntamiento era ciertamente una patata caliente. Tanto que solo duraría hasta el veinticuatro de abril de aquel mismo año. En aquella ocasión, los ediles republicanos despidieron a don Florentino Elizaicin con satisfacción y un cariñoso saludo.

Justamente fue, en la noche del tres de agosto de 1912, cuando se estrenó públicamente la, por entonces, recién creada Banda Municipal de Música. En la Alborada de la patrona de nuestra ciudad, y en un templete instalado junto al Ayuntamiento, el profesor don Luis Torregrosa García tomó la batuta y cuarenta y cinco maestros interpretaron su primer concierto en honor de la Virgen del Remedio. Partituras de Saint Saëns, Ponchielli, Chapí y Barbieri. El marco y la festividad no podrían ser más adecuados.

No hemos referido, en este espacio cronístico, a las vicisitudes de las diversas agrupaciones musicales vinculadas a nuestro consistorio, pero, con carácter oficial, se consumó la creación de la actual banda sinfónica municipal, a lo largo de los meses que precedieron a tan señalada fecha. La propuesta, la formuló el teniente de alcalde don Tomás Tato Ortega, gracias al entusiasmo y disposición de un grupo de músicos que contagiaron sus aspiraciones a la corporación.

La receptiva sensibilidad del alcalde, don Federico Soto Mollá, propició la ambiciosa empresa. En pocos meses, con muchas horas de ensayo y más disciplina, aquel grupo de artistas consiguieron hacer realidad sus propósitos. Tras el concierto inaugural, en la Alborada del ya referido año, nuestra banda municipal iniciaría una carrera fructífera de éxitos. Así, en 1919, conseguiría el segundo premio, en el Certamen Nacional de Bilbao. Y no mucho después, se alzaría con el primero, en la ciudad de Valencia.

Don Luis Torregrosa García, desde la fundación de la citada banda, continuaría al frente de la misma, en una labor fecunda, hasta 1944. Le sucedería en la dirección, y hasta su muerte, don Carlos Cosmén Bergantiños. En estos días de vísperas que preceden a la Alborada de la Virgen del Remedio, nos ha parecido oportuno recuperar esta página de nuestra crónica, donde a la tradición mariana y popular, se suma la aparición de una banda alicantina tan vinculada, año tras año, a las festividades y conmemoraciones de nuestra patrona.

Era apasionado, estudioso y subversivo. Sus artículos periodísticos, punzantes y cáusticos, incordiaban a los conservadores monárquicos. Lo persiguieron implacablemente, en Madrid y en Alicante. Hasta que, después de muchos tiras y aflojas, lo metieron en la cárcel. En 1867, Aureliano Ibarra y Manzoni ingresó en las mazmorras del Castillo de Santa Bárbara, con un grupo de compañeros republicanos. Faltaba un año, para la septembrina, para la revolución del 68, que acabó con el reinado de Isabel II. Cuando finalmente lo juzgaron, obtuvo la absolución. Y con él, su colega Tomás de España.

Nació en Alicante circunstancialmente, durante la estancia de sus padres en nuestra ciudad. Nació el veintiuno de enero de 1834. No mucho después, lo llevaron a Elche, con sus familiares. Y en Elche vivió hasta los treinta años. Pero Aureliano Ibarra de carácter inquieto y aventurero, con los estudios secundarios realizados, se trasladó a Barcelona. Y una vez allí, cursó Bellas Artes, en la Escuela que dirigía el alicantino Vicente Rodes.

Posteriormente viajó a Italia y puso en pie la Academia de Bellas Artes de España, en Roma. Además, se distinguió por sus investigaciones arqueológicas y literarias.

A Ibarra y Manzoni se debe también un concluyente informe, en el que documentalmente, demostró que el cuadro de Rafael de Urbina «La Transfiguración», había sido sustraído de la iglesia española de Santiago. Su constante actividad, lo llevó a la investigación y estudio de diversos temas ilicitanos, y a la redacción de una biografía de Jorge Juan. En su juventud mantuvo una sólida amistad con Pi y Margall quien, con su influencia, consiguió sustraerlo a no pocas represalias políticas. Ya mayor, Eleuterio Maisonnave lo puso al frente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alicante. Por último, hacia mil ochocientas ochenta y cuatro (1884), administró los bienes del conde de Casa Rojas.

Aureliano Ibarra nacido en Alicante, pero de padres y familia ilicitana murió también en nuestra ciudad, cuando contaba algo más de cincuenta y seis años de edad y una vida agitada y llena de vicisitudes y experiencia.

Murió el diecisiete de noviembre de mil ochocientos noventa (1890) o de mil ochocientas noventa y uno (1891), según unos u otros biógrafos de tan relevante paisano.

Tuvo Alicante, por unos años, fama de limpia y cuidada. No es hoy el caso; ni hoy, ni los últimos años. Pero el aspecto que ofrecen sus calles y sus plazas, a salvo de las excepciones de rigor, no satisface ni a propios ni a foráneos. Posiblemente, la culpa sea tanto del Ayuntamiento, de los servicios del Ayuntamiento, cuanto de nosotros mismos, unos por otros, la casa, la ciudad, sin barrer.

Para consolarnos, hemos de volver, por el hilo de la crónica, a principios de este siglo. Entonces, aún era mucha más crítica la solución: ya no eran tan sólo papeles y porquerías en las calles, ni basuras malolientes y antihigiénicas acumuladas en los contenedores. Era eso y mucho más. Era, según los documentos consultados al efecto, un acuciante problema de sanidad urbana y social. La difteria, el tifus y la viruela se daban con bastante frecuencia. En 1990, la propia Casa de Socorro hizo una advertencia a la alcaldía previniéndole de los riesgos, si no se adoptaba las necesarias medidas profilácticas.

La Albufereta constituía uno de los puntos más peligrosos. Los hedores resultaban nauseabundos y constituían una fuente de continuos problemas. Problemas que se han repetido a lo largo de muchos años. Por aquel tiempo, la Junta Provincial de Sanidad verificó un exhaustivo estudio de la zona y posteriormente ofició al Ayuntamiento de la existencia de varias charcas de agua corrompidas «cuyo mal olor hacía imposible la estancia en dicho sitio y sus alrededores, por lo que debía procederse inmediatamente a su desecación y relleno».

La misma Junta señalaba en su informe los terrenos próximos a la Estación de Murcia, a espaldas de la fábrica de petróleos propiedad de Fourcade y Gurtubay, donde los vecinos depositaban las basuras y la citada empresa sus residuos, con lo que se deterioraba considerablemente el lugar que, en opinión de los expertos, suponía un verdadero foco de infección, nocivo para la salud pública.

En el citado informe se señalan varios otros puntos negros: estercoleros, aguas contaminadas por filtraciones, etcétera. Así se abría el siglo en materia de limpieza y salubridad, ¿se cerrará igualmente con los mismos o parecidos problemas?

La concesión del ferrocarril que desde Madrid al Real sitio de Aranjuez, había de prolongarse hasta Albacete, y de allí a Alicante, la obtuvo primeramente el ingeniero De Lara y Meliá. Pero el referido ingeniero, no pudo allegar los recursos económicos suficientes para tal empresa, y lo cedió a «Camino de Hierro de María Cristina», compañía que presidía el duque de Castroterreño y de la que era secretario, don Pelegrín José Saavedra.

El presidente, con objeto de conseguir las inversiones necesarias, para llevar a cabo el ambicioso proyecto, dirigió una extensa carta al Ayuntamiento de Alicante, solicitándole una relación de personas que por su fortuna, posición social e influencias, pudieran mostrarse interesadas en aportar dineros, para la realización del trazado de la línea férrea. En la carta que ofrecimos íntegramente en este mismo espacio («La Gatera», 18-10-94), se garantizaba a los posibles accionistas dividendos de regulares beneficios, con la particularidad de que los herederos sucesivos disfrutarían de iguales derechos. Junto al referido escrito se adjuntaban los estatutos, en cuyo primer artículo se advertía de la creación de una sociedad anónima mercantil, con arreglo al Código de Comercio, y cuya finalidad no era otra más que la construcción del ya citado ferrocarril.

Según el duque de Castroterreño muchas eran las ventajas de aquel medio de comunicación, que en tan solo siete horas y media podía cubrir la distancia entre Madrid y nuestra ciudad y su puerto. Ventajas que se extenderían igualmente todos los alicantinos.

El alcalde constitucional de nuestra ciudad, don José Minguilló, a requerimientos del gobernador civil, y urgido por la misiva que estaba fechada el veinticuatro de julio de 1844, convocó, en los salones consistoriales, a los comerciantes y personas con posibles de la ciudad, para ponerles en conocimiento de proyecto y estatutos. Pero el asunto no debió despertar demasiados fervores. La compañía «Camino de Hierro de María Cristina» tampoco logró hacerse con los recursos que se necesitaban y optó por disolverse. La concesión pasó finalmente al marqués de Salamanca.

El dos de enero de 1871, Amadeo de Saboya juró la constitución española de 1869, y ocupó el trono vacante desde la revolución de septiembre de 1868 que liquidó el reinado de Isabel II. Pero el joven monarca -«sinceramente demócrata», como señalan algunos historiadores- iba a experimentar las zozobras de un breve y proceloso periodo que le llevó a renunciar a la corona, poco más de dos años después: el once de febrero de 1873, día en que, tras la abdicación de Amadeo I, se proclamó la primera República en España.

Durante su corto reinado, Amadeo llegó a nuestra ciudad, procedente de Madrid, con objeto de recibir, en el puerto alicantino, a su esposa María Victoria, y a sus hijos. De su estancia, escribió el cronista José Pastor de la Roca. Llegó el catorce de marzo del mismo año de su coronación y partió hacia la corte cuatro días después. Durante su visita, el rey recorrió la ciudad y -según se afirma-, estuvo en el monasterio de la Santa Faz.

El dieciséis, se desplazó a Elche, «acompañado de los generales don Francisco Serrano y Domínguez, don Juan Zabala, don Juan Alaminos, y los señores don Manuel Ruiz Zorrilla, don Cristóbal Martos Fernández. Por el mismo autor conocemos que, tras visitar diversos lugares ilicitanos -el Ayuntamiento, Santa María, el huerto «Nuevo de la Virgen»- y hacer algunos donativos y concesiones, expresó verbalmente su deseo de concederle a la entonces villa de Elche, el título de ciudad. Era alcalde de la aún villa, don Pascual Llopis Soler.

El veintitrés de marzo, el Consistorio acordó solicitar al monarca que su promesa se confirmará de forma documental. El doce de mayo, un real decreto de Amadeo I, a propuesta del ministro de la Gobernación, don Práxedes Mateo Sagasta, concluye en su artículo único que la villa de Elche -por sus hechos gloriosos, por su prosperidad e importancia- llevaría, en lo sucesivo, el «título de Ciudad con el mismo nombre». La efemérides quedó recogida en una placa conmemorativa, en el salón de sesiones del Ayuntamiento ilicitano. Tras aquella jornada, Amadeo regresó a nuestra ciudad.

La «marcha» del barrio y de la «ruta de la madera», levanta sus cuarteles de invierno, y vivaquea al raso por la Playa de San Juan o los nuevos espacios del puerto, cuando pega ya el calor. Ignoramos ahora, incluyendo a la trashumancia joven, si por la zona de San Juan habrá una población de cuatrocientas mil personas. Pero, en 1966, se llevaron a cabo cálculos demográficos que arrojaban esa cifra, para pocos años más tarde. Igualmente, se llegó a la conclusión de que el parque móvil de la dicha zona alcanzaría un total de ochenta mil vehículos: uno por familia, de familia media de cinco personas. Por supuesto, se le asignaba a los residentes fijos o temporales de la Playa San Juan un nivel de renta muy superior al de los otros sectores urbanos de la ciudad. No dejaban de ser aquéllos unos informes más que optimistas.

Se pretendía así realizar un estudio de cara a la vía más importante de conexión de la futura autopista del Mediterráneo, con el acceso norte de nuestra ciudad. Y el alcalde, don Fernando Flores Arroyo, se lo encargó al ingeniero don Manuel Calduch Pont. Pero Flores Arroyo abandonó antes la alcaldía, por propia iniciativa. En su escrito de dimisión alegó su deseo de reincorporarse a sus habituales ocupaciones y negocios.

El once de octubre de aquel año, en sesión corporativa, el gobernador provincial hizo pública una comunicación del Ministerio de la Gobernación, por la cual se aceptaba la renuncia de don Fernando Flores y se admitía la propuesta de nombramiento de don José Abad Gosálvez, para ocupar la alcaldía. Como de costumbre, y ya lo hemos advertido aquí, el señor Abad Gosálvez, entró en el salón de sesiones acompañado por los dos ediles más jóvenes de la corporación: don Gaspar Peral y don Cristóbal Espinosa.

Uno de los primeros decretos que firmó el nuevo presidente del Ayuntamiento era el de la concesión, a don Agatángelo Soler Llorca, del título de alcaide honorario del Castillo, por cuanto el mismo había iniciado la restauración de la fortaleza de Santa Bárbara.

No parece, por lo que sabemos y conocemos, que la cárcel de Fontcalent sea un lugar de reposo ni probablemente de rehabilitación social ni de reinserción futura. Que se conozca, no hay cárcel amable, y menos aún paradisíaca, ni tan siquiera para los financieros y altos cargos que gozan, sí, de ciertos privilegios. Del hacinamiento y vetustez del antiguo y cínicamente llamado Reformatorio de Adultos, hoy Palacio de Justicia, al hacinamiento de Fontcalent no median más que unos años.

