Visor de obras.

Hace escasamente dos semanas («La Gatera», 11 de abril, 95), relatábamos las peripecias que el propio Francisco Alberola Such escribió en la revista anual «Vía Crucis», de 1947, acerca del lienzo de la Santa Faz, en los últimos días del mes de marzo de 1939, es decir, muy poco antes de que concluyera la Guerra Civil. Recordarán cómo el propio Alberola Such se entrevistó en las cercanías de la finca «Marco», domicilio del cónsul argentino, donde se encontraba refugiado, con un desconocido, cuyo nombre no revelaba en su artículo, al que describía como «un hombre pequeño, con la faz descompuesta por un seguro temor que le atormentaba (...)».

En estos días, que se conmemora la festividad de la Santa Faz, y con objeto de atar los posibles cabos sueltos respecto a la recuperación de la venerada reliquia, recordamos a nuestros lectores lo que ya escribimos en esta misma columna («La Gatera», 29 de agosto de 1992). La Santa Faz, según Joaquín Santos Matas, fue depositada en la Diputación Provincial, por el pedáneo del caserío donde está el monasterio, Antonio Ramos Alberola, el vecino del lugar, Vicente Ramos Onteniente, y el chófer del Ayuntamiento, Antonio Cremades Lucas.

En el palacio provincial y en el despacho de su presidente, Álvaro Botella Pérez, «que se encontraba reunido, junto con su secretario, Teodomiro López Mena, con el alcalde de Alicante, Lorenzo Carbonell Santacruz, y el dirigente comunista Rafael Millá Santos», se entregó el lienzo que se depositó en un pequeño mueble del Museo Provincial, hasta que el veintiuno de septiembre de aquel año de 1936, Antonio Ramos Ayús lo aseguró en la caja fuerte de la Diputación.

De allí pasaría, de acuerdo con las citadas fuentes, y por mediación del propio Ramos Ayús, a la finca «Marco», propiedad de la familia Bardín y residencia entonces del cónsul de la República Argentina, Eduardo Lorenzo Barrera.

Fue, pues, Antonio Ramos Ayús quien se la entregó al abogado Francisco Alberola Such, el cual discretamente silenció su identidad, en el artículo titulado «Yo he presenciado un milagro de la Santa Faz», y de cuyo contenido dimos noticias recientemente. El nueve de abril de 1939, la reliquia regresó a la Diputación -ya había terminado la contienda-, y finalmente, el cuatro también de abril de 1940, se trasladó a su monasterio.

El diecinueve de agosto de 1921, en sesión plenaria del Ayuntamiento que entonces presidía don Juan Bueno Sales, se acordó denominar a la hasta entonces Plaza del Progreso, Plaza de la Santísima Faz.

Fue el alcalde Bueno Sales quien propuso a la corporación, el trece de junio del referido año, el traslado y permanencia del venerado lienzo, del monasterio, a la colegiata de San Nicolás, desde el tres hasta el veintidós, del siguiente mes de agosto. La propuesta estaba motivada por la inauguración del camarín y trono de la Virgen del Remedio, patrona de la ciudad, y fue aprobada.

En un impreso de la efemérides que amablemente nos ha facilitado la nieta del citado alcalde, doña María Luz Rodrigo Bueno, se dice textualmente: «El dos de agosto de 1921, con asistencia del excelentísimo Ayuntamiento, presidido por el ilustrísimo señor gobernador civil, don Federico Dupuy de Lome, del ilustrísimo cabildo colegial, revestido de pluvial blanco, de nutrida representación de los reverendos cleros secular y regular, muchas distinguidas personalidades invitadas al acto y extraordinario concurso de fieles, se celebra con gran solemnidad la inauguración del camarín (restaurado) y nuevo trono de la santísima Virgen del Remedio, pronunciando fervorosa plática y haciendo la consagración de Alicante a su Patrona, el muy ilustre señor abad de la colegiata don Modesto Nájera y López de Tejada.

Al día siguiente, a las cinco de la tarde, con el ceremonial acostumbrado, se sacó la reliquia de su santuario. Fue acompañada, durante su itinerario a la ermita de Los Ángeles «por gran número de hombres y mujeres, automóviles y tres aeroplanos». Posteriormente y en medio de «una compacta muchedumbre», la Santa Faz llegó al paseo de Campoamor, donde debido al desbordante entusiasmo «se hace preciso descubrir el relicario, que según prácticas tradicionales, venía cubierto con su velo». Desde allí, se dirigió a la iglesia de la Misericordia, donde «se formó una lucidísima procesión llevando la Santa Faz bajo palio, el señor abad de la colegiata, alumbrado constantemente a la reliquia los custodios señores Llorca (don Juan) y Bendido de Elizaicin (don Jesús)». La Santa Faz se detuvo en las Capuchinas, y por fin, sobre las diez de la noche, entré en San Nicolás, «con los vítores alicantinos que sólo cesan para escuchar una vibrante arenga del canónigo señor Alemañ, y las inspiradas notas del himno de la Santísima Faz. En la colegiata permaneció hasta el veintidós de agosto, tal y como se había acordado oficialmente.

Fue en marzo de 1930, cuando el entonces cronista oficial de Madrid y novelista Pedro de Répide, visitó nuestra ciudad acompañado por Álvaro Botella, director del diario republicano «El Luchador» y de Ferrándiz Torremocha.

La visita de Pedro de Répide tenía un marcado carácter nostálgico y funeral: quería visitar la tumba de su amigo y notable dramaturgo Joaquín Dicenta, que murió en Alicante, en 1917, y fue enterrado en el ya desaparecido cementerio de San Blas. El escritor recordaba cómo su difunto compañero le había contado cosas de nuestra ciudad, en donde vivió, con su padre, en la plaza de Isabel II (hoy, de Gabriel Miró) y donde cursó estudios con el abad Penalva. «El padre Penalva -le contaba Dicenta- decía siempre que en mí había un ángel y un demonio que habían trabado pelea, y se preguntaba: ¿Cuál de los dos ganará y se quedará contigo?».

En su visita, Pedro de Répide se mostró satisfecho del trato que Alicante le había dado a su buen amigo: «Esta ciudad -manifestó- lo ha honrado dándole su nombre a una hermosa plaza (la del Mar), en cuyo centro se halla, por cierto, el monumento a los Mártires de la Libertad».

Posteriormente, en el nuevo cementerio, el cronista de Madrid comentó que gracias a Juan Botella, «se consiguió que se hiciera allí el civil, con las mismas condiciones de decoro que el católico. El propio Juan Botella descansa en él. Y el doctor Rico, insigne no sólo por su ciencia, sino por la elevación de sus ideales». En aquel cementerio, a su juicio, es donde ya deberían estar los restos del autor de «Juan José».

El día ocho de aquel mismo mes, Pedro de Répide asistió a la procesión cívica que se celebraba, como todos los años, en memoria de cuantos murieron por la libertad. Y se emocionó con el discurso de Florentino de Elizaicin, quien rememoró el fusilamiento de Pantaleón Boné y de sus compañeros «por un sicario de la reacción».

El cronista y novelista, en aquella ocasión, describió a Joaquín Dicenta como un hombre íntegro y cabal, cuyo perfil «tenía algo de Fernando V, algo de León XIII y algo de Lagartijo». Si fuera posible una nueva visita del ilustre personaje comprobaría cómo de la memoria del autor dramático apenas si queda un remoto y muy vago recuerdo.

En este año, en el que el cine cumple su primer siglo, hemos querido, desde esta columna, desde nuestra ciudad, aunque sumariamente, dedicarle un recuerdo a través de aquellas salas de proyección, donde nuestros más inmediatos antepasados -y algunos de nosotros mismos- tuvieron junto los primeros sobresaltos y estupores, conciencia del nuevo arte y de la nueva industria que, en el año 1895, pusieron en pie los hermanos Lumière.

Ya en marzo de 1915, el Salón Moderno -el posterior Salón Monumental- que venía proyectando películas mudas, solicitó del Ayuntamiento autorización para instalar, en el exterior del local, un timbre electrónico, con objeto de advertir al público el comienzo y el fin de las sesiones cinematográficas. Dicha solicitud la formuló el representante de la citada empresa José Bernabeu Rico, y le fue concedida.

El nueve de junio de 1916, José Nadal remitió al alcalde de la ciudad, Ricardo P. del Pobil y Chicheri, la siguiente instancia: «En cumplimiento de lo prevenido en el artículo ochenta y ocho de la real orden del diecinueve de octubre de 1913, el que suscribe, empresario del futuro salón cinematográfico, "Salón España", tiene el honor de adjuntar los planos del proyecto y memoria (que se encuentran en el Archivo Municipal), al objeto que, dándosele la tramitación que sea necesaria, se digne autorizar la instalación de un salón de cine, varietés y funciones teatrales al aire libre, en el solar existente en fachadas a calles de Prolongación Castaños, Alfonso el Sabio y avenida de Zorrilla (hoy, de la Constitución)». Poco después y tras ser debidamente informado por el arquitecto municipal, la junta provincial de Sanidad y la comisión del Ensanche, sería autorizada su construcción, de acuerdo con la citada real orden de espectáculos. Algunos meses más tarde, el empresario José Nadal pediría la licencia oportuna, para efectuar reformas en el «Salón España» (luego «Capitol», donde en la actualidad se levanta el Banco de Alicante) que le fue igualmente concedida.

A los señores Torregrosa y Cía, se debe la instancia dirigida, el veintiuno de mayo de 1924, al general gobernador civil, «para construir un edificio para cinematógrafo, en el solar resultante de los almacenes situados en la avenida de Zorrilla, ángulo a la calle de Artilleros».

Una semana más tarde, se recibía el acuerdo que reproducimos: «La junta consultiva e inspectora de teatros, previó estudio de los planos y memoria del "Ideal Cinema" que se intenta edificar en esta ciudad acuerda, por unanimidad darle su aprobación y autorizar la construcción del mismo».

En 1890, se celebró por primera vez en España el 1.º de Mayo, según el acuerdo de los socialistas con la II Internacional. Tuñón de Lara escribe: «En Madrid, una manifestación calculada en veinticinco mil personas fue desde el Prado, por la calle de Alcalá, hasta la presidencia del Consejo, donde Sagasta recibió a la comisión. También hubo manifestaciones importantes en Barcelona y Bilbao».

En nuestra ciudad, con escasa industria y una considerable influencia artesanal, el movimiento obrero se desarrolla con dificultad. Las condiciones no son precisamente las más adecuadas. Sin embargo, en tan señalada fecha, Alicante respondió, después de algunas vicisitudes.

Como el uno de mayo era jueves, se estimó que la celebración tuviera lugar el siguiente domingo, día cuatro. Sin embargo, y como señala el historiador Francisco Moreno, en base a las informaciones de los periódicos «El Alicantino» y «El Luchador», entre algunos más, «los obreros del puerto, albañiles y trabajadores de otros oficios abandonaron el trabajo el día uno, pero su manifestación fue disuelta por la fuerza pública; los socialistas alicantinos pidieron entonces permiso para manifestarse el día dos y el gobernador civil (el conservador Joaquín García Espinosa) publicó un bando autorizando dicha manifestación, desde la Plaza del Teatro hasta la calle de Gravina».

En el referido bando, se advierte: «(...) pero si por algunos se cometiese alguna extralimitación, o se intentase turbar el orden, procederé contra ellos con el mayor rigor, disolveré inmediatamente la manifestación y usaré de los medios que dispongo, para reprimir con energía cualquier desmán (...)» En medio de un clima hostil, los tipógrafos Federico Valero y Rafael Carratalá, después de pedir a los asistentes tranquilidad, «en dialecto del país», encabezaron aquella primera manifestación reivindicativa, en la que participaron, según las fuentes, entre mil quinientas y tres mil personas, cifra considerable si se tiene en cuenta que, por entonces, la población era de unos cuarenta y tres mil habitantes aproximadamente. Tras entregar las conclusiones locales y generales, en el Ayuntamiento y en el Gobierno Civil respectivamente, los manifestantes se disolvieron, sin que se registrase incidente alguno. En Alcoy, con una fuerte presencia anarquista, en Elche, en Crevillente y en algunas localidades más, también se celebró con muy diversos resultados. Ciento cinco años después, y abolida, a lo que se ve, la lucha de clases, el 1.º de Mayo es ya sombra de lo que fue en su vigoroso origen.

Ahora que se nos echa encima una nueva edición de les Fogueres de Sant Joan, recordamos, una vez más, aquel primer bando del alcalde Julio Suárez-Llanos, de 1928, año de la inauguración de las ya tradicionales fiestas alicantinas.

Tal bando que hemos comentado en alguna que otra ocasión, dice en uno de sus párrafos muy concretamente: «El comercio y la industria, a quienes más directamente ha de favorecer la implantación de "Les Fogueres de Sant Chuan", también debieran atender al requerimiento de que los escaparates y vitrinas de sus tiendas luzcan llamativos adornos, predominando el gusto artístico y caprichosas instalaciones eléctricas de alumbrado especialmente durante los días 23 y 24 del actual». El llamamiento, además de exhortar a los sectores mercantiles de nuestra sociedad «apelaba al patriotismo de todos y al espíritu popular que habrá de otorgarles su mayor realce».

Sin embargo, llama poderosamente la atención, para cualquier estudioso de nuestras celebraciones del fuego, el hecho de que tan sólo dos años antes, el veintidós de junio de 1926, el mismo Julio Suárez Llanos y Sánchez, general de brigada y alcalde de la ciudad de Alicante, se pronunciara con abierta hostilidad, contra las tradicionales costumbres que el pueblo ya venía organizando por su cuenta, desde mucho antes, aun sin disponer de los avales y licencias de la Administración.

En el último año señalado, Suárez-Llanos publicaba lo siguiente: «Que cumpliendo lo dispuesto en el artículo treinta y nueve de las Ordenanzas Municipales, me hallo dispuesto a castigar sin contemplaciones a cuantos para celebrar las verbenas de San Juan y de San Pedro, quemen hogueras en la vía pública, eleven globos de tela o de papel con esponjas o mechas encendidas, dentro de la población, o disparen en su recinto petardos, tracas, cohetes y demás fuegos de artificio. He de prevenir al vecindario que el excelentísimo gobernador civil de la provincia me comunica que castigará de modo inflexible a los infractores de la antedicha orden, la cual exigirá que se cumpla sin excusa ni pretexto alguno, imponiendo duras sanciones a los que la contravengan».

Sin duda, la autoridad pretendía someter todo cuanto de espontáneo y ciertamente popular contenían aquellas, muy probablemente, seculares manifestaciones del fuego. La historia profunda de nuestras hogueras están aún por escribir.

El pasado sábado, el presidente de la Generalitat, Joan Lerma, y el alcalde de la ciudad, Ángel Luna, inauguraron, por fin, El Palmeral, después de muchos años de peripecias e incertidumbres, que aquí hemos dejado ya reflejadas. No hace muchos años, cuando José Luis Lassaletta Cano presidía el Ayuntamiento, se levantó otro importante espacio para el ocio: el parque de Lo Morant.

En 1765, cuando el urbanismo aún lo trazaban los ingenieros militares, el conde de Aranda dejó escrito un memorando de siete pliegos y medio, bajo el epígrafe de «Alicante». En uno de sus párrafos se dice: «En la anchurosa calle que resultaría del abatimiento del muro antiguo, desde el torreón de San Francisco hasta el de San Bartolomé (es decir, la Rambla, y antes y sucesivamente, paseo del Vall, de Quiroga y de la Reina), se ha de formar un paseo con árboles y bancos que, sirviendo al propio tiempo para el tráfico y transporte, proporcione un paraje interior de concurrencia, para pasear a pie y tratarse las gentes decentes de la ciudad».

No podía ser menos. Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, sabía muy bien la importancia y necesidad que para los ciudadanos tienen -y cada día más- los parques, paseos y zonas verdes. No en balde, creó el Pardo, favoreció el Retiro y autorizó las fiestas de máscaras. El conde de Aranda envió su escrito, que se conserva en nuestro Archivo Municipal, al gobernador y corregidor de esta plaza, Juan José Ladrón de Guevara, con una carta adjunta, en la que le advierte: «Señor mío: consiguiente a las ideas de ampliación del muelle y otras novedades útiles a la conveniencia y hermosura de esa ciudad que formé durante mi permanencia en ella, he formado el concepto y proposición de los puntos que se han de examinar y sobre que se ha de proyectar lo mejor, que incluye a VE una copia». Y agrega: «Pasará de un día a otro a esa ciudad, desde Cartagena, el coronel de ingenieros don Matheo Bodopich, para hacerse cargo de las especies promovidas y proyectar facultativamente sobre ellas, entendiéndose también con el comisario de Guerra don Gerónimo Ontizá que correrá a su tiempo con los intereses de las obras. VE., como gobernador, dará a ambos las luces y auxilios que necesiten y me dará particular satisfacción, en frecuentarme cuantas reflexiones le ocurriesen sobre el particular de que se trata».

El conde de Aranda insistió en añadir nuevos espacios «al cuerpo de población, para que unida con el existente facilite, con sus construcciones, hermosura a ella y comodidad a sus habitantes».

Probablemente aquel hombre había surgido del celuloide y se fue por el celuloide, contando una historia a no se sabe ya cuántas imágenes por segundo. Probablemente, aquel hombre improvisaba el guión y le echaba sus más íntimos sentimientos a unas secuencias que previamente le mostraban, en privado, para que encajara acción y palabra. Probablemente, aquel hombre se sabía el mundo, desde la oscuridad del cinematógrafo, desde la soledad de su tarima, desde su propia invención. De aquel hombre apenas si se tenía noticia. De aquel hombre, los perplejos espectadores solo conocían la parte intangible de su identidad: la voz. Una voz «dulce y atiplada». Aquel hombre era el explicador de películas mudas. Probablemente, aquel hombre tenía conciencia de sus poderosos recursos: tono, timbre, inflexión... Sobre un fondo de paisajes y ciudades exóticas y de multitudes anónimas, podía incitar a la violencia, a la oración, a la ternura o al odio. A aquel hombre le llamaban «Mi alma». Tan enigmático, tan entrañable, tan fantasmal, que carecía hasta de partida de bautismo.

Se contaban de él ingeniosas anécdotas y aventuras galantes. Y un día se evaporó, nadie sabe muy bien cómo ni cuándo. Algunos dicen que allá por la segunda década del siglo, emigró para las Américas. Probablemente, «Mi alma» se fletó de banda sonora, en una vapor con rumbo a La Habana. Nosotros, permítanlo, lo hemos rescatado para esa otra realidad que es la ficción.

Y todo esto ocurría, cuando en nuestra ciudad, se engalanaba el paseo de los Mártires con arcos de gas, entre palmera y palmera, y en el «Salón Novedades» Dora La Gitana le daba lo suyo a los tacones; mientras Alvarito vendía por las terrazas, pastillas de café con leche y todo Alicante olía a nardos. Qué calores aquellos. Los señoritos bien se bañaban en «La Alianza» o en el «Diana», y los «botijistas» ocupaban «La Estrella». Luego, a la caída de la tarde, se sorbía la horchata con unos canutillos tan dulces y periscópicos que los consumidores bautizaron «currusquitos de crema del submarino Peral».

Sin saber muy bien por qué, los más nostálgicos cantaban: «Anoche, jugando al tute / en el café "Tupinamba" / le gané dos pesetas / al simpático "Mi alma"». Por las noches, en el Principal, el transformista Donnini se cambiaba cien veces de smoking, en un abrir y cerrar de telón. Era la ciudad de los prodigios veniales.

Un buen amigo nuestro, Manuel Martínez Beresaluce, ex concejal y profesor hasta hace unos años, a raíz de los comentarios que hemos dedicado estos últimos días a la Santa Faz, y especialmente a las peripecias de las reliquias durante los años de la guerra civil, nos aporta el siguiente testimonio que él mismo tomó al dictado de José Ferrer Durba, quien en 1936, en julio, era subalterno de la Diputación Provincial.

Por si acaso las declaraciones de José Ferrer Durba -amigo también y conocido allá por los años cuarenta y cincuenta como Titu Durba, en su condición de vocalista-, las reproducimos por si pueden aportar algún dato de interés. En dichas declaraciones, cuenta cómo estando de servicio, «vio entrar en la Diputación un bulto del que era portador José Ferrer García y Martínez, portero mayor de la institución provincial, que iba junto a un pintor (cree que cojo), y parece recordar que se trataba de Pepito Quiles, que muchos años más tarde, cedió o vendió a ese organismo una colección de cerámica».

Tito Durba supo que el mencionado bulto era la Santa Faz porque Cañizares que era, según el propio testigo, vicepresidente de la Diputación, le dijo: «Pepito, salte del despacho». «Y al retirarme, me encontré con Vicentico Cerdá quien me preguntó: ¿Sabes lo que es ese bulto que han entrado? A la que yo contesté que no. Entonces, Vicentico Cerdá me contestó: Pues se trata de la Santísima Faz».

Tito Durba o José Ferrer Durba describe así el referido bulto: «Era como un saco de marinero, de color tierra, cerrado por el cuello».

Posteriormente, el propio Durba bajó del primer piso, donde se encontraba el despacho del presidente, a la caja fuerte. «Rafael Millá no quiso que estuviera en ella, pues quería guardarla en un jarrón arcón antiguo de los que había en el Museo Arqueológico -del que Millá era consejero-, oponiéndose José Cañizares, hasta que después de una fuerte discusión acordaron que se conservara en la caja fuerte, en donde permaneció depositada durante toda la guerra».

Evidentemente, hay algunas diferencias con la versión que ofrecimos el veintiocho del pasado abril, en esta misma sección, donde se afirmaba que el lienzo «se depositó en un pequeño mueble del Museo Provincial, hasta que el veintiuno de septiembre de aquel año de 1936, Antonio Ramos Ayús lo aseguró en la caja fuerte de la Diputación». A pesar de tal discrepancia, hemos querido dejar aquí constancia de este testimonio escrito y facilitado por Martínez Beresaluce.

Así definía al destacado político el alcalde Manuel Cortés de Miras. El veinticuatro de enero de 1907, dicho alcalde, hizo público un bando en el que se dice: «Reconocer y confesar el beneficio, por más que no lo exija el favorecedor, honra y ennoblece al favorecido. Nuestra ciudad se halla en este caso con respecto al ilustre hombre público excelentísimo señor don José Canalejas y Méndez, que generosamente viene trabajando en pro de sus intereses, y ahora acaba de conseguir un aumento de cien mil pesetas, en la subvención que del Estado disfruta la Junta de Obras del Puerto, y por espacio de cuatro años para atender el saneamiento del mismo, y que el resto, hasta completar el importe del presupuesto de dichas obras, lo abone también el Estado en igual periodo de tiempo. Mejora de tanta importancia, para el porvenir de Alicante débese a los buenos oficios del esclarecido presidente del Congreso e hijo adoptivo de esta ciudad, don José Canalejas, a quien todos los alicantinos queremos como cosa propia y reverenciamos como protector».

En el citado bando, se contempla cómo todas las entidades oficiales y las sociedades de Alicante, «incluso las obreras», se reunieron en la Casa Consistorial e interpretando el deseo del vecindario acordaron que el domingo día veintisiete de aquel mismo mes de enero, se llevaran a cabo diversas actividades en homenaje a Canalejas: reparto de socorros a los necesitados, en el vestíbulo de los ayuntamientos, costeados por la Diputación, Cámara de Comercio, Junta de Obras del Puerto, casino de la ciudad y el propio municipio; festival de música en la Explanada; y por la tarde, de cinco a seis, recogida de firmas en hojas de pergamino, en los salones del Palacio Municipal, «cuyas hojas serán encuadernadas, formando un álbum que están encargados de avalorar los más ilustres artistas alicantinos». En carta del alcalde Manuel Cortés al presidente de la Junta de Obras del Puerto, se afirma que se estamparon, en los referidos pliegos, un total de novecientas cuarenta y cinco rúbricas».

Canalejas escribió al presidente de la corporación, dándole las gracias y considerando «asegurada a ejecución del proyecto de saneamiento, por el que tanto interés mostré siempre, y como mi voluntad es de corresponder con hechos a mis palabras y de significar la gratitud que debo a Alicante, ahora me consagrará a otros empeños, para los que necesito el consejo y el concurso de esa corporación». En el mismo escrito, figura la siguiente nota: «Veintiocho de enero de 1907. En sesión de anteayer quedó enterado S.E., solicitando el señor Mendaro se pidiese al señor Canalejas la solución favorable de que se cedan al Ayuntamiento los terrenos de la zona polémica del castillo de Santa Bárbara y la supresión de ésta». No había que perder la ocasión.

