Una contienda de votos

Ni uno. No sacaron ni un concejal en aquella contienda de votos. Tras unos años al frente del gobierno municipal, el Partido Conservador, «pasó por el bochorno de ver derrotados a sus candidatos». El canalejista diario «El demócrata» no concedió tregua alguna: «Los conservadores con su jefe predicaron la intransigencia, la unión de todas las derechas en apretado haz de conservadores, carlistas, integristas y demás elementos reaccionarios». Las elecciones municipales del doce de diciembre de 1909, pusieron de manifiesto la profunda crisis por la que atravesaban las filas conservadoras. La prensa de aquel entonces subrayó sus divergencias, su falta de unidad, de organización y de jefatura. Ni los hombres de confianza de Juan Poveda, ni aquellos otros por los que se interesó el diputado Manuel Antón, consiguieron un acta de concejal. Fue un verdadero desastre.

Sin embargo, los demócratas de José Canalejas se llevaron nueve de las dieciocho vacantes que había que cubrir en la corporación municipal. También resultó elegido Federico Clemente quien mantenía estrechos vínculos políticos con el antiguo liberal Rafael Beltrán. Los ocho restantes puestos fueron siete para los republicanos y uno, para el socialista Monserrate Valero. Razonablemente «El Correo», liberal conservador, escribía: «Los candidatos mauristas que esperaban el acta concejil representaban distintas tendencias y una considerable masa del partido ha permanecido retraída (...) Hoy sólo hemos de decir que las divisiones entre los elementos monárquicos han dado el triunfo casi completo a republicanos y socialistas. También entre los concejales se observan divisiones».

Ciertamente, la conjunción republicano-socialista fue la virtual ganadora de aquellas elecciones. Elecciones en las que, por escasos votos, no sacó acta el también socialista y profesor José Verdes Montenegro. «El Diario de Alicante» se manifestaba así: «Liberales y conservadores han pasado a mejor vida, y aunque hagan pinitos en lo sucesivo, ambas colectividades políticas no lograrán rehacerse (...) Muy especialmente debe anotarse el triunfo de la coalición republicano-socialista, más grande que el de los demócratas, si se tiene en cuenta que solos fueron a la lucha, contra todos los demás partidos, que disfrutan del poder y de todas las influencias a él inherentes».

Para el Demócrata, órgano provincial del partido de Canalejas, la cosa estaba muy clara: el éxito había sido de José Canalejas, del diputado Francos Rodríguez, del senador Díez Moreu. Incluso del alcalde Pérez Bueno. En fin, primero de los demócratas; luego, de republicanos y socialistas. Cada quien matizaba y sopesaba de acuerdo con sus principios y conveniencias.

Por supuesto, los sucesos de la Semana Trágica no fueron ajenos al desarrollo de la conjunción republicano-socialista, en nuestra ciudad.

Historia de la Explanada

El dato escueto es que el alcalde Fernando Flores Arroyo, en nombre del Ayuntamiento y del pueblo de Alicante, recibió del Estado los terrenos que ocupan Juan Bautista Lafora, plaza del Mar, Explanada de España, parque de Canalejas, calle de Ramón y Caja¡, avenida de Loring y diez mil trescientos cincuenta metros cuadrados del paseo de Gómiz. Era el 2 de julio de 1966.

Muchos años antes, concretamente en 1910, el ingeniero director del puerto, Próspero Lafarga, ante la evidente necesidad de ensanchar la entrada al mismo, por el muelle de Levante, manifestó que era aconsejable solicitar de la autoridad competente la expropiación del Mercado instalado, por entonces, al comienzo de la Explanada y en la calle de San Fernando. Aunque, como apuntó el referido técnico superior, tal expropiación se contemplaba ya en una real orden de 1862, por la cual se deslindó el puerto y se estableció como límite de aquella zona, la línea de fachada de las casas del paseo de Los Mártires que, cortando el mercado ya dicho, iba a parar al ángulo del hotel Iborra (ahora, hotel Palas). Todos los relacionados terrenos correspondían a la Junta de Obras del Puerto.

Otra real orden de veintidós de febrero de 1922, disponía que la reparación y conservación de las vías de comunicación, dentro de la tal zona, estuvieran a cargo de la Junta. El tres de enero de 1911, y siendo alcalde Federico Soto Mollá, el Ayuntamiento entregó al organismo portuario los paseos de Los Mártires y Canalejas, así como las carreteras lindantes con los mismos. En la correspondiente acta de entrega, el Consistorio dejó constancia de que los servicios de policía urbana, alumbrado, riegos, arbolado y otros continuarían a su cargo. Cosa lógica, en opinión de Lafarga, toda vez que los arbitrios de la zona, enclavada dentro del puerto, los percibía el municipio. El ingeniero matizó que las carreteras del área portuaria «comprendían las de la Explanada de España y la del paseo de Los Mártires (aún eran dos tramos diferenciados), y si bien la segunda no requería atención especial, por estar ya asfaltada, la primera» exigía la rápida transformación de su pavimento «por otro más perfeccionado». A juicio del citado ingeniero, el trayecto que precisaba actuaciones era: el de la carretera de la Explanada de España, hasta el paso a nivel, llamado de Alberola y el tramo de la carretera paralelo al muelle de Costa.

Confabulación de alfonsinos

En un trance adverso, lo dijo gallardamente Rafael Viravens Pastor, quien un año más tarde sería titulado cronista de la ciudad. Se lo dijo al gobernador civil, Enrique Fernández, que lo había hecho detener, junto con Julián de Ugarte: «Si usted nos apresa como carlistas, yo protesto de un hecho arbitrario. Si lo hace como alfonsinos, sólo hemos de manifestar que estamos dispuestos a dar la vida y la hacienda por la restauración de la dinastía borbónica». No mucho después, el gobernador los puso en libertad. La pelota estaba en el tejado.

En septiembre de 1873, y con el propósito de desbaratar el ataque de las fragatas insurrectas, el general Arsenio Martínez Campos se desplazó a nuestra ciudad. Sin embargo, el entonces capitán general de Valencia advirtió en las autoridades locales ciertas reticencias. Y es que éstas, por mediación del cuerpo consular acreditado, habían logrado del jefe de los cantonalistas una tregua, antes de llevar a efecto el bombardeo de Alicante. De acuerdo, con nuestros datos, por su parte el Gobierno envió al general Sanjuán, con el mayor secreto a Cartagena, para que mantuviera negociaciones con el cabecilla de los insurrectos, con quien llegó a nuestras costas a bordo de la fragata «Numancia».

Estas actividades casi subrepticias, molestaron razonablemente a Martínez Campos quien presentó su dimisión. Según parece, en el casino aseguró que, a partir de aquel entonces, procuraría a toda costa restaurar en el trono de España a los Borbones. Un año más tarde, en diciembre de 1874, el general proclamó en Sagunto, y dicen que a la sombra de un algarrobo, al rey Alfonso XII.

Arsenio Martínez Campos siempre tuvo el apoyo y la complicidad del marqués de Río Florido, Adrián Viudes Gardoqui. El marqués de Río Florido, cauteloso y previsor, preparó un refugio seguro para el general en su finca «Los Hoyos» de Mutxamel.

Aquella empresa podía irse al garete y convenía estar dispuestos para cualquier contingencia.

En Alicante, además de los ya citados, hubo otros destacados defensores de la restauración borbónica. Entre ellos, Carlos Navarro Rodrigo que, aún en el gabinete de Sagasta, no cesó de hacer política alfonsina, como «los Bas y los Campos que sostenía el periódico "El Constitucional", fueron los primeros en reconocer la dinastía borbónica, por lo que recibieron actas de diputados, presidencias de la Diputación y alcaldías».

Avenida para un general

Fue el edil Rafael Romeu Bonet quien lo propuso y la corporación plenaria lo acordó: nombrar a José Marvá Meyer hijo predilecto de nuestra ciudad. El general Marvá nació en Alicante, en 1846, y murió en el turbulento 1936. Además de militar fue matemático, desempeñó la presidencia del Instituto Nacional de Previsión y estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo. A todas luces, un alicantino ilustre.

Tras la decisión corporativa, el alcalde se lo notificó a Marvá: se trataba de rendirle un tributo de justicia, por sus altos merecimientos y las preeminentes cualidades que lo distinguían. El general respondió, de inmediato, el nueve de julio de 1923, expresando al Ayuntamiento su gratitud y subrayando que tal honor fortalecía los más íntimos vínculos de afecto con su ciudad natal, «que siempre encontrará en mí -manifestaba en su escrito de aceptación- al hijo dispuesto a servirla, con toda devoción y cariño».