Y sin embargo, don José Rico de Estasen, a quien conocimos hace muchos años, escribió, el cuatro de agosto de 1928, refiriéndose al primero de los citados centros penitenciarios, que entre éste y el antiguo presidio de Chinchilla, había todo un abismo. En el presidio de Chinchilla tenían acomodo todos los dolores y sufrimientos. Era un infierno, «Esto -dice textualmente, refiriéndose al Reformatorio de Alicante-, un paraíso, una escuela de educación y enseñanza». Rico de Estasen llevado por un singular entusiasmo, nos describe aquella cárcel como un suntuoso establecimiento, con blancura de hogar y rugido de taller. Señala el autor de tan exaltado texto, la desaparición de los cabos de vara, que fueron sustituidos por oficiales de prisiones «mitad ángeles y mitad educadores». Y afirma que «los naipes, el alcohol, los vicios que matan y envilecen, se quedaron fuera del establecimiento modelo».

Quien fuera director de aquel Reformatorio, nos indica, con el mayor énfasis, de que en el mismo había orfeón, orquesta, banda de música, estación de radio, cine y dos equipo de fútbol; y de que, además, de los seiscientos reclusos que, en aquel tiempo, se contaban, tan sólo quince o veinte eran analfabetos, es decir, un tres por ciento, aproximadamente, cuando en el exterior los índices de analfabetismo eran apabullantes. Según Rico de Estasen habían pedido informes o se habían ocupado de Reformatorio: Bélgica, Uruguay, Argentina, Chile, Cuba y Puerto Rico. Y agregaba: «todas las crónicas son una ofrenda de admiración a la institución alicantina». En fin, según el color del cristal con que se mire.

Don Manuel Gómiz Orts se hizo cargo de la alcaldía de Alicante, el día treinta y uno de diciembre de 1890. Su antecesor en el cargo, don Rafael Terol Maluenda había sido suspendido gubernativamente, y se quedó con una concejalía, hasta el veintitrés de enero del siguiente año. En dicha fecha el gobernador civil envió una comunicación al juez de instrucción, en la que le informaba acerca de la causa contra el referido alcalde en suspenso. En suspenso también, en cuanto edil, toda vez que había sido procesado como responsable de un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

El quince de enero de 1891, dimitió don Manuel Gómiz, es decir, le fue admitida la dimisión, y bajo la presidencia del primer teniente de alcalde, don Rafael Viravens Pastor, tomó posesión de la alcaldía don José Gadea Pro, quien había de regir los destinos de la ciudad, «por el tiempo que restase del bienio de 1891 a 1893», según lo dispuesto por una real orden.

El veintinueve de diciembre de 1893, poco antes de concluir tal bienio, quien había sido cronista oficial del Ayuntamiento -y quien volvería a serlo, una vez retirado de la actividad política y pública- alabó al señor Gómiz Orts, toda vez que cumplió con esmero y largueza, durante su mandato, los acuerdos municipales, y además por sus siempre acertadas disposiciones. En opinión de Viravens, merecía el reconocimiento y la gratitud del Consistorio y de todos sus conciudadanos. De manera que, en su criterio, la mejor forma de honrarlo debidamente no era otra más que rotular con su nombre uno de los paseos construidos, gracias a su iniciativa e interés por el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad. El paseo, ya saben, está junto al Postiguet.

Rafael Viravens vio frustrados sus deseos de alcanzar la alcaldía de Alicante. Aquel mismo veintinueve de diciembre, también propuso que al titular de la ambicionada alcaldía, señor Gadea Pro, la entonces descuidada calle de Luchana, después de ampliarla y embellecerla, se le dedicara con el nombre de avenida del doctor Gadea. La corporación aprobó unánimemente ambas propuestas. Después, Viravens se despidió emocionadamente de sus compañeros, y volvió a ostentar el cargo de cronista oficial, hasta su muerte.

Al hilo de la publicidad televisiva que vienen haciendo las empresas bancarias y las de ahorro, se diría que, por fin, se atan los perros con longanizas y te venden los duros a peseta. El capital financiero, bien blindado en sus bunkers de mármol, sonrisas y tarjetas magnéticas, tan milagrosas como las estampitas de los santos, te ofertan viajes, viviendas, automóviles, y encima te regalan bolígrafos de plástico y llaveros con sus logos, como si hubieran descubierto a los inocentes indios. Muchos abalorios y luego te pasan factura, hasta por respirar el aire acondicionado de sus patios. El cliente es una pieza a cobrar. Y bien que se la cobran, con palabras que te suenan a latines, con porcentajes, taes y deslumbrantes productos.

El profesor Vidal Olivares, refiriéndose a las estructuras financieras de hace un siglo o poco más, dice que se desdibujaban con tres áreas de implantación bien diferenciadas y con sus propios mecanismos: la banca personal y familiar, el Banco de España y la Caja Especial de Ahorros. Y hemos citado textualmente las últimas frases. Fue el veinte de marzo de 1877, cuando el republicano moderado don Eleuterio Maisonnave y Cutayar fundó la Caja Especial de Ahorros de Alicante y su Monte de Piedad, que era un insoportable Calvario. Y eso que en la primera Memoria de la citada entidad se contemplaba que, con la misma, se pretendía ofrecer al artesano, al obrero, al industrial y a todas las clases de la sociedad -entonces aún había clases, ahora dicen que no- una caja para depositar sus ahorros, que perdían en el juego o entregan al usurero, para pagos de réditos enormes, de los préstamos que habían contraído.

La Caja tuvo sus dependencias sucesivamente en el entresuelo del Consulado del Mar, en la calle de Liorna (hoy, López Torregrosa) y finalmente en un edificio situado entre las calles Velarde y Santiago, que al ampliarlo asomó su fachada a la de San Fernando. El Ministerio de la Gobernación, por real orden del tres de marzo de 1910, le concedió la calificación de establecimiento benéfico a la dicha Caja de Ahorros y Monte de Piedad, calificación que le permitía litigar «como pobre ante los tribunales de justicia». Pero, ¿aún siguen tan pobres? Por eso, clavan.

La histórica estación de MZA, cuyas instalaciones y dependencias se inauguraron oficialmente el veinticinco de mayo de 1858, se convertiría con los años, en un incordio de difícil solución y en un colapso, para el desarrollo urbanístico de Alicante. Soterrar las vías es una propuesta expresada con ímpetu, desde la sensatez. Nuestra ciudad tiene ahí una de sus asignaturas pendientes. Sucesivamente, los gobiernos municipales de la democracia, que iniciaron su ejecutoria en 1979, han puesto sobre la mesa de las urgencias ese tumor, sin que, hasta el momento, se haya extirpado. Proyectos o anteproyectos ha habido y no pocos, pero, por una u otra razón, se han quedado en los papeles. Nosotros mismos, hemos asistido a algunas reuniones en las que todo parecía encauzado. Pero casi veinte años después, al gato de la estación nadie le ha puesto el cascabel.

Sin embargo, el asunto viene ya de bastante más lejos, como comentamos y expusimos documentalmente, en este mismo espacio cotidiano de la crónica local. Aparte de los alcaldes Lassaletta, Luna y Díaz Alperi, alcaldes constitucionales, salidos de las urnas y consecuentemente del sufragio universal, otros representantes del Ayuntamiento, se ocuparon igualmente de la árida cuestión. Recordamos, una vez más, cómo el cuatro de noviembre de 1939, meses después de concluida la guerra civil, en las actas del pleno municipal extraordinario celebrado en la mencionada fecha se recoge textualmente: «Ya se está iniciando la gestión y la continuaremos -aunque se nos ha dicho que de momento no es oportuno- para conseguir que la estación de MZA establezca más al exterior, ya que ahora queda embotada dentro de la ciudad». Se advertía, por entonces, que no se trataba de meras especulaciones, sino de un proyecto que se contenía en los estudios que estaba realizando el arquitecto municipal.

Aquel propósito de retranqueo, que volvería a aflorar transcurrido el tiempo, se mudó por el de un desplazamiento que implicaba los pasos a nivel situados dentro de la zona urbana. Así, el treinta de agosto de 1940, el alcalde Ambrosio Luciáñez Riesco, se dirigió, con una exposición del tema al director general de ferrocarriles y al de la compañía MZA. Retranqueo, traslado, soterramiento, ¿se dará finalmente con la solución?

Este año, el cuarto del mes en curso, se cumplió el centenario del hallazgo casual, en La Alcudia, de la denominada Dama de Elche. El aniversario se ha celebrado sin su comparecencia, a pesar de las gestiones del Ayuntamiento y de todo el pueblo ilicitanos: La Dama se ha quedado en su vitrina del Museo Arqueológico Nacional. Hubo un tiempo en que despertó una pasión arrolladora en el consejero nacional de las FET y de las JONS, Ernesto Giménez Caballero, quien, por otra parte, tanto denostó a nuestra ciudad: «¿Qué has hecho, Alicante, qué has hecho?», y a Elche, y a Villena, y a tantas otras de nuestras localidades, por «rojas», casi convoca una nueva cruzada, con objeto de rescatar al busto ibérico de su encierro, en Lovre de París.

En su desvariado amor, el consejero escribió un llameante artículo, en el que abogaba, con toda razón, por la devolución y regreso de la venerable escultura. El artículo se publicó en la «Gaceta de Alicante» -que un año más tarde se llamaría INFORMACIÓN-, dirigida entonces por Fernando Ors, el veintinueve de agosto de 1940. El Ayuntamiento alicantino, en su sesión de la permanente que tuvo lugar un día después, anotó: «La alcaldía da cuenta de una bellísima crónica de Giménez Caballero, defendiendo la justicia de los deseos de los alicantinos, que fueron objeto de anteriores gestiones del señor alcalde, de que vuelva a Elche, el famoso busto ibérico de la Dama de Elche, que se encuentra desde hace muchos años en el Museo del Louvre».

Ernesto Giménez Caballero, desde Madrid, agradeció epistolarmente las felicitaciones recibidas a raíz de su artículo, y manifestó que tenía conocimiento de que la Falange de Alicante pensaba abrir una suscripción, para ofrendarle una copia de la Dama, a cuya iniciativa se había adherido nuestro Ayuntamiento. Efectivamente, en la permanente del dieciocho de octubre siguiente, el alcalde Luciáñez Riesco, hizo constar que al ilustre periodista y mantenedor «de la iniciativa que partió de este Ayuntamiento de gestionar que la soberbia Dama de Elche sea recobrada, va a donársele una reproducción de esa valiosísima obra de arte». El Ayuntamiento de Alicante contribuyó con cincuenta duros. En esta ocasión, ni siquiera ha levantado un dedo, para que estuviera en Elche. Y eso que se encuentra en Madrid. Pero el consejero Giménez Caballero ya no sufre de veleidades patrióticas ni platónicas. Será por eso.

Fue en el pleno extraordinario celebrado el veintiocho de julio de 1944, bajo la presidencia del alcalde don Román Bono Marín, cuando la corporación municipal dio el visto bueno al proyecto presentado por el arquitecto don Félix de Azúa. En la misma sesión quedaron enterados de la orden del Ministerio de Hacienda, del día doce del referido mes, para contratar con el Banco de Crédito Local de España, un préstamo de 3.023.500 pesetas, importe total del presupuesto extraordinario. Seguidamente, el señor Bono Marín propuso que se anunciara, sin pérdida de tiempo, la celebración de subasta pública, para contratar la ejecución de las obras proyectadas.

El doce de octubre de aquel mismo año, se adjudicaron a la mercantil «Ribelles Cementos, S.L.», por la cantidad de 2.664.900 pesetas. La anhelada Estación de Autobuses de nuestra ciudad ya estaba en marcha. Y no se perdió el tiempo. En menos de tres años, había desaparecido la plaza de Séneca, en su lugar, se alzaba un moderno edificio, que además respondía a las expectativas ciudadanas.

En esta misma sección y, más recientemente, en un monográfico que redactamos para la Foguera Séneca-Autobusos, nos referimos a este lugar intransitable, durante mucho tiempo, que recibió su nombre gracias a la Comisión del Ensanche, constituida el quince de abril de 1893. En el año 1920, la plaza de Séneca aparece delimitada por las calles de Barrejón (hoy, de Portugal), Pintor Lorenzo Casanova, Aparicio y Cano Manrique (en la actualidad, Italia). Portugal e Italia fueron rotuladas así, tras la guerra civil, en agradecimiento a ambos países que habían prestado su decidida ayuda a los ejércitos y a las causa del general Franco, suprimiendo sus antiguos nombres -Eugenio Barrejón y Manuel Cano Manrique- que correspondían a dos gobernadores civiles de nuestra provincia, en el pasado siglo.

La inauguración de la moderna Estación de Autobuses, sumida en un improcedentes abandono, tuvo lugar justamente el veintiuno de junio de 1947, y cuando era alcalde de Alicante, don Manuel Montesinos Gómiz. Al acto asistieron además diversas autoridades, entre ellas, don José Marí Paternina, gobernador civil; don José Martínez Alejos, presidente de la Diputación; el canónigo magistral de la Colegiata de San Nicolás, que bendijo las nuevas legislaciones, y otras autoridades civiles y militares.

No nos referimos a las recientes noticias de la autoridad portuaria acerca del impulso que está adquiriendo el puerto, y de las obras previstas para su ampliación, sino a una real orden del veintiuno de diciembre de 1855, por la que nuestro puerto que, hasta aquel entonces, tenía la consideración de interés local de primer orden, pasó a tener la categoría de «puerto de interés general».

Rafael Zurita Aldeguer, en su obra «Revolución burguesa: Alicante (1854-1856)», advierte cómo a partir de 1840, el volumen portuario alicantino creció progresivamente. Ante tan satisfactoria perspectiva, la burguesía local se interesó por mejorar sus instalaciones. En junio de 1854, se celebró una asamblea en la que, según el citado historiador, asistieron setenta y tres comerciantes. «Un año después se aprueba un proyecto de José María Jáudenes que será el modelo definitivo sobre el que se desarrollarán las sucesivas obras del puerto», de acuerdo con las investigaciones de Antonio Ramos Hidalgo, en su «Evolución urbana de Alicante».