Verdad o no, iban a por él, a por el alcalde. En sesión plenaria del ocho de febrero de 1907, el edil Ernesto Mendaro anuncio que, mediante moción, denunciaría «ilegalidades y abusos que actualmente se están cometiendo en el Ayuntamiento» y rogaba, por último, que se facilitaran los datos de cuantos gastos se habían efectuado, desde primeros de aquel año, así como los ingresos obtenidos de los puestos públicos durante el año anterior y lo que iba del presente. No se quedó atrás el concejal Manuel Salinas quien asimismo manifestó que, por igual procedimiento que su compañero, pondría en evidencia los «abusos y despilfarros en la gestión administrativa del actual alcalde, desde la toma de posesión hasta aquel día», y solicitó también el balance del año pasado.

Pero a ambos se les comunicó que de acuerdo con las disposiciones vigentes en aquel tiempo, no procedía la inclusión, en el orden del día del siguiente pleno, de las mociones enunciadas. Lo mandaba y firmaba el alcalde constitucional cuestionado Manuel Cortés de Miras.

Coincidencia tal vez, es el caso de que seis semanas después, saltó de la Alcaldía Manuel Cortés. Su cese se lo comunicó el gobernador civil, de acuerdo con la real orden del Ministerio de la Gobernación, de fecha veintitrés de marzo del referido año, según consta en el acta correspondiente al veintiséis de tal mes, en cuyo pleno ordinario abandonó el cargo para el que había sido nombrado el veintiséis de diciembre de 1905. Por supuesto, nada se dijo acerca de las imputaciones que los dos citados concejales le habían previamente formulado.

En el mismo día, se procedió a la lectura de otra real orden con la dicha fecha en la que se dispone lo siguiente. «En uso de las facultades concedidas por el artículo cuarenta y nueve de la Ley Municipal de dos de octubre de 1877, su majestad el rey ha tenido a bien nombrar alcalde presidente de esta capital al concejal don Luis Mauricio Chorro. De real orden lo comunico a V.E. para su conocimiento, el de la corporación, el del interesado y efectos oportunos».

En aquella ocasión, Cortés de Miras entregó el bastón de mando a su sucesor Luis Mauricio Chorro, con las habituales y estrictas formalidades de rigor. La ceremonia del relevo se había consumado y Alicante tenía un nuevo alcalde que recibió, de entrada, el beneplácito general.

El pasado jueves, el filólogo alicantino, José Ignacio Bosque ingresó en la Real Academia de la Lengua. Una satisfacción y un orgullo para todos nosotros. Catedrático en la Complutense y autor, entre otros textos, de «Sobre la negación», «Problemas de morfosintaxis» y «Las categorías gramaticales», el antiguo alumno del Colegio Universitario de Alicante, ocupa, a sus cuarenta y tres años de edad, el sillón t minúscula de la citada corporación.

Por supuesto, ya tiene el lugar adecuado en la crónica de nuestra ciudad, tal y como lo tuvo José Martínez Ruiz, Azorín, cuando el veintinueve de octubre de 1924, fue también elegido miembro de número de la Real Academia.

No hace mucho, en la columna correspondiente al seis de junio del pasado año, evocábamos la figura de Enrique Ramos, general del Cuerpo de Ingenieros y primer alicantino que perteneció a la referida corporación.

En el «Ensayo biográfico bibliográfico de escritores de Alicante y su provincia», de Manuel Rico García y de Montero Pérez se dice del mariscal de campo Enrique Ramos que nació en nuestra ciudad, el catorce de febrero de 1738 y «que tomó parte en la expedición española de 1775, para la reconquista de Argel; en 1790, luchó en la guerra contra los ingleses por Gibraltar». Murió en Madrid, en 1807.

Entre las obras del militar, se recogen en la referida obra, «Elementos sobre la instrucción y la disciplina de la infanterías», «Elementos de geometría», «Instrucción para los alumnos de artillería» y «Elogios de Bazán, marqués de Santa Cruz»; y entre sus escritos literarios, se citan dos tragedias en dos actos: «Guzmán» y «Pelayo», y un poema en doce cantos «El triunfo de la verdad».

Sin embargo, se omite en el ensayo referenciado su condición de académico de número. Su ingreso en la Real Academia se produjo, según los datos que tomamos del «Diario de Alicante», de cuatro de noviembre de 1924, el día treinta y uno de enero de 1797, tras el fallecimiento de Fernando Magallón, cuyo sillón, la B mayúscula, ocupó hasta su muerte.

«Del arrojo y valor de Enrique Ramos, demostrado en numerosos hechos de armas», al paraguas rojo de Azorín transcurrieron ciento veintisiete años. Y de la magistral prosa del escritor monovero al rigor filológico de José Ignacio Bosque setenta y uno. Tres académicos alicantinos.

Ahora, tras la puesta en marcha de El Palmeral, se faena intensamente para concluir otro parque esperado y polémico, particularmente en sus orígenes: el de San Fernando. Es siempre un producto urbano necesario, aunque, con frecuencia, tales espacios provocan controversias. Ya se sabe: nunca llueve a gusto de todos. Lo suponemos, porque la verdad es que nunca llueve y todos andamos más que preocupados. Veremos qué pasa, para cuándo, en fin, el de San Fernando.

El Palmeral ya está ahí, muy airoso. Lo comentábamos días atrás. Y ya hace tiempo, de acuerdo con nuestros datos, también contábamos su peripecia, desde que, en la sesión extraordinaria del pleno municipal del once de agosto de 1966, según se recoge en el acta correspondiente, pasó a ser de propiedad municipal. En aquella ocasión, se conocieron dos interesantes escritos procedentes uno de la comisión gestora de Manufacturas Metálicas Madrileñas, y otro de Alcán, Aluminio Ibérico, S.A. Ambas empresas donaban a la ciudad los terrenos de El Palmeral, que formaban parte de la finca Granja El Carmen, cuya propiedad tenían proindiviso. Alcán, solicitaba ayuda «para acomodar en otros lugares a las familias de su personal que habitaban en una casa de labor dentro de la zona».

Tras agradecer la donación, el alcalde pidió que se facultase a un técnico, «con capacidad reconocida en este tipo de trabajo», para que presentara proyectos, con ánimo de transformar El Palmeral en un parque público. Después de aprobar los favorables dictámenes de asesoría jurídica y hacienda, el pleno municipal acordó lo siguiente: aceptar la donación gratuita de la zona denominada El Palmeral, perteneciente a la finca El Carmen, que efectúan Alcán, Aluminio Ibérico, S.A. y Comisión Gestora de Manufacturas Metálicas Madrileñas, cuya donación deberá formalizarse en escritura pública, por lo que se faculta a la Alcaldía tan ampliamente como en derecho se requiera o fuese necesario; el compromiso de la corporación para resolver el problema de las viviendas de las familias que ocupaban la casa de labor ya dicha; dedicar la finca a parque público y facultar al alcalde para que designe el técnico más adecuado; y felicitar al alcalde don Fernando Flores Arroyo y al concejal don Salvador Soriano Antón, «gracias a cuya acertada gestión e iniciativas, ha sido posible la recuperación de esta zona».

Ya lo dejamos aquí escrito, en su momento: el treinta y uno de octubre de 1967, en sesión municipal; José Abad, por entonces presidente del Ayuntamiento, cerró la operación.

Más que una escuela de su época, don Francisco de la Cueva o don Francisco Lacueva inauguró el día trece de agosto de 1836, un verdadero colegio de humanidades dotado de los medios disponibles en aquel entonces, con objeto de proporcionar «una enseñanza sólida y universal». «Se abrieron cátedras de todas las ramas que abraza el saber humano». Su fundador y director ya citado enriqueció la vida cultural y educativa de Alicante. Aquel colegio estaba incorporado a la Universidad Literaria de Valencia, de modo que «sus certificaciones de ciencias eran admitidas en la misma para la carrera literaria y grados académicos».

En agosto del pasado año, ya dejábamos constancia en nuestra habitual columna de este centro docente que contaba además con unas instalaciones higiénicas espaciosas y bien aireadas. Su director hizo público un manifiesto en el que se incluían planes, profesorados, honorarios, régimen de internos, de externos y de medio pensionistas. «El estudio, la experiencia de la enseñanza y una atenta observación de la vida de los colegios me han dado a conocer bastante la manera más a propósito de dirigir a los niños y a los jóvenes reunidos en ellos, para conseguir darles una educación religiosa, moral y literaria».

Junto con don Francisco de la Cueva ejercían la docencia en el mencionado centro los señores Mariano Lorenzo, Francisco Navarro, Pedro Casamayor, José Peiret y Francisco Stiikler, si bien estaba preciso aumentar el claustro de profesores «a medida que fuera necesario y que se presentasen alumnos para otras materias». Teóricamente, se impartían clases de primeras letras, latinidad, filosofía, matemáticas puras, geografía, astronomía, literatura, idiomas, música, baile, esgrima y bastantes más cosas.

En la obra «La enseñanza en Alicante durante el siglo XIX», de Miguel Ángel Esteve (Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», Alicante, 1991), dice al respecto: «(...) Así el catorce de agosto de 1836 se inauguró en Alicante el Colegio Real de Humanidades, bajo la protección de la Sociedad Económica de Amigos del País, y la-dirección de Francisco Lacueva. Las gestiones que llevaron a cabo el presidente de la Sociedad, barón de Finestrat y el secretario de la misma, Juan Bautista Lafora, fueron decisivas (...)». Las iniciativas municipales, prácticamente nulas. No obstante, el colegio de humanidades, primero que hubo en nuestra ciudad desapareció en 1841.

Nos referíamos al parque recién inaugurado de El Palmeral y al otro que está al caer, el temático, en terrenos del castillo de San Fernando o más propiamente del monte Tosal. Si, de aquel, escribíamos acerca de sus vaivenes y de cómo fue a dar en propiedad municipal, nos parece oportuno hacer otro tanto con el que está en vísperas de inauguración.

En 1928, se publicó un interesante artículo que reproducimos fragmentariamente: «Hace unos diecisiete o dieciocho años, siendo alcalde de Alicante nuestro queridísimo amigo don Federico Soto y concejal del Ayuntamiento el gran alicantino don Antonio Rico, adquirió el Ayuntamiento el castillo de San Fernando y el monte Tosal que le sirve de base, iniciándose entonces una obra de repoblación forestal, cuyas dificultades fueron venciéndose por el tesón entusiasta del doctor Rico, a quien le encomendaron muy gustosamente el señor Soto y sus sucesores. Cada vez que iba a aprobarse el presupuesto ordinario del Ayuntamiento, don Antonio ponía en juego su gran ascendiente sobre todos y lograba que, para el castillo, se consignaran créditos que eran modestos, porque no permitía otra cosa la escasez de recursos de nuestro municipio».

«Con estas pequeñas cantidades, "el médico", como le llamábamos por antonomasia, hacía verdaderos milagros, y en la meseta alta del monte, y en sus laderas, veíamos surgir un fascinante verdor: el de los pinitos que allí iban arraigándose y cubriendo con sus pomposas copas los terrenos que hasta entonces fueron verdaderos eriales».

Cuando llegó la dictadura de Primo de Rivera, no se colapsó la política forestal. El concejal Miguel Iborra substituyó al doctor Rico, pero «cumplió con precisión matemática, al subir al castillo dos veces al día, para recorrerlo todo». Fue Iborra quien propuso al Ayuntamiento el canje de algunos solares de propiedad municipal y «sin aplicación alguna», por una gran extensión de terreno lindante con el monte Tosal, por la parte norte.

Ahora, y de acuerdo con los datos que se nos han facilitado, el nuevo parque tiene una extensión de sesenta y tres mil metros cuadrados, unos mil seiscientos nuevos árboles, un lago y un amplio espacio para el ocio: pistas deportivas, juegos infantiles, restaurante, minigolf. En fin, de todo. Ya lo veremos. Pero, de vivir, ¿qué hubiera dicho el doctor Rico?

Acerca de las trágicas circunstancias que se vivieron en nuestra ciudad y en nuestro puerto -donde naufragó la República-, se ha escrito mucho sobre aquellos últimos, confusos y penosos días, y sin embargo frecuentemente aparece si no un dato constatado, sí un indicio, un testimonio nuevo y, en principio, nada desdeñable.

Antes de que Fernando de Guezala e Igual, ingeniero y «concuñado del Generalísimo» -según el cronista Gonzalo Vidal-, ocupara el Gobierno Civil de la provincia, sabemos que dicho cargo lo desempeñaron sucesivamente José Mallol Alberola, quien apenas lo ostentó algo más de cuarenta y ocho horas, en medio de un auténtico caos, y Antonio Romaguera Monzó, que estuvo al frente del mismo escasamente una semana, la primera de abril de 1939. Antonio Romaguera, «del cuerpo jurídico militar y de la escala de complemento», fue nombrado por el general Saliquet.

En una extensa carta, procedente de Caracas, año 1989, y que hemos encontramos en nuestros personales y poco organizados archivos, don Juan Monzó Ortiz, abogado y cor público, en la capital venezolana, dice que «según informes fidedignos, en el puerto, había treinta y cinco mil personas refugiadas -el número más aceptado se sitúa entre las quince y veinte mil entre civiles y militares». Se refiere también, al intento de crear «una zona internacional bajo la protección del Cuerpo consultar acreditado en Alicante» y «una junta de gobierno interno que sería presidida por el ex alcalde de Madrid, Pedro Rico».

Nuestro corresponsal destaca igualmente que entre las personas «había extranjeros, políticos, periodistas, un banquero y André Martí, secretario general del partido comunista de Francia. A dicho grupo de extranjeros, Antonio Romaguera Monzó, con autoridad suficiente, los proveyó de un pase especial, para la frontera francesa, con el objeto «de que los extremistas nacionalistas no los fusilasen y, más que nada, ya terminada la guerra civil, para limar asperezas diplomáticas». «La actuación de dicho oficial fue altamente felicitada y aprobada por el mando militar, pero desgraciadamente, muchas autoridades intermedias y ciertas presiones políticas, desarrollaron una campaña contra él, por haber puesto en libertad a André Martí (...)». «Según pude comprobar, Antonio Romaguera Monzó fue siempre conservador. Y aunque había sido nombrado secretario de Justicia Militar en Madrid, solicitó al general Saliquet su licencia del ejército. No se la concedieron, pero sí permiso indefinido». «¿Qué fue de Romaguera? ¿Es cierto que le otorgaron la placa de San Fernando?», pregunta el señor Monzó Ortiz.

El diecisiete de mayo de 1937, el gobernador de la provincia de Alicante dispuso que, en un plazo de setenta y dos horas, todas las armas largas fueran entregadas en la Comandancia de las fuerzas de Asalto. De tal orden, no se escapaba prácticamente nadie. Iba dirigida, y así se expresa rotundamente a todos los ciudadanos, partidos políticos o sindicales, comités, consejos municipales y cualquier clase de asociaciones o entidades que poseyeran armas largas.

«Se consideran armas largas -se especifica en el documento que aparece en el Boletín Oficial de la Provincia, correspondiente al dieciocho de mayo del referido año- los fusiles, mosquetones, rifles, carabinas, y todas aquellas otras armas de cañón rayado que no estén incluidas entre las armas cortas. Igualmente, se consideran como armas largas las ametralladoras, fusiles-ametralladoras, pistolas-ametralladoras, fusiles o pistolas lanzallamas, los morteros y cañones».

El gobernador Francisco Valdés Casas iba a por todas, de acuerdo con la orden del Ministerio de la Gobernación. Se contempla también, en el bando publicado, que se tenía que entregar además «explosivos, pólvora, dinamita, trilita, etcétera, bombas de mano, coches o carros blindados, líquidos inflamables, gases lacrimógenos o inflamables, y, en general, cualquier otro medio o artificio capaz de producir graves daños».

Casi un año después de iniciada la Guerra Civil española, se tomaban medidas tendentes a controlar a grupos o personas que pudieran desmandarse o bien que pertenecieran a la siempre etérea «quinta columna». A los transgresores de la disposición se les castigaría de acuerdo con la ya citada orden ministerial.

Orden que igualmente se refería a las armas cortas, cuyas licencias expedidas por partidos y sindicatos podían canjearse por otra gratuita y expedida por la autoridad gubernativa, después de enseñar el carné de la organización que la hubiese concedido. Por supuesto, las escopetas de caza estaban sometidas a vigilancia: era necesario hallarse en posesión de la correspondiente licencia expedida por el Gobierno Civil, previo pago de los derechos oportunos al Estado.

Valdés Casas apelaba al antifascismo de la ciudadanía, en evitación de llevar a cabo registros y poner a los que contravinieran dichas disposiciones a las puertas del juzgado.

También fueron mezquinos con Carlos Arniches algunas corporaciones municipales, a las que se les habían solicitado reiteradamente la rotulación de una calle o de un paseo a nombre del comediógrafo, o cualquier otra distinción, sin que las autoridades locales se preocuparan demasiado, en atender tan sensatas demandas populares. Por fin, le alcanzó el turno.

Con fecha 26 de noviembre de 1921, Arniches recibió una carta del alcalde Juan Bueno Sales en la que le comunicaba: «El excelentísimo Ayuntamiento que me honro en presidir acordó, en sesión celebrada ayer y por unanimidad, nombrar a usted Hijo Predilecto de Alicante, como homenaje a sus grandes y legítimos merecimientos de los que con tanta justicia se enorgullece esta ciudad. El título se extenderá en un artístico pergamino que, en su día, le será ofrecido a usted». En efecto, una moción presentada por el edil José Mingot, prosperó, después de tantos y tan infructuosos intentos.

Carlos Arniches Barrera contestó al alcalde: «He recibido su honrosa comunicación participándome el acuerdo de ese Ayuntamiento, nombrándome hijo predilecto de esa ciudad. No encuentro términos adecuados para expresar a VE y a esa ilustre corporación que preside toda mi gratitud. Considero ésta como una de las más altas recompensas a que podía aspirar en mi vida, como premio a mi humilde trabajo, silencioso y perseverante, y ostentaré tal honor, como mi más preciado galardón». Está fechada el uno de diciembre del año ya dicho.

El día diez de aquel mes de diciembre, se descubrió la lápida conmemorativa en la casa natalicia del sainetero, grabada por Vicente Bañuls, y seguidamente se le hizo entrega del título que la acreditaba como Hijo Predilecto de la ciudad.

Un año antes, el centro de Escritores y Artistas de Alicante ya concibió la idea de homenajear a Carlos Arniches, quien en escrito de diecinueve de marzo de 1920 lo aceptó y «se comprometió a escribir un apropósito para que fuera estrenado como uno de los números del programa»... También entonces se acordó lo de la lápida que perpetuase el lugar de su nacimiento e incluso se verificaron las primeras gestiones con objeto de que el teatro Principal se denominara Teatro Arniches. Pero aquellos proyectos no se llevaron a cabo.

Sólo un año después se le honraría, incluso con el beneplácito de Franco Rodríguez, por aquel tiempo ministro de Gracia y Justicia.

A raíz del triunfo del Frente Popular en las elecciones del dieciséis de febrero de 1936, Alejandro Vives y Roger, hasta entonces gobernador civil de la provincia, dimitió al día siguiente. Tras la efímera interinidad en el cargo de Álvaro Botella Pérez, el veintiuno del mismo mes, tomó posesión del Gobierno Civil Francisco Valdés Casas.

A Valdés Casas, tras la sublevación militar de julio, el titubeante general García Aldave, comandante de la plaza, y la oficialidad le pidieron que les entregara el mando de la provincia. «El resuelto Valdés se ha negado, claro, a esta forma indirecta de declarar el estado de guerra (...)» escribe José Luis Pitarch («Canalobre», número 7/8, verano-otoño de 1986) quien agrega que el veintitrés de julio, por la mañana, reunió a las autoridades de él dependientes y acordaron que se pusieran fin al acuartelamiento y se detuviera a Aldave, sustituyéndolo por el coronel del regimiento Tarifa, Rodolfo Espá, como así se hizo efectivamente, con la ocupación de los milicianos del cuartel de Benalúa, sin derramamiento de sangre.

Según el Boletín Oficial de la Provincia, de martes, tres de agosto de 1937, y por decreto del diecisiete del anterior mes de julio, cesó al frente del Gobierno Civil Francisco Valdés Casas, y se hizo cargo del mismo el comunista Jesús Monzón Reparaz «lo que originó -y citamos a Juan Martínez Leal- una enérgica protesta de la ejecutiva provincial socialista a la ejecutiva nacional del PSOE».

En su toma de posesión, el nuevo gobernador designado por el gobierno del Frente Popular -era el dos de agosto- manifestó: «(...) cumplo con un grato deber al saludar cordialmente a todos los partidos políticos, sindicales obreras, ciudadanos antifascistas y, en general, a todo el pueblo alicantino amante de España, que quiera ganar la guerra para poder vivir libres y felices; confiando en que todos sin distinción de colorido político ni sindical, me presten sus valiosas ayudas, en beneficio de nuestra causa, de la misma manera que yo ofrezco a todos por igual para cuanto, en el ejercicio de mi autoridad redunde en beneficio del bienestar y libertad de los ciudadanos de esta provincia». Sin embargo, ya de entrada, aquellos propósitos de concordia y colaboración que expresó Jesús Monzón, no prosperaron. Le seguirían al frente de la provincia Ricardo Mella Serrano, Lino Tejada, con carácter interino, y Manuel Rodríguez.

Jesús Monzón Reparaz abandonó Alicante, junto con otros dirigentes y miembros del gobierno de Negrín, en uno de los vuelos que salieron del aeródromo circunstancial de Monóvar, en el definitivo mes de marzo de 1939.

Una real orden de veintiséis de diciembre de 1913, nombraba alcalde de Alicante a Ramón Campos Puig, quien ya había ostentado la presidencia del Ayuntamiento durante el bienio anterior. En marzo de 1914, Ramón Campos fue designado miembro de la comisión gestora para el establecimiento de la Universidad de Murcia, en su condición de alcalde constitucional de nuestra ciudad.

El día veintisiete de los citados mes y año, Ramón Campos escribió a su homólogo murciano: «Autorizada esta alcaldía para designar representación del Ayuntamiento en la reunión a la que se le ha convocado, con objeto de tratar de la creación de una Universidad en esa culta capital, tengo el gusto de manifestarle que, con esta fecha, queda designado representante de este Ayuntamiento, el profesor numerario de escuela Normal de Maestros don José María Arráez Pérez».

El referido profesor, tras recibir la invitación de Ramón Campos, contestó afirmativamente, «agradeciendo la honrosa distinción de que había sido objeto».

Posteriormente, el alcalde murciano escribió al de Alicante: «(…) la comisión gestora para pedir a los poderes públicos la creación de una Universidad en Murcia, saldrá de esta ciudad, para Madrid, el día dos de mayo próximo. Y con el fin de que tenga debido conocimiento, se lo comunico, esperando que, como tal individuo de la comisión gestora y en la representación que ostenta, haga por ir a la Corte y avistarse con nosotros, en la casa del doctor Tomás Maestre, senador del Reino».

Por último, en el expediente consultado y que se conserva en el Archivo Municipal, aparece un escrito correspondiente al dieciocho de mayo del citado año y que dice: «En sesión celebrada por este excelentísimo Ayuntamiento, el día quince de los corrientes, acordó otorgar a VS. un voto de gracias, por la participación que ha tenido y la cooperación que ha prestado tan gustosa e inteligentemente, en las gestiones practicadas por la comisión nombrada al efecto, para el establecimiento de una Universidad en esta capital. Sírveme de satisfacción comunicar a Vs. tan merecido acuerdo.

El alcalde Ramón Campos Puig, en su segundo mandato, también procuró instalar en Alicante la Escuela de Ingenieros que se encontraba en el Escorial. Aquel ambicioso intento no llegó a prosperar.

A principios de septiembre de 1936, el Ayuntamiento de Alicante que aún presidía Lorenzo Carbonell, a instancias del Gobierno Civil, procedió a la incautación de los terrenos en que, «en el lugar llamado Rabasa», la compañía de aviación Latecoere proyectaba la construcción de un aeropuerto, según acta levantada por la comisión designada al efecto, fechada el veintiocho de agosto de aquel año.