Además del referido título, también se acordó rotular con su nombre una avenida. Recordamos la avenida con especial interés, porque allí tuvimos nuestro domicilio durante muchos años. Y aún la recordamos como un lugar espléndido para los juegos infantiles, con todos los riesgos que suponían aquellos enfrentamientos. Las «pedregás» de entonces, entre bandas de adolescentes, y que, con más frecuencia de la deseada, se saldaban con un chichón y con alguna que otra descalabradura. La orografía para el juego concluyó encarrilándose por los caminos del urbanismo.

Las obras de acondicionamiento de la avenida y su paseo central, se terminaron a finales de septiembre de 1925. El general gobernador civil, Cristino Bermúdez de Castro, escribió por aquellos días al alcalde y militar Julio Suárez Llanos: «Mi querido general y amigo: recibí su amable carta dándome cuenta de la terminación de las obras de la avenida del general Marvá, atención que le agradezco muy sinceramente (...)».

Con los años, la amplia avenida por donde bajaban las aguas del monte Tossal, cuando las lluvias, sería una de las más céntricas y transitadas vías urbanas. Durante mucho tiempo, por allí desfilaron generaciones de estudiantes que asistían al hoy instituto de Jorge Juan. Y muchos chiquillos, en la posguerra jugaron por entre las piedras del refugio antiaéreo y del que arrancaba una galería hasta los sótanos de la Diputación, según se decía. Estampas ya para el recuerdo.

Bando de guerra

Así entró el general Cristino Bermúdez de Castro y Tomás en Alicante: bando de declaración del Estado de guerra, en mano. Era el catorce de septiembre de 1914. La actitud del general obedecía a las órdenes de Primo de Rivera que confirmó tal proclamación en el territorio nacional. Días más tarde, serían disueltos todos los ayuntamientos de España. De tal medida, y con respecto al consistorio alicantino, ya hemos dejado aquí constancia, cumplidamente. En aquel bando, se suspendían temporalmente todas las garantías constitucionales.

El mismo día, el general Bermúdez de Castro oficiaba al alcalde -los documentos se conservan en el Archivo Municipal- y le advertía que, en cumplimiento de las órdenes recibidas, había procedido a implantar el estado de guerra. También le participaba al alcalde, Antonio Bono Luque, que asumía las funciones del Gobierno Civil. No obstante, esperaba que las relaciones cordiales entre ambos, no se perturbarían. Como era natural, el alcalde le contestó, veinticuatro horas más tarde, expresándole la seguridad de que tales relaciones serían fluidas, y de que la alcaldía prestaría todo su concurso, con objeto de que el desempeño de su mando resultara benéfico a los intereses de la ciudad.

Dos semanas después, lo hemos relatado, Bono Luque y todos los miembros de la corporación municipal presentarían su dimisión, tal y como se les había pedido. La presidencia del Ayuntamiento, por elección de los concejales designados, recaería en el también general Miguel de Elizaicin y España.

Según Tuñón de Lara, mediante la intervención militar, Primo de Rivera, «obligaba a suicidarse a más de un secretario municipal, acusado de ser el "cáncer de España"». No, en Alicante, no se registró suicidio alguno. Pero muy pronto, el delegado de la autoridad de Bermúdez de Castro, comandante de Infantería José Seva solicitaba de la alcaldía todo lo conveniente y preciso para acceder al archivo y demás dependencias municipales. El delegado llevó a cabo una minuciosa inspección en las cuentas y servicios de la Casa de Socorro. Todos andaban bajo sospecha. Y el somatén, creado por Real Decreto del dieciocho de septiembre de 1923, se extendió por todas las provincias españolas, mientras el gobierno militar solicitaba una relación de los alcaldes alicantinos, desde 1905. Por cierto que si fue Miguel de Elizaicin y España quien inauguró, al frente del Ayuntamiento de Alicante, la dictadura primorriverista, su hermano Florentino lo presidía, el veintiséis de febrero de 1930, apenas cuatro semanas después de la dimisión de Miguel Primo de Rivera.

Ex combatientes

El diecinueve de septiembre de 1940, se constituyó la nueva comisión gestora municipal. Ambrosio Luciáñez Riesco, confirmado en su cargo al frente de la Alcaldía manifestó que aquel mismo día finalizaba el mandato de la nombrada al liberarse la ciudad, el treinta de marzo de 1939. Por su parte, el gobernador civil, Miguel Revilla Azcune matizó que con los cambios en la corporación se pretendía, no un solo cambio de nombres y de personas, sino de un sistema por otro, «el de la Falange -dijo- que se va abriendo camino en los destinos de España». Entre los nuevos ediles había diversos ex combatientes. «El cambio en el Ayuntamiento significa, al mismo tiempo la fusión, la unidad política, el término de las intrigas, camarillas y comentarios». Era en sus propias palabras, la llegada de la juventud que más directamente contribuyó al triunfo del nuevo Estado.

Aparte de los aspectos políticos del relevo, se señaló también las transformaciones urbanísticas que ya había iniciado, meses atrás, el propio Luciáñez. El gobernador apostó por la destrucción de los barrios infectos de la Montañeta, proponiendo que tales lugares que eran focos de las mayores lacras sociales, desaparecieran, por el bien público y el ornato de la ciudad.

Al día siguiente, la nueva comisión permanente, en sesión inaugural, abordó el tema de la instalación de la Guardia Civil, en Alicante. Con carácter provisional, las fuerzas de la Benemérita se encontraban emplazadas en el edificio perteneciente al grupo escolar del barrio de las Carolinas. Pero, ante la posibilidad de trasladar a esta capital las oficinas del mando del 15 Tercio, dispuso que interinamente se alquilase un piso, para su ubicación. «El 15 Tercio comprende las comandancias de Alicante, Albacete y Murcia, la superioridad ha estimado la convivencia de que quede en Alicante el mando. Así, el reducido contingente de fuerzas que aquí había, toma crecidas proporciones».

Para resolver el problema, se acordó, por lo pronto, hacer obras en el señalado edificio escolar, hasta la construcción de un nuevo cuartel, sin desvirtuar el fin docente del inmueble. Así como también otras medidas, entre las que se contaba el abono al Ayuntamiento, por la Dirección General del Instituto, de los alquileres de los locales arrendados. Entre tanto, las autoridades locales buscarían en el perímetro de la ciudad un edificio destinado a casa-cuartel y al mando del Tercio, mientras se planeaba la construcción de un edificio de planta para tal objeto. «El once de octubre de 1940, la Dirección General de la Guardia Civil concedió al Ayuntamiento 27.700 pesetas anuales, para el alquiler, en esta ciudad, del grupo escolar "Padre Manjón" que la Benemérita ocupaba, hasta que pueda alojarse en otro o se edificara uno de planta, en que la instalación tuviera ya carácter definitivo».

El escudo de la ciudad

El blasón de Alicante, como el de otras muchas villas y ciudades, ha estado sometido por siglos a diversas interpretaciones. Repárese si no en la variedad de los que existen aún, bien dibujados o impresos en papeles públicos, bien esculpidos en las piedras de nobles y antiguos edificios, o bien aquellos otros, no sujetos a los fundamentos de la heráldica y sí a la arbitrariedad, que aparecen en numerosas publicaciones de carácter privado, con objeto de establecer un modelo único que soslayara errores y se ciñera lo más estrictamente posible a los orígenes históricos de Alicante, el cronista oficial Francisco Figueras Pacheco presentó un informe pormenorizado al Ayuntamiento, presidido entonces por Alfonso de Santaolalla Esquerdo. En sesión plenaria del veinticinco de octubre de 1935, se aprobó el trabajo del referido cronista, y se acordó remitirlo a la Real Academia de la Historia, para su conocimiento y dictamen, así como elevarlo al Ministerio de Gobernación, lo que se hizo el dieciséis de mayo de 1936.

Lamentablemente, la guerra civil paralizó el proceso iniciado, como tantas otras cosas.

El dieciséis de noviembre de 1940, la corporación que presidía Ambrosio Luciáñez Riesco, volvió sobre el tema que depuraba nuestro escudo municipal de los yerros conocidos «y que se puntualizan en el brillante resumen del cronista. Contendría: la barras de Aragón, que nacen del privilegio otorgado por Jaime II, el siete de julio de 1308; el castillo, legendaria fortaleza del pasado; la típica roca, simulando un rostro que mira a la izquierda del observador (concedidas por Alfonso X el Sabio en 1252), campo de gules (de color rojo) símbolo de la nobleza, la generosidad y el vencimiento con sangre; las letras A.L.L.A., con el significado de Akra-Leuca, Lucentum, Alicante (aunque oficialmente ahora significan Alicante, Lucentum, Lucentum, Alicante), origen, evolución y término del nombre auténtico de la ciudad, en lugar de C.I.I.A (Colonia Inmunis Illici Augusta, aunque hay otras posibles interpretaciones), por estar ya fuera de dudas que corresponden a Elche, al cual debemos esa reparación moral, no siendo justo que sigamos detentándolas; el toisón de oro, concedido por Carlos I, en el año 1524 (...)». El trece de marzo de 1941, se conoció el informe de la Real Academia de la Historia, elaborado por el comprovinciano marqués de Rafal, y que mereció la conformidad del Ayuntamiento. Y el veinticinco de abril de aquel mismo año, la subsecretaría del Ministerio de la Gobernación aprobó la modificación de nuestro escudo municipal. Es interesante, la lectura de la obra de Figueras Pacheco «El nuevo escudo de la ciudad de Alicante» (Ediciones Saitibi, Universidad de Valencia 1944).

