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Prescripción de pensiones. -Real orden de 3 de Enero de 1899.

     Resuelve que no obsta la detención de más de seis meses en la tramitación de expedientes de viudedad y orfandad, por culpa de la interesada, para que ésta perciba su haber de orfandad desde el siguiente día al en que su madre falleció.

     Recayó en el expediente de doña Adela Villegas Solana, en el que el Consejo de Estado en pleno informa «que el artículo 10 del Reglamento de 15 de Abril de 1890 no puede tener otro alcance que el de precepto reglamentario, establecido para la buena marcha de los negocios y el orden con que han de tramitarse los expedientes en las Oficinas de Hacienda», y que, «según la legislación de Clases pasivas, los haberes de viudedad y orfandad pertenecen a los interesados desde el día siguiente al fallecimiento del causante, y este precepto no tiene otro límite que el plazo de cinco años, que marca la ley de Contabilidad para las reclamaciones de todas clases contra la Hacienda pública». (Boletín oficial de Hacienda.)



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Servicios de Real orden. -Real orden de 9 de Enero de 1.899.

     Accediendo a lo solicitado por D. Aquilino Muñiz Arellano, dispone que se consideren como de Real orden los servicios que prestó de Auxiliar en Corporaciones civiles, con 1.500 pesetas anuales en la Intervención de Hacienda de esta provincia, desde 1.º de Julio de 1881 hasta el 8 de Agosto de 1886.



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Cesantías de Ministros. -Real decreto de 6 de Marzo de 1899.

     Artículo 1.º Se suspenden desde luego las declaraciones de derechos de cesantía de los Ministros que desempeñan en la actualidad este cargo y de los que lo desempeñen en lo sucesivo.

     Art. 2.º Se respetarán las declaraciones de cesantía hechas ya con arreglo a las leyes; pero los que hoy las disfrutan perderán ese derecho si nuevamente desempeñan el cargo de Ministro de la Corona.

     Art. 3.º El Gobierno dará cuenta en forma de este decreto a las Cortes del Reino.



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Delineantes de Obras públicas. -Real orden de 20 de Marzo de 1899.

     Dictada por el Ministerio de Fomento, y por la que se deniega una solicitud de varios Delineantes de Obras públicas pidiendo se les aplique el Reglamento de Ayudantes del ramo, y se les incluya en la nómina del personal facultativo. Fundaméntase esta Real orden en que los Delineantes no hacen más que copiar y poner en limpio los planos, no existiendo paridad con las funciones que ejercen los Ayudantes, a los que se exigen conocimientos técnicos e iniciativa propia, por ser un Cuerpo auxiliar de los Ingenieros en los trabajos de campo y de gabinete.



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Clases pasivas de Ultramar. -Real decreto de 4 de Abril de 1899.

     Artículo 1.º Los haberes devengados hasta fin de Diciembre de 1898 por las Clases pasivas de las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, cualquiera que sea el lugar en que los interesados residan, se abonarán por las Cajas del Ministerio de Ultramar con sujeción a las disposiciones que vienen regulando el pago de esta obligación.

     Art. 2.º Los haberes devengados por las mismas clases desde 1.º de Enero de 1899, se abonarán por la Pagaduría de la Junta de Clases pasivas, con aplicación a la Sección 5.ª del presupuesto de Obligaciones generales del Estado, y con asimilación a las clases de la Península que en el presente decreto se establecen. Con este fin se procederá desde luego a revisar los derechos que no se basaren en la legislación de la Península, y se deducirá de los haberes en todos los casos el importe de cualquier ventaja que se hubiese reconocido por razón de servicio o de residencia en Ultramar, sin otras excepciones que las que taxativamente se determinan en el artículo 4.º del presente decreto.

     Art. 3.º La revisión se llevará a efecto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina respecto de los derechos que correspondan al Ejército y a la Armada, y por la Junta de Clases pasivas en lo referente a las civiles.

     La revisión partirá con relación a cada interesado del reconocimiento de su situación de jubilado, retirado, cesante o pensionista, cuando hubiere sido declarado con arreglo a las disposiciones legales, y se entenderá efectuada en este caso con el hecho de descontarse del haber pasivo el importe de cualquiera ventaja que por aplicación de tarifa especial, cómputo de bonificación o en otro cualquier concepto se hubiese concedido con motivo de servicio o residencia en Ultramar.

     Para regular los nuevos derechos que para clases civiles se declaran por efecto de la revisión acordada, servirá de norma el Reglamento del Montepío de Oficinas de Ultramar, habida cuenta de la absoluta supresión de bonificaciones que se establece en el presente decreto.

     La revisión de haberes empezará por la de los derechos para cuya concesión haya servido de regulador el total del haber disfrutado en activo, y se hará respecto de éstos computando las dos quintas partes de dicho haber total a los efectos de regular el haber pasivo que ahora se declare.

     Art. 4.º Se exceptúan de revisión en lo que a su cuantía atañe los haberes pasivos cuyo importe actual no exceda de 1.000 pesetas.

     Se entenderá cumplido en su caso lo dispuesto por los artículos 2.º y 3.º, en cuanto a deducción de ventajas, con reducir los haberes pasivos a 1.000 pesetas, siendo éste el tipo mínimo que se declarará por efecto de la presente revisión.

     Art. 5.º En tanto que la revisión se verifique, los jubilados retirados, cesantes o pensionistas a que afecten percibirán el 50 por 100 del haber que en la actualidad disfrutan, siempre que la cantidad resultante no baje de 1.000 pesetas, siendo esta cantidad la mínima de abono a título provisional.