Los terrenos incautados se describían como un hexágono irregular, con una superficie de novecientos cincuenta y un mil novecientos treinta metros cuadrados, «de los cuales correspondían ciento veinticuatro mil ochocientos cuarenta y nueve al Tiro Nacional», y el resto a los siguientes propietarios: Antonio Rico, viuda de Aznar, Juan Mela, Ramón Vial, Jesús Bendito, Pedro Sánchez, herederos de Merla, Vicente Laporta, Ramo de Guerra y otros cuyos nombres se desconocen, como así se relacionan en el Boletín Oficial de la Provincia, de nueve de septiembre.

La incautación se producía «por ser necesarios para posibles servicios militares aéreos». Y a través de la citada publicación oficial se notificaba a todos los afectados de aquella medida.

Pocos meses después y cuando ya Rafael Millá ostentaba la presidencia del consejo municipal del Ayuntamiento alicantino, en el mismo Boletín, de fecha nueve de diciembre, se publicó el siguiente edicto: «Por el presente, se hace saber: que por ser necesarios para posibles servicios militares los terrenos que antiguamente ocupaba, en el paraje denominado "Rabasa", la empresa de aviación Latecoere, con fechas veintisiete y veintiocho de agosto, respectivamente, fueron ocupados por este Ayuntamiento los terrenos propiedad del Tiro Nacional y los demás, que, siendo de propiedad particular, estaban comprendidos dentro del perímetro que ocupaba aquella empresa».

«Que posteriormente, y en virtud de petición del Ministerio de la Guerra, y según acuerdo de este consejo municipal, fecha veintiséis de noviembre último, han sido cedidos por esta corporación municipal al ramo del Aire; cuantos derechos pudiera tener sobre los mismos el Ayuntamiento de Alicante». Terrenos sobre los que hoy se asienta afortunadamente parte de nuestro Campus universitario.

Se tomaron severas medidas de orden público. Se recordó que, de acuerdo con la ley electoral, dentro de los correspondientes colegios la autoridad exclusiva era del presidente de la mesa. Se advirtió, a todos los habitantes de la provincia, que se procedería con todo rigor, previos los oportunos cacheos, a la recogida de las armas de los que fueran portadores de ellas, sin licencia.

Las elecciones se iban a celebrar en domingo, de manera que se ordenó el cierre de todos los establecimientos en los que se expidieran, al menudeo, vinos y licores, que permanecieran cerrados, hasta las siete de la tarde. Los tiempos no andaban para muchas fiestas y se percibía la crispación.

Pero no se preocupen. Aquel domingo no era veintiocho de mayo. Aquel domingo era dieciséis de febrero de 1936. Y se enfrentaban, con mucha dureza, las derechas, contra las izquierdas del Frente Popular, en una candidatura en la que figuraban socialistas, comunistas, ugetistas y republicanos. Entonces, no se ventilaban ayuntamientos y autonomías, se ventilaba un inquietante futuro. Recuerden aquellos avisos violentos que se produjeron en la primera semana del referido y tempestuoso mes: el asalto al periódico republicano «El Luchador», hecho del que ya dejamos constancia en esta columna, y las posteriores represalias contra la sede de los falangistas, a quienes se les atribuía el frustrado incendio del diario.

Si en la provincia, los resultados a favor del Frente Popular no fueron muy abultados, en nuestra ciudad las izquierdas barrieron: más del ochenta por ciento de los votos fueron para la candidatura frentepopulista.

De modo que, ante tal enrarecido ambiente, el gobernador civil, a la sazón, Alejandro Vives y Roger publicó un bando enérgico, con objeto de evitar cualquier caso de atropellos y desmanes. Hasta se previno en él la posibilidad de evitar, con la ley en la mano, amenazas, coacciones, promesas o dádivas -compra de votos- que dificultara el libre ejercicio de los electores, así como «todo acto que envolviese la más ligera inducción para el soborno». Alejandro Vives esperaba «de la cordura y sensatez de todos los ciudadanos que las elecciones transcurrieran normalmente, a pesar del apasionamiento que toda lucha ocasiona». Ahora los apasionamientos se resuelven por la televisión. Que así sea, para siempre.

Nada nuevo de Antonio Romaguera, uno de los gobernadores relámpago que estuvieron al frente de la provincia, horas después de concluida la guerra civil. En todo caso, aclarar que su segundo apellido no era Monzó, sino de Monza: Antonio Romaguera de Monza, y no Antonio Romaguera Monzó, como dijimos o escribimos inducidos, por nuestro amable e interesado corresponsal de Caracas, el abogado don Juan Monzó Ortiz. Pero desconocemos aún si ciertamente recibió la «placa de San Fernando», como pregunta el citado corresponsal, así como si documentó al secretario general del partido comunista francés, André Martí, para que pudiera desplazarse a su país, como dice el mismo señor.

De este fugaz gobernador, teniente auditor de Guerra, es el primer bando que se publicó, tras la ocupación de Alicante, por las tropas franquistas al mando del general Saliquet. Dicho bando apareció en el Boletín Oficial de la Provincia, número extraordinario, de fecha domingo, dos de abril de 1939.

En el mismo, se hace saber: «1.º Que en el día de mañana se reintegre la población al trabajo y todo el comercio deberá abrir las puertas a las horas de costumbre. 2.º Todos los funcionarios del Estado, de la provincia y de los ayuntamientos que estuviesen en funciones el 18 de julio de 1936, se reintegrarán a sus destinos en las situaciones que estuviesen en tal fecha, sin perjuicio del expediente a que se les someta. 3.º La única y exclusiva moneda legal en circulación, desde la fecha de liberación, es la nacional, debiendo hacerse toda clase de pagos exclusivamente con ella y únicamente se podrá utilizar la plata por su valor, mientras no se disponga lo contrario. 4.º Los precios de comestibles de todas clases de géneros, jornales, sueldos, etcétera, son los que regían el 18 de julio de 1936. 5.º Los objetos de culto, arte, joyas, etcétera, serán depositados, en Alicante, en el Gobierno Civil y en los pueblos, en el Ayuntamiento respectivo. 6.º El incumplimiento de lo ordenado será sancionado con el máximo rigor». Y el máximo rigor, imagínense. Cualquier cosa.

Lo firma, en el tercer año triunfal, el referido y efímero gobernador Antonio Romaguera de Monza. El Boletín Oficial de la Provincia inició una nueva numeración. Y el primero, corresponde al catorce de abril de aquel año de 1939. Entonces, ya había otro gobernador: Fernando de Guezala Igual.

Lo hemos dicho o insinuado, al menos, en algunas otras ocasiones, Alicante ha tenido, desde principios de siglo y aun antes, una clara vocación de Niza. Niza era un modelo deseado y envidiable. Cuando menos, así lo consideraban las autoridades locales y las fuerzas vivas.

Observen cómo se describe a nuestra ciudad en «La Guía práctica de Alicante y su provincia», de 1908: «(…) De ciudad progresiva y adelantada la acreditan su hermoso y concurrido puerto, sus calles urbanizadas con esmero, sus excelentes edificios, sus simpáticas plazas y paseos, sus tiendas bien surtidas, en muchas de las cuales nada hay que esté fabricado fuera de Alicante, sus hoteles y cafés, y su espacioso y célebre casino, desde cuyos balcones se disfruta de tan hermosa vista. Tal vez en Alicante los monumentos de interés y las riquezas artísticas no son muy numerosas (…) Pero si en la bella ciudad, la Niza de Levante, como puede muy bien llamarse, no son muy numerosos los recuerdos históricos, reúne condiciones inmejorables para la vida moderna, gracias a sus dos características más salientes: actividad y comodidad, cualidades contradictorias en apariencia, pero que son la aspiración de todas las ciudades cultas. El puerto es lo que da a esta población su mayor riqueza, hermosura y celebridad. Puerto de admirables condiciones naturales, gracias a la mole del Benacantil, abrigo seguro de las embarcaciones. Derribados los antiguos muros y construido el hermoso malecón, con sus filas de gallardas palmeras (paseo que ha sido imitado en Almería, Cartagena y Barcelona), el aspecto de esta parte de la ciudad resulta de lo más agradable y pintoresco».

En esta casi idílica descripción de las «Guías Arco» se destacan, de entre los edificios más singulares de la ciudad: la Plaza de Toros, la Estación de MZA, los teatros Principal y Español, el Instituto de segunda enseñanza, el palacio del señor conde de Soto-Ameno, la plaza del Mercado, el Hospital Civil de San Juan de Dios, la fábrica del gas y la de cigarros, «que cuenta con seis mil operarias, y se considera como una de las mejores de España».

Para los autores de esta guía, los alicantinos somos: «activos, fanáticos de la instrucción, enamorados del progreso, francos, hospitalarios, nobles, tolerantes», y lo más curioso: «con un sentimiento industrial intuitivo de la belleza (?)». Entre nuestras actividades fabriles se citan, entre otras, la producción de alpargatas, bebidas gaseosas, cerámica, colchones de muelles, gas, harinas, electricidad, hielo artificial, cervezas, gorras y guitarras. La Niza de Levante, en fin.

A primeras horas de la mañana del día veintiséis de mayo de 1934, hace hoy justamente sesenta y un años, Alicante se estremeció: en la calle de la República, en las Carolinas Bajas, había sucedido una verdadera catástrofe.

Recordamos la explosión de la armería de El Gato, sobre la que se ha escrito y hemos escrito, con abundancia, en este mismo diario, no tanto de la que ocurrió, en la citada fecha, en una pirotecnia clandestina. Quizá, por el mayor plazo de tiempo transcurrido. Quizá porque hasta ahora, apenas si se disponía de documentación debidamente clasificada y ordenada, como ya se conserva en el Archivo Municipal, gracias a la eficiencia de sus funcionarios. Pero la Memoria de aquel hecho, concluida el catorce de septiembre de 1935 y firmada por el entonces alcalde Alfonso M. de Santaolalla (Imprenta García, Castaños, 53, Alicante) nos revela la magnitud de aquella catástrofe que conmocionó a los alicantinos.

En letal Memoria se dice: «(...) Durante los angustiosos instantes que siguieron todo fue confusión y ansiedad. Había estallado un depósito clandestino de pirotecnia, por motivos que todavía se desconocen, y las víctimas de le explosión estaban sepultadas entre las ruinas de varias casas, cuyo rápido derrumbamiento habíalas convertido en montón informe de cascotes, hierros y maderas. Se improvisó el salvamento con la premura que demandaban las circunstancias, y en él rivalizaron abnegadamente los vecinos auxiliados y sustituidos más tarde por el personal de las brigadas de Zapadores-Bomberos, Cruz Roja y obreros municipales. Bien pronto fueron extraídos cinco cadáveres, a costa de inauditos esfuerzos: tres cuerpos mayores y dos niñas. Heridos hubo veintidós. Salvo dos que resultaron con fractura de pierna y que continúan sometidos a tratamiento curativo, los restantes fueron leves, afortunadamente (…). El número de edificios siniestrados ascendió a ciento cuarenta y dos».

Se recibieron de inmediato testimonios de condolencia del presidente de la República, ayuntamientos de Novelda, Elda, Pinoso, Elche, Alcoy, de las entidades deportivas y artísticas Elche C.F., Hércules F.C., Alicante F.C., Villena F.C., Orquesta de Cámara, Orquesta Wagneriana, empresas de cinematógrafos, Agrupación Artística Orcelitana, Orfeón Ilicitano, Popular Coro Calvé, de Elche; Orfeón Alicante, etcétera. El uno de junio, el Ayuntamiento nombró la comisión de Beneficencia y Asistencia Social, para atender a los desvalidos, que abrió una suscripción pública con diez mil pesetas, y gracias a la cual se recogieron sesenta y cuatro mil doscientas ochenta y nueve. Dicha comisión estaba presidida por el alcalde Lorenzo Carbonell y cinco concejales; por el presidente de la Diputación, Agustín Mora Valero; por los de la Cámara de Comercio, Cámara Oficial de la Propiedad Urbana y de la Asociación de la Prensa, Nicolás Lloret Puerto, José Orozco Cremades (vicepresidente) y Álvaro Botella Pérez, respectivamente. Comisión que encabezaría Alfonso M. de Santaolalla Esquerdo, cuando, por entonces como ya hemos escrito aquí, se suspendió gubernativamente el Ayuntamiento y se nombró una comisión gestora.

Las víctimas mortales fueron: Consuelo Cantó Cantó y su hija Consuelo Pastor Cantó; la niña Herminia Sáez Sanchiz; Catalina García Miralles; y el pirotécnico Vicente Jornet Vera. De los edificios afectados, seis fueron arrasados por la fuerte explosión, nueve sufrieron daños importantes y setenta y seis, ligeros desperfectos. Recuperemos así, para nuestra crónica, uno de los más graves y lamentables sucesos de este siglo, en tiempos de paz.

Los impuestos constituyen un arma electoral. Lo estamos viendo frecuentemente en las periódicas confrontaciones de este tipo. En ocasiones, malabarismo y aritmética elemental que no terminan de reconciliarse; en ocasiones, también, tremenda depredación, para las economías débiles que son las más. Antaño, en la Guerra Civil cosa de esa solidaridad que hoy carece de contenido para las mayorías.

El gobernador Jesús Monzón considerando las necesidades de los servicios de asistencia a los refugiados que había en nuestra ciudad, especialmente mujeres y niños, publicó una circular, el seis de enero de 1938 (Boletín Oficial de la Provincia del sábado ocho de enero de aquel año) recordando las obligaciones de «comerciantes, empresas de espectáculos públicos, bares, restaurantes, hoteles, cafés, industrias, funcionarios y demás elementos, que tienen el ineludible deber de contribuir en una labor de solidaridad antifascista, para sostener unos servicios que van en beneficio de quienes sufren las consecuencias de esta lucha cruenta del pueblo español, contra traidores e invasores que quieran someternos al yugo de la tiranía».

Con objeto de evitar confusiones de los impuestos establecidos por el decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de veintiséis de octubre de 1936, con los creados por el Consejo Municipal de nuestra ciudad para atender a las imperiosas necesidades de los refugiados, la circular del gobernador Monzón especificaba estos últimos, independientes de los anteriores, en los siguientes puntos: 1.º Impuesto de diez céntimos sobre consumo individual, por cada diez pesetas o fracción, excepto sobre los artículos de primera necesidad. 2.º Impuesto proporcional al comercio y a la industria, en cuotas semanales, de cinco pesetas con quince céntimos a veinticuatro pesetas con sesenta y cinco céntimos. 3.º Un día de haber al mes de los sueldos de todos los funcionarios del Estado, Provincia y Municipio, y de los empleados de empresas particulares. 4.º Cafés y bares cinco céntimos sobre consumo individual por cada cinco pesetas o fracción; y 5.º Ventas al por mayor, el cero coma veinticinco por ciento sobre el impuesto total de la factura (artículos alimenticios de primera necesidad), mínimo, cero veinticinco pesetas. El uno por ciento sobre el importe total de la factura (en toda clase de artículos), mínimo una peseta».

Los alicantinos, aun en una posición de retaguardia, soportaron no sólo los frecuentes bombardeos de la aviación franquista, sino también los bombardeos de los impuestos. Y aguantó ambos: con refugios, con sobresaltos y con solidaridad de la mejor ley.

El uno de julio de 1937, se constituyó, en nuestra ciudad, la Junta Local de Defensa Pasiva. En su Memoria de julio de 1938, leemos: «(...) El número de refugios construidos actualmente es de cincuenta y cinco, y el total de personas que pueden cobijarse se eleva a 38.140. En siete de estos refugios se están realizando obras de ampliación que permitirán aumentar su capacidad en 2.450 personas. El plan general de refugios que tiene aprobado esta Junta Local proyecta construir treinta y siete más, de los cuales siete están ya en obras muy adelantadas. El total de personas que podrá protegerse en esta clase de defensas ascenderá, una vez terminado el plan, a 108.590 (la población de hecho en Alicante era de 79.562, en 1935, y de 89.198, en 1940, según el Negociado de Estadística de nuestro Ayuntamiento)».

En el mismo documento, se recoge lo siguiente: «(…) La Junta ha decidido fomentar y estimular las iniciativas privadas para la construcción de refugios particulares, facilitándoles los servicios técnicos que precisen en la redacción de proyectos o dirección de obras, y cuantos elementos constructivos sean compatibles con sus disponibilidades económicas (…)». En definitiva, el lema, como se señaló, era: un refugio en cada casa.

Efectivamente, en sesión del Consejo Municipal, celebrada el tres de febrero de 1938, se acordó se añadiera a las ordenanzas municipales las condiciones sobre la construcción de refugios en los edificios de nueva planta, entre las cuales, se encuentra: la obligatoriedad de proveer a las casas de habitación civil o local industrial u otros, cualquiera que fuera su destino de refugios contra bombardeos; la capacidad de los mismos dependía del número de personas que habitasen o trabajasen en el edificio proyectado; y se calculaba de modo que correspondiera un metro cuadrado por cada cuatro personas.

La altura de estos refugios no podía ser menor de dos metros, para los pasos, y de un metro setenta centímetros, en la parte de asientos. Los accesos tenían que ser dos, como mínimo, pero de tal forma que no pudiera penetrar en ningún caso «metralla, cascote, ni el efecto directo del soplo, en el interior del refugio». El techo será tal que pueda soportar, cuando menos, la caída de cascotes, escombros y demás elementos de edificios afectados o derruidos por la explosión, así como también el impacto y explosión de una bomba de doscientos kilos». Todas estas condiciones figuran íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia del sábado, diecinueve de febrero de 1938.

Conocemos ya, porque hemos dado noticia de algunos de sus capítulos, cómo el Ayuntamiento elaboró, a petición de las autoridades competentes, una memoria acerca de la situación del municipio alicantino, poco después de concluida la Guerra Civil.

El veintiséis de agosto de 1993, la «Gaceta de Alicante» -cuyo primer número apareció el martes, veintitrés de mayo de aquel llamado «Año de la victoria»- informaba de que dicha memoria había entrado en el Gobierno Civil, que la había reclamado de oficio. «Abarca la memoria el periodo comprendido entre el dieciocho de julio de 1936 y el treinta de marzo de 1939, fecha de la liberación de la ciudad. Es un avance, lo más aproximado posible, de los cálculos de daños y perjuicios sufridos durante la guerra, en todas las actividades humanas».

En el referido documento se recoge que «Los rojos cometieron -en ese tiempo- ciento treinta y cinco asesinatos en las carreteras y caminos, y ciento veinticinco por fusilamiento en el cementerio, en las prisiones y en los cementerios». Y agrega: «Los daños causados por la aviación al castigar acertadamente los objetivos militares, exigirán un gasto de 4.626.500 pesetas». Se elude aquel bombardeo correspondiente al miércoles, veinticinco de mayo de 1938, sobre un objetivo en absoluto militar, como era el Mercado Central, y que causó -como ya hemos escrito- más de dos centenas de víctimas civiles, mayoritariamente mujeres y niños.

Tras referirse a la agricultura y ganadería, con detalle de las cabezas de ganado caballar y mular, bovino, ovino, caprino y porcino, cuyas cifras resultaban exiguas, el periódico advertía que, con respecto a la industria y al comercio, había que remitirse a otra memoria completísima, redactada por la delegación provincial de la comisión de incorporación industrial y mercantil, donde todo indicaba «la importancia de los quebrantos experimentados».

«El estado económico -del erario municipal- se refleja manifestando que la existencia en caja al treinta de marzo era de pesetas 682.358,10, de las cuales 616.968,48 pertenecían a moneda de curso prohibido (...). El caso resultó tan angustioso que obligó a solicitar un préstamo de un millón de pesetas al Banco de Crédito Local, que anticipó setecientas mil pesetas. Afortunadamente, no llegaron a invertirse». Con respecto a la depuración del personal, en nuestro Ayuntamiento «se consigna que están realizándola varios jueces instructores y que ya es efectiva para cuarenta y cuatro empleados». De esta depuración, nos ocuparemos próximamente.

El seis de agosto de 1912, apareció en algunos periódicos, una carta de don Francisco Albricias, pastor evangélico, a don José Canalejas. Por su interés y por su sinceridad reproducimos algunos párrafos de la misma. Desconocemos, de momento, la respuesta. que recibió del estadista. Albricias, fundador de la escuela Modelo, en Alicante, y el propio Canalejas estuvieron vinculados a nuestra ciudad.

«Tengo -le dice en su escrito- un hijo de veinte años que envié a Suiza para que estudiara la modesta carrera de magisterio, y después de cinco años de estancia allá, he tenido el placer de que regresara al hogar y compartiera conmigo el trabajo en la numerosa escuela evangélica, que tenemos establecida en Alicante. El año que viene mi hijo entra en quintas y aquí está el conflicto».

Francisco Albricias alega en su epístola lo que le había sucedido en Ferrol, a un soldado de Infantería de Marina, que practicaba su misma religión. Y «como evangélico, como español y como padre estudiaba el problema sin lograr solución satisfactoria». «Por lo que se ve, si mi hijo tiene que ser soldado, será conveniente que se prepare a asistir a cuantos cantos religiosos se le ordenen (...), so pena de calabozo y tal vez de presidio, si en alguna ocasión su conciencia no le permite realizar los cultos romanos. ¿Qué aconsejaría S.E., demócrata convencido, el más liberal de los monárquicos de la dinastía borbónica, a un cristiano evangélico, que es muy español y que además es padre?».

«¿Me aconsejaría V.E. que suponiendo a mi hijo tan buen español como cristiano evangélico, debe estar dispuesto a desobedecer a sus jefes, si le ordenan prestar acatamiento a una religión en la que no cree, y que por lo tanto debe prepararse a sufrir meses y aún años de calabozo o presidio?».

«O si finalmente, ante la perspectiva de una patria irremediable por falta de arrestos verdaderamente liberales y progresistas de los partidos monárquicos, debo aconsejar a mi hijo que, en presencia de un sacrificio inútil para la patria y lleno de peligros para él, salga de España, única nación donde los cristianos evangélicos somos considerados como parias, para ir a cualquier rincón del mundo, donde pueda libremente manifestar sus convicciones religiosas».

Carta llena de valor y que, sin duda, debió de colocar a Canalejas en una situación apurada. Así estaban las cosas por aquel entonces. Como ahora con los insumisos o por el estilo.

A lo que se ve, cosas de los partidos monárquicos.

En junio de 1939, se procedió a identificar los cadáveres de los falangistas víctimas «de la feroz borrachera marxista», en el «apogeo de su desenfreno». Durante la noche del veintiuno de aquel mes, se trabajó intensamente en el cementerio de Alicante. Sin duda, a la luz de los focos, la escena decía tener mucho de dantesca. «A la una de la noche -escribe la "Gaceta de Alicante"- todas las cajas mortuorias se hallaban alineadas ante el grupo de nichos en que habían de recibir sepultura, potentemente iluminada la zona en la que se realizaba la operación». Eran en total y de acuerdo con la citada publicación ciento tres cadáveres los que se recuperaron. Y correspondían, según las mismas fuentes, «a los caídos en las luctuosas fechas de doce de septiembre y veintinueve de noviembre de 1936 (…)».

Al día siguiente, se llevó a cabo el entierro. El gobernador civil invitó al comercio a sumarse al duelo, en tanto al Jefatura Provincial de Propaganda indicaba la conveniencia de que la población expresara su condolencia poniendo crespones en ventanas y balcones. Y, claro, «ambas sugerencias tuvieron unánime adhesión, por parte de la población alicantina».

Por fin, se celebró la ceremonia. «Ante la tumba de José Antonio se dispuso el altar, sencillo y severo de ornamentación, figurando a uno de los lados el estandarte negro, bordado en plata, de la centuria "Ramón Laguna"». Cerca, se situaron las autoridades y jerarquías de la Falange. Y a los lados del altar, en dos hileras, «los féretros de los ciento tres mártires, cubiertos de flores», entre ellos, el que fue jefe provincial, José María Maciá.

Al concluir la ceremonia, el nuevo jefe provincial, Luis Castelló, pronunció unas breves palabras: «Te encuentras -dijo frente a la tumba de José Antonio- rodeado por los restos de aquellos camaradas que dieron su vida por España, con el pensamiento puesto en ti (...) Renovamos nuestra solemne promesa de surgir siempre fieles a tus principios y de obediencia ciega a las órdenes del Caudillo». Posteriormente, se procedió al enterramiento.

En este homenaje, siempre de acuerdo con el citado diario, la consigna de la guardia de Falange, en el cementerio fue «Rambla», «la misma que se tuvo el día en que se produjo el glorioso alzamiento nacional».