Lo que cuesta el pescado

Tanto como la dimisión en pleno de la corporación municipal. Y no porque Marruecos se anduviera con subterfugios en unas inexistentes negociaciones, sino por un conflicto de competencias entre el Ayuntamiento y la Junta de Obras del Puerto de Alicante. Ahora la Lonja es una espléndida sala de exposiciones; entonces, la Lonja era una magnífica exposición de pescado fresco.

Y todo comenzó por ahí. Empezó porque el Ayuntamiento pretendía que el pescado llegara con aquella misma frescura al consumidor. Y estableció el servicio adecuado para su transporte al mercado de abastos y a las estaciones. Pero el ingeniero director de la Junta de Obras del Puerto entendió que las disposiciones consistoriales significaban una injerencia en su jurisdicción y se negó. Cuánto celo.

Las autoridades locales querían que el género fuera transportado a los puntos de venta, en un servicio de camiones, para evitar su deterioro. Una medida de carácter sanitario e higiénico, con carácter obligatorio, y en cumplimiento de las disposiciones municipales. Pero el ingeniero, muy por el contrario, permitió que los vendedores de pescado fresco lo llevaran a brazo o en cuévanos a su lugar de destino, sin considerar los peligros que para la salubridad pública entrañaba aquel acarreo.

Medió en el asunto el general gobernador militar Cristino Bermúdez de Castro quien se puso del lado del ingeniero. Frente a tal decisión, alcalde y teniente de alcalde, reunidos en permanente, acordaron poner sus cargos a disposición de la superior autoridad y convocar un pleno extraordinario. El pleno se celebró el siete de diciembre de 1924. Y tras debatir largamente la cuestión suscitada, y después de considerar que se había procedido en cumplimiento de sus obligaciones, resolvió presentar la dimisión en su conjunto.

No debió de inmutarse el todopoderoso Bermúdez de Castro, quien unos días más tarde, en sesión extraordinaria del doce de dicho mes, dio posesión de sus cargos a los nuevos concejales, una vez destituidos los anteriores y el alcalde Miguel Salvador Arcángel. Antes de retirarse del salón consistorial, el general cedió la presidencia al edil de más edad: Julio Suárez-Llanos y Sánchez, general de brigada. De inmediato se procedió a la elección del presidente de la corporación recién designada, y por veinticuatro votos y una papeleta en blanco el mismo Suárez-Llanos ocupó la alcaldía. Probablemente, como ya estaba previsto. Lo que cuesta el pescado, ¿no?

Fuera impuestos

Fue, en verdad, como un regalo de Año Nuevo, para los alicantinos. Y no resultó nada fácil echar por los suelos aquella fiscalización. Pero Federico Soto Mollá lo hizo, por fin, aún a sabiendas de que era una medida arriesgada, para la propia hacienda local.

Había accedido a la alcaldía el veintiséis de diciembre de 1910, y era consciente, como manifestó de forma pública, de las áridas faenas y grandes tristezas que, tal vez, le aguardaban. Sin embargo, apostó fuerte. Soto Mollá decidió culminar, durante su mandato, la supresión de un sistema tributario viejo y ominoso, de acuerdo con su calificación. Y no se demoró, en anunciarlo. El último día de aquel año, lo soltó en un bando, para el conocimiento y regocijo de todos sus vecinos. De casi todos, mejor.

«La clara interpretación de vuestras ansias, unidas a la firme voluntad del Ayuntamiento que presido, ha logrado libraros de ese impuesto que, todavía oprime y castiga, a casi toda España». Pero, en el texto tan prometedor, había una precisa apelación a la responsabilidad de los ciudadanos. Porque sin tal impuesto «las arcas municipales pierden un seguro ingreso». ¿Con qué argumentos podía, el nuevo alcalde, garantizar y hasta conjurar una situación tan delicada? No lo dudó Soto Mollá: con el amor y la honradez de los alicantinos a su pueblo. Con su sentido de la responsabilidad, para superar el quebranto económico que entrañaba la decisión.

El día antes de la publicación de tan generoso bando, en la primera, sesión que presidía, dejó constancia de su agradecimiento a los arrendatarios de aquel servicio, así como a los ediles que habían contribuido a su liquidación. Casualmente, en tan memorable ocasión, el salón de plenos ofrecía un aspecto casi festivo, como consecuencia de las reformas que, poco antes, se habían llevado a efecto.

En el bando, y por si acaso, se prevenía contra posibles y nada recomendables expansiones suprimir: los tributos de portazgo y consumo, podía arrastrar a ciertas expresiones populares absolutamente improcedentes.

Por eso, Soto Mollá, advertía: «Entregaos todos al natural regocijo de estas nuevas y sea vuestra notoria cultura guarda severísima, para que gentes extrañas y mal aconsejadas no cometan demasías, haciendo vergonzoso botín y pillaje de los restos y casetas del suprimido impuesto». Era la Nochevieja de 1910 y como ocurre tradicionalmente, las fiestas y sus consecuencias, propiciaban todas las precauciones posibles.

Arden los barcos

El «Tiflis» se incendió en nuestro puerto el martes, dos de marzo de 1915. Fue una catástrofe, cuyas causas, poco claras, el capitán del barco las atribuyó a una imprudencia. Tras dos fuertes explosiones, las llamas hicieron presa en la proa. Casi toda la tripulación y el capitán, señor Zyster lograron abandonar la nave, aunque según manifestaron algunos marineros cuatro de ellos quedaron atrapados, mientras otro, de nacionalidad británica, falleció en la Casa de Socorro, donde se encontraban varios heridos más.

Afortunadamente, cuando empezó el fuego, ya se habían desembarcado seiscientas toneladas de gasolina, para la factoría Deusch, ubicada en la cantera, y otras mil quinientas de mineral para la fábrica de Fourcade. Pero aún quedaban en sus ataques otras mil doscientas de productos altamente inflamables. La posibilidad de nuevas explosiones, hizo que fuerzas de la Guardia Civil obligara a los curiosos a retirarse de las proximidades del buque incendiado. Muchos alicantinos presenciaron desde el paseo de los Mártires y el parque de Canalejas, cómo ardía el «Tiflis», amarrado al muelle de poniente, sobre las dos de la tarde. Los remolcadores estaban averiados y no había forma de sacarlo del puerto. De modo que el comandante de Marina solicitó ayuda urgente a Cartagena.

La ciudad vivió una jornada de sobresaltos, hasta que finalmente dos vaporcitos consiguieron remolcarlo, hasta la playa de Babel, de donde posteriormente aquel barco matriculado en Amberes, sería trasladada a Barcelona.

Pero la tragedia del «Tiflis» tenía precedentes inmediatos. Así, en el año 1899, se declaró un incendio en el buque«Cabo San Martín» que fue sofocado gracias a la intervención de la brigada de bomberos, si bien por aquel servicio las autoridades locales pasaron factura a la casa armadora de dos mil pesetas, cantidad que fue satisfecha por el consignatario don Gabriel Ravello. Dicha cantidad se satisfizo a medias entre el deterioro del material empleado para la extinción del incendio y los jornales y extras de la brigada de bomberos. Cuando menos así lo expuso el alcalde, tras el incendio de otro barco, el «Florencio Rodríguez», en nuestro puerto, hecho que tuvo lugar el veintiuno de agosto de 1904, y que llevó a la corporación a recordar los acuerdos sobre siniestros de esta naturaleza, adoptados el veintiséis de junio de 1885. Sin embargo, el edil señor Vila, en aquella ocasión, manifestó que según la ley municipal los ayuntamientos de poblaciones que tuvieran puerto de mar estaban obligados a disponer de estos servicios y cuestionó que las empresas consignatarias tuvieran que hacerse cargo del pago de los mismos. Como no se llegó a solución alguna, se procedió a consultar a las autoridades municipales de Barcelona y Cádiz, con objeto de conocer su criterio en tales circunstancias.

Revolución en septiembre

El veintiuno de septiembre de 1868, los liberales se hicieron fuertes en el Teatro Principal, sitiados por fuerzas del ejército y de la guardia civil y agotadas las escasas municiones, abandonaron su improvisada trinchera y salieron, por el foso, al campo, al otro lado de las murallas, por donde ahora está la Caja de Ahorros Postal y el Mercado de Abastos. Otros muchos, se refugiaron en los consulados de Bélgica, de Italia y de Suecia y Noruega. La prensa citó a José Maltés, apodado «El Palamonero» y decidido partidario de las libertades, que encontró refugio, en una finca situada en Babel, «Carmen», aunque más conocida por el «Porquet», que administraba el entonces alcalde Juan Bonanza Roca de Togores.

