La Gatera. 1996

Enrique Cerdán Tato

Institución benéfica

Durante el mandato municipal del general Julio Suárez-Llanos y dos años antes de que se diera luz verde a «Les Fogueres de Sant Joan», se fundó una obra benéfica de la que ya aquí hemos dejado constancia: La Gota de Leche, cuyo objetivo fundamental «era atender a la lactancia de unas pobres criaturas que sin ella morirían indefectiblemente y que con ella salvarán la vida». Para allegar recursos a dicha institución, se celebraban anualmente unas verbenas, cuyos beneficios se dedicaban íntegramente a «La Gota de Leche».

Muchos alicantinos aún las recordarán. Solían tener lugar en el paseo o paseíto de Ramiro (en realidad en el jardín de Ruiz Corbalán, construido en el centro de la referida plaza). La primera de ellas, se organizó en 1926. Había una tómbola «con un sinfín de valiosos regalos con los que el pueblo de Alicante contribuía a la manificencia del festival», puestos de repostería, bailes (el schotis, «con un manubrio cascabelero») y ritmos modernos y estrepitosos al compás de un jazz-band. También diversos concursos, entre los que destacaba, además del de peinados femeninos, el de mantones de Manila, cuyo jurado, compuesto en aquella primera ocasión, por los señores Luciánez, Botella (Juan), Irles, Guillén y Varela, tenía que dilucidar lo suyo, para la concesión de los correspondientes premios.

Era el técnico municipal Andrés Aracil quien se responsabilizaba de la decoración de los jardines, con bombillas de colores y farolillos venecianos, para que el marco de tales celebraciones, resultara atractivo. Nosotros, como probablemente tantos otros, recordamos cómo en la posguerra, en los años cuarenta, se reanudaron tales verbenas, en el mismo lugar de su origen y también en el castillo de San Fernando.

Según el alcalde Suárez-Llanos, la institución benéfica se inauguró el uno de octubre de 1925 y hasta el treinta de junio siguiente, se suministraron a los cientos sesenta y seis pobres y a los treinta y seis pudientes, un total de treinta mil trescientos sesenta litros de leche, setecientos doce kilos de azúcar, cinco mil seiscientos sesenta biberones, mil novecientas dieciocho tetinas de goma y doscientos cestillos. Los presupuestos de los años 1926 y 1927 fueron respectivamente de 17.680 pesetas y de 27.500 pesetas.

El cronista de «El Noticiero del Lunes» escribía en agosto (mes en que solían celebrarse las verbenas) de 1928: «Allí se han congregado las autoridades, damas distinguidas, bellísimas señoritas, y con ellas, familias modestas, gentes de posición humilde, diríase ante esta simpática promiscuidad de clases sociales que Alicante entero, a requerimiento de la caridad, patentizaba su propensión a la bendita igualdad y a la santa democracia (...)». De antología.

Fusilados con Torrijos

Coincidiendo con el escenario de la ejecución del general José María de Torrijos, en 1831, se distribuyó, en Málaga, copia de un oficio, fechado el catorce de diciembre de dicho año, en el que figuraban las partidas de defunción de cuarenta y nueve hombres fusilados, con expresión de sus señas de identidad y lugar de nacimiento. Según este documento, tres de los que cayeron bajo la represión del absolutismo, procedían de nuestra provincia.

Torrijos fue capitán general de Valencia cuando, en 1820, se inició el trienio liberal. Luego, de nuevo restaurado el poder absoluto de Fernando VII, Torrijos que ya había padecido persecuciones por su ideario liberal, se exilió en Inglaterra. De allí, viajó a Gibraltar, en donde conspiró contra el régimen y propició una insurrección de carácter progresista. Pero Torrijos con cuantos le seguían en sus nobles propósitos, fue víctima de una emboscada, en las playas de Málaga, «a la desembocadura del arroyo de Cuart, en los linderos de los bancales del huerto llamado de Lebrón», tal y como nos lo describen algunos periódicos.

No se sabe de seguro cuántos más fueron fusilados con José María de Torrijos. En un monumento que se levantó a la memoria de aquellos liberales, figuran cuarenta y nueve nombres. Joaquín García de Segovia, en su folleto titulado «Noticias de las expediciones salidas de Gibraltar en los años de 1826 a 1831» nos facilita la cifra de cincuenta ejecutados. Y Luisa Sáenz de Viniegra, viuda del general insurrecto, en la biografía de su marido, de 1850, afirma que fueron cincuenta y tres los fusilados, en aquella ocasión. Por último -y siempre de acuerdo con los datos obtenidos a través de la Prensa-, el periódico «Despertar malagueño» nos da el número de cuarenta y ocho.

Pero en el documento al que nos hemos referido en un principio, y que fue elaborado por orden del gobernador Vicente González Moreno, el mismo que abortó el levantamiento de Torrijos, se contabilizan cuarenta y nueve sepultados, a raíz de la masiva ejecución ilegal, puesto que no fueron sometidos a proceso. En esta relación, aparecen las señas de los siguientes alicantinos: Lorenzo Cobos, de sesenta años, casado y natural de Santa Pola; Francisco Mora, de treinta y seis años, casado y natural de Altea; y Francisco Arques, de cuarenta y dos años, y natural de Alicante. Según se recoge en los referidos papeles, este último otorgó poder para testar a Francisco Vera, capitán del regimiento de línea número cuatro.

La Banda Municipal

En realidad, todo se gestó en la Academia de Música que funcionaba en la calle de Castaños, prácticamente detrás del Teatro Principal, y que fundaron, entre otros: Daniel Llopis, Carlos Mas, Luis Torregrosa, Armando Guerri, José María Muños y Ángel Perea. Por aquel entonces era alcalde de nuestra ciudad Federico Soto. Y el concejal Tomás Tato Ortega que dirigía la Fábrica de Tabacos se volcó materialmente con la idea de aquellos paisanos, e impulsó la creación de la banda de música, que tuvo lugar a primeros de abril de 1912, y que actuó, por vez primera, el tres de agosto del referido año, con motivo de la Alborada de la Virgen del Remedio, en un templete instalado junto al Ayuntamiento.

En este mismo periódico, de fecha cinco de noviembre de 1949, González Cayuelas, entrevistó a Luis Alberola quien, con una memoria certera, afirmó que en el debut se interpretaron, además de varias otras composiciones, «París-Londres», pasodoble de Alier; «Pan y toros», del maestro Barbieri; y «Las Walkirias» de Ricardo Wagner. Siete años más tarde, nuestra flamante banda se llevó el segundo premio del concurso nacional convocado en Bilbao; y acudió, en repetidas ocasiones a Valencia y en 1935 a Orán.

Un tribunal compuesto por Óscar Esplá, Luis Casanova, Vicente Poveda, Marcos Ortoz y el edil Tomás Tato, examinó a los aspirantes a la dirección de la misma, en concurso oposición. Lo ganó Luis Torregrosa García que fue consecuentemente su primer director, y que ocupó la plaza hasta 1944. Especial atención, le prestaron a la Banda Municipal de Música, en aquellos tiempos y en opinión de los propios músicos, dos alcaldes: Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri, entre 1915 y 1917 y Juan Bueno Soler, de 1921 a 1922.

A Luis Torregrosa le sucedió en la dirección de la misma Carlos Cosmén Bargantiños que ejerció sus funciones del año ya señalado hasta 1961 y que le procuró una considerable popularidad «con los conciertos semanales en la Explanada que levantaban gran expectación». Con su perseverancia y su competencia profesional -según la prensa- Cosmén consiguió que la banda recuperara la gran valía de costumbre.

A Carlos Cosmén le sucederían al frente de la misma otros notables maestros, Moisés Davia Soriano, Antonio Ferriz Muños (en funciones) y por último Bernabé Sanchís Sanz.

El Sanatorio Carbonell

Recordamos que fue con el recientemente desaparecido amigo, investigador y médico, Rafael Martínez San Pedro, en un paseo compartido por la Playa de san Juan, hace algo más de un mes, con quien hablamos del eminente cirujano Carlos Carbonell. En memoria, pues, del también eminente y entrañable ginecólogo y profesor de nuestra Universidad, dejamos aquí sumariamente expuestos los progresos que el doctor Carbonell incorporó a las intervenciones quirúrgicas, en nuestra ciudad, a través del sanatorio que, bajo su dirección, instaló, en 1928, en la calle de Foglietti, y que tan merecidas felicitaciones recibió por parte de nuestros conciudadanos y de los medios de comunicación de aquel tiempo, aún tan próximo.