Por si lo habían olvidado.

Ciudadanos «de orden y de solvencia social», con el propósito de evitar algaradas y revueltas en Alicante, mantuvieron una entrevista con la primera autoridad militar de la provincia, a la que formularon sus deseos de contribuir personalmente al mantenimiento de la seguridad. El general Fernández Moltó, gobernador militar, manifestó su satisfacción por aquel acto de civismo, y lo transmitió a sus superiores, con la propuesta de implantar el Somatén, en Alicante.

«El Tiempo», que dirigía el abogado conservador Manuel Pérez Mirete, dio noticia de la real orden por la cual los poderes públicos accedían a tal solicitud y autorizaban la constitución de un Somatén, «análogo al que existía en Barcelona».

El ministro de la Guerra comunicó al capitán general de la Región, con fecha veintiuno de enero de 1920, la citada real orden: «En atención a las numerosas instancias promovidas bien directamente, bien por conducto de las autoridades militares que las apoyan, por los elementos de orden y respetabilidad de diversas localidades, de importancia, en demanda de autorización para constituirse en Somatenes análogo a los que de tiempo inmemorial vienen funcionando en Cataluña, su majestad el rey «q.D.g», de acuerdo con el Consejo de Ministros ha tenido a bien autorizar a V.E., para implantar la organización del Somatén de los vecinos de representación y respetabilidad».

Por supuesto, había que cumplir determinados requisitos. Por ejemplo, los «individuos que quisieran pertenecer a la organización debían de tener veinticinco años. Tales individuos -por otra parte- podían ser considerados como fuerza armada, siempre que lo estimasen oportuno los capitanes generales, una vez declarado el estado de guerra». Pero, en modo alguno, podían ostentar carácter militar, ni practicar ejercicios de tiro, ni simulacros, ni tampoco usar armas reglamentarias en el Ejército, armas que la autoridad militar determinaría si las conservaban en su poder los interesados o en un edificio o lugar adecuado para su depósito.

El Somatén local (del catalán «som atens», «estamos atentos o vigilantes»), según comunicó al general gobernador Fernández Moltó a la alcaldía, el cuatro de febrero de 1920, «se constituirá tan pronto se reglamenten las instrucciones por las que tenga que regirse». Figúrense qué trago: era como sancionar los grupos paramilitares y la pesadilla.

Llegaban de Madrid y eran sometidos a un minucioso interrogatorio, sospechosos de afrancesamiento, cuando no de presunto espionaje. Fue durante la guerra contra Napoleón (1808-1813). Nuestra ciudad se mantuvo leal a Fernando VII y, consecuentemente, en ningún momento consideró a José I, el famoso Pepe Botella, como rey de España. Alicante sufrió todos los inconvenientes de aquella contienda, sin que en su término se librara batalla alguna de relieve, más que, cuando el dieciséis de enero de 1812, el general Montbrun le disparó varios cañonazos, antes de emprender la marcha hacia Francia. Sin embargo, el temor y la inseguridad, hizo de ella una plaza llena de refugiados civiles y de militares, donde se vivía con mucho agobio y escasos recursos.

En 1809, diversas personas procedentes de Madrid llegaron a nuestra ciudad. Las autoridades les abrieron expediente «para averiguar el tiempo y motivos de su residencia en aquella villa», entonces bajo el gobierno de los franceses. Algunos de estos interesantes documentos, se encuentran depositados en nuestro Archivo Municipal. Es el caso de don Fabio Pascual del Pobil que declara su nombre y que «es natural de Onteniente, de estado soltero, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, teniente de fragata retirado y de veinte y nueve años de edad». Manifiesta en su declaración que nunca reconoció ni juró al rey intruso, ni frecuentó el palacio, ni trató con sujetos sospechosos. Fabio Pascual, siempre al hilo de sus propias palabras, se fugó de Madrid, vestido de paisano, a pie y sin pasaporte, cuando se lo permitió la recuperación de una enfermedad que lo tuvo casi ciego, «según dictamen del cirujano y oculista Ribes», si bien ayudó a su hermano menor José Pascual del Pobil, teniente de artillería, también prisionero a salir subrepticiamente de aquella villa. Llegó a Alicante, el veintiséis de julio de 1809, a las nueve de la noche, «y con el fin de que se le emplease en lo que fuese útil en el real servicio».

Otro de estos expedientes, se refiere a la condesa de Soto-Ameno, también procedente de Madrid, en compañía de doña Manuela Miralles y don Octaviano Obregón, abandonaron la ciudad «sin sospechas del intruso José Napoleón», siguiendo el camino de Valdemoro, pasando a Aranjuez, y al Quintanar de la Orden, «en donde hallándose ya cuasi libres de franceses, sacaron pasaporte (...)». Una peripecia casi de novela.

Estamos en la huerta alicantina, con un calor anticipado y esa sequía que ya viene de lejos y nos intimida los campos y hasta el botijo. Precisamente, estamos curioseando viejos documentos de nuestra historia, fotografías color sepia, fondillón del que embotellaba Leach Giró, cuando apenas caen unas gotas y nos quedamos fugazmente encantados. Estamos Juan Badías, el ingeniero director de Aguas Municipalizadas de Alicante, desde hace treinta y cinco años y hasta el pasado día uno; Arcadio Blasco, el escultor que nos disipa los temores con el barro, en su taller de Mutxamel; y nosotros mismos. Estamos pegándole un repaso a algunos recuerdos compartidos en las aulas del bachillerato, y a la memoria que nos llega de muy atrás, cuando apenas caen unas gotas de una lluvia que, por lo que se ve, tampoco nos corresponde. Que despropósito.

Entonces, Juan Badías nos descubre una crónica de sed y de menguados caudales del manantial de la Casa Blanca; tanto tiempo de todo aquello, y sin embargo, tan actuales. Recorremos entonces el intento de abastecer la ciudad con aguas de Villena transportadas por ferrocarril, las horas que se pasaban los vecinos en las colas de las fuentes públicas para hacerse con un cántaro; y por fin, las aguas de La Alcoraya, que antes vendían los aguadores a domicilio, y que el marqués de Benalúa, José Carlos Aguilera y Aguilera, tras comprarlas a su propietario Francisco Riera y Alted, las canalizó hasta Alicante y colocó fuentes, de acuerdo con el Ayuntamiento, en las plazas de San Francisco, de Quijano y de la Constitución. E inauguraron las instalaciones en mayo de 1881, cuando era alcalde constitucional Carlos Chorro Zaragoza. Dos años más tarde, el marqués vendió los manantiales, las instalaciones y los kioskos-fuentes a la sociedad anónima inglesa «The Alicante Water-Works Limited».

Ya ni siquiera caen esas cuatro gotas, cuando al hilo del artículo que Juan Badías publicó en «Festa 88», comentamos cómo las aguas de La Alcoraya comenzaron a menguar y cómo ya en 1884, Juan Leach Giró propuso al municipio la traída de las aguas de su propiedad, alumbradas en el término de Sax. Aguas que llegarían finalmente a la plaza de la Constitución (actual Portal de Elche), en 1898.

A Juan Badías el comité de empresa le ofrece esta misma noche una cena de homenaje y encuentro. Hemos hablado durante horas de cosas de Alicante y cerramos el palique, por último, sin que nos alcance tan siquiera una apariencia de lluvia, ¿se habrá jubilado también? Por si acaso, nos felicitamos de la caudalosa amistad de Juan y de su cariño a una ciudad de la que no se jubila.

Y para los curiosos. Para todos, en general. Fíjense cuánto escrúpulo a la hora de autorizar determinadas películas, y cómo ya se manejaba la tijera del censor. Había escenas que de ningún modo. Eran escabrosas, inmorales, intolerables. El director general de Seguridad, mandaba sus decisiones a las provincias y las provincias las publicaban en sus respectivos boletines oficiales.

Lean si no algunos números de estos diarios correspondientes a los meses de enero y febrero de 1936, y lo verán. Nosotros lo hemos hecho y destacamos algunos de los motivos por los cuales no se proyectaban íntegros algunos títulos. Es el caso, por ejemplo, de «La bailarina del conjunto» autorizada, pero «suprimiendo una frase que dice: No puedo vender mis hombres dos veces, ni los ingleses harían eso...».

De «Abajo los hombres», dense cuenta de cómo iban las cosas, se silenció «la palabra niñas, cuando refiere el protagonista a que las niñas vayan al salón, y la frase estoy martirizada, por comentar una de ellas que ha tenido treinta novios; y reducir a la mitad la escena en que un marinero va saliendo de los camarotes de las pasajeras, viéndosele perder las energías por el exceso de goce». Qué viril.

En «La mujer del puerto» se mutiló una secuencia muy atrevida: «Cuando un marinero arranca la blusa a una mujer y le deja los pechos al descubierto; otra, desde el momento en que los protagonistas entran en una habitación del piso superior del café, hasta que se sienta en una mesa a tomar unas copas de licor». ¿Qué harían en aquella alcoba? No convenía exacerbar la imaginación de los espectadores. Mejor ponerlos a beber alcohol de salida.

Pues imagínense cómo andaría la buena señora de «Se ha fugado otro preso» que le metieron el tijeretazo porque «se desnuda y se encuentra con el preso fugado, creyendo que es su marido». ¿Además de desnuda la señora estaba cegata, o se buscaba el ligue burlándose hasta del propio censor?

Por supuesto, no sólo se cortaban escenas eróticas. En «De la sartén al fuego», se suprimió una secuencia de condenados a trabajos forzados.

Parece probable que los frustrados espectadores leyeran con más ansiedad los boletines oficiales de la provincia que los subtítulos de las películas. Resultaban, más excitantes, más pornos. Eran un anticipo del destape.

Bajo la amenaza de las fragatas cantonales procedentes de Cartagena, el ministro de la Gobernación, Eleuterio Maisonnave, nombró a Juan Leach Giró alcalde de un Ayuntamiento de excepción. Era a finales de septiembre de 1873 y la República estaba en crisis.

Concretamente, el veintiuno de dicho mes, se celebró sesión instalatoria municipal «para dar posesión al nuevo Ayuntamiento nombrado interinamente (...) Acto seguido se procede al nombramiento de alcalde siendo elegido por aclamación don Juan Leach». En aquella sesión, se acordó dirigir el siguiente telegrama: «El nuevo Ayuntamiento, al constituirse, saluda al ministro de la Gobernación y ofrece al Gobierno todo su apoyo y adhesión, y sacrificar su vida e interés, en defensa de Alicante».

Una vez formada la corporación de emergencia, se celebró seguidamente otra sesión de carácter extraordinario, en la que se acordó «organizar una brigada de bomberos y publicar un edicto para el que quiera ocuparse en los trabajos de fortificación se presente en los puestos donde se ejecutan abonándosele el jornal de diez reales». En tal sesión que se continuó al día siguiente, bajo la presidencia del gobernador civil, Roberto Piñango, se acordó aprobar medidas para mejorar defensa de la plaza y «se nombró una comisión compuesta por los señores Pobil, Mingot, Navarro, Samper y Soto para que entiendan en todo lo relativo al hospital de sangre que se ha de establecer en las monjas Agustinas».

Como ya hemos escrito aquí, las fragatas insurrectas bombardearon la ciudad, durante seis horas, el veintisiete de septiembre. Juan Leach se mantendría al frente del Ayuntamiento, hasta el catorce de febrero de 1874. En tal fecha y de acuerdo con el acta correspondiente a la sesión instalatoria del consistorio, tomó posesión la nueva corporación, presidida por don Miguel Domanski, y en la que Francisco Mingot ocupaba el cargo de primer teniente de alcalde. El catorce de junio del citado año, Mingot accedió a la titularidad de la Alcaldía, cargo que ya venía desempeñando, con carácter accidental desde abril de aquel año.

A pesar de la gestión municipal de los republicanos, en cuanto a la mejora de los servicios públicos, el endeudamiento, tras la desaparición de los impuestos de consumo y su impopular reimplantación, creció hasta límites considerables. En diciembre de 1874, Francisco Mingot y la corporación que presidía presentaron la dimisión. Con la República ya desmantelada desde enero de dicho año, la Restauración borbónica estaba consumada.

Habrá relevo en la Alcaldía el próximo diecisiete, justo dentro de una semana. Ángel Luna se irá a la oposición mientras Luis Díaz Alperi ocupará el sillón presidencial. Previamente, se constituirá el Ayuntamiento, en virtud de las últimas elecciones. Así ha sido siempre, aunque no siempre ha sido así, tan democráticamente. Por ejemplo, en abril de 1922.

El uno de abril de 1922, también se constituyó un nuevo Ayuntamiento en nuestra ciudad. Previamente, el gobernador civil remitió al alcalde el siguiente escrito: «El excelentísimo señor ministro de la Gobernación, con esta misma fecha, me dice por telégrafo lo siguiente: Por real orden de esta fecha veintiocho de marzo, ha sido nombrado alcalde-presidente del excelentísimo Ayuntamiento de esta capital don Pedro Llorca Pérez». Lo que le traslado a VS. para su conocimiento y a fin de que se constituya ese Ayuntamiento en primero de abril próximo. Alicante, treinta y uno de marzo de 1922».

En la sesión correspondiente a la sesión inaugural del día citado, Juan Bueno Sales, el alcalde saliente, manifestó que al posesionarse de su cargo lo hizo con la frente erguida y con la frente erguida iba a salir, despreciando insidias de las que los hombres honrados no debían hacer caso alguno. Seguidamente, declaró terminada la función administrativa del Ayuntamiento que se formó el uno de abril de 1920.

Los nuevos ediles entraron en el salón de sesiones y se procedió a la lectura de la ya transcrita real orden. El nuevo alcalde, tras recibir la vara símbolo de su autoridad, ocupó la presidencia. En nombre de la mayoría liberal, el concejal Povil protestó del nuevo nombramiento por real orden, pero dejó «a salvo la persona del agraciado», a quien saludó y le ofreció su concurso y el de sus compañeros, para cuanto fuera en beneficio de Alicante. En muy parecidos términos, se pronunciaron los ediles García Mallol y Javaloy, en representación de los grupos republicano y reformista, respectivamente. Por su parte, Guardiola expresó su deseo y confianza de que Llorca Pérez fuera el último alcalde designado por real orden, «pues España entera tiene por descontado que cuando se renueven los Ayuntamientos que hoy se están constituyendo, no se les inferirá otra vez el agravio de imponerles su presidente».

Pedro Llorca Pérez agradeció a unos y otros sus palabras y confesó «que no traía programa pues hasta que se recibió su nombramiento ignoraba que fuese a ser alcalde». Lo sustituiría en el cargo, ya por elección de sus compañeros corporativos, Antonio Bono Luque, el ocho de noviembre de 1922.

Tras los sucesos de Teruel y Cuenca, y en vista del carácter que tomaba la guerra civil, la guerra contra los carlistas, el gobernador de la provincia de Alicante le comunicó al alcalde Francisco Mingot que celebrará una sesión municipal extraordinaria.

Alarmados por la gravedad de las circunstancias, acudieron los ediles al Ayuntamiento, aquel día veintidós de julio de 1874, sudorosos por las altas temperaturas y los evidentes temores. El gobernador, que presidió la sesión, les manifestó que, aunque no creía que los carlistas se atrevieran a asaltar la ciudad, era preciso prepararse para la defensa. Según la primera autoridad provincial, podían hacer tan solo tres cosas: recabar del Gobierno que mandaran tropas; armar la Milicia ciudadana de orden de todos los partidos, «excepto los que ya estaban en armas»; y fortificar la población. Personalmente, asumió las tareas correspondientes a los dos primeros puntos. Con respecto al tercero, manifestó que aquel era el objeto de la reunión del cabildo municipal, por cuanto se necesitaban recursos de los que el Ayuntamiento no disponía y que «por lo tanto no quedaba otro arbitrio más que apelar a los contribuyentes, para que facilitasen los fondos necesarios, ya que tanto se interesaba por la cuestión».

Con el apoyo de los ediles Bas y García, se formó una comisión integrada por Andreu, Colomer, Faez, Escalambre Bellido, Ferrer y Pascual del Pobil. Poco después, entró en el salón de sesiones el gobernador militar y dio lectura a un telegrama que acababa de recibir y «por el cual se participaba que la brigada López había alcanzado una brillante victoria sobre las facciones enemigas».

El veinticuatro de septiembre, de nuevo cundió la alarma. El alcalde Mingot reunió a la corporación con carácter de urgencia, para comunicarle que dada la proximidad de los carlistas y del peligro que entrañaba, se hacía necesario adoptar medidas de precaución para el caso de que intentaran atacar Alicante. El cabildo acordó facilitar a las autoridades superiores hombres y materiales y «un bando de llamamiento a las clases jornaleras, para que se presentasen a trabajar por un jornal de ocho reales por hombre y veinte por carro (...)».

Contrariamente a lo que han escrito algunos historiadores e investigadores, el Ayuntamiento presidido por Francisco Mingot, tras la lectura de un telegrama del capitán general de Madrid, participando la proclamación de Alfonso de Borbón y Borbón por rey de España, y «en vistas del cambio político operado en la nación, acordó por unanimidad, presentar la dimisión». Era la sesión extraordinaria del treinta y uno de diciembre de 1874. Como así consta en acta.

Los recuerdo. Con toda seguridad, muchos otros los recordarán igualmente. Eran los cavernícolas, los trogloditas de la posguerra. Vivían en las entrañas del monte Tosal o del Benacantil. Y estaban condenados al desamor, a la miseria y a la persecución. Gentes de aquí y de tantas partes, tan acuciadas, tan dispuestas a lo que les echaran.

«En las laderas del monte Tosal, sobre todo en la recayente al viejo cementerio de San Blas, existen numerosas cuevas ocupadas por gentes de muy modesta condición social y, en su mayoría, forasteros, las cuales se dedican a la mendicidad o al hurto, según informaciones suministradas a esta alcaldía, por los agentes municipales. A estas gentes se les atribuye la desaparición de objetos que había en las sepulturas de la expresada necrópolis donde se han practicado verdaderos saqueos, y también la tala de pinos y destrucción de pabellones del parque Ruiz de Alda. A las familias que habitan cuevas situadas en la parte central del aludido parque, se les ha fijado un plazo para desocuparlas. Son pocas, unas ocho o diez, y han ofrecido cumplirlo. Pero el problema es más complejo, puesto que debe resolverse de común acuerdo con la autoridad gubernativa. Por lo expuesto, me permito rogar a V.E. digne dar órdenes oportunas a la Policía Armada, para que se desalojen todas las cuevas, pasaportando a los interesados hacia sus pueblos respectivos. Los que sean de Alicante serán internados en el Campamento de Observación y Aislamiento establecido en el castillo de Santa Bárbara, una vez hecha la comprobación de que no tienen oficio ni trabajo, y se dedican a implorar la caridad o el merodeo, con grave daño a los intereses públicos». Tal es el contenido de un oficio dirigido por el alcalde de nuestra ciudad al gobernador civil, el once de octubre de 1941.

Previamente, el arquitecto municipal ya había informado, el siete de febrero del citado año, que habían sido demolidas las cuevas desalojadas por la guardia urbana frente a la Fábrica de Tabacos, «existentes al final de la calle de la Concepción y del Paraíso, quedando en pie la que se encuentra al final de la calle de la Fábrica, por resistirse a abandonarla las cuatro familias que en ella habitan, habiendo manifestado, que "aunque quedaran sepultados por los escombros al comenzar a derribarla no la abandonarían"». Era «el no pasarán» de la más absoluta marginación: cincuenta y ocho familias, algunas hasta de once personas, en 1940, en el castillo de San Fernando, según relación del segundo jefe de la guardia urbana; y once, en Santa Bárbara, un año después. El diez de marzo de 1942, el gobernador civil dio la orden a la Policía. Pero, no pasaron. Bastantes años después, muchas de aquellas cuevas aún seguían habitadas.

Los destinos del castillo o fortaleza de Santa Bárbara han sido si no infinitos, sí variopintos. No hace mucho, dejamos constancia en esta columna, documento en mano, cómo sirvió también, en su momento, de depósito de gitanos. Además fue algo así como correccional para jóvenes calaveras y presidió, en varias ocasiones. La última, tras la inmediata posguerra.

En 1942 y desde meses antes, en el castillo de Santa Bárbara se instaló el Campamento de Observación y Aislamiento de mendigos y vagabundos, cuya jefatura ejercía don Manuel Blanco Sánchez. Aunque la verdadera denominación -o una de ellas- de aquel centro era Campo de Concentración y Aislamiento de mendigos, según consta en los impresos relativos a los partes diarios, y que dependía de la Junta Municipal de Beneficencia de Alicante.

En dichos partes se contemplan casillas referentes a libertados, fugados, fallecidos, hospitalizados e ingresados. También los ranchos. La base de la alimentación eran las zanahorias. Escogido uno de estos partes al azar, el correspondiente al uno de febrero de 1942, se puede leer: almuerzo, zanahorias; comida, arroz con patatas; cena, morcillas con naranjas.

Del inventario de «objetos existentes», en las diversas dependencias, citamos, a título de ejemplo, los siguientes datos: en el comedor, había ciento sesenta y nueve platos, ciento noventa y seis vasos de hojalata y doscientas siete cucharas; en el dormitorio de hombres y niños, cuarenta y nueve camas, para los primeros, y veintisiete, para los segundos. Había doce «duchas con sus grifos». En la escuela: seis mapas, una regla, ciento veinte cartillas, sesenta catecismos-historias, doce aritméticas, un crucifijo, un «cuadro con la efigie del Caudillo», un cuadro «con la efigie de José Antonio», además de otros libros y objetos. Y por último, en la cocina, un cazo para repartir comida, dos cubos para llevar agua; dos calderos para repartir comida, y otros dos para hervir la ropa.

En el parte diario que comentamos, se registran: ochenta y tres niños, cuarenta niñas, cincuenta y un hombres, y treinta y tres mujeres. Es decir, un total de doscientos siete internados.

La captura de los menesterosos y particularmente de los menores resultaba estremecedora. Como tantos, hemos sido testigos de más de una. Igualmente estremecedor resulta las solicitudes de familiares para que se devolvieran a su hogar a niños y niñas. Una mujer domiciliada en Villavieja pide que dejen salir a su hija de trece años, ya que «tiene condiciones para darle de comer y atenderla». La documentación, o buena parte de ella, relativa a estos ominosos procedimientos se encuentran en nuestro Archivo Municipal.

El próximo sábado, Ángel Luna González que ha desempeñado la Alcaldía de Alicante, desde el viernes cinco de julio de 1991, cederá el cargo a Luis Díaz Alperi, concejal electo y nuevo alcalde de la ciudad. Es el relevo inexorable, ya en las postrimerías del siglo XX, como lo fue cuando el mismo siglo alboreaba y Alfonso de Sandoval y Bassecourt, barón de Petrés, entregó la vara de mando a José Gadea Pro. Nombres, todos ellos, ya para nuestra crónica.

El diez de julio de 1901, en sesión ordinaria y sin darle apenas aire al asunto, el barón de Petrés presentó un escrito a la corporación municipal en el que, entre otras muchas consideraciones, decía: «Elevado por el Gobierno de su majestad al honroso puesto de alcalde de Alicante, sin otros méritos que mi acendrado cariño a esta ciudad y mi constante anhelo de servirla, declaré, desde el sillón presidencial, mis propósitos y confié a los hechos la demostración de mi conducta y de mis iniciativas. El momento ha llegado, señores concejales, de abandonar un puesto que puse empeño en obtener y del que me alejaré si no completamente satisfecho, que eso sería una jactancia, por lo menos confiado en haber puesto a contribución para su desempeño todas mis potencias y facultades (...)». Y concluía, lapidaria y razonablemente: «La obra de mejoramiento de una ciudad es inacabable, y necesita el trabajo de muchas generaciones».

El diecinueve de los mismos mes y año, también en sesión ordinaria y con la mayor discreción, Zoilo Martínez Blanquer, teniente de alcalde que presidía el acto, dio a conocer al cabildo en pleno dos reales órdenes fechadas el trece de aquel mes de julio: por la primera de ellas, se le admitía a Alfonso de Sandoval, barón de Petrés, «la excusa presentada para continuar desempeñando el cargo de alcalde-presidente el ayuntamiento»; por la segunda, «se nombraba para sustituirlo al concejal don José Gadea Pro, quien fue posesionado por el alcalde accidental don Zoilo Martínez Blanquer».