     En cada expediente de revisión se abonará o exigirá al interesado la diferencia que a su favor o su cargo resulte entre el haber provisional abonado a cuenta y el que en definitiva por virtud de la revisión le corresponda.

     Art. 6.º Los acuerdos de la Junta de Clases pasivas o del Consejo Supremo de Guerra y Marina en los expedientes revisados se ejecutarán sin perjuicio de los recursos ante los Tribunales gubernativo o Contencioso-administrativo que procedan con arreglo a las leyes y disposiciones vigentes.

     Art. 7.º A partir de la fecha del presente decreto, las declaraciones de situación, de conocimiento de derecho y señalamientos de haber pasivo, de jubilados, retirados o pensionistas de cualquiera clase procedentes de Ultramar, se harán con exclusiva sujeción a lo legislado para la Península, y como si los servicios del causante se hubiesen prestado exclusivamente en ella, aplicándose el Reglamento del Montepío que corresponda.

     Art. 8.º En lo sucesivo, para percibir haberes pasivos, cuando el interesado no resida en la Península e islas adyacentes, será precisa su declaración, prestada ante autoridad competente y bajo la responsabilidad del declarante de no haber perdido la nacionalidad española.

     Art. 9.º El Ministro de la Guerra, el de Marina y el de Hacienda en este concepto; y como encargado del despacho de los asuntos de Ultramar, dictarán las disposiciones necesarias para el cumplimiento de este decreto, del cual dará el Gobierno cuenta a las Cortes.



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Aclaraciones al Real decreto anterior. -Real orden de 28 de Abril de 1899.

     Por ella se dictan las siguientes reglas:

     1.ª La regla contenida en el párrafo 3.º para la revisión de haberes en cuya concesión sirvió de regulador el total haber disfrutado en activo, se entenderá adicionada con la siguiente aclaración: «Cuando no se tomó como regulador el total haber activo, sino la cantidad fija y máxima de 2.000 pesetas, se computarán como regulador de ahora las dos quintas partes del que fue regulador de entonces, o sean los dos quintos de 2.000 pesetas.»

     2.ª En todos los casos en que la aplicación de dicha regla coloque al funcionario ultramarino cuyo expediente se revise en peor condición que la en que se encontraría el funcionario peninsular de iguales condiciones se considerará cumplida la revisión mediante la asimilación del haber pasivo.

     3.ª En las declaraciones hechas con arreglo a las disposiciones legales a que se refiere el artículo 3.º se entenderá, según éste previene, efectuada la revisión con el hecho de descontarse del haber pasivo el importe de cualquier ventaja con motivo de servicio o residencia en Ultramar; pero entendiéndose que esto será a partir de la primera nómina que se forme.

     4.ª Cuando la aplicación literal del artículo 7.º hubiese de privar de todo derecho a las familias de los funcionarios de Ultramar por haber servido éstos en destinos que, como los de los ramos de Gobernación y Fomento, no crean en la Península derecho a pensión alguna, se aplicarán el Reglamento de Montepío de Oficinas de la Península y el artículo 14 de Instrucción de 26 de Diciembre de 1831.

     5.ª Respecto a los expedientes en curso que no hayan podido resolverse por razón de fuerza mayor relacionada con el estado de guerra, y a las declaraciones solicitadas con anterioridad al día 5 de Abril último, en que se publicó el Real decreto, se entenderá que están en el mismo caso que los que son objeto de revisión, y no en el de los que se incoen en lo sucesivo.

     Y 6.ª Con la preferencia que establece el párrafo 3.º del artículo 3.º, el orden para verificar la revisión será el siguiente: A, Jubilados y cesantes de Cuba; B, ídem e ídem de Puerto Rico; C, ídem e ídem de Filipinas; D, Pensiones de Cuba; E, ídem de Puerto Rico, y F, ídem de Filipinas; no revisándose ningún expediente de una clase sin haberse terminado los de la anterior.



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Ídem íd. -Real orden de 11 de Octubre de 1899.

     Ilmo. Sr.: Vista la comunicación de esa Junta, en la que consulta...

     Considerando que las Clases pasivas residentes en Ultramar que no han hecho presentar los documentos justificativos de su derecho en la Dirección de los asuntos de Ultramar no han podido ser comprendidas en las nóminas que viene formando la Ordenación de pagos del mismo Centro por los haberes correspondientes a estas clases hasta fin de Diciembre de 1898, ni, por consiguiente, ha sido posible que dicho Centro remita a esa Junta las nóminas de tales individuos.

     Considerando que esta circunstancia no puede bajo ningún concepto limitar el derecho que tienen aquellos que hubieran hecho efectivos sus haberes hasta la fecha expresada, de reclamar que les sean abonados por esa Junta los que les corresponden con arreglo al Real decreto de 4 de Abril último, siempre que presenten los justificantes necesarios.

     Considerando que los pagos que se hayan verificado por haberes posteriores al 31 de Diciembre de 1898 antes de ser conocido el Real decreto citado, pagos que sólo han podido ejecutarse en Manila, donde se constituyó y sigue funcionando una Comisión de Hacienda, no pueden estimarse hechos con infracción de tal Decreto ni ser objeto de responsabilidad alguna, porque no es posible infringir una disposición antes de ser conocida, y menos antes de ser publicada.

     S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien disponer:

     1.º Que los individuos de Clases pasivas que hayan percibido por las Cajas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas los haberes devengados hasta 31 de Diciembre de 1898 tienen derecho a que les sean abonados los posteriores por la Pagaduría de esa Junta, con arreglo al Real decreto de 4 de Abril último, aunque no figuren en las nóminas remitidas a la misma por la Dirección de los asuntos de Ultramar, siempre que acrediten su derecho ante esa Junta con los justificantes necesarios.