En nuestro examen cotidiano de fuentes documentales y periodísticas, encontramos un extenso artículo que firma F. de E., sin duda, Florentino de Elizaicin, en «El Correo», diario político y de noticias de la tarde que dirigía precisamente el mencionado hombre público. En dicho artículo, su autor cita a algunos alicantinos de prestigio como Carlos Navarro Rodrigo, ministro de Fomento y tantas otras cosas de las que hace poco aquí hemos dejado constancia; como el diputado a Cortes y antropólogo Manuel Antón Ferrándiz; como el notable catedrático Rafael Altamira. «Le faltaba a nuestra terreta tener un médico cirujano, con prestigio profesional que traspasara los límites de esta provincia, y esa figura de relieve muy grande, encarnada está en un joven de tanta valía como lo es don Carlos Carbonell».

Aquel establecimiento sanitario, de acuerdo con todos nuestros datos, estaba ubicado en un chalet, con jardín, galería encristalada y calefacción, habitaciones confortables y condiciones higiénicas adecuadas a sus pretensiones. Disponía de dos quirófanos, de «dos salas de operaciones: aséptica y séptica», dotadas, en cada caso, con modernas mesas de intervenciones y con un instrumental de calidad que se esterilizaba, en una sala con acceso a ambos quirófanos. Y disponía también de un aparato Roth Drager para la anestesia combinada de cloroformo o éter y oxígeno. «Con el empleo del Roth Drager el paciente llega a la completa anestesia, sin sentir la menor sofocación, sin la menor molestia». Además, el Sanatorio Carbonell estaba dotado asimismo de un laboratorio, en el que, según los medios informativos, había material apropiado, para toda clase de investigaciones.

Con tal centro sanitario, nuestra ciudad se pertrechaba «con una riqueza de medios no superada en ninguno de igual índole», en lo referente a la cirugía más avanzada de aquella época.

Barón de Finestrat

La calle comprendida entre las de Castaños y Bailén se llamó, en su origen, a últimos del siglo XVIII, de San Francisco Javier, hasta que, en sesión plenaria municipal correspondiente al diecisiete de agosto de 1927, se la rotuló con el actual nombre de Barón de Finestrat. Nos dice de esta vía el cronista Gonzalo Vidal Tur que hubo en ella, mediado el pasado siglo dos teatros: «El Fénix» y «El Nuevo Fénix», y años después, «El Estudio», una sociedad cultural que dirigía el ilustre literato don Ramón Solbes de la Cruz.

Su titular, don José Forner Pascual del Pobil y Martos, barón de Finestrat, fue un gran terrateniente de la Huerta alicantina que dirigió personalmente los cultivos y la elaboración de unos vinos acreditados dentro y fuera de nuestro país. Miembro del partido conservador, ocupó la Alcaldía de nuestro Ayuntamiento en 1895. Y, aunque fue breve su gestión, se distinguió por su extrema pulcritud.

Durante su mandato municipal, colocó la primera piedra de la nueva cárcel (donde, hoy, se encuentran los juzgados), adquirió los terrenos del cuartel Princesa Mercedes, acometió el entarugado de algunas calles de la ciudad, a muchas de las cuales también dotó de alcantarillado, llevó a efecto las obras de mejoramiento del paseo de Campoamor, amplió y levantó el muro de la calle Virgen del Socorro, y procuró sanear la hacienda local con medidas impopulares, creando nuevos arbitrios e impuestos a industrias y comercios. La tal medida, como ya hemos constatado en estas crónicas, provocaría, no mucho después, graves protestas entre los afectados.

Tras abandonar la Alcaldía, regresó a su tierra, hasta que, algunos años más tarde, fue nombrado gobernador de Vizcaya, cargo en el que tampoco permaneció por mucho tiempo, «porque su carácter inflexible le impidió avenirse a lo que la política exigía en aquel entonces». El barón de Finestrat vio considerablemente mermadas sus propiedades, por reveses de la fortuna. Trasladó su domicilio a Madrid, si bien los veranos solía pasarlos en la Huerta. Murió en aquella capital, a los ochenta y seis años de edad, en 1929.

En la calle que hoy lleva su nombre, además de los centros señalados, tuvieron igualmente sus instalaciones el Teatro Alarcón y el colegio La Educación. Calle pequeña pero céntrica y con dos siglos de historia a sus espaldas, que nos recuerda a tan notable alicantino.

Alarma sanitaria

Era el treinta de noviembre de 1990, cuando el alcalde Alfonso de Sandoval, barón de Petrés, pidió a sus compañeros de corporación que constase en acta la pena y consternación que había causado en Alicante, el fallecimiento de don José de Aguilera y Aguilera, marqués de Benalúa y Grande de España. En sus palabras, hubo un tributo de gratitud para aquel insigne paisano que «dedicó su actividad e interés a la obra de surtir a la población de aguas potables de que estaba muy necesitada». Finalmente, el barón de Petrés propuso que el Ayuntamiento costease los honores fúnebres del malogrado alicantino. No hubo inconveniente alguno. Se adhirieron a su propuesta los ediles Martínez Blanquer, Ors, Rubert y Martínez Torrejón. En el acta correspondiente a la sesión señalada consta la unanimidad corporativa.

Precisamente, aquel mismo día el citado concejal Martínez Torrejón interesó de la presidencia que informara al municipio de cuantas medidas se habían tomado con relación a una enfermedad que estaba causando numerosas víctimas en Murcia. La alarma era patente. De forma que el barón de Petrés con todas las cautelas posibles, para no agravar la situación, explicó que cuando supo que algo estaba sucediendo en la citada capital, convocó a la junta local de sanidad, con la que mantuvo una discreta reunión. A instancias de la misma y a la vista de los rumores que circulaba, se acordó, con las reservas que recomendaba el caso, que se desplazara a Murcia el médico decano de la Beneficencia, Pascual Pérez Martínez, con objeto de estudiar «in situ» la situación de los enfermos, para luego presentar un amplio informe a la alcaldía de Alicante.

El mal que se había extendido en la vecina ciudad se debía a la triquina y al deficiente estado sanitario de algunos barrios murcianos, según el escrito que el citado facultativo le había remitido, días antes. A tal efecto, ya se habían adoptado las medidas adecuadas, para evitar que en Alicante se produjera tal contagio. Siempre de acuerdo con las sugerencias de Pascual Pérez, se procedió a vigilar el consumo de la carne porcina, y a intensificar la mejora de las condiciones higiénicas y de policía, en nuestra ciudad. El alcalde, con ánimo de tranquilizar a los concejales, agregó que para combatir la triquinosis, ya se habían retirado del mercado cuantos animales presentaban sospecha de padecerla, y en ello se continuaba trabajando. El peligro, pues, estaba bajo control.

Abastecimiento de aguas

En repetidas crónicas, hemos abordado el problema del suministro de agua potable a nuestra ciudad. Un problema, por cierto, que se agudiza una vez más, a consecuencia de la pertinaz sequía que nos lleva varios años en vilo. Un problema que, a lo largo de nuestra historia urbana, ha preocupado a ciudadanos y autoridades municipales.

El veintiséis de diciembre de 1910, casi ochenta y cinco años ya, tomó posesión del cargo de alcalde Federico Soto Mollá. Y lo tenía claro. Para evitar posibles especulaciones, anunció de entrada su propósito de municipalizar los servicios de agua y de alumbrado eléctrico. Federico Soto llegó con un apretado programa de actuaciones: un plan de alcantarillado y pavimentado, cuya redacción debía encomendarse el ingeniero Próspero Lafarga. No se detuvo ahí. En su agenda figuraba también un cementerio nuevo y la cárcel que ya venía de atrás.

El alcalde saliente, Luis Pérez Bueno, en su despedida de la corporación y de la ciudad, sólo quiso recordar de su gestión personal el homenaje a Rafael Altamira. Altamira, manifestó Pérez Bueno, se interesó para que el Ayuntamiento cediera a las sociedades obreras terrenos donde construir su casa social y él había dejado encargado a la corporación que se cumpliera el deseo del ilustre alicantino.

En aquel relevo de Alcaldía, como en tantos otros, se pronunciaron los discursos de rigor. Con frecuencia, muy elocuentes y prometedores. Federico Soto se refirió a las ansias que animaban a los alicantinos de colocar a nuestra capital «en el lugar que le corresponde en el concierto de las ciudades españolas». No mucho después, el ocho de febrero de 1911, el alcalde anunció la visita de don Alfonso XIII, para tres días después acompañado por el presidente del Gobierno, José Canalejas «preclaro hijo adoptivo de nuestra ciudad», y expresó sus deseos de que la corporación en pleno acudiera a recibirlos «con el entusiasmo que se merecen». Uno de los actos celebrados durante la real visita, lo hemos escrito aquí recientemente, fue la colocación de la primera piedra del nuevo mercado. Resultó tan persuasivo en su alocución que hasta Guardiola Ortiz, republicano, dijo que la minoría que representaba se adhería también, por cuanto se trataba de poner en marcha una plaza de abastos que constituía un considerable beneficio para nuestra ciudad.

