Visor de obras.

La declaración que debería haber hecho y que en todo momento puede hacer el pueblo puertorriqueño, lejos de hacerlo aparecer como un pueblo levantisco, lo presentaría ante las naciones civilizadas de la tierra como una honrada congregación de seres racionales que, en el momento de un conflicto entre la fuerza y el derecho, apelaba al consensus de la especie humana a probarle la resolución de un problema de derecho.

Esforzándome hoy más que nunca por despojar de movimientos oratorios a mi palabra y a mi pluma, que deben ser la palabra y la pluma del patriotismo obediente a la razón, y nada mas he aquí lo que debería haber contenido, o todavía podrá contener, la Declaración a las Naciones: la exposición exacta del hecho en virtud del cual la Isla de Puerto Rico ha pasado de la posesión de España a la de los Estados Unidos; la discusión de esa transferencia de dominio; la presentación de los argumentos que obstaban a que el Ejecutivo Federal americano pidiera la cesión de Puerto Rico y a que el Gobierno español consintiera en la cesión.

El hecho exacto es que, por conveniencia de la guerra sustentada contra España, el ejército federal se presentó en Puerto Rico, ni para guerrear con los puertorriqueños, ni tampoco para reprimir actos de hostilidad de los puertorriqueños contra él, sino simple y sencillamente como un movimiento estratégico que tenía por objeto quebrantar la atención, la voluntad y la unidad de acción del enemigo. Fue, exactamente, la ejecución por tierra de la misma evolución estratégica intentada por mar en aguas de la Capital de nuestra Isla, y con tanto esplendor llevada a cima en aguas de Cavite, Filipinas.

La guerra fue contra España en favor de Cuba y en nombre de la humanidad, para bien de toda la humanidad, para bien de Cuba, para bien de los Estados Unidos y para bien de la misma España: no fue una guerra de conquista, sino una guerra de civilización; y hubiera sido un contrasentido monstruoso que, guerra de bien, hubiera de resultar en mal de Cuba, Puerto Rico, y Filipinas; y que, guerra de civilización, viniera a parar en la conquista de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Como no era ese el propósito, el Congreso americano tuvo la solemne dignidad de comprometerse con las naciones de la civilización, declarando en la joint resolution del 23 de abril de 1898 que el pueblo americano iba a salvar del exterminio y de la anarquía a Cuba, cuya independencia consideraba un hecho y un derecho.

De tal manera fue coactivo para el pueblo americano ese compromiso, que si el Derecho Internacional fuera efectivo; si Inglaterra no hubiera tenido el interés que aun tiene en arrastrar a los Estados Unidos a esa conducta, y si hubiera habido un solo verdadero hombre de Estado en Rusia y en Francia y en Alemania, los Estados Unidos no habrían querido violentar en parte alguna el texto de la declaración hecha por el Congreso.

Pero que esa declaración era valedera para Puerto Rico así como para Filipinas, el mismo Ejecutivo Federal se ha encargado honradamente de hacerlo saber al mundo y a puertorriqueños y filipinos, al declararles en alocución fehaciente, expresamente dirigida a ellos por el jefe militar de cada una de las fuerzas invasoras, que la guerra llevada a su suelo tenía por objeto el tenerlos en aptitud de gozar de los bienes de que habían sido injustamente privados por España.

Tan firme a ese respecto era la convicción de los filipinos, que los corifeos de la revolución fracasada volvieron de Hong Kong con los invasores americanos a renovar el alzamiento. Y en cuanto a Puerto Rico, la idea popular era tan honda y centelleaba de tal modo en los vítores dados a los redentores, no a los conquistadores, que cada viva a los Estados Unidos iba glosado por uno o muchos vivas a Puerto Rico Libre. La lógica usual, el telegrama de Sampson en que pedía 50,000 máuseres para armar a otros tantos puertorriqueños, y la alocución de Miles en que protestaba del carácter libertador, humanitario y fraternal de la invasión de Puerto Rico, todo concurría a presentar esa invasión como un acto de liberación, y la presunta liberación como una consecuencia de la declaración del Congreso en pro de la Independencia de Cuba.

Nadie pensó en la cesión de Puerto Rico, ni mucho menos en que la cesión fuera un acto de indemnización de guerra. La cesión fue un ex-post facto, que se le ocurrió a Mr. McKinley o a Mr. Day, el entonces Secretario de Estado, como un medio de cohonestar con un acto agradable al pueblo americano, el vehemente deseo de aparecer benevolentísimos a toda costa con España. La cesión como indemnización de guerra fue una artería diplomática que sólo se ocurrió en las conferencias para el Tratado de Paz. Por consiguiente, la cesión no fue el propósito confeso de la invasión de Puerto Rico.

Por consiguiente a la cesión no debió seguir una transferencia de dominio, sino una consulta de la voluntad de Puerto Rico.

No habiendo sucedido esto, ¿ha podido en derecho suceder aquello?

Si se tratare de cualquiera otra potencia, contestaría que sí: tratándose de los Estados Unidos, contesto que no. Los Estados Unidos son la única potencia de la tierra que tiene compromisos con los principios que real y verdaderamente les sirven de cimientos; que ahora mismo están siendo invocados allí por los hombres que mejor representan el espíritu americano, y en nombre de sus principios se puede negar al Gobierno el derecho que tuvo al pedir y aceptar la cesión de Puerto Rico.

Yendo de prisa, porque el propósito final de estos artículos es demostrar a mis compatriotas cuánto más útil es luchar por el derecho que faltar al deber de defenderlo, no insistiré en demostrar que los Estados Unidos no tuvieron un derecho a que se oponen sus doctrinas de gobierno, sus tradiciones históricas y los actos que precedieron y acompañaron a la invasión de Puerto Rico; pero afirmaré terminantemente y absolutamente el derecho que nosotros hubiéramos tenido para no aceptar de ningún modo una cesión que nosotros no pedimos, que nadie tenía el derecho de esperar que fuera un nuevo y simple caso de Derecho Internacional.

¿Acaso somos nosotros un bien realengo de que España podía disponer como de propiedad afecta a su corona? Y si a nosotros nos daba la dignidad de no aceptar que se nos tratara como pertenencia de nadie, y hacíamos lo que han hecho los filipinos, ¿no habría bastado ese hecho para condenar por mal pedida, mal concedida y mal habida la cesión de 900,000 seres humanos que no pueden ser cedidos por nadie a nadie, y que la Federación americana, el más noble gobierno de la tierra, porque tiene su fundamento en la razón, en el derecho y en la dignidad de los hombres, es también el gobierno más incapacitado para cesiones de pueblos? ¿No es un absurdo que se haya llegado a la cesación de la guerra con España por medio de una provocación a la guerra con los pueblos mismos a quienes se esperaba redimir de España?

Que hasta ahora no haya habido contra esas cesiones otra clase de protesta que la armada, no quiere decir que no pueda haber protesta jurídica. Puede haberla, debe haberla, y a Puerto Rico honraría ante la historia que fuera el pueblo que iniciara esa clase de protestas: no hay nada para el hombre como el ser hombre verdadero, y no hay tal hombre en donde hay abandono de derecho que puede servir para la civilización de nuestra especie.

Una vez reivindicada y declarada ante los demás pueblos de la tierra nuestra personalidad no perdida por pacto en que no hemos intervenido para nada, ya habríamos dado nuestro primer paso en esta lucha por el derecho que nosotros no queremos de ningún modo confundir ni consentir que torpe o maliciosamente se confunda, con amenaza o propósito o deseo de lucha armada.

Es la primera vez que toca a un pueblo débil armarse del derecho para defenderse contra atentados de la diplomacia o contra brutalidades de la fuerza, y no vamos a perder la ocasión de hacer a nuestro país el eminente servicio de presentarlo ante la Historia como el primero que, despojado de arreos bélicos, sin arma ninguna de las que emplea la fuerza bruta, pero abroquelado de las armas del derecho, lucha por él, vence con él, hace a los hombres todos el beneficio de probarles la eficacia del derecho, y salva de la crisis más peligrosa que hasta hoy ha sufrido al pueblo magnánimo que ha intentado la única guerra promovida hasta ahora por amor a la humanidad y a la justicia.

Tanto podría conseguirse, si nos presentáramos ante el Congreso de la Unión como apoderados de la Isla. Nuestra fuerza sería incontrastable. En primer lugar, todo el derecho público americano estaría a nuestro lado, junto con toda la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema Federal; en segundo lugar, nos pondríamos así bajo la égida de las tradiciones todas del pueblo americano, y a defender nuestro derecho acudirían todos los sustentadores del sistema de gobierno americano, desde Otis, Patrick Henry y Samuel Adams, que fueron los primeros en invocar las doctrinas tradicionales del gobierno anglosajón, hasta Jefferson, Madison y Hamilton, que las convirtieron en Carta de Gobierno; en tercer lugar, todos los políticos americanos que no son republicanos, así sean demócratas, puros o georgistas o platistas o populistas, estarían con nosotros, porque sería estar con su interés; en cuarto lugar, los republicanos como Hale, Mason, White, Sherman, Schultz, Foraker y considerable cantidad de representantes verdaderos del pueblo americano, del pueblo que no ha apostatado de los principios, del pueblo del homestead, del pueblo de la industria en corta escala, del ahorro, del trabajo y de la producción directa, pueblo de hombres de bien, sencillos, ingenuos, verdaderos, incapaces de querer para otros los que nunca han querido para sí, ésos, todos ésos estarían al lado de los delegados de Puerto Rico, cuando se presentaran al Congreso a pedir justicia y libertad.

Los delegados pedirían justicia.

Aunque el gobierno militar desempeñado por americanos es mucho menos militar que fue desempeñado en Puerto Rico por españoles, es una injusticia dentro del derecho público de los Estados Unidos y es una injusticia dentro de las circunstancias en que el Gobierno de la Unión se ha incautado de Puerto Rico.

Dentro de su derecho público, los americanos están incapacitados, a menos de injusticia manifiesta, de gobernar militarmente en estado de paz como es el nuestro. Dentro de las circunstancias en que él hubo a Puerto Rico, es notoria injusticia privar de sus derechos todos a un pueblo a quien se hizo entender que se venía a redimirlo, y que recibió como redentores a los que ya no recuerdan cuan efectivo servicio bélico fue para el invasor el dejar aislado al Gobierno español en Puerto Rico.

Los delegados pedirían libertad.

También en ese punto es muy superior al de los españoles el régimen de los americanos; pero la simple facultad que aquí se tiene de dar recortadas las libertades que son enteras; la verdaderamente ominosa aptitud en que se está de dar esas libertades o no darlas; y sobre todo y por encima de todo, el hecho de ser libertades otorgadas y de no ser libertades fundadas en el perfectísimo derecho que tenemos de dárnoslas nosotros mismos en un cuerpo de derecho formado y constituido por nosotros, sin circunstancias tan contrarias a las que acompañaron en los Estados Unidos al nacimiento y formación de las libertades públicas, que no habría en el Congreso de los Estados Unidos un solo americano de nacimiento que no clamara airado contra un régimen impuesto que ha quedado en aptitud de anular la personalidad entera de un país.

Eco, y profundo, tendría en aquel pueblo, un llamamiento a su conciencia, pero si la desgracia, que hace pesimistas a las débiles, presenta como dudosa la eficacia de motivos de conciencia, un motivo hay de política actual que puede contribuir a mover cuanta sea la pesadumbre que se oponga en los Estados Unidos a que se atiendan los clamores de la Isla.

Por altísima influencia de los principios y por fuertísimos intereses de partido, la llamada expansión territorial tiene opositores tan numerosos y tan poderosos, que ya habría sido vencida en la última reunión del Congreso federal, y en asunto de tanta monta para la administración actual como la ratificación del Tratado de Paz, si el amor propio nacional, peor consejero todavía que el amor propio individual, no hubiera decidido a desistir de su voto negativo a tres senadores republicanos. ¿Qué más fácil hacer que el arrojar en la balanza la carga entera de nuestras reclamaciones y derechos? ¿Sería tan poco nuestro esfuerzo que no lograríamos continuarlo en favor de nuestros derechos?

Entonces nos quedarían abiertas las puertas de la Corte Suprema.

No tendríamos por qué vacilar en trasponer los umbrales de la Corte Suprema de los Estados Unidos. A ella se va en demanda de justicia contra toda artera, capciosa o inexacta interpretación de la letra de la Constitución americana, y nosotros podríamos llegar a ella seguros de amparo y protección.

Si hoy el mundo conoce alguna institución de poder que en la realidad de la existencia corresponda a la noción abstracta de justicia que anima a cada hombre, lo debe a la Corte Suprema de la Federación americana. Se le dio el extraordinario poder, no dado ni siquiera concebido antes por ninguna otra Constitución, de interpretar el texto de la misma Carta de Gobierno; de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de cualquiera ley, de consagrar o condenar como dentro o fuera de la Constitución los actos que se hubieran de someter a la interpretación, y el resultado del ejercicio de un poder tan superior a todo otro ha sido tan concorde con el propósito de los fundadores de la Federación, que se consideran ya infundados los temores de aquellos que temían de la Corte Suprema por la misma cantidad de poder que le habían dado.

«The apprehension that was originally felt that the Supreme Court of the United States would not faithfully declare the principies of the Constitution and that either, on the one side would be under the domination of the legislative body, or, on the other, attempt to dominate the Legislature by improperly declaring such measures unconstitutional which could be so declared only by a violent misrepresentation of the fundamental law, has proved unfounded».

Ha, pues, según opinión de jurisperito versado en el derecho público americano, «resultado infundada la aprensión que al principio se tuvo de que la Corte Suprema de los Estados Unidos no declararía fielmente los principios de la Constitución, y de que o caería bajo la dominación del Cuerpo Legislativo, declarando tales medidas inconstitucionales que sólo interpretando violentamente el texto de la ley fundamental pudieran tacharse de inconstitucionales».

De un poder cuya fuerza descansa en la Constitución y cuya eficacia descansa en su propia dignidad, ya nadie teme ni duda ni desconfía.

Lejos nosotros de temer el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, iríamos seguros y tranquilos a solicitarlo: iríamos tranquilos, porque es imposible que un derecho tan claro como el nuestro apareciera oscuro o incierto a la que, por más alta, es también la justicia que más ve, iríamos seguros, porque iríamos a hacer un bien al sistema de gobierno en que el poder judicial llega a ser el más efectivo en los conflictos críticos de la vida americana.

Ese bien lo haríamos, poniendo a prueba la justicia que hasta ahora no ha faltado, en un interés de vida o muerte para las instituciones en que la Suprema Corte es también una suprema institución.

Se trataría de establecer jurisprudencia sobre estos puntos:

1. Dentro del derecho público de los Estados Unidos, ¿cabe la posesión de un territorio que no ha sido cedido por su único, verdadero y legítimo dueño y poseedor?
2. Dentro de los antecedentes históricos del pueblo americano, ¿cabe la conquista? En caso de que se afirme el absurdo de que para él es lícita la conquista, ¿cabe la dominación? En caso de que se derruyese todo el edificio levantado en tres siglos por los fundadores de las colonias de Massachussets y los de Rhode Island, por los perseverantes opositores de Berkeley en Virginia, por los que en Charleston, New York y Boston dieron el primer paso en la revolución contra Inglaterra, por los que, después de vencer a Inglaterra, se vencieron a sí mismos y sobre los escombros de la Confederación, fundaron una federación que durará mientras duren incólumes los principios que le sirven de cimiento; en ese caso, y sólo en ése, habrá en los Estados Unidos de América una Corte Suprema de Justicia que sea capaz de sentenciar contra un pueblo que pide la posesión de su suelo y de sí mismo; que, ni aun de los americanos, a quienes ama sincera e infantilmente como hermanos, aceptaría una dominación que su misma devoción al sistema de gobierno americano le obliga a detestar.

Aun en el caso de que la Corte Suprema de Justicia llegara a hacerse merecedora de temores que, según la cita de Sterne que antes hicimos, la experiencia ha presentado como temores infundados; aun entonces quedaría a los puertorriqueños el camino de la política nacional de los Estados Unidos, con la cual, y por medio de la cual, en cualquier cambio de administración les sería dable pedir y conseguir el reconocimiento de su personalidad jurídica.

En primer recurso el pueblo y en último recurso el mismo pueblo; en primer lugar la prensa y en último lugar el voto; como primer juez el Congreso y como último la Corte Suprema de Justicia; no faltarían a una concienzuda delegación de Puerto Rico ni auxiliares con quienes contar, ni tribunales ante quienes acudir en los Estados Unidos.