Todo comenzó cuando en la bahía de Cádiz, las tripulaciones de la flota al mando del brigadier de la armada Juan Bautista Topete, gritaron: «Viva España con honra». Era el pronunciamiento contra la monarquía isabelina. Un pronunciamiento que habría de transformarse en una revolución popular. Era el dieciocho de septiembre de 1868.

Al día siguiente y en cumplimiento de las instrucciones del Gobierno de Madrid, el brigadier Francisco Aparicio y Parlo, gobernador militar de Alicante, declaró el estado de guerra, mediante un bando que fue dado a conocer por el Pregonero del Ayuntamiento, señor Fonseca, a quien acompañaba el notario señor Izquierdo Chaupurcino, escoltados por una compañía del regimiento Granada número 34, según Montero Pérez. Por su parte, el gobernador civil, Luciano Marín dictó medidas drásticas contra cuantos se alzaran en favor de aquel movimiento insurreccional.

De acuerdo con nuestros datos, el veintiuno de aquel mes, una orden del comandante Giner de la Benemérita, sin el previo toque de atención, provocó él enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los liberales alicantinos. El pueblo hizo frente con adoquines y con las escasas armas que consiguieron, tras asaltar algunas armerías, entre ellas la que se encontraba en la plaza de Isabel II (hoy, Gabriel Miró), propiedad del señor Vergara. Posteriormente se replegarían hasta el Teatro Principal, donde, durante cuatro horas, libraron una sangrienta lucha, con varios muertos.

El veintinueve, tras la derrota de los isabelinos en la batalla de Alcolea, la junta de autoridades se reunieron en el Ayuntamiento y acordaron cesar en sus funciones y abandonar la ciudad. Dicha junta estaba formada por los dos citados gobernadores, el alcalde y el juez de Primera Instancia Mariano Die Pesceto. Aquel día se ganó un espacio para la libertad.

Alicantino, en el olvido

A los pueblos flacos de memoria, los asaltan las malas pulgas del desarraigo. Si algunos de ustedes, busca en un diccionario enciclopédico el nombre de Francisco Javier Balmis, leerá: «(1753-1819) Médico español que dirigió la expedición organizada en 1803, para realizar en América la vacunación antivariólica». En otro, le mudan el apellido Balmis por el de Balmes, y lo titulan «cirujano y botánico español que viajó por la América meridional, las Filipinas y la China, con objeto de extender los beneficios de la vacuna». Escribió -nos dicen ciertos biógrafos- «una Memoria sobre las propiedades antisifilíticas del agave y de la begonia». Por último, en una tercera enciclopedia se nos informa más ampliamente acerca de su origen, de su profesión, de su agitada vida y de su considerable y relevante actividad científica.

Francisco Javier de Balmis nació en Alicante, en 1753, y murió en Madrid, en 1819. Fue el cronista provincial Gonzalo Vidal Tur quien aportó su partida de bautismo, en la parroquial de Santa María, el cinco de diciembre del citado año natalicio. En el diccionario Salvat se ofrecen más datos acerca de la labor médica y humanitaria del médico alicantino que «regaló al Museo de Historia Natural una colección de dibujos iluminados que representan las plantas más comunes de la China».

Para que la memoria no nos la jugara, la corporación municipal decidió, en sesión del catorce de febrero de 1919, es decir, dos días después de que se cumpliera el primer centenario de su muerte, rotular con su nombre una plaza que, por aquel entonces, llevaba el de Torrents, en atención al industrial y edil que fue de nuestro Ayuntamiento, don José Torrents Maluenda. El domingo siguiente, dieciséis del mismo mes, se descubrió una placa en honor del doctor Balmis.

Por enfermedad del alcalde, Antonio Bono Luque, le correspondió a Tomás Tato Ortega, teniente de alcalde, presidir el acto al que asistieron, además de numerosos concejales (López González, Soler, Ras), la directiva del Colegio de Médicos y conocidos doctores y personalidades alicantinas: Cortezo, Recasens, Evaristo Manero, Gadea Pro, Rojas, Beltrán, Lafarga, Guardiola Ortiz, y el diputado y ex ministro Francos Rodríguez, quien se desplazó expresamente de Madrid, para participar en el homenaje que posteriormente se rendiría a Balmis en el Teatro Principal.

El peatón que transite por la plaza de Balmis que lo recuerde. Que recuerde al médico de cámara de Carlos IV, que abandonó su posición, para llevar, durante tres años, su afecto y la vacuna contra la terrible viruela, a pueblos muy lejanos, a países remotos. Un alicantino ejemplar.

El alcalde de salida

Nos preguntan frecuentemente muchos lectores de esta columna, si todas ellas se recopilarán en un libro. Pues, miren, ese es nuestro propósito y nuestro deseo. Y no la escueta columna de cada día, sino su complemento debidamente revisado. Como ya hace algunas semanas que dejamos atrás el millar, resulta que para «Alicante: crónica general del siglo XX», dispondremos para los primeros meses de 1996 de un volumen de algo más de dos mil folios mecanografiados. La pregunta es: ¿quién va a pechar con la edición de tan abultado trabajo?

Uno de sus capítulos más copiosos es el de los alcaldes y el de las correspondientes corporaciones que han estado al frente de nuestro municipio a lo largo de esos cien años historiados, en aquellos aspectos que hemos considerado más relevantes. Sabemos que fue Alfonso de Sandoval y Bassecourt, barón de Petrés, quien inauguró este siglo, que ya anda en sus postrimerías. Cerró el XIX e inauguró este, para ser precisos. Véanlo. Léanlo.

El barón de Petrés, conservador y silvelista, ocupó la Alcaldía en el año 1899. Y en ella se mantuvo, con el auxilio de don Zoilo Martínez Blanquer, teniente de alcalde, quien lo sustituía en sus repetidas ausencias, hasta el doce de julio de 1901 En una sesión ordinaria y sin estridencia alguna, el señor de Sandoval y Bassecourt, se limitó a dar lectura a un escrito, en el que renunciaba al alto cargo, por motivos personales. Recordaba en él, cómo había sido elevado el honroso puesto, por su majestad la Reina, sin otros méritos que su acendrado cariño a Alicante, así como su permanente deseo de servicio a la ciudad y a sus gentes. Pero «el momento ha llegado, señores concejales, de abandonar un puesto que puse empeño en obtener y del que me alejaré, si no completamente satisfecho, por lo menos confiado de haber ofrecido a contribución, para su desempeño, todas mis potencias y facultades».

Una semana después, bajo la presidencia del citado don Zoilo, se conocieron dos comunicaciones gubernativas que transcribían otras tantas reales órdenes, del trece de aquel mes de julio, por las que se admitía la renuncia del barón de Petrés, y se nombraba al concejal Gadea Pro para ocupar el puesto de alcalde-presidente del Ayuntamiento alicantino, gracias también a las gestiones del senador Beltrán y de los diputados Arroyo y Terol.

Sí, ahora, cuando el siglo está a un lustro de su liquidación, echando las cuentas resulta que, como hace cien años, quien lo cierre abrirá también el XXI, Luis Díez Alperi concluirá su mandato precisamente en 1999. Si saliera reelegido le cumpliría no sólo terminar y comenzar el siglo, sino también milenio. Pero las elecciones y sólo ellas, nos desvelarán el final de esta crónica.

Tiempos de dictadura

No abundan las investigaciones ni los estudios sobre los efectos del Directorio Militar y de la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera, en nuestra ciudad. Sabemos, y lo hemos comentado en esta columna en diversas ocasiones, que durante tal periodo y en lo que respecta a medidas políticas entre otras, se mantuvo la censura previa de la Prensa, se nombró a dedo a nuestros representantes municipales, se creó el somatén, en 1924, y se exaltó, en la práctica, el modelo italiano del Estado fascista. Alicante, como España, vivió, entre septiembre de 1923 y enero de 1930, en una euforia autoritaria, que se desinflaba, sin remedio.

En lo que respecta a nuestro Ayuntamiento, recientemente dimos cuenta de cómo el general de brigada Miguel de Elizaicin y España fue elevado a la Alcaldía, por el general Bermúdez de Castro, gobernador civil y militar de la provincia, el uno de octubre de aquel ano. No duró mucho, sin embargo. Fíjense que rosario de dimisiones. El día dos de enero de 1924, presidía el plano de- la corporación José Tato Ortega, tercer teniente de alcalde y alcalde en funciones. De pronto se le vino encima: la dimisión de Federico Leach Laussant, a la sazón, primer teniente de alcalde, a quien después de un áspero debate, se le admitió, por doce votos a favor y once en contra; la dimisión del edil Juan Vicente Santafé Arellano, que alegó enfermedad, el pleno acordó recibírsela; la dimisión del concejal Jorge Llopis, motivada por las ausencias de la ciudad, que no se le admitió, por trece votos contra diez; la dimisión del igualmente concejal Agustín Millet Valtre, quien afirmó que sus ocupaciones y desplazamientos le obligaban a desatender los asuntos municipales, y se le concedió, por trece votos frente a diez.