Luz para el barrio de San Blas

Fue cosa de Luis Mauricio Chorro, un alcalde que, inexplicablemente ni siquiera figura en algunas relaciones elaboradas no sabemos por quién. Mauricio Chorro tomó las riendas de la ciudad de manos de su antecesor Manuel Cortés de Miras. El traspaso tuvo lugar el veintiséis de marzo de 1907.

Pues, miren, escasamente dos meses después, Luis Mauricio Chorro se dirigió a La Electra Alicantina, S.A., para conocer el presupuesto de las instalaciones de alumbrado público, en el barrio de San Blas. La empresa le respondió y el alcalde procedió a informar a la corporación que presidía de aquella oferta: a dos mil pesetas ascendía el presupuesto. Pero la citada sociedad puntualizaba en su escrito que de dicho total, el Ayuntamiento sólo pagaría la mitad y la otra mitad correría a cargo de La Electra Alicantina, S.A., con domicilio social en Calderón de la Barca, pero «reservándose ésta el derecho de poder empalmar al vecino y encargándose de la conservación de la red, siendo obligación del Ayuntamiento el repuesto de lámparas de incandescencias». El alumbrado propuesto constaba de veinte lámparas de diez bujías.

Dos años y tres meses después, Mauricio Chorro le pasó el testigo a Ricardo P. del Pobil y Chicheri, quien ocupó la presidencia del Ayuntamiento, para afrontar la solicitud de los vecinos del Arrabal Roig que, en un escrito encabezado por Pascual Ors, exigían la construcción de una escalera que pusiera en comunicación el expresado barrio y más concretamente la calle Virgen del Socorro -hoy con su ermita en el aparcamiento-, con la playa del Postiguet, por cuanto la mayoría de los habitantes del mismo eran pescadores, y depositaban en aquella playa sus barcas y efectos de pesca. No hubo titubeos, el acceso que se pedía era de una lógica aplastante, y la corporación encargó al arquitecto que formase, cuanto antes, plano y presupuesto para su aprobación y posterior ejecución.

Una semana más tarde, Ricardo P. del Pobil y Chicheri expuso su plan de prioridades urbanas; primero, atención a la limpieza pública, mediante escritura en la que se especificaran las obligaciones del contratista y Ayuntamiento; y segundo, la construcción de un nuevo mercado, que ya venía coleando desde 1898; y de un matadero que reuniese las indispensables condiciones de salubridad. La precariedad de las arcas municipales era considerable, pero se acordó. El edil Mendaro dijo: «Alicante no tiene medios económicos para vivir como vive». Pero era necesario.

El alcalde, al juzgado

Pues miren y no se obnubilen: se pidió que se investigase la gestión del alcalde y así consta en acta; se nombró para llevar a cabo dicha investigación una comisión de seis concejales; y hay un oficio del magistrado juez especial en el que se notifica a la Alcaldía que «se constituiría al día siguiente, en las Casas Consistoriales, para practicar diligencias». Casi nada. Pero nos sean suspicaces ni malévolos. Todo esto sucedía en el año 1904 y el alcalde bajo sospecha se llamaba don Alfonso de Rojas y P. de Bonanza.

El lío se lo montó el concejal Ernesto Mendaro quien solicitó que se indagara las actuaciones del señor Rojas, en sesión corporativa del diecisiete de junio de 1904. Y el veintitrés del mismo mes, se compuso la referida comisión en la que figuraban los ediles Guardiola Ortiz, Pérez Bueno, Vila, Maluenda, Campos y Clemente. El diecinueve de julio de aquel año, la tal comisión dio cuenta de un extenso informe «que abarcaba multiplicidad de asuntos», y cuyo informe quedó sobre la mesa, «para que el Ayuntamiento lo estudiase». En otra sesión, del treinta de los mismos mes y año, el alcalde suscribió un extenso informe contestando a los distintos puntos, y una proposición, aprobada con ligeras modificaciones, destinada a sustanciar medidas que impidieran, en lo sucesivo, la reproducción de las irregularidades advertidas. «Se desprende de las mencionadas actas y de alguna otra posterior, que sólo se pasó el tanto de culpa a los Tribunales por lo que afectaba a la sustracción de un Atlas Geográfico, en el antedespacho de la Alcaldía».

Pero años después, concretamente el diecisiete de noviembre de 1923, el secretario del Ayuntamiento certifica una denuncia de Enrique Pedrón García, en sesión del quince de dicho mes y año, que a la letra dice así: «Que se reclame en nombre del Ayuntamiento el estado en que se encuentra un proceso que se le siguió al que fue alcalde de Alicante don Alfonso de Rojas y P. de Bonanza, referente a las actuaciones administrativas de dicho señor y en el que fue objeto de comentarios por parte de la opinión pública reflejada en las columnas de la Prensa diaria alicantina, el número de metros cúbicos de grava que se consumieron en el arreglo o restauración de algunas calles de esta capital, entre ellas la que lleva el rótulo de Ramales (hoy, Reyes Católicos). Seguidamente, el alcalde Miguel Elizaicin, por decreto, solicitó del general gobernador civil «se interesase de la Audiencia Territorial de Valencia, certificación acreditativa del estado de la causa que se instruyó contra el señor Rojas, y si en dicho proceso recayó resolución definitiva, cuál fue ésta». A lo que se ve en todos los tiempos cuecen Atlas. O lo que sea.

«Plumillas» de cercanías

Muy pronto, y como cada año en el mes de enero, la Asociación de la Prensa celebrará la festividad de su patrón, San Francisco de Sales. A todos nuestros colegas, pues, les ofrecemos esta escueta crónica de la historia de la prensa alicantina que prácticamente ya tenemos escrita, si bien con «lagunas» por la falta de la documentación adecuada, especialmente en épocas muy concretas; y aprovechamos para -a punto de cerrar el último capítulo- encarecer a cuantos, periodistas o no, dispongan de datos, de actas y documentos, nos los faciliten en préstamo y custodia, con objeto de ofrecer un producto todo lo solvente y riguroso que nuestra condición exige.

Nos referimos a la «Hoja del Lunes» que editada por la propia Asociación desapareció, para lectores y profesionales, el diecinueve de noviembre de 1984, cuando la dirigía José Luis Masiá. Su último número es el 2.325. Fue el sábado dieciocho de enero de 1936, cuando «El Luchador», ya lo hemos contado, anunció, para el siguiente lunes, la aparición del semanario «que ajeno a toda política, informará a de una manera imparcial de cuantos acontecimientos de interés se produzcan los domingos, tanto en Alicante como en el resto de España (...)».

El seis de julio de 1936, «El Día», a cuyo frente estaba Juan Sansano, publicó la noticia de que se había suspendido, con carácter temporal, «El Noticiero del Lunes» que editaba la Asociación de la Prensa de Alicante, si bien advertía que reaparecería a principios del próximo septiembre. Lo que no se cumplió sin duda, por la guerra civil recién desatada. Nos parece que hay un error, en tal información. «El Día» mencionaba «El Noticiero del Lunes», en lugar de la «Hoja del Lunes».

«El Noticiero el Lunes» fue un semanario municipal que empezó a editarse el veinticinco de enero de 1926 -por real orden del uno de enero del mismo año-, con objeto, según su editorial, de evitar la circulación de «falsas noticias productoras de injustificadas alarmas que no dejan de ser dañosas». Era la época de la dictadura primorriverista, y el general Suárez-Llanos, alcalde de Alicante, con la venia del general Bermúdez de Castro, gobernador civil, encomendó la redacción de aquel periódico a funcionarios del Ayuntamiento que, a su vez, eran miembros de la Asociación de la Prensa.

La «Hoja del Lunes», tras el agrio paréntesis de la contienda, reapareció, con la cabecera de «Lunes», el diez de noviembre de 1941. Era su director Ambrosio Luciáñez Riesco, y redactor-jefe Juan Martínez Blanquer y entre sus redactores estaban: Quilis Molina, Bas Mingot, Espinasa...

Sensibles ausencias

Del Setecientos tenemos noticia de la construcción del nuevo Ayuntamiento, de las actividades portuarias y comerciales, de un urbanismo más ornamental e higiénico, de los efectos de la Guerra de Sucesión, del Consulado del Mar, de las vicisitudes culturales. Y ello gracias a nuestros cronistas, especialmente Maltés y López, Viravens, Nicasio Camilo Jover, y a una bibliografía más actual y rigurosa en base a los estudios e investigaciones de los profesores Sáez Vidal, Enrique Giménez, Antonio Ramos, María Luisa Cabanes (véase su estudio preliminar de «Ilice Ilustrada», de los jesuitas Maltés y López), Mario Martínez y otros varios.

