• Los antecedentes
• El Trienio Liberal
  • La sublevación de Rafael del Riego (1820)
  • Las Cortes del Trienio
  • La política constitucional de los gobiernos del Trienio
• La contrarrevolución y la intervención francesa: el retorno a la Monarquía absoluta (1823)

Los antecedentes

La crisis de la monarquía absoluta española a principios del siglo XIX está determinada por una serie de acontecimientos internos estrechamente relacionados con la política exterior, condicionada por los intereses franceses e ingleses; primero, de Inglaterra, con la derrota de la flota franco-española en la Batalla de Trafalgar (1805) y, en segundo lugar, de Francia, con las sucesivas crisis palaciegas y políticas que concluyen en la abdicación real en Bayona y la cesión de la Corona española a Napoleón. La Guerra de la Independencia (1808-1814) contra Francia y el proceso de emancipación de las colonias españolas en el continente americano provocan a partir de 1808 el colapso definitivo del Estado absoluto en España.

Unos años antes, la Revolución francesa de 1789 condiciona el desarrollo de la Ilustración española con el acceso a los principios de libertad política y la lucha por la igualdad social. Cabe recordar que el fin del reformismo de los Borbones -Fernando VI, Carlos III y Carlos IV- provoca una frustración en la conciencia nacional. La crisis del Antiguo Régimen es un sentimiento generalizado que, en un principio, se plantea como un programa de reformas en vez de uno revolucionario. El reinado de Carlos IV (1788-1808) tiene que afrontar las consecuencias ideológicas e internacionales que llegan desde Francia y Europa. Entre 1792 y 1795, España se coaliga con las monarquías europeas que intentan frenar a la Francia republicana y revolucionaria y posteriormente se alía con este país, hasta entonces enemigo, en contra de Gran Bretaña. Estas guerras acabarán amenazando el Imperio español, con el desequilibrio de la Hacienda que obliga al aumento de la presión fiscal; las guerras bloquean el comercio con América, agilizan la crisis económica y el auge de las tensiones sociales y el deterioro de las políticas de gobierno. La reacción ante el impacto de la Revolución francesa genera un clima de temor y pánico; el Gobierno intenta ocultar los acontecimientos del proceso revolucionario francés, aunque las prohibiciones de la Inquisición, en pleno auge, son incapaces de frenar la presencia de ideas, críticas y los conflictos sociales y políticos.

La sociedad española es predominantemente agraria y está sometida a las pautas del centralismo político y religioso que se aplican a través del poder municipal. En estas circunstancias, la crisis del sistema político se introduce en el siglo XIX y se prolonga durante la mayor parte de la centuria, a pesar de la innovación que representa la Constitución gaditana de 1812, los proyectos del Trienio Liberal y las actuaciones del liberalismo en la década de los años 30.

Cádiz era el centro del comercio con América desde 1720; atrajo a navegantes, comerciantes y artesanos, que establecen sus negocios y unas formas de vida cosmopolitas, propias de una burguesía progresista y con una mentalidad moderna y reformista, simpatizante y receptora de las instituciones inglesas y las ideas políticas de la Revolución francesa. Es una burguesía que, enemiga de los méritos de sangre de la aristocracia, defiende una España moderna, libre del fanatismo religioso y defensora de la libertad económica y política.