Por otra parte, Isabel II, fue informada de la solicitud que habían formulado al Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Alicante, la Diputación Provincial, la Junta de Comercio y la Sociedad Económica de Amigos del País, de que se declarase el puerto de nuestra ciudad de interés general. A tal objeto se recabó el parecer de los gobernadores civiles de las provincias de Madrid, Albacete, Murcia, Ciudad Real y Tarragona (Boletín Oficial de la Provincia del veinticuatro de diciembre de 1855). Con todos los criterios favorables, se determinó acelerar el ritmo de las obras que se estaban realizando, «para proporcionar buen abrigo a los buques que lo frecuentan». Asimismo, la superioridad estimó, y así consta en la citada real orden, que su importancia no disminuiría ni con la conclusión del puerto de Valencia, ni con la proximidad del de Cartagena; antes bien, se estimó que aumentaría su actividad, con la terminación y la explotación del ferrocarril que lo uniría con el interior del reino.

Sin duda, la primera actuación urbanística de importancia, en nuestra ciudad, se inicia con el Plan del Ensanche, que entró en vigor finalmente, y tras muchas vicisitudes y deserciones de la burguesía dominante que prefería edificar en terrenos más próximos al casco tradicional, el ocho de enero de 1898, casi un siglo ya, sobre el anteproyecto presentado por el arquitecto José González Altes.

Después, Alicante se desarrolló un poco a su aire, hasta que el empuje de la pequeña industria que se asentaba a lo largo de las carreteras de Madrid y Murcia, y, sobre todo, las avanzadillas turísticas que se produjeron en la segunda mitad de nuestro siglo, determinaron la elaboración del primer Plan General de Ordenación Urbana, en 1956, y entre cuyas disposiciones se observa la sustitución de la estación de Madrid por otra cuyos servicios ferroviarios se situaban «en la zona marítima al suroeste del puerto». Este plan el de 1956 surge, de acuerdo con el estudio de Antonio Ramos Hidalgo, «de las necesidades derivadas de la recientemente aprobada Ley del Suelo».

Posteriormente, en 1868, se redactó un nuevo PGOU, que dirigió el arquitecto y urbanista Juan Antonio García Solera, y cuya revisión aprobó el Ayuntamiento, en sesión del quince de junio de 1967. En el mismo se contempla una estructura trifocal «El centro actual se considerará como representativo, histórico, comercial y administrativo, y se crearán otros dos focos exteriores ligados al existente por un amplio esquema viario. El segundo de estos focos será el denominado de comunicaciones, residencial y trabajo, junto a la zona industrial, emplazado en la partida rural del Bacarot. Estará próximo al aeropuerto y en su recinto se situará la estación central de ferrocarriles, de camiones, los grandes almacenes (...). Por último, el tercer foco estará situado en la playa de Sant Joan y tendrá carácter turístico (...)». En el pleno municipal extraordinario de veintiocho de octubre de aquel año, se acordó aprobarlo inicialmente y someterlo a información pública. En agosto de 1979, la corporación municipal decidió proceder a una «adaptación previa a la revisión del plan». En 1985, el Ayuntamiento encomendó a la «Oficina par la revisión del Plan General» la redacción de un avance que constituía un nuevo PGOU. El urbanismo no es sino un reflejo de la ideología dominante.

Fue el veintidós de octubre de 1973, cuando en un pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento alicantino, el alcalde de la ciudad señor García Romeu, informó a la corporación municipal de las negociaciones que había mantenido con sus colegas de San Juan, Mutxamel, El Campello y San Vicente del Raspeig, tendentes a compartir, en beneficio de todos y cada uno de ellos, determinados servicios públicos. En aquellas negociaciones, los alcaldes habían estado asistidos, por sus correspondientes asesores, y se contó con la presencia del jefe provincial del Servicio Nacional de Inspección de las Corporaciones Locales.

El titular de la alcaldía de Alicante, en su memoria, destacó que se trataba de un proyecto de indudable interés en los aspectos técnicos y económicos, y que consecuentemente había recibido el beneplácito de cuantos lo conocían: gobernador civil, Diputación Provincial y, especialmente, los presidentes de los municipios afectados. La mancomunidad suponía de hecho una garantía de futuro para todas las localidades implicadas en la misma.

Los concejales, tras conocer minuciosamente el proyecto, estimaron que podía reportar ventajas considerables, para todos los citados municipios, y tras escuchar el informe favorable de la comisión de fomento, acordaron, por unanimidad, la constitución de la mancomunidad intermunicipal, así como la redacción de los oportunos estatutos de la misma, en cuyo equipo debería estar presente el alcalde, con la colaboración jurídica del secretario general del Ayuntamiento.

En el proyecto al que nos referimos, se contemplaban los siguientes servicios: recogida y tratamiento de residuos sólidos y limpieza viaria; matadero comarcal; extinción de incendios; limpieza y conservación de playas (Alicante y El Campello); mantenimiento, conservación y mejora del alumbrado público; matadero comarcal; abastecimiento de aguas potables (El Campello, San Juan, Mutxamel); saneamiento y tratamiento de aguas residuales; y promoción del turismo. Igualmente, se incluida una oficina de gestión urbanística. Luego, llegarían las rebajas, ya se sabe. Las rebajas, las cuotas, las discrepancias, en fin.

La bibliografía y las hemerotecas nos dan abundante información acerca del privilegiado clima de nuestra ciudad, y de sus propiedades para la salud y la atracción de veraneantes y turistas. Vicente Navarro Albero y Carlos Sánchez Palacio escribieron una obra, publicada por la Sociedad Económica de Amigos del País, en 1882, titulada «Una residencia de invierno. Estudio meteorológico y médico de Alicante, como estación invernal». Seis años más tarde, aquella obrita de treinta y dos páginas recibió mención honorífica en la Exposición Universal de Barcelona.

Vicente Navarro Albero, natural de Bañeres, donde nació en septiembre de 1834, fue un eminente cirujano y un gran humanista. Después de licenciarse en la Universidad de Valencia, se trasladó a nuestra ciudad, donde ejerció su profesión, tras ganar por oposición una plaza de médico cirujano, en el Hospital Provincial, en 1869. Además del «informe facultativo sobre el clima de Alicante», el doctor Navarro Albero fue autor también de una «Memoria físico-médica de las aguas medicinales de Nuestra Señora de Orito, en el pueblo de Monforte».

Por sus trabajos, recibió en 1871, la encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica, y la cruz de epidemias. Uno de sus más aventajados y conocidos discípulos, al que nos hemos referido en este espacio, en numerosas ocasiones, fue el doctor Pascual Pérez Martínez, que ingresó interinamente, en los servicios municipales de Alicante. Algunos años más tarde, en noviembre de 1883, se inauguró la Casa de Socorro, en el mismo edificio del Ayuntamiento, gracias, en parte a la insistencia de Pascual Pérez, a través de sus artículos de prensa, según constató el cronista Francisco Montero Pérez. En el cuadro facultativo estaban, además del doctor Pérez Martínez, Luis Mauricio Llorca, Vicente Seguí Carratalá, Antonio Bertomeu García, Francisco Benítez Ramoino, Francisco Albero Ramón y Juan Dagnino Garrigós. Dos años después y a consecuencia de una epidemia de cólera morbo, se formó el Cuerpo Médico de la Beneficencia Municipal. Pascual Pérez, discípulo de Vicente Navarro, mereció el número uno, por las calificaciones que le concedió un tribunal integrado por catedráticos de la Facultad de Medicina de Valencia. Aquella prueba le valió además el decanato de la institución benéfica y su dirección.

Quien había sido su maestro y amigo, murió en nuestra ciudad el día tres de septiembre de 1888.

Por fin, llegó la anhelada noticia: se iba a suprimir el tráfico ferroviario que levantaba una barrera de precauciones a lo largo de la playa del Postiguet, desde la estación emplazada frente al paseo de Gómiz. Era una vieja aspiración de los alicantinos y era también una posibilidad de cambiar el paisaje urbano. Previamente, y con objeto de realizar las obras, la línea férrea que corría a lo largo de la Explanada, se adentraría en el muelle de Levante por una nueva línea, pero además el tránsito de trenes, por tales vías, sería nocturno.

Las obras ya mencionadas, se programaron para el quince de febrero de 1968 -casi treinta años ya-. En esa fecha se iniciaría, por un lado, el arranque de las vías que se extendían junto al Postiguet, y la doble verja de protección; y de otro, se procedería simultáneamente a la construcción de los pabellones de baño, que aún no hace mucho, se derribaron en el mismo Postiguet.

En este periódico, Fernando Gil, escribía que así, con las reformas citadas, el Ayuntamiento se iba a ahorrar los veintiocho millones que tenía consignados para el puente levadizo de la bocana del puerto, y la Diputación otros diez, con cuyas cantidades iban a colaborar, para la construcción del mismo, por Obras Públicas.

Por entonces, se habían dispuesto una serie de reformas que afectaban tanto a la capital como a la provincia. A las ya referidas, se sumaban el derribo de la Estación de Madrid, un nuevo puente sobre el río Seco, en El Campello, el paso elevado sobre Juan Bautista Lafora y el desdoblamiento de la carretera, por la costa, hasta al Albufereta. INFORMACIÓN, un año antes, había llevado a cabo una eficaz campaña, con objeto de que la referida avenida, entre la Puerta del Mar y la playa del Cocó se viera libre de barreras y obstáculos.

Previamente, se celebró, en el Gobierno Civil, cuyo titular era don Luis Nozal, una reunión para abordar el apretado programa de obras. Allí estuvieron, el alcalde de Alicante, don José Abad; el presidente de la Diputación, don Pedro Zaragoza; y los ingenieros de Obras del Puerto; Provincial de Carreteras; de la RENFE; el jefe de la oficina de Enlaces Ferroviarios, y el abogado del Estado del Ministerio de Obras Públicas. Y fue ciertamente una reunión fructífera.

Hacía frío aquel año de 1804. Y a pesar de todo, por el puerto llegó a Alicante la temida fiebre amarilla.

Fueron tres meses de pánico. Y la mortandad que la epidemia produjo, casi alcanzó la cifra de dos mil ochocientas personas. Por entonces, la ciudad censaba cerca de veintidós mil habitantes. Aquella enfermedad diezmó la población. No volvería a repetirse otra epidemia de fiebre amarilla con tanta virulencia hasta 1870.

El veinte de noviembre de aquel año de 1804, el conde de Montarco escribió a la junta de Sanidad de Alicante, dándose por enterado del terrible mal que padecía la gente, así como de la falta de recursos económicos para atender a los que la situación originaba. En consecuencia -y según hace constar en el documento- dispuso repartir «medio millón de reales caudales de particulares, con calidad de reintegro de aquella cantidad». Advertía el conde de Montarco que no se podía contar con los dineros pertenecientes a su majestad, por las circunstancias que se daban en tales momentos.

No es nada extraño que los vecinos, ante tan adversa coyuntura, decidieran actuar por su cuenta, y proceder a la reanudación de las actividades portuarias y comerciales. Tampoco resulta nada extraño que se produjera un chivatazo a las autoridades, de la posible conspiración. En una breve nota que reproducimos, el cura párroco don Juan Antonio Coste notificó al gobernador: «Me acaban de avisar, como a cura, y con la debida reserva, para que le haga saber a vs, que algunas gentes de este pueblo quieren en el día diecisiete de este mes, presentarse en el Ayuntamiento, para pedir y obtener (si fuera negado) con violencia, la apertura del puerto y la conclusión de la cuarentena (de la fiebre amarilla), y que para llevarlo a efecto tenían algunas prevenciones; no sé si será así como me lo han comunicado, pero de cualquier modo juzgo que, por mi oficio, debo hacerlo presente a vs, con la mayor reserva, para que en tiempo pueda tomar las disposiciones que juzgue oportunas para evitarlo. Alicante, trece de enero de 1805». No había ni siquiera en quien confiar. Ni en los curas párrocos.

Desde el momento en que Joaquín de Pablo Chapalangarra se vio obligado a entregar la ciudad de Alicante, última en permanecer fiel a la Constitución de 1812, el ocho de noviembre de 1823, concluyó el trienio liberal (1820-1823) y comenzó una violenta reacción absolutista. Fernando VII por decreto del 1.º de octubre declaraba nulo todos los actos del gobierno que se habían producido desde el siete de octubre de 1820. Con aquel decreto se levantó la veda de los liberales. Uno de los instrumentos más crueles para eliminar y perseguir a los «negros» (liberales) fue el llamado voluntariado realista, además de la «purificaciones» y de las «Juntas de Fe». Casi nada. Pero durante esa «década ominosa» (1823-1833), hubo intentos de conseguir el derrocamiento del «rey felón», por la vía armada, alentados, desde el exilio de Londres, especialmente por el general Espoz y Mina. Uno de ellos fue el encabezado por Antonio Femando Bazán, antiguo director de la Fábrica de Tabacos de Alicante, y su hermano Juan. En febrero de 1826 y al frente de un grupo heterogéneo de personas, desembarcaron en Guardamar. Pero allí estaban los fieros voluntarios realistas que, en pocos días, apresaron y fusilaron a los expedicionarios, en Orihuela y en nuestra ciudad. Antonio Fernández Bazán fue ejecutado, cuando se encontraba herido sobre una camilla. El uno de enero de 1841, el jefe político de la provincia, don José María Ruiz Pérez, dio posesión de sus cargos a los tres alcaldes (don Mariano Oriente, don Fernando de Ibarrola y don Tomás Visconti), seis regidores y un síndico, en una renovación parcial del Ayuntamiento alicantino, y después de jurar la Constitución de 1837, al día siguiente en cabildo ordinario, el segundo alcalde constitucional, señor De Ibarrola, manifestó que lo mismo que en Málaga y en otros lugares, donde habían sido inmolados Riego, Torrijos y «demás héroes de la libertad», se honraba su memoria con monumentos, para inmortalizarlos, la ciudad de Alicante tenía una deuda con los hermanos Fernández Bazán y con cuantos, con ellos, fueron sacrificados por la misma causa. El Ayuntamiento, por unanimidad, tomó el acuerdo de levantar un monolito a su recuerdo y se nombró una comisión presidida por De Ibarrola. Eran nuestros primeros mártires de la liberación.