Pero el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, adolecía de la sensible ausencia de una aproximación a la vida diaria de aquellos alicantinos, entre los que destacaban personalidades como los historiadores Jacinto Segura y Nicolás de Jesús Belando, como los arqueólogos Antonio Valcárcel y Pío de Sabaya e Ignacio Pérez de Sarrió, como el marino y científico Jorge Juan Santacilia -recientemente recordado en Novelda-, como el escritor Pedro Montengón, y como el deán Manuel Martí, un excepcional humanista, de muy sólida y amplia formación.

Para acercarnos más a nuestros paisanos del siglo XVIII y bajo el impulso de la divulgación histórica, la revista «Canelobre» del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, ha publicado su número 29/30, bajo el título «Vida cotidiana en el siglo XVIII». Su coordinador, el profesor Mailo Martínez Gomis escribe en la introducción del mismo: «(...) La idea de abordarlos (diversos aspectos de esa referida "historia de la vida cotidiana"), una vez configurados los perfiles más conocidos por los que discurre nuestro siglo XVIII a nivel político, económico o social, ha sido la de poner en práctica la utilización del microscopio de la historia para acercarnos un poco más al hombre de aquella centuria y a toda una serie de problemas frecuentes -por ello cotidianos- que no suelen aparecer registrados en los manuales de uso y que pueden tener la virtud de atraer -por su originalidad o por su capacidad de llamar la atención- nuevos lectores a ese territorio de humanidades que es la historia (...)».

En el Setecientos y bajo los llamados matrimonios de futuro, ¿se escondían una suerte de relaciones sexuales prematrimoniales?, ¿cree usted que un ludópata hubiera podido ser familiar del Santo Oficio?, ¿le gustaría zamparse un abundante plato de all-i-picat? Veinticinco especialistas nos enseñan cómo se vivía en aquel luminoso siglo, con tanta amenidad como rigor científico. Dos conceptos que nunca han estado reñidos, sino infrautilizados simultáneamente por incapacidad. En esta revista, no. Esta revista es seria y, tal vez por ello, el lector disfruta y se entera. El colmo.

El alcalde de la dictadura

Sin duda, lo fue Julio Suárez-Llanos, aunque, por supuesto, en aquel periodo histórico, no demasiado estudiado, por cierto, en nuestra ciudad, también ocuparon la alcaldía otras personas. Pero Suárez-Llanos representa toda una época -Fogueres de Sant Joan, incluidas- y un estilo de gobernar y administrar Alicante.

Julio Suárez-Llanos disfrutó del incondicional apoyo del general y gobernador civil de la provincia Bermúdez de Castro, «en aquel tiempo en que un sedimento revolucionario y subversivo ponía en peligro la tranquilidad pública». De acuerdo con los datos que nos proporciona «El Noticiero del Lunes», correspondiente al diecinueve de abril de 1926, Julio Suárez-Llanos y Sánchez causó baja en la escala activa del Ejército «con una brillantísima hoja de servicios», y seguidamente asumió el cargo de comandante general de Somatenes de la quinta región. Con la salud quebrantada, llegó a nuestra ciudad, donde su clima lo restableció. Su disciplina y «el sincero cariño a Alicante», lo llevaron finalmente a la alcaldía, «donde le asistieron sus treinta y seis compañeros de Concejo, que tuvieron en él la fe que inspira siempre el jefe».

Durante su mandato municipal, según el cronista Vidal Tur, «no obstante la beligerancia de aquel régimen toleró a los que luego derribaron la monarquía, implantaron la República e hicieron la revolución sangrienta, el señor Suárez-Llanos salió siempre airoso de su gestión (…)», se llevaron a efecto, entre otras obras urbanísticas, la pavimentación de diversas calles con hormigón blindado, con una superficie total de setenta mil metros cuadrados y un presupuesto de casi millón y medio de pesetas, a cargo de la empresa «Construcciones y Pavimentos, S.A.». El pleno aceptó la propuesta y autorizó al alcalde a ultimar el contrato. El pago de tales obras se verificó repartiendo, el importe entre los cuatro siguientes presupuestos municipales.

Gracias a su mediación, se nombró hijo adoptivo de Alicante al general Primo de Rivera, y alcalde honorario perpetuo al general Cristino Bermúdez de Castro. Para no ser menos, el catorce de diciembre de 1926, al alcalde y también general Julio Suárez-Llanos y Sánchez, por unanimidad del pleno, se le concedió la medalla de oro de la ciudad.

En definitiva, todo quedaba en familia.

Las primeras letras

Ahora ya tenemos una Escuela Universitaria de Magisterio, donde se obtiene la preparación y titulación adecuadas para el ejercicio profesional. Pero hace tan sólo cerca de dos siglos, como en otras muchas carreras las cosas andaban a su aire.

Recogemos un ejemplo de cómo se hacía, en 1800, un maestro. Es un caso que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Se trata de las pretensiones de Nicolás Calbo o Calvo que, por lo que se ve, tenía una clara vocación pedagógica. Nicolás Calvo pretendía desarrollar sus actividades docentes en Agost, por aquel tiempo «universidad de esta gobernación». Entiéndase el concepto de universidad, en este caso, no como instituto público donde se cursan todas o varias facultades, sino en su última acepción: como conjunto de poblaciones o barrios que estaban unidos por intereses comunes, bajo una misma representación jurídica.

Pues bien, el señor Calvo, tras presentar el memorial en el que constaba «la justificación de limpieza de sangre, de vida y costumbres, y de aptitud en la doctrina cristiana», los señores Pedro Borgunyo y Juan Caballero, ambos de la real y distinguida orden de Carlos IV, y Vicente Navarro, secretario del Consistorio, lo convocaron para el examen al que lo sometieron los señores Baig y Corona, maestros de primeras letras. El examen consistió en la lectura de algunos fragmentos de un libro que le entregaron a tal fin; luego, se le mandó que escribiera en varios caracteres de letras en distintos papeles; y por último se le hicieron pruebas de las cuatro reglas. «Los señores comisionados dieron uniformemente su dictamen de hallarse en aptitud y disposición don Nicolás Calbo, para el ejercicio del magisterio de primeras letras, mediante lo cual lo habilitaron dichos señores, disponiendo, se le entregase el expediente original a dicho Calbo, para que acuda a la superioridad correspondiente, para su aprobación y obtención de la Real Provisión del Consejo (…)».

En octubre de 1800, Nicolás Calbo fue examinado también de doctrina cristiana, por el canónigo doctoral de la Colegiata, quien certificó que lo había hallado «hábil y suficiente en ella y apto para el desempeño del magisterio de primeras letras en la universidad de Agost». Enhorabuena, viejo maestro Nicolás Calbo.

Nuestro puerto

Lo fue a raíz de la revolución de la burguesía progresista de 1854. Por aquellos tiempos el puerto de Alicante era tan solo de interés local de primer orden. Pero la clase mercantil y adinerada trataba de consolidar su posición económica mediante un nuevo modelo de sociedad que dejara atrás muchos años de conservadurismo y moderantismo poco o nada propicio a los cambios. En su memoria de licenciatura «Revolución y burguesía: Alicante (1854-1856)», su autor, Rafael Zurita Aldeguer, escribe: «A partir de 1840, el volumen de tráfico portuario alicantino crece rápidamente y esto obliga a la burguesía local a interesarse por la realización de mejoras en las instalaciones. Con este motivo se celebra en junio de 1854, poco, antes de la Vicalvarada, una reunión en la Casa Consular de Alicante, en la que participan setenta y tres comerciantes (Archivo de la Diputación Provincial). Pero el impulso decisivo lo da el Gobierno, cuando el once de diciembre de 1855 convierte a Alicante (...) en puerto de interés general».

Efectivamente, en el Boletín Oficial de la Provincia del veinticuatro de diciembre del citado año, se publica cómo la reina enterada de los deseos expresados por la Diputación, el Ayuntamiento, la Junta de Comercio y la Sociedad de Amigos del País de Alicante, en el sentido de que se declare puerto de interés general el de nuestra ciudad, e informada además de la petición por los gobernadores de las provincias de Madrid, Albacete, Murcia, Ciudad Real y Tarragona, y considerando que reúne las condiciones necesarias «y que en el estado actual de sus obras conviene acelerar su próxima conclusión, para proporcionar buen abrigo a los buques que lo frecuentan», y además teniendo en consideración que no perderá su importancia «aún cuando se concluya el de Valencia y se halle también a poca distancia el de Cartagena, sino que por el contrario aumentará aquélla tan luego como esté concluido, y en explotación el camino de hierro que le ha de unir al interior del Reino, cuya construcción se halla muy adelantada, su majestad se ha servido declarar de interés general el puerto de Alicante, para los efectos prevenidos en el Reglamento del treinta de enero de 1952».