El desarrollo de los acontecimientos que se producen a partir de 1808 favorece el triunfo de los elementos más radicales, al ser los mejor organizados y con unos objetivos precisos. A partir de 1808, y en un contexto bélico, los poderes constituidos promueven el triunfo de sus respectivos modelos de organización sociopolítica. Los afrancesados, vinculados ideológicamente al despotismo ilustrado, defienden una monarquía con una autoridad fuerte que impida experiencias revolucionarias como la francesa -la revolución es la alternativa de la resistencia- pero son partidarios de promover las reformas que el país necesita. Se aferran a la opción de Napoleón y su hermano José I, un rey impuesto y rechazado. El desarrollo de la guerra les impide ejecutar su programa ideológico y cuando termina la guerra su colaboración con el enemigo francés les impone el destierro y el desprestigio por colaboracionistas con la monarquía intrusa de José I. No obstante, cuando muchos volvieron del exilio, sí pudieron influir en el cambio sociopolítico liberal. Los liberales gobiernan entre 1808 y 1814, los años que dura la Guerra de la Independencia contra la invasión francesa, pero solo tuvieron tiempo para promulgar, de forma incompleta, las leyes de su ideario liberal. Apenas se pudo iniciar el cambio social que la legislación pretendía, puesto que los franceses ocupaban la mayoría del territorio nacional. Al final de la guerra, en 1814, la reacción absolutista de Fernando VII los arroja del poder hasta 1820.

La legislación de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 pretenden crear un nuevo régimen político y el cambio de una sociedad estamental a una clasista, sobre la filosofía liberal y los principios de libertad, igualdad y propiedad. Se trata de trasladar a la realidad la revolución política que se había gestado desde la Ilustración, cuando la reforma del Antiguo Régimen se confiaba al monarca. Todo ello representa un cambio radical en la organización del Estado y una estructura burguesa que no se corresponde con la estructura económica y social del país ni con su mentalidad dominante. El ciudadano y la soberanía nacional son los puntos de partida frente a la nobleza y el clero, resistentes al cambio, como se evidencia claramente durante la restauración absolutista entre 1814 y 1820. Durante estos años, la oposición liberal recurre a la conspiración y el uso de la fuerza armada para derrocar a la monarquía.

La vuelta de Fernando VII al Trono, en 1814, tras la retirada de las tropas francesas, refuerza la posición reaccionaria del clero; el monarca se rodea de personajes pintorescos que representan el más profundo conservadurismo clerical, claro ejemplo de las ideas intolerantes y caducas de una parte de los religiosos de la época. Esta situación favoreció el ascenso de aquellos que, como Matías Vinuesa, añadían a sus creencias rigoristas, los innegables servicios prestados durante la Guerra de la Independencia. Así, entre 1814 y 1820 se desarrolla una lucha feroz entre absolutistas y liberales por el poder; los primeros para mantener la sociedad del Antiguo Régimen y los segundos para consolidar el nuevo modelo político y social ensayado desde 1810. Ambas opciones son excluyentes; la monarquía absoluta es incompatible con unas Cortes representativas, la Iglesia se siente amenazada y la nobleza piensa que el cambio perjudica sus intereses.

El Trienio Liberal (1820-1823)

La sublevación de Rafael del Riego (1820)

Tras su regreso de  a España, tras acabar la Guerra de Independencia, en 1814, Fernando VII se caracteriza por ser un monarca tiránico y despótico que impone la vuelta al absolutismo del Antiguo Régimen. Rechaza la Constitución de Cádiz y realiza una dura política de represión y persecución de los afrancesados y liberales. Antes que Riego, no fueron pocos los que intentaron derrocar al rey, si no del trono, por lo menos de su gobierno absolutista. Algunos ejemplos son el de Espoz y Mina, Richard, Renovales, Díaz Porlier (1815), Lacy (1816) o Vidal (1819), que además de acabar en fracaso, supuso la ejecución de la mayor parte de ellos.

Con el triunfo del pronunciamiento de Rafael del Riego (1784-1823) y Antonio Quiroga (1784-1841) el 1 de enero de 1820, en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, empieza un período de tres años, que se conoce con el nombre de «Trienio Liberal» o «Constitucional», que concluye en octubre de 1823 con la restauración de la Monarquía absoluta de Fernando VII. Esta etapa tiene un gran interés en la historia constitucional española pues fue durante estos años cuando se manifiesta por vez primera la dificultad -e incluso la imposibilidad- de poner en práctica la Monarquía constitucional prevista en la Constitución de Cádiz de 1812. Concluía una etapa de 6 años, que había empezado en 1814, con la restauración de la monarquía absoluta y la supresión temporal de la Constitución de 1812.