     2.º Que los individuos de las mismas clases que hubieren percibido sus haberes en Filipinas hasta el mes de Abril último, en que pudo ser desconocido en Manila el citado Real decreto, tienen igualmente derecho a percibir los sucesivos en la Pagaduría de esa Junta sin obligación alguna de reintegro, previa la presentación de los justificantes necesarios, y

     3.º Que en el caso de que algunos de aquellos individuos hubieren percibido en dicha Comisión los haberes posteriores al citado mes de Abril, se les abonen igualmente por la Pagaduría de esa Junta los que les correspondan desde 1.º de Mayo, con arreglo al citado Real decreto, previo el reintegro de los que hubieren hecho efectivos en la Comisión de Hacienda de Manila desde la misma fecha, teniendo para ello en cuenta los cambios que en los meses respectivos haya tenido la moneda de aquel país, cuyo importe será ingresado en la Caja de la Dirección de los asuntos de Ultramar en concepto de reintegro al crédito extraordinario de la guerra.

     De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. -Dios guarde a V. I. muchos años. -Madrid 11 de Octubre de 1899. -Villaverde.

     Sr. Presidente de la Junta de Clases pasivas.



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Carreras diplomática, consular y de Intérpretes. -Ley orgánica de 28 de Marzo de 1900.

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     Art. 5.º de las Disposiciones generales: A los empleados que hayan desempeñado o desempeñen destino en lo sucesivo en los puntos que señale el Reglamento, se les abonará para los efectos legales una tercera parte más del tiempo que sirvan en ellos, descontándoles las licencias que hayan disfrutado.



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Clases pasivas de Ultramar. -Ley de Presupuestos de 31 de Marzo de 1900.

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     Art. 16. Se declara ley desde la fecha de su promulgación el Real decreto de 4 de Abril de 1899, determinando los derechos y haberes de las Clases pasivas de Ultramar.



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Carreras diplomática, consular y de intérpretes. -Reglamentos de 27 de Abril de 1900.

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     Art. 61. Los diplomáticos que sirvan en América, Asia, África u Oceanía tendrán derecho, con arreglo al artículo 5.º de las Disposiciones generales de la ley, a que se les abone para su jubilación una tercera parte más del tiempo que hubieren servido en dichos países, descontadas las comisiones y licencias(30).



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Clases pasivas de Ultramar. -Real orden de 26 de Julio de 1900.

     S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha servido disponer:

     1.º Que los habitantes naturales de las colonias cedidas por el Tratado de París de 11 de Abril de 1899 deben reputarse extranjeros, y, por consecuencia, no tienen derecho a percibir haberes pasivos del Tesoro español, hecha excepción de los que hubiesen devengado con anterioridad a la ratificación de dicho Tratado.

     2.º Que a los naturales de la Península residentes en dichas colonias que no hayan solicitado su inscripción en el Registro del Consulado se les suspenda por ahora el pago de sus haberes mientras que, conocida por el Gobierno su verdadera situación legal en el orden político, se resuelva por aquél o se proponga a las Cortes lo que en definitiva proceda respecto al particular, sin perjuicio de que se les abonen los haberes devengados, con anterioridad a la ratificación del Tratado, que no les hubiesen sido satisfechos.

     3.º Que los peninsulares que vuelvan a residir en la Península e islas adyacentes, adquiriendo en ellas la vecindad, se considerarán rehabilitados en el goce de las pensiones o haberes que disfrutaban antes de la ratificación del Tratado; pero entendiéndose que perderán todo derecho a los mismos si dejaren de residir en la Península o de pasar personalmente la revista cada seis meses.

     4.º Que en su consecuencia los Cónsules no autorizarán las certificaciones de existencia mas que en el caso de referirse a los que en plazo de un año que señala el Tratado se han inscripto como españoles en el Registro del Consulado, o las de los que, sin hallarse en este caso, tengan por objeto percibir haberes devengados con anterioridad a la fecha de 11 de Abril de 1899.



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Ídem íd. -Real orden de 26 de Julio de 1900.

     Dispone que para instruir expediente de imposibilidad física es necesario residir en España.



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Reglamento de la Dirección general de Clases pasivas, aprobado por Real orden de 30 de Julio de 1900.

     Artículo 1.º A la Dirección general de Clases pasivas corresponde el reconocimiento y la clasificación de los derechos de los funcionarios civiles en situación pasiva y los de sus viudas y huérfanos, y la administración de los gastos de la Sección 5.ª de las Obligaciones generales del presupuesto del Estado.

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     Art. 5.º Los acuerdos de la Dirección pondrán término a la primera instancia, y contra ellos procederá únicamente el recurso de alzada ante el Ministerio de Hacienda.

     Los acuerdos de la Dirección no podrán modificarse sino por efecto de la revisión de los expedientes, verificada en la forma que determina la Real orden de 26 de Junio de 1892.

     Los acuerdos relativos a mesadas de supervivencia y limosnas de Almadén serán definitivos, y por tanto no cabrá contra ellos recurso de alzada.

     Art. 6.º La Dirección podrá revisar, en la forma que expresa la Real orden antes citada, los acuerdos de la suprimida Junta de Clases pasivas.

     Art. 7.º Los acuerdos de la Dirección, bien sean de carácter definitivo, bien de los que pongan término a la vía gubernativa, serán notificados por el Negociad Central a los interesados o a sus apoderados en forma haciéndose constar en los respectivos expedientes por medio de nota que firmarán aquéllos. Si los interesados no residieran en Madrid ni tuvieran representante, se hará la notificación por conducto de las Delegaciones de Hacienda de las provincias, cuyas dependencias pondrán en conocimiento de la Dirección general, dentro del plazo de treinta días, el resultado de la notificación.