Por último, el no va más: en instancia, Miguel de Elizaicin y España, también solicitó la dimisión de sus cargos de concejal y de alcalde, debido a su estado de salud. En fin, una vez más, opiniones en uno y otro sentido. Y por último la aceptación de la excusa. Además, dijeron algunos, tenía ya más de sesenta años. El edil republicano Lorenzo Carbonell pidió a la corporación que se recogiese en acta el sentimiento por verse privados de quien «se ha producido en el ejercicio del cargo como perfectísimo caballero». Interpreten esta singular fiebre dimisionaria. Fiebre que, como verán, no acabaría en esta sesión. Los concejales aunque designados, no parecía que estaban por la labor.

De Alicante al Perú

En Ayacucho se consolidó la independencia peruana. Durante diez largos años, un alicantino anduvo por aquellas tierras andinas, metido en empresas militares: era el mariscal de campo don José Carratalá Martínez. A él le correspondió redactar la capitulación, tras la batalla de Ayacucho.

Años después, ocuparía el Ministerio dé la Guerra, según real decreto de dieciséis de enero de 1838, firmado por la reina regente doña María Cristina de Borbón. En el referido documento que puede leerse en la «Gaceta de Madrid», se dice cómo a raíz de la renuncia de don Baldomero Espartero, y una vez admitida ésta, «en nombre de mi excelsa hija, la reina doña Isabel II», se elevaba a tal cargo a don José Carratalá.

Sin embargo, su paso por el Gobierno de la nación fue fugaz. Aquel militar que había combatido, en el Maestrazgo, contra los carlistas, logró finalmente obtener el grado de teniente general. Pero José Carratalá Martínez nunca pensó de joven en la carrera de las armas. Lo que son las cosas y lo que las circunstancias deparan. Había iniciado, estudios. eclesiásticos que abandonó para iniciar Derecho, cuya licenciatura obtuvo en Valencia, en 1808. Se instaló en Madrid, con su flamante título, dispuesto a ejercer la abogacía. Pero los sucesos de Aranjuez, provocaron su regreso a Alicante. Y en Alicante, se integró en la Junta de Salvación, cuando, el dos de mayo, empezó la lucha contra los franceses. Y ya no paró en sus hazañas bélicas.

De Alicante, se desplazó a Almansa, donde se encontraba el cuartel general y allí, su activismo hizo que se movilizaran numerosos jóvenes alicantinos, pertenecientes a familias distinguidas, hasta organizar con ellos un regimiento de infantería. Se le ofreció después el grado de comandante que, llevado por su modestia, rehusó, para aceptar tan sólo el de alférez.

Durante la guerra de la Independencia, se movió de un lugar a otro, recibió varias heridas y fue capturado por el enemigo, aunque logró evadirse. Por tantos hechos de guerra, recibió las condecoraciones de San Hermenegildo y San Fernando; y fue senador vitalicio y benemérito de la patria, en grado heroico.

Nacido en Alicante, el catorce de diciembre de 1781, murió en 1854. Montero Pérez, el entrañable cronista popular, nos echó un jarro de agua fría, cuando escribió («El Luchador», dieciocho de octubre de 1933): «a pesar de reunir tan relevantes condiciones, nunca se acordó de Alicante, a donde viera la luz primera, ni de los pueblos de su provincia, no teniendo éstos que agradecerle la más insignificante mejora». Cuanta ingratitud.

Bienio negro y Gestora

Ya lo hemos consignado: a raíz de la entrada en el Gobierno de Lerroux de ministros de la CEDA, el de octubre de 1934, se produjo una huelga general que, en Alicante, no tuvo la proyección que se esperaba. Se creó, un clima de tensiones y agitación en algunos centros de trabajo. Vázquez Limón, el gobernador civil, en la tarde del día siguiente, declaró el estado de guerra y detuvo al alcalde popular Lorenzo Carbonell y a varios de los concejales del Ayuntamiento surgido de las urnas, el catorce de abril de 1931. Pocos días después, fueron puestos en libertad. Pero aquel veinte de octubre, se destituyó la corporación republicana y se constituyó una comisión gestora municipal, que presidía el doctor Alfonso Martín de Santaolalla y Esquerdo.

El ocho de enero de 1936, en sesión plenaria que presidía el gestor de más edad, Agustín Sánchez Santana, se conoció un oficio firmado por el nuevo gobernador civil, A. Vives, por el cual se cesaba en sus cargos a Santaolalla y otros gestores, para nombrar una nueva y efímera comisión que, tras las votaciones oportunas, eligió como alcalde-presidente a José Pascual de Bonanza y Pardo, por ocho votos y una papeleta en blanco. No muchos días después, se conoció la convocatoria de elecciones generales, para el dieciséis de febrero siguiente.

El veintinueve de enero, en una rápida secuencia, el gobernador Alejandro Vives, tras aceptar la dimisión de los gestores municipales, anunciaba que en uso de sus facultades había dispuesto que se reintegrasen a sus cargos los concejales propietarios del Ayuntamiento, pertenecientes a la corporación municipal suspendida por providencia del diecinueve de octubre de 1934.

Aquel mismo día, se reunió la corporación en la sala capitular y habló Lorenzo Carbonell: «Aunque tarde -dijo vivamente- se ha hecho justicia al pueblo de Alicante, reponiendo a su Ayuntamiento. Ya estamos aquí, ya hemos vuelto. Y volvemos para prestigio de Alicante, para hacer de Alicante lo que queremos que Alicante sea». Después de evocar la memoria de los compañeros corporativos fallecidos en aquel tiempo, Rafael Blasco, Rafael Sierra y Lorenzo Llaneras, Carbonell propuso: la reposición de todos los empleados y autoridades municipales que fueron suspendidos después del seis de octubre de 1934; que se revisaran todos los acuerdos de la Comisión Gestora, nombrada por el gobernador Vázquez Limón y la anulación de las que procediera; y efectuar una detallada liquidación de las actuaciones de las comisiones gestoras, para pedir las responsabilidades que procedieran personalmente a cada gestor, y sobre todo para que el pueblo de Alicante conociera, con todo detalle, cómo se habían administrado sus intereses durante aquel periodo.

Concluyó gritando: «Viva Alicante, viva la República». Luego, ya lo hemos contado, salió al balcón para saludar a una multitud entusiasta.

Entre la subversión y la arqueología

Qué azacanada vida la suya, oigan. Lo persiguieron en Madrid y lo persiguieron en Alicante. Era un republicano recalcitrante y sus artículos irritaban a las llamadas gentes del orden. Un buen día, le echaron encima los tribunales de imprenta, por ver si así encalmaban sus ánimos y lo metían en cintura. Pero tenía amigos de la mejor ley que lo sacaban de apuros. En una ocasión Pi Margall salió en su defensa y amilanó a tantos adversarios. Pero había de terminar, como efectivamente terminó, en la cárcel. Fue en 1867, poco antes de la septembrina, y con un grupo de colegas republicanos, se fue de cabeza a las mazmorras del castillo de Santa Bárbara. Aquí, en su propia casa. Lo sometieron a Juicio y salió absuelto, junto con Tomás de España y Sotelo, otro subversivo como él.

Aureliano Ibarra y Manzoni nació ocasionalmente en Alicante, el veintiuno de enero de 1834. Sus padres, de Elche, se encontraban en nuestra ciudad cuando se produjo el parto. Aureliano Ibarra vivió en Elche, hasta los treinta años. Estudió el bachillerato y, posteriormente, se trasladó a Barcelona donde cursó Bellas Artes, en aquella Escuela que dirigía Vicente Rodes, otro alicantino.

Durante su estancia en Italia, gestionó la Academia de Bellas Artes de España en Roma, administró los lugares pío de Santiago y Santa María de Monserrate, patrimonio de los ciudadanos españoles; llevó a término indagaciones arqueológicas y literarias, y elaboró «un luminoso informe que elevó a Madrid, en el que demostraba, con documentos fehacientes, que el célebre cuadro de la Transfiguración, del que era autor Rafael de Urbino, había sido sustraído de la iglesia española de Santiago, a cuyo cabildo pertenecía».

Aureliano Ibarra murió en la alicantina calle de Gerona, el diecisiete de noviembre de 1890 ó de 1891, según otros investigadores. Escritor y arqueólogo, desarrolló una gran actividad en ambos campos. Investigó temas ilicitanos, y redactó una biografía de Jorge Juan. Eleuterio Maisonnave logró que lo nombraran director de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alicante.