Riego y Quiroga -este último era en 1820 el militar de mayor graduación entre los sublevados- estaban en la zona de Cádiz-Sevilla, junto a un destacamento de unos 20.000 hombres, que esperaban embarcar con rumbo a América, para sofocar las revueltas independentistas en América. En el manifiesto insurreccional que Riego leyó públicamente el 1 de enero de 1820 en Las Cabezas de San Juan, dirigiéndose a Fernando VII, decía, entre otras cosas: Las luces de Europa no permiten ya, señor, que las naciones sean gobernadas como posesiones absolutas de los reyes (...). Resucitar la Constitución de España, he aquí su objeto: decidir que es la Nación legítimamente representada quien tiene solo el derecho de darse leyes a sí misma.

Sobre Riego todavía hoy no hay un consenso académico sobre el significado de su figura; para unos es un héroe y para otros un militar golpista.La tesis doctoral de Víctor Sánchez Martín, Rafael del Riego, símbolo de la revolución nacional, leída en la Universidad de Alicante en 2016, permite conocer ampliamente y con detalle la biografía del personaje. Rafael de Riego nació en 1784 en Asturias. Pertenece a una familia de hidalgos de la región y desde muy joven, nada más estallar la guerra contra los franceses, se une al ejército para combatirlos desde 1808 con el grado de capitán. Al poco tiempo, fue hecho prisionero por el ejército francés y llevado a Francia. Allí fue donde entra en contacto con las ideas liberales que defendería posteriormente durante toda su vida. Regresa a España cuando acaba la guerra.

La reacción de Fernando VII se demoró tres meses hasta marzo, cuando una multitud rodea el Palacio Real de Madrid pidiendo que aceptara los postulados de Riego. Así es cuando el monarca pronuncia, obligado por las circunstancias, Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional, teniendo que acatar temporalmente la Constitución de 1812. El monarca nunca dejó de conspirar para volver a la situación anterior a 1820, hasta que consiguió el fracaso del breve ensayo liberal de 1820-1823, con la entrada en España de un ejército, al frente del Duque de Angulema, Los Cien Mil Hijos de San Luis (abril 1823). Por orden del propio Fernando VII, Riego fue decapitado en la Plaza de la Cebada de Madrid.

Las Cortes del Trienio

Las nuevas Cortes están formadas por diputados liberales pero con el paso del tiempo se evidencian dos tendencias que responden a una diferente concepción de la política y la organización social, según la acción legislativa de los gobiernos. Con las sesiones de las Cortes de 1820 se inicia la cogobernación prevista en la Constitución entre la Corona y las Cortes. Durante la guerra, y ante la ausencia de Fernando VII, las Cortes tutelaron la regencia sin problemas; ahora, en cambio, el rey decide ejercer sus funciones constitucionales para influir y decidir políticamente, y ello le permite actuar contra el propio sistema liberal para volver al régimen absolutista. La Corona asume la dirección del Gobierno y la facultad de nombrar libremente a sus ministros, sin necesidad de la confianza parlamentaria, de ahí la vía de conflicto que se crea cuando las Cortes interfieren en la actuación de los ministros.

Las nuevas Cortes están formadas por diputados liberales pero con el paso del tiempo se evidencian dos tendencias que responden a una diferente concepción de la política y la organización social, según la acción legislativa de los gobiernos. Con las sesiones de las Cortes de 1820 se inicia la cogobernación prevista en la Constitución entre la Corona y las Cortes. Durante la guerra, y ante la ausencia de Fernando VII, las Cortes tutelaron la regencia sin problemas; ahora, en cambio, el rey decide ejercer sus funciones constitucionales para influir y decidir políticamente, y ello le permite actuar contra el propio sistema liberal para volver al régimen absolutista. La Corona asume la dirección del Gobierno y la facultad de nombrar libremente a sus ministros, sin necesidad de la confianza parlamentaria, de ahí la vía de conflicto que se crea cuando las Cortes interfieren en la actuación de los ministros.