Luego, Gadea Pro procedió a agradecer a la reina la honra que le dispensaba, «y a los diputados, señores Arroyo y Terol, y al senador Beltrán, por haberlo propuesto para el cargo». José Gadea Pro ya había ostentado la Alcaldía de la ciudad, en julio de 1891. El veintinueve de diciembre de 1893, el que fuera cronista y primer teniente de alcalde, Rafael Viravens, propuso que se dedicase «al anterior alcalde Manuel Gómiz, uno de los paseos construidos a merced a su actividad e iniciativa, y al actual que la calle Luchana, lleve el nombre de avenida del doctor Gadea. Ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad.

Hoy, sábado, 17 de junio de 1995, Luis Díaz Alperi, como resultado de las elecciones municipales y autonómicas, del pasado veintiocho de mayo, ocupará el sillón presidencial del Ayuntamiento y ejercerá el cargo de alcalde de nuestra ciudad, durante los próximos cuatro años.

En circunstancias poco parecidas, llegó a la Alcaldía Alfonso de Rojas y Pascual de Bonanza, pero no por elección democrática, sino por real orden del tres de marzo de 1903. En sesión extraordinaria del dieciséis del mismo mes, su predecesor en el alto empleo, José Gadea Pro, ordenó al secretario que procediera a la lectura de dos oficios procedentes del Gobierno Civil: uno, aceptando su dimisión o excusa, para seguir al frente de la corporación municipal; y el otro, designando al ya citado Alfonso de Rojas.

Como de costumbre, como hará Díaz Alperi, el nuevo alcalde pronunció su discurso escasamente programático, por cierto: confió en los propósitos que lo animaban, en las manifestaciones de la opinión del vecindario y sobre todo, «en las indicaciones de sus dignísimos compañeros de consistorio, cuyo concurso para la buena administración de los intereses municipales esperaba obtener».

Gadea Pro, alcalde saliente, le ofreció su cooperación para el ideal que todos perseguían y que no era otro que el mejoramiento de esta hermosa ciudad «en nombre de los concejales que en la vida pública militaban en el partido liberal». También el edil Campos le aseguró que la minoría demócrata lo apoyaría en todo, haciendo justicia a sus rectas intenciones».

Pérez Bueno, en representación del partido conservador, lo felicitó y manifestó que la corporación municipal, con el valioso concurso de los elementos que la componían y haciendo caso omiso de sus respectivas felicitaciones políticas, colaborarían con un alcalde de las condiciones de carácter y laboriosidad del señor Rojas». Más crítico, Guardiola Ortiz lamentó que la propia corporación no pudiera elegir al alcalde, aunque se felicitó de que la real designación hubiera recaído sobré una persona de tan relevantes dotes.

El uno de enero de 1904, en sesión inaugural, Alfonso de Rojas fue nuevamente designado alcalde, también por real orden de fecha veintiocho de diciembre último. En aquella ocasión de nuevo, recibió los parabienes de los distintos grupos. Todo muy fino, muy correcto, muy civilizado, como, sin duda sucederá, en el relevo de hoy. Se lo contaremos.

Lo tuvo claro el alcalde constitucional don Tomás de España: a un tiro de piedra de la ciudad, el profundo Barranco de las ovejas era un serio obstáculo para la circulación de mercancías, carruajes y gente de a pie. Un obstáculo y un refugio para los salteadores.

Una demostración palpable la tuvo cuando dos grandes carromatos en los que se transportaban otras tantas locomotoras del ferrocarril de Madrid a Aranjuez, se las vieron y se las desearon para superar el considerable desnivel. Y «a pesar del considerable número de mulas por que eran tirados, una de ellas no pudo salir el barranco».

Pero lo peor de todo, el riego más grande lo constituían las riadas. Y de eso, lamentablemente, tenemos pruebas aún muy recientes. De ahí que Tomás de España le dirigiera un oficio al gobernador civil de la provincia que, por aquel entonces, lo era Ramón de Campoamor y Campoosorio; «En el día de ayer -le recuerda en uno de los párrafos-, pudo VS. observar que en algunos puntos de este término, se presentó el tiempo lluvioso y aunque generalmente no fue de grande duración, el agua que cayó por espacio de unos veinte minutos, en el expresado Barranco y en sus vertientes, fue bastante para interceptar el paso, con la avenida que produjo, y aun después de ella, apareció el cauce destruido por la fuerza de las aguas, y el camino formado sobre aquel, intransitable».

En su escrito del dos de agosto de 1850, el alcalde le transmite a la primera autoridad provincial «los continuos clamores de todos los carruajeros y trajinantes, por los trabajos y peligros a que se ven expuestos en aquel difícil y penoso paso (...)». Tomás España insistía en su petición, formulada ya tres meses antes, de que se construyese un puente sobre el Barranco de las Ovejas. Por eso, le pidió a Campoamor que «se sirva exponer estas consideraciones a la superioridad, solicitándole se devuelva por la Dirección de Caminos el plano y presupuesto que le fueron remitidos hace algunos años, de la obra de otro puente, a fin de que, economizándose el tiempo que debiera invertirse en la formación de otro plano y presupuesto, se pueda, desde luego, llevar a efecto aquella y evitarse los continuos e irreparables males que se sienten en todos los conceptos y que van en aumento». Tomás España fue uno de los miembros más destacados de la burguesía progresista alicantina.

En 1928, año inicial de las Hogueras tal y como se conciben, desde entonces, ya se nombró el jurado correspondiente. En el acta de la sesión extraordinaria de la corporación municipal, se establecen los tres primeros premios y se faculta al alcalde, Julio Suárez-Llanos, para designar a los miembros de dicho jurado. Era el dieciocho de junio.

Sin embargo, no está muy clara la cosa. Así, en el «Diario de Alicante» del veintidós, leemos: «El jurado está compuesto por el teniente de alcalde Gaztambide (don Javier) y sus compañeros de Consejo Martínez Pinna y Abenza, quienes han de otorgar los premios para «Les Fogueres», y el asesor artístico del mismo Vicente Bañuls».

Pero, una vez consumada la cremà, es decir, el lunes, veinticinco de junio de aquel año inaugural «El Luchador» nos facilita los siguientes nombres de los integrantes del repetido jurado: ejerció de presidente Javier Gaztambide, y con él, Aureliano Abenza (ambos en representación del Ayuntamiento); «un representante del Círculo de Bellas Artes de Murcia»; Miguel Llopis, por «Alicante Atracción»; Eduardo Irles, por el Ateneo; Emilio Costa y Fermín Botella, por la Asociación de la Prensa; y como asesores, con el escultor Vicente Bañuls, el periodista K-Hito y demás compañeros «que cooperaron en la ardua labor del jurado». Se refiere a Enrique Abellán, redactor-jefe del semanario madrileño «Macaco», al dibujante Roberto Gómez y a Cesáreo del Villar, «Karikato».

No hemos encontrado acta alguna de las deliberaciones y decisiones últimas de este primer jurado de hogueras, y consecuentemente ignoramos los criterios con que emitieron sus votos. Posiblemente, carecían de un sistema de elementos establecidos previamente, como sucedió con jurados posteriores, según el estudio «El jurado de Hogueras de 1929 a 1994», del hasta hace unos días concejal de fiestas, José Antonio Martínez Bernicola, publicado en la revista oficial de Hogueras «Festa'95».

De las apreciaciones apresuradas y posiblemente atinadas, aunque sin valores referenciales, aquel primer jurado otorgó los premios instituidos por el Ayuntamiento, y en el orden que se citan a: «Parada y fonda» de Benalúa, mil pesetas; «Les múltiples presidencies», de la plaza Isabel II, seiscientas; y «El tío Cuc y el Cuquet en globo», de la plaza de Chapí, cuatrocientas. Además, se crearon, por la presidencia de «Les Fogueres de San Chuan» otros tres premios de doscientas cincuenta pesetas cada uno de ellos, que se concedieron a: «El puerto pesquero», de la avenida de Méndez Núñez; «La millor terra del mon», de Alfonso el Sabio; y «El tranvía de Jauja», de la plaza de Alfonso XII. 1928 primer año de Hogueras y primer jurado de Hogueras. A estas horas, el jurado de 1995, baremo en mano, ya andará en cavilaciones y posteriores debates.

Por supuesto, no nos referimos a don Juan Carlos que aunque espiado por los propios servicios del Estado, en una descomunal y paradójica pirueta, ya reina, sino a su abuelo Alfonso XIII, proclamado rey el mismo día de su nacimiento, pero bajo la regencia de su madre doña María Cristina de Habsburgo, hasta que fue declarado mayor de edad, cuando contaba dieciséis años. Es decir, en el 1902.

En Alicante, se supo oficialmente por medio del BOP, correspondiente al veinte de mayo del expresado año. El parte publicado dice que al terminar la regencia a la que fue llamada por la constitución, la reina madre, procuró educar a su hijo en los deberes de su rango y en el amor al servicio de la patria, «por eso -afirma María Cristina- al entregar al rey Alfonso XIII los poderes que en su nombre he ejercido, confío en que los españoles todos, agrupándose en torno suyo, le inspirarán la confianza y la fortaleza necesarias para realizar las esperanzas que en él se cifran». Está firmado en Madrid, el dieciséis de mayo, y dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

Por aquel tiempo, era alcalde de la ciudad José Gadea Pro, y gobernador civil de la provincia, Leopoldo Riu Casanova, aunque ambos ya por pocos meses. Riu Casanova fue relevado, en su cargo por Rafael López de Oyorzábal, el uno de agosto de aquel mismo año. Y éste a su vez por el fugacísimo Ramón Martín Bernal y, finalmente, por Agustín Bullón de la Torre, en las últimas semanas de 1902, y siendo ya presidente del gobierno Francisco Silvela.

De estos citados gobernadores de principios de siglo -les precedieron en el mismo cargo, meses antes, José Álvarez Pérez y Federico Chápuli Cayuela- fue Riu Casanova quien causó mayor impacto en nuestra provincia ya que impulsó, con muy buen tino, las investigaciones en torno a una organización de monederos falsos, hasta lograr su detención. En un bando de dicho gobernador, se advierte el alarmante aumento de «la circulación de moneda ilegítima, especialmente en piezas de cinco pesetas, conocidas con el nombre de duros sevillanos o alicantinos (...)». El cronista oficial de la provincia, Gonzalo Vidal Tur, escribió acerca de este asunto: «(...) y lo que no descubrieron los inspectores de policía, por entonces don José Martínez Pastor y don Rafael Verdú, conocedores de la ciudad, lo descubrió un gobernador forastero, al poco tiempo de su estancia en Alicante».

Cuanto se ha escrito y cuanto hemos escrito, en esta sección, acerca de los llamados y entrañables Mártires de la Libertad, tan olvidados, sin embargo. Mártires de la paciencia, en fin. Y verán por qué.

El propio alcalde, en 1904, reconoció «la deuda sagrada que tiene el pueblo de Alicante: la construcción del monumento que conmemore la fecha del ocho de marzo de 1844 (el fusilamiento de Pantaleón Boné y de sus compañeros, como ya recordarán), en que fueron pasados por las armas muchos desgraciados, en el sitio que, por su memoria, se denomina Paseo de los Mártires».

Alfonso de Rojas, a la sazón, presidente de la corporación municipal, argumentaba que «no mucho después del lamentable suceso, el Ayuntamiento acordó erigir, en dicho paseo, un monumento que perpetuase la memoria de los fusilados y que hiciese aborrecer, a todos los espíritus bien equilibrados, tan grande y fecundo derramamiento de sangre».

Como quiera que el Ayuntamiento se hizo cargo de una suscripción abierta entre el vecindario, para tal fin, «el alcalde, cumpliendo el viejo acuerdo y otros posteriores, pide, para hacerlo, autorización para adoptar cuantas medidas sean necesarias, al objeto de que el día ocho de abril próximo y en la primera plazoleta del Paseo de los Mártires (en la actual Plaza del Mar), se coloque la primera piedra del monumento que recuerde a los desventurados, que en tal sitio fueron víctimas de la fuerza y que patentiza a propios y extraños, el amor que los alicantinos tienen a la libertad». Los anteriores párrafos corresponden a la moción que Alfonso de Rojas presentó en el pleno municipal del dieciséis de marzo del ya mencionado año.

En la siguiente sesión del veintitrés de marzo, el alcalde puso sobre la mesa los oportunos proyecto y presupuesto. Pero el ocho de abril siguiente se hizo la desilusión. «Todo estaba dispuesto para colocar en el día de hoy -afirma el alcalde-, la primera piedra, pero se ha tenido que desistir al comunicar lo siguiente el gobernador civil: «En el día de la fecha, se han presentado a mi autoridad los señores presidente de la Junta de Obras del Puerto, don Guillermo Campos, y el ingeniero director de la misma, don Ramón Montagut, para poner en mi conocimiento que por una real orden del veintitrés de marzo de 1892, cuya copia adjunto, se denegó la autorización solicitada por esa corporación para ejecutar la obra referida». En consecuencia, el gobernador, Juan Tejón, suspendió el acto.

Hubo opiniones de todas clases. Guardiola sugirió que el mausoleo se erigiese frente a la avenida del doctor Gadea, mientras Llorca lamentaba que se desenterrase un documento «contrario a los deseos del pueblo».

El general Suárez-Llanos, titular de la Alcaldía de nuestra ciudad y autor del primer bando sobre nuestras fiestas de San Juan, decidió echar el cerrojo a la medianoche. Aún en aquel entonces, en 1928, la medida resultó impopular, y el diario republicano «El Luchador» salió en defensa de una mayor tolerancia, en beneficio de la población. Decía el referido periódico: «Pedimos que se rectifique la hora. Lo pedimos para todo el verano, porque en lo que se refiere a las fiestas que empiezan mañana, esperamos que el Ayuntamiento de Alicante haga lo que hizo el de Valencia durante las fallas: una gran tolerancia, en el cierre de todos los establecimientos públicos». Reparen en que, en la actualidad, casi es esa la hora en que se abren. Pero, en un principio, a don Julio Suárez-Llanos las doce de la noche le parecía un buen momento para que los clientes de bares y cafés se recogieran en sus casas.

Como ya saben, aquel primer año fogueril, el cartel anunciador de «Les Fogueres de San Chuan» era original de Lorenzo Aguirre y fue premiado por un jurado que integraban los ediles Javier Gaztambide, Vicente Martínez Pinna y Aureliano Abenza, con el asesoramiento del escultor Vicente Bañuls. Jurado que alguna publicación de la época referenció también como el que había en entender en los premios a las hogueras, un total de nueve, que entraban en el concurso.

El cartel de Aguirre, quien fue también el constructor del monumento levantado en la plaza de Isabel II (hoy de Gabriel Miró) recibió toda clase de elogios. «El Luchador» decía del mismo: «Es una cosa magnífica. Tanto el asunto como el dibujo y la nota de color, son admirables. Da además la pauta de lo que deben ser las incipientes fiestas: una manifestación de arte, ligeramente intencionado de sano humorismo (...) Una litografía nítidamente alicantina, "Artes Gráficas", ha interpretado maravillosamente las creaciones pictóricas de Aguirre».

Por su parte, «El tío Cuc» publicaba «los bocetos de todas la fallas o fogueres que se quemarán en la noche de San Juan, llevando cada una su correspondiente explicación en verso valenciano».

La autorización para que se celebrasen aquellas iniciales «Fogueres de San Chuan» la concedió el gobernador civil, don Modesto Jiménez de Bentrosa, el día treinta de mayo de 1928.

El alcalde, a tenor de la instancia presentada por José María Pi, un día antes, realizó la tramitación, con celeridad, y lo puso en manos de la primera autoridad provincial quien accedió a lo solicitado y le dio luz verde. Semanas después, la fiesta era ya una hoguera. Como esta misma noche, volverá a serlo.

Indagando papeles, documentos y periódicos descubrimos un fascinante panorama: el de los románticos cafés alicantinos del pasado siglo y principios del presente. Aquellos establecimientos de los que apenas si quedan memoria tuvieron un peso nada desdeñable ni baladí, en la historia de nuestra ciudad. Y aunque el espacio de que disponemos apenas si da para enumerarlos y describirlos, como hacemos en nuestra «Crónica general de Alicante, siglo XX» sí anticipamos una significativa y -a nuestro juicio- muy fulgurante muestra.

Registramos tales cafés en lugares como la plaza de Entre dos Puertas, luego plaza de San Cristóbal, como ahora, y también plaza de Juan Poveda; en la calle de la Cruz de Malta, «predilectos de los tripulantes de los buques nacionales y extranjeros»; en la plaza de Santa Teresa, luego de Hernán Cortés y hoy plaza Nueva; en el barrio de San Antón; en la plaza del Teatro; y en muchos más sitios.

Nos referimos, como ejemplo sugestivo, al Café de Panderetes, situado al final del paseo de la Reina, hoy Rambla. Panderetes era el apodo de su propietario, José Martínez. Por lo que conocemos, un lugar de conspiradores y aventureros. «Su concurrencia -leemos en «El Luchador»- la componían en su mayoría, individuos afiliados al grupo más exaltado del partido progresista, y por consiguiente, las que formaban la funesta partida de la Capa que tenían sus conciliábulos secretos en la famosa Cova, sita en la partida rural del Babel, huerto llamado del Pato (de tan apasionantes circunstancias, les aseguramos la debida información).

Según los datos que obran en nuestro poder, el Panderetes fue el café más frecuentado entre los años de 1835 a 1856. Allí, según algunos gacetilleros de la época, «recibían los pronunciados y seguidores de Boné, las instrucciones del jefe civil del pronunciamiento don Manuel Carreras y Amérigo». Cuando las tropas de Federico Roncali entraron en la ciudad, el establecimiento fue puesto bajo la más estricta vigilancia, con objeto de detener a algunos de sus más significativos clientes y, en particular a el Panderetes. Pero el Panderetes burló a sus perseguidores y consiguió ponerse a buen recaudo.

Otro de estos Cafés era el Paredes, situado en la esquina que forman Duque de Zaragoza y la Rambla, y en donde hoy -después de ubicarse allí la farmacia de Planelles, se ha instalado de nuevo un establecimiento del ramo-. El Paredes «era el más elegante de los existentes en la ciudad y cenáculo de los periodistas, de los ingenios y de los artistas alicantinos. El goloso placer de la leche merengada y los barquillos rellenos le habían dado justa fama.

La letra que escribieron José Mariano Milego Inglada y Francisco Martínez Yagües, y a la que le puso música el maestro Juan Latorre Baeza, se estrenó el quince de enero de 1902, pero su oficialidad, como himno de Alicante, no se declaró hasta el diez de mayo de 1979.

En sesión municipal ordinaria, el segundo teniente de alcalde y presidente de la comisión informativa de cultura y fiestas, Salvador Forner Muñoz, presentó una moción, junto con todos cuantos la integraban, proponiendo tal reconocimiento. «En todas las épocas y en todos los pueblos ha existido la tendencia de poseer un himno que impresione fuertemente el ánimo y los sentimientos populares (...) El himno es el canto de carácter religioso o patriótico que al popularizarse, alcanza en los pueblos que lo dictaron atributos y honores inseparables de ellos mismos; es una composición poético-musical que con carácter religioso, patriótico o social expresa con solemnidad un sentimiento elevado». Son párrafos del texto de la citada moción.

Se recoge en la misma que los tres hijos preclaros de Alicante, Juan Latorre Baeza, José Mariano Milego Inglada y Francisco Martínez Yagües, «concibieron y ejecutaron un himno, como espontáneo homenaje a esta bella ciudad de Alicante. Este himno, en lengua vernácula y de conceptos fielmente populares se estrenó el quince de enero de 1902. Sin embargo, a pesar de los extraordinarios e inapreciables servicios que la ciudad tiene que agradecer al himno y a sus autores, de su indudable popularidad y del reconocimiento oficial a los méritos del artista que fue de la música y al que el Ayuntamiento le dedicó una calle en el alicantinísimo barrio de San Blas, todavía no ha conseguido alcanzar oficialidad esta obra que con tanto acierto y magistral encanto representa el espíritu y evocación netamente alicantinos».

Finalmente se solicitó la declaración oficial del repetido himno, «con todas las prerrogativas, usos y preeminencias. El pleno lo aprobó por aclamación e hizo suya, en todas sus partes, la moción». El alcalde Lassaletta felicitó a don Pascual y doña Lolita Latorre, hijos del maestro, quienes recibieron el aplauso de los asistentes as acto. El primero de ellos entregó al alcalde original para orquesta y coro, de fecha quince de diciembre de 1901, «todavía no estrenado», con la siguiente dedicatoria de los citados hijos: «Siendo alcalde don José Luis Lassaletta, con letra y firma de nuestro padre, nosotros, Pascual y Lolita, lo entregamos al Ayuntamiento de Alicante en este día, diez de mayo de 1979, día en que se nombró "Himno de Alicante", para que quede siempre a su cuidado».

Según los datos de que disponemos, fue Carlos I quien concedió al municipio alicantino el tratamiento de excelencia, «junto al Toisón de Oro, para la orla de armas de la ciudad, en el año de 1524».

Sin embargo, como afirma Nicasio Camilo Jover en su «Reseña histórica de la ciudad de Alicante», en 1850 nuestro municipio «obtuvo nuevamente un honrosísimo privilegio que había dejado perder, no sabemos por qué causa: aludimos al tratamiento de excelencia, que le fue concedido por real decreto de diecinueve de agosto».

Se equivoca en la fecha el referido cronista, como advertimos en un trabajo publicado hace ya siete años, al fechar dicho decreto el veinte de noviembre de 1850.

En las actas del cabildo extraordinario correspondientes al veintinueve del referido mes, y siendo alcalde constitucional de la ciudad don Tomás España, «se dio cuenta del real decreto del veinte del actual que su majestad la Reina Isabel II (q.D.g.) se ha dignado conceder a esta corporación el tratamiento de excelencia, y habiéndolo sido la misma con especial satisfacción, acordó que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, y en el Alicantino diario de la capital, elevándose a su majestad una respetuosa exposición dándole las gracias por la singular honra que ha dispensado al Ayuntamiento».

Efectivamente en la dicha publicación correspondiente al viernes, seis de diciembre de 1850, número ciento cuarenta y seis, se dice: «El excelentísimo señor ministro de la Gobernación del Reino me transcribe en real orden de veintidós del próximo pasado mes de noviembre el real decreto siguiente: En consideración a las particulares circunstancias que concurren en la muy ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante, capital de la provincia del mismo nombre, vengo en conceder a su Ayuntamiento el tratamiento de excelencia. Dado en Palacio, a veinte de noviembre de 1850. Está rubricado de la real mano. El ministro de la Gobernación del Reino, el conde de San Luis».

Además de las dignidades de Leal y Esforzada, concedidas por Alfonso X, el cronista Viravens utiliza las de Muy Ilustre y Siempre Fiel, otorgadas por Felipe V; llegaría luego la de Heroica, conferida por Alfonso XII, según real decreto que aparece en el BOP, del viernes, diez de junio de 1881. Muy Ilustre, Siempre Fiel y Heroica ciudad de Alicante, con Ayuntamiento de excelencia. Asuntos del pasado, útiles para el protocolo de hoy mismo.

La última sesión corporativa del Ayuntamiento del régimen franquista, «la presidió el ilustrísimo señor alcalde, don Pascual Coloma Sogorb». Apenas duró un minuto. Era el lunes, dieciséis de abril de 1979. Poco antes, se había nombrado Hijos adoptivos de Alicante a los pintores: Eusebio Sempere y José Perezgil, al alcalde pedáneo de la Cañada, José Pastor Huesca, a la institución del padre Fontova y, con carácter póstumo, al doctor Pedro Herrero.

De las elecciones municipales celebradas el día tres de aquel mismo mes de abril, saldrían los veintisiete concejales que constituyeron el primer Ayuntamiento democrático, después de muchos años. Trece de aquellos concejales eran del PSOE; diez, de la UCD; y cuatro del PCE. En sesión extraordinaria del diecinueve y según la ley 39/1978 de diecisiete de junio, se formó la mesa de edad, compuesta por el de más años y el de menos, Luis Berenguer Sos y Tomás Vives Pastor, respectivamente. Actuó de secretario el de la corporación municipal, Juan Orts Serrano. Berenguer Sos pronunció las siguientes palabras: «Estando presentes la mayoría absoluta de los concejales electos de esta corporación, queda constituido el Ayuntamiento de la muy heroica, leal y siempre fiel ciudad de Alicante». De inmediato, cada uno de los nuevos ediles pronunciaron la fórmula solemne, por la cual se jura o promete, por conciencia y honor, la lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado. Prometieron diecinueve de ellos; juraron los ocho restantes.