Si la Ceca es, según el diccionario, la casa donde se labra la moneda, Alicante, como otras muchas ciudades, no labró, pero sí emitió moneda de la llamada fraccionaria o divisionaria, cuando mediaba la Guerra Civil. Concretamente y bajo la presidencia municipal de Santiago Martí Hernández, el dieciséis de junio de 1937, se acordó poner en circulación certificados de veinticinco céntimos.

Meses antes, en marzo de aquel mismo año, y cuando ocupaba la citada presidencia del Consejo Municipal Rafael Millán Santos, se celebró una sesión ordinaria, el día dieciocho, con objeto de afrontar aquella situación. En la moción presentada, por el presidente, se constataba en la realidad, la escasez, cada día más ostensible, de moneda divisionaria, circunstancia que dificultaba las operaciones comerciales, como lo prueba el escrito que la Gremial de Industria y Comercio de Alicante, dirigió al Ayuntamiento, para que éste tomara la misma iniciativa de otros que ya habían puesto en circulación billetes de distinta cuantía.

En verdad que, como apuntó Millán Santos, no se sabía cómo se había originado la desaparición de tales monedas: si por un injustificado atesoramiento de algunas personas o bien se debía al incremento de la población. En cualquier caso, allí estaba el conflicto que había que resolver con diligencia. Naturalmente era un problema que correspondía al Gobierno, pero en tanto éste tomaba las medidas pertinentes, en los mercados, donde el número de pequeñas transacciones era mayor, crecían las necesidades. En consecuencia, se propuso y se aprobó por unanimidad, la emisión de certificados de moneda legal de una peseta y de cincuenta céntimos que cubriera las necesidades del vecindario, mediante depósito en el Banco de España, a nombre del Consejo Municipal, y firmados tales certificados por los tres claveros. Irían numerados correlativamente los de cada clase o valor.

Y así se emitieron 250.000 billetes de una peseta; 500.000 de cincuenta céntimos; y otros tantos, de real. En total, 625.000 pesetas certificadas por el Ayuntamiento, con el conocimiento del Ministerio de Hacienda; finalmente la cantidad equivalente fue depositada en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, en lugar del Banco de España.

Tras la revolución de septiembre de 1868, que puso fin al reinado de Isabel II, se constituyó un gobierno provisional presidido por el duque de la Torre. El once de febrero del siguiente año, se reunieron Cortes Constituyentes, y se encomendó al general Serrano la organización del poder ejecutivo que había de gobernar el país. El treinta de marzo de 1869, culminó el proceso, con la Constitución democrática, en la que se proclamaba que la soberanía residía en el conjunto del país, en el pueblo.

En nuestra ciudad, la Junta Revolucionaria surgida al amparo de la insurrección popular, se autodisolvió y cedió sus competencias a un Ayuntamiento provisional, hasta la celebración de las elecciones municipales, en las que participaron los ciudadanos alicantinos y que dieron un triunfo apurado a la candidatura de un republicanismo moderado, que encabezaba Eleuterio Maisonnave.

El uno de enero de 1969, en sesión instalatoria que presidía Antonio Vidal, hasta aquel entonces alcalde primero, se constituyó el nuevo Ayuntamiento, entre cuyos ediles electos se encontraban Eugenio Barrejón, Francisco García López, Manuel Blanquer y el citado Maisonnave. Posteriormente y después de varias votaciones, el resultado fue el siguiente: alcalde primero, Eleuterio Maisonnave; alcalde segundo, Francisco García López; alcalde tercero, Manuel Blanquer; y así, hasta el sexto, lugar que ocupó Bartolomé Pons. Todos los miembros de la nueva corporación juraron «por Dios y su conciencia, guardar y hacer guardar las leyes que la nación se diere en uso de su soberanía».

Aquel primer Ayuntamiento, de mayoría republicana, en su siguiente sesión, acordó vender los muebles, en pública licitación, que se habían adquirido, para acondicionar el Palacio Municipal, con motivo del viaje y estancia en Alicante, de Isabel II de Borbón, en 1858. Particularmente importante fue el debate acerca del establecimiento del matrimonio civil en nuestra ciudad. Se cerró provisionalmente, hasta solicitar informes al Ayuntamiento de Reus y elevar consulta al Ministerio de Gracia y Justicia. Días después, el veintidós del mismo mes, se aprobó, por mayoría, el matrimonio civil. Y el veintinueve, la creación de una Casa de Socorro, en las dependencias consistoriales, y otra «en un punto conveniente de la población».

Atendemos, en la medida de la documentación disponible, a quienes están interesados por la masonería, en nuestra ciudad. Hace ya algún tiempo, aquí mismo, ofrecimos diversas sentencias dictadas a raíz de la Ley para la Represión de la Masonería y el comunismo, contar determinadas personas pertenecientes a las logias Constante Alona y Numancia. Copias de las dichas sentencias las obtuvimos gracias a las investigaciones realizadas en los Archivos de Salamanca, por un inapreciable colaborador, quien nos la facilitó, junto con algunas listas de las mismas, donde figuran cuarenta nombres de «hermanos», y de las que también, en este mismo espacio de nuestra historia local, ya dejamos constancia.

Más curioso nos resulta un documento, igualmente referenciado. El documento procede de la secretaría particular del general Franco, y está fechado en Salamanca, en diciembre de 1937, «II años triunfal». Cuantos en los papeles aparecen eran ya víctimas propiciatorias, para la posterior represión. Sin ningún género de duda, los servicios de información franquista disponían de astutos confidentes.

El documento está fechado el ocho de diciembre de 1921, corresponde a la Masonería Universal, Familia española, y pertenece a la logia Numancia, número 417, del Gran Oriente Español. En el mismo, se detallan tanto las altas como las bajas habidas durante el mes inmediatamente anterior. Entre ellas las de Franklin Albricias Goetz, a quien nuestros lectores vincularán a la Escuela Modelo, y a otras muchas actividades públicas. De esta misma logia y en otro impreso que firma, el veintidós de octubre de 1922, el venerable maestro Sócrates, se confirma la exaltación al tercer grado de los «hermanos» Álvaro Botella Pérez y Eduardo Irles Y al día siguiente, entre otros, del ya citado Franklin Albricias y de Alfredo Javaloy.

Cuarenta nombres se relacionan en los papeles que obran en nuestro poder y a disposición de quienes quieran consultarlos, entre ellos el director del periódico «El Día», Emilio Costa Tomás; el del director de la Escuela de Comercio, José Pérez Molina; el del perito electricista, Ernesto Chápuli Ausó; el del médico dentista, José Estruch; el del abogado, Antonio Pérez Torreblanca; el del capitán de carabineros, Mariano Trucharte Samper; y el del mayor rango masónico, grado treinta, Agustín Millet Valtre, comerciante en bonos químicos.

Las formalidades, el papeleo, la burocracia, las competencias e incompetencias, en fin, qué calvario para que finalmente El Campello, se segregara del término municipal de Alicante y constituyera su propio Ayuntamiento. Hemos escrito varias columnas sobre el mismo tema, pero, con frecuencia, encontramos un nuevo documento que nos mueve a la reflexión y a la exposición de tan lento largo proceso. Proceso que se inició el dieciocho de abril de 1901, pero cuyos trámites se consumarían mucho después. Sí tenemos constancia de que el Consejo de Ministros, meses después, notificó al alcalde de nuestra ciudad, don José Gadea Pro, la aprobación del expediente de la construcción de la carretera de «Alicante al caserío del Campello y que acuerda el señor ministro de obras públicas, la inmediata subasta de dicha importante obra».

Posteriormente, la Junta Municipal del Censo Electoral de Alicante, el seis de febrero de 1902, sanciona la segregación de las partidas rurales de El Campello, Aguas Bajas, Barañes y Fabraquer, las cuales formarían un municipio independiente capitalizado por El Campello. Un documento del primero de abril de 1902, dirigido al gobernador civil insiste en la perentoriedad de legalizar la nueva división del término de Alicante, acordada por el Ayuntamiento, el veintiuno de febrero último (es decir, de 1902), y en la necesidad de que la primera autoridad provincial dicte las medidas pertinentes para el nombramiento de un Ayuntamiento interino, con arreglo a la real orden de 1885. Por fin, el gobernador civil, resolvió designar una comisión municipal que tuviera las mismas atribuciones de los concejales interinos. En ella figuraban José Ávila Blanes, Manuel Verdú Blasco, Vicente Alberola Pastor, Emilio Lledó Carratalá, José Pérez López, Vicente Oncina Giner, Bautista Serna Ferrándiz, Marcos Vaello Galiana, José Baeza Gomis y José Ávila Moreno.

Pero el deslinde, no se llevó a cabo hasta pasados varios años. El tres de diciembre de 1909, el alcalde alicantino Luis Pérez Bueno, recibió un primer oficio del Instituto Geográfico y Estadístico, advirtiéndole que el día once de aquel mismo mes se procedería a reconocer y señalar con mojones los términos de Alicante y El Campello (parte comprendida entre Muchamiel y Busot); y un segundo oficio de la misma procedencia, para verificar el deslinde de la parte comprendida entre San Juan y el mar. Por fin, un paso decidido. Respecto de la carretera, la espera sería mayor. Volveremos sobre el asunto, ahora que es una vía de tránsito intenso.

El lector asiduo de este espacio cronístico, habrá observado, sin duda, la frecuencia con la que nos referimos a don Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri. Es una de las personas más destacadas del primer tercio de este siglo, y ocupa el lugar que le corresponde en nuestra «Crónica general del siglo XX», referida a la ciudad de Alicante, y entre cuyos materiales figuran parte de estas ya mil ochocientas columnas que han ido apareciendo en INFORMACIÓN, diariamente, a lo largo de los seis últimos años, debidamente documentadas y «ensambladas» cronológicamente, aunque su publicación no obedezca a tal orden temporal, por pura estrategia periodística: sorpresa y variedad. Miscelánea, en todo caso, más que gatuperio, como nos decía en una amable carta, aunque respetada en su desacierto, un entrañable amigo, en este mismo periódico.

Pascual del Pobil y Chicheri, reanudando el tema histórico, estuvo al frente de la alcaldía, en cuatro ocasiones: tres de ellas, en el periodo de la Restauración, si consideramos ésta, hasta la dictadura de Primo de Rivera; y una última, poco antes de que se proclamara la Segunda República. En su haber, cuentan muchas cosas, particularmente el hecho de haber sido el primer alcalde del citado periodo, elegido por los propios ediles y no nombrado por real orden, como venía siendo la reiteradamente protestada norma. El diecinueve de abril de 1918, presentó verbalmente su dimisión, en el curso de un pleno, alegando graves motivos de salud que le impedían el ejercicio de su cargo. En verdad que la corporación se la admitió con evidente pesar. Pero el doctor Pascual Pérez Martínez, director de la Casa de Socorro, le había librado un certificado concluyente: el exceso de trabajo mental, la excitación nerviosa y la crisis psíquica que padecía, podían llevarlo a una situación de severo deterioro.

Reaparecería, trece años después, para empuñar la vara de alcalde, antes de cedérsela al republicano Lorenzo Carbonell. Sin embargo, y a pesar de sus achaques, Pascual del Pobil y Chicheri reapareció en la escena política de nuevo, ya en 1939. El treinta de marzo de aquel año, se constituyó la comisión gestora municipal, designada por el gobernador civil provisional, y que presidía don Ambrosio Luciáñez Riesco. Don Antonio Romaguera, el nuevo gobernador, en la inmediata posguerra, nombraba, el dos de abril de 1939 delegado gubernativo en el Ayuntamiento a don Ricardo P. del Pobil Chicheri.

Durante la República, se edificó en el llano de Los Ángeles un espléndido grupo escolar. Tras la guerra civil, el Ayuntamiento, en sesión de trece de marzo de 1941, aprobó por unanimidad la permuta de dicho grupo escolar, que ya se había habilitado provisionalmente, como Hospital Militar, y que era de propiedad municipal, por los bienes inmuebles y terrenos aledaños del antiguo cuartel de San Francisco, situados al oeste de la ciudad, en lo que hoy se denomina plaza de la Montañeta. El correspondiente documento lo firmaron, en nombre del Ministerio del Ejército, el general de División y gobernador militar de Alicante, don Carlos Gil de Arévalo, y por el Ayuntamiento, su presidente y alcalde, don Ambrosio Luciáñez Riesco.

Como dato curioso los terrenos municipales se valoraron en un millón ciento noventa y pico mil pesetas, y los pertenecientes al ramo de Guerra en casi ochocientas setenta mil pesetas. Estos últimos, pasaron a pertenecer a la autoridad militar, según una real orden del cinco de noviembre de 1841.

Fue el general Aranda quien auspició estas decisiones, después de escuchar los palabros del alcalde: la ciudad deseaba el vetusto edificio que, en tiempos pasados fue convento de la Orden Franciscana, y posteriormente, por la ya referida real orden, pasó a manos del ramo de Guerra, que lo destinó a cuartel de las tropas de Infantería de guarnición en la ciudad, hasta que, en los últimos años del pasado siglo, se alojaron estas «en el que de planta se construyó en inmediaciones del barrio de Benalúa».

El general Aranda que se encontraba al frente de la Tercera Región Militar, tomó una resolución tajante: le dijo al alcalde que derribara aquel viejo cuartel cuando considerara oportuno, y que, ya en su momento, se buscaría al asunto la solución más apropiada y que dejara tanto al ramo de Guerra como al Ayuntamiento, bien a salvo en sus correspondientes intereses. Poco más tarde, se demolió el vetusto edificio y se procedió a iniciar los trabajos de desmonte de la Montañeta. Había que urbanizar la ciudad, y el Ejército necesitaba el Hospital Militar, en Los Ángeles. Do ut des.