     Cuando se ignore por completo el domicilio de los interesados, se entenderá hecha la notificación a los mismos desde el día de la publicación en la Gaceta de Madrid de los respectivos acuerdos, a cuyo efecto se anotará en cada expediente el número de la Gaceta en que se haya insertado.

     Art. 8.º Los interesados que no se conformen con los acuerdos de la Dirección podrán interponer contra ello recurso de alzada ante el Ministerio de Hacienda en el término de quince días, contados desde el en que se les haya notificado administrativamente o se hayan publicado en la Gaceta si no hubiese podido verificarse la notificación.

     El recurso pasará a informe de la Dirección general de lo Contencioso, sin que el Director general de Clases pasivas informe sobre él después que haya evacuado su dictamen el mencionado Centro. Verificado esto, se remitirá el expediente a la resolución de la Superioridad.

     Contra las resoluciones del Ministerio podrán ejercitar los interesados, en el término de tres meses, a partir de la fecha en que se les notifiquen administrativamente o se inserten en la Gaceta, el recurso contencioso-administrativo.

     Art. 9.º Las declaraciones de derechos pasivos verificadas por la Dirección se publicarán detalladamente en la Gaceta por medio de relaciones quincenales.

     Art. 10. La Dirección ajustará sus decisiones de primera instancia respecto a la clasificación de los mencionados derechos, a las leyes generales y especiales vigentes acerca de los mismos y continuará la revisión del expediente dispuesta por el artículo 1.º del decreto-ley de 22 de Octubre de 1868 y por el Real decreto de 4 de Abril de 1899, elevado a ley por el artículo 16 de la de Presupuestos de 31 de Marzo de 1900.

     Art. 11. Los acuerdos y resoluciones que dicte la Dirección y las consultas o propuestas que eleve al Gobierno han de fundarse necesaria y exclusivamente: primero, en las leyes, decretos, reglamentos e instrucciones comunicados o que se comuniquen por el Ministerio de Hacienda, y segundo, en documentos autorizados con todas las solemnidades que se hallen establecidas.

     Si entre las disposiciones que la Dirección debe aplicar hallase alguna cuya inteligencia, con arreglo a la letra y al espíritu de las leyes vigentes, le ofreciere duda, elevará al expresado Ministerio de Hacienda la oportuna consulta, con dictamen razonado, para la resolución que corresponda.

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     Art. 34. Las declaraciones y clasificaciones de haberes pasivos procedentes de servicios prestados por los funcionarios civiles del Estado se solicitarán en instancia dirigida al Director general y presentada en el Registro de la Dirección si los interesados residen en Madrid, y si residen en provincias en las respectivas Delegaciones de Hacienda, las cuales la remitirán a la Dirección inmediatamente, cuidando de que se acompañen a ella todos los documentos que para cada caso se previenen en los artículos 35 al 42 del presente Reglamento. Si se dejara de acompañar alguno, manifestarán la causa que impida al interesado unirlo.

     En la instancia se expresarán el domicilio del interesado o el de su representante, debidamente autorizado, y la clase, el número y la fecha de la cédula personal.

     Art. 35. Para solicitar la declaración de haber pasivo por cesantía o jubilación por edad o por años de servicios, se acompañarán a la instancia los siguientes documentos:

     Partida de bautismo, legalizada si se halla expedida fuera del territorio de la Audiencia de Madrid, y si no fuese posible obtenerla, información judicial que acredite la edad que tenía el empleado al empezar sus servicios.

     Títulos originales de los empleos, que deberán comprender las diligencias de posesión y cesación de cada destino. Si el interesado desea que se le devuelvan cuando se termine el expediente, deberá acompañar, además, copias en papel sellado de la clase que corresponda, las cuales se cotejarán por el Negociado Central de la Dirección. Si por extravío de algún título no pudiera éste acompañarse, se substituirá con certificación del Jefe de la dependencia en que se hubiesen prestado los servicios a que el título se refiera, insertando la copia del mismo, que deberá obrar en el expediente personal del interesado. Si no existiese este expediente, se substituirá con certificación del Tribunal de Cuentas del Reino con referencia a las nóminas respectivas. Los servicios anteriores al Real decreto e Instrucción de 28 de Noviembre de 1851 se justificarán con los nombramientos originales y las certificaciones de posesiones y ceses.

     Hoja de servicios en que se comprendan todos los prestados. Si se expresan servicios militares que hayan de agregarse a los civiles, se acompañará, además, copia de la hoja de aquéllos expedida por la respectiva oficina militar, o de la licencia absoluta.

     Art. 36. Para solicitar pensión de Montepío se acompañaran:

     Partidas de nacimiento, matrimonio y defunción del causante, expedidas por los Curas párrocos hasta 17 de Julio de 1870, y desde esta fecha por los Jueces municipales, legalizadas también, según se determina en el anterior artículo.

     Título original del empleo de mayor sueldo que hubiese desempeñado el causante durante dos años, cuyo título comprenderá las diligencias de posesión y cese, y podrá devolverse cuando se termine el expediente, para lo cual deberá acompañarse copia del mismo en papel sellado de la clase que corresponda.

     Certificación del estado civil de la viuda expedida por el juzgado municipal, si hubiesen transcurrido más de nueve meses desde la fecha de la defunción del causante. Si el matrimonio de éste con la viuda reclamante no hubiese sido en primeras nupcias, deberá presentarse además, testimonio notarial, legalizado en su caso, de la cabeza, cláusula de institución de herederos y pie del testamento del marido; y si éste falleció sin testar, información ante el juzgado de primera instancia en que se haga constar los hijos que dejó de uno o varios matrimonios.