El exilio, la persecución y la edad son los elementos que determinan el carácter de los liberales moderados o doceañistas, defensores de una interpretación prudente de la Constitución; temían un golpe absolutista, desconfiaban del rey que detestaba la Constitución y tenían que enfrentarse al radicalismo liberal. Se producen momentos especialmente tensos cuando se plantea el proyecto para disolver el ejército insurrecto en Cádiz (el llamado Ejército de la Isla), la ley de reforma de las órdenes regulares -que el rey devuelve a las Cortes con la excusa que no se había consultado a la jerarquía eclesiástica-; también fue conflictivo el rechazo del Gobierno en aceptar al arzobispo de Valencia como patriarca de las Indias o el cese del capitán general de Castilla la Nueva.

La elección a Cortes de 1822 conforma un hemiciclo con un aumento del número de liberales radicales. Riego ocupa la presidencia de las Cortes y Martínez de la Rosa la presidencia del Gobierno, de tendencia moderada. El gabinete proyecta una reforma moderada de la Constitución, que no se aprueba, entre otras razones, porque no la desea el rey, pero provoca hostilidad entre la Corona y las Cortes; el rey boicotea los proyectos reformistas y el Gobierno ignora la opinión de las Cortes. En estas circunstancias se producen diversos conatos de rebelión que reflejan la lucha constante entre los partidarios del Antiguo Régimen que se resisten a los cambios frente a la burguesía liberal y urbana que controlaba los cuadros de la milicia nacional y las unidades del ejército regular.

Los liberales radicales llegan al Gobierno el 5 de agosto de 1822, acorde con dicha mayoría en las Cortes mientras que los moderados pasan a un segundo plano; este nuevo gabinete se mantiene durante un año, hasta la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis y la reacción absolutista en 1823.

La política constitucional de los gobiernos del Trienio

Los gobiernos liberales del Trienio tienen que afrontar una dificilísima situación económica, heredada de las décadas anteriores, y las decisiones están condicionadas por el temor de nuevos estallidos sociales. Los problemas económicos se centran en el estado de la agricultura y su incidencia en el desarrollo de la industria y el comercio, la situación de la deuda pública y la Hacienda y el enfrentamiento campo/ciudad ante las divergencias entre nobles y terratenientes frente a burgueses y campesinos. También hay que afrontar la reordenación del Ejército y la política religiosa que también está relacionada con la política exterior.

a) La Hacienda y la Deuda

Uno de los primeros proyectos y problemas del Gobierno es la organización de una Hacienda constitucional, con unas dependencias administrativas racionalizadas y la centralización de las diversas tesorerías. El tema central es la diferencia que se produce entre la recaudación real y la prevista, lo cual se une al angustioso y endémico estado de la deuda que exigía aumentar los ingresos y préstamos. La difícil situación económica se refleja en los presupuestos aprobados en las Cortes, con un recorte de hasta el 12% en 1820-1821 y 1822-1823, que no evita el déficit y una importante caída de la recaudación. El éxito o el fracaso del Trienio dependía de la situación económica.

b) La agricultura

El Gobierno materializa el programa revolucionario en la agricultura con el decreto de desamortización de los bienes eclesiásticos, la desvinculación de los de la nobleza, la reducción de los diezmos y el establecimiento de una contribución directa. El objetivo era cambiar la organización social, dentro de una estructura económica agrícola, que para muchos era impensable e imposible para otros.

El enfrentamiento campo/ciudad es aprovechado por los realistas para intentar captar el descontento del campesinado por la política agrícola de los gobiernos liberales; así, desde 1821, el realismo apoya pequeños alzamientos campesinos, en forma de guerrillas organizadas, que toman cierta fuerza en el verano de 1822.

