Informe en el que se expone que el Gobernador Civil de Canarias, siguiendo lo prescrito en el artículo 33 del Real Decreto de 15 de Noviembre de 1854, mandó requisar 4 momias guanches halladas en una cueva del Barranco de Araya (Candelaria, Tenerife) para ser entregadas a la Real Academia de la Historia si no hubiese museo provincial o por la escasez de recursos fuese aún imposible su creación. Sin embargo, estas fueron reclamadas por los descubridores apoyándose en la Ley 45, título 23, partida 3, de 15 de Mayo de 1835, por la cual el dueño del terreno, Silvestre de Torres, tiene derecho a la mitad del hallazgo, mientras las tres personas que localizaron las 4 momias tendrían derecho a la otra mita Además, Diego Benítez, por un acuerdo previo con el dueño del terreno, reclamó la momia femenina mejor conservada. Sin embargo, se considera que desde un punto de vista legal la reclamación no tiene lugar ya que la Ley 45 habla de tesoros compuestos de alhajas, dinero u otros objetos de valor. Por ello sugiere su estudio desde un punto de vista histórico-arqueológico.