Por fin, la Generalidad y la Universidad de Alicante han cerrado satisfactoriamente unos meses de abierta polémica: en el Campus de San Vicente se impartirá la licenciatura de Matemáticas. Al margen de ciertas cuestiones que, en esta columna, no abordamos, la actitud del rector Pedreño y de su equipo, y la del president Zaplana, han coincidido en beneficio de la comunidad académica. Confiemos en que también se resuelva, por los mismos derroteros de entendimiento y buena voluntad, las aspiraciones de los jóvenes que desean cursar Psicopedagogía. Ni vencedores ni vencidos. Tan solo personas, con criterios diferentes, que finalmente alcanzan la siempre necesaria vía de la razón.

Como se alcanzó hace ya muchos años, en el CEU alicantino fundado en 1968 y cuyo reglamento docente y de régimen interior, recibió el respaldo ministerial por orden del veintiuno de julio del siguiente año. Sucedió, sin embargo, que los preceptivos convenios económico y académico entra el Ministerio de Educación y Ciencia y la Universidad de Valencia, de acuerdo con la normativa decretada el veintiuno de julio de 1972, y en cuyo artículo veintidós se estipulaba el plazo de un año para firmarlos, no se firmaron y naturalmente desencadenó la polémica y la incertidumbre, particularmente entre los estudiantes de la división de Derecho. Ante tal situación. el ministro Martínez Esterualas manifestó que el problema se resolvería en el curso 75-76. El problema fundamental -aparte de que el CEU adquiriera el rango de Colegio Universitario, propiamente dicho- consistía en que la Universidad valentina y más propiamente la Facultad de Derecho, cuyo decano era don Manuel Cobo del Rosal, no reconocía la validez de los expedientes del primer ciclo -es decir, de los primeros tres años de carrera-, con lo que el alumnado no podían trasladar los mismos a ninguna facultad, para proseguir sus estudios. En este sentido, el director del CEU de Alicante, don Mariano Aguilar declaró (13-10-74) textualmente: «Si alguien se atreviera a decir en un periódico que no se expiden certificaciones en Valencia, porque los estudios del CEU de Alicante carecen de validez, yo lo demandaría. Y hablo muy en serio». Por último, se disiparía tanta ambigüedad y se solventaría positivamente el asunto, en beneficio de la comunidad universitaria. Como ahora debe solventarse.

Uno de nuestros enclaves urbanos, con mucha historia y más vicisitudes. En un principio y cuando despuntó el barrio de San Francisco, se la conocía por plaza de Santa Teresa, y más tarde se la rotuló con el nombre de Hernán Cortés. Muchos alicantinos pensaron que tal nombre se debía a un actor allí llamado y que, aun no nacido en nuestra ciudad, aquí vivió, durante muchos años. Pero en un artículo, publicado en este mismo diario, en junio de 1966, y firmado por Augusto Fresneau, se instó y probó que la plaza se había dedicado a Hernán Cortés, conquistador de Méjico. En cualquier caso, finalmente se la conocería por plaza Nueva, cuya denominación ya ostentó en las primera décadas del siglo XIX.

Es importante recordar -y lo hicimos en este mismo espacio- que en tal plaza se levantó un mercado de abastos, con puestos y casetas de madera, al que se le impuso el nombre del concejal promotor del mismo: García Calamarde. Aquel mercado tuvo una existencia relativamente corta: unos dieciséis años; desde 1883 -fecha que nos ofrece el cronista provincial Vidal Tur- hasta 1900. El nueve de enero del citado año, se expidió el certificado de elevación y traslación del mercado de García Calamarde, según documento firmado por el presidente de la comisión municipal de ornado, señor Martínez Torrejón; por el arquitecto del Ayuntamiento, José Guardiola Picó; y por el contratista que había de llevar a cabo tales obras, Olmos Limiñana.

En abril de 1889, Guardiola Picó redactó un denso informe, que se conserva en nuestro archivo municipal, proponiendo el traslado del mercado al barrio de Benalúa, «en la plazoleta de pinos que da frente a la carretera de Alicante a Ocaña». Después de que el citado técnico redactara las condiciones y el tipo de licitación. El catorce de aquel mismo mes de abril en sesión corporativa, se acordó sacar las obras a subasta pública: tan sólo se recibieron dos pliegos cerrados: el primero contenía una hoja en blanco; el segundo, la cédula personal de José María Olmos Limiñana y el depósito dinerario requerido para optar a la subasta. Naturalmente, a éste se le adjudicaron las obras, el seis de mayo de 1899.

El siete de abril de 1932, se acordó dotarlo de jardines. Luego, ya saben. Ahora, incluso puede tener acuario. En fin, una plaza en busca de su definitiva identidad.

Con ocasión de cumplirse este veinticinco de septiembre, el ciento cincuenta aniversario de la inauguración del Teatro Principal o Teatro Nuevo, recordamos sumariamente otros locales donde, con anterioridad, se efectuaban representaciones escénicas y espectáculos populares. Por supuesto, en primer lugar la Casa de las Comedias, fundada en 1616, en el antiguo Hospital de San Juan de Dios, en uno de sus patios donde se situaba el escenario. Disponía -según nos informa el buen amigo Jaume Lloret Esquerdo, en su estudio aún inédito y de gran interés «Aproximació a la história de les titelles a la ciutat d'Alacant»- de tres hileras de bancos de otros más en la parte central y de un anfiteatro. «També hi havia, al menys, un pis de llotges destinades a les autoritats municipals, als representants estrangerts i a la noblesa local més acabalada». Para el citado autor, la Casa de las Comedias tenía carácter aristocrático, aunque entre su público se contaba además, el clero, la burguesía y las clases medias urbanas.

A principios del siglo XIX, se habilitan provisionalmente algunos lugares para las funciones teatrales: en la calle de Toneleros, el Corralón de los Cómicos; en la calle de Liorna (hoy, López Torregrosa), el Teatro Viejo, del que en esta sección ya hemos escrito en otras ocasiones; y esporádicamente, en algunos hostales y fondas, muchas de ellas sitas en la actual Rambla, como «La Unión», donde llegaban y salían las diligencias, «Tadeo» y «La Figuera». Y más tarde la de Bossio, en la plaza de Chapí, y la Fonda de la Marina, en la que, como en otros establecimientos, de acuerdo con el referido investigador, también se realizaban pruebas de hipnotismo y sugestión.

Cuando se clausuró la Casa de las Comedias, en el Hospital de San Juan de Dios, el propio gobernador propuso, era el siete de enero de 1815, según el documento que hemos consultado, que «por las circunstancias de ser esta una plaza importante de guerra y comercio (...), requiere la habilitación de un comercio». Se acordó que se destinará a tal fin -La Asegurada- por entonces, parque de artillería. Pero al no producirse la adquisición de una casa contigua, para la ampliación del teatro y de las oficinas correspondientes. No prosperó aquella operación. El siete de febrero siguiente, el comerciante José Sirvent se brindó a habilitar un edificio para tal fin, siempre y cuando, durante diez años no se efectuaran representaciones en ningún otro lugar. El Teatro Principal se hacía, con el tiempo, más necesario.

Cada año, por estos tiempos, hay que prevenir. A pesar del calor -o precisamente por ello-, ha sonado la hora de los resfriados, de los catarros y de la gripe. Por fortuna, queda muy lejos la última epidemia de esta enfermedad, que se llevó por delante muchas víctimas mortales.

Fue en 1918 y la ciudad censaba en torno a los sesenta y un mil habitantes, cuando sobrevino la tremenda epidemia, precisamente en el último día de septiembre y en los primeros de octubre. La gripe no perdonó. En el puerto, de acuerdo con la documentación consultada, el alcalde recibió numerosas cartas de la Estación Sanitaria, en las que se daban cuenta de las incidencias registradas en los barcos atracados en nuestros muelles. Varios de los tripulantes de los mismos, perecieron y otros fueron ingresados en el hospital civil.

Sin embargo, la situación más angustiosa se dio en la prisión provincial. El director del centro remitió escritos, en solicitud de ayuda, a todas las autoridades locales y provinciales. El director advertía de que la cárcel carecía de enfermería, de que el número de presos superaba con creces al que permitía la cubicación de los dormitorios, y de que el estado de miseria que reinaba en el establecimiento penitenciario era un verdadero detonante: la promiscuidad podía propagar no sólo la gripe, sino el paludismo y el tifus.

El Ayuntamiento, con medios insuficientes, le pasó la papeleta al presidente de la Audiencia Provincial, y éste -que ya tenía noticias de la dramática situación de los reclusos-, se la endosó al gobernador civil, en su condición de presidente de la Junta Provincial de Sanidad. El gobernador se limitó a ordenar una nueva desinfección de las que se practicaban habitualmente. Puro trámite.

En una nota correspondiente al trece de octubre de aquel año se abundaba en la gravedad de la epidemia: las defunciones oscilaban entre quince y veinte diarias.

En el laboratorio municipal se analizaban las aguas con frecuencia, para investigar si se encontraba, en ellas, el «bacilo Eberth Paratificos, o en cualquier caso el vírgula».

Finalmente, cedió el contagio. El saldo fue casi de trescientas cincuenta personas muertas.

A últimos de abril de 1823, el jefe superior político de Alicante, don Carlos de la Cruz Pujalte, exhortó a los ciudadanos a empuñar las armas contra los llamados «cien mil hijos de San Luis» que, al mando del duque de Angulema, habían invadido España, el día siete de aquel mismo mes.

El citado jefe político estuvo pletórico en su proclama. Apelando al lema de Constitución o muerte acusó a los franceses de llevar a cabo tropelías sin fin: incendio de las casas, ejecución de los más ardientes liberales, tala de árboles y arrasamiento de los campos de cultivo, reducción de los hombres a la condición de esclavos. El panorama justamente era espeluznante. En su marcha hacia Madrid, los ejércitos de Luis XVIII no tenían ningún empacho en «violar a sus esposas e hijas, objeto de placer de una brutal soldadesca».

En base a la declaración de guerra a Francia que decretó el felón Fernando VII, el veintitrés de abril de aquel año, desde el alcázar de Sevilla, al cual se había trasladado, muy a su pesar, por la presión de sus ministros y de las cortes; en Alicante, don Carlos de la Cruz, lanzó una enérgica andanada sobre los colaboracionistas, sobre «un clero que quería volver a los patriotas a las cadenas» y «una inquisición y la teocracia que pretendía reemplazar a la dulzura de sistema constitucional».

Nuestra ciudad vivió meses de angustia y agitación. Los preparativos para repeler la agresión enemiga fueron intensos. Se organizaron partidas para socorrer Valencia, en tanto la junta auxiliar procuraba recaudar las contribuciones de todos los lugares de la provincia, para atender a los gastos que ocasionaban las tropas leales acuarteladas en nuestra ciudad, precisamente en un tiempo -como señala el cronista Nicasio Camilo Jover- nada propicio a la cosecha de granos, lo que impedía a diversos pueblos aportar recursos económicos o alimentarios, para afrontar un desembolso excepcional, en aquellas circunstancias.

Lamentablemente, Fernando VII abandonó Cádiz, para trasladarse al Puerto de Santa María, donde le esperaba Angulema. El rey declaró nulos todos del gobierno constitucional e inició una brutal reacción. Ya lo hemos contado aquí: Alicante capituló el seis de noviembre de 1823. Fue la última ciudad liberal en rendirse al absolutismo y a las tropas francesas.

Precisamente ahora -o quizá por ello- que hemos sufrido la mayor lluvia torrencial de las que se tienen registradas científicamente (en el 82, fueron 220 litros por metro cuadrado; y el treinta de septiembre último, 267), recordamos la carencia de agua potable que históricamente ha sufrido nuestra entrañable isla de Tabarca.

Fue en el año 1966, cuando se iniciaron les gestiones para instalar una planta de potabilización de agua del mar, en la isla, como se desprende del escrito del director de la Comisión Nacional de Técnica Aeroespacial. En virtud de dichas gestiones, se aprobó la instalación de la referida planta que subvencionaría el mencionado organismo. Y pasaron los años. Hasta que en 1975, en noviembre, el ingeniero jefe de los talleres del INTA, inspeccionó detenidamente Tabarca, con objeto de encontrar el emplazamiento más idóneo, dentro de los planes previstos para la ordenación de la isla, y para instalar la planta potabilizadora. Y lo encontró, en la planicie situada al sur del faro. Había una primera alternativa que se abandonó en tanto en cuanto podía impedir la comunicación entre el poblado de San Pablo y el campo.

Aquel emplazamiento, por sus características topográficas, reunía excelentes condiciones. En el acta donde constan estos reconocimientos, se dice: «Con la ocupación máxima de tres mil metros cuadrados, se podía proporcionar un caudal medio anual de doce mil litros diarios». Es decir, una cantidad que se consideraba suficiente para atender las necesidades de abastecimiento del vecindario.

Pero los terrenos previstos a tal fin pertenecían al Ministerio de Obras Públicas. El Ayuntamiento, con la colaboración del INTE, los solicitó para efectuar las oportunas instalaciones. El señor García Romeu presidió el pleno extraordinario, en el que se aprobaron por unanimidad, aquellas instalaciones. Instalaciones que funcionaron muy poco tiempo. De modo que el buque cisterna entró de nuevo en funciones. Hasta que, por fin, el acueducto submarino resolvió el acuciante problema.

No, no tenía apetencia alguna, en recibir más títulos y nombramientos don Miguel. Quizá andaba ya más que hastiado de tantos honores, como había recibido en los primeros años de su mandato; y bien que lo sabía el que fuera alcalde de nuestra ciudad, a quien se le encomendó la entrega del título de «Hijo adoptivo» de Alicante, que le concedió el Ayuntamiento, el nueve de octubre de 1926.