Por otra parte, las Sociedades Patrióticas ofrecen a los liberales exaltados una plataforma privilegiada para criticar la política liberal moderada e intentar captar el descontento de las protestas ciudadanas, al tiempo que contribuyen a la politización de la población.

c) La reordenación del Ejército

El constitucionalismo liberal tenía que afrontar la delicada cuestión de la tendencia frecuente del Ejército a intervenir en la política, sublevándose, de ahí la preocupación por conseguir un ejército supeditado a la soberanía nacional y la primacía del poder civil sobre el militar. Ése es el objetivo de la Ley Orgánica del Ejército que define la fuerza armada para defender al Estado de los enemigos exteriores y para asegurar la libertad política, el orden público y la ejecución de las leyes.

d) La política religiosa

La reforma religiosa es otro de los temas escabrosos de los gobiernos liberales del Trienio. Provoca enfrentamientos del Estado con la Iglesia y también entre las tendencias políticas. Una de las primeras medidas legislativas es la expulsión de los jesuitas, el nombramiento de obispos, la supresión de monasterios y conventos de regulares, la supresión del diezmo y la desamortización eclesiástica.

Fue imposible el entendimiento entre el Estado liberal y la Iglesia. La Real Orden de 26 de abril de 1820 impuso a los párrocos que explicaran la Constitución desde los púlpitos en los días festivos, medida que provocó un enfrentamiento continuo. Este intento de compaginar Iglesia y Constitución se tradujo en la práctica en el nombramiento para las sedes vacantes de obispos de simpatía liberal. Por decreto del 14 de agosto de 1820 se expulsó a la Compañía de Jesús y, en enero de 1823, se añadió la expulsión del nuncio apostólico, precedida de la expulsión de sus diócesis de los obispos distinguidos por su rechazo del constitucionalismo, medidas que provocaron la radicalización del clero, y también su transmisión a la sociedad. La actuación de los gobiernos liberales contra la propiedad y la jurisdicción eclesiástica generó un mensaje que defendía la caída de la Constitución y la vuelta al absolutismo, condición de supervivencia para las órdenes y congregaciones religiosas.

La contrarrevolución y la intervención francesa: el retorno a la monarquía absoluta

Las fuerzas de la contrarrevolución las constituyen la oposición constante y sistemática del rey, la iglesia católica, el poder civil y el campesinado. Son el soporte que propician la invasión francesa en 1823, que representa el apoyo de la Europa reaccionaria. Los realistas o absolutistas capitalizan el descontento popular por la elevada carga fiscal, con el apoyo de los clérigos antiliberales. Cabe recordar que la mentalidad popular identificaba el cambio al régimen político liberal con el cambio de régimen fiscal; todo ello agravó, aún más, la desastrosa situación económica heredada, las desigualdades sociales, con mayor incidencia negativa entre el campesinado y las regiones más pobres y atrasadas del país. Los resortes tradicionales -Rey, Iglesia y Patria chica- mantienen el campesinado en un sistema político tradicional.

Las potencias conservadoras europeas se habían reunido en el Congreso de Verona y allí se decidió enviar un ejército para suprimir el proyecto liberal en España y devolver el poder absoluto al monarca, que ya se había encargado personalmente de promover levantamientos antiliberales y pedir la ayuda de las potencias europeas. La intervención francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis es la respuesta de la Europa contrarrevolucionaria y antiliberal a los llamamientos de Fernando VII. Con la derrota de Napoleón en 1815, el Trienio Liberal era un mal ejemplo para Europa.

Toda la obra del Trienio es abolida por un decreto del 1 de octubre de 1823, a pesar de la promesa que, el día anterior, había hecho Fernando VII al último Gobierno constitucional de moderación y amnistía. El decreto declara la nulidad de todos los actos del Gobierno constitucional desde el 7 de marzo de 1820. La restauración del absolutismo fernandino conlleva una dura represión antiliberal, el retorno de los ayuntamientos anteriores a marzo de 1820 en los que regidores y párrocos actuarán como agentes de depuración antiliberal, el desarme y supresión de las milicias, sustituidas por los voluntarios realistas y el cese de todos los nombramientos del Trienio. Consecuencia lógica de todo ello fue el exilio de los liberales a Francia e Inglaterra.