A continuación, se pasó a la elección de alcalde de entre aquellos que encabezaba las listas: José Luis Lassaletta Cano, por el PSOE; Luis Berenguer Sos, por la UCD; y Salvador Forner Muñoz, por el PCE. De hecho, se conocía ya el resultado: el acuerdo firmado entre socialistas y comunistas, dos días antes no dejaba lugar a dudas. Se votó y el escrutinio se ajustó a la lógica y a la aritmética: Lassaletta, diecisiete votos (los trece socialistas y los cuatro comunistas); Berenguer Sos, los diez de su grupo; y Salvador Forner, ninguno.

Quedó proclamado alcalde-presidente de nuestro Ayuntamiento, por mayoría absoluta, José Luis Lassaletta Cano. Tras preguntarle formalmente si aceptaba dicho cargo, respondió: «Acepto». A renglón seguido, se retiró la mesa de edad y el nuevo alcalde ocupó la presidencia. Luego, pronunció su discurso y se levantó la sesión a las doce horas quince minutos.

Lassaletta estuvo al frente de la Alcaldía durante doce años. El viernes cinco de julio de 1991, lo reveló el también socialista Ángel Luna, elegido en las urnas. El sábado, diecisiete de este mismo mes y tras las elecciones del 28-M, Luis Díaz Alperi, del PP, también por mayoría absoluta, fue proclamado alcalde. Los tres primeros de nuestra joven democracia.

Nadie quería la Alcaldía, ya ven. Por una u otra razón, muchos escurrieron el bulto. Después de la dictadura de Primo de Rivera no estaba el horno para presidencias. Los concejales proclamamos el veinticinco de febrero de 1930, la montaron, al día siguiente, en la constitución del nuevo Ayuntamiento. El gobernador civil que presidía la sesión, decreto en mano, no sabía muy bien qué hacer. Era don Rodolfo Gil Fernández, «ilustre periodista y literato eximio, que honra las letras españolas», según Florentino de Elizaicin España.

Con todo, Marcial Samper Ferrándiz alega que «la gestión que realizarán él y sus amigos será para procurar que pronto haya una redentora república», Manuel López González manifiesta que le resultaba vergonzoso estar sin Constitución. Sólo Elizaicin y Francisco Alberola Such tratan de serenar los ánimos y resaltar la personalidad de Rodolfo Gil. El gobernador se hace por fin, con la palabra, saluda a la ciudad y a la representación alicantina y lo suelta: que el Gobierno no tiene clasificación política determinada, de lo cual es prueba el hecho de que él haya aceptado el cargo que se le ha conferido»; luego, les dice que no tiene parcialidad alguna, ni viene a esta provincia a servir intereses políticos, sino a limitarse al cumplimiento de su deber y al de la ley. Dedica a los ediles afectuosas frases, cede la presidencia al de mayor edad de entre los presentes, Florentino de Elizaicin y sale del salón. Qué follón, pensó quizá el ilustre periodista y eximio literato.

Pero el follón continúa. Hernández Lucas acredita su enfermedad y se esfuma: era el mayor, y según la real orden le correspondía la alcaldía; e siguiente en la lista de alcaldables, expone que no puede desempeñar el cargo de alcalde porque tiene más de setenta y cinco años, y también se esfuma. Oarrichena propone que se eleve al Gobierno la petición de que se reserve al Ayuntamiento el derecho de elegir alcalde y tenientes de alcalde, y así se acuerda por unanimidad. Pero continúa el escándalo: varios concejales aún se escaquean. Por fin, Florentino de Elizaicin acepta el cargo. Y lo acepta -dice- porque considera noble el empeño del Gobierno de normalizar el régimen constitucional, en suspenso durante más de seis años. Y agrega que durante la dictadura se negó a ostentar distintos puestos en la Diputación y en el Ayuntamiento, por entender que no podía colaborar con el régimen que imperaba. Se levantó finalmente una sesión que se reanudaría al día siguiente, con los ánimos más sosegados, aunque con bastantes bajas. Se propuso, por parte del señor López González que se construyese una escalinata en la calle del Socorro. Y el alcalde Elizaicin se comprometió a atender «los legítimos deseos del populoso barrio del Arrabal Roig». De todas formas Florentino de Elizaicin dejaría la alcaldía el veinticuatro de abril de aquel año. Tiempos de mudanza.

O si lo prefieren, presidente de la Diputación Provincial antes que alcalde de la ciudad. Concejal por la UCD, Luis Díaz Alperi, el día veintiséis de abril de 1979, fecha de la constitución de la corporación provincial, fue elegido presidente de la misma, por diecisiete votos, frente a los trece que obtuvo el socialista Francisco de Paula Seva, y en los que se incluía, según los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones políticas, el del único diputado por el Partido Comunista de España, Francisco López Tarruella Martínez.

Previamente se constituyó la mesa de edad, compuesta por José María Navarro Montesinos, del PSOE, y María José García Herrero, de la UCD, el mayor y la más joven de los miembros corporativos. Tras el escrutinio de las papeletas, y como era de esperar, a las doce horas y treinta y cinco minutos de aquel día, Díaz Alperi fue proclamado presidente de la Diputación, en un acto al que asistió el gobernador civil de aquel entonces, José Duato.

Después de tomar posesión de su cargo y tras el juramento del mismo, el nuevo presidente provincial pronunció su discurso de investidura, del que rescatamos algunos fragmentos.

Dijo Luis Díaz Alperi que «cualquier reivindicación o necesidad de los pueblos de nuestra pequeña geografía sería atendida por ellos, con el cariño fraternal y de justicia que nuestro pueblo merece». Matizó, seguidamente, el carácter variado de nuestra provincia: «sus zonas agrícolas e industriales, sus hombres de mar y de la montaña, sus valencianos parlantes y sus castellanos parlantes, que estemos iluminados a la hora de plasmar en la práctica el proceso autonómico que ya se ha iniciado, y que sin caer en aquella egoísta teoría de Monroe, sin decir Alicante para los alicantinos, si prometemos que sean tenidas en cuenta nuestras especiales características, y así que todos los alicantinos puedan sentirse representados por nosotros».

Resumió su intervención con la siguiente frase: «Que el norte de nuestra actividad tenga dos únicos factores: honradez y trabajo». Dieciséis años después, Díaz Alperi ha llegado a la Alcaldía democráticamente, como entonces llegó a la presidencia de la Diputación.

Fraile antes que cocinero. El presidente provincial, por su función, vive más en el retiro de su palacio; el alcalde, como el cocinero, tiene que moverse más entre las perolas de cada día, entre las gentes, con las gentes, en la calle, entre los problemas más urgentes y cotidianos.

Cada bienio, la ciudad cambiaba de alcalde titular. Recientemente, escribimos cómo a Gadea Pro, el dieciséis de marzo de 1903, le sustituyó en el cargo de presidente de la corporación municipal, por real orden, eso sí, Alfonso de Rojas y Pascual de Bonanza. Gadea Pro había dimitido, de forma que, cuando de nuevo hubo que designar alcalde, es decir, el uno de enero de 1904, se designó a quien ya ostentaba el cargo, desde unos meses atrás, esto es el ya citado Alfonso de Rojas.

Tuvo muchos problemas a lo largo de su mandato. De modo que prácticamente el ejercicio de la Alcaldía lo desempeñaba, con harta frecuencia, el teniente de alcalde Luis Pérez Bueno, quien el uno de enero de 1906, manifestó que, en aquel momento, terminaba su misión legal en el Consistorio y propuso seguidamente que ocupara la presidencia el concejal que más votos hubiera obtenido en las recientes elecciones: Rafael Pastor Charques.

En aquella sesión inaugural, el presidente, en cumplimiento de las disposiciones legales, ordenó que se procediera a la lectura de la real orden del Ministerio de la Gobernación, de veintiséis de diciembre de 1905, por la que se nombraba alcalde y presidente de la nueva corporación municipal a Manuel Cortés de Miras, al cual dio posesión de su cargo.

Con las formalidades de rigor, los concejales electos ocuparon sus escaños en la sala capitular, y a renglón seguido, emitieron sus votos para la elección de los ocho tenientes de alcalde y de los dos síndicos.

Finalmente, Manuel Cortés de Miras hizo público su agradecimiento a su majestad, por haberle designado para ocupar tan alto cargo y -como casi todos los alcaldes embarcados en el turnismo de la restauración- manifestó que no abrigaba más propósito que, con la cooperación de los demás concejales y con la opinión dignamente representada por la Prensa alicantina, trabajar por el adelanto y mejoramiento de la hermosa ciudad de Alicante y en pro de los intereses de su vecindario, durante el siguiente bienio.

Liberales y conservadores se pasaban el testigo de la Alcaldía y apelaban a un pueblo que, en una parte muy considerable, preparaba las maletas de la emigración. Por aquí, las oportunidades eran más bien escasas, muy a pesar de los vehementes deseos que las autoridades provinciales y locales expresaban en sus alocuciones. Por ejemplo, un par de años antes, había salarios de sesenta céntimos, y el kilo de pan se pagaba a cuarenta o más céntimos. Los intereses del vecindario eran de mucha miga.

Fue la primera baja de la primera corporación democrática, salida de las urnas el tres de abril de 1979. Fue Francisco López Tarruella Martínez, independiente, del grupo comunista del Ayuntamiento.

En la sesión corporativa del siete de diciembre de aquel mismo año, se conoció el expediente de renuncia formulada por López Tarruella, quien justificaba ésta por razones estrictamente privadas. Por la UCD, Berenguer Sos lamentó su separación, por cuanto «lo adornan grandes condiciones muy cualificadas, tanto políticas como humanas (...) Alicante y el Ayuntamiento pierden un gran concejal, puesto que conocemos su vocación y lo efectivo de su gestión». Salvador Forner, del PCE, manifestó: «En el fondo de esta dimisión pesan razones variadas que están en la mente de todos, las diferencias entre los deseos y metas a alcanzar, y las realidades y expectativas del trabajo diario, las utopías que no pueden alcanzarse, por dificultades de la problemática en sí, y por las relaciones con otros grupos políticos que pesan y encarecen el clima de entendimiento, por lo que no es de extrañar que al presente, puedan suceder otros desencantos (...)». En nombre del grupo comunista, le agradeció su colaboración, «en cuya tarea le alcanzaron metas de acierto y también se tuvieron errores».

El alcalde, José Luis Lassaletta, le agradeció sus siete meses y medio de actividad municipal y expresó su admiración hacia su honestidad y su ética, en el ejercicio de su cargo. «El Ayuntamiento pierde un gran negociador y un mejor interlocutor». López Tarruella, después de agradecer las frases de los diversos ediles, dijo que «la soberanía del pueblo eligió que lo gobernase la izquierda (al Ayuntamiento) y que él, aunque independiente, se integró en el grupo comunista, en aras de lograr la unidad de esa izquierda, y entendía que servía a los votantes, con el afán de suprimir el clima de desengaño e indiferencia».

El veintiuno de aquellos mismos mes y año, en sesión ordinaria, se procedió a la lectura de un documento de la Junta de Zona de Alicante en la que se participaba que «en sesión celebrada por la misma el quince de diciembre de 1979», acordó atribuir la vacante producida por la renuncia «del concejal del Partido Comunista (independiente) don Francisco López Tarruella y Martínez, al siguiente de la lista don José María Perea Soro».

Tras la lectura, Perea Soro entró en la sala capitular, donde prometió el cargo y tomó posesión del mismo. El alcalde le impuso la medalla corporativa.

«Ante todo, he de declarar que yo no vengo a este puesto a título de representante, ni siquiera de afiliado de partido alguno (...). En una palabra que yo no vengo aquí más que a ser, en colaboración con los señores concejales, un fiel administrador de los intereses que nos están encomendados. No tengo proyectos. De todas maneras, en un periodo como este de breve paréntesis, y en las condiciones morales en que yo vengo, toda discreción es poca. No se pueden tener proyecto... No tengo más programa que lo dicho». Y, el nuevo presidente del Ayuntamiento, Gonzalo Mengual Segura, agregó en su discurso de toma de posesión de la Alcaldía: «Oh, libertad, hermosa libertad que te sonrojas, y con razón, al ver nombrado un alcalde de real orden. Triste paradoja la que me hace ver que, para ser libre como alcalde, para poder ser para todo un pueblo y no para servir los intereses de un partido, ha sido preciso ser nombrado por un régimen de excepción (...). Derechas, izquierdas, centro, ¿dónde está aquí eso? Para mí no existe. Yo miro a mi alrededor y sólo veo personas educadas, alicantinos cuya misión en este sitio no es más que una: administrar honradamente. Lo demás, ¿qué importa aquí?».

El veinticuatro de abril de 1930, el gobernador civil Rodolfo Gil, después de agradecer al alcalde saliente, Florentino de Elizaicin, los dos meses que había permanecido al frente de la corporación municipal, ordenó la lectura de la real orden por el que se nombra alcalde a Gonzalo Mengual. Por su parte, los ediles republicanos dijeron «que había de manifestar la petición incumplido el acuerdo unánime del Ayuntamiento de que se le dejara en libertad, que tal solicitud quedaba incontestada».

Tras expresar que, con todo, en la designación del señor Mengual Segura se había acertado, porque «nadie osaba negar sus relevantes dotes», los republicanos, con la venia del gobernador y en señal de protesta, donaron el salón consistorial. Eran: Guardiola Ortiz, Pobil, Ribelles, López González, Oarrichea, Alano y Ramos.

Tiempos de profundos cambios aquellos. Con la dimisión de Miguel Primo de Rivera, en enero de aquel año de 1930, y con Dámaso Berenguer al frente del ejecutivo, el régimen monárquico se tambaleaba. Efectivamente, como dijo el alcalde Gonzalo Mengual, toda discreción era poca y no se podían tener proyectos. La segunda República quedaba a la vuelta de la esquina. Pero antes de las elecciones municipales que llevarían a la Alcaldía a Lorenzo Carbonell, aún la ocupó, por unas semanas, Ricardo P. del Pobil y Chicheri, un veterano del Ayuntamiento.

Mediada la guerra civil, se observó una creciente desaparición de las monedas metálicas divisionarias, en circulación; circunstancia que obligó a tomar medidas excepcionales. Nuestro Consejo Municipal, presidido por Rafael Millá Santos, se reunió en sesión ordinaria, el dieciocho de marzo de 1937, para afrontar aquel asunto ciertamente urgente.

«Es un hecho evidente que propende a degenerar en conflicto la escasez, cada día mayor, de monedas metálicas divisionarias -decía la moción presentada por el ya citado presidente-. No se trata de indagar si ello obedece a un injustificado atesoramiento privado de monedas o simplemente es consecuencia del incremento eventual de la población, en proporción desigual a los medios de cambios, o por las dos causas conjuntamente. Es un problema de Gobierno y se tiene la seguridad de que será el gobierno quien arbitre la solución adecuada y definitiva. Pero, en tanto esta llega, no podemos cruzarnos de brazos, esperando que ocasione serios conflictos, especialmente en los mercados, donde el número de pequeñas transacciones es mayor».

«A dar soluciones, siquiera sea provisionalmente al problema enunciado se encamina esta moción». Seguidamente, se proponía la adopción de varios acuerdos: autorización para emitir certificados de moneda legal en la cuantía de una peseta y de cincuenta céntimos, en cantidad prudencial y que cubriera las necesidades de la población, para lo cual debía de constituirse un depósito en el Banco de España, a nombre de la corporación municipal, y por el importe íntegro de los certificados que se expidieran; certificados firmados por los tres claveros, correlativamente numerados los de cada clase y con las garantías precisas, para evitar la falsificación; tales certificados eran de admisión voluntaria para el público y obligatoria para el Ayuntamiento, en todos los cobros previa identificación de su legitimidad. Por supuesto, los gastos de la emisión correspondía al Consejo Municipal y se daría cuenta del acuerdo al Ministerio de Hacienda, con la expresión del carácter provisional, por si tuviera algo que alegar.

Tras el examen de la referida moción, se leyó un comunicado «de la Gremial de Industria y Comercio de Alicante», pidiendo al Ayuntamiento que tuviera la iniciativa de otros que ya habían emitido billetes de las mismas cuantías, «lo que facilitaría, en gran manera, el cambio dentro de nuestro término». Se aprobó por unanimidad. El diecisiete de junio también de 1937, bajo la presidencia de Santiago Martí Hernández, se acordó también emitir certificados de moneda legal de veinticinco céntimos. En total fueron: 250.000 certificados de una peseta; 500.000 de cincuenta céntimos; y otros tantos de veinticinco céntimos. El depósito se constituyó en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alicante. Era más rentable.

Probablemente, de vivir en aquel entonces Julio Anguita se hubiera encendido frente a Luis Mauricio Chorro, quien para nada quería programas. Luis Mauricio Chorro accedió a la Alcaldía de Alicante, en sesión extraordinaria del veintiséis de marzo de 1907.

Le dio el relevo, su antecesor en el cargo, Cortés de Miras, que en aquella sesión ordenó la lectura de dos comunicaciones gubernativas, en las que constaban su propio cese, y el nombramiento para el concejal Mauricio Chorro, quien entró en el salón acompañado por los ediles Salinas, Granados Rojas, Soler y Mandado. Seguidamente, con las formalidades de rigor, se le entregaron las insignias y ocupó la presidencia.

Se produjeron las escenas de costumbre. Guardiola saludó al nuevo alcalde y al saliente del que aseguró que «dejaba un imperecedero recuerdo, por haber dado cima al deseo del pueblo alicantino de erigir un monumento a los Mártires de la Libertad». Por su parte, Rojas manifestó que en su propio nombre y en el de otros señores concejales que pensaban como él, saludaba afectuosamente al alcalde nombrado por el rey, y le ofreció su más decidido concurso. Igualmente tuvo palabras de elogio para Cortés de Miras, por su gestión tan beneficiosa para el vecindario.

Mauricio Chorro agradeció a su majestad el hecho de haberlo honrado con tan alto empleo, «inmerecido cual es el de alcalde de Alicante, y añadió que como alicantino sentía un amor grande hacia esta población, y ese amor le hará tener fuerzas para desempeñar el difícil puesto, desde el que no quería hacer programas, sino asegurar que todas sus energías y toda su voluntad estaban al servicio de Alicante y de los alicantinos».

Luis Mauricio Chorro, alcalde constitucional, permaneció al frente del Ayuntamiento, hasta el uno de julio de 1909. De acuerdo con el artículo doce de la ley municipal, para la constitución de una nueva corporación, y por real orden del veintiséis de junio último, se designó alcalde-presidente a Ricardo P. de Pobil y Chicheri, que era concejal de nueva elección, como lo eran Pérez Mirete, Santaolalla, Carbonell, Pinedo, Romeu, Gras Miralles, Botí Carbonell y Sánchez Sampelayo. Precisamente con Carbonell se incorporó al Ayuntamiento, como él mismo manifestó aquel día, una misión crítica. Pero la Restauración borbónica aún tenía mucha cuerda.

Tras la insurrección popular de septiembre de 1868 que terminó con el régimen de Isabel II y con su destronamiento, y la disolución de la Untar Revolucionaria constituida en los primeros días del inmediato mes de octubre y que estuvo presidida por Tomás España y Sotelo, se celebraron elecciones para el Ayuntamiento, en diciembre, con el triunfo de los republicanos que lideraba Eleuterio Maisonnave. Maisonnave tomó posesión de la Alcaldía el uno de enero de 1869, aunque, no mucho después, sería elegido diputado a Cortes Constituyentes, y ocuparía la Alcaldía Francisco García López.

El ocho de febrero de aquel año, en sesión ordinaria del consistorio que presidía el ilustre repúblico, «se dio cuenta de una petición suscrita por un gran número de vecinos de esta ciudad solicitando se dirija el Ayuntamiento a las Cortes Constituyentes, por medio de una breve y sentida exposición, reclamando la abolición inmediata de la esclavitud: borrón de España y deshonra de la gloriosa revolución de setiembre. El Ayuntamiento quedó enterado y, por unanimidad, acordó elevar la exposición que se demandaba, tan luego se reúnan las cortes». Se ratificó en la siguiente sesión y se le dio curso de inmediato.

El uno de marzo y bajo la presidencia de García López, los concejales Marín Real Mas y Pons, presentaron una proposición en la que exponían que «estando en sus convicciones políticas de que el ejército español se componga de hombres libres y no de esclavos, como ya lo consignaron las juntas nacidas al calor de la revolución de setiembre, e interpretando el deseo de los electores que identificaos en sus ideas, les habían confiado la representación de sus intereses, en esta municipalidad, y persuadidos de que las Cortes Constituyentes en su alta sabiduría, respondiendo a lo que desea la mayoría de la nación, decretarán la abolición de las quintas, pedían que no se lleve a efecto el alistamiento para el reemplazo de este año, hasta que la Asamblea, en uso de su soberanía, resuelva sobre el particular. Se acordó elevar dicha exposición, poniendo este acuerdo en conocimiento de la Diputación y gobernador de la provincia».

Por cierto que el cinco de marzo de aquel año, la corporación municipal acordó «que en la sala de sesiones se colocara una mesa con recado de escribir para que en ella pudieran tomar sus notas los representantes de la prensa de a capital, consiguiendo así que tuvieran toda la publicidad conveniente las determinaciones del cabildo».

«La Constitución de la monarquía democrática que las Cortes Constituyentes votaron, se promulgó solemnemente el domingo, seis de abril de dicho año», pero la esclavitud se suprimiría sucesivamente en Puerto Rico, en 1873, y en Cuba, en 1878. Cuando, prácticamente, en ningún país europeo se mantenía ya tan infamante situación y tráfico.

Lo dijo el alcalde. Textualmente, dijo: «De antiguo, viene siendo imposible sin déficit los presupuestos municipales, porque siempre exceden los gastos a los ingresos, aunque ambos aparezcan nivelados, pero valiéndose de artificios legales». ¿Cuál era el endeudamiento de entonces? ¿Cuál es el endeudamiento de ahora? El alcalde no tuvo pelos en la lengua y arremetió contra los críticos y descontentos. Estaba harto y manifestó que «era necesario levantar el nivel moral de ciertos conceptos, por virtud de los cuales los alcaldes estaban siempre sometidos a una crítica cruel y arbitraria». ¿También lo han estado en la última década y mitad?

El alcalde se llamaba Luis Pérez Bueno y tenía las cosas algo más claras que algunos de sus predecesores. «El cargo de alcalde abraza el doble carácter de político y administrativo: por el primero, representa al poder central, por el segundo, está encargado de las gestiones de los intereses comunales». Si, en efecto, representaba al poder central, ¿qué pintaba el gobernador civil en aquella época?, ¿qué pinta en la actual?

Luis Pérez Bueno accedió a la Alcaldía, por real orden, el diecisiete de noviembre de 1909. El mismo día que cesó su predecesor Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri, quien había ocupado el alto empleo, igualmente por real orden, el veintiséis de junio de aquel año de 1909. La hora del relevo siempre llega en su momento.

En su despedida, el señor Pascual del Pobil y Chicheri dejó claro que durante su mandato, sólo se había producido el conflicto del gas (del que aquí mismo les informaremos), «y eso -agregó- por causas insuperables. Poco antes de su marcha, el alcalde saliente exhortó a sus compañeros de corporación que acudieran con él a despedir a los soldados que partían a cubrir las bajas del ejército de Melilla. Aquella noche del día diez de noviembre, en el tren de la diez y diez, partían hacia su concierto destino, procedentes del regimiento de la Princesa. Ricardo Pascual del Pobil y Chicheri añadió que para obsequiar a la fuerza expedicionaria había conseguido del director de la Fábrica de Tabacos «un paquete de cigarrillos y dos puros por plaza», además, con cargo a gastos de representación, iba a facilitarles «una peseta a cada uno y dos al cabo, una botella de vino y un bocadillo de jamón».

Rafael Viravens Pastor, autor de una de las más conocidas crónicas de Alicante, falleció el quince de marzo de 1908. Recibió sepultura en una casa de su propiedad, en la calle de Labradores (actualmente restaurada) y en la que disponía de capilla privada y campanario. El once de mayo de 1931, sus restos y los de sus familiares fueron trasladados al cementerio municipal de Nuestra Señora del Remedio.