Se estaban sentando las bases modernas para la prosperidad comercial y económica de nuestra ciudad. Acerca del puerto y del ferrocarril ya hemos ofrecido, en estas crónicas, una considerable información documental, que, sin embargo, completamos, casi día a día.

Energía eléctrica

A pesar de que la Junta de Obras del Puerto se constituyó el uno de enero de 1901, con la entrada en el siglo XX, la primera memoria de la misma no se publicó hasta tres años después. En la introducción de dicha memoria se justifica tal demora en el hecho de que durante aquel periodo de tiempo, la dirección facultativa se empleó fundamentalmente en la organización de los servicios oportunos y en la redacción de proyectos, sin que se llevaran a término obras de cierto relieve. Sin embargo, con el ensanche del puerto y en desarrollo el plan de mejoras, había llegado el momento de redactar la memoria. Sumariamente, se recoge en la introducción que «el puerto actual (...) comenzó a construirse en el año 1803, a cargo de la llamada Junta protectora, pasando después de terminadas las obras de la Jefatura de Obras Públicas que atendió a su conservación, hasta su entrega a la recién constituida Junta de Obras del Puerto».

Un año después de esta primera memoria, y en vista de las activas gestiones de la mencionada Junta, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, correspondiente al veinte de marzo de 1905, la siguiente disposición: «El presidente de la comisión ejecutiva de la Jefatura de Obras Públicas ha presentado en este Gobierno el proyecto y en oficio solicitando autorización, para cruzar con una línea trifilar la travesía de la carretera que une la de Silla a Alicante con la de esta ciudad con Ocaña, frente al arranque del muelle de Levante, con el objeto de suministrar energía eléctrica a dos grúas que se han de emplazar en dicho muelle, y declarados suficientes los expresados documentos, para servir de base a la introducción del oportuno expediente, he dispuesto abrir información pública acerca del indicado proyecto por treinta días, para admitir todas las relaciones que se presenten en dicho plazo». Está firmado por el gobernador civil Antonio Baztán y Goñi.

Nuestro puerto se estaba modernizando. Había que atender al tráfico que, en definitiva, beneficiaba considerablemente al puerto alicantino en su conjunto. Por eso nadie presentó reclamación alguna al citado proyecto. Tal se desprende de la notificación que el Ayuntamiento, al frente del cual se encontraba, por entonces, Pérez Bueno, trasladó a la Junta, una vez transcurrido el plazo reglamentario. La notificación está fechada el veinticinco de abril siguiente. Luz verde, pues.

La ciudad vigilada

Los marineros del cañonero «Bonifaz» tomaron posiciones en nuestro puerto, en tanto unidades del regimiento de la Princesa se desplegaron por la ciudad en apoyo de las fuerzas de seguridad. El gobierno militar había proclamado la ley marcial de cara a la huelga general que el comité conjunto de las centrales sindicales UGT y CNT habían convocado para el trece de agosto de 1917. Un año emblemático en la historia del proletariado.

En Alicante, como en el resto del país, se llevaron a efecto cierres y manifestaciones, sin que en ningún momento se produjeran actos de violencia, según confirmarían los periódicos locales. Pero aún así, la ciudad se encontraba bajo control militar. En el «Diario de Alicante» se reseñó la detención de Matilde Hernández, al parecer, en contacto con el comité de Madrid, y también la del alpargatero de Elche, Juan Barceló. Pero hubo además otros arrestos: el de Rafael Millá, presidente de la Asociación de Obreros Tipógrafos; los de Manuel Esquembre y Juan Bañó, y de varias mujeres trabajadoras.

Pero si aquella huelga se resolvió, en Alicante, de forma pacífica, en los centros de implantación socialista y sindicalista y en los núcleos más industrializados, como Alcoy, Elche, Elda, Novelda y algunos otros, adquirió aspectos más virulentos. En Villena, los obreros arrancaron las vías férreas y cortaron los comunicaciones telegráficas y telefónicas y el suministro eléctrico. La represión fue contundente. Las fuerzas de orden público cargaron contra los manifestantes y efectuaron varios disparos, que ocasionaron una víctima mortal.

Aún hubo de transcurrir toda una semana de crispaciones, antes de que se retornara a la aparente normalidad. Como consecuencia de aquellas acciones, casi centenar y medio de huelguistas, hombres y mujeres, fueron a parar al castillo de Santa Bárbara. Algunos de ellos, no serían puestos en libertad hasta nueve o diez meses después.

El veinticuatro de aquel mismo mes de agosto, el alcalde Manuel Curt y Amérigo, en sesión plenaria, presentó una moción en la que se proponía una felicitación al Gobierno por el acierto de sus actuaciones, y se alababa la colaboración de los poderes públicos y «de los elementos conscientes y sanos del país», por haber contribuido a abortar ciertos manejos revolucionarios. Hubo discrepancias, como la del edil Botella, y propuestas de felicitación al Ejército y al gobernador militar Fernando Moltó. La moción de Alcaldía se aprobó con sólo dos votos en contra: los de Botella y Sánchez Sampelayo. El veintitrés de noviembre, después de la revolución de los Sóviets, se aprobó otra, presentada por Guardiola Ortiz en la que se pedía una amplia amnistía para los detenidos durante la citada huelga.

Republicanos en el paredón

Abortada en marzo de 1844 la rebelión progresista que encabezaron Pantaleón Boné y los liberales alicantinos, entre otros varios, Manuel Carreras y Tomás España, por el general Federico Roncali, tan justamente denostado por cronistas e historiadores, nuestra ciudad, como el resto de España, fue sometida a un poder fuertemente centralizado, en base a la ley de ayuntamientos y a la constitución de 1845. La ciudad estaría sujeta a una política conservadora y a una vigilancia policial más estricta, durante la siguiente década.

Pero cuatro años después, es decir, en 1848, cuando en Europa se produjeron amplios movimientos sociales de carácter revolucionario, pese a las medidas preventivas del general Narváez, en Alicante y en algunos pueblos de la provincia se advirtieron actividades conspirativas. Consecuentemente, se acentuó la represión, y fruto de las investigaciones llevadas a cabo por las fuerzas del orden público, tras proclamarse el estado de sitio, fueron la detención del ya histórico Manuel Carreras y de sus compañeros, entre los que se contaban algunos militares y civiles. Sometidos a consejo de guerra, se dictó sentencia de muerte para el cabecilla y varios de sus colaboradores. Sin embargo, en aquella ocasión, no tuvo lugar ninguna ejecución: las penas capitales fueron conmutadas. Manuel Carreras sufrió un largo destierro en las Filipinas, de donde regresaría cuatro años más tarde, si bien con el germen de una enfermedad tropical que, con el tiempo, acabaría con su agitada vida.

Aquellos movimientos, en los que se involucraron personas progresistas, aunque consideradas republicanas, provocaron escritos de adhesión a la reina, publicados en la «Gaceta de Madrid», procedentes de toda España y, por supuesto de Alicante. Allí estaban los nombres de algunos ilustres paisanos: el marqués de Algorfa, el conde de Santa Clara, don Juan Roca de Togores y varios más. Pero si los detenidos en mayo tuvieron una suerte relativa, no les sucedió lo mismo a cuantos se levantaron en Guadalest, en octubre de aquel mismo año. Otro Carreras, pero Lorenzo de nombre, y un grupo de republicanos (entre dieciocho y treinta y cinco, según las fuentes consultadas) fueron detenidos «por el cacique Juan Thous, así lo escribe la prensa republicana de fin de siglo, que maldita sea una y cien veces su memoria; y fusilados en el castillo de Guadalest, el 27 de octubre.

Una dimisión aplaudida

Hubo respeto y aun felicitaciones para quien salió de la alcaldía, con dignidad y por la puerta principal. No se le regatearon ni cumplidos, ni elogios. Desde Lorenzo Carbonell, portavoz de la Alianza de Izquierdas, hasta el conservador Sánchez San Julián representante de su minoría municipal. San Julián como Elizaicin, que habló en nombre de los mauristas, comprendieron y lamentaron la decisión del alcalde dimisionario, pero la encontraron justificada. Por supuesto, Tomás Tato, liberal como el titular de la alcaldía, hasta aquel momento, expresó, en representación de la mayoría hegemónica en el Ayuntamiento, que el presidente de la corporación, hacía honor a su compromiso y honraba a su formación política, de forma que, cuando en el futuro, se quisiera hablar de un alcalde modélico, se citaría, sin ningún género de dudas, al que tan honestamente había desempeñado el cargo, hasta aquel día.