El señor Pérez Bueno, en cumplimiento de su misión, se trasladó a Madrid, para hacerle entrega del correspondiente pergamino, sin que el general le concediese audiencia. Le decían que andaba muy ocupado y que su agenda estaba ya repleta. Pero el ex alcalde no se rindió en su empeño, e insistió.

En una carta confidencial, Pérez Bueno, le comunicó a quien por entonces ostentaba la Alcaldía de Alicante, don Julio Suárez-Llanos, general de brigada, que aquel cambio de actitud psicológica, por parte de don Miguel Primo de Rivera, se debía, sin duda, a que, si en un principio le halagaron las «efusivas muestras de cariño de toda España», se había acostumbrado a las mismas, hasta el punto de mostrarse indiferentes, ante las mismas.

El citado título se le había otorgado por haber incluido el proyecto del ferrocarril a Alcoy, en el programa de prioridades de su gobierno. Y ya conocemos cómo se esfumó aquel proyecto, a pesar del aparente interés con que lo acogió el dictador. En fin.

Es el caso que, la insistencia sin fisuras de Pérez Bueno, fue recompensada finalmente con una audiencia especial que le concedió don Miguel Primo de Rivera, el día dieciséis de marzo de 1927. Según parece, el dictador observó el documento, sin demasiado entusiasmo, y seguidamente manifestó -tal vez, con discreta ironía-, «que pensaba formar una galería de alto interés, con tanto cuadro». La campechanía de don Miguel, ya saben.

A últimos de noviembre de aquel mismo año, los siete municipios por los que había de pasar el presunto tren, es decir: Alicante, Ibi, Onil, Castalla, Tibi, Agost y Alcoy, le concedieron el nombramiento de Bienhechor, en un pergamino realizado por el pintor Adelardo Parrilla, enmarcado en caoba y plata.

Su entrega, también le correspondió al paciente don Luis Pérez Bueno, que tuvo que aguardar una semana, sobre la fecha prevista, para hacer la entrega. Qué paciencia.

La prisa -sin saber, en muchas ocasiones, muy bien para qué ni para dónde- se metió en nuestra bolsa de valores, y parece que es así como un signo exterior de nuestra civilización. Ahora, hay ferrocarriles de velocidad alta y de alta velocidad, y se disputa por ambos -más por los segundos-, y ya se ha defenestrado el cabriolé y hasta el automóvil de cien por hora. Hablando de estas cosas, Américo Castro -muy poco antes de su muerte- nos contó la anécdota de un campesino que andaba hacia su casa. El ensayista y sus amigos que viajaban en coche, se detuvieron y le preguntaron que a dónde iba. «Allá -les respondió señalando la lejanía- a recogerme con la familia». Le dijeron que subiera al vehículo, que lo llevarían en cinco minutos. El campesino los miró con desconfianza y replicó: «¿Y qué hago yo con los veinticinco minutos restantes?, ¿perderlos? Gracias, señores. Sigan su camino que yo haré mi trabajo».

Pero la prisa nos entró hace algún tiempo. En 1914, cuando un grupo de concejales, entre los que se contaban Alfonso de Rojas, Ricardo Pascual del Pobil, Sebastián Cid, Ernesto Mendaro, Joaquín Vidal, Juan Langucha y algunos más, solicitaron, mediante moción, que se suscitase una comisión, con objeto de pedir a la compañía MZA, una modificación en los itinerarios de los trenes de viajeros, para que el traslado de Madrid a Alicante y viceversa, tuviera una duración menor, por cuanto el trayecto resultaba poco menos que insoportable.

Naturalmente, argumentaron, una vez más, que nuestra ciudad era el puerto de Madrid, por razones geográficas -la menor distancia-, las mismas que habían motivado el hecho de que al iniciarse la explotación de las líneas férreas, una de las primeras fue la que unía la capital de la nación con la de la provincia, «buscando el itinerario más corto entre el mar y el centro de España». Alegaron los ediles que el puerto, «gracias al generoso empeño de hombres como Canalejas», estaba dotado admirablemente y en condiciones de llevar a cabo sus actividades comerciales.

El alcalde, Ramón Campos, se mostró de total acuerdo. Y el concejal Rojas propuso que se incorporaran a la comisión los presidentes de la Cámara de Comercio, del Círculo Mercantil, de la Liga de Propietarios y de la Diputación. Y llamaron a las puertas de MZA y luego a la Renfe. Y como si nada.

En el año 1867, sobre el antiguo malecón (o terraplén para contener las aguas), el gobernador civil don Perfecto Manuel de Olalde, de acuerdo con el alcalde constitucional, don Juan Bonanza Roca, decidió construir un paseo, con algunas glorietas y jardines, de acuerdo con los planos que se le habían encomendado al inolvidable arquitecto municipal, don José Guardiola Picó.

Por decisión municipal, a aquel nuevo espacio urbano, se le rotuló con el apellido de la primera autoridad provincial: Paseo de Olalde. Es un nombre escasamente conocido. Quizá, porque apenas si duró unos meses.

A raíz de la revolución de septiembre de 1868, que destronó a Isabel II e inició el sexenio liberal, la Junta Revolucionaria que presidía Tomás de España, tomó la decisión de denominarlo, en la sucesivo, Paseo de los Mártires, tal y como lo habían titulado, el ocho del pasado mes de marzo y en memoria del coronel de carabineros Pantaleón Boné y de sus compañeros, que fueron ejecutados en aquel lugar, tras el pronunciamiento progresista de 1844.

El cronista popular, Francisco Montero Pérez, nos cuenta cómo «el entusiasta patriota don Salvador Barberá, siguiendo la costumbre de otras liberales, arrojó en los jardines que daban frente a la calle de Bilbao, ramos de flores y coronas, en torno a una tablilla, en la que aparecía escrito "Paseo de los Mártires de la Libertad"». Es un hermoso episodio del que apenas si tenemos más referencias.

Es el caso que así quedó, hasta que, con el tiempo, fue reemplazado tal nombre, por el de Explanada o Explanada de España, los terrenos comprendidos entre la plaza del Mar o Puerta del Mar y el antiguo fuerte de San Carlos -o el lugar donde este estuvo emplazado-, a la altura de la plaza de Gabriel Miró.

Malecón, Paseo de Olalde, Paseo de las Mártires de la Libertad, Explanada. En 1958 y 1959, el alcalde don Agatángelo Soler Llorca pavimentó con teselas de mármol de distintos colores, el emblemático espacio junto al mar. Recientemente y bajo el mandato del alcalde don Ángel Luna, se llevó a cabo la restauración del referido pavimento.

Desde que se inició el presente siglo, hasta el día de hoy, contabilizamos, salvo alguna omisión, al frente de nuestro Ayuntamiento, un total de cuarenta y siete alcaldes, según un listado de los mismos, elaborado en 1979, por el titular del Archivo Municipal, y en el que se incluyen a Ambrosio Luciáñez Piney y a Pascual Coloma, ambos, como ya hemos comentado en más de una ocasión, en esta misma columna cronística, aceptados por unos como tales; y por otros, tan sólo considerados interinos o en funciones. Aspecto en el que no abundamos, hoy, por haberlo hecho ya, en su momento y de acuerdo siempre con la documentación de que disponemos al respecto.

De estos alcaldes, los dieciocho primeros corresponden al periodo de la Restauración, con su turnismo de conservadores y liberales, su transfuguismo, y sus diversas fracciones, más o menos democráticas y progresistas. Los primeros son Alfonso Sandoval, barón de Petrés, y José Gadea Pro; y el último, Antonio Bono Luque. Miguel de Elizaicin y España inaugura la época de la dictadura primorriverista que cierra, al frente de la corporación municipal, Julio Suárez-Llanos Sánchez; con dictablanda de Berenguer, ocupan alcaldía Florentino de Elizaicin, Gonzalo Mengual Segura y el todoterreno incombustible Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri.

Tras la proclamación de la República, Lorenzo Carbonell Santacruz preside una corporación entusiasta; por diversas circunstancias de las que aquí hemos dejado noticia, la sustituirán en el cargo Alfonso Martín de Santaolalla (o Santa Olalla) y José Pascual de Bonanza Pardo, para retomar la alcaldía Lorenzo Carbonell, hasta los comienzos de la guerra civil y la hegemonía del Frente Popular. Durante el conflicto bélico, presiden el consejo municipal, sucesivamente, Rafael Millá Santos, Santiago Martí Hernández, Ángel Company Sevilla y Ramón Hernández Fuster.

Tras la derrota de la República, el primer alcalde franquista es Ambrosio Luciáñez Riesco. Le siguen ocho más, hasta la transición democrática, época en que empuña la vara de alcalde José Manuel Martínez Aguirre. Su renuncia, para presentarse a las elecciones, dejará el cargo en manos de Ambrosio Luciáñez Piney y Pascual Coloma, con las dudas sobre su titularidad que ya hemos advertido. Finalmente, las elecciones municipales democráticas, elevarán a la alcaldía a José Luis Lassaletta Cano, Ángel Luna (ambos del PSOE) y Luis Díaz Alperi, del Partido Popular. De todos y cada uno de ellos hemos dado puntual referencia a lo largo de nuestras casi 1.800 crónicas. Muchos de estos alcaldes lo fueron ex mandatos intermitentes como Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri que ocupó el cargo en cuatro ocasiones diferentes. Lassaletta como lo ostentó durante tres mandatos consecutivos, en total más de 12 años, al frente de la alcaldía. Un récord imbatible ya en este siglo. El último alcalde de Alicante del segundo milenio es aún una incógnita.

Nos hemos referido aquí, a los masones y a las logias alicantinas, y aportamos, en su momento, documentos de interés, para los estudiosos de estos temas y de nuestros lectores, en general. Uno de los alcaldes más elogiados y hasta carismático de nuestra ciudad, fue el republicano Lorenzo Carbonell Santacruz.

Pues bien, Lorenzo Carbonell ingresó en la logia «Constante Alona» y adoptó el nombre simbólico de «Máximo Gorki». Con el tiempo, alcanzó el grado dieciocho que lo distinguía como «Soberano Príncipe Rosa Cruz». Todos estos datos -y bastantes más- proceden de una copia de la sentencia dictada contra el ex alcalde Carbonell, en Madrid, el día tres de diciembre de 1943, y cuyo original se guarda, como ya advertimos, en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca. En ausencia del procesado que se encontraba en paradero desconocido, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, presidido por el general Saliquet, lo condenó a veinte años y un día de reclusión mayor, y a inhabilitación absoluta y perpetua por «su alto grado alcanzado en la Masonería». Después, se ordenó a la dirección general de Seguridad, la busca y captura del sentenciado, para proceder a su ingreso en prisión.

Naturalmente, Lorenzo Carbonell nunca llegó a cumplir tal sentencia. Ya el veintiocho de septiembre de 1940 (BOP del dos de noviembre de aquel año), el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas también lo había sentenciado «a inhabilitación absoluta de los cargos que se refiere el artículo once; extrañamiento, durante quince años, a nuestras posesiones de África; y al pago de cien mil pesetas».

Pero Lorenzo Carbonell Santacruz se encontraba en Orán, tras una estancia en Marsella, exiliado y juzgado en rebeldía. En la noche del 29 al treinta de marzo de 1939, salió de nuestra ciudad, rumbo a Marsella, en el «Marítima», cuando las tropas franquistas entraban en Alicante. Regresó con setenta y siete años de edad, en 1960, y no cumplió aquella larga condena que se ganó por su sola condición de masón.

Después de muchos años, con aquellos coches movidos por tracción animal, nuestros tranvías entraron en el progreso de la electricidad. Todo un acontecimiento. Sucedió el domingo, veintiocho de septiembre de 1924, a punto pues de cumplirse el sesenta y un aniversario de aquella celebrada efemérides.

En el recinto de La Florida, que algún gacetillero de la época denominó Estación de Tranvías, se engalanó, para la ocasión con guirnaldas y gallardetes, con los colores nacional y local. Y en la parte interior, se estableció un comedor, lleno de plantas y flores, con las mesas dispuestas para el lunch que serviría el hotel Samper.

Allí estaban el alcalde, Miguel Salvador Arcángel, con una nutrida representación municipal. Poco después, llegó el gobernador cívico militar, general Cristiano Bermúdez de Castro, acompañado de su ayudante; el presidente de Diputación, Juan Grau y el vicepresidente de la comisión permanente, general Sanza; magistrados, jueces, profesores de todos los centros docentes, el Colegio Médico, jefes y oficiales del Ejército y de la Marina, el presidente y director de la Junta de Obras del Puerto, Clemente y Sánchez Guerras; el presidente de la Asociación de la Prensa, Florentino de Elizaicin, y varios directores de diarios y periodistas; deportistas, artistas. En fin, las fuerzas vivas, entre las que se encontraba el abad de la colegiata doctor Nájera. El obispo, doctor Irastorza, llegó en automóvil y fue recibido por el presidente del consejo de administración de Tranvías, Venancio Echevarría y por el consejero del mismo y ex alcalde Antonio Bono Luque.

Después de dar una vuelta por el barrio de La Florida, el obispo procedió a la bendición de instalaciones y vehículos; y seguidamente pronunció un discurso en el que dijo, entre otras cosas, que con aquella mejora «el proletariado podía recorrer grandes distancias sin fatigas ni desgaste personal». Hizo uso de la palabra Venancio Echevarría, quien agradeció las facilidades prestadas por Alicante, San Vicente, Muchamiel y San Juan; y concluyó el turno de intervenciones, el ingeniero de la empresa Fernando Daumey. Finalmente, en varios coches, las autoridades e invitados recorrieron gran parte de la ciudad (carretera de Ocaña, Maisonnave, Gadea, Rafael Terol, plaza de Isabel II, Alfonso el Sabio, Calderón de la Barca, San Vicente, López Torregrosa, etcétera, para regresar de nuevo a la Florida). Tomaron fotos de aquellos actos Cantos, Bosch y Torres, y el administrador de la fábrica de tabacos, Tomás Tato Ortega, impresionó una cinta cinematográfica. La red comprendía veintiocho kilómetros y hasta entonces la Compañía de Tranvías y Electricidad, había invertido en la transformación de sus vehículos cuatro millones setecientas mil pesetas.