Finalmente, en 1884, se ocupó de la administración de los bienes del Conde de Casas Rojas. Su vida ofrece aspectos interesantes, por su apasionamiento, sus aventuras políticas, su dedicación al estudio y aquel cierto aire de romanticismo que lo envolvía en su juventud.

Suspendida la corporación

En la noche del 17 de julio de 1936, llegaron a nuestra ciudad noticias inquietantes: algunas plazas del Norte de África se habían sublevado contra el Gobierno legítimo de la República. En las horas siguientes, hubo ajetreos en despachos oficiales y acuartelamientos militares, pero la mayoría de los ciudadanos durmieron tranquilamente.

Fue precisamente aquel diecisiete de julio, día de pleno municipal. El último que presidió Lorenzo Carbonell. El dieciocho, la radio informó al pueblo de los últimos acontecimientos, sin alarmismos, en un comunicado del Comité Provincial del Frente Popular. Pero los alicantinos empezaron a sentirse nerviosos. Durante una semana, el gobernador civil, Francisco Valdés Casas, mantuvo un pulso con el gobernador militar, José García Aldave. Y se lo ganó. La rebelión militar no llegó a prosperar en Alicante. El general García Aldave y alguno de sus oficiales fueron detenidos. El veinticuatro, la situación estaba dominada por las fuerzas políticas, sindicales y castrenses leales a la República.

Precisamente, el día veinticuatro, el secretario del Ayuntamiento hizo constar, en una diligencia, que, según órdenes del alcalde Lorenzo Carbonell Santacruz, quedaban suspendidas las sesiones de la corporación municipal, incluso la convocada, en segunda citación, para aquel mismo día. También la radio difundió la decisión del alcalde Llorenset.

El veintinueve de septiembre, oficialmente, se constituyó el Consejo Municipal. Previamente, se había nombrado nuevos ediles para sustituir a los que hasta entonces formaban la corporación, de acuerdo con un oficio de Valdés Casas, gobernador civil. Eran miembros de la CNT, UGT, FAI, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Izquierda Republicana y Unión Republicana. Prácticamente, del Frente Popular. No hubo elecciones para la alcaldía. Por acuerdo, se formuló una propuesta de cargos que fue aprobada por unanimidad. A raíz de la misma, el comunista Rafael Milla, en representación de la UGT ocupó la alcaldía-presidencia. Junto con él y como delegados de distrito fueron designados los siguientes: Emilio Baeza (CNT), Santiago Martí (UGT), Rafael Poveda (socialista), Pascual Orts (IR), Pascual García (Sindicalista), José Morales (CNT), Antonio Guardiola (comunista), Antonio Linares (CNT) y síndico Tomás Cano Ruiz (FAI).

Rafael Milla, aludió a sus condiciones físicas de agotamiento y dijo: «Adoptaremos un régimen de confraternidad y un programa: primero, luchar todos para aplastar al fascismo; segundo, construir un puesto firme en la retaguardia, para ayudar a los frentes; por último, administrar de manera tal los intereses municipales que represente un bienestar mayor a aquellas clases menesterosas a las que va a servir la revolución».

Los alicantinos juzgarán

Hace tan solo unos días, en las páginas de este periódico se nos informaba de los muchos conciudadanos que próximamente participarán en la Administración de Justicia «mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine (...)», según se contempla en el artículo ciento veinticinco de la Constitución Española, que después de muchos años, parece que ya se pone en marcha, con todas las cautelas.

Miguel Primo de Rivera no más hacerse con el poder, disolvió la citada institución, con la misma premura que había disuelto las corporaciones municipales y tantas otras cosas. Pero el Jurado ya se recogía en la llamada Carta de Bayona, artículo ciento cinco, de 1808; y en el trescientos siete de la Constitución de Cádiz de 1812. No hay nada nuevo bajo el sol, ni siquiera las vicisitudes de esta institución popular, con casi doscientos años a sus espaldas, aunque suspendida reiteradamente y vuelta a sus funciones, según los reveses de la historia.

En 1822, por ley, se sustanció el ejercicio del Jurado, para aquellos delitos relativos a la libertad de imprenta. Y para todos los delitos, después de la revolución de septiembre de 1868. Un año más tarde, en la correspondiente Constitución vuelve a consagrarse, en su artículo noventa y tres. Así, funcionó desde finales de 1872, hasta el tres de enero de 1875, en que Antonio Cánovas del Castillo, por entonces presidente del Ministerio-Regencia, tuvo a bien decretar de nuevo su desaparición, de acuerdo con su ministro de Gracia y Justicia, Francisco Cárdenas.

Pero trece años más adelante, y andamos en 1888, concretamente el veinte de abril, una ley propiciada por el jurista Manuel Alonso Martínez, la reflotó. Aunque, por muy poco tiempo, estuvo vigente. Tras aquella instauración, el primer juicio por jurados que se celebró en Alicante, en el salón de sesiones del Ayuntamiento, fue el seis de mayo de 1889: una vista de la causa del juzgado de Dolores, seguida contra José Vázquez Cameño, al cual se le imputaba el homicidio de Vicente Sierra. Según la Prensa, resultó espectacular. El fiscal Pascual Ibáñez Palao solicitó para el presunto culpable la pena de catorce años, ocho meses y un día. El político y abogado Rafael Beltrán, defensor del acusado, la libre absolución, por cuanto su patrocinado había actuado en defensa propia. Los hombres justos, tras las deliberaciones de rigor, pronunciaron un veredicto de inculpabilidad, y Vázquez Cameño fue absuelto.

Hasta que Privo de Rivera lo suspendió, el Jurado tuvo una actividad de treinta y cuatro años y cuatro meses. En nuestra Audiencia Provincial, intervino en dos mil setecientos cuarenta juicios. Y, a partir de ahora, los que vengan.

Adhesión al dictador

Miguel Primo de Rivera, para mantenerse en el poder, tensó todas las cuerdas: en diciembre de 1925, le propuso al rey sustituir la dictadura militar por otra civil, no menos firme, y que, sin duda, habría de satisfacer los intereses de la aristocracia financiera y terrateniente; un año después, y tras la «sanjuanada» y la disolución del cuerpo de Artillería, el marqués de Estella consideró que su régimen se consolidaba. Para afianzar su programa de gobierno y su condición de presidente, «mandó celebrar un plebiscito peregrino».

En Alicante, como en toda España, dicho plebiscito se celebró durante los días once, doce y trece de septiembre de 1926. Fue la Unión Patriótica la encargada de llevar a cabo la consulta. En nuestra ciudad, se instalaron ocho colegios electorales y se nombraron los correspondientes presidentes e interventores. Durante los tres días señalados, se recogieron firmas de cuantos alicantinos de ambos sexos quisieron sancionar la política de Primo de Rivera, quien, por entonces, pretendía convocar una asamblea nacional en lugar del «caduco régimen parlamentario».

Al término de las tales jornadas, se contabilizaron nada menos que un total de veinticinco mil veintiocho firmas, de una población aproximada de sesenta y ocho mil personas. Mientras que en España se alcanzaba la cifra de 6.697.164, según datos que tomamos de «La España del siglo XX», de Manuel Tuñón de Lara.

El alcalde y general de brigada don Julio Suárez-Llanos y Sánchez rubricó el resumen, donde se hacía constar tanto las firmas como los trescientos treinta pliegos, donde se había estampado. Aquel plebiscito, se realizó sin ninguna garantía, ni siquiera se comprobó la identidad de los firmantes. Aún así, se consideró un verdadero triunfo de la dictadura primorriverista. Si bien tal acción fue calificada, en un escrito anónimo, de «ilegítima y facciosa».

Con todo, Suárez-Llanos se apresuró a dirigir al dictador un telegrama, que se conserva en nuestro Archivo Municipal, con otros documentos relativos a este asunto, y cuyo texto es el siguiente: «Terminado plebiscito. Éxito supera todo cálculo. Hónrome transmitir a V.E. nombre ciudad y Ayuntamiento que presido, entusiástica felicitación, reiterándole adhesión fervorosa para bien de la Patria. Deseamos continúe V.E. frente Gobierno realizando debidamente labor engrandecimiento amada España. Alcalde Suárez-Llanos, general de brigada».

Al marqués, la grandeza

En 1881, a don José Carlos de Aguilera y Aguilera le dieron una serenata, en su domicilio de Madrid, con motivo de la concesión del título de «hijo adoptivo» de nuestra ciudad, según acuerdo de la corporación municipal. Así se manifestaba la gratitud de los alicantinos hacia el propietario de las aguas de la Alcoraya que, por aquel entonces, abastecían Alicante.