El referido alcalde dimisionario no era otro más que Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri. La salud quebrantada le forzaba a tomar tal medida. Y para evitar cualquier suspicacia, acompañó a su renuncia, certificación médica expedida por el decano facultativo del cuerpo de la beneficencia municipal, Pascual Pérez Martínez. Recordemos que Del Pobil fue en aquella época de la Restauración, el primero de los alcaldes elegido por el resto de los ediles integrantes de la corporación.

Posteriormente y tras un descanso de diez minutos, los componentes del cabildo, se reunieron de nuevo en el salón de pleno, y procedieron a la elección de quien había de suceder en tal alto empleo. Se verificó la votación y se efectuó el recuerdo, que dio los siguientes resultados: veintisiete papeletas para Antonio Bono Luque, y tan sólo una en blanco. Bono Luque manifestó su deseo de continuar el ejemplo de su antecesor y su propósito de trabajar para Alicante. En la siguiente sesión que presidió el nuevo alcalde, se acordó, en virtud de la comunicación de la junta de delegados de la Casa del Pueblo, que los trabajadores municipales se adhirieran a la fiesta del trabajo, y que la Banda de Música acudiera a la manifestación de la clase obrera que había de tener lugar en breve. Una medida oportuna.

Monumento a Canalejas

Por diversas razones, el político y estadista José Canalejas Méndez ha frecuentado nuestra diaria crónica. Sus partidarios, sus amigos, decidieron, tras su muerte, perpetuar su memoria en forma de monumento. De tales propósitos y proyectos ya hemos dejado aquí constancia pormenorizada. Faltaba acaso documentar la cesión de dicho monumento a la ciudad, por parte de quienes lo habían hecho posible.

Con fecha nueve de octubre de 1920, los integrantes de la Junta para la realización del mismo, toman el acuerdo de, una vez concluido, entregárselo al Ayuntamiento. Diez días más tarde, el presidente de dicha Junta, Rafael Beltrán, escribe al alcalde de Alicante, comunicándole la entrega y rogándole que señale día y hora, para que ésta se produjera con asistencia de representantes de la corporación municipal y miembros de la junta, y en acto se levantaran actas por duplicado por parte de los secretarios de ambas entidades.

Rafael Beltrán tuvo conocimiento de la sesión celebrada el veintitrés de aquel mes, y en cuya sesión el alcalde propuso al Consistorio la creación de una comisión que se encargara de la recepción del monumento a Canalejas. En la comisión figuraban, además del propio alcalde, Antonio Bono Luque, los ediles Elizaicin, Pobil, Pérez Molina, Bonmatí y el secretario general del Ayuntamiento.

El ocho de noviembre, Bono Luque convocó una reunión en la alcaldía, con objeto de formalizar la donación y dar así cumplimiento a cuanto había solicitado la Junta promotora. Allí se entrevistaron los concejales anteriormente citados y Rafael Beltrán; Grau, vicepresidente de la Cámara de Comercio; Guillén, presidente del Club de Regatas; Sánchez, presidente de la Casa del Pueblo; Lafarga, presidente del Casino; todos ellos miembros de la referida Junta, con el secretario de la misma. Unos y otros, salvo el edil Bonmatí, figuran en el acta que se levantó, como documento de aquella entrega, y que se conserva en nuestro Archivo Municipal.

El alcalde Bono Luque, una vez finalizados los trámites, agradeció el celo y entusiasmo de quienes habían hecho posible el monumento a don José Canalejas, en virtud de los cuales «Alicante podía vanagloriarse de ser la primera población española, de cuantas proyectaron dedicar un monumento a Canalejas, que había visto cumplido tan noble deseo».

La Explanada del Varadero

Según el periódico «Diario de Alicante», de nueve de noviembre de 1934, la avenida que comenzaba al final del paseo de los Mártires y terminaba con la de Loring (el marqués de Loring fue el adjudicatario de las obras del ferrocarril de Murcia a Alicante), se llamó primeramente Explanada de España y después Explanada del Varadero. Y así, hasta que el veintidós de abril de 1922, fecha en la que el Ayuntamiento, en sesión plenaria, acordó adherirse al homenaje tributado a don Santiago Ramón y Cajal y contribuir al mantenimiento del Instituto de Investigación Biológica, además de rotular con su nombre la avenida que hasta entonces se conoció como Explanada del Varadero, de acuerdo con algunas fuentes, desde 1880.

La avenida del doctor Ramón y Cajal está enfrente del Parque de Canalejas. Parque cuyas obras se emprendieron en 1904, siendo alcalde de Alicante, Alfonso de Rojas; continuaron durante el mandato municipal de Manuel Cortés de Miras; y se concluyeron, en 1908, cuando ocupaba la Alcaldía de la ciudad, Luis Mauricio Chorro.

El primer edificio que se construyó en la referida vía fue la Administración de Hacienda -posteriormente, Escuela de Comercio- gracias a las gestiones del político Antonio Mas Gil, en 1878. Dos años después, el marqués de Benalúa, edificó su casa junto al edificio citado, casa que habitó durante tres o cuatro años, para venderla posteriormente al comerciante Luis Penalva. Lindando con dicha finca, levantó la suya Juan Alberola- Romero, «la casa de la torre», que concluyó así la primera manzana.

En la siguiente, al otro lado de la actual avenida de Gadea, se encontraba el Teatro de Verano, del ya citado Luis Penalva Muñoz. Luego, la finca de la razón comercial Carratalá Hermanos, a la que le seguía el colegio de la congregación de Jesús María, y más tarde, el también colegio de San José. Junto al mismo, construyó su finca el comerciante en vinos de origen francés, Juan Anglada, a quien sucedería en el negocio Marcial Samper. Por último, el edificio de Ramón Guillén López y de sus hijos Ricardo y Heliodoro.

Así se fue urbanizando aquel paraje, en memoria del ilustre histólogo que con tanta frecuencia visitó nuestra ciudad, invitado por su colega y amigo José Gadea Pro.

Vigilad las rameras

Qué finos que eran. Espiaban, barrio a barrio, a las prostitutas o a aquellas mujeres de dudosa vida. ¿Se lo figuran? Iban los diputados de tal o cual barrio fisgoneando y atendiendo a cuchicheos, por ver de ponerle la mano encima a la que se desmandara o simplemente a aquella de quien se sospechaba algún que otro desliz. Luego, escribían un informe y se lo remitían al señor gobernador.

Había de todo. Por ejemplo, en el barrio de Santa Ana, tranquilidad absoluta: «Como en esta época presente se halla este barrio sin novedad en atención a hombres y mujeres de mala conducta, quedando con el mayor cuidado y advertencia para lo sucesivo en que esperamos, por la gran bondad de Dios, que permanezca dicho barrio con la mayor exactitud y pureza y sosiego. Alicante a dieciséis de agosto del año 1806». Luego, la firma. La firma del diputado señor Tonda, porque el diputado señor Puchol no sabia firmar: daba el chivatazo de boquilla.

Sin embargo en Santa Cruz, ya verán, ya. Había una tal Forrona Moza que debía ser de armas tomar, qué individua. Tenía al personal en ascuas. La Forrona Moza era madre de dos hijos y según todos los indicios, cada uno de ellos era de un soldado asistente, es decir, de dos soldados asistentes. De los soldados, por supuesto, no se decía nada, pero a la Forrona Moza la tenían más que fichada. Lo mismito que a las hermanas Vicenta y María que, aun expulsadas del barrio de San Antón, seguían en sus trece, ante la justa indignación de los señores diputados. Y es que las hermanas Vicenta y María iban de putas de lujo. Tal se desprende del informe en el que se especifica que vestían de tiros largos y gastaban a manos llenas, sin que tuvieran bienes reconocidos ni renta alguna. Claro que su casa la visitaban gentes de toda clase, pero especialmente de la clase superior. Y aunque fueron reconvenidas por el señor alcalde mayor, ni caso. Ellas, a lo suyo. Quizá por eso, por lo que pudiera ocultarse detrás de aquellos encuentros, los diputados anotaron: «Se ha suspendido toda gestión hasta nueva orden». ¿Habría algún habitual visitador más alto que el alcalde mayor?

Por su parte, Vicenta Fonseca que se quedó viuda a consecuencia de la epidemia de peste amarilla, tuvo un hijo cuyo padre, naturalmente, no se cita para nada. Pero el diputado de turno salomónicamente, apostilló: que se case. Todas esas andanzas de nuestras prostitutas de principios del siglo XIX, y de sus sigilosos vigilantes, parecen arrancados de una novela. Hoy ya no suceden cosas tan divertidas, ¿o sí? Ya veremos.

Trabajadores del municipio

Fue el dieciocho de abril de 1907, cuando los delegados de las sociedades obreras legalmente constituidas se dirigieron por escrito al Ayuntamiento de nuestra ciudad, solicitando del alcalde, Luis Mauricio Chorro, que se concediera a los empleados municipales descanso total el día 1.º de mayo, sin excepción alguna de categoría y que ordenaran a los contratistas que dependieran de la corporación que también a sus trabajadores les dieran igual trato, de manera que así demostrara «su amor a la clase obrera».