A uno de los alcaldes más queridos por el pueblo alicantino, se le condenó por el delito de masonería a la pena de veinte años y un día de reclusión mayor. Se le juzgó en rebeldía, porque Lorenzo Carbonell Santacruz se encontraba, por entonces, exiliado en Orán a donde habla llegado, procedente de nuestra ciudad, tras una breve estancia en Marsella.

Previamente, según se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia, el relevante alcalde republicano fue sentenciado en Valencia, por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas «a la inhabilitación absoluta de los cargos que se refiere el artículo once; durante quince años, extrañamiento a nuestras posesiones de África, y a la economía de pago de cien mil pesetas, quedando pendiente de la resolución el apartado h), hasta tanto se dicten las disposiciones transitorias para aplicación de la ley especial de la Represión de la Masonería y del Comunismo (...)». La fecha es del veintiocho de septiembre de 1940 y la de su publicación en el BOP, del dos de noviembre del mismo año.

Pero a esta sentencia, habría de agregarse aún otra más cruel: la dictada por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo, en Madrid, el tres de diciembre de 1943, según fotocopia de la misma que obra en nuestro poder, y cuyo original se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca. En la misma, el citado Tribunal, que presidía el general Saliquet, se nos informa que el procesado, en ignorado paradero, Lorenzo Carbonell Santacruz ingresó en la logia «Constante Alona», de Alicante, y que adoptó el nombre simbólico de «Máximo Gorki». Llorenset, con el apelativo respetuoso y entrañable con el que se le conocía, en nuestra ciudad, siempre de acuerdo con el citado documento, alcanzó el grado dieciocho de «Soberano Príncipe Rosa Cruz». Estos hechos, que la sentencia recoge como probados, y particularmente «el de su alto grado alcanzado en la Masonería», constituyen una circunstancia agravante, «por lo que procede imponer la mayor de las penas señaladas (en la Ley de 1.ª de marzo de 1940)». Tras los considerandos pertinentes, «se le condena a la pena de veinte años y un día de reclusión mayor, accesorias legales de la interdicción civil e inhabilitación absoluta perpetua (...)». Asimismo, se dispone que por la Dirección General de Seguridad se proceda «a la busca, captura y prisión del sentenciado».

Lorenzo Carbonell abandonó Alicante en la noche del 29 al 30 de marzo de 1939, en el barco «Marítima», rumbo a Marsella, cuando prácticamente nuestra ciudad estaba en manos de las tropas franquistas. Regresaría de Orán, en 1960, con setenta y siete años de edad. Por fortuna aquella sentencia nunca llegó a cumplirla.

Pero, así, lo que se dice al pie de la letra: todos los vecinos tenían que dedicar, cuando menos, quince días cada año, en los trabajos de formación y reparo de nuestros caminos, ya fueran reales, ya particulares, y que facilitaran la comunicación de estos, con otros municipios contiguos. Justamente, hasta la raya de separación, tenían que sudárselo. Y no valían excusas, ni pretextos de ningún tipo, el justicia de Alicante, o de cualquier otra población, tenía suficientes poderes, para llevárselos al tajo. Hasta los más privilegiados, cualquiera que fuese su estado o condición, debían cumplir con faena. No obstante, si alguien, en función de su profesión, no podía atender aquella obligación de carácter colectivo, lo suplían sus hijos, sus criados, sus caballerías y sus carros.

El veintidós de septiembre de 1764, se aprobó el correspondiente reglamento y ordenanza, referente a la composición y conservación de los caminos, sin que por ello se derogasen otros estatutos referentes a la misma cuestión, y que pudieran tener vigentes algunas de las ciudades y pueblos del Reino de Valencia.

El documento que nos informa de este trabajo social y gratuito es amplio y minucioso. Contiene un total de diecisiete artículos, y en algunos de ellos, concretamente en el sexto, se especifican las particularidades de algunos caminos. Así, por ejemplo, el real o general debía tener de anchura cuarenta palmos (veintiún centímetros), como mínimo; el que iba de pueblo a pueblo, es decir, el camino particular, veintidós; y la senda para el ganado, llamada azagador, doce.

Luego estaban las actuales señales de tráfico que el citado documento resuelve con el siguiente texto: «Para evitar las incomodidades y extravíos a que están expuestos los pasajeros y comerciantes, por la falta de noticia de los diferentes caminos que se dividen en un mismo paraje, será de la atención y cuidado de los justicias que, en todos los sitios o donde se junten dos o más caminos o sendas, se ponga de fijo, bien sea de madera o de piedra, un pedestal, con una tarjeta o letrero que diga: camino para tal lugar». Además, debía igualmente hacerse constar los caminos que fueran para carruajes y aquellos otros tan solo de herradura. Disposiciones, con más de dos siglos, que aún podrían ser útiles para mejorar algunas de nuestras deficientes señalizaciones.

Ahora que persiste la sequía y acucia la escasez de agua; ahora que el alcalde Díaz Alperi se va de visita a Israel a ver cómo se lo hacen, y el presidente Julio de España atiende con esmero el riego por goteo, no es mal momento para recordar la propuesta de instalación de la planta piloto de la potabilización de agua del mar, en la isla de Tabarca, gracias a la moción de la comisión de promoción de la misma.

Ya en 1966, se iniciaron las gestiones con tal propósito, en virtud del escrito del director de la Comisión Nacional de Energías Especiales, integrada después en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

Posteriormente, se acordó la instalación de tal planta piloto subvencionada con los fondos del citado organismo. El nueve de noviembre de 1975, el ingeniero Boente, jefe de los talleres del referido instituto llevó a cabo un reconocimiento de la isla, con el fin de encontrar el emplazamiento adecuado para la potabilizadora, teniendo en consideración los planes previstos para la ordenación de Tabarca.

Se estimó finalmente como lugar idóneo la planicie que existe al sur del faro, compatible con el plan parcial previsto, toda vez que si bien se pensó, en un principio, instalarla más hacia el oeste, se podía yugular la comunicación entre el poblada de San Pablo y el campo de la isla. Por otra parte, el terreno señalado, por su orientación y características topográficas reunían las condiciones más ajustadas al proyecto. De acuerdo con el acta donde se contienen estas apreciaciones, «con la ocupación máxima de tres mil metros cuadrados se podía proporcionar un caudal medio anual de doce mil litros diarios». Cantidad que se estimaba suficiente para resolver los problemas de abastecimiento que padecía la entrañable isla, de forma inmediata. Así, se conseguiría tiempo para efectuar las instalaciones definitivas de los servicios generales para Tabarca, que se habían de contemplar en el mencionado plan parcial. Aquellos terrenos elegidos eran de propiedad del Ministerio de Obras Públicas lo que obligaba al Ayuntamiento a solicitarlas, con el apoyo del INTE, quien se encargaba de las instalaciones de la estación potabilizadora, las cuales, una vez en funcionamiento quedarían a cargo del consistorio. El pleno municipal tomó el acuerdo por unanimidad, bajo la presidencia del alcalde Francisco García Romeu, en sesión extraordinaria del veintiocho de febrero de 1975.

Sin embargo, la planta potabilizadora se instaló y funcionó por un tiempo relativamente breve: su levedad no soportó, entre otras posibles causas la actividad lúdica de la grey infantil. El buque cisterna continuó con sus idas y venidas, hasta que años después las acueductos submarinos resolverían el espinoso asunto.

En los últimos años, la enseñanza pública ha observado un notable retroceso. En opinión, debidamente contrastada, de sindicatos y asociaciones de padres, se está potenciando la privada en detrimento de la que pagamos entre todos los contribuyentes. Pero tan desolador problema, ya lo apreció don Eliseo Gómez Serrano, catedrático de Geografía e Historia, en la Escuela Normal y director de la misma de 1931 a 1934, cuando, tras la proclamación de la Segunda República Española, ocupó la Concejalía de Cultura, en el primer Ayuntamiento alicantino de aquella época, que presidía don Lorenzo Carbonell.

Lo primero que hizo el edil Gómez Serrano, después de indagar cuál era la situación escolar, fue recoger unos datos que ponían de manifiesto el abandono y desinterés que había demostrado el gobierno del general Primo de Rivera, por la educación pública. Luego elaboró el correspondiente informe. En septiembre de 1931, según se contiene en el dicho informe, había en nuestra ciudad, tres mil cuatrocientos párvulos -de tres a seis años- a los que tan sólo podían atender dos maestros. Los alumnos de seis a catorce años sumaban un total de once mil novecientos, niños y niñas, a quienes no podían impartir clases más que cincuenta enseñantes de ambos sexos. Don Eliseo que era hombre íntegro, honesto y competente en su docencia, escribió al respecto: «Cuando a razón de cincuenta alumnos, como máximo, para escuela o grado, serían necesarios doscientos treinta y ocho maestros y maestras». ¿Qué les parece?

En cuanto se refiere a las escuelas, por el estado inadecuado o deteriorado de los edificios donde se encontraban, las calificó de verdadero «baldón para Alicante». De acuerdo con sus cálculos y estimaciones, para resolver el acuciante problema de la escolarización, eran necesarios veintitrés grupos escolares y una escuela normal donde pudieran cursar sus estudios de magisterio hombres y mujeres. En su informe que nos vemos obligados a resumir, por razón de espacio, manifestó la necesidad de que todos los grupos estuvieran dotados de comedor escolar y servicio de cantina. Además propuso la edificación de escuelas unitarias y mixtas, en la práctica totalidad de nuestras partidas. El presupuesto para llevar a cabo su programa ascendía a nueve millones y medio de pesetas. Tanto el Ministerio de Instrucción Pública, como la Dirección General de Primera Enseñanza acogieron favorablemente el proyecto.

A raíz de los sucesos revolucionarios de octubre de 1934, no solo se produjo el cese del Ayuntamiento elegido, en abril de 1931, sino que el gobernador Vázquez Limón también suspendió en sus cargos a los gestores (diputados) de la comisión o corporación provincial. Acerca de las circunstancias por las que pasaron Lorenzo Carbonell y sus ediles, ya hemos escrito lo suyo, en este espacio.

Con respecto a la Diputación, la medida de la primera autoridad provincial afectó a Agustín Mora Valero, concejal y presidente de la institución provincial, quien además ostentaba la jefatura del Partido Radical Demócrata; y con él, salieron José María Rivelles y Joaquín Vera Pérez, representantes de Alicante y Elda, respectivamente. De manera que en la Diputación tan sólo quedaron -y tomamos los datos del «Diario de Alicante», del veinte de octubre de 1934- dos diputados radicales, dos de la CEDA, un conservador y un independiente.

El jueves, día veinticinco de aquellos mismos mes y año, se celebró una sesión extraordinaria, con gran afluencia de público, bajo la presidencia interina del vicepresidente Ramón Alonso, y la asistencia de los señores diputados Menor, Zaragoza, Alberola, Mengual y Puigcerver. El secretario de la corporación provincial, señor Mingot, procedió, en primer lugar, a la lectura de la comunicación del titular del Gobierno Civil, el ya citado Vázquez Limón, por la que suspendía en sus correspondientes cargos a los ya relacionados señores, y nombraba, en su defecto, a José Pérez Molina, Arturo Gadea Pro y Francisco Botella Payá.

A continuación, el presidente interino tuvo unas frases de elogio para Agustín Mora, y saludó la presencia de los nuevos gestores o diputados, a quienes felicitó por su nombramiento. Por último, se procedió, por votación, a la elección del nuevo presidente, José Pérez Molina, con ocho papeletas a su favor y una novena en blanco, obtuvo la presidencia. Luego, Alberola Such felicitó a Pérez Molina en nombre de la Derecha Regional Agraria y le ofreció la colaboración del diario de la misma «DRA». Sucedía ya, en lo que algunos historiadores han llamado el «bienio negro» de la República.

En plena dictadura primorriverista, el diario de la mañana «El Tiempo» que dirigía Manuel Pérez Mirete, elogió la figura del marqués de Fontalba, quien se propuso llevar a efecto una ingente obra de riegos, capaz de convertir le vega del Segura, en una de las más fértiles de toda España. El señor marqués no sólo era un propagandista de nuestras tierras y benignas condiciones climáticas, sino que, para dar ejemplo, «sobre las márgenes frondosas del Segura, mandó construir una señorial mansión», en la que solía pasar largas temporadas.

Para financiar aquellas obras, según el referido periódico, se recurrió al Bando Urquijo, del que el marqués de Fontalba era, precisamente, alma y promotor.

Hasta donde llegaba el recabado alicantinismo del citado marqués nos lo prueba el hecho de que, un año antes, cuando finalizó la construcción del gran coliseo, en Madrid a cuya inauguración asistieron los reyes, no pudo celebrarse ésta con una obra que el propio marqués había encargado a don Carlos Arniches. Sin duda, el comediógrafo apremiado por sus múltiples compromisos no pudo atender aquella petición.

El marqués de Fontalba le había solicitado, de acuerdo con el laudatorio artículo de «El Tiempo», una comedia rural, de costumbres alicantinas, sin que le alcanzara a tiempo, para su estreno en la solemne inauguración. Sin embargo, la comedia citada y titulada «El tío Quico» sí se representaría en el teatro Fontalba, concretamente, el veintiocho de marzo de 1925, «por cierto, con grande y merecido éxito».

Arniches la escribió en colaboración con Aguilar Catena, obra que se publicaría tres años después de su estreno en la colección «La Farsa», de la editorial Rivadeneyra. Y es que por aquellos años, nuestro autor andaba muy solicitado y trabajaba sin tregua. En la década de los veinte, Carlos Arniches puso en escena -y no agotamos todos los títulos- «La chica del gato», «La heroica villa», «Es mi hombre», «La locura de don Juan», «La cruz de Pepita», «El último mono o el chico de la tienda», «Para ti es el mundo» y, en colaboración, «El tío Quico», la comedia que no llegó a tiempo, para que el marqués de Fontalba, inaugurara su teatro madrileño, como había pretendido.