Rafael Viravens Pastor fue nombrado cronista de la ciudad -el primero que tuvo, con carácter oficial-, el veintiséis de febrero de 1875, en sesión corporativa que presidió don Julián de Ugarte, por ausencia del alcalde titular, don Juan Bonanza Roca de Togores. Entre otros, firmaron el acta correspondiente los marqueses de Escalambre y Benalúa, señores Manuel Escalambre y Bas, y José Carlos de Aguilera y Aguilera, respectivamente, ambos tenientes de alcalde; y el concejal doctor José Soler y Sánchez, farmacéutico y catedrático de Física en el instituto de nuestra ciudad. Un año después apareció su notable «Crónica de la Muy Ilustre y Siempre Fiel ciudad de Alicante». Dicha obra concluye con la muerte de Fernando Vil, el veintinueve de septiembre de 1833 y con las repercusiones de la noticia en la población. «El plan que seguimos en la presente crónica nos obliga a terminar aquí la primera parte de la misma (...)». No escribirá ya la supuesta segunda parte.

En 1886, Viravens solicitó en instancia la dimisión de su cargo «por haber quedado inútil de la vista, según acredita por certificación facultativa». Se le aceptó la dimisión de archivero, que también lo era, pero continuó en el cargo de cronista con carácter honorífico.

El trece de diciembre de 1889, siendo alcalde el liberal Rafael Terol anunció de nuevo a su empleo, ya honorífico, toda vez que había sido elegido concejal por el distrito de San Antón. El uno de enero de 1890 fue instalado en su cargo de concejal electo, junto con Campos Vasallo, Francisco Oriente Jover, José Altamira Moreno, Francisco Mingot Valls y Manuel Gómez Orts, quien relevará en la Alcaldía a Rafael Terol, el veintinueve de diciembre de aquel mismo año. Un año más tarde, Viravens ya era primer teniente de alcalde y presidente de la comisión de Hacienda. En 1893, se despide emocionadamente de la corporación. En 1894, estaba de vocal en la junta de la Liga de Propietarios de Fincas Urbanas de Alicante.

Hasta su muerte, como es norma, mantuvo su condición de cronista municipal. Le sucedería Figueras Pacheco. El entonces alcalde Luis Mauricio Chorro hizo que constara en acta el profundo sentimiento de la corporación.

El jueves, cuatro de junio de 1991, José Luis Lassaletta Cano realizó el último acto oficial, después de doce años al frente de la alcaldía: la inauguración del puente sobre el barranco de las Ovejas, en el camino de La Alcoraya. Lo acompañó el edil Vicente Chavarri, quien también dejaba la corporación municipal.

Al día siguiente, Ángel Luna González tomó posesión del cargo, por voluntad popular, expresada poco antes en las urnas. El secretario general del Ayuntamiento, Lorenzo Plaza Arrimadas, tras dar lectura a la totalidad de los nombres de los nuevos concejales, formó la Mesa de Edad, compuesta por el mayor de todos ellos, el socialista Gabriel Molina, y la más joven Elma Martínez, del Partido Popular. Después de jurar o prometer el cargo y de recibir sus medallas corporativas, procedieron a la elección del alcalde-presidente, entre los cuatro cabezas de lista: Ángel Luna, por el PSOE; Diego Such, por el PP; María Teresa Molares, por EU; y Diego Zapata, por el SCAL. Como se esperaba, cada uno de los citados grupos municipales se votó a sí mismo. Consecuentemente, el escrutinio dio el siguiente resultado: PSOE y PP, doce votos cada uno; EU, dos votos; y uno el SCAL. Por haber sido la del PSOE la lista más votada, el empate se resolvió a favor de dicho partido y de su cabeza de lista, Ángel Luna, quien fue proclamado alcalde de la ciudad de Alicante, a las doce horas y un minuto del citado viernes, cinco de julio de 1991.

Después de prometer el cargo de alcalde, como poco antes lo había hecho con el de concejal, Luna pronunció su discurso. Entre otras cosas, y con una esmerada oratoria, habló de la necesaria participación y de un mayor diálogo. «Diálogo, para respetar las posiciones minoritarias y, desde luego, las mayoritarias, porque por algo son las que más respaldo tienen, entre todos los ciudadanos, y las elecciones así lo demuestran». Tuvo frases de elogio para los funcionarios: «Al final, los recursos económicos vienen a ser un problema técnico. Sin embargo, la actuación de los funcionarios es algo que no se puede sustituir con cosas que se traigan de fuera. A políticos y funcionarios nos debe de preocupar especialmente esa actitud en beneficio de todos los alicantinos». A las doce y treinta y un minutos, el nuevo alcalde levantó una sesión, solemne y sosegada, que había dado comienzo a las once en punto de aquella mañana. Ángel Luna perdió la alcaldía tan democráticamente como la había ganado, tras las recientes elecciones del veintiocho de mayo. Actualmente, está al frente del grupo municipal socialista, en la oposición.

Lassaletta no asistió al acto de investidura. Abandonó el Ayuntamiento poco antes, diversos acontecimientos y unas declaraciones en este mismo periódico, el 30 de junio de aquel año crearon un clima tenso. Pero de todo eso ya hablaremos en su momento.

Desde el punto en que alcanzó la Alcaldía fue su más ferviente empeño: municipalizar el abastecimiento del agua y el alumbrado público. Federico Soto Mollá ocupó la más alta autoridad local, por el mecanismo restauracionista de las reales órdenes. Una de ellas, de veinticuatro de diciembre de 1910; lo puso al frente del Ayuntamiento alicantino.

En tal ocasión, su antecesor en el cargo, Luis Pérez Bueno, antaño conservador y luego liberal demócrata -el transfuguismo político tiene ya su tradición, en nuestro panorama histórico-, dedicó elogios a la inteligencia y laboriosidad del alcalde entrante. En sesión corporativa extraordinaria de veintiséis de aquel año de 1910, en el que José Canalejas y Méndez alcanzó la presidencia del Consejo de Ministros, Pérez Bueno entregó la vara de alcalde, con todas las formalidades del ritual, a Soto Mollá.

Hablaron los representantes de los distintos partidos. Pascual del Pobil en nombre de los concejales «que participan de sus opiniones conservadoras», saluda a Luis Pérez Bueno, y afirma que ha sido un buen amigo y «para Alicante, un probo y recto alcalde». A Federico Soto, le anima en su cometido, ya que de él «se espera mucho en el mejoramiento de la ciudad». Le sigue en el uso de la palabra el edil Rico Cabot, republicano, quien aprovecha el momento para incidir en que «la real orden para designar alcaldes es un agravio a la corporación, por mermar sus facultades», y le recuerda a Soto que es con actos como consolidará la estimación general de que goza. Y Rojas saluda a ambos protagonistas del relevo en la Alcaldía, y promete su colaboración al entrante, en su labor administrativa y económica.

El nuevo alcalde demócrata, Federico Soto, tras destacar que el nombré de Pérez Bueno perdurará en Alicante, «donde ha dejado grandes ejemplos a imitar», expresa sus deseos de situar a Alicante en el lugar que le corresponde en el concierto de las ciudades españolas, y su afán, ajustado a los dictados de la razón, de municipalizar los servicios de abastecimiento de aguas y alumbrado. Anuncia, a continuación, que propondrá al Ayuntamiento el acuerdo de que por el ingeniero don Próspero Lafarga, cuyas condiciones de idoneidad ensalza, se redacte un plan completo de alcantarillado y pavimentado de la ciudad, para lo que procurará por todos los medios, acrecentar el crédito del Ayuntamiento. Asimismo, expresa que se ocupará del proyectado cementerio municipal y de la nueva cárcel». Federico Soto aseguró «que el afecto que el presidente del Consejo de Ministros siente por Alicante facilitará, cuanto sea posible, la concesión de estos ideales».

Acaso ahora, la ciudad está algo más sensibilizada, más receptiva, a los merecidos reconocimientos públicos de cuantos ciertamente trabajan por ella. Pero, aún así, resulta algo tardona, ya lo dijimos, algo menfotista y olvidadiza.

Miren, si no llega a ser por un grupo de alicantinos y de personas vinculadas a Alicante, uno de nuestros más ilustres periodistas de las primeras décadas de este siglo, se nos va discretamente por el desagüe de la miseria y de la desmemoria. Nos referimos a don Antonio Galdó López, fundador de «El Graduador» y decano de los «plumillas» de la ciudad.

Desde Madrid, se lo recordaron al alcalde, Ricardo P. del Pobil y Chicheri, en 1916. «Quien pasea su desgracia por esa población, su patria, un viejo casi olvidado (...) Que tuvo una larga época de florecimiento en la ciudad, en que su pluma era respetada, sus escritos atendidos y en que su voz alzada en mitin convencía y electrizaba, se encuentra en el ocaso de su vida y de su popularidad, sin que los obligados a prestarle ayuda material y moral se acuerden de los beneficios que su laboriosidad, inteligencia y honradez, prestaron al pueblo alicantino».

Sin duda, aquel texto debió de avivar muchas conciencias y la memoria débil de un pueblo que sestea, porque los oportunos mecanismos entraron en funcionamiento. «Los firmantes creen que se debe un homenaje a don Antonio, proporcionándole sustento, mientras conserve un latido su corazón. Entienden que la iniciativa y la organización deben partir del Ayuntamiento. Y suplican comunique a la corporación de su presidencia, para rendirle un homenaje, y se solicita el concurso de la Diputación Provincial, asociaciones políticas, obreras, mercantiles, recreativas, instructivas, escuelas públicas y privadas, Instituto de Segunda Enseñanza, Escuela Superior de Comercio (...)». Los que suscriben la petición «son hijos de Alicante y su provincia, que aunque residentes en Madrid, siguen con gran interés la vida de su inolvidable patria chica».

Y la petición prosperó. ¿Por un acto de reconocimiento y justicia? ¿O por el prestigio de los firmantes de aquella carta? Con el tiempo, Galdó López recibiría los más altos honores de la ciudad: medalla de oro e hijo predilecto de la misma. Los firmantes eran, y quizá omitamos a algunos de ellos: Azorín, Rafael Altamira, Juan Maisonnave, Oscar Esplá, Carlos Arniches, Luis Foglietti, Rafael Álvarez Sereix, Justo Larios de Madrano, Salvador Canals, Francos Rodríguez, Luis Pérez Bueno... Avalistas de excepción para un hombre excepcional. Que si no...

Por fin, se salieron con la suya. En sesión municipal del cinco de diciembre de 1917, una real orden del Ministerio de la Gobernación del veintinueve del mes anterior, declaraba el cese de todos los alcaldes nombrados precisamente por real orden y disponía que se procediera por los propios ayuntamientos a nombrarlos. La noticia no podía ser más gratificante para los partidos antidinásticos. Consecuentemente, el edil republicano Guardiola Ortiz expresó su satisfacción y pidió que constase en acta el agrado con que, la corporación, recibió la determinación del Gobierno. La propuesta se acordó por unanimidad.

En aquella misma sesión, se conoció que el alcalde Manuel Curt Amérigo, en cumplimiento de la dicha real orden, se apresuró a resignar la jurisdicción de la Alcaldía, es decir, entregó su cargo al Consistorio. Así pues, se propuso de inmediato la elección de quien había de sucederle en virtud de la nueva disposición. Con carácter secreto, se efectuó la votación. El subsiguiente escrutinio dio el siguiente resultado: Ricardo P. del Pobil y Chicheri obtuvo diecinueve papeletas y hubo otras dos en blanco. El liberal Del Pobil ocupó la Alcaldía del Ayuntamiento. Las últimas elecciones municipales se habían celebrado muy poco antes: el diecisiete de noviembre de aquel mismo año.

El uno de enero de 1918, se constituyó formalmente el nuevo consistorio: «allí estaban los ediles liberales Alano, Alberola, Albert, Bono, Ferré, Gras, Herrero, Langucha, Llorca, López Ruiz, Mengual, Palazón, Pérez García, Pobil, Sellés, Soler, Tato y Alemany, que preside; Sánchez Sampelayo, Carbonell, Botella, López González, Pérez Molina y Castillo, republicanos; Bas y Bueno, idóneos (fracción conservadora); y Elizaicin y Muños, mauristas (igualmente, otra de las fracciones conservadoras)».

Carbonell expone que si bien carecen de votos suficientes para conseguir la Alcaldía, tomarán parte en la elección, para exigirle al nuevo alcalde que lo sea del pueblo y no de un partido. Y agrega que tienen un programa mínimo: construcción del cementerio municipal, continuación de las obras del nuevo mercado, hasta trasladar el provisional de la Rambla de Méndez Núñez, terminación de la red del alcantarillado, creación de un vivero municipal, etcétera. Tanto el conservador Elizaicin como el republicano Botella manifestaron sus opiniones. Y finalmente, se procedió de nuevo a una elección que estaba clara desde el principio: por veintiséis votos a favor y tres en blanco, Ricardo P. del Pobil salió alcalde, para el bienio 1918-1920.

La I Guerra Mundial provocó en España graves alteraciones sociales y económicas: repatriación de emigrantes, cierre de industrias, desempleo, incremento en los precios de los alimentos de primera necesidad, inflación y hasta miseria. Aquella crisis de subsistencia hizo que los trabajadores, las clases más desfavorecidas, y las centrales UGT y CNT emprendieran campañas para arbitrar soluciones a la conflictiva situación. Y aunque, conforme avanzaba el tiempo, se observaban ciertas mejorías, en enero de 1918, tuvieron lugar en nuestra ciudad, trágicos sucesos que se saldaron con la muerte de tres personas y una huelga general.

A raíz de un bando del entonces alcalde de Alicante, Ricardo P. del Pobil, en cumplimiento de los acuerdos municipales, el sábado, día 19 de dicho mes y año, a primeras horas de la mañana, «familias necesitadas y pudientes acudieron presurosas a buscar el anunciado pan de cuarenta y cinco céntimos, que hasta entonces venía vendiéndose a cincuenta y cinco, y sin pesarse a presencia del comprador». Sin embargo, pocas horas después ya no quedaban existencias para atender la demanda del pueblo. Entonces, cundió la protesta y ante la pasividad de las autoridades, una considerable multitud de mujeres y niños, en su mayoría, tras provocar el cierre de mercados y comercios, se dirigieron hacia la fábrica de tabacos, para que las cigarreras de tradición combativa secundaran aquel movimiento de protesta.

«Fuerzas de la Benemérita y de seguridad -informó "El Luchador", del miércoles, veintitrés, ya que la Policía impidió la inmediata publicación de los hechos- cubrían las principales bocacalles de la ciudad. Bancos, centros oficiales y fábricas hallábanse custodiados por tropas del Regimiento de la Princesa. Los tumultos, pues, y en particular la manifestación iniciada en el mercado no pudo llegar nutrida a las puertas de la fábrica de tabacos (...) La guardia civil montada que allí se encontraba comenzó a maniobrar, y en pocos minutos, hubo carreras, disturbios y protestas violentas».

Cuando los manifestantes se dirigían de la plaza de Santa Teresa a la calle de San Vicente, les cerró el paso un piquete mandado por el teniente Ángel Molina. «Algunos niños y mujeres, presos de la indignación consiguiente, arrojaron fango y algunas piedras, que fueron lo bastante para que, perdiendo la necesaria serenidad y falto de recursos más humanos, al tiempo que ordenaba al corneta un punto de atención, se oyeron tres disparos de arma corta, que partieron de los mentados, según los testigos presenciales». A consecuencia de la intervención de dicho piquete murieron Emilio Espuch Pastor, de diez años, por herida de sable, en la cabeza; Manuel Pastor Jover, de veintitrés años, «por arma de fuego, inferida en la región pectoral»; y Ramón Giner Ronda, de catorce años, «que produjo la mayor indignación, entre los vecinos de aquella barriada». Los sucesos enfrentaron al Ayuntamiento y al gobernador civil. Mañana se lo contamos.

Los graves sucesos que tuvieron lugar en Alicante, en enero de 1918, y que se saldaron con tres muertos, protestas, manifestaciones y huelgas, hizo que la corporación municipal, «recogiendo las aspiraciones populares», celebrase una reunión extraordinaria el domingo día veinte, y en la que se acordó por unanimidad que todos los concejales renunciaran a sus actas si el gobernador civil no presentaba la dimisión de su cargo. Por su parte, el Círculo Unión Mercantil tomó el acuerdo de que el lunes no abrieran sus puertas comercios, despachos ni almacenes.

Aquel lunes, la ausencia de las fuerzas del orden, en las calles, era total. De la de San Fernando, un numeroso grupo de personas se dirigió a las Casas Consistoriales, en donde el alcalde señor Pobil -escribe el periódico «El Luchador», de veintitrés de enero de 1918- «recibió una improvisada comisión, de la que forma parte algunos de nuestros redactores, la cual le pidió demostrase al pueblo de una manera ostensible y clara que el Ayuntamiento estaba de su parte».

«Por ejemplo, concurriendo a una manifestación pública. Accedió el señor Pobil y, seguido de otros concejales, se encaminaron a la calle de San Vicente de donde partió la manifestación que, después de recorrer los lugares en que se realizaron los inhumanos acaecimientos, se dirigió al cementerio. Sin temor a rectificaciones, podemos afirmar que concurrieron más de veinte mil almas». Posteriormente, desde el balcón del palacio municipal, el edil liberal Alberola habló a los manifestantes, así como el republicano Botella, director de «El Luchador»: «quien aseguró que el pueblo sería reivindicado íntegramente y pidiendo se tuviera la cordura necesaria para seguir poseyendo toda la razón y que no se viniera a proporcionar nuevas víctimas inocentes a la iracundia de los defensores del orden (…)».

El gobernador Pantoja se mostró condolido de la sangre derramada -todo por comprar el pan de cada día a precio más económico del habitual- y manifestó el martes, día veintidós de aquel trágico mes, que «había dimitido con carácter irrevocable y se hallaba dispuesto a abandonar el mando de la provincia».

Por su parte, la corporación municipal, en sesión del veinticuatro, acordó que constara en acta el sentimiento por tan tristes sucesos; que se distribuyera el producto de la suscripción abierta entre los familiares de los fallecidos y los heridos; y también el deseo del Ayuntamiento de que se hiciera justicia por la ofensa inferida a Alicante, así como la satisfacción producida por la rapidez con que el gobierno había relevado al gobernador. Por su parte éste señaló que quienes le habían pedido la dimisión, antes le habían exigido que frenase a las turbas. Un asunto oscuro.

El más remoto predecesor del ya presidente de la Diputación Provincial, Julio de España, fue Ramón Novoa. Ramón Novoa la inauguró el dieciocho de enero de 1836, «en el salón de actos de la Casa Consulado (hoy, Audiencia Provincial) y de acuerdo con el real decreto de treinta de noviembre de 1833, por el que se nombraba «la ciudad de Alicante, cabeza de provincia de segundo orden», según escribió el cronista Montero Pérez.

La división de España por provincias data de 1812, en cuya Constitución se recoge tal división territorial. Cuando el trienio liberal, Alicante asumió la capitalidad en 1812 e instaló su Diputación un año más tarde de manera efímera, por cuanto en 1823 fue disuelta por la reacción absolutista. Sólo se volvería a constituir, en la ya citada fecha. Fecha en la que su presidente dijo: «Doce años han transcurrido desde que la Diputación Provincial dejó de representarnos. La inmortal reina gobernadora (se refiere a María Cristina, viuda de Fernando VII y madre de Isabel II) atendiendo con maternal solicitud a las necesidades de los pueblos, ha restablecido una institución que tiene por objeto intervenir en todos los ramos que puedan mejorar su condición social (...)». Tras diversas consideraciones relativas a sus propósitos y competencias, Ramón Novoa concluyó: «De este modo espera la Diputación provincial mejorar las costumbres públicas en la generación actual y dejar a las venideras un recuerdo agradable de sus tareas y sacrificios». Firman el citado Novoa, como presidente, y el secretario Andrés Vicedo, el dieciocho de enero del año 1836.

Sumariamente y aunque ya lo consignamos en esta misma sección, la corporación provincial tuvo sus oficinas e instalaciones en la Rambla, en un edificio que lindaba con el entonces convento de las Capuchinas; después de trasladar sus dependencias interinamente a otro emplazamiento, se desplazó al mismo lugar del Gobierno Civil, casa-palacio de los marqueses de Beniel, en la calle Jorge Juan; para mudarse de nuevo, gobierno y Diputación, a la calle de Gravina; regresó al edificio dicho de Jorge Juan, más tarde; y de allí sucesivamente a la calle de Liorna (López Torregrosa), junto al Teatro Español; otra vez a la Rambla (inmueble que luego sería el hotel Pastor), posteriormente a una propiedad de Manuel Curt Amérigo, en la calle de Villegas; y finalmente, al actual Palacio Provincial.

Desde 1979, han desempeñado la presidencia democráticamente Luis Díaz Alperi, por la UCD; Antonio Fernández Valenzuela, por el PSOE; el también socialista Antonio Mira Perceval; y desde ayer, Julio de España.

Destaca Francisco Moreno Sáez cómo, en 1929, el «Diario de Alicante» lamentaba que hubiese «muchas barriadas de la población, y aun extensos lugares del centro, desasistidos escolarmente», y pedía se creasen escuelas en San Blas, Benalúa, Los Ángeles y Carolinas. «En cambio -señala el citado historiador-, abundaba la enseñanza privada, en su mayoría a cargo de diversas órdenes religiosas, como Maristas, Jesuitas, Salesianos, Franciscanos, Jesús María, Teresianas, etc. (...)». El dato que nos ofrece resulta elocuente y deplorable el índice de analfabetismo era de un cuarenta y tres por ciento. Pero la situación se arrastraba desde mucho tiempo atrás. Así, en 1910, Alicante tenía un total de 22 centros públicos de primera enseñanza, cuando en realidad, y de acuerdo con la ley de Instrucción Pública, de nueve de septiembre de 1857, debía de contar con un conjunto de cuarenta y seis. Una diferencia de veinticuatro.

En sesión ordinaria municipal de finales de junio de dicho año, el correspondiente informe nos dice que existían en nuestra ciudad una escuela de párvulos, diez elementales de niños y una superior, así como una superior de niñas y nueve elementales (...), «además -se recoge en el informe citado- existen escuelas mixtas en las partidas de Los Ángeles, Bacarot, Rebolledo, San Blas y Tángel, y una escuela elemental de niños y otra de niñas, en cada una de las referidas partidas rurales de La Cañada y de Tabarca». El documento habla efectivamente del considerable número de escuelas privadas que había en la ciudad y «que podían relevar al Ayuntamiento, en caso de absoluta necesidad, de crear las escuelas que faltan, para completar el número de las que el Ayuntamiento debe de sostener, pues bastaría instruir el oportuno expediente, para declarar compensables como públicas a muchas de ellas (...), pero en la necesidad de cumplir, hasta cierto límite, las órdenes del gobierno de su majestad, se limita a proponer, por ahora, y mientras el presupuesto municipal no consienta mayor dispendio (?) la creación de tres escuelas elementales de niños y otras tantas de niñas (...)». Tras otras consideraciones acerca de las escuelas rurales, el informe concluye: «En vista de las últimas disposiciones dictadas por el Ministerio de Instrucción Pública, transformando por completo la manera de ser de la enseñanza primaria, cabe suponer que el arreglo escolar de que se trata ha de variar completamente». Era, por entonces alcalde Luis Pérez Bueno y Alicante tenía 55.300 habitantes.

Qué tipo aquel. En nuestro libro «Matar con Mozart y veintinueve atrocidades más», iniciábamos así su probable última peripecia: «El primer disparo le entró por la espalda. El segundo, por detrás de la oreja izquierda. El hombre aún avanzó dos o tres pasos. Luego se detuvo, por unos instantes y cayó de bruces. "El cuerpo se encontraba en posición de cúbito prono, dijeron los forenses". Mediada la tarde de junio de 1925, la policía francesa abatió de dos balazos a un presunto atracador. El cadáver quedó frente al portalón de una ropavejería, en una calle gris, húmeda y solitaria, del sórdido arrabal parisino de Saint-Marceau. Dijeron que se trataba de El Pellicoco, casi de una leyenda».

En «El Luchador» del catorce de junio de 1920, se relata la detención de «un personaje de película», en el Café Español de Barcelona. Era Tomás Cerdán Alenda, alias «El Pellicoco», «natural de Aspe, de veintinueve años de edad, y perteneciente a una acomodada familia de dicho pueblo, la que le dio instrucción adecuada a su situación». Por otras informaciones, sabemos que utilizó también los nombres de Santiago Díaz Morales y Antonio Pastor.