En la instancia que firman Rafael Sierra y Eugenio Alman, se advierte que «se desea solemnizar la fiesta universal del proletariado, cual corresponde a la grandiosidad de la misma, y al igual que en los demás países del extranjero, en las corporaciones municipales, por su carácter administrativo e independiente, conceden a sus dependientes el 1.º de mayo el jornal que tienen asignado en sus presupuestos, relevándoles en ese día de todo trabajo, ya sea manual o intelectual, a fin de que éstos puedan asistir a los actos de solidaridad obrera».

El Ayuntamiento estudió la petición y contestó, dos días después, con cierta ambigüedad, accediendo a lo solicitado, pero sólo en aquellos casos en los que el servicio lo permitiera. Años después, los dirigentes obreros insistirían en sus pretensiones, con resultados más sustanciales.

El veinticuatro de abril de 1912, cuando estaba al frente de la alcaldía Federico Soto, la Junta de Delegados del Centro de Sociedades Obreras, con sede en la entonces avenida de Zorrilla (hoy de la Constitución) insistió, en términos parecidos, ante el Ayuntamiento, «con el fin de que el numeroso personal a sus órdenes no sea una nota discordante en dicho día (Fiesta del Trabajo)».

En nombre de las dieciséis sociedades representadas, se invitaba a las autoridades locales a que dispusieran la suspensión de las actividades, en tanto en cuanto «no se produjesen perjuicios al excelentísimo Ayuntamiento».

El treinta de abril, el Consistorio contestó positivamente. «(...) y a pesar de que algunas obras de las que el Ayuntamiento viene realizando son de verdadera urgencia e importancia, esta alcaldía, accediendo a los deseos de ese centro y para cooperar, en la medida de sus fuerzas, a la mayor brillantez de la Fiesta del Trabajo, ha dispuesto que mañana, 1.º de mayo se suspendan todos los trabajos y labores que realizan los operarios municipales».

La vieja carretera de Silla

Más que harto debía estar el ingeniero jefe de Obras Públicas, Juan Miró, aquel mes de mayo de 1904, para dirigirse al alcalde de la ciudad en un tono severo. «La carretera de Silla -le escribe el veintitrés de aquellos mes año- cuya conservación corresponde al Estado y, como consecuencia, al cargo de esta jefatura, termina en el origen del muelle de Levante de este puerto, llegando por lo tanto al centro de Alicante, que en varias épocas del año es de gran concurrencia de vecinos y forasteros.

El señor Miró expresa, con irritación contenida, la inutilidad de sus esfuerzos para mantener la entrada de nuestra ciudad libre de obstáculos como corresponde «a la cultura de esta población». Además el ingeniero de Obras Públicas, con muy buen criterio, abogaba por la fluidez de la circulación, pero, en su opinión, no había forma de conseguir que estuviera libre y desocupada para el tránsito.

Por lo visto y leído, en el tramo comprendido entre la plaza de Ramiro y el final del punto kilométrico 172, los conductores de todo tipo de vehículos que prestaban su servicio entre la capital y los pueblos de las cercanías, se habían montado su «paraeta», impidiendo así o dificultando el acceso, por la carretera de referencia, al centro de Alicante. De acuerdo siempre con las observaciones de Juan Miró, invadían además las cunetas y los paseos «con carros y carretas con los tiros desuncidos», lo que constituía un espectáculo nada edificante y aún un riesgo, para transeúntes y circulación.

Se amonestó seriamente al personal de peones camineros y se conminó a los funcionarios de la Jefatura de obras Públicas a tomar medidas contra cuantos obstruían el paso por aquella vía. Pero las denuncias presentadas ante la Alcaldía, en repetidas ocasiones, no surtían efecto alguno. «Las órdenes que se daban, para que se cumplieran las disposiciones legales, resultaban desatendidas, por contar, al parecer, los contraventores, con la impunidad de las tan repetidas infracciones».

Muy finalmente, el ingeniero Miró no estimaba como cierta una probable tolerancia por parte de la Alcaldía, por cuanto tenía constancia de que la misma había de prestar su valiosa y eficaz cooperación, como se desprendía de la comunicación del Ayuntamiento de una década antes, es decir, del dieciséis de noviembre de 1895. No obstante, apelaba a la primera autoridad local, con el ruego de que señalara otros sitios para la parada de los carruajes de servicio o que se obligara a los conductores a esperar a los hipotéticos usuarios, en los lugares establecidos a tal fin en la población. Qué estampa, con el siglo recién estrenado.

La Asociación de la Prensa

Sucedió en los locales del Montepío Mercantil: varios periodistas mantuvieron una interesante reunión. De allí surgiría la Asociación de la Prensa de Alicante, que presidiría, aunque por muy poco tiempo, el director de «El Demócrata», Juan Manuel Contreras. Era el diecinueve de noviembre de 1904. En aquella misma sesión y antes de que se procediera al nombramiento de los cargos de la junta directiva, Contreras propuso como presidentes de honor de la misma a Miguel Moya, presidente de la Asociación de Madrid, José Canalejas y Méndez, decano del Colegio de Abogados de Madrid y Antonio Galdó López, decano de los periodistas alicantinos.

Casi veinticinco años después, se celebró el día del periodista, con objeto de conmemorar las bodas de plata de la institución. Con tal motivo se instituyó el premio «Luca de Tena», a iniciativas de quien no quiso revelar su nombre y se ocultó bajo el pseudónimo de «el periodista anónimo». En sucesivas ediciones, este galardón lo obtendría Antonio Blanca Pérez (en 1931 y en 1936), José Ferrándiz Torremocha (en 1932 y en 1935), José María Ballesteros (en 1933) y José Alfonso (en 1934).

La Asociación de la Prensa se reunía en diversos lugares, hasta que finalmente tuvo su primera sede social en el pasaje de Amérigo, en donde permaneció hasta 1921. Posterior y sucesivamente, tendría su domicilio en Castaños, en López Torregrosa, en Zaragoza y, por último, bajo la presidencia de Pérez Mirete, en su espacioso local en los bajos del número ocho del paseo de los Mártires.

Son muy diversas las vicisitudes de la Asociación alicantina. Vicisitudes de carácter político, cultural, profesional y económico, que ya analizamos y comentamos ampliamente en un trabajo sobre la misma. Pero, desde el momento de su constitución, organizó actos, conferencias, funciones benéficas y corridas de toros. La primera de ellas, se celebró el treinta de julio de 1905, con toros de Carreras y la presencia de los matadores Fuentes y Cocherito de Bilbao, cuando era presidente de la misma Antonio Galdó Chápilu. Meses después, en octubre del referido año, se incrementó la nómina de miembros honoríficos con los nombres de Benito Pérez Galdós y de Salvador Sellés.

En una de estas habituales crónicas («La Gatera», 28 de enero de 1995) dejamos constancia de muchos de sus presidentes, prácticamente hasta mediada la década de los treinta. La nómina se completa, en el citado trabajo, con los restantes, hasta nuestros días.

La mendicidad perseguida

Una carta nos proporciona el aspecto más doloroso de la detención indiscriminada de quienes practicaban la mendicidad, en los primeros años de la década de los cuarenta, es decir, en la inmediata posguerra. En este caso, se trata de la petición que una mujer -cuyo nombre obviamos- dirigida a las autoridades. En el texto se refleja la angustia de una madre que aboga por una niña de trece años, internada en el castillo de Santa Bárbara, como tantos y tantos menesterosos, y solicita que la dejen regresar a su casa, por cuanto ya tiene condiciones para facilitarle comida y atenciones. En nuestro Archivo Municipal, se pueden consultar muchos más documentos de esta misma naturaleza. La captura de los más débiles resultaba una práctica ominosa y frecuente.

En uno de los partes diarios, en cuyo impreso figura: Campo de Concentración y Aislamiento de Mendigos, correspondiente al uno de febrero de 1942, se registran nada menos que ochenta y tres niños y cuarenta niñas internados por el tremendo delito de pedir limosna. Además de ochenta y cuatro adultos.

La detención de estas personas comenzó a llevarse a cabo poco antes del citado año. Al lugar, también se le conocía por el nombre de Campamento de Observación y Aislamiento de Mendigos y Vagabundos, y se encontraba al frente del mismo don Manuel Blanco Sánchez. Dependía de la Junta Municipal de Beneficencia de Alicante. Pero ciertamente más parecía un centro penitenciario. Tal se desprende de los términos empleados en las casillas de los referidos partes; libertados, fugados, ingresados, fallecidos y hospitalizados. Claro que entonces a los pedigüeños, por las causas que fueran, no se les reconocía ningún derecho. Ni a los otros. Hoy, sí. Al menos tal es la letra y el espíritu que informan los pliegos de nuestra Constitución, consensuada por la mayoría de las fuerzas políticas y refrendada por la mayoría de los españoles.