Fue el martes de junio de 1935, cuando se procedió a la subasta del solar resultante del derribo del antiguo convento de las Capuchinas, en la Rambla o avenida de Méndez Núñez. Cuando aquel día, concluyó el plazo, tan solo se había presentado un pliego correspondiente al Banco de España. De acuerdo con las condiciones del anuncio publicado en la «Gaceta de Madrid» y en el «Boletín Oficial de la Provincia», había que adjudicárselo, con carácter provisional, en tanto se llevaban a cabo los trámites precisos, para que dicha adjudicación fuera definitiva.

Naturalmente, tanto don Juan Alemany como don Francisco Paniagua, secretario y director, respectivamente, de la entidad bancaria expresaron su satisfacción, por aquel emplazamiento, en pleno corazón de Alicante, en donde se levantaría la sede de la sucursal del Banco de España, y por cuanto con ello -y parecen frases de la más palpitante actualidad- «se mejorará el ornato de la ciudad y continuará el predominio del centro comercial, en las calles colindantes e inmediatas al lugar, en las cuales figuran los establecimientos comerciales más antiguos de la ciudad».

A raíz de dicha adjudicación, el alcalde Lorenzo Carbonell escribió en «El Luchador» que el Ayuntamiento obtenía por la venta del solar la cantidad de 547.780 pesetas, y que debían pagarse las casas del antiguo colegio de San José y la que ocupaba la Diputación Provincial, cuyos expedientes -según afirmaba- estaban ya terminados e incluso prevista la demolición de tales edificios. «Puede pagarse también el inmueble y la indemnización de otro de la calle de Castaños, para la apertura, hasta la Rambla, de la calle de San Idelfonso». Para el alcalde era todo un reto conseguir que «la antigua Diputación a tres fachadas y con capacidad suficiente» la adquiriera el Estado, para construir, en aquel mismo solar, la Delegación de Hacienda, toda vez que estaría situada junto al Banco de España.

En el «Diario de Alicante», del ocho de junio de 1935, se apoyaba la propuesta de don Lorenzo Carbonell y se decía textualmente: «Esté seguro el señor Carbonell de que el diputado por Alicante don Joaquín Chapaprieta en su condición de representante de la provincia y como ministro de Hacienda, ha de hacer cuanto deba para que esta necesidad de los alicantinos se logre». Años después, el «Corazón de Alicante» sufriría taquicardias.

Cuando nuestra habitual columna dedicada a la crónica de la ciudad de Alicante ya sobrepasa, con creces, las mil quinientas, lo que supondría un volumen de cerca de dos mil páginas, la historia nos ofrece siempre un nuevo aspecto, un episodio de mayor o menor calado, un personaje, tal vez, escasamente conocido o nada reconocido. La historia resulta inagotable, cuando se ausculta, día a día, y se le pone cariño y se le echan horas a la investigación y el mejor empeño, para que poco, se nos quede en la memoria. Con esa intención de rigor, paciencia y metodología, que viene presidiendo nuestro cotidiano trabajo, volvemos a la figura de un coterráneo, a pesar de que nuestro admirado cronista, Montero Pérez, le atribuyó razonablemente cierta ingratitud, para con su lugar de origen. Nos referimos a José Carratalá Martínez, que aquí nació, en diciembre de 1781.

Aquel joven, pronto abandonaría su inicial vocación sacerdotal, para entregarse a los estudios de Derecho, en Valencia, en cuya universidad obtendría la licenciatura, a los veintisiete años de edad, es decir, en 1808. Con su título, se instaló en Madrid, para ejercer su profesión, pero las circunstancias, pronto le obligarían a regresar a Alicante, su ciudad natal, donde se integró en la Junta de Salvación, cuando, el dos de mayo, España se levantó contra los franceses.

José Carratalá tenía evidentes condiciones de mando, de forma que, desplazado a Almansa, con su enfervorizada conducta, movilizó a numerosos jóvenes alicantinos, procedentes de familias acomodadas. Su palabra fluida y su entrega a la defensa del suelo invadido, le llevó a organizar un regimiento de infantería, por lo que sus superiores le ofrecieron el grado de comandante que rechazó, para aceptar tan sólo el de alférez. Durante la guerra de independencia, fue herido en varias ocasiones y recibió las condecoraciones militares de San Fernando y San Hermenegildo. Había comenzado su carrera militar.

Carrera que lo llevaría al frente del Ministerio de la Guerra, según real decreto del día dieciséis de enero de 1838, firmado por la reina regente doña María Cristina de Borbón, tras la renuncia al cargo del general Espartero, como consta en la «Gaceta de Madrid». Antes, don José Carratalá, con el grado de mariscal de campo, firmaría las capitulaciones en Ayacucho, en donde se libró la batalla que dio a los peruanos su independencia.

Cuando el tres de abril de 1979, se celebraron las primeras elecciones municipales, las urnas otorgaron a nuestra ciudad un Ayuntamiento de implantación democrática, presidido por José Luis Lassaletta Cano y gobernado por socialistas y comunistas, en tanto los ediles de la UCD asumían la oposición. Por supuesto, todos los concejales acataron la norma constitucional, jurando o prometiendo cumplirla, en la toma de posesión de sus cargos.

Sin embargo, el Ayuntamiento democrático no fue estrictamente constitucional, hasta el pleno que se celebró el cinco de diciembre de 1980 -es decir, prácticamente dos años después de que se refrendara la Carta Magna-, en el que, de forma corporativa se hizo pública la adhesión a la Constitución de 1978. En aquel pleno, se consagró el principio de la soberanía popular, y se estableció la confianza de que lo antes posible se desarrollara al artículo ciento cuarenta del ordenamiento constitucional, en el que se contempla y garantiza la autonomía municipal, por la que tanto se había luchado a lo largo de muchos años.

Precisamente, el edil del PCE-PCPV, José María Perea, recordó que al día siguiente de la sesión plenaria, se cumplía el segundo aniversario del ya aludido referéndum. Perea manifestó, en su intervención, que se había aprobado una constitución para todos los españoles. Tras el edil comunista, tomó la palabra el concejal Berenguer, de la UCD, quien expresó su deseo de una ley fundamental duradera y que no estuviera sometida a continuos cambios, tal y como había ocurrido a lo largo del siglo XIX. Berenguer destacó la importancia de los estatutos autonómicos. En su turno, el socialista Fernández Valenzuela abundó en que todas las constituciones de los últimos ciento sesenta años, habían sido dictadas con criterios partidistas, en tanto la actual era -y es- una Constitución pactada por todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. En apoyo de sus palabras, su grupo presentó un resumen de los textos constitucionales, desde las Cortes de Cádiz «que no eran más que la expresión de la organización política que los redactaba». Los propósitos y principios expuestos, fueron firmados por los representantes de los tres grupos municipales: Fernández Valenzuela, Rosser y Perea.

Acerca de los sucesos de octubre de 1934 y de sus repercusiones en nuestra ciudad, nos hemos ocupado en varias de nuestras habituales columnas dedicadas a la crónica local. Disponemos, sin embargo, de la relación que de tales circunstancias dejó escrita el edil de Izquierda Republicana y abogado don Juan José Cremades Fons, quien así se lo refirió al secretario de la corporación municipal, el día veintitrés del citado mes, para que quedara de todo lo acaecido, constancia escrita.

Según el señor Cremades Fons, el seis de aquel octubre, por la mañana, el tener conocimiento de una huelga general en Alicante, se personó en las Casas Consistoriales, en las que permaneció casi todo el día, sin abandonar su puesto más que lo preciso, para atender las obligaciones de su cargo. Que el siete, y al informarse de la proclamación de estado de guerra, se constituyó nuevamente en el Ayuntamiento, desde bien temprano, y al que acudieron el alcalde, don Lorenzo Carbonell, el concejal don Agustín Mora Valero y otros miembros corporativos. Los dos primeros, en su condición de alcalde y presidente de la Diputación Provincial, a temprana hora, visitaron al comandante militar de la plaza, con objeto de ponerse a disposición del mismo.

Don Juan José Cremades Fons manifestó en su exposición de los hechos, que durante los tres días siguientes, no recibió requerimiento alguno, ni petición de auxilio por parte de la autoridad militar. Sin embargo, el nueve, de madrugada, y cuando se encontraba descansando en su domicilio, recibió la visita de dos agentes de vigilancia y de dos guardias civiles, quienes le mostraron una orden de detención. Mientras se vestía en su dormitorio, uno de los dichos guardias civiles permaneció, fusil en mano, en la misma puerta. Posteriormente, fue trasladado al reformatorio, en el cual permaneció durante los días nueve, diez y once. Luego, fue puesto en libertad, por orden verbal, pero con la condición de permanecer confinado en su casa, donde estuvo, después de que tal orden se ratificase por escrito, hasta el veintidós. En ningún momento se le tomó declaración, ni se le abrió expediente administrativo ni judicial. Suspendido como edil republicano, por elección popular, dio fe de su solidaridad con los compañeros de su grupo municipal, con el alcalde, y expresó su condición de responder de su conducta intachable.

Hace ya cincuenta y ocho años que la antigua estación de MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante) está promoviendo especulaciones, sin que, hasta el momento se haya resuelto nada. Parece, últimamente, que el soterramiento de las vías puede ser la solución, que se anda buscando desde 1939.

El cuatro de noviembre del citado año, se planteó el problema en un pleno municipal de carácter extraordinario. En el acta correspondiente se recogió las gestiones que se estaban llevando a efecto, para que la Estación quedara situada más al exterior, toda vez que, a juicio de la corporación, «quedaba como embotada dentro de la ciudad». No parecía ser aquel, sin embargo, el momento más oportuno, para meterse en traslados. Cierto que documentalmente consta que el proyecto, junto con otros, se contemplaba en «un plan que se estaba confeccionando y que no se basaba en meras aspiraciones imaginativas, sino en estudios que realizaba el señor arquitecto municipal».

En un principio, se insinuó le posibilidad de su retranqueo. Pero el alcalde, don Ambrosio Luciáñez Riesco, iba más lejos en sus propósitos: pretendía el cambio de emplazamiento y la desaparición de los pasos a nivel que colapsaban la ciudad.

Algunos meses más tarde, el treinta de agosto del año 1940, el alcalde elevó dos propuestas sobre el asunto: la primera, dirigida al director general de Ferrocarriles; la segunda, a la compañía Madrid-Zaragoza-Alicante. A raíz de las gestiones, se consiguió que desaparecieran los referidos pasos a nivel que aún tantos hemos conocidos. Claro que mucho tiempo después de haberlo solicitado. Pero la Estación continúa en el mismo lugar y los problemas han crecido, en la medida del desarrollo demográfico y urbano.

Las instalaciones ferroviarias que se inauguraron el veinticinco de mayo de 1858, con la llegada de Isabel II y en medio de un lógico clamor público, no tardarían mucho en convertirse en una barrera que ha impedido el crecimiento de la ciudad. A lo largo de los años, se ha debatido su retranqueo, su desplazamiento a la vieja Estación de Murcia, con la subsiguiente pérdida litoral. Hoy, parece que el soterramiento es la solución más propicia y más aceptable. Un problema que viene ya de antiguo y que está finalmente entrando en las vías adecuadas para su despacho. No es fácil y son muchos los flecos. Pero confiemos en que no sean vías muertas.

La campechanía presidió la reunión que el general don Cristino Bermúdez de Castro mantuvo con diversos periodistas alicantinos. El gobernador civil y militar de la provincia estuvo afable y advirtió a sus interlocutores que, en manera alguna, haría diferencias entre personas de ideas socialistas, republicanas o retrógradas, por cuantos todos eran ciudadanos susceptibles de recibir el amparo o el castigo, tan sólo en virtud de su conducta, con respeto al cumplimiento de la ley. Con la mayor sutileza, Bermúdez de Castro manifestó que todo el mundo podría hacer lo que quisiera, siempre que estuviera dentro de los límites del deber. La ley marcial se proclamó el catorce de septiembre de 1923, es decir, un día antes de que se constituyera el Directorio presidido por Miguel Primo de Rivera. Aquella proclamación la llevó a efecto un piquete del regimiento de la Princesa. Y en las redacciones de los periódicos se registró un estremecimiento, cuando recibieron el oficio del general don Cristino Bermúdez de Castro. En el oficio se prevenía que, después de entrar en vigencia el estado de guerra, se imponía la censura previa. En consecuencia, los directores de las publicaciones tenían que remitir al Gobierno Militar de la provincia, dos números de cada ejemplar antes de salir a la luz pública. «La parte tachada con lápiz rojo -se decía- deberá ser llenada, sin que se permita dejar espacios en blanco, ni estampar puntos suspensivos en aquella». La censura se imponía con todo rigor, pero también soslayando cualquier posible estridencia. Con todo, «El Luchador» avisó a sus lectores paladinamente: «Desde hoy, están nuestros originales e informaciones sometidas a la previa censura militar. Sólo pedimos que se tenga en cuenta nuestro deber periodístico, nuestros intereses y los del público, y que los censores se inspiren en un elevado criterio patriótico que no cercene, en absoluto, la libertad de prensa ni el derecho de opinión». Quedaba un tema abierto, para que se explayaran informadores y articulistas: el caciquismo, al que el dictador Primo de Rivera le había extendido el certificado de defunción. Y por ahí, se tiró de la manta a lo grande: muchos nombres ilustres salieron a la picota. Cuando nos acercamos a las mil ochocientas comparecencias diarias, «La Gatera» no ha faltado ni un solo día a su cita, se toma, a partir de mañana, un tiempo de descanso y reflexión. Creemos que merecido, amigos lectores.