Según el citado periódico, «El chico travieso y de intenciones aviesas, entró de dependiente en la ferretería del señor Mora, de Alicante, al que estafó unas pesetas, por cuyo motivo fue despedido, pagando su familia la cantidad antedicha». No mucho después, «El Pellicoco» mató al policía Luis Pérez Aparici, en el transcurso de una reyerta con un groupier que, para su fortuna, salió ileso. Tomás Cerdán -dice «El Luchador»- fue condenado a cuarenta años de cárcel «por los delitos de asesinato y asesinato frustrado».

Ya cuando le leyeron la sentencia, cínicamente manifestó, dirigiéndose al fiscal: «Tan seguro estuviera usted, como lo estoy yo, de que antes de dos días, me encontraré en la calle». No era una fanfarronada. Aquella misma tarde, se fugaría, cuando iba en un coche celular, con una pareja de la Benemérita, camino de la prisión. Como se fugaría igualmente, años después, en Barcelona, de forma arriesgada: saltó del vehículo, donde lo llevaban esposado, se precipitó en el fondo de un barranco. Lo vieron desplomarse, pero, cuando llegaron al lugar, sólo encontraron un gran charco de sangre. Lo dieron por muerto, aunque nunca encontraron el cadáver. ¿Fue realmente a «El Pellicoco» a quien abatieron en un oscuro arrabal de París? Qué tipo aquel, casi de cine negro, muy negro.

El entrañable cronista José Pastor de la Roca, en su «Historia general de la ciudad y castillo de Alicante», publicada en 1854, se refiere a las vicisitudes y frustrada fuga de Pantaleón Boné y seis de sus compañeros, «denunciados por un miserable espía que les siguió la pista, hasta el término de Relleu (...) Esto produjo un verdadero somatén en la comarca y el alcalde de Relleu dispuso que una porción de paisanos armados emprendiesen la persecución de aquellos desgradados que al parecer llevaban la dirección de Sella (...)». A pie de página, el citado autor nos facilitaba el nombre del mencionado alcalde: Antonio Cerdán, «que acababa de ser nombrado por don Juan Thous, comisionado arbitrario al efecto». A Juan Thous lo califica, más adelante, de «célebre cacique de la Marina».

Pero este caciquismo rural y de rancia memoria habría de institucionalizarse, en el período de la Restauración borbónica, como instrumento de control al servicio de los partidos dinásticos, en turno, el liberal y el conservador, y de los intereses de la oligarquía dominante, en la capital y en la provincia.

Liberales y conservadores ejercían la práctica del caciquismo, en todas nuestras comarcas, manipulando el voto, influyendo notablemente en los resultados electorales e impidiendo el desarrollo de otras opciones políticas. Los periódicos de finales de siglo, y particularmente, del primer cuarto del presente, nos ofrecen una amplia información de este fenómeno social, económico y político. Y si las fuentes hemerográficas son considerables, cada día también lo son las bibliográficas y documentales.

Básicamente, tomamos datos de «Las luchas sociales en la provincia de Alicante (1890-1931)», de Francisco Moreno Sáez, editado por la Unión General de Trabajadores de Alicante, en 1988, y de «Cuneros y caciques», de Salvador Forner y Mariano García, del Patronato Municipal del V Centenario de la Ciudad de Alicante, 1990, así como de la Prensa de la citada época.

Como caciques urbanos, se citan al liberal, tránsfuga de las filas republicanas, canalejista y abogado Rafael Bertrán y Ausó, y como «cacique interpuesto» al antiguo conservador y luego jefe del Partido Liberal, Alfonso de Rojas; también el conservador, de ascendencia igualmente republicana, Juan Poveda García. Fuera de la capital, estaba claro el predominio, en la Vega Baja, de «los trinos»: Trinitario, Vicente y Manuel Ruiz Valarino, liberales; y del conservador marqués de Rafal. En las Marinas, Jorro Miranda, «futuro conde de Altea», canalejista que se pasó al conservadurismo, y los señores de Guadalest, los conservadores Torres Orduña. Un ejemplo esclarecido de tan amplio como nefasto catálogo. ¿Les basta?

Si en diciembre de 1917 se cesó a todos los alcaldes nombrados por real orden («La Gatera» del pasado diecisiete de julio) y se dispuso que las propias corporaciones lo eligieran, la satisfactoria experiencia fue ciertamente pasajera. En sesión inaugural del uno de abril de 1922, el alcalde Juan Bueno Sales que presidió el Ayuntamiento desde el mismo día de dos años atrás, agradeció al Gobierno su nombramiento, y entregó la vara de mando a su sucesor Pedro Llorca Pérez, designado para tal cargo por real orden de veintiocho de marzo último.

Y así, en tanto el alcalde saliente manifestaba que permaneció en su puesto «con la frente erguida y que con la frente erguida iba a salir, despreciando insidias de las que los hombres honrados no pueden hacer caso», el concejal Ricardo P. del Pobil, en nombre de la mayoría liberal, hacía constar la protesta por la designación del titular de la alcaldía, por aquel procedimiento de las reales órdenes que consideraba obsoleto. No obstante afirmó que apoyaría la gestión del señor Llorca Pérez, siempre que ésta fuera laudable, pero que le haría objeto de una tenaz oposición, en caso contrario. Prácticamente, expusieron la misma actitud los ediles García Mallo y Jabaloy Sebastiá, en representación de sus respectivos grupos municipales los republicanos y los reformistas.

En aquella sesión, Lorenzo Carbonell pidió que imperara en el Ayuntamiento la misma confraternización de costumbre y que tanto los concejales que continuaban con el cargo como aquellos que se incorporaban en tal fecha, tuvo por única mira el bien de Alicante. Lorenzo Carbonell se despidió en nombre de la minoría de la Alianza de las Izquierdas que cesaba entonces. El republicano independiente, Guardiola Ortiz, elogió a Carbonell y expresó su consuelo de que la ausencia del mismo en el Ayuntamiento fuera momentánea, ya que estaba convencido de que «el cuerpo electoral lo investiría de nuevo en el cargo en el que cesaba».

Al Consistorio constituido el primero de abril de 1920, presidido por Bueno Sales, le sucedió en aquella sesión inaugural justo dos años después el que encabezaba Pedro Llorca Pérez, quien, como se verá de inmediato, cesar en noviembre de aquel mismo año. En la nueva corporación, entraron como concejales: Luis García Ruiz, Alfredo Javaloy Sebastiá, Rafael Álamo Ramón, Manuel Perales Sánchez, Marcial Samper Ferrándiz, Carlos Ramos Puiza, Enrique Limiñana Sevilla, Rafael Romeu Bonet y Juan Santaolalla Esquerdo.

Nos referimos, en nuestra columna del pasado jueves, veinte del actual, a la Diputación inaugurada en 1836, si bien advertimos entonces que, con anterioridad, es decir, durante el trienio constitucional (1820-1823) ya funcionó tal institución provincial, en Alicante, aunque efímeramente, por las circunstancias políticas y los enfrentamientos armados que tuvieron lugar por aquellos años.

En una de sus crónicas periodísticas, Francisca Montero Pérez, escribe cómo, tras la jura de Fernando VII, de la ley fundamental, el ocho de mayo de 1820, se celebraron elecciones a Cortes. Cortes que abrieron sus sesiones el nueve de julio de dicho año, y que celebraron dos legislaturas ordinarias que concluyeron el treinta de junio del siguiente. Posteriormente, del veinticuatro de septiembre de 1821 al catorce de febrero de 1822, se desarrolló una legislatura de carácter extraordinario.

En aquellas tareas parlamentarias, se decretaron varias importantes leyes que afectaron a nuestra ciudad. Sin duda, la más relevante de ellas, corresponde a la adoptada el cinco de octubre de 1821, «en virtud de la cual se erigió a la ciudad de Alicante, en capital de la provincia de este nombre, en justa consideración a las circunstancias especiales que reunía y a ser de importancia como plaza mercantil, se le concedía el derecho de enviar a las Cortes cuatro diputados, y también la categoría de segundo orden, que gozó nuestra ciudad, hasta octubre de 1823. Es decir, hasta que Fernando VII fue de nuevo declarado rey absoluto, y mandó que todas las cosas volvieran al estado que tenían en marzo de 1820.

Durante el dicho periodo constitucional y a raíz de tales disposiciones legislativas, «fue nombrado jefe político (predecesor del cargo de gobernador civil) don Francisco Fernández Golfín; se hizo la división territorial, se nombró la Diputación Provincial; y Alicante dejó de depender de Valencia en el orden civil». Fernández Golfín, por sus ideas liberales, estuvo preso en el Castillo de San Fernando de 1814 a 1820, según Montero Pérez. Fue el primer jefe político que tuvo la provincia de Alicante.

En la referida legislatura extraordinaria, se suprimió de España la orden de San Juan de Dios, a cuyo cuidado estaba en nuestra ciudad el hospital situado por aquel tiempo en las calles de Montengón y San Nicolás, y se determinó que no pudiera haber, en cada lugar, más de un convento de una misma orden, lo que provocó que en Alicante se suprimieran las comunidades de San Agustín Dominicos y Capuchinos, cuyos religiosos se trasladaron a los conventos que sus respectivas órdenes tenían en Orihuela, Monóvar y Villajoyosa.

Todo empezó en los últimos días de marzo y en los primeros de abril. La guerra que enfrentó a españoles con españoles terminó en el puerto de Alicante. En el puerto de Alicante, naufragó la República, en 1939. En el puerto de Alicante, un número indeterminado de personas, que oscila entre las dos mil y las veinticinco mil o más, según los diversos testimonios y fuentes consultados. La mayoría eran hombres, pero también se registra una cifra importante de mujeres y niños. A nuestros muelles, habían llegado, para embarcarse hacia el exilio. Algunos lo consiguieron, pero un elevado porcentaje de aquellos refugiados, de aquellos que confiaban en la evacuación marítima fueron a parar a campos de concentración improvisados, a cárceles y a locales -cines, especialmente- habilitados provisionalmente como tales, bajo la amenaza de las bayonetas italianas y del inmediato relevo de las tropas franquistas. En nuestro libro, «La lucha por la democracia, en Alicante» (Ed. Casa de Campo, Madrid, 1978), ofrecemos diversos testimonios de algunos protagonistas de aquellas páginas -que deseamos irrepetibles- de nuestra próxima historia. Por fortuna, abunda ya la bibliografía y una documentación igualmente solventes.

En el número 31/32 de «Canelobre», de muy reciente aparición, se aportaba nuevos datos y los planos del «Campo de Albatera», procedentes del Archivo Histórico Nacional de Salamanca. En uno de los estudios, «De cárceles y campos de concentración», Juan Martínez Leal y Miguel Ors Montenegro, realizado con rigor y con la necesaria objetividad, se nos informa cumplidamente de los distintos lugares a donde se distribuyó sucesivamente a toda una multitud de republicanos-socialistas, comunistas, anarquistas, rojos, en fin, procedentes de muchos puntos de España. El ya citado «Campo de Albatera», castillo de Santa Bárbara, el Reformatorio de Adultos, Cárcel Provincial, algunos locales de espectáculos, la Plaza de Toros y el efímero y desolado «Campo de los Almendros», «que estaba situado entre La Goteta y Vistahermosa», y que fue inmortalizado por Max Aub, en su libro del mismo título, aunque Max Aub no se encontraba allí -según nos confirmaron, en su momento la hija y el yerno del escritor, Elena Aub y Federico Álvarez-, sino en donde se había desplazado tras rodar una película con Andre Malrraux.

Acerca de estas peripecias transcribimos en la referida obra las versiones de Miguel Signes, Paco Aracil Aldeguer, Antonio Rico, Paco Hellín, Ángel Rodríguez, Tuñón de Lara, y tantos y tantos otros. Por fortuna, el tiempo implacable no sólo sosiega los ánimos, sino que va poniendo las cosas en el justo lugar que les corresponde.

Se inauguró, después de muchas vicisitudes, el domingo, doce de noviembre de 1922, con motivo de la presencia en nuestra ciudad de la viuda e hijos de José Canalejas. El lunes siguiente, «El Luchador» escribía, en uno de sus párrafos: «A las cuatro, subieron a la tribuna levantada, junto al soberbio edificio, los invitados a la ceremonia. El señor Guardiola Ortiz, presidente del consejo de administración de la Caja de Ahorros, hizo entrega al Ayuntamiento del Mercado, por dicha entidad terminado, y pronunció un elocuente discurso expresando la significación del acto. Pronunció el señor Bono (recién nombrado alcalde) otro discurso. También habló el señor Francos Rodríguez. El hijo del señor Canalejas cortó el simbólico cordón que cerraba el paso y se dio acceso al Mercado, disparándose bombas y bengalas. La señora marquesa de Otero y su hija recibieron sendos ramilletes, ofrecidos por las vendedoras de la nueva plaza de abastos».

Ya en sesión del cuatro de aquel mes, el concejal Del Pobil, bajo la presidencia del aún alcalde constitucional Pedro Llorca Pérez, propuso a la corporación municipal la inauguración del Mercado Central, en la fecha citada, «a fin de que presida tal acto la señora duquesa de Canalejas». En la siguiente sesión plenaria, del ocho del mismo mes de noviembre, se leyó una notificación de José Carreras Santandreu, en la que manifestaba que «a punto de llegar a su término las obras de construcción del nuevo Mercado, puede inaugurarse en cuando el Ayuntamiento lo disponga». Al hilo de las palabras del director gerente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alicante, Ricardo P. del Pobil, insistió en que el acto se celebrara el domingo, doce de aquel mes, «invitando a la duquesa de Canalejas y a sus ilustres hijos, como recuerdo bien merecido para la memoria del estadista insigne don José Canalejas, que, con su majestad, vino a Alicante, hace diez años, a colocar la primera piedra de esa magnífica plaza de abastos». El Ayuntamiento así lo acordó.

En la misma sesión, sin ninguna ceremonia especial, tuvo lugar un relevo en la Alcaldía. Por real orden del seis de aquel noviembre, cesó Pedro Llorca Pérez, y, previamente autorizado para ello, el Ayuntamiento procedió a la elección de quien había de sustituirle. El escrutinio de las votaciones dio el siguiente resultado: Antonio Bono Luque, veinticuatro papeletas; Juan Santaolalla Esquerdo, cinco; en blanco, una. Bono Luque recordó que hacía poco menos de dos años, fue cesado en el mismo cargo por una Real orden y que volvía a la Alcaldía por otra, que le permitía obtener los votos de sus compañeros «única forma, dadas sus firmes condiciones, para aceptar tal puesto».

Cuando en septiembre de 1923 Primo de Rivera tomó el poder, el Directorio que presidía se apresuró, entre otras medidas propias de un régimen dictatorial, a cesar en sus cargos a todos los concejales, a quienes sustituyó, por personas de confianza; así como a someter a la prensa a la censura previa. En Alicante, como ya hemos escrito en otras varias ocasiones, el general Cristino Bermúdez de Castro se hizo cargo no sólo del gobierno militar, sino también del civil. El golpe de estado de Primo de Rivera fue recibido con entusiasmo por un amplio sector de la sociedad alicantina -las clases más privilegiadas- y por los diarios conservadores.

Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de veintidós de septiembre de dicho año, donde se recogían las disposiciones referentes a los ayuntamientos, el alcalde Antonio Bono Luque declaró que «ante el actual régimen, él y la mayoría liberal de la que formaba parte, presentarían la dimisión de sus cargos concejiles». En sesión municipal extraordinaria, de uno de octubre, Bono Luque reiteró su actitud «ante la superior autoridad». Y también lo hicieron, como se había convenido el veintiocho de septiembre pasado «y para facilitar la obra que ha acometido el Gobierno, uno de cuyos deseos es renovar las corporaciones administrativas», Santaolalla, por la minoría de la Alianza de las Izquierdas; Bueno Sales, en nombre de la minoría conservadora; Guardiola Ortiz, aunque, según dijo, «nadie le había invitado a presentar la dimisión»; y Sevila, quien manifestó que el Partido Social Popular alicantino se había adherido al Directorio Militar, con todo entusiasmo».

Aquel primero de octubre, la superior autoridad admitió tales dimisiones y dispuso que los concejales continuaran en sus puestos, hasta que fueran elevados por los sustitutos, designados con carácter interino, por el general Bermúdez de Castro. En la sesión, presidida por Francisco Albert López, coronel jefe de la Zona de Reclutamiento de Alicante, tomaron posesión de sus cargos los nuevos ediles -treinta y cinco, en total-, después de escuchar las disposiciones del presidente del Directorio y el real decreto de últimos de septiembre sobre disolución del Ayuntamiento. Seguidamente, se procedió a la votación del nuevo alcalde. Los resultados fueron: Miguel de Elizaicin y España, veintidós; Federico Leach Laussat, uno; y Lorenzo Carbonell Santacruz, uno. Hubo tres papeletas en blanco.

En su discurso de investidura el nuevo alcalde expresó sus deseos de erradicar corruptelas y caciquismo, y concluyó: «Alicantinos, queridos hermanos. ¡Viva Alicante!». Empezaba la era de Primo de Rivera.

«El enigma que hoy mueve nuestra pluma y desplega nuestra actividad, para indagar, averiguar y hacer cuantos trabajos podamos, con el fin de que este horrendo crimen no quede en la impunidad y sean castigados los malvados que lo cometieron y la Justicia brille y resplandezca, como es debido». El párrafo citado, aunque lo pudiera parecer, no se refiere al caso Lasa y Zabala, sino al hallazgo de un cadáver, en las proximidades de Busot. Un trágico precedente, aunque duplicado, de lo sucedido más próximamente, en el tiempo, en aquel término municipal.

«Ese leñador muerto a hachazos, en la soledad de un campo, con el cráneo destrozado, a quien sus asesinos asestaron diecisiete golpes con sus armas, es el motivo que hoy mueve nuestra pluma (…)». Los periodistas de entonces como los de ahora, informaron a la opinión pública de un tremendo suceso que conmocionó a los vecinos de Busot y a toda la sociedad. En junio de 1920, «El detective de la Linterna», desde las páginas de «El Luchador» prestó al caso una esmerada atención, desde el punto en que se produjo el macabro descubrimiento, en el Pla del Espino, por dos segadores, según el citado diario.

Al día siguiente, el juez de Instrucción José Estrada García dispuso la práctica de la autopsia que despejó cualquier otra hipótesis que no fuera la del homicidio. El cadáver correspondía a José Pérez Sánchez, de cuarenta años de edad, casado y con dos hijos, vecino de San Juan y traficante en leña. Además de las heridas cortantes que le desfiguraron la cabeza y el rostro, «aparecía cortada de raíz una oreja».

«De la víctima tenemos ya antecedentes inmejorables. Sabemos que por su honradez y hombría de bien, era querido de cuantos lo trataban, y aquí en Alicante también se le conocía y apreciaba, pues la leña que compraba en Busot era vendida en las cerámicas de la capital, por cuyo motivo eran frecuentes sus viajes».

Aquel crimen no quedó impune. Finalmente, se detuvo a los presuntos asesinos. Por supuesto, el móvil no era de naturaleza política ni un acto terrorista, sino económica. No se habló para nada de cal viva. Todo había sido más rural, menos refinado, pero tan espeluznante, así lo calificaba «El detective de la Linterna», o casi tanto, como lo de Lasa y Zabala. Ocurrió también en Busot. Hace setenta y cinco años.

Al exaltado patriotismo oficial que proponía la continuación de la guerra contra los rifeños, se opusieron amplios sectores sociales y obreros, día a día, con la conciencia más clara de la significación de aquella contienda, donde tantos jóvenes soldados se estaban dejando la vida, muchos de ellos procedentes del Regimiento de la Princesa de Alicante. El desastre de Annual colmó toda medida. Había que depurar muchas responsabilidades que incumbían a relevantes políticos y militares. Tanto el general Picasso como Indalecio Prieto, en el Parlamento, denunciaron el formidable desastre, cuyas implicaciones llegaban muy arriba.

Para protestar contra tan impopular situación, el domingo, once de diciembre de 1922, la Federación de Empleados Mercantiles de nuestra ciudad convocó una manifestación que obtuvo una multitudinaria respuesta. Se pedía la investigación que determinara el alcance de las citadas responsabilidades. «El acto resultó superior a toda ponderación. Un verdadero acto de ciudadanía. Estuvieron representadas todas las tendencias, todos los partidos. Fue una explosión de sentimiento colectivo. Se comentó la ausencia de los elementos caciquiles. Sobradamente conocidos son y todos saben cómo piensan. Pero se espera que hubieran acudido siquiera para cubrir las apariencias y para demostrar que la bandera democrática no es para ellos un cobijo extraño. No acudieron. Fueron los únicos que aquí se llaman herederos de Canalejas. Y en cambio, viose unidos a hombres de la extrema izquierda y a hombres de los partidos de derechas. Porque la manifestación era un acto de ciudadanía: era Alicante que se unía a las demás ciudades, para pedir que se haga justicia arriba y que no se queden sin castigo los responsables de aquella catástrofe (la de Annual) que tantas vidas de españoles costó y que nos llenó de oprobio. Hubo una excepción: don José Sánchez Santana de la mayoría municipal que sí asistió a la manifestación (por entonces, presidía el Ayuntamiento Bono Luque)».

A la cabeza de la misma, marchaban, además de los dirigentes de la referida Federación, Pascual Ors Pérez, Juan y Álvaro Botella, Ignacio Sevila, Florentino de Elizaicin, Marcial Samper, Lorenzo Carbonell, Pablo Andarias, Juan Santaolalla y muchos más representantes de la vida pública alicantina, de las sociedades y centros de la ciudad. «De la manifestación de ayer, se guardará un grato recuerdo y tal vez sea un principio para despertar los espíritus aletargados», afirmaba «El Luchador», de cuyas informaciones hemos tomado los párrafos entrecomillados más arriba. Hasta el gobernador civil interino, González Gros, (el titular Juan Montero Requena, aún no se había posesionado del cargo) felicitó a los organizadores.

En la junta general de la Agrupación Socialista de Alicante, se presentó, con fecha dieciocho de abril de 1920, firmada por Rafael Guerra, Emilio Requena, Rafael Millá y Francisco Castelló Fayos, la siguiente propuesta: «Los que suscriben, afiliados a esta agrupación, proponen a la misma: primero, que esta agrupación, propone a la misma: primero, que esta agrupación cause baja en el llamado Partido Socialista Obrero; segundo, declare su conformidad con el manifiesto programa del Partido Comunista Español; tercero, acuerde pedir inmediatamente el ingreso en el llamado Partido Comunista Español; cuarto, reforme el reglamento interior acoplándolo a las exigencias de esta transformación». En la misma junta, se acordó aplazar la discusión hasta el próximo nueve de mayo. En nuestra ciudad, se había consumado la escisión socialista entre el entusiasmo revolucionario y la influencia de la III Internacional -creada en 1919- que propiciaba «un partido defensor de los intereses de la clase obrera, de los campesinos y jornaleros, de los asalariados, de los derechos de las nacionalidades y regiones. Partidario de la solidaridad internacionalista de todos los oprimidos de la Tierra».

Pero el nueve de mayo se rechazó la propuesta en asamblea, y los citados firmantes se constituyeron en comisión organizadora del Partido Comunista. En «El Luchador» del lunes, diecisiete del mismo mes y en otras fechas sucesivas, se publicó una breve nota en la que se invitaba a cuantos estuvieran conformes con el referido manifiesto-programa a adherirse al nuevo partido, cuya comisión estaba domiciliada en la Casa del Pueblo, Navas 97. Un día antes, «Diario de Alicante» confirmaba la escisión: «Se ha separado de la Agrupación Socialista los compañeros Millá, Requena, Fayas y Guerra, se proponen organizar el Partido Comunista. En una reunión, celebrada ayer, quedó definida la actitud de aquellos compañeros acerca de la cual se venía hablando en estos últimos días». Últimos días y últimas semanas, si se analizan mítines y artículos publicados especialmente en «El Mundo Obrero» por Rafael Millá Santos y Francisco Castelló Fayos, a mediados de abril y en los que se alaba el modelo bolchevique y se propugna la dictadura del proletariado.

En España, «el quince de abril de 1920, la Federación de Juventudes Socialistas se reunió, en la Casa del Pueblo, de Madrid, con el fin de transformarse en Partido Comunista Español, cuyo primer congreso se celebró en marzo de 1921, y se eligió un comité central del que formaba parte Rafael Millá».

En la conferencia de Madrid, del 7 al catorce de noviembre