Pero no pararon ahí los honores. En cabildo de tres de enero de 1883, se solicitó la grandeza de España, para el marqués de Benalúa. En su momento, don Federico Bas a la sazón diputado a cortes por nuestra provincia, remitió un escrito al Ayuntamiento, notificando, de forma oficial, que el ministro de Gracia y Justicia había recibido la confirmación del Rey a la petición del municipio, concediéndole al señor de Aguilera y Aguilera el aludido privilegio de primera clase.

En julio del citado año, Francisco Pérez Medina, apoderado del marqués de Benalúa, remitió una instancia a la corporación consistorial en la que pedía la correspondiente autorización, para edificar un barrio nuevo, de trazado higiénico, en nombre de la sociedad «Los diez amigos», de la cual el propio don José Carlos de Aguilera y Aguilera era presidente de honor. La presidencia efectiva la ostentaba el doctor y profesor don José Soler y Sánchez. Además de ambos, integraban, entre otros, tal sociedad: Clemente Miralles de Imperial, Juan Foglietti Piquet, Armando Alberola Martínez y Pascual Pardo Jiménez, que había sido el alma de aquella idea y el promotor de la futura urbanización.

No hubo problemas de consideración. El proyecto se aprobó en agosto del año de referencia. Y el día cuatro de enero de 1884, se determinó que de conformidad con los dictámenes del arquitecto municipal y de la comisión de ornato, se aprobaron los planos para la construcción del barrio de Benalúa, cuyas obras serían dirigidas por el mismo arquitecto municipal, don José Guardiola Picó.

Don José Carlos de Aguilera y Aguilera nació en Madrid, en 1848, y murió en la misma capital, en 1900. Durante algunos años, vivió en nuestra ciudad, en el domicilio paterno de la calle de San Nicolás. Fue concejal de nuestro Ayuntamiento y, por último, antes de regresar a Madrid, vendió su propiedad y derechos sobre los manantiales de La Alcoraya a una sociedad inglesa.

Consistorio frentepopulista

Como ya hemos escrito en esta columna, el 29 de septiembre de 1936, se constituyó el Consejo Municipal que presidió, por acuerdo de las organizaciones sindicales y partidos políticos, el dirigente comunista Rafael Millá Santos, en su condición de representante de la UGT.

Pero el veintisiete de mayo de 1937, Millá presentó a los consejeros (o concejales) una moción en la que ponía a disposición de todos su dimisión, con objeto de facilitar el nombramiento de otra persona que pudiese expresar el deseo de la mayoría. Había advertido, según explicaba, ciertos cambios de actitud en algunas de las minorías que le otorgaron sus votos, y, de acuerdo con la declaración de la UGT, en la que se recogía tal circunstancia, abandonaba el puesto, cumpliendo con la mayor fidelidad el acuerdo. La moción estaba fechada un día antes.

A raíz de la misma, se produjo un intenso debate. La minoría socialista se pronunció en el sentido de que se necesitaba un presidente capaz de conseguir que todas las minorías se incorporaran de nuevo al Ayuntamiento, y trabajaran por el engrandecimiento de Alicante. Eso sí: que quien ocupara el cargo fuera un hombre del Frente Popular. Posteriormente, hicieron uso de la palabra republicanos, comunistas, ugetistas y representantes de la CNT-FAI. Por último, se aceptó la dimisión de Rafael Millá, y se propuso que durante una semana estuviera al frente del Ayuntamiento el teniente de alcalde al que le correspondiera, en tanto los distintos grupos que integraban el Consejo Municipal acordaban la persona que «había de regir los destinos de Alicante».

Por fin, el tres de junio de 1937, y bajo la batuta de Francisco Pérez Doménech, cuarto delegado de distrito, en funciones de presidente, se procedió a la elección. Fue el sindicalista Hernández Fuster quien propuso para tal a Santiago Martí Hernández, también de la UGT, en la confianza de que lograra aunar a todas las minorías del Ayuntamiento. La propuesta, efectivamente fue respaldada por unanimidad. Santiago Martí afirmó: «Me doy cuenta de que en estos momentos es muy difícil ocupar este puesto. Yo no lo aceptaría si no contase con la valiosa cooperación de los hombres destacados de todas las minorías aquí presentes, y espero que el pueblo, en su inmensa mayoría, ayude al municipio a salir de esta nueva etapa».

El dieciocho de noviembre de aquel año, Santiago Martí, junto con otros tres, cesó como vocal del Consejo Municipal por la UGT, pero fue nombrado como tal por el Partido Socialista. Quedó así vacante el cargo de presidente. En una nueva elección, celebrada siete días más tarde, aun sin la participación de los representantes de la CNT y de la FAI, Martí fue elegido de nuevo alcalde.

Villafranqueza en apuros

Mal lo debieron pasar los palamoneros, al filo ya de la segunda mitad del pasado siglo, cuando un jefe político (gobernador civil) como José Rafael Guerra, que había sido destinado a la provincia para organizar los servicios policiales y mantener el orden, tras el pronunciamiento de Boné, les formulaba demandas que escapaban a sus posibilidades.

De modo que no le sentó nada bien ni al Ayuntamiento, ni al pueblo de Villafranqueza, cuando la autoridad de referencia hizo publicar una real orden en el Boletín Oficial de la Provincia, correspondiente al veintidós de febrero de 1847.

Por entonces, las nubes eran esquivas, como lo son ahora, y la sequía, una pesadilla. De ahí que el alcalde, don José Guijarro y Sala convocara una sesión extraordinaria, con ánimo de poner las cosas en su justo medio, y sin circunloquios.

El veinticuatro de aquel mes, se reunió la corporación o la mayor parte de ella. Allí, en la sala consistorial, se encontraban, además del citado presidente del Ayuntamiento constitucional, don Rafael Alcázar, teniente de alcalde, los regidores don José Torrente, don José Guijarro García, don Rafael López y el regidor don José Barrachina. Con ellos, el secretario y una importante concurrencia de vecinos. Después de un debate acerca de los contenidos de la circular, decidieron contestar, artículo por artículo, al jefe político.

Sustancialmente le dijeron, y así consta en el libro de cabildos, que ni el año anterior ni otros muchos antes había habido en el pueblo cosecha alguna de cereales y de subsistencia de primera necesidad; que, en consecuencia, hacía mucho que se advertía escasez en la población, y que para remediarla se habían surtido «con más facilidad de los cereales importados de las Andalucías al puerto de Alicante»; que si continuaba faltando, como se observaba de unos días atrás, aquella importación, los habitantes de Villafranqueza serían víctimas, «con mayor razón, cuando en algunos pueblos de la montaña, se ha prohibido la extracción de cereales; que por tantas razones manifestadas se veía que no podían permitirse exportación alguna», sino que antes bien, se procurase «que no faltase, como quedaba dicho, las importaciones de las Andalucías».

Y concluían con un presagio nada consolador: los sembrados presentaban, por entonces, un mal aspecto, por falta de lluvia, y que podía asegurarse ya que la mayoría de los campos, en manera alguna, la simiente invertida en ellos iba a fructificar. Villafranqueza atravesaba una época de necesidad. Ahora que se cumplen cuatrocientos años de su fundación, recordaremos aspectos poco conocidos, como el comercio de nieve que los palamoneros ejercían.

Lista negra

Lo expusimos aquí, hace muy pocos días, a petición del general Bermúdez de Castro, el también general y alcalde de nuestra ciudad, Miguel de Elizaicin y España, elaboró la lista de cuantos habían desempeñado el máximo cargo municipal de 1905 a 1923. En tal lista figuraban los siguientes nombres: Alfonso de Rojas, Manuel Cortés de Miras, Luis Mauricio Chorro, Ricardo P. del Pobil, Luis Pérez Bueno, Federico Soto Molla, Edmundo Ramos Prevés, Ramón Campos Puig, Eugenio Botí, Manuel Curt Amérigo, Antonio Bono Luque, Juan Bueno Sales y Pedro Llorca (liberales, conservadores, demócratas, en su mayor parte), todos alcaldes de la Restauración. En llegando a este punto, y movido, sin duda, por la disciplina militar, el propio Miguel de Elizaicin se incluyó en tan sospechosa lista.

Sospechosa porque de acuerdo con el oficio que la substanció, firmado por Miguel Salvador, nombrado juez para la formación de un procedimiento previo, el objeto de la misma no era otro que depurar las responsabilidades, en que hubiesen incurrido los ayuntamientos del ya especificado periodo, «por el cobro de cantidades relacionadas con los servicios de Asistencia Médica Municipal».

En el mismo oficio se solicitaba también el nombre y domicilio de aquellos concejales delegados para la intervención directa en la Casa de Socorro. La sanción que inspiraba la medida de Primo de Rivera, para expedientar a quienes hubieran propiciado corruptelas, o cacicadas al viejo uso, cuestionó, en principio, la honorabilidad de muchos alcaldes alicantinos.