     Documentos que justifiquen la edad de los huérfanos varones y el estado civil de las hembras, y declaración de los primeros, cuando no hayan cumplido la edad reglamentaria, de no desempeñar destino retribuido con fondos del Estado, de la Real Casa, de las Diputaciones provinciales o de los Ayuntamientos.

     Art. 37. Para solicitar pensión del Tesoro se acompañarán los mismos documentos que para la de Montepío, y además la hoja de servicios del causante y los títulos originales, a no ser que estuviese clasificado como cesante o jubilado, en cuyo caso estos documentos se hallarán en el Archivo de la Dirección; pero en la instancia se expresará la fecha en que se hubiese hecho la clasificación pasiva. También se acompañarán copias de los títulos si se solicita recogerlos a la terminación del expediente.

     Art. 38. Cuando el causante hubiese fallecido en estado de viudo, dejando hijos de uno o más matrimonios, al solicitar aquéllos pensión de Montepío o del Tesoro, acompañarán a la instancia los documentos determinados en los dos artículos anteriores.

     Si los huérfanos no se hallasen en aptitud legal deberá firmar la instancia el tutor, acompañando los documentos que acrediten habérsele conferido este cargo. En el caso de que desee la devolución de dichos documentos, acompañará copia de los mismos en papel sellado de la clase que corresponda.

     Art. 39. Para solicitar mesadas de supervivencia, deberán acompañarse las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción del causante en la forma determinada para las pensiones de Montepío y el título del destino que desempeñaba al fallecer, en cuya diligencia de cese se hará constar si la cesantía fue o no motivada por defunción.

     Si el causante hubiese fallecido en situación de cesante o jubilado con haber pasivo, deberá decirse así en la instancia, con expresión de la fecha en que se le concedió dicho haber.

     Si las mesadas se solicitasen por los huérfanos en razón a haber fallecido la viuda, se acompañarán, además de los documentos mencionados, las partidas de su nacimiento y la de defunción de la madre en la forma anteriormente prevenida, y testimonio del testamento del causante, según se requiere para las pensiones de Montepío, o, si no hubiera testamento, la información administrativa determinada por la Real orden de 9 de Noviembre de 1894.

     Art. 40. Para solicitar pensiones de exclaustrados, se acompañarán:

     Partida de bautismo, legalizada si se halla expedida fuera del territorio de la Audiencia de Madrid.

     Relación de las vicisitudes del interesado, firmada por éste, desde su exclaustración hasta la fecha de la instancia, con expresión del día en que aquélla se verificó, la Comunidad religiosa a que hubiere pertenecido y el nombre y la categoría que tuviese en el claustro.

     Certificaciones de residencia, expedidas por las autoridades civil y eclesiástica de los puntos en que haya residido el interesado, y otras expedidas por las Secretarías de Cámara de las respectivas diócesis, de la ocupación que en dichos puntos hubiese tenido.

     Título de órdenes mayores dadas con anterioridad al Real decreto de 8 de Octubre de 1835, o copia del mismo certificado por la Intervención de Hacienda de la provincia. A falta del título por extravío u otra causa, se acompañará certificación de la Secretaría de Cámara de la diócesis correspondiente.

     Art. 41. Para solicitar las pensiones denominadas «Limosnas de Almadén», se acompañarán:

     Partidas de bautismo, matrimonio y defunción del causante.

     Certificaciones de pobreza de la interesada, expedidas por el Cura párroco y por el Alcalde, en las que conste si tiene o no padres o hermanos que vivan en su compañía y la mantengan, los hijos que la hayan quedado al fallecimiento de su marido y la edad de los mismos.

     Certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento de no tener amillarados bienes de ninguna clase.

     Certificación facultativa de que el causante falleció a consecuencia de enfermedad contraída en las minas.

     Certificación expedida por el Interventor de las minas, en la que consten los jornales devengados por el causante y la fecha en que devengó el último.

     Certificación de existencia y estado de la reclamante. Si ésta tuviere hijos mayores de diez y ocho años se acompañará otra certificación expedida por el Interventor de las minas, de si se hallan o no matriculados en ellas como trabajadores.

     A las instancias de los huérfanos se acompañarán los mismos documentos y además las certificaciones de su existencia y estado y la de óbito de la madre.

     Art. 42. Los individuos que hayan sido clasificados con anterioridad estarán dispensados de acompañar los documentos justificativos de los servicios ya clasificados, y acompañarán solamente los que acrediten los posteriores, pero tendrán obligación de exhibir los justificantes de la clasificación primitiva, si la Dirección estima oportuno compulsarlos para resolver alguna duda.

     Art. 43. Para que por la Dirección pueda acordarse la devolución de partidas o actas de nacimiento, matrimonio o defunción, así como de testamentos o informaciones judiciales que obren en los expedientes incoados ante ella, deberá quedar unido al mismo expediente un testimonio notarial de los documentos que se mande devolver, según se determina en el párrafo 3.º del artículo 64 del Reglamento de la Administración central de 3 de Diciembre de 1895.

     Art. 44. En lo sucesivo la jubilación por imposibilidad física se concederá a instancia del interesado, ya sea éste funcionario en activo servicio, ya cesante, o, en el primero de estos casos, del Jefe superior del Centro administrativo en que sirva cuando se halle notoriamente impedido para continuar en el desempeño de su cargo.