Acerca de este Campamento o Campo de Concentración ya ofrecimos, en su momento, otros detalles. Detalles referentes a la alimentación de los internados en aquel gueto y cuya base la constituían las zanahorias, como se desprende de la lectura de los ranchos que se les facilitaba. En el dormitorio para hombres y niños había tan sólo, según se documenta en el inventario correspondiente, un total de setenta y seis camas, insuficientes para los retenidos o detenidos o internados. Tal vez no le importase demasiado a aquellas jerarquías: les molestaban los pobres, pero, al parecer, les traía sin cuidado las causas de la pobreza y la adopción de medidas sociales para evitar tanta injusticia. ¿Eran otros tiempos?

Ejecutados en Tabarca

Cierto que aquel mes de noviembre trajo aires desapacibles a nuestra ciudad. Primero, la subasta para el arriendo de las puertas de Alicante que crispó los ánimos de la ciudadanía. Pero en vano. El anuncio aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia se cumplió a pesar de su impopularidad, en mayo del siguiente año, es decir, de 1839. De modo que el dichoso arriendo, junto a los arbitrios municipales, se los adjudicó el señor José Safont.

A raíz de la dicha subasta, tanto los particulares, como las corporaciones y gremios elevaron su enérgica protesta al Ayuntamiento: aquel contrato oneroso ponía a la ciudad al borde una insurrección. Se imponían medidas capaces de volver las cosas a su anterior estado. Manuel Carreras, Cipriano Berguez e Isidoro Salazar, alcaldes constitucionales, hicieron lo que podían hacer: enviar al Gobierno un amplio y razonado escrito, en el que exponían minuciosamente las repercusiones que el arriendo de las puertas había ocasionado en la población, descontento generalizado, cierre de establecimientos y protestas incesantes. El documento lo firmaron también los regidores, síndicos y secretario municipales.

«(...) la ansiedad pública exaltada por este contrato y la opinión manifestada de un modo inequívoco contra tal medida, colocan al Ayuntamiento en el imprescindible caso de manifestar las gestiones que en el particular ha practicado, para defender de este inesperado ataque los fondos cuya administración le están, por leyes, confiada (...)». Y surtió efecto, se impuso el sentido común, y el derecho de puertas quedó encomendado, como hasta entonces, a la hacienda municipal.

Pero aquel mes de noviembre de 1838, tuvo un aspecto bastante más sombrío. En la madrugada del día once, diecinueve sargentos carlistas, presos en el depósito de la isla de Tabarca, fueron fusilados sobre un fondo de nubes violáceas. Era la represión ordenada por el gobernador militar, Francisco Pérez Meca, después de declarar la plaza en estado de sitio, por las actuaciones del general carlista Ramón Cabrera que, a su vez, había mandado fusilar a noventa y seis individuos de la misma clase». En ocasiones, los generales juegan con los hombres como si fueran soldaditos de plomo. Un juego siniestro y sangriento.

El atentado

Por los pelos, se libró el teniente coronel Fernández Arteaga, cuando el presunto anarquista disparó su pistola sobre él. Luego, el arma se encasquilló, momento en que un sargento de cornetas aprovechó para abalanzarse sobre el agresor, quien le dio un mordisco en la mano, antes de ser reducido por el capitán Meca y entregado al jefe de la Policía Urbana, el cual, a su vez, lo pondría a disposición de las autoridades militares. El frustrado atentado tuvo lugar en la calle de Jorge Juan, el veintinueve de octubre de 1934. Aquel día, se celebró en Alicante un desfile en el que participaron fuerzas del Ejército y de orden público, a raíz del homenaje que en toda España se les tributó, con motivo de su intervención en los sucesos revolucionarios de Asturias.

En nuestra ciudad, presidieron aquellos actos el comandante militar de la provincia, general García Aldave; el gobernador civil de la misma, Vázquez Limón; el alcalde de Alicante, Santaolalla; además de otras personalidades, entre las que se encontraba Manuel Prytz, decano del cuerpo consular. La Prensa escribió, entre otros elogios: «Recorrieron las más importantes vías, entre una continuada ovación y delirantes aclamaciones de la muchedumbre (...) Terminado el desfile, sirviose una comida extraordinaria a la fuerza, que fue obsequiada con una peseta en mano y cigarros, acudiendo al acto las autoridades y pronunciando un patriótico discurso don Manuel Prytz, en nombre de las fuerzas vivas, siendo contestado con elocuencia y patriotismo por el general García Aldave».

Acerca del autor del fallido intento, sabemos, por las fuentes hemerográficas, que se llamaba Manuel Morente Suárez, de sesenta y un años de edad, que era natural de Porcuna (Jaén) y que tenía por oficio el de zapatero remendón. Desde un principio, se supuso que se trataba de un anarquista. Aquella misma tarde, el comandante Gordejuela, practicó las diligencias sumarias, para someterlo a consejo de guerra. Los nervios posiblemente o la mala puntería impidieron que llevara a efecto su cometido. Los periódicos nacionales prestaron toda su atención al desfile y al atentado al que nos referimos. En el diario «Abc», del treinta de octubre, se publicó un documento gráfico: las tropas en formación, frente al edificio del viejo Casino alicantino. Por los pelos se libró el teniente coronel citado.

La fiesta más antigua

Sin duda, las festividades más remotas de nuestra ciudad son las que tenían lugar en el mes de agosto, posteriormente dedicadas a la patrona de Alicante la Virgen del Remedio. Abundan los documentos que se conservan en el archivo municipal relativos a la feria que, desde siglos atrás, se celebraba en el referido mes.

Fue Jaime II de Aragón quien, por provisión real de cinco de agosto de 1296 y «a petición de la justicia de Alicante Berenguer de Puigmoltó y otros dos síndicos de la misma, accedió a la creación de una feria anual, durante todo el mes de agosto, con el disfrute de todos los fueros acostumbrados por cuantos mercaderes acudan a la convocatoria, a excepción de los criminales, falsificadores de moneda y salteadores de caminos a los viandantes».

Pero en 1325 la dicha feria se trasladaría al mes de diciembre y, más tarde, bajo el reinado de Pedro IV, al de octubre, por cuanto parecía un tiempo más propicio para el chalaneo de los mercaderes. Sin embargo, mucho tiempo después, volvería a celebrarse en agosto no ya como feria, sino como fiesta, y con objeto de solemnizar el día de la excelsa patrona de Alicante. Así se contiene en una moción presentada al Consistorio, en la sesión plenaria del veintidós de marzo de 1890. La moción estaba firmada, entre otros concejales por Corradi, Altamira y Viravens. Rafael Viravens, por aquel entonces, había presentado su renuncia como cronista oficial de la ciudad, con objeto de dedicarse a sus funciones de edil. Se hacía, en el texto correspondiente un expreso llamamiento a las sociedades de recreo, gremios, establecimientos comerciales y de baño, empresas de casas de huéspedes y fondas, a fin de que conjuntamente con el Ayuntamiento, contribuyeran a la formación de un programa digno de la cultura de la ciudad y también a sufragar los gastos que ocasionaran tales celebraciones.

El once de julio del año ya referido, Altamira presentó el programa que se había confeccionado. El liberal Rafael Terol y Maluenda que presidía el Ayuntamiento mostró su acuerdo y propuso que la alameda de San Francisco se rotulase con el nombre de Eleuterio Maisonnave, y que en el transcurso de las fiestas se fijara la placa, con la solemnidad debida.

Sólo se alzó una voz discordante: la de Rafael Viravens que era un decidido militante del conservadurismo canovista. Pero agosto volvió a recuperar el pulso de unos actos que ya tenían raíces históricas y bien consolidadas.

Importante remodelación

Fue el gobernador civil, don Ramón de Campoamor y Campoosorio, el poeta de las Doloras y el conservador que criticaba, en sus escritos, la democracia, quien dio el visto bueno al proyecto urbanístico. De inmediato, se lo comunicó al alcalde de Alicante, don Tomás España. El proyecto al que nos referimos, con su plano correspondiente, se aprobó el veinte de julio de 1850. Y consistía en la remodelación de la actual plaza de la Santísima Faz.

Plaza que antes se llamó de la Fruta, de la Harina, del Progreso y también, aunque se trata de una rotulación escasamente conocida, de la Cárcel. El nombre que hoy lleva, se debe a un acuerdo municipal del diecinueve de agosto de 1921.

La plaza o mejor plazuela de la Cárcel se la denominaba a mediados del pasado siglo. Así consta en algunos docum