El oficio que llevaba fecha del veintiséis de diciembre de 1923, se contestó en veinticuatro horas. El propio Miguel de Elizaicin escribió de su puño y letra: «Cumpliméntese el servicio, con toda urgencia».

Así, se remitió al juez instructor del Gobierno militar, la referida relación. Además se notificaba textualmente que «no existían en las oficinas municipales antecedentes relativos a que hubiera habido concejales especialmente delegados para la intervención o inspección directa de la Casa de Socorro, pues los servicios del Cuerpo de Beneficiencia y Sanidad municipal al que corresponde dicho centro están reglamentados y sólo en algunos casos suelen ser objeto de informe o visado, por el presidente de la comisión de beneficiencia y sanidad».

Dos meses largos después de instaurado el directorio militar, entendemos que el alcalde Miguel de Elizaicin debió de pasar un mal trago. Pero ciertamente, el horno no estaba para bollos y las órdenes eran escuetas y afiladas.

Agua en la Calle Mayor

Fue el maestro de obras Antonio Garrigós quien, en terrenos de su propiedad construyó tres grandes aljibes o cisternas, capaces para contener medio millón de litros de agua potable procedentes de las lluvias. Desde el año de su anunciada construcción hasta 1898, los llamados pozos de Garrigós prestaron un considerable servicio al vecindario. El cronista provincial, Gonzalo Vidal Tur escribe cómo el hábil maestro condujo aquellas aguas tan necesarias hasta la planta baja de una casa situada en la calle Mayor, esquina a la de Maldonado, mediante una cañería adecuadamente dotada de filtros. Allí, se vendía, a precios asequibles, por cántaros.

No obstante y con objeto de evitar posibles filtraciones que perjudicaran las aguas, en 1887, el farmacéutico José Soler Sánchez, las sometió a un exhaustivo análisis y las calificó de eminentemente potables. Así se velaba por la salud, pública de la ciudad que tan escasos recursos ácueos presentaba. Además de sus famosos pozos, Antonio Garrigós construyó también, en la playa del Postiguet, uno de los singulares balnearios, ya desaparecidos: «La Estrella».

En 1967, nuestro Ayuntamiento, en virtud del acuerdo del veintitrés de febrero de dicho año, adquirió, por doscientas veinticinco mil pesetas, una finca, cuya descripción es la siguiente: «Se encuentra en las faldas del monte Benacantil, con una casa compuesta de planta baja, y ocupa el terreno algo más de setecientos cincuenta y cuatro metros cuadrados, y existen debajo del mismo varias cavernas comunicadas entre sí, con entrada por la calle Remigio Sebastiá. La planta de la referida casa mide ochenta y ocho metros cuadrados. Forma el conjunto un solo predio que linda al norte con el monte Benacantil; al sur, con la plaza del Puente; al este, con la calle Remigio Soler, subida al castillo de Santa Bárbara y monte Benacantil; y al oeste con las casas de Antonio Lon, Francisco Botella Galiana, Roque Barbar Ferrer y monte Benacantil».

El municipio se la compró, para su patrimonio, a Esperanza Garrigós Soler, viuda de don Francisco de Federico Martínez. A su vez, su último propietario se la adquirió a José Luis de Federico Garrigós. En aquel paraje emblemático, no hace muchos años, se celebraron exposiciones de arte, y era ciertamente un espectáculo fascinante.

De aquel alicantino que se llevó por delante la fiebre amarilla, en 1870, ya no queda ni sus aguas, ni su balneario «La Estrella». Queda su memoria y una página en nuestra crónica. Una página singular, ciertamente.

Purismo administrativo

Ahora que tantas dudas asaltan al ciudadano acerca de la buena administración de los dineros públicos, parece oportuno recordar lo que un diario alicantino, «El Correo», escribió del que, en tiempos de José Canalejas, fuera alcalde de nuestra ciudad: Luis Pérez Bueno, de quien ya tantas cosas hemos contado en esta columna. «Su actuación como corregidor de esta capital -dice en sus páginas, del ocho de mayo de 1934- dejó recuerdos gratísimos, imperecederos, por su puritanismo administrativo».

Según la información que nos suministra el mencionado periódico, Pérez Bueno, contó, en todo momento, con el apoyo de las diversas clases sociales, de la Prensa y hasta de sus propios compañeros corporativos. Una vez concluido su mandado al frente de la Alcaldía, se trasladó a Madrid, para desempeñar el cargo de director del Museo Nacional de Artes Decorativas e impartir clases en la Escuela de Artes y Oficios. Era un hombre, según la publicación que dirigía Florentino de Elizaicin que «ni robó ni dejó robar», por eso se le incluyó en la relación de ciudadanos de honradez absoluta.

Aquel mismo día, y tras la espléndida glosa de Luis Pérez Bueno, «El Correo», sustanciada a raíz de la conferencia que pronunció en la asociación de alumnos de Bellas Artes, se recogía en sus páginas el hecho de que, un año antes, Elizaicin, en su condición de censor de la Asociación de la Prensa, presentó una moción, aprobada por unanimidad en la Asociación, con el propósito de entregársela al alcalde, Lorenzo Carbonell, con quien la Prensa andaba a la greña.

Miren si no, lo que escribía, al respecto, el periódico «Hoy»: «No comprendemos las razones que motivan al señor Carbonell para hacer a la Prensa leal objeto de trato tan despectivo. Vana pretensión la nuestra, si esperamos una explicación. Hemos de resignarnos forzosamente a las "cosas" de nuestro alcalde (...)». Ahora bien: le brindamos al señor Carbonell una frase muy de su estilo: «¿Veis como estos periodistas gorrones no necesitan ser invitados, para decirnos qué ha pasado en la acera de enfrente. Adelante, pues, con esa conducta. Ya veremos cuando se le suba la dignidad a la azotea a estos modestos periodiquillos de Alicante, y cataloguen, en un librito, las "cosas" del simpático Carbonell». La amenaza estaba en pie. La mayoría de los profesionales de la información consideraban reprochable la actitud del alcalde con relación a su trabajo. Un enfrentamiento que, lamentablemente, se produce con demasiada frecuencia.

Pasar factura

Y se la pasaron a cuantos habían servido a Miguel Primo de Rivera, bien en el Ayuntamiento, bien en el Gobierno Civil, bien en cualquier otra institución de la dictadura. Pocos meses después de que el marqués de Estella, dimitiese de la presidencia del Gobierno, el periodista y concejal César Oarrichena formuló la siguiente propuesta que reproducirnos literalmente: «Que se deroguen los acuerdos adoptados durante la dictadura, en que concejales que no expresaban la opinión popular acordaron declarar alcaldes honorarios, hijos adoptivos y cuantos títulos honorarios se han concedido en la pasada etapa a personajes políticos dictatoriales, como Bermúdez de Castro y otros, a los cuales nada tiene que agradecer el pueblo de Alicante».

Aquel mismo cuatro de julio de 1930, el pleno municipal, en sesión ordinaria acordó nombrar una comisión de entre sus miembros que, al hilo de la propuesta de Oarrichena, revisara detenidamente las decisiones corporativas tomadas a lo largo del periodo del Directorio Militar y de la dictadura del general Primo de Rivera. La comisión quedó formada por los ediles José Sánchez Santana, José Guardiola Ortiz y Ricardo P. del Pobil. Así se les notificó a cada uno de ellos, encargándole la presidencia de la misma al primero de los citados.

En noviembre, concretamente, el veintiséis, de 1930, el cabildo tuvo conocimiento de la dimisión del vocal de aquella comisión, Ricardo P. del Pobil, a quien se le admitió. En su lugar, se designó a Florentino de Elizaicin y España. Era ciertamente una papeleta.

Así como ya hemos dejado aquí constancia de los alcaldes alicantinos de aquel periodo histórico, también citamos a los gobernadores civiles que estuvieron durante el mismo al frente de nuestra provincia: el general Cristino Bermúdez de Castro, quien cesó en su cargo en diciembre de 1927. Tras unas semanas de interinidad de Eduardo Lastre Ramírez, secretario, del gobierno civil, fue nombrado Modesto Jiménez de Bentrosa, quien cedería el testigo, seis meses después, en julio de 1928, a José María Mayans, conde de Trigona; en noviembre de aquel mismo año, tomó el relevo el también general, Mariano de las Peñas Franchi-Alfaro, quien ocuparía el alto empleo, hasta el doce de febrero de 1930, en que el presidente del Consejo de Ministros, Dámaso Berenguer, la admitió la dimisión, puso al frente de la provincia a Juan Díaz Caneja. Ya soplaban otros vientos.

La Explanada

El recientemente desaparecido Agatángelo Soler Llorca, alcalde de la ciudad y amigo de tantos, por su talante e integridad, fue quien dispuso la pavimentación de mármol de diversos colores de la