     Art. 45. Si la petición se hace por el interesado, se formulará en instancia al Director general de Clases pasivas, acompañándose certificación facultativa en que se

justifique la causa de la imposibilidad física en que se halle para el servicio.

     Cuando se trate de un funcionario en activo, la Dirección de Clases pasivas pedirá al Jefe superior del departamento en que aquél preste sus servicios informe sobre las condiciones de capacidad física en que se halle para el desempeño de su cargo.

     Recibido dicho informe, la Dirección, si el interesado reside en Madrid, designará a tres Médicos, uno de ellos del Cuerpo de Sanidad Militar y los otros dos civiles prefiriendo entre éstos a los que desempeñen cargos oficiales en las Universidades o en los hospitales generales, provinciales o municipales, a fin de que procedan al reconocimiento del imposibilitado en unión del que éste o su familia designe.

     Del resultado del reconocimiento certificarán, bajo juramento, los Facultativos, remitiendo la certificación a la Dirección general de Clases pasivas.

     Si el interesado reside fuera de Madrid, la Dirección comisionará al Delegado de Hacienda de la respectiva provincia para que designe, en las condiciones antes expresadas, a los tres Médicos que han de hacer el reconocimiento, los cuales remitirán la certificación al Delegado, y éste, a su vez, a la Dirección general.

     Cuando se trate de un funcionario cesante, se procederá en los términos prevenidos en los tres párrafos anteriores.

     Art. 46. Para la designación de los Médicos a que se refiere el artículo precedente, el Director general de Clases pasivas, o el Delegado de Hacienda de la respectiva provincia, oficiará a los Jefes de los establecimientos en que aquéllos desempeñen sus cargos, a fin de que reciban, por conducto de sus superiores, la oportuna orden para el desempeño de su cometido.

     Art. 47. Para la práctica de este servicio se formarán tarifas profesionales en las que se determinen los honorarios que deban percibir los Médicos, teniendo en cuenta para fijar dichos honorarios la categoría administrativa que por más de dos años haya disfrutado el funcionario sometido a reconocimiento, bien tenga efecto éste a su instancia, bien de oficio.

     Art. 48. Recibida en la Dirección general la certificación en que conste el resultado del reconocimiento, si de ella aparece comprobada la imposibilidad física notoria por ser unánime el parecer de los Facultativos, se reclamará al interesado la documentación necesaria, y se procederá hasta la declaración de haber pasivo como en los demás casos de jubilación.

     Art. 49. Si hubiere disconformidad entre los Médicos que practicaren el reconocimiento, se designará a uno más, y en vista del parecer de la mayoría, la Dirección admitirá o desestimará la petición de jubilación. En el caso de ser admitida, se seguirá el expediente hasta su resolución en la forma prescripta en el artículo precedente.

     Art. 50. Cuando en alguna Oficina del Estado se incapacitare notoriamente para el servicio un funcionario, el Jefe de aquélla lo pondrá en conocimiento de la Dirección general de Clases pasivas, proponiendo su jubilación, y la Dirección, en vista de la comunicación que a ese efecto se le dirija, instruirá expediente para comprobar el hecho de la incapacidad, tramitándolo y resolviéndolo en igual forma que los promovidos a instancia del interesado.

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     Art. 60. Con arreglo a lo prevenido en la disposición 4.ª de las relativas a Clases pasivas que comprende la ley de Presupuestos de 25 de Julio de 1855, la 13.ª de la Real orden de 22 de Diciembre de 1899, los individuos de las mismas deben cobrar en las provincias donde tengan su residencia y vecindad, con las excepciones contenidas en la Circular de la Dirección general de Clases pasivas fecha 15 de Enero de 1900.

     Los que residan en el extranjero continuarán, sin embargo, percibiendo sus haberes por las Tesorerías donde los tuviesen consignados.

     Cuando los interesados trasladen su residencia a otra provincia, solicitarán del Director general de Clases pasivas, Ordenador de pagos, que se traslade también el pago de su haber pasivo.

     La reclamación se hará por medio de instancia dirigida al Director general, y podrá presentarse en la Intervención de la provincia en la que el preceptor viniere cobrando sus haberes.

     En dicha instancia deberá hacerse constar la fecha de la concesión, concepto de la misma y haber anual que disfruten.

     Al remitir la Intervención de la provincia donde percibía su haber el interesado la mencionada instancia a la Dirección general, expresará la exactitud de los datos que aquél consigne, acompañando la liquidación de haberes hasta el día de su cesación.

     Los perceptores que trasladen la consignación del pago de sus haberes de una provincia a otra, no podrán solicitar nueva traslación, sin que antes hayan percibido por lo menos una mensualidad en la provincia a donde se les hubiere trasladado su pago.

     Art. 61. La Intervención de la Dirección y las Intervenciones de Hacienda de las provincias acompañarán a las certificaciones de cese que expidan por consecuencia de las órdenes de traslación las originales de consignación de pago, y cuando éstas no existan, copia autorizada del documento que acredite la concesión del derecho, que debe obrar en el expediente del perceptor. De cualquiera de estos documentos habrá de quedar copia en la Intervención que expida la certificación de cese.

     También acompañarán a estas certificaciones, expresándose así en las mismas, los mandamientos originales de las retenciones que puedan tener los interesados, de los cuales quedará igualmente copia en la Intervención, y una liquidación del estado en que se hallen los descuentos. La Intervención de la Dirección o de la provincia a que pase a cobrar el interesado no le dará de alta en la nómina sin la presentación del documento original que acredite su derecho al haber pasivo.

     En dicho documento se expresarán por nota, que autorizará el Interventor, la provincia en que antes cobraba, la en que se hace la nueva consignación y la fecha de la orden.