Si ya no lo han hecho en la forma en que han debido hacerlo; si aun hay quienes duden de la eficacia y hasta de la conveniencia de entablar el litigio; si probablemente existen intereses que aconsejen la actitud pasiva en que la Isla se ha mantenido y se mantiene, apareciendo indolente ante su grave situación jurídica, inerte ante el peligro de perder todos sus derechos, nada debe prevalecer contra el deber que tenemos de pedir lo que nuestro derecho reclama.

O la entrada en la Federación, con la reserva del derecho de plebiscito;

O el gobierno temporal, sin necesidad del plebiscito.

Ahora que hemos presentado en toda su facilidad el modo de proceder que nos aconseja nuestro deber de entrar pronto en la lucha por el derecho de la madre Isla, probemos que ese nuestro único recurso no es sólo un derecho y un deber, sino también una política.

Empecemos por ver que es una política, y veremos que es la mejor política que pueden seguir todos los puertorriqueños que no sean incondicionalmente anexionistas.

Dos políticas o dos normas de conducta colectiva nos había aconsejado desde el primer momento el cambio operado en la vida de nuestro país: una, la invocación del plebiscito, para llegar a un convenio de gobierno temporal de los Estados Unidos en la Isla; otra norma de conducta, la aproximación circunspecta de los anexionistas puertorriqueños a aquel de los partidos políticos de la Unión que más interés tiene actualmente en propiciarse a los puertorriqueños, y que con más éxito habría trabajado por acelerar la incorporación de Puerto Rico a la Unión federal.

De esas dos políticas, la primera es tan amplia, que no requiere la formación ni existencia de los que aquí han llamado y llaman partidos políticos. Probablemente de esa amplitud de miras, de ese no formar partido le viene la dificultad con que lucha para arraigarse y extenderse; pero de ahí le vendrá también la fuerza incontrastable. De todos modos es la política nacional, fundamentalmente nacional, porque su punto de partida, el plebiscito, es un acto de existencia nacional, y porque su punto de término, el gobierno temporal de los Estados Unidos en la Isla, es un propósito de vida nacional.

Desde su fundación en Nueva York hasta su organización en Puerto Rico, la Liga de Patriotas ha practicado esa política. Y no la ha practicado solamente con invocaciones al plebiscito y con reclamaciones de gobierno temporal, sino enlazando en su regazo a anexionistas y a temporalistas, a partidarios de los llamados republicanos y liberalismo puertorriqueños, y practicando hasta beáticamente la unión de los puertorriqueños que predicaba y que predica.

Esa es una verdadera política, porque tiene principios, medios y fines que corresponden exactamente a la realidad actual de nuestra sociedad, a su verdadero estado de cultura y a su posible desarrollo y civilización. Es, sobre todo, una política, porque radica en el conocimiento exacto del malestar del país, de las causas de ese malestar, de los resultados que ha tenido y puede tener, de los medios y recursos que para curarlos suministran, por una parte, las condiciones mismas del país y los consejos de las ciencias sociales.

Con esa política, la Liga de Patriotas proponía:

• Ayudar a los puertorriqueños a entrar con entero dominio de sí mismos en la verdadera y efectiva nueva era que ha sido para nuestra Isla su feliz divorcio de España;
• Ayudar a los americanos a americanizar la vida toda del país;
• Ayudar al presente a dar a luz el porvenir.

Para tales fines, estos medios:

• Enaltecimiento del carácter nacional, empezando a enaltecerlo por una continua transfusión de sentimientos de dignidad y de justicia.
• Fortalecimiento de la salud física y moral de nuestra triste sociedad por medio de una educación del entendimiento y de la voluntad que hiciera de ella una sociedad de su derecho, de su deber y de su tiempo, propia para la vida del Nuevo Continente, a la usanza americana, contraria a los usos y costumbres enervantes o estacionantes a que las tradiciones impuestas la han doblegado.

Para tales medios, sus principios naturales:

• Derechos, deberes, ideal: derechos que reclamar; deberes que cumplir; ideal que acariciar: derechos de hombres, de ciudadanos y de asociados para el trabajo común de la vida social; deberes para con nuestra propia conciencia, para con la conciencia de la gracia, para con la conciencia de la civilización; ideal de bien, con la independencia futura como estímulo, con la confederación de las Antillas como empeño, con la repetición de una historia semejante a la de Grecia como premio.

Dentro de las leyes positivas de la Unión Americana, fines, medios y principios de la política que quiere fundar la Liga de Patriotas, son realizables. El único, absolutamente el único riesgo que la historia política, más bien que las leyes de la Unión, podría oponer a nuestro ideal, sobrevendría para nosotros con el advenimiento de la Isla a Estado de la Unión. El antecedente de la guerra de los cuatro años es formidable, y la prudencia, virtud de justos y de cuerdos, nos aconseja no afrontar ese riesgo; pero si la salud de la patria nos lo manda, obedecer no será desistir del ideal: aun dentro de la Federación americana podría llegar un día en que fuera urgente interés económico de la Federación el romper el lazo federativo con componentes geográficos tan desemejantes como son, en la economía consustancial del mundo físico, los continentes y las islas.

La política propuesta por la Liga de Patriotas es de tal modo la política del momento, que ahora mismo nos llega de los Estados Unidos, de los mismos Estados Unidos, una voz de legión que nos la impone.

Cuando un periódico diario habla en nombre de lo mejor y en contra de lo peor que tiene un pueblo, ese diario es una legión, y su voz es de legión, es voz de pueblo.

Tal, desde la formidable crisis en que han entrado los Estados Unidos de América, es la voz del New York Times. Fue su actitud, al principio de la guerra, tan contraria a las pasiones entonces dominantes, que los periódicos rivales lo acusaron de antiamericano, y hasta compelieron a reflexiva expatriación temporal al director del diario. Pero éste, perseverando, y hallando en la opinión de los demócratas y republicanos antiexpansionistas un eco vigoroso de la suya, concluyó por ser y hoy es en Nueva York el diario que da más fuerza, más peso y más valor a las opiniones fundadas en razón, en principios y en doctrinas. Enemigo de la expansión territorial de los Estados Unidos; pero igualmente enemigo de los antillanos y extranjeros que no quieren ver en la Unión lo qué ella es, una nueva civilización en desarrollo, así combate a quienes quieren malograr la Federación extendiéndola fuera de sus naturales límites geográficos, como ataca a los que dudan de la rectitud del pueblo americano.

Ese es el diario cuyas son las palabras que vamos a traducir literalmente y a glosar con absoluta sujeción a su sentido.

En 23 de junio, hablando de la protesta de los Comisionados de Puerto Rico, dice textualmente:

«La protesta puertorriqueña es, a lo que parece, un llamamiento a los sentimientos de justicia del pueblo americano. Este solo hecho basta para preservarlo de que ningún americano lo considere como un documento menospreciable».

Glosando, diremos: Si el simple hecho de llamar a los sentimientos de justicia del pueblo americano produce ese eco, razón tiene la Liga de Patriotas en su política, que está fundada en los mismos principios que han hecho justiciero al pueblo americano y que descansa en la confianza que debe inspirar ese espíritu de justicia. Importa considerablemente que el pueblo de Puerto Rico atienda a la significación de ese testimonio de la justificación del pueblo americano; en primer lugar, porque es un pueblo que directa y representativamente toma parte en su gobierno; en segundo lugar, porque si presta atención al llamamiento que le hacen unos Comisionados, a quienes (como se verá después) no consideran genuinos representantes del país, y que indudablemente se han desviado de la conducta que trazó el senior³ de la Comisión, al retirarse de los Estados Unidos, con más razón atendería a una verdadera delegación de una verdadera asamblea nacional que no se desviara ni un punto del mandato del patriotismo, que no es la anexión incondicional ni la independencia forzada, sino simple y sencillamente un convenio de gobierno temporal, fundado en el interés por venir de Puerto Rico y en el interés presente y futuro de la Unión americana.

Como si The Times, conociendo la política de los patriotas de la Liga, quisiera poner a toda luz uno de los motivos prácticos que los coaligados han tenido al trazarse su norma de conducta, dice:

«Sin duda es cierto, como dicen los de la protesta, que Puerto Rico es una parte del territorio de los Estados Unidos, aunque no se sabe si es o no es parte integrante. También es cierto que los nativos o ciudadanos adoptivos de Puerto Rico no tienen los derechos políticos de ciudadanos de los Estados Unidos. But it does not necessarily follow that they ought to have such rights. PERO DE ESO NO SE DEDUCE NECESARIAMENTE QUE ELLOS HAYAN DE TENER TALES DERECHOS».

Esa afirmación, en la pluma de un antiexpansionista es tanto más de pesarse, cuanto que coincide puntualmente con declaraciones cien que han salido de los labios de los antiexpansionistas más concienzudos; de aquellos que (como yo), no sólo son opuestos a la expansión territorial de los Estados Unidos, por desapego doctrinal a los procedimientos europeos, sino por amor a los principios americanos de gobierno. Esos, todos ésos opinan como el New York Times que, del hecho de ser Puerto Rico una parte actual de los Estados Unidos, no se sigue necesariamente que los puertorriqueños sean ni hayan de ser ciudadanos americanos.

Como el fundador de la Liga de Patriotas sabía eso desde que fundó la Liga, y desde entonces sabe que, mientras sea dudoso, el advenimiento de los puertorriqueños a la ciudadanía americana, los actos del Gobierno americano en Puerto Rico serán actos de dominación, por eso quiso que sus compatriotas se reservaran el derecho de plebiscito; por eso, al reclamarlo uno de los fundamentos de altísima política ante el Congreso americano, y uno de los argumentos ante la Corte Suprema sería ése: No somos nada en derecho; ni ciudadanos puertorriqueños porque se nos ha hecho objeto de dominio; ni ciudadanos americanos, porque no se nos reconoce la ciudadanía. Siendo el régimen a que estamos sometidos una verdadera dominación, declare la Corte Suprema si es lícita en los Estados Unidos una dominación.

Tratando de explicar la extrema situación en que el Gobierno federal mantiene a Puerto Rico, y contra la cual va la plausible protesta que comenta, The Times escribe estas palabras que parecen dictadas por quien se declara en favor del fundador de la Liga de Patriotas, cuando ha fundado la política de la Liga en el derecho que tienen los 900,000 puertorriqueños a que no se disponga de ellos como bien mostrenco y a que se cuente alguna vez con su voluntad:

«There is no exact precedent in our history for the situation created in Puerto Rico by the ratification of the treaty of peace with Spain».

Indudablemente no hay precedente alguno, ni aún el de California, que es el único que a The Times aparece semejante. Es la primera vez que en los Estados Unidos se ha tomado de pronto, sin guerra, sin conquista; y después sin consulta de la voluntad nativa, posesión incondicional e inconstitucional de un pueblo entero. Es la primera vez, y es tan contrario a la vida tradicional y a la institucional de aquel verdadero pueblo, que los verdaderos americanos no atinan a explicar ni a justificar el hecho.

Tan no atinan, que dan por justificación lo que más abiertamente contradice el hecho:

«Qué objeto... Nuestro objeto y nuestro ultimátum fueron que España saliera de este hemisferio y apenas si se tuvo en cuenta el gobierno, modo de disponer y de regir las poblaciones que ella abandonaba».

Ese es como el atolondramiento de conciencia que a veces justifica con su misma delincuencia al delincuente. Si los americanos vinieron a salvar de España a Puerto Rico ¿qué necesidad tenían de saber de antemano cómo habrían de gobernarla, regirla y disponer de ella, si venían para salvar, no para poseer?

Y como para acabar de ser eco extraordinario y realmente sorprendente, de las palabras que en estos días está diciendo el fundador de la Liga de Patriotas, dice The New York Times:

«En otras palabras: nos gustaría saber cómo hubo sus credenciales esta "Junta" y hasta qué punto es ella realmente representativa».

Es claro que si fuera realmente representativa de los puertorriqueños, la Comisión tendría más fuerza en la opinión del pueblo americano. Y es claro, por consiguiente, que tiene razón quien pide una asamblea nacional para que nombre delegados de Puerto Rico que vayan a Washington a hacer indudables sus poderes.

Si la Liga de Patriotas no hubiera aconsejado la reserva del derecho de plebiscito por motivos tan dignos de sus propósitos humanos, tal vez no habría conseguido otra cosa que retardar la solución del problema que desea contribuir a resolver del modo más científico. Pero como su humano propósito, el pedir la reserva del derecho de manifestar nuestra voluntad colectiva, abarca en toda su extensión el problema, quería que a la expresión de su voluntad se preparara el país entero; tanto el que trabaja como el que es capaz de gobernar.

De ahí los esfuerzos hechos en los Estatutos de la Liga, en la propaganda de su fundador y en las gestiones de éste como Comisionado de Puerto Rico, por restablecer la salud pública y por enaltecer el carácter nacional.

Estas, que no eran frases retóricas, ni conceptos oratorios, sino exactamente los propósitos concretos, se traían a la realidad, se hacían vida de nuestra sociedad, dando pan, sangre y músculos al cuerpo; verdad, virtudes, conciencia, al alma de nuestro pueblo.

A esos fines caminaba por estos medios la Liga de Patriotas: al pan, por medio del trabajo; a la sangre, por medio del saneamiento; a los músculos, por medio de la educación del cuerpo; a la verdad, por la enseñanza; a las virtudes, convirtiendo derechos y deberes en costumbres; a la conciencia colectiva, poniendo al alcance de todos un ideal de bien, no un ideal metafísico ni abstruso ni intangible, sino visible, tangible, sensible: el bien de la patria en el goce de una civilización completa.

Como el trabajo, que es la primera ley natural de la sociedad, es también el primer factor de civilización, era imposible encaminar a un plebiscito concienzudo sin encaminar por todos los caminos al trabajo.

He ahí por qué los Estatutos de la Liga de Patriotas preceptúan de tantos distintos modos el trabajo; he ahí por qué la propaganda de la Liga ha sido y es propaganda de trabajo, y he ahí por qué en las peticiones hechas al Presidente de la Unión en nombre de Puerto Rico, culminaron las referentes al trabajo.

He aquí, ahora, por qué, hablando del plebiscito, puedo y debo hablar del trabajo público en la actualidad de Puerto Rico.

La situación económica es tan crítica, que la ociosidad, acompañada de la miseria, se pasean por nuestra Isla. Al fondo profundamente benévolo del corazón de nuestro pueblo y a la sanidad de intenciones de esa gente sin sangre que forma la doliente población de nuestros campos, a sólo eso se debe que sea tan pasiva la actitud de los hambrientos.

Podrá parecer imposible que haya hambre en una tierra incansable como ésta; pero una tierra incansable e inagotable como la nuestra, cuyo destino industrial ha sido tan torpemente desconocido, da la caña, el café y el tabaco que le piden; pero no puede dar las subsistencias que no le piden. De los dos mil y más predios rústicos que le consagran a la agricultura suntuaria y de los veintiún mil fundos que felizmente salvan la pequeña propiedad, pero que no han sabido salvar ni aun fundar la pequeña industria, no hay una sola cuerda de terreno que tenga por exclusivo objeto la producción metódica de frutos de subsistencia.

Así, es tan lánguida la riqueza pública, reunida en pocas manos, que en el momento en que se impone un cambio de mercado para uno de los productos exclusivos de nuestra industria, o tan pronto como hay que pedir al capital propio o al extraño el auxilio que reclama la competencia hecha a la caña por la remolacha, ya no tenemos qué comer: esa es la realidad en un país que, no obstante la pésima administración económica que tuvo y tiene, no conoce en igual suyo un superior. Ahí está Long Island, islita casi idéntica en extensión y en población a Puerto Rico, dotada por la civilización más emprendedora de la tierra y por los hábitos económicos más eficaces, de cuantos medios de producción tiene la riqueza en las naciones. Pues esa Isla (descontando a Brooklyn, por supuesto, pues Brooklyn es por sí sola más de la mitad de la población de Puerto Rico y de Long Island), no es, con muchísima más civilización que Puerto Rico, un territorio tan rico como el nuestro.

Pues bien: un país como el nuestro, un territorio como éste, una tierra tan generosa como ésta que no tiene más suelo improductivo que aquel en donde están las huellas de la estupidez y la codicia; un país como el nuestro, un territorio como éste, una tierra como ésta, tienen hambre.

Una mentira, una calumnia, un absurdo; pero, es verdad: Puerto Rico tiene hambre. Ya se van decidiendo los puertorriqueños a decirlo, ahora mismo acabo de conferenciar por segunda vez con el representante de trescientos que piden trabajo o emigración al Comandante General de Puerto Rico.

Lo piden en una solicitud muy sobria y muy afine a su doloroso objeto, pues parece que el puertorriqueño tiene vergüenza de confesar que puede tener hambre en tal edén como es el suyo; pero la solicitud de trabajo o emigración que hacen trescientos braceros y artesanos de la sola ciudad de Mayagüez y sus suburbios no es más que una entre cien necesidades reveladas.

¿Se ha revelado a sí mismo un país que conoce tan poco sus recursos, que aplica tan mal su actividad, que se desvía tan ciegamente de su destino industrial, que se muere de hambre en el cuerno de la abundancia, que no tiene quien lo ayude a orientarse en su destino y que en la hora más crítica de su existencia contempla desavenidos a sus hijos?

Los que quieren marcharse, si no son oídos en su petición de trabajo, tal vez quieren no ver cómo se ahonda día por día el precipicio: pero los que no quieren caer en él, póngase a trabajar para impedir que esos trescientos que quieren emigrar sean la vanguardia de otros trescientos, que acaben de ser el factor de una multiplicación indefinida.

La absorción no puede entrar aquí sino por la inmigración de aquí. Vean qué responsabilidad para los que, en vez de buscar trabajo al campo y pan al pobre, no tienen todavía, la visión del porvenir.

Antes de retirarme de los Estados Unidos con el propósito exclusivo de seguir propagando en nuestra Isla, en toda ella, la idea que me trajo de nuevo a mi país, redacté unas instrucciones para mis compañeros de Comisión, los señores Dr. Julio J. Henna y Dr. Manuel Zeno Gandía, y ellos aceptaron como norma de conducta oficial el pedir para Puerto Rico el gobierno temporal que se ofrecía a Filipinas.

Mi convicción firmísima era entonces, como había sido antes y es ahora, que ni a Puerto Rico ni a los Estados Unidos conviene la entrada de nuestra Isla en la Federación; que ni para Puerto Rico ni para la Unión Americana es digna ni decorosa la anexión forzada; que el interés de todos está en un gobierno temporal, en un tutelaje condicional, en una experimentación ejemplar de la eficacia del gobierno civil enseñado prácticamente por la Unión a Puerto Rico; y que la dignidad de todos y la inmunidad de los principios americanos de gobierno reclaman: O un plebiscito para aceptar la anexión, o un gobierno temporal que haga innecesario el plebiscito.

La firmeza de esta convicción era, es y será tan concienzuda, que ni siquiera me conturbó la noticia de que mis compañeros de Comisión habían estimado procedente desviarse de las instrucciones que aceptaron. Cumpliendo con mi deber de hombre de bien, que atribuye a propósitos de bien los cambios de opinión que palpablemente no demuestran mal designio, me puse a esperar que sucediera lo que había de suceder.

Ya ha sucedido. Aquellos queridos compatriotas han vuelto de su error. Convictos ahora por los hechos, protestan honrosamente, ante su patria, ante el pueblo americano y ante el mundo, contra la injusticia que se comete con Puerto Rico, negándole, a él, benévolo e inerme, lo que por segunda vez se promete al pueblo filipino, suspicaz y armado.

Es indudable que, cumplidas, las «Instrucciones» hubieran dado mejor fruto: al pueblo americano que hay un pueblo en Puerto Rico, y que el pueblo de Puerto Rico quiere, por medio del derecho, lo que el pueblo filipino pide por medio de la fuerza. Piden que se les consulte su voluntad.

Desde febrero, en que se habría aprovechado al Congreso, hasta la fecha de la protesta, ha transcurrido el tiempo necesario para quedar convencido el mundo entero de la dignidad y la justicia de este pueblo. Merced a distinto proceder, sólo ahora empieza el mundo a saber que hay alguien en Puerto Rico, y que ese alguien es un pueblo descontento de que prometan a Filipinas lo que a él le niegan.

En su calorosa representación del Puerto Rico indignado que suponen, los Comisionados han llegado hasta presentarse a sí mismos como inevitable esta disyuntiva: Independencia o gobierno civil.

Como era claro que no llegaran a ese crítico dilema sin haber agotado todos los medios de razonamiento, uno de los fuertes basamentos que dan a su protesta es que se nos trata como a cosa cedida, cuando es muy discutible el derecho de cesión que tuvo España y el de adquisición que se ha atribuido el Gobierno federal.

Aun, en el orden que he dado a mis artículos, no ha llegado el momento de fundar otra vez en sus fundamentos verdaderos la idea del plebiscito; pero como mis compañeros de Comisión han hecho oír al pueblo americano algunas de las razones que Puerto Rico puede aducir, amparándose en el nombre de Sumner, americano ilustre y hombre digno, creo conveniente copiar de la protesta las palabras en que los señores Zeno Gandía y Henna utilizan en pro de Puerto Rico la defensa del plebiscito que Sumner hizo en favor de la Alsacia y la Lorena. En los Estados Unidos no ha habido nadie, al menos no ha habido ningún americano que se haya escandalizado de que se afirme que Puerto Rico tiene el derecho que un gran americano atribuyó a dos provincias que alternativamente han estado en la historia siendo francesas y alemanas: ¿habrá en Puerto Rico algunos puertorriqueños que se atrevan a decir en voz alta que el plebiscito es una idea ridícula?

A pesar de todo, no lo creo; pero si me equivoco, quede aquí contra ellos la protesta de Sumner contra los que no tienen argumentos que oponer a los triunfos de la fuerza bruta.

Al presentar el argumento que les presta el gran Senador que echó por tierra la anexión de la República Dominicana, los Comisionados dicen:

«Pero la voz de Puerto Rico no fue oída. Nunca se pensó en la idea de que Puerto Rico tuviese algo que objetar a esta negociación que, aunque generosa por parte de uno de los beligerantes, debía requerir, al menos pro forma, el asentimiento del pueblo puertorriqueño. Pasaron la Isla y sus habitantes de una nación a otra, como pasa una finca y su ganado de un amo a otro. Cuando Francia tuvo por la fuerza que ceder la Alsacia y la Lorena a Alemania, sin consultar a los habitantes de estas provincias, la potente voz de Charles Sumner se alzó para protestar. Él dio entonces, en Boston, su famosa conferencia que tituló: "El duelo entre Francia y Alemania". Y dijo: 'Francia no puede vender ni traspasar esas provincias sin el consentimiento de sus habitantes. Consultad la opinión de los grandes maestros y encontraréis su pensamiento unánime. Grotius, de cuya opinión no apelará nadie en contra de esta cuestión, juzga que: 'para alienar una parte de la soberanía es indispensable que la parte que se va a alienar esté conforme con este acto'. De igual opinión es Pufendorff, al declarar que: 'para que ese traspaso sea válido es indispensable el consentimiento de sus habitantes'. Vatel corona estos testimonios cuando sostiene que: 'una provincia abandonada o cedida no está en la obligación de aceptar el nuevo amo que le imponen'. Ante esos textos más fuertes que ciudadelas los soldados de Alemania deben detenerse».

Suprimid de estas sentencias las palabras Alsacia, Lorena y Alemania y reemplazadlas por Puerto Rico y los Estados Unidos y la causa de Puerto Rico queda definida por la más alta figura, como erudito, como hombre de Estado y como patriota que puede contar el partido republicano de los E.E. U.U. de América.

Es manifiesto que, si el Gobierno americano hubiera atendido la voz de los puertorriqueños, no hubieran llegado hasta su manifestación de agravios los dos Comisionados de una parte de la Isla que esperan impacientes lo que el Ejecutivo federal no les dará.

Ellos piden un gobierno civil provisional, mientras el Congreso establece, como ellos esperan, el gobierno de Territorio, y el Ejecutivo federal se obstina en mantener el gobierno militar.

Es evidente que, pues el Gobierno americano mantiene el régimen militar y desoye la voz de la Isla, que no lo quiere, y que es unánime en ese punto, el único en que es unánime, los Comisionados han debido ver en esa obstinación la obra de una causa poderosa, y proceder en dirección opuesta a esa causa o favorable a ella, según estimaran el interés de su país.

Si éste, a sus ojos, está en la federalización de Puerto Rico, debieron y deben dejarse de peticiones. En los Estados Unidos, el lenguaje del interés no es el lenguaje del derecho. Do ut des; «doy para que des», y nada más, ha dicho siempre, en latín, en inglés y en castellano, el que contrata.

Dame la federación, dame la categoría de Estado dentro de ella, y le doy los dos Senadores y todos o casi todos los Representantes que pueda tener el Estado de Puerto Rico. Ese, y ningún otro, debe ser el lenguaje de los que quieren la anexión.

En el caso de creer que el interés de la Isla difería, como efectivamente difiere del interés de la Unión Americana, los Comisionados hubieran adelantado mucho más de lo que han adelantado, desentendiéndose del Ejecutivo y atendiendo al noble movimiento de opinión que se manifiesta en el Cuerpo Legislativo y en el Cuerpo electoral de los Estados Unidos.

Cuando el representante del partido de oposición, candidato de ese partido y de todos los antiexpansionistas, inicia la magnífica lucha electoral que va a pasmar al mundo, diciendo, como dice Bryant, que «la conducta de los Estados Unidos en Filipinas es odiosa»; cuando el Presidente McKinley repite su ofrecimiento de gobierno temporal a los filipinos; cuando se ve que ésa será al fin y al cabo la solución del tremendo problema que se ha puesto la Unión Americana a resolver desde el día en que hizo efectiva la doctrina de Monroe, y lanzando de América a España, dejó el Continente y las Islas en poder de sus respectivos pueblos y habitantes; desde entonces no hay para Puerto Rico más camino que el gobierno temporal ni más petición que el gobierno temporal.

El Presidente de la Unión parece un hombre bien intencionado, cohibido en sus buenas intenciones por un partido muy resuelto a quedarse en el poder. De aquí la perceptible lucha entre una y otra fuerza. Mientras la una, el Presidente, piensa, siente y declara que «una anexión forzada sería una agresión criminal», la otra fuerza, el partido, sostiene en Filipinas y en Puerto Rico una agresión criminal, y procede en Cuba como si a pesar de la palabra de honor dada por los Estados Unidos a los demás Estados de civilización, quisiera convertir en agresión la intervención humanitaria. Mientras una fuerza, el Presidente, ofrece la mejor solución posible al problema de la intervención, prometiendo a Filipinas un gobierno temporal, que necesariamente sería también la solución del mismo problema en Puerto Rico; la otra fuerza, el partido, se precipita furiosa a la anexión.

Y no ya a la anexión que corresponda a los principios fundamentales de la federación, sino a la anexión incondicional.

Por eso vemos en Puerto Rico el gobierno militar, y en Washington la lucha entre el Presidente y su partido; éste, más fuerte que aquél, caminando cada vez más resuelto a la anexión sin consideraciones; aquél, cada vez más débil, vacilando siempre entre el gobierno temporal, que es su deseo, y la absorción total, que es el desideratum de los expansionistas.

Por eso no se ha atendido a los Comisionados que en 21 de enero de este año, atendiendo a la realidad de las cosas, y viendo con sus propios ojos que, sobre el partido que gobierna, está en los Estados Unidos un verdadero pueblo, trazaron un plan sencillo de gobierno, que a nada comprometía a Puerto Rico, y que desde entonces querían darle un buen gobierno civil, una buena política comercial, buenas instituciones de crédito, buenas reformas para todo, y una buena base de tributación.

Por eso, porque el partido gobernante camina a la anexión desaforada, no se ha atendido tampoco a los Comisionados que quedaron actuando en los Estados Unidos, y que, movidos por ilusas esperanzas, y desatendiendo el soberano movimiento de opinión a que hoy se refiere toda la política de la Unión Americana, han ido limitando sus pretensiones hasta reducirlas a una forma mixta de gobierno.

Por eso no se les atenderá. Aunque la situación de Puerto Rico y Filipinas ha mejorado un tanto, si es verdad que se ha retirado el Ministro de la Guerra, que era el portavoz de los expansionistas en el Gabinete, basta ver los proyectos de la Comisión enviada aquí por el Presidente para comprender que todos son expedientes dilatorios.

No hay que esperar nada que no venga del pueblo americano por conducto del Congreso; pero del Congreso como órgano del pueblo americano, hay que esperarlo todo.

Todo, gobierno civil, declaración de que ese gobierno será temporal, fijación del plazo de ese gobierno, libre cambio con los Estados Unidos y con el mundo entero, siempre que nosotros sepamos atender a los intereses presentes y futuros de nuestra patria y ser dignos de ella y de la hora solemne en que vivimos.

Nuestros pueblos de origen español, que nunca aprenden a ser justos, y para quienes mal juzgar sin pruebas no es calumniar, sino ser inteligentes; nuestros pueblos todos, de Río Grande a Río Gallegos, y desde el Cabo Catoche hasta el de Hornos, todos juzgan severamente la conducta del Gobierno americano en Filipinas, en Cuba y Puerto Rico.

Verdad que, hasta ahora y por ahora, es, mala en todas partes; pero también verdad que es la conducta de un gobierno, no la del pueblo americano, y que de la conducta de éste no se podrá juzgar hasta que las próximas elecciones den la voz del pueblo.

Puede no ser la voz de Dios; puede no ser la voz de la razón; puede no ser la voz del que clama por justicias; puede no ser la voz de la espera de un pueblo que ha nacido, ha crecido y prosperado en la justicia; pero hay que verlo con los ojos que ven tanto mal en este mundo, para creer que de una hechura del derecho, como es la Unión Americana, puede salir una hechura de la fuerza, como sería la anexión incondicional de Puerto Rico, Cuba y Filipinas.

Sin plebiscito o sin convenio de gobierno temporal, la anexión de Puerto Rico sería incondicional; siendo incondicional, sería forzada: «una anexión forzada es una agresión criminal».

Los que en Puerto Rico, disponiendo de lo que no es de ellos, suelen decir que Puerto Rico quiere la anexión a toda costa, que prueben lo que dicen. ¿Cómo podrían probarlo, sino probando que son la mayoría del país? ¿Cómo podrían probar que son la mayoría del país, sino acudiendo a un plebiscito?

Bien podemos llevar a cabo el plebiscito, aún sin necesidad de una declaración ad hoc del Gobierno americano.

Podemos llevarlo a cabo por dos distintos procedimientos, y por cualquiera de los dos lo aceptamos desde luego en nombre de la dignidad de nuestra patria, seguros de que lo muerto en Puerto Rico no es la dignidad del pueblo, sino la voluntad capaz de despertarla y de encaminarla.

¿Quieren los anexionistas acudir a uno de esos dos procedimientos?

Sea el primero el más obvio.

Al encuentro de todo puertorriqueño sale un hecho, y está manifestándose por sí misma una necesidad. El hecho: que ha pasado un año casi entero desde la invasión del ejército federal, sin que los frutos de la ocupación sean los prometidos: ni bienestar material, ni bienestar social, ni bienestar político.

La necesidad: que del Ejecutivo se apele al Poder Legislativo de la Unión; y que, a ser necesario, del Congreso, apele a la Corte Suprema, y de la Suprema Corte al pueblo; y del pueblo americano, si llega a ser necesario, se apele a los pueblos todos de la tierra.

Para efectuar esas apelaciones tiene el pueblo puertorriqueño que nombrar apoderados, hay que convocar a una Asamblea Nacional.

Vayan allá los anexionistas condicionales y los incondicionales, los temporadistas o partidarios del gobierno temporal de los Estados Unidos en Puerto Rico, y los puertorriqueños todos que representen alguna opinión no bien formada todavía.

Habrá dos proposiciones diametralmente opuestas, que expresarán las dos fuerzas vivientes de opinión:

Que los delegados vayan a fortalecer a los dos Comisionados, que juntos pidan la federalización de Puerto Rico, ya como Territorio ya como Estado. O los apoderados de la Isla pidan el gobierno temporal, y declaren que el propósito de Puerto Rico, es formar en lo futuro una Confederación de las Antillas.

Votar por una u otra de esas proposiciones será votar por o contra la anexión.

Es un plebiscito en corta escala, el que hoy está más a nuestro alcance, y el que más rápida y sencillamente podemos efectuar.

Vamos a él; veamos por medio de él quiénes somos mayoría, quiénes somos minoría y quiénes debemos seguir interpretando la voz de nuestro pueblo; quiénes debemos enmudecer ante la voz de nuestro pueblo.

Ese procedimiento para sustituir por ahora, el plebiscito, sería eficacísimo en la política actual de los Estados Unidos, porque daría a una de las fuerzas políticas el impulso definitivo que aun le falta.

Nadie sabe cuán poderoso impulso para los partidarios de las doctrinas americanas de gobierno sería una declaración de personalidad hecha en momentos críticos por delegados efectivos de Puerto Rico, porque nadie sabe hasta qué punto ha sido un conflicto para los verdaderos amigos de la Unión, y de su régimen justiciero de gobierno, la conformidad de Puerto Rico.

A excepción de Schultz, cuando se declaraba por una Confederación de las Antillas; a excepción de White, cuando proponía un gobierno temporal, así para Cuba y Filipinas como para la misma conforme Puerto Rico, los americanos representativos que han opinado acerca de esta formidable crisis, no han contado para nada a Puerto Rico, no porque no quisieran contar con ella, sino porque la pobre Isla no daba pretexto ni ocasión para contar con ella. «Puerto Rico parece tan satisfecha de su nuevo estado -decía Bryant, el candidato demócrata a la presidencia- que dejarla en él es complacerla». Y así, por benevolencia para con ella, por buen deseo, por complacencia, casi toda la Unión Americana ha convenido en considerar como particular la situación de Puerto Rico.

Imagínese ahora la honda y provechosa sensación que produciría en el ánimo de aquel pueblo de gente buena, sencilla, amiga de la razón y la justicia, la aparición de los apoderados ad hoc de Puerto Rico, que fueran a declarar la verdad, a mostrar la realidad y a decir al pueblo americano:

La Isla de Puerto Rico no está contenta.

Próximas ya las elecciones federales, ya iniciado el movimiento político que les precede, siendo un hecho cualquiera de importancia un agente capaz de modificar y acaso de trastornar una situación determinada sin concurso de él, es indudable que la aparición de unos cuantos Delegados de Puerto Rico, especialmente si fueran el resultado de una elección plebiscitaria, que hubiera tenido por objeto primordial la indagación de la verdadera o más poderosa opinión del país, sería un hecho de efectiva trascendencia. Equivaldría a dar al partido antiexpansionista dos argumentos formidables para comunicarlos por medio de la urna electoral: 1.º Puerto Rico no está contento de la situación en que, sin consultar su voluntad, lo han puesto; 2.º El Gobierno americano en Puerto Rico no ha hecho lo que los puertorriqueños abandonados a sí mismos habrían hecho.

Es evidente: Puerto Rico tiene en la próxima lucha electoral de los Estados Unidos un papel de protagonista que desempeñar. Si sabe y quiere desempeñarlo, para bien y honra suya será; si no, ora la hagan colonia, ora le hagan la merced de considerarla Territorio, ora llegue un momento político en que convenga hacerla Estado, así lo hagan, nuestra Isla no habrá hecho nada por sí misma.

Hoy está en circunstancias excepcionales para hacer por sí misma lo mejor que puede hacer.

Lo mejor que puede hacer es proceder como quien domina las circunstancias.

Estas son las circunstancias:

• La pérdida de personalidad, que, en el derecho común y en el de gentes, corresponde a toda entidad social que posee por derecho natural un territorio, y que puede disponer de sí misma y de su territorio, siempre que tenga o recobre su independencia;
• La cesión, contra su voluntad o sin consulta previa de su voluntad, de cuantos derechos naturales han servido y sirven para la formación de un estado jurídico, de un pueblo sui juris, de una nación o entidad internacional;
• El abandono arbitrario a un régimen de gobierno militar, que ya un año después de la ocupación, no autorizan las prácticas del Derecho de Gentes; que sólo en momentos de guerra justifica el derecho público interno de la nación americana, que ni un momento aceptó como tolerable Puerto Rico;
• La entrega a usos y abusos de la fuerza, hasta el punto de que parece un estado de conquista el que debiera ser estado de igualdad y armonía entre los acogidos y los que acogieron;
• El disgusto producido en los Estados Unidos por las crueles e inesperadas consecuencias de la guerra con España;
• La lucha de opiniones nacionales determinadas por la guerra de independencia en Filipinas, por la amenaza de protestas armadas contra la intervención en Cuba, y por las muestras de descontento público en Puerto Rico;
• Escisión del partido dominante, el republicano, a causa de la situación creada por la conducta del Poder Ejecutivo;
• Fortalecimiento del partido de oposición, el demócrata, con todos los republicanos que protestan de la siniestra interpretación dada al derecho público americano en las grandes contingencias de esta crisis temible de la Unión;
• Renacimiento transitorio, pero extraordinariamente favorable para la lucha de derechos, principios y doctrinas, de aquel sano espíritu de justicia que dominó en la crisis de la Independencia y que ha renacido cada vez que la Unión ha sufrido alguna crisis de desarrollo, como la guerra de Emancipación, o una crisis de salud, como la guerra contra España.

Tales son las circunstancias que en los Estados Unidos actúan de un modo efectivo en la actualidad, y que forzosamente ha de tener en cuenta quien haya de intentar algo en favor de Puerto Rico.

Para dominar esas circunstancias lo inmediatamente necesario es el sentimiento de justicia, lo perdurablemente útil, la voluntad de un bien efectivo para todos, así los puertorriqueños como los americanos; lo práctico, el conocimiento de los medios, arbitrios y cursos que ofrece la situación.

El sentimiento de justicia impulsa a hacerla franca y pronta a los agentes superiores e inferiores del gobierno militar americano en Puerto Rico. A excepción del aire de conquistadores que en un principio se dio la soldadesca, de abusos mil que comete siempre la fuerza armada en donde impera; del carácter de «absoluto supremo» que dio al gobierno militar, gobierno de conquista y para la conquista, que de ninguna manera conviene al origen histórico de la ocupación americana, y que, con razón y con justicia, repugna, detesta y abomina Puerto Rico, los jefes y soldados del ejército regular de los Estados Unidos no han hecho aquí otro verdadero mal de trascendencia que el haber malogrado las esperanzas razonadas que hubo en el alto espíritu jurídico de los Estados Unidos.

En realidad, por tanto, los daños causados son inherentes al régimen militar, no consecuenciales del hecho de ser americano ese gobierno militar.

De esa exacta concepción justiciera de esta apariencia de conquista que da el gobierno militar a la situación de Puerto Rico, se obtiene un argumento de primera fuerza contra el régimen militar, en primer término; y contra, en segundo término, la injusticia de estar tratando a Puerto Rico como a ser sin voluntad. Efectivamente, si somos justos, equitativos e imparciales, y reconocemos y declaramos que el gobierno militar ha sido malo en Puerto Rico, por ser militar, no por ser americano, nos ponemos ipso facto al nivel de los hombres de doctrina, hombres realmente representativos del espíritu justiciero de la sociedad americana, y con ellos y amparados por ellos, podemos contribuir a sacar del mal a que hoy están expuestas las instituciones americanas, el bien que siempre sale de los grandes conflictos del derecho, cuando luchan por él los altruistas que para nada piensan en sí mismos.

Si en ese punto conseguimos dominar las circunstancias, lo perdurablemente útil para Puerto Rico y para los Estados Unidos surgirá espontáneamente de la justicia que hayamos hecho: y de la voluntad de bien que nos impulse.

Unidos a los buenos para propósitos de bien, pocos serán los incapaces de ver cuánto más grande, más alta, más fuerte y más gloriosa será la Unión del porvenir, cuando haya formado pueblos capaces de fundar en las Antillas una confederación que, por intereses espirituales y temporales, por pasiones egoístas y altruistas, por voluntad y por razón, sea la aliada de la federación por excelencia.

Cuando se dominan las circunstancias en lo que tienden a la idea, se dominan en lo que tienden al interés. Si la idea de los antiexpansionistas es preservar las instituciones, las tradiciones, y el sistema americano de gobierno, su interés es el poder.

Habría que ver cómo un pueblo no llamado a formar parte de la Federación, llegaría a estar en aptitud de ayudar a un partido político a subir al poder.

Eso no es de este momento.

Las disposiciones del Presidente McKinley en favor de Puerto Rico son tan sinceras como dice a La Correspondencia de la Capital, un caballero americano, Mr. Dexter. Acabo de repetirlo en estos días.

Pero a las disposiciones favorables dice Mr. Dexter que se ha de poner por estímulo «una Comisión» que abogue por Puerto Rico ante el Congreso. Estoy diciéndolo y repitiéndolo, no ya sólo como lo hace ese amigo de Puerto Rico, a manera de esfuerzo práctico, sino como medio de doctrinar a los puertorriqueños en el ejercicio de sus derechos colectivos.

En un telegrama de estos días sé refiere que el Presidente McKinley ha concluido por convencerse de que lo mejor por hacer en Puerto Rico es fundar de hecho el gobierno civil, bajo la responsabilidad del jefe militar que representa aquí al Gobierno de la Unión. Esa precisamente fue la idea que el fundador de la Liga de Patriotas sugirió a sus compañeros de Comisión, y que la Comisión de Puerto Rico sugirió desde enero al Presidente de la Unión.

De modo que las cosas que han debido hacerse las vio desde un principio la Liga de Patriotas; las cosas que deben hacerse las está viendo la Liga, y el porqué de las unas y las otras lo está diciendo de continuo el fundador de la asociación que tiene por objeto salvar la personalidad de Puerto Rico.

Ya que no basta que él lo diga, baste que un extraño lo confirme, y procédase como él lo aconseja, ya que el consejo del hermano es voz al viento.

Bueno es que lo sepan. Ante los americanos, en general, y ante el Congreso, en particular, no es prudente proceder de un modo irregular y caprichoso, cuando existen modos regulares y normales de proceder para delegar facultades y poderes.

El modo de proceder, que es el que los hijos del Derecho practican para toda representación de una voluntad colectiva, es lo que ellos llaman una Convención, y aquí se llama una Asamblea.

En ella, después de convenir -pues por eso se llama Convención- en el propósito que se quiere realizar, se delega expresamente en tantos cuantos representantes de la voluntad delegada se requiera, el poder de hacer lo que ella quiere.

No bastan comisiones de dudoso origen y de incierta representación: es necesario que origen y representación sean fidedignos.

En el caso en que estamos, y tratándose de averiguar incidentalmente si Puerto Rico está por la federación definitiva o por un gobierno temporal, el origen de la delegación ha de ser el pueblo entero de Puerto Rico, y la representación ha de ser del pueblo puertorriqueño.

Cuando se ve que todos los hombres capaces de dar buenos consejos aconsejan el envío de una representación efectiva e indiscutible a gestionar a Washington; que esas gestiones se hagan ante el Congreso; que versen expresamente sobre aquello que es efectiva voluntad de Puerto Rico; y cuando es manifiesto que, no obstante las naturales simpatías o aun gratitud que en Washington despierta Puerto Rico, nada o poco se hace, en vez de rebuscar móviles malignos, busquemos los humanos. El móvil característicamente humano a que obedece esa simpatía perezosa, esa gratitud inerte, esa displicencia confianzuda, parte de las mismas pereza, inercia y confianza en que descansa Puerto Rico.

Aunque parezca una paradoja -que siempre lo parece el comparar cosas incomparables- sucede hoy con el Gobierno de la Unión Americana lo que ayer con el Gobierno de la desunión española.

Fue tanto lo que a aquel mal Gobierno se le soportó, que él pensaba que todo podía hacerlo impunemente. Y procedía como pensaba.

Es tanto lo que se está dejando a merced del buen Gobierno americano, que él no sabe lo que hacer, o se ha echado a descansar de su responsabilidad hasta que venga el Congreso a asumirla.

No es malicia, porque en este caso no conviene la malicia, ni tampoco ignorancia, porque desde el 21 de enero de este año se dijo prolijamente, y con total precisión y patente dominio de las circunstancias, lo que se debía hacer, cómo se debía hacer, por qué se debía hacer.

De tal modo era exacto lo que se demostraba entonces necesario, que, siete meses después, se nos dice por telégrafo que el Presidente piensa hoy lo que entonces demostrativamente se le dio a saber.

He aquí por qué pienso, digo y repito que, abandonados a nosotros mismos, los puertorriqueños hubiéramos hecho más por la organización de nuestra patria que lo hecho hasta ahora por el Gobierno americano.

Si a pesar de ser patente que el deber filial de los patriotas habría sido más eficaz que la simpatía de los extraños, propone la Liga de Patriotas que se pacte con el pueblo americano, representado por el Congreso, un gobierno temporal de quince a veinticinco años, un esfuerzo supremo del patriotismo es quien a eso llega, no un sentimiento de debilidad intelectual.

El patriotismo (hablo orgullosamente del deber, no del sentimiento aparatoso y embustero), el patriotismo exige que se vea la realidad tal cual ha sido, tal cual tiene que ser y tal cual es.

La realidad ha sido que Puerto Rico no tenía, no ha podido tener y no tiene, una clase gobernante, ni un pueblo gobernable, simple, necesaria y naturalmente, porque no le permitieron jamás el ejercicio normal de los derechos que forman al pueblo, ni la disputa racional del poder que forma a las clases gobernantes. Esa enorme responsabilidad de España pesa desventuradamente, como un hecho incontrastable, sobre los hombros de la generación que se encuentra ante el problema del momento. Tanto pesa, que, en vez de resolver el problema, la generación llamada a resolverlo ha abandonado la solución a un extraño, y cuando un propio, cuando un hermano viene a decir: «Pero, puertorriqueños, ¿qué habéis hecho de la dignidad de nuestra patria?», tantos son los que extrañan la pregunta, que prueba es de bondad el que no lo hayan lapidado. Hablo de lapidación material: de la lapidación moral, se fabrican razones, argumentos y pruebas en pro del patriotismo impasible, que, estando en la realidad, ve que es imposible un gobierno del pueblo en donde no se han cuidado de formar al pueblo; y que, estando en la verdad, siente que es necesario amar a la triste patria hasta el punto de sacrificarle el sueño dorado de haber hecho por sí mismo una patria de hombres libres y hombres buenos.

Los hermanos mayores del Continente dicen, que, «para saber gobernar, es necesario saber obedecer».

Esa es una máxima inagotable, de la cual podrían estar sacando verdades de aplicación, durante todo su aprendizaje, los aprendices de gobernación a la española, sin llegar hasta el profundísimo fondo de sabiduría que contiene. Pero si llegaran a él, se encontrarían con la verdad fundamental de donde se derivan todos los principios positivos de gobierno. Esta es la verdad: Que el gobierno de todos descansa en el gobierno de sí mismo. De ese modo, así será más fácil el gobierno de todos en donde cada uno ejerza mejor el dominio de sí mismo; y correspondientemente, allí más difícil el gobierno, en donde menor el dominio de cada cual sobre sí mismo.

Piénsese por un solo momento en la obra de desmoronamiento interior que ha sido para cada colono español el régimen de vida a que ha estado sometido, y se comprenderá cómo y por qué se es un compuesto de los mayores arrebatos, de rebeldía y de los peores convenios con la sumisión.

De ese compuesto no se saca el hombre dueño de sí mismo que sirve de materia prima para la fábrica de un gobierno civil que sea bueno desde el primer momento. Por lo tanto, el gobierno de él mismo no es posible para un país compuesto de tales hombres, sino a expensas de experiencias brutales, o por medio de un aprendizaje metódico y tranquilo.

Claro que con una dominación secular encima, no había más recurso que destruir la dominación, y sacudirla; pero si por acasos no previstos se llega a circunstancias como las que hoy rodean a Puerto Rico, es de patriotas de fondo detenerse a pensar en la realidad.

A la independencia inmediata, aun arrostrando el fastidio de una organización con escombros de hombres, no se puede ir sin arrostrar también una guerra condenada por los teóricos y los prácticos de la guerra: la hecha sin recursos ni motivos.

A la anexión forzada no se debe ir de ningún modo, y no se puede ir sin previo plebiscito.

Al plebiscito no se puede llegar por concesión espontánea del Ejecutivo federal, y será indispensable exponer, razonar, fundar, discutir y demostrar ante el Congreso el derecho preciso de los puertorriqueños a declarar su voluntad de federarse, si lo quieren, o de no entrar en la Federación, si no lo quieren.

A ese acto de dignidad y de cordura no se debe ir sin una previa consulta de la voluntad nacional, expresada en una Convención o Asamblea que delegue en apoderados del país la facultad de gestionar en Washington o la más pronta federalización de Puerto Rico o el pacto más claro de gobierno temporal.

Eso es todo el problema. Para resolverlo de modo que a un tiempo quedaran satisfechos los impulsos de la dignidad, los justos deseos de independencia, la reflexiva tendencia a la libertad, el patriotismo pensador y el interés de la civilización, que el hombre realmente civilizado no pierde de vista, para resolver ese problema hubo que despojar una por una sus incógnitas.

Ese es el trabajo que vamos a repetir ahora, a fin de que, si tiene luz, brille con la que tenga la conciencia que habla a Puerto Rico.

A la Independencia inmediata no se puede ir. En primer lugar, no tenemos recursos ni motivos; en segundo lugar, no tendríamos estímulos; en tercer lugar, no podríamos tener la recompensa del esfuerzo.

De los recursos materiales no hay que hablar: El gobierno colonial nos ha dejado en la miseria económica. De los recursos morales no hay que razonar: El coloniaje nos ha dejado en la miseria psicológica.

Motivos para la guerra los perdimos desde el momento en que aceptamos una invasión sin condiciones. Motivos para una revolución serían prematuros los que pudieran fundarse en agravios involuntarios, directamente resultantes de un régimen militar que, para concordarlo con las doctrinas americanas de gobierno, se ha tratado de atenuar cuanto posible ha sido. Doloroso régimen al patriotismo ingenuo es la presencia del extraño que manda arbitrariamente en el hogar paterno: hasta la sombra que el invasor proyecta es ofensiva. Pero cuanto pueda el sentimiento transigir con la razón, tanto transija para ver y declarar que el menos intolerable de los gobiernos militares es el que, yendo de atenuación en atenuación, ha pasado de los primeros procedimientos en nombre de la fuerza a las tentativas de conciliación entre un régimen de fuerza y un procedimiento de derecho, hasta llegar a un gobierno militar que, como éste, pacta con los derechos individuales, decreta el Habeas corpus, procede a un ensayo de elecciones y sustituye con el ya casi científico sistema electoral de Australia, aquella sangrienta burla del sufragio que España enseñó a Cuba y Puerto Rico.

No hay, pues, ningún motivo racional para provocar, y en vano, un mal tan grande como una revolución.

Y ¿a qué fin? Para ir a la independencia, bastaría, sin duda; pero a la independencia se va para asegurar la libertad, y es imposible que el legado de libertad que dejáramos a nuestra descendencia correspondiera al legado de odios que hacinan sin descanso las groseras pasiones que deshonran a la especie humana en los pueblos que no han conocido una sola hora de vida en el derecho.

La Independencia por sí misma es un bien tan cierto, que haberlo conquistado contra el oprobioso régimen que no dejó nada sano en nuestro pueblo, habría sido honra de todos como fue honroso ensueño de unos cuantos.

Ni aun los patentes inconvenientes de nuestra procedencia colonial obstaban entonces al ensueño, porque ese ensueño era entonces un deber. Se debía ir a toda costa a la Independencia, porque era el único camino de la libertad.

Habría surgido entonces la implacable ley de herencia, y habría sido de rigor, de necesidad, de fatalidad, bañar en sangre cada derecho conquistado; pero ¿cómo conquistar el derecho los que nacen desheredados de él? ¿Acaso es historia exclusiva de los tristes hijos de España en América el riego de sangre para todo, el derecho como el progreso, si cada paso adelante va señalado por un reguero de sangre en la irracional historia de los pueblos?

Ahora, desde que conozco de cerca al Puerto Rico real, y sé que está mucho más sembrado de egoístas que la patria ideal, apenumbrada antes por la distancia bienhechora, con más autoridad que entonces, puedo seguir afirmando la superioridad de ciertas condiciones negativas y de patentes circunstancias positivas, a las cuales abandonaba yo la obra de restauración espontánea de mi país. No habría, pues, temido a la Independencia, y hubiera, como Tácito y todos los lastimados de la tiranía, preferido la libertad cercada de peligros a la quietud mortal del orden impuesto por la fuerza.

Pero a esa independencia no hay ya cómo ir, y no hay fuerza, ni poder, ni voluntad que sean capaces de restablecer circunstancias que han pasado. Las que subsisten nos piden otro esfuerzo.

Hagámoslo, y veremos que no es obra de fuerza, sino obra de derecho, la que nos ha sido encomendada por la secreta providencia de las cosas.

Si un pueblo que se ha salvado de las corrupciones de la guerra llega, conocedor y experimentador de las corrupciones de la paz forzada de la tiranía a aprender, paso tras paso, en años de trabajo reflexivo, de paz voluntaria, de ejercicios de derecho, de cumplimiento de deber, de adelantos materiales y morales, de industriales e intelectuales, la práctica del gobierno civil, tal como es él, que es como, hasta ahora, sólo los americanos (y a imitación suya los suizos) lo practican; podrá Puerto Rico ser dueña de sí misma, según pacto previo o según convención ulterior.

Entonces habrá que saber cómo, en la Independencia efectiva, completada por la libertad, por la riqueza, por la cultura, por el bienestar y por la necesidad de llegar a un ideal, se habrán de utilizar los recursos del país, así los naturales como los adquiridos, para ser respetada de las naciones todas la bandera que simbolice a nuestra nacioncita.

Mientras tanto nos baste saber estas dos cosas:

1. Que nuestro deber nos manda trabajar por el plebiscito para llegar al gobierno temporal; y nos lo manda como a puertorriqueños, como amigos de las instituciones llamadas a redimirnos de la esclavitud moral en que nos ha dejado el coloniaje, y como convencidos de que el gobierno civil reclama el aprendizaje práctico que sólo de los hermanos mayores del Continente podemos recibir.
2. Que los pueblos insulares tienen en su, geografía un auxiliar incombatible que hace inexpugnable su independencia, siempre que, una vez asegurada, ellos se pongan a vivir como les manda que vivan la ley natural de las islas.

Con arreglo a esa ley natural, vivieron las Islas Jónicas en lo antiguo, y viven las Islas Británicas en lo moderno; vivieron en Creta los venecianos al fin de la Edad media, y la última sirvió para dar utilidad histórica a la locura de las Cruzadas; y el Archipiélago griego sirvió para civilizar a Grecia, después de haber contribuido a prolongar el florecimiento del Egipto; y el Archipiélago anglosajón está sirviendo para dar a los dos primeros factores de la civilización, el trabajo y la libertad, una fuerza de razón tan efectiva, que ha ennoblecido el trabajo y ha hecho posible la más vasta y más alta realización del orden fundado en la libertad, al fundar por medio de sus hijos la Federación americana.

Y ¿por qué -pregunto deliberadamente-, por qué no hemos de ser nosotros capaces de hacer lo que conjuntamente han hecho la naturaleza y otros hombres?

Si a la independencia inmediata no se puede ir, a la anexión forzada no se debe ir.

Por eso hay que celebrar la formación del grupo de puertorriqueños que se apellidan republicanos, pues ellos justifican los actos de anexión que se están efectuando, y que, realizándose ahora bajo la responsabilidad de personas que representan una parte del país, pierdan lo que tiene de injurioso la imposición de una voluntad extraña.

De esa manera, además, tiene más fuerza y eficacia la obra de americanización que ya empieza a ser inteligente y meditada; y que obra común de puertorriqueños y americanos, concluirá por ser acepta a todos, siendo como será una verdadera organización que sustituye a una fábrica ruinosa; pero será acepta siempre que el Congreso federal oiga la voz de los que en Puerto Rico, conociendo y deseando las instituciones americanas de gobierno, de crédito, de enseñanza y de régimen social, aspiran a una desespañolización completa, pero con su intervención, acuerdo y expresa declaración de que eso quieren.

Si los anexionistas concurren al propósito de los temporalistas, que queremos el gobierno temporal de los Estados Unidos en Puerto Rico no por el prurito de constituir nación, sino por devoción profunda a la civilización, que necesita en las Antillas una gran fuerza de resistencia a la vez que de impulsión, común será el esfuerzo de unos y otros, y unos y otros desempeñarían el papel de auxiliares efectivos de la cultura humana, porque, ya Estado de la Unión, como ellos quieren, ya miembros de la Confederación de las Antillas, como queremos nosotros, haríamos de Puerto Rico lo que de ella puede ser: un coeficiente de la civilización universal.

Para entrar en la Unión americana, como para prepararse a formar en la Confederación Antillana, nuestra Isla tiene que americanizarse.

Americanizarse en todo esto:

• Modificar la organización social;
• Cambiar de régimen económico;
• Sustituir uno por uno los principios de organización política a la española con la organización completa del sistema americano de gobierno;
• Simplificar toda la administración pública, empezando por la Justicia y acabando por la tributación;
• Reformar la instrucción y transformar la educación pública;
• Modificar las costumbres sociales y políticas;
• Llenar de instituciones jurídicas y culturales el país entero;
• En suma, realizar el programa de la Liga de Patriotas, que, como todo programa de civilización, es un programa de transfiguración.

La vida americana, aun en las grandes ciudades litorales que, por su carácter cosmopolita, son las menos americanas, es tan distinta de la vida europea, cuanto son distintos el medio geográfico y el político en que se está realizando el ensayo de nueva humanidad. A eso debe aspirar todo pueblo de nuestro Continente; a vivir la vida nueva, a trocar por ella la vida vieja que les han transfundido los educadores europeos.

Para conseguirlo, hay que ponerse a vivir como vive el pueblo americano; y para eso hay que despojarse del espíritu europeo, que en nada conviene con el propósito instintivo de la sociedad humana en el Nuevo Continente. Y como el pueblo americano vive de la manera original que todos vemos, no por peculiaridades de carácter, ni por excentricidades de conducta, sino por consecuencia lógica de la juvenil ingenuidad con que aplica su sentido común a todo lo que constituye civilización (trabajo, gobierno, educación, religión, fuerza pública), su vida es positivamente nueva: vertiginosa en lo físico, apacible en lo moral, mucho más intelectual de lo que se cree, y de tal modo espontánea en todas sus actividades, que no hay asunto, problema, conflicto, a que la iniciativa de todos no dé solución inesperada.

De ahí la perpetua equivocación en que los demás pueblos de la tierra incurren al juzgar a ese pueblo nuevo en suelo nuevo, armado de un derecho nuevo y para todo provisto de principios, medios y fines nuevos. Nuevos son sus principios de gobierno; nuevos son sus medios de acción; nuevos los fines que se propone en su vida colectiva.

Tan nuevos sus principios de gobierno, que son afirmaciones de derecho nunca oídas por los demás pueblos de la tierra.

«Todos los hombres tienen derecho a la vida, a la libertad y a la consecución de la felicidad».

«La fuerza y poder de los gobiernos descansa en la voluntad de los gobernados».

«Sin representación no hay contribución».

«Los poderes están limitados por los derechos».

Tan nuevos sus medios de acción, que hacen la guerra experimentando novedades, y hacen la paz innovando el Derecho Público de Gentes, y hacen su trabajo consuetudinario aplicando a toda la iniciativa individual, cuando ella basta, y la cooperación social, cuando no basta aquella.

Tan nuevos sus fines de vida colectiva, que boy, cuando un Ejecutivo, y un partido desorientado se empeñan en desviar de su recta vía al pueblo americano, el alma del pueblo se levanta, y pide, cada vez más imperativamente, que se realicen los propósitos que siempre fueron consecuencia de los principios de donde ha partido el pueblo que ha fundado el gobierno en el consentimiento de los gobernantes.

Este abominar del derecho europeo de conquista es una invocación a propósitos y fines de vida nacional que el pueblo americano ha invocado siempre como suyos.

Refundir el molde de una vida colectiva es empresa tan ardua, que nada extraña es la esquivez con que se mira el cambio que reclama la americanización verdadera; es decir, la aplicación a nuestra vida social, y a la individual también, de los principios, medios y fines de la vida americana.

A esa americanización debemos todos contribuir, y por eso la Liga de Patriotas contribuye a ella.

Señores de la Comisión:

El verdadero problema que debe resolverse por los Estados Unidos en Puerto Rico, es, cómo debe usarse de los recursos naturales de la Isla, según vida, libertad y prosecución de la felicidad facultan a cualquier pueblo, para usar de ellas; y subsiguientemente, cómo reparar los males hechos contra vida, libertad y felicidad por España en Puerto Rico, especialmente en lo relativo al malogro de nuestros recursos materiales y morales.

Veamos cuáles son esos recursos, para comprender mejor su malogro.

RECURSOS NATURALES DE PUERTO RICO.- Una Isla de como 3,200 millas cuadradas de tierra quebrada, con todas las variedades de clima; con mil ríos, riachuelos y quebradas; con tal fuerza vegetal, que hasta campos cansados están en activa producción;

Una costa de setenta leguas marítimas que la conectan con todas las islas del Archipiélago y tierra firme del norte de Sur América y el este de América Central;

Una población de cerca de un millón de habitantes, a razón de 140 por kilómetro cuadrado;

Una exportación de $18.341,430;

Una importación de $18.282,690;

Muchos y muchos pedazos desocupados de tierras baldías;

Desconocidas extensiones de inexploradas minas;

Unos 250,000 hombres consagrados a las industrias de tierra, y algunos miles más a las del mar y sus riberas;

Un capital social de más de 120.000,000 de pesos;

Una capacidad contributiva que hace de las rentas públicas un fácil medio de fomento.

En cuanto a los recursos políticos, son varios: El primero de todos, la docilidad del pueblo; el segundo, su amor a la libertad; el tercero, su necesidad de justicia.

Respecto a recursos intelectuales, tales son los que ofrece el pueblo en Puerto Rico, que la mejor prueba de incompetencia que hubiera podido dar de sí mismo un Gobierno en nuestra Isla ha sido la sedicente política de espera y preparación con que nos agobiaban los españoles.

Siendo toda desviación del derecho y del deber una complicación del verdadero orden que se ha de establecer al gobernar una sociedad, antes de mostraros el uso que ha de hacerse de nuestros recursos, tales como los conocimientos políticos y económicos lo aconsejan, debemos, señores de la Comisión Civil, mostraros los ultrajes hechos por el régimen español a la vida, a la libertad y a la felicidad en Puerto Rico.

ULTRAJES DEL RÉGIMEN ESPAÑOL.- Ultrajes a la vida. Con sólo mirar a nuestro físico, pueden ustedes atestiguar un bien triste estado de cosas. Mirando a nuestro espíritu, tendrán una vista más triste todavía. Por dentro, somos tan débiles como por fuera. Pues esa debilidad de cuerpo y alma no es tanto la obra de achaques tropicales, cuanto una depresión física y moral que es concurrente consecuencia de una mala economía y de una mala política.

Ultrajes a la libertad. Siendo más fácil resumir que enumerar esos ultrajes, contemplen ustedes la ignorancia que el Gobierno Insular, heredado de España por el gobierno militar americano, ha mostrado de lo que es el gobierno civil.

Si esos Ministros hubieran conocido la eficiencia y la eficacia de las instituciones americanas, habrían simplificado nuestra situación general. Lo que se dice de los tenidos por los mejores, con más razón se puede decir de los restantes; porque si el desgobierno español enseñó tan mal lo que es libertad a los regentes, ¿cómo había de enseñarla bien a los regidos?

Ultrajes a la felicidad. De las instituciones americanas, inmediatamente se pueden deducir dos fuerzas que concluyen por hacer la conquista social de la felicidad: esas dos fuerzas son la iniciativa individual y la cooperación social.

¿Cómo se ha de poder pedir al régimen centralizador de la monarquía española lo que sólo puede esperar del sistema americano de gobierno?

Es evidente que nosotros somos un pueblo enfermizo, tan débiles de cuerpo como de voluntad; que nada sabemos de libertad; que hemos sido privados de aquellas dos fuerzas, la iniciativa individual y la cooperación social, que principalmente median en la conquista de la felicidad. Puesto que todos estos males atestiguan contra el régimen español, mostrándonos cuán tristemente se entendían en él los recursos de nuestra Isla, creemos innecesario detenernos a demostrar hasta qué punto llevó el Gobierno español en Puerto Rico el malogro de nuestros recursos naturales.

APROVECHAMIENTO DE NUESTROS RECURSOS.- Veamos ahora el medio de reparar esos males. Una tierra que tiene unos 100 habitantes por kilómetro cuadrado, debe no sufrir de hambre sino por su propia falta o por una mala legislación, si no es por ignorancia de las leyes económicas.

Para todos es visible que a ningún otro trabajo más que al de los naturales se debe nuestra agricultura, nuestro comercio, nuestros trasportes interiores y la mayor parte de nuestro tráfico de cabotaje. Por tanto, la pobreza y aun la miseria de nuestro pueblo, no es culpa suya.

Pero si estudiáis la Ley Hipotecaria y su tendencia a favorecer al acreedor hipotecario contra el deudor por hipoteca, hasta cuando éste lucha por la vida; si contempláis la desviación de la ley natural de la riqueza en que incurren aquí el capital, la producción y la distribución, comprenderéis por qué la tierra, el trabajo y el capital, la propiedad, los obreros, el comercio, toda industria, incipiente o asegurada, sufre aquí.

La agricultura, en Puerto Rico, es con respecto al comercio como el deudor hipotecario es al acreedor por hipoteca. Como ambas industrias son aquí la única vía hacia la riqueza, basta observar su mutua dependencia para explicarse su mutua depresión: ni la agricultura ni el comercio serán industrias que se basten a sí mismas, mientras no modifiquen sus mutuas relaciones.

Para ello hemos menester introducir en nuestra economía un agente que sólo conocemos como un mal sustituto del comercio.

Ese agente es el banquero. Especialmente aquel que presta al agricultor. Si se nos hubiera oído y tuviéramos en Puerto Rico una sucursal del Banco Nacional de los Estados Unidos, nuestra situación social no sería tan penosa como es, porque los propietarios rurales podrían mantener en producción sus tierras, los trabajadores tendrían asegurados sus salarios, los comerciantes podrían contar con su clientela, y deudas por pagar y créditos por cobrar podrían tener respiro. Tener un mejor desarrollo del trabajo público y un camino más seguro para la riqueza es asunto de un gobierno duradero; pero aliviar inmediatamente los quebrantos de nuestra agricultura, es asunto de mera buena voluntad. Con sólo otorgarnos los beneficios del Banco Nacional de los Estados Unidos, con tantas facilidades cuantas sean convenientes para liberales operaciones sobre préstamos e hipotecas, sobrevendría una nueva época para nuestro trabajo insular. Eso fue lo pedido al Presidente de los Estados Unidos por una reciente Comisión de Puerto Rico, y eso es lo que nosotros pedimos.

También pediremos, como nuestra Comisión, el beneficio del libre cambio con los Estados Unidos, no ya sólo por conveniencia del comercio, sino también porque el libre tráfico con un mercado tan poderoso como aquél, disminuiría los precios en los artículos de consumo; y de ese modo contribuiría a la convalecencia de nuestro mal alimentado pueblo.

Puesto que es muy improbable una reunión extraordinaria del Congreso, durante su receso el Presidente tiene omnímoda autoridad sobre los recién adquiridos territorios (tanto más cuanto que ellos, pendiente como está a su respecto la resolución del Congreso, están en una situación extra legal), creemos que la extensión del libre tráfico con Puerto Rico sería asunto de un simple rescripto del Presidente aplicando al pueblo de Puerto Rico la cláusula 5, sección IX del artículo 1.º de la Constitución.

En el statu quo post bellum en que Puerto Rico ha de estar hasta que el Congreso establezca una situación normal, es tan fácil hacer buen uso de nuestros recursos como continuar en el malogro de que España es responsable.

El Presidente y el pueblo de los Estados Unidos están tan bondadosamente inclinados a favor de Puerto Rico, que nada sería más placentero a pueblo y Presidente, cuanto a ustedes mismos, señores de la Comisión, como el probar la superioridad de los americanos sobre los españoles en el aprovechamiento de nuestros recursos, en el alivio de nuestros males y en el reparo de nuestros daños.

APROVECHAMIENTO DE NUESTROS RECURSOS POLÍTICOS.- Siendo la de ustedes, señores, una Comisión Civil, especialmente encargado de aquellas investigaciones encaminadas a probar la necesidad de un cambio del gobierno militar por él civil, sólo hemos querido presentarles las dos necesidades económicas de más momento; y lo hemos hecho así, porque ninguna política sana puede descansar en una economía enfermiza.

Si ustedes hubieran de informar en contra de la oportunidad de un gobierno civil, fundándose en que han oído rumores de disturbios entre las gentes de los campos, incurrirían ustedes en error, porque tomarían un malestar económico como síntoma de incapacidad política. Así incurriríamos también nosotros en error, si presentáramos a ustedes nuestro argumento en pro del gobierno civil sin fundar su oportunidad política en su fundamento económico.

Tan pronto como tengamos comercio de cabotaje con los Estados Unidos, y un banco responsable, las operaciones agrícolas y comerciales de nuestra flaca industria volverían a su antiguo cauce; y el benigno, tal vez demasiado benigno, pobre pueblo de Puerto Rico, ahogaría en su fácil esperanza los pocos gritos que lanza de su angustiado corazón.

De todos modos, como estamos seguros de su benignidad, ante ustedes y ante su pueblo protestamos contra suspicacias cualesquiera que pudieran concitar injurias o malevolencias contra nuestra patria. Y como hemos presentado la benignidad de los puertorriqueños como el primero entre todos nuestros recursos políticos, debemos afirmarlo de nuevo esforzadamente, a manera de hombres de estado, como conscientes de que esa benignidad es un medio positivo de gobierno en que podemos descansar confiadamente.

Miren, si no, la experiencia de este instante. Los hacendados de café están casi arruinados; todos los trabajadores, así los hombres de pena en las campiñas, como los artesanos de villas y ciudades; los hombres de profesión, la mayor parte de los pobladores de la Isla, están al borde de la indigencia; y sin embargo, ustedes pueden fácilmente discernir, por entre algunas señales de mal humor, las quejas que provocan los malos tiempos en los más, de las jactancias a la española y de las vanas amenazas de los menos.

Semejante disposición del pueblo debe tomarse como un argumento en pro del gobierno civil.

Pero tenemos, uno mejor en el amor a la libertad que aquí se siente. Cierto es que no tenemos conocimiento alguno de lo que es libertad. Libertad es una ciencia y un arte de extracción anglosajona, que ningún pueblo o educación ibérica puede trasmitir. Como ciencia, tiene que ser enseñada por las instituciones y la constitución americana, con los comentarios del Juez Story, de Kent, de Townsend y recientemente de Sterne, que, mejor que Tocqueville, Laboulaye, G. Humboldt y centenares de comentadores europeos de la ciencia positiva del gobierno, siguen el sistema americano.

Como arte, la libertad no puede ser enseñada ni aprendida sino por el ejercicio de los derechos naturales y civiles, por el uso del Jurado, así el aplicado a asuntos criminales como el aplicado a negocios civiles; por cierto íntimo sentimiento de la dignidad humana, que sólo se puede encontrar entre hombres educados en el ejercicio de la libertad, y por el espectáculo de la vida americana, porque la libertad inglesa no es libertad sino para las clases bien halladas.

Nosotros no sabemos nada de libertad, ni considerándola como la resultante de la ciencia del gobierno, ni considerada como el arte de vivir conforme a derecho. Nuestra clase directiva ha dado una triste muestra de su incompetencia para el ejercicio del verdadero gobierno civil. Los que han estado en el poder han desconocido en absoluto los nuevos resortes del gobierno; y aquellos que han estado en espera del poder, no han procedido sino como un partido de oposición. Exactamente lo mismo que españoles, y como si hubiera estado bajo el desgobierno de España, la clase política de Puerto Rico, aunque inteligentísima, y aun siendo un notable grupo de hombres de profesión, especialmente de las liberales, y particularmente de las consagradas al estudio de las leyes, ha hecho el efecto de una lección objetiva de la insuficiencia que el sistema de gobierno europeo ofrece para emplear la libertad como un factor verdadero de gobierno.

Aquí se presenta para los Estados Unidos la propicia ocasión de probar prácticamente, haciendo un experimento del verdadero gobierno civil, cuan fácilmente puede un pueblo aprender la libertad, especialmente cuando está sediento de justicia.

Esa sed de justicia a la que se debe la independencia del Continente y la libertad americana ha sido tan efectiva en la guerra por la humanidad, que, a no ser por ella, el derramamiento de sangre habría sido mortificante en Puerto Rico. Pero como el pueblo estaba sediento de justicia y la esperaba de aquellos a quienes recibió como libertadores y hacedores de justicia, la guerra tomó en Puerto Rico la jubilosa forma de un paseo campestre, según, por aquellos días, solían decir los periódicos de la Unión Americana.

Ahora, señores, que tenemos a nuestra disposición esos tres medios de establecer un régimen político, ¿cómo podríamos aprovecharlo, sino aplicando a Puerto Rico, los beneficios del gobierno civil?

CÓMO APROVECHAR NUESTROS RECURSOS POLÍTICOS.- Como otras tantas explicaciones de la fuerza del gobierno civil, tenemos en la Unión Americana, cuatro principios fundamentales; tres instituciones principales; tres poderes; dos fuerzas; dos propulsores y un credo común.

Los principios:

1. «No taxation without representation». Sin representación no hay contribución. Según este principio, la representación parlamentaria está instituida, no sólo como un derecho, sino como deber. La representación debe existir para que el pueblo haya de contribuir.
2. «Government is established for life, liberty and the pursuit of happiness». El gobierno ha de establecerse para la vida, la libertad y la busca de la felicidad. Según este principio, la ciencia de la Constitución pasó de ciencia empírica a positiva, porque desde entonces el gobierno quedaba cimentado sobre necesidades naturales.
3. «La fuerza del gobierno se deriva de la voluntad de los gobernados». Este principio acaba con la esclavitud, la tiranía, los gobiernos militares, y los sustituye con el plebiscito, con las leyes ad referendum y con los poderes delegados.
4. «Ours is a government of the people, by the people, for the people». El nuestro es un gobierno del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo. Con este principio, Lincoln destruyó para siempre los artificios europeos por cuyo medio se secuestraba el poder al pueblo; porque, según ese principio, el pueblo es el gobierno mismo.

Las instituciones:

1. La de los derechos naturales del hombre como suprema concreción de la dignidad humana, a la que nadie, ni aun el Congreso, tendrá autoridad para tocar.
2. La institución de las funciones separadas del poder, que ni la revolución inglesa, ni las enseñanzas de Montesquieu acerca de lo que llamó «la separation des pouvoirs»; hicieron tan eficiente como la Constitución americana y, sobre todo, como las prácticas americanas.
3. La institución de la Escuela Pública, que, no siendo por ley una institución política, es tan eficaz en el ejercicio del gobierno a través de todos los Estados de la Unión, que ningún gobierno popular puede sostenerse fuera, ni autocracia dentro de la Escuela Pública.

Los poderes:

1. Ante todo, lo mismo en la historia que en la vida de los americanos, el Poder Municipal, que, en toda la Unión, de tal modo es un poder, que nosotros nos maravillamos de que todavía no haya sido reconocida y acatada aquí la Autonomía Municipal.
2. El poder de los Estados, que son para cada sección de la Unión Americana lo que los Ayuntamientos para los distritos municipales.
3. La Unión, el poder federal, ante el cual retrocede cualquier otro, sin por eso hacer abandono de derechos.

Las fuerzas:

1. Iniciativa individual que hace a los Jefferson, Lincoln, Johnson, para el sostenimiento del derecho dentro del país, así como hace a los cañoneros y los buques de guerra en la defensa de la justicia fuera del país.
2. Cooperación, que por ningún otro medio, excepto los que se derivan de la confianza en la ley y en la libertad, puede obtenerse.

Los propulsores:

1. Los partidos, que hasta en su actual degeneración, manifiestan la fuerza de la justicia en la Nación, pues que son el camino por donde la mejor opinión llega a ley.
2. El voto, que disemina el poder entre la muchedumbre; que produce esos poderosos hábitos de independencia individual que distinguen al pueblo americano.

Por último el credo común, la Constitución, no sólo consagrada por ciento doce años de duros experimentos, sino por la reverencia que no puede menos de producir en el entendimiento de los pensadores y de los observadores de experimentos políticos.

EL GOBIERNO CIVIL PARA PUERTO RICO.- Un gobierno fabricado sobre tales bases bastaría para aprovechar todos los recursos naturales de Puerto Rico. Sin prejuzgar las cuestiones pendientes en el Congreso, acerca de si el régimen de los territorios cedidos por España ha de ser un gobierno temporal o un gobierno definitivo, Puerto Rico podría, con un gobierno como el que pedimos, desarrollarse con sana vida, completa libertad y laudable felicidad.

Como según la 2.ª cláusula, sección 3.ª, artículo IV de la Constitución, «el Congreso tendrá poder para disponer de [...] el territorio y de toda propiedad perteneciente a los Estados Unidos», y nadie sabe de qué modo usará el Congreso de su poder con relación a Puerto Rico, el Presidente de los Estados Unidos sería el primero en rechazar propuesta cualquiera que tuviera apariencia de usurpación de poder. En consecuencia, conceptuamos superfluo el pedir tal forma de gobierno civil cual la que prescriben los «Estatutos Revisados». Pero creemos pertinente honrar la grandeza moral del pueblo americano y la portentosa adaptabilidad de sus instituciones, instando a que se nos otorgue una forma de gobierno que implique todos los principios, instituciones y poderes a que de antemano hemos hecho referencia. Esto es inaccesible en modo alguno al poder del Presidente; y en cambio, es debido a la responsabilidad moral e internacional que tan noblemente se ha reconocido el pueblo americano. Además, según dice Heffter, en su Tratado de Derecho Internacional, «los súbditos del territorio cedido continúan gozando de la integridad de sus derechos políticos, cuando éstos pueden conciliarse con el nuevo estado de cosas». Y que en el caso singular de Puerto Rico, sus derechos naturales, civiles y políticos, se concilian perfectamente con el nuevo estado de cosas, es tan manifiesto y tan patente, que de ningún modo se justificaría esta prolongación del régimen militar, tan ocasionada a desconceptuar las instituciones americanas, que así aparecen impotentes para arraigarse fuera de la Unión, si no fuera por las circunstancias a que parece que ha debido atemperarse el Gobierno americano.

Por otra parte las naciones no pueden ni deben manifestarse desdeñosas de su merecida fama, ni impasibles ante ocasiones que, si aprovechadas, divulgarían gloriosamente su reputación. La eventual situación de Puerto Rico ¿no es una de esas ocasiones venturosas? ¿No sería realmente glorioso porque sería realmente racional, el colocar a Puerto Rico en tal juris conditio que le permitiera arrostrar cualquiera posible porvenir?; y ¿cuál podría ser esa juris conditio sino la que ustedes pueden extraer de los principios del sistema americano de gobierno?

Por cuanto nosotros nos sentimos en terreno firme, vamos a bosquejar una forma de gobierno civil que inmediatamente podría ser decretada por el Presidente de los Estados Unidos, y que podría servir de todos modos, en todo tiempo, en todas circunstancias, para probar la eficiencia de los principios americanos de gobierno.

UN GOBIERNO BASADO EN PRINCIPIOS.- Puesto que el primer principio americano es aquel por el cual comienza la Independencia americana: «No taxation without representation: Sin representación no hay contribución»; y puesto que el primer poder instituido por la Constitución es el Poder Legislativo, empezaremos por él.

Por eso, en nombre de ese principio y de ese orden constitucional, pedimos para Puerto Rico el establecimiento de un consejo legislativo que se compusiera de 14 representantes de los 7 departamentos de la Isla, a dos, por departamento, con poder para imponer contribuciones, para legislar y para fiscalizar la administración general.

Puesto que la vida, la libertad y la felicidad son los propósitos del gobierno civil, y sólo constituyendo como un poder los derechos individuales y civiles se pueden salvaguardar la vida, la libertad y la felicidad, pedimos que se aplique a Puerto Rico la Primera Enmienda de la Constitución, de modo que así quede limitado el poder de nuestra legislatura o consejo legislativo. De ese modo, el legislativo no tendría poder contra el derecho, porque: «El Congreso no dictará leyes relativas al establecimiento de religión o a prohibición de su libre ejercicio; ni para limitar la libertad de la palabra, ni de la prensa, ni el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y peticionar al Gobierno el reparo de injusticias».

Puesto que la institución de funciones separadas de poder, requiere, además del Departamento legislativo, uno Ejecutivo y uno Judicial, nuestro gobierno civil, tendrá un gobernador civil, las cortes de justicia que se necesiten y los dos jurados, el de lo criminal y el de lo civil, según las enmiendas V y VII de la Constitución.

Puesto que el voto es una fuerza eficiente que no puede ser desconocida en un gobierno civil, todas las funciones de poder estarán sometidas al voto; y así se hará constituyendo en funciones electivas, las legislativas, ejecutivas, judiciales y municipales.

Después de los dos primeros períodos electorales, el voto implicará el deber de la enseñanza elemental.

Puesto, que, en el sistema americano, el gobierno municipal es prácticamente uno de los tres poderes sociales, una ley municipal, basada en la noción de que los concejos y ayuntamientos son poderes delegados, asegurará su autonomía. La ley municipal, además de la autonomía de los municipios, declarará el poder que toda comunidad de cien familias tendrá que formar una municipalidad; el derecho de patronos de fundos rústicos para erigir municipalidades dentro de los límites de su propiedad; para agregarse a otras, federándose o disgregarse de otras, individualizándose.

Puesto que la institución de la Escuela Pública es inherente al sistema americano de gobierno, su establecimiento habrá de ser preliminar al del gobierno civil. La ley obligará, tanto al gobierno general como al municipal, a contribuir al mantenimiento de la escuela pública.

Como complemento a la primera enmienda de la Constitución, agregáranse al derecho público de Puerto Rico las cláusulas cuarta y séptima de la sección 9.ª, artículo primero, y las enmiendas 2, 3, 4, y 9, de la Constitución de los Estados Unidos.

Y como refuerzo de los derechos civiles y para que sea positivo en Puerto Rico el funcionamiento del gobierno civil, se le aplicarán las cláusulas 2 y 3, de la sección 9.ª, artículo 1.º, y las enmiendas 5, 6, 7 y 8, de la Constitución.

Una ley electoral, fundada en el principio del derecho de las minorías y en el sistema del cuociente electoral, cooperará a la formación de partidos de doctrina.

Una ley de amillaramiento y catastro, simplificará y normalizará el sistema de impuestos.

Todas estas leyes se recomendarán o impondrán al Consejo legislativo como compromiso perentorio.

Si aun después de esta fábrica de un gobierno civil bajo la tutoría temporal de los Estados Unidos, algo puede temerse del futuro, tendremos confianza en el 3.º y 4.º principios de la vida americana, según los cuales todo gobierno descansa en el consentimiento de los gobernados.

En la doctrina de Monroe, por la cual, siendo América para los americanos, Puerto Rico es para los puertorriqueños; en la doctrina de McKinley, según la cual una anexión forzada sería una agresión criminal.

Hombres que hablamos a hombres, hemos cumplido con nuestro deber de exponer con firmísima franqueza, probando también así cuan dignos somos del régimen de libertad por que abogamos, tanto los deseos más obvios cuanto los propósitos más recónditos de nuestro patriotismo.

Mengua de hombres de su derecho el ocultar sentimientos que siempre distinguirán a la especie humana de las demás especies animales, no hemos siquiera pensado en vacilar, al declararnos favorables a un gobierno temporal.

Al contrario: hemos acogido presurosos la ocasión, porque si estáis comisionados para informar por completo la verdad, el deber de todo Puerto Rico es daros o conocer por completo la verdad.

Por una parte, dos grandes representantes de la actual política americana, el Presidente McKinley y el senador White, se han mostrado favorables a un gobierno temporal; el primero, con inmediata relación a Filipinas, en la alocución de enero a los filipinos: el segundo, con referencia a todos los territorios recién adquiridos, en su moción de 21 de enero al Senado de la Unión. Tales y tan grandes sostenedores de la mejor política que pudo seguir la Unión Americana, no sólo justifican sino que amparan nuestros deseos. Por otra parte, en nuestro deseo de que sea temporal el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico, entra por mucho nuestra íntima seguridad de que esa política es la mejor que puede seguir el mejor pueblo. Por lo demás, si hemos estado dispuestos a cumplir con nuestro deber de expresar un deseo racional, legítimo y humano, también estamos dispuestos a cumplir con el deber de rendir homenaje a la voluntad de nuestra patria. Si ella, como todas las doctrinas fundamentales y todas las tradiciones de los Estados Unidos lo reclaman, es llamada a un plebiscito, y en él, y por medio de él, declara que quiere la anexión, como su clase directiva la quiere efectiva e indudablemente, los más prontos a acatar la voluntad de nuestra patria somos los que hoy nos mostramos más resueltos a que no se consuman los hechos en que para nada se ha contado con la voluntad de nuestro pueblo.

Seguros de que los señores de la Comisión simpatizarán, como hombres, como americanos y como comisionados, con los que les han hablado la verdad, vivísimamente les instamos a que aboguen ante el Gobierno de la Unión por el establecimiento del gobierno civil en Puerto Rico y por una declaración legislativa de que el pueblo de Puerto Rico será llamado a plebiscito.

Respetuosamente saludamos, por el Ayuntamiento de Juana Díaz,

(firmado)

E. M. Hostos,

Dr. Rafael Cestero.

El alegato que he hecho entrar en el artículo XVII de esta serie como una de las pruebas fehacientes de la actividad desplegada por algunos puertorriqueños en pro del gobierno civil, es también fehaciente prueba de la diligencia desplegada por la Liga de Patriotas en prosecución de cuantos medios puedan conducir al plebiscito.

No trataba tan sólo de razonar la necesidad, la facilidad del gobierno civil: el alegato intentaba también ser un acto plebiscitario; es decir, intentaba que, por medio de él, se patentizara la voluntad de una parte considerable del pueblo puertorriqueño. A fin de que el documento concluyera por asumir ese carácter, se propuso al Ayuntamiento y a la Junta municipal de Juana Díaz: cuando esa Corporación lo adoptó, se le propuso que lo comunicara a todos los Ayuntamientos de la Isla pidiéndoles que se adhirieran.

Manifiesto es que se habría dado un paso capaz de ser atendido por el Gobierno americano, si la totalidad o la mayoría de los Ayuntamientos de la Isla, en vez de intérpretes del miedo a que el coloniaje irresponsable acostumbró aquí a individuos y corporaciones, se hubieran hecho intérpretes de la voluntad de sus mandatarios.

Declarada la totalidad o la mayoría de la población municipal en favor de un gobierno temporal, que es la declaración por excelencia que contiene el alegato, hubiera podido prescindir de ella el Ejecutivo federal; pero el poder legislativo, el Congreso de la Unión Americana no hubiera podido prescindir al llamar hacia sí los antecedentes en que hubiera de fundar una resolución favorable o adversa al régimen temporal o definitivo de nuestra Isla por el Gobierno americano.

Es evidente que la muestra de competencia que habría sido un acto de esa especie, en que por medio de adhesiones a una declaración particular de una corporación representativa se habría logrado construir, por decirlo así, la voluntad colectiva de la Isla; es evidente que esa muestra de aptitud para la práctica del gobierno representativo habría podido aumentar en el Congreso el número de los opuestos al gobierno definitivo y de los favorables al gobierno temporal. Habría una manifestación, así hecha, parecido un plebiscito indirecto, una directa declaración de voluntad nacional. Y como por una parte, nada hay más sagrado que la voluntad de un pueblo para los representantes de aquel que ha erigido en principio de gobierno el acatamiento de la voluntad social; y como, por otra parte, nada puede ser tan glorioso y tan honroso para el pueblo americano como una declaración de gobierno temporal en vez de una declaración de guerra, que es lo que se puede esperar de una ocupación de territorio sin la voluntad de su posesor, el alegato en pro del gobierno temporal habría podido llegar a ser, trasmitido como la Liga de Patriotas quiso tramitarlo, una tal vez de las más eficaces soluciones propuestas al problema que pende en Puerto Rico.

Posible, probable y natural es que, hasta entre los mismos antiexpansionistas americanos, muchos quieran agregar este asteroide a la constelación del sistema americano: hasta por las simpatías que ha despertado Puerto Rico entre los que han venido a conocerla y entre los que desde lejos la han visto tan propicia a sus esperados libertadores, puede haber germinado el deseo de no desprenderse de la Isla afectuosa: Bryant, que no quiere la expansión y la condena, conviene en retener a Puerto Rico, no por retener un territorio, sino por complacer a una población que tan espontáneamente se aviene, según cree, a la anexión; Schultz, que abomina de la expansión por corruptiva, casi no se atreve tampoco a contar con Puerto Rico, al proponer como solución del problema en que la Unión se ha comprometido, la Confederación de las Antillas: tanto agradece a Puerto Rico su disposición benévola en favor de la Unión Americana.

Pues imagínese ahora la fuerza que dará a esas ideas la inercia de un pueblo que, al parecer, no piensa sino en que dispongan de él sin contar con él para nada, y se apreciará en toda su gravedad la torpeza intelectual y moral en que han incurrido los Ayuntamientos de la Isla al negar o al callar su adhesión al alegato.

Al renegar de la obra intentada por la Liga de Patriotas, han renegado de su patria.

Circula por los periódicos de la Isla un cablegrama que noticia la firma de un documento en que el Presidente de los Estados Unidos comunica al mundo que Cuba está en aptitud de ejercer el gobierno por sí misma. Noticias complementarias agregan que a principios del próximo enero se hará pública esa declaración de Independencia.

Dejando el comento de la gratísima noticia para el silencioso solaz de las amargas horas que pasamos los habitantes de este suelo, cumplamos con el deber de utilizarla en favor del derecho de un pueblo abandonado de sí mismo.

El Presidente de los Estados Unidos, que sepamos, no está autorizado por ley ninguna a decidir por sí solo de la oportunidad en que, según la Joint resolution de abril de 1899, habría de declararse llegada la hora del gobierno de Cuba por sí misma: esa decisión compete al Congreso. Como no hay tampoco ninguna resolución concreta que niegue al Presidente la autoridad moral que para tal declaración puede tener un Jefe de Estado que ha debido ir viendo y tiene que estar viendo los hechos todos que se relacionan con un negocio que le ha sido directamente encomendado, el Presidente de los Estados Unidos está en la aptitud, que ha aprovechado, de hacer una declaración que no tendrá valor jurídico hasta que el Congreso la sancione con una ley, pero que debe tener un valor político de primer orden, cuando, como ahora, inopinadamente, ha creído conveniente hacerla.

El Presidente sabe que él no puede declarar independiente a Cuba: la declaración de Independencia de Cuba está hecha desde abril del 1898 por el Congreso americano. «Cuba must and will be free and independent». El Presidente sabe que los Estados Unidos declararon en la cláusula 4.ª de la Joint resolution de 20 de abril antecitada «que no tienen intención de ejercer soberanía ni jurisdicción» sobre Cuba. El Presidente sabe que, una vez cumplida la misión de pacificar a Cuba, toda otra misión ha terminado para los Estados Unidos en la Isla gloriosa, y sólo queda para ellos la realización del «propósito de dejar el gobierno de la Isla a sus habitantes».

Sabiendo esas tres cosas, el Presidente de la Unión sabe que la manifiesta voluntad de que Cuba fuera independiente es ya una ley de la Federación: que la declaración de no ejercer soberanía en Cuba es un compromiso de los Estados Unidos con las demás potencias de la tierra; que el propósito de pacificar la Isla para dejarla al cuidado y gobierno de sus hijos es un designio tan digno, tan humano, tan honroso, que no ya sólo en la Historia, sino en la egoísta actualidad, tiene su premio.

Toca el premio a quien el mérito. Si Cuba ha sido pacificada, el mérito y el premio de la pacificación, al Presidente tocan.

Decirlo por boca del Congreso es convertir en abstracto un mérito concreto: hacerlo saber por boca del Ejecutivo es convertir en individual un mérito nacional. Importaba, pues, divulgar en beneficio del gobierno republicano la idea de un nuevo mérito contraído por él ante el país, en los momentos en que éste empieza a manifestar evidente repugnancia a la política que está desvirtuando los principios fundamentales del Gobierno americano.

Importaba el momento: ya ha llegado la hora de empezar a citar al pueblo a Convención: las convenciones de condados y distritos, que preceden a la Convención nacional, en que cada partido elige su candidatura a la Presidencia y lo designa al Cuerpo electoral, no tardarán ya en empezar a reunirse: ninguna noticia más placentera; ningún motivo más estimulante en favor de un candidato a la Presidencia que el haber dado tal gloria a su país.

Importaba también el efecto reflejo. Filipinas es hoy, y con altísima razón, la apesadumbre del excelente hombre que está en la Presidencia de los Estados Unidos, y la amargura de los grandes americanos, de los que ven a América combatiendo contra la independencia, que ella ha sido la primera sociedad contemporánea que ha declarado derecho natural de todo pueblo. Como hombre de buen corazón, cosa que en los Estados Unidos no obsta para ser hombre de Estado, Mr. McKinley, que hizo esfuerzos patentes por evitar la guerra, está hoy haciéndolos muy meritorios por aplacarla. ¿No será uno de los medios reflejos más eficaces el patentizar ante los filipinos que los Estados Unidos tienen palabra de honor, que no muchos pueblos tienen, y que así como han cumplido con Cuba su palabra de entregarla al gobierno de sus hijos, así pueden cumplir a Filipinas la empeñada palabra de darle un gobierno temporal?

El pueblo abandonado de sí mismo que tan poca fe en la eficacia del derecho está manifestando, y que tan loco apresuramiento muestra por abandonar a otro el dominio de su vida, piense ahora si es prudente, ya que sea digno, el dar por resueltos problemas que no han sido planteados; y por consumados, hechos que no se han realizado todavía. Piense si, al contrario, no es llegada la hora de oír la voz del que clama en el desierto; y contemplando la realidad tal como la están haciendo los altísimos intereses que compromete la humanidad en el albur que hoy corre la Unión Americana, no es más prudente, más positivo, más práctico, más hábil, el ponerse en la corriente del poder que nace, que el echarse a la sirte del poder que muere.

Mayagüez, septiembre 15 de 1899.

Hay cuatro principios que sirven no sólo de fundamento al sistema de gobierno americano, sino de explicación de la fuerza con que se ha desarrollado la primera sociedad que se ha ajustado a ese sistema. Y a la verdad, basta citar esos principios para comprender el resultado que han de haber producido.

El primero dice: «No taxation without representation». Sin representación no hay contribución.

El segundo principio dice textualmente, según consta en la Declaración de la Independencia:

«Los gobiernos están instituidos para asegurar los derechos a la vida, a la libertad y a la busca de la felicidad».

El tercero dice:

«Los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados».

Lincoln formuló el cuarto así:

«Ours is a government of the people, by the people, for the people». El gobierno civil es un gobierno del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo.

Por lo mismo que nosotros hemos sido educados fuera de esos principios, no estamos en aptitud de comprender los saludables efectos que han tenido que producir allí donde esos principios son tan naturales como el aire que todos respiran.

Pues es claro: el que respira en una buena atmósfera tiene buenos pulmones, y los tiene enfermos el que respira en mala atmósfera.

Por tanto, si han nacido respirando derechos, claro es que los norteamericanos practicarán del modo más sano el gobierno que han fundado en cuantos derechos naturales tiene el hombre. Y viceversa, si hemos nacido respirando despotismo, claro es también que nosotros practicaremos admirablemente el régimen contraderecho en que nacimos.

Así lo estamos viendo, a pesar del cambio de españoles por americanos, pues éstos no han podido todavía influir tanto que los aprendices de instituciones americanas se olviden del gobierno y la administración a la española.

Así habrá de suceder por algún tiempo, aun después de establecido el gobierno civil, puesto que los principios no hacen el milagro de ordenar de repente a las sociedades desordenadas.

Felizmente, la eficacia de los principios americanos de gobierno, concluye por ser efectiva. Por eso conviene tanto que continúen las conferencias en que se demuestra esa eficacia.

«Será bueno que se tenga en cuenta que este modo de exponer los fundamentos del gobierno civil es absolutamente original; que no se encuentra ni en Story, ni en Kent, ni en Townsend, ni en Sterne, ni en nadie; y que a mí mismo no se me hubiera ocurrido, si no fuera mi propósito primero el poneros por delante el espejo de la vida de un pueblo vivo, libre y feliz, que ha fabricado su libertad a fuerza de vivir ansiosamente sus derechos».

«Como lo que quiero es que Puerto Rico sea un pueblo libre y sé que ningún pueblo puede serlo mientras él mismo no se encarga de practicar su libertad, me he propuesto haceros ver con los ojos de la cara los esfuerzos y luchas del pueblo americano en pro de los principios de que voy hablando».

Estas palabras del Sr. Hostos en la conferencia del sábado nos parece que llegaron muy a tiempo para acabar de hacer comprender, a los que van a oírlo, su repetido deseo de que se entienda que no basta tener gobierno libre para ser un pueblo libre. En la última conferencia y a propósito del principio de que el gobierno civil es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, fue un poco más lejos, pues que dijo, poco más o menos:

«Hay que hacer entrar en todas las cabezas la idea de que el pueblo que quiera gozar de los principios e instituciones del gobierno civil tiene que clamarlo y reclamarlo».

«Por de pronto, es de sentido común que el Gobierno americano oirá más al que más trate de hacerse oír con su derecho en mano, y maldito si hay aquí o en los Estados Unidos una muestra bien clara de que el pueblo puertorriqueño se cuida para nada de su situación actual o de su destino futuro».

Hacemos precisamente lo contrario de lo que predica el conferencista. Este dice que hay que clamar con el derecho y reclamar por el derecho, y todo lo que aquí se hace es ponerse en vis-à-vis, como quien va a bailar y espera que le diga el bastonero: «A Ud. le toca».

Pero si el bastonero no lo manda, ahí se estará años enteros el puertorriqueño esperando. Se ha acostumbrado tanto, durante cuatro siglos, a esperar.

Está bien que esperemos lo que por nosotros mismos no podemos darnos; pero esperemos como nos aconsejan en las conferencias semanales: clamando por nuestro derecho y más clamando.

A fin de patentizar, según su propósito, que la libertad está fundada en el derecho y que no hay más pueblo libre que aquel que practica sus derechos, el conferencista relacionó la exposición del cuarto principio con la tremenda lucha en que tuvo que empeñarse el pueblo americano para hacerlo triunfar. De aquí una sobria narración de la lucha política y militar que ocasionó la defensa de la esclavitud por los del Sur y la defensa del derecho de los esclavos por el Norte.

Y como el que formuló ese principio fue Lincoln, vino un retrato del «compendio del pueblo americano», como llamó al Honest Abe, que fue el nik-name o cariñoso apodo de que Lincoln gozó entre sus convecinos de Illinois.

Antes que Lincoln, muchos habían dicho que el gobierno civil es el gobierno del pueblo por el pueblo; pero la fórmula completa del principio no salió de los labios de ningún hombre hasta el momento conmovedor en que, sobre el campo de batalla de Gettisburg, pronunció Lincoln aquella memorable oración, después llamada «the Gettisburg address», que termina solemnemente:

«[...] That this nation, under God, shall have a new birth of freedom and that government of the people by the people for the people shall not perish form the earth».

Ese gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, que Lincoln profetizó en el campo santo de Gettisburg que no desaparecerá de la tierra, es el que el señor Hostos está tratando de hacer conocer a su auditorio.

A juzgar por la atención que se presta a las conferencias, es de esperar que al fin conseguirá el fundador de la Liga de Patriotas que se realice uno, por lo menos, de los fines de esa Liga, que es el de conocer en qué consiste el cambio de cosas, de gobierno y de vida que se ha efectuado en Puerto Rico.

En la última conferencia del Profesor Hostos se trató de un punto de los más interesantes que tiene el estudio del régimen civil a la americana. Se trató de saber cómo se han manejado los fundadores del pueblo norteamericano para hacer de tal modo efectivo el ejercicio de los derechos políticos, que ellos no encuentran obstáculo ninguno en ninguno de los poderes públicos.

Como nosotros sabemos por experiencia propia que el ejercicio de los derechos naturales está sembrado de obstáculos y dificultades, porque nunca, ni aun ahora, nos los han reconocido como propiedad de todo hombre, no pudo menos de producir una viva sensación de alegría y de admiración el aprender, en la conferencia del sábado que los padres del derecho público americano han convertido en una institución de poder esos derechos que cualquier atrevido pisotea en casi todos los países de la tierra.

Y a la verdad, no hay alegría ni admiración mejor fundada que ésa, porque el haber puesto el ejercicio de los derechos políticos por encima de todo atentado del poder ha sido como salvar para siempre el orden público. Ha sido «fundar de un modo normal», como decía el señor Hostos, «la paz social». Y ha sido fundar efectivamente la paz social, porque cuando los ciudadanos pueden tener la religión que quieran, escribir públicamente cuanto quieran, profesar públicamente las doctrinas que quieran, reunirse y asociarse para cuantos fines quieran, peticionar cuando quieran a los funcionarios del poder, ya no hay motivo ni pretexto para luchas ni querellas entre el pueblo y aquellos que por delegación suya ejercen el poder.

El modo como los norteamericanos han llegado a este admirable resultado ha sido muy sencillo: han instituido como poderes los derechos del ciudadano, estampando en la primera enmienda de la Constitución federal una declaración terminantemente prohibitiva, que hace que el Congreso no pueda dictar leyes en pro ni en contra de esos derechos. Claro y patente es que si el Congreso no puede legislar sobre la religión, la prensa, las reuniones públicas y las manifestaciones de la voluntad social o popular, esos derechos son otros tantos poderes y no hay más limitación para ellos que la en que se encierra a los poderes del Estado; es decir, las limitaciones establecidas por el derecho común.

Con sólo haber asistido a esa interpretación que podemos considerar llena de luz y de esperanzas, podrían también considerarse llenas de buen éxito las conferencias públicas de los sábados; pero estamos seguros de que el fundador de la Liga de Patriotas no las considerará completamente eficaces hasta que vea que nuestro pueblo practica como perfecto poder suyo los derechos que la naturaleza ha dado a todo hombre.

Habiendo dicho repetidas veces en el curso de sus conferencias que las Constituciones no son gran cosa para la garantía de la libertad, si no están basadas en principios e instituciones como las que ha expuesto en todo el curso de su propaganda pro jure, era natural que la primera diligencia del Sr. Hostos en la exposición del sistema americano de gobierno se refiriera a los derechos que debe salvaguardar una Constitución o Carta de Gobierno. Y decimos que era natural esa primera diligencia, porque ya el mismo conferencista nos había presentado la primera enmienda de la Constitución federal de los Estados Unidos como una verdadera institución que convierte en poderes del individuo los derechos naturales.

Esos derechos naturales que la precitada enmienda declara inatacables por ningún poder, son: el derecho de creer, que funda la libertad religiosa; el derecho de hablar, que funda la libertad de la cátedra, de la tribuna y del púlpito; el derecho de escribir, que funda la libertad del periódico y del libro, que vulgarmente se llama libertad de la prensa; el derecho de reunirse con otros para fines pacíficos, que funda la libertad de reunión; el derecho de asociarse con otros para fines cualquiera de la vida, que funda la libertad de asociación; el derecho de dirigir peticiones a funcionarios cualesquiera, que funda la libertad de petición.

Después de llamar la atención hacia el hecho de que no hay libertad sin derecho que le sirva de base, ni orden que no nazca del uso normal de la libertad jurídica, dijo que la declaración de los derechos del individuo como contrapuestos a los poderes del Estado se debe hacer en términos absolutos, según la ha hecho la Constitución americana en su primera enmienda. De ese modo, agregó, se consigue, en primer lugar, que el individuo no quede a merced y capricho de los funcionarios del Estado: y se consigue, en segundo lugar, que el individuo, sintiéndose fuerte en sus derechos, adquiera y practique la virtud política por excelencia, que es la tolerancia, virtud sin la cual no puede existir la libertad religiosa ni la libertad de la prensa ni la de reunión. Sobre todo para el ejercicio de los derechos de religión y de pensamiento cree tan indispensable la tolerancia, que el conferencista anunció que trataría especialmente de ella como de uno de los deberes políticos que los constitucionalistas suelen olvidar, pero que él, aunque parezca una novedad, ha creído siempre que se debía mencionar en las Constituciones.

Según repitió el señor Hostos, los derechos que la Constitución americana asegura en su primera enmienda, tienen carácter de institución de poder y limitan realmente el poder legislativo, puesto que el Congreso no puede legislar sobre los derechos de la conciencia, ni de la palabra hablada, ni escrita, de reunión, asociación y petición.

Tocó hablar del derecho en que se funda la libertad de la palabra hablada.

Después de definir la libertad de la palabra hablada como el derecho de promulgar las verdades de la ciencia en la cátedra y fuera de ella, las creencias de una fe en el púlpito y fuera de él, las opiniones de un partido político, social o económico, en la plaza pública y en las asambleas, el conferenciante llamó vivamente la atención del auditorio hacia el aspecto positivo y el negativo que ofrece este derecho.

Por su faz positiva ofrece todos los bienes, que resultan de comunicar las verdades que se adquieren, las creencias que se aceptan, las opiniones que se comparten con otros, y atribuyó gran parte del desarrollo intelectual de los EE. UU. al libérrimo e incesante uso que allí se hace de ese derecho.

Mostrándolo por su faz negativa, hizo palpar todos los males que para dos pueblos conocidos ha producido la privación de esa libertad, privación a que atribuyó el desmedro de la razón en esos pueblos.

Y entonces hizo ver la íntima relación que hay entre el uso continuo de la «razón y la eficacia del gobierno civil, que es un gobierno de razón, de sentido común, en que el orden nace de la libertad y la libertad nace del derecho».

«El objeto del gobierno civil, es -nos repitió- el orden en la libertad y la libertad en el derecho. Pero la práctica del gobierno civil no puede dar por resultado el orden si los ciudadanos no conocen y practican los derechos que declara la Constitución, y si los funcionarios no ejercen con arreglo a la Constitución los poderes que se les delegan».

«Por eso es que una buena Constitución es una especie de contrato bilateral entre los ciudadanos que representan a la sociedad y los funcionarios del poder que representan al Estado. En ese contrato, la enumeración de los derechos del ciudadano y la clasificación de los poderes o atribuciones de los funcionarios son las cláusulas que comprometen a los unos y a los otros, y que tienen tanta importancia que no cumplirlas es como alterar el orden que ellas tratan de establecer».

«Por eso es tan extraordinariamente importante que cada una de las partes contratantes cumpla puntualmente con los deberes que una y otra tienen. Si no lo cumplen, el contrato es nulo, la Constitución es como si no existiera, y el gobierno civil no será más que el falso nombre de un régimen personal. Eso es lo que sucede con las Cartas de Gobierno que en todos los pueblos de nuestro origen, empezando por España, dejan el orden, la libertad y el derecho para el papel en que está escrita la Constitución, y reservan el poder sin límites para el individuo del partido, que constituye la actividad política de la sociedad entera, con las tramas, intrigas, embrollos y subterfugios de que se vale para dar apariencias constitucionales a las reiteradas violaciones de la ley primera».

Después de explicar la importancia de esa libertad en la vida política, científica y cultural de todos los pueblos, mostró el gravísimo daño que la razón humana sufre como efecto de la privación de esa libertad de la palabra.

Esta última relación que el conferencista reveló entre el ejercicio del derecho de hablar y el ejercicio de la razón humana, parece que emocionó a muchos de les que concurrieron a la conferencia.

Y no es para menos, pues verdades como ésa, a que no estamos acostumbrados, son las que acabarán por abrirnos los ojos y hacernos decidir a poner en ejercicio los derechos de que siempre estuvimos privados durante la dominación española.

Porque si efectivamente no son verdaderos hombres los que no usan de su razón para influir en la libertad, el orden y la prosperidad de la sociedad de que forman parte, es evidente que la privación de un derecho, como el de la palabra hablada, concluirá por reducir a seres medio racionales a los que por ley están incapacitados de usar de ella para todo lo que sea o parezca bien o interés del procomún.

Entonces sucede lo que en Puerto Rico que, como no hablaba en virtud del derecho de intervenir con su juicio y su palabra en los negocios públicos, casi ha perdido el instinto de lo que es un interés público, y todo, para él, son intereses personales.

La conferencia versó principalmente sobre los derechos de creencia y de palabra escrita, pero con tan particular relación a nuestra vida política, que difícilmente podrá nadie decir que no es puntualmente exacto cuanto dijo el conferencista para hacer ver que las limitaciones y violaciones de esos dos derechos, que sólo conocemos desde la ocupación americana, no son obra de los americanos, por más que nos gobiernen con el sable.

El señor Hostos se consagró a demostrar una verdad que llamó y declaró positiva: tan positiva como cualquiera verdad del orden físico. Esa verdad es que el orden que llaman público no resulta ni puede resultar de ningún empleo de fuerza armada ni de habilidad y dignidad de ninguna política ni de temperamentos ni procedimientos ningunos, sino sencillamente del juego de los derechos del ciudadano y de los poderes del Estado. De aquí, por lo tanto, la influencia directa, positiva y efectiva que en la producción del orden tiene el reconocimiento incondicional de los derechos que con profundidad se llaman connaturales, porque nacen conjuntamente con el hombre, como propios de naturaleza humana.

Las ampliaciones que de esta importantísima verdad hizo el conferencista pudieran tal vez ser más extensas, porque nociones tan nuevas, que dan al traste con cuanto nos dejaron saber nuestros anteriores dominadores, no son conocimientos que se pueden deglutir sin mucho repetir y amplificar.

Queriendo hacer entender cuan absurda idea tienen del orden los gobiernos como el que nos imponían desde España, el señor Hostos decía que en los Estados Unidos no se sabe qué cosa es «orden público», porque estando allí el orden basado en la libertad y la libertad en el derecho, no era posible que nadie lo alterara.

La conferencia versó precisamente sobre el orden verdadero, que él llamó orden jurídico, orden de derecho, y demostró de una manera palpable, como se demuestra una verdadera ciencia positiva, que el modo infalible de asegurar el orden consiste en declarar ilegislables los derechos del hombre. Lo probó de un modo afirmativo con el ejemplo de los Estados Unidos en América y de Suiza en Europa. Lo probó de una manera negativa con el ejemplo de España y de todos los pueblos hispanoamericanos y de la mayor parte de los pueblos monárquicos.

A primera vista parece muy extraña esa idea; pero cuando uno acompaña a pensar al expositor de los principios fundamentales del gobierno civil no puede menos de convenir en que efectivamente el uso libérrimo de los derechos individuales es un factor de orden social tan necesario, que sin el reconocimiento constitucional de ellos, en la forma en que lo hace la Constitución federal de los Estados Unidos, no se logra en parte alguna asegurar el orden. De ese modo, el procedimiento que se ha de seguir es precisamente el que ella ha seguido.

No es el señor Hostos el único que llama «in-admisibles» o imperdibles los derechos que unos llaman políticos, que otros llaman constitucionales, que los republicanos franceses han llamado humanos, y los republicanos españoles conocen como individuales.

De cualquier modo que los llamen, esos derechos se suelen enumerar en casi todas las Constituciones como los enumera la americana:

1. los relativos a la libertad religiosa;
2. los en que se funda la libertad del pensamiento;
3. los que originan las libertades de reunión, asociación y petición.

El fundador de la Liga de Patriotas que ha hecho de las conferencias públicas una de las instituciones de la Liga y que da tanta importancia a la enseñanza oral, no podía pasar de largo por delante de la libertad de la palabra hablada, y dijo de ella muchas importantes verdades.

Dijo lo que ella influye en el esparcimiento de la verdad, en la defensa del bien, en el despertar de los buenos sentimientos, en la prédica de todas las creencias y en la propaganda de todas las opiniones.

Hizo ver que la costumbre de practicar esos derechos por parte de los ciudadanos, y la de respetarlos por parte de los funcionarios del poder es una de las más efectivas causas de orden; así como es causa de desorden lo contrario. Probó lo primero en el ejemplo de los Estados Unidos, en donde jamás se ha alterado el orden, por la lucha de ideas, opiniones y doctrinas. Probó lo segundo en el ejemplo de las colonias formadas por España, en donde el orden estaba siempre alterado, porque nadie tenía derecho a pensar como hombre, sentir como hombre, hablar como hombre y reclamar como hombre.

Indujo de los hechos que citó un principio muy constructivo, que los hijos de españoles debemos tener muy en cuenta cuando nos gobernemos por nosotros mismos, ya sea como Territorio o Estado de la Unión, ya sea, en lo futuro, como un país independiente. Ese principio es que el uso de la razón entra por todo en el ejercicio de los derechos humanos: de modo, que, respetándolos el encargado del poder, respeta a la razón humana; y respetando a la razón humana, suprime toda ocasión de perturbaciones y desorden.