     Art. 62. Los individuos de Clases pasivas que hayan sido baja en nómina por falta de presentación al cobro durante tres meses, por no haber pasado la revista anual o por haber perdido temporalmente la aptitud legal, necesitan ser rehabilitados para volver al goce de su haber.

     Cuando la causa de la baja sea por falta de justificación de tres meses o de presentación en una sola revista anual, solicitarán la rehabilitación por medio de instancia dirigida al Delegado de Hacienda de la provincia respectiva, cuyo funcionario, previo informe de la Intervención con referencia al expediente del interesado, la resolverá por delegación del Director general de Clases pasivas, con arreglo a la circular de la Dirección general del Tesoro de 1.º de Junio de 1882.

     Si la rehabilitación abrazare mayor período de tiempo por cualquiera de las causas expresadas, se solicitará del Director general, presentando la instancia en la Intervención de la misma o en la de la provincia a que corresponda, acompañada de la copia de la orden de concesión del haber pasivo, que autorizará la propia dependencia, y de certificación del juzgado municipal que acredite su estado y residencia en el Reino desde la última justificación presentada para el cobro de haber o para la revista.

     Cuando por fallecimiento de uno de los cónyuges hubiese de acumularse en el otro la pensión que percibieran en el concepto de padres pobres de soldados muertos en campaña, no será necesaria la rehabilitación y bastará la presentación de la partida de óbito del cónyuge fallecido.

     Art. 63. La Intervención, con presencia de los antecedentes, informará respecto a la fecha hasta que el interesado resulte satisfecho, causa y época de su baja en nómina y lo demás que sea conducente, remitiendo el expediente al Director general para su resolución como Ordenador de pagos, conforme está determinado en la circular de 15 de Julio de 1878.

     Art. 64. Cuando la rehabilitación corresponda a reticesantes de las carreras civiles o exclaustrados por haber cesado el interesado en algún cargo que le hubiera incapacitado temporalmente para percibir su haber pasivo, pero que por su índole no cause alteración en los derechos que tenga reconocidos, se solicitará también del Director general de Clases pasivas, Ordenador de pagos, en los mismos términos que las rehabilitaciones ordinarias, acompañando copia del documento que acredite la cesación en el referido cargo.

     Si los servicios prestados en el mismo debieran acumularse a los que se computaron en la clasificación del interesado en el caso de ser cesante, el expediente, que ya no será de Ordenación, se remitirá a la Dirección, a la que como tal corresponde en este caso autorizar la revisión de aquélla y declarar la consiguiente rehabilitación.

     Art. 65. Las rehabilitaciones que por las causas que se expresan en los artículos anteriores correspondan a los individuos que perciban sus haberes por la Pagaduría de la Dirección se acordarán por el Director en virtud de expediente que, a instancia de los interesados, se instruirá y elevará a dicho Jefe superior por la Intervención del propio Centro.

     Art. 66. En las órdenes de rehabilitación que expida el Director general como Ordenador se consignará precisamente el haber que disfrute el interesado, la fecha en que le fue declarado y desde cuál habrá de abonársele por virtud de la misma rehabilitación.

     Art. 67. Con arreglo a la Real orden de 15 de Junio de 1882, la acumulación entre hermanos de parte de pensiones cuando alguno de los copartícipes haya fallecido o perdido la aptitud legal para seguir disfrutando la que le corresponda deberá declararse por el Director general, Ordenador, respecto a los interesados que perciban por la Pagaduría de la Dirección, y por los Delegados de Hacienda en cuanto a las pensiones consignadas en las respectivas provincias, según ya lo verificaban antes respecto a las de Montepío militar por virtud de la Real orden de 8 de Agosto de 1851, circulada por la Dirección general del Tesoro en 12 de Noviembre siguiente.

     Art. 68. En los expedientes de acumulación se hará constar la causa en que se funda y la fecha en que cesa en el percibo el partícipe cuyo derecho se transmite, procediéndose en todo conforme a lo que se determina en la mencionada Real orden de 15 de Junio de 1882.

     Art. 69. El Director general, Ordenador de pagos, pasará al Tribunal de Cuentas mensualmente relación detallada por provincias de las acumulaciones que se hayan acordado por el mismo y por los Delegados de Hacienda.

..............................

     Art. 73. El disfrute de haber pasivo será incompatible con el de cualquiera otro pagado de fondos del Estado, de la Real Casa, de las Diputaciones provinciales o de los Ayuntamientos.

     Se exceptuarán de lo prevenido en el párrafo anterior las pensiones y asignaciones determinadas en la ley de 21 de Diciembre de 1855.



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Honorarios por reconocimientos médicos. -Real orden de 23 de Octubre de 1900.

     Determina que cada uno de los médicos que practiquen el reconocimiento de los funcionarios para su jubilación por imposibilidad física debe percibir los honorarios siguientes:



    

CATEGORÍA DE LOS INTERESADOS
   En Madrid y provincias de primera clase.

-

Pesetas.

En provincias de segunda clase.

-

Pesetas.

En provincias de tercera clase.

-

Pesetas.

    
Jefes superiores de Administración.......... 100 80 60
Jefes de Administración............................ 80 60 50
Jefes de Negociado................................... 40 30 25
Oficiales.................................................... 30 25 20



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Naturales de Ultramar. -Real decreto de 11 de Mayo de 1901.

     Artículo 1.º Los naturales de los territorios cedidos o renunciados por España en virtud del tratado de paz con los Estados Unidos de 10 de Diciembre de 1898, que en la fecha del canje de ratificaciones de dicho tratado habitaban aquellos territorios, han perdido la nacionalidad española y podrán recobrarla con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 del Código civil(31) para los españoles que pierden esta calidad por adquirir naturaleza en país extranjero.

     Esto no obstante, los comprendidos en el párrafo anterior que se hallaban desempeñando cargo, empleo o destino civil o militar por nombramiento del Gobierno, español, y continuaron ejerciéndolo al servicio de España, se entenderá que han conservado la nacionalidad española.

     Art. 2.º Los naturales de los territorios cedidos o renunciados que en la citada fecha del canje de ratificaciones del tratado de 10 de Diciembre de 1898 habitaban fuera de su país de origen, y que al publicarse el presente decreto se hallasen inscriptos en los Registros de las Legaciones o Consulados de España en el extranjero, o desempeñasen cargo público en la Administración española, o estuviesen domiciliados en los actuales dominios de España, se entenderá que han conservado la nacionalidad española, a no ser que en el término de un año, a contar desde esta fecha, hagan declaración expresa en contrario ante las Autoridades competentes. Los comprendidos en el párrafo anterior que al publicarse este decreto no se hallasen en ninguno de los casos arriba especificados, han perdido su cualidad de españoles y podrán recobrarla con arreglo a lo prescripto en el citado artículo 21 del Código civil.

     Art. 3.º Los súbditos españoles que habiendo nacido fuera de los territorios cedidos o renunciados residían en ellos al canjearse las ratificaciones del tratado en 10 de Diciembre de 1898 y hubieran perdido la nacionalidad española por no haber ejercitado en tiempo oportuno el derecho de opción previsto en el artículo 9.º de dicho tratado, podrán recobrarla saliendo de aquellos territorios y llenando las formalidades establecidas en el párrafo 2.º del artículo 19 del Código civil(32).

     Las personas a que se refiere el presente artículo que por causas ajenas a su voluntad no han sido admitidas a inscribirse como españoles en los Registros municipales, podrán hacerlo en el plazo de un año, a contar desde esta fecha, ante los Registros consulares españoles, haciendo constar la negativa de su inscripción en los Registros municipales. Los que cumplieren este requisito se entenderá que han conservado sin interrupción la nacionalidad española.

     Esto no obstante, los comprendidos en el párrafo 1.º de este artículo que residían en los territorios renunciados o cedidos por razón del cargo, empleo, destino civil o militar que en dicho momento desempeñaban y que continuaron ejerciéndolo al servicio de España, se entenderá que no han perdido la nacionalidad española.

     Art. 4.º Las personas a que se refiere este decreto que con posterioridad al canje de ratificaciones del tratado de paz con los Estados Unidos hubieran desempeñado cargo público o tomado parte en las elecciones municipales, provinciales o generales de los territorios cedidos o renunciados por España, o ejercitado en ellos algunos de los derechos inherentes a la ciudadanía, no serán admitidas a la recuperación u opción de la nacionalidad española sino con arreglo al artículo 23 del Código civil(33).

     Art. 5.º La nacionalidad española, conservada o recobrada en virtud de las prescripciones de este decreto, no podrá ser alegada con relación a los Gobiernos y Autoridades de los territorios cedidos o renunciados en los cuales los interesados tuvieron su origen o residencia, sino en el caso de ser consentida por dichos Gobiernos o estipulada en tratado internacional.

     Art. 6.º Los que con arreglo a las prescripciones de este decreto hubieren perdido la nacionalidad española y por consecuencia el derecho a percibir toda pensión o haber pasivo, estuviese o no declarado a su favor, podrán recobrarlo, una vez recuperada la nacionalidad, en los casos y con arreglo a las condiciones siguientes:

     1.ª El cobro de toda pensión o haber pasivo requiere precisamente la residencia del perceptor en los actuales dominios españoles y la sumisión a las disposiciones por que dichos haberes se rigen o rigieren en lo sucesivo.

     2.ª A toda rehabilitación para el percibo de pensiones o haberes pasivos ha de preceder la revisión del expediente en que se hubiese declarado. Dicha rehabilitación se acomodará, según los casos, a las reglas siguientes:

     A. Los comprendidos en el párrafo primero del artículo 1.º y en el párrafo segundo del artículo 2.º de este decreto podrán percibir las pensiones o haberes pasivos a que tuvieren derecho si recuperan la nacionalidad española en el plazo de un año, a partir de esta fecha, pero sin que tengan derecho al percibo de sus haberes más que desde la fecha de la presentación de la instancia solicitando la revisión del expediente.

     B. Los comprendidos en el párrafo primero del artículo 3.º que recuperen la nacionalidad española en el término de dos años y en la forma que en el mismo se establece, serán rehabilitados y totalmente reintegrados en el disfrute de sus respectivas pensiones o haberes pasivos.

     Art. 7.º Los comprendidos en el artículo 4.º, aun cuando recuperaran por cualquier medio la nacionalidad española, no podrán ser rehabilitados en ningún caso en el percibo de las pensiones o haberes pasivos a que hubieren tenido derecho.

     Art. 8.º Los comprendidos en este Decreto que con arreglo a las prescripciones del mismo perdieron el derecho a toda pensión o haber pasivo, podrán, sin embargo, solicitar del Gobierno, en premio a especiales servicios prestados a la causa de España, pensiones remuneratorias, conforme a las prescripciones de la ley de 12 de Mayo de 1837, pudiendo dispensárseles en este caso, para disfrutarlas, de la residencia en el territorio español.

     Art.9.º Los Ministerios de Estado, Gracia y Justicia, Hacienda y Gobernación dictarán las disposiciones necesarias para la aplicación de este decreto en la parte que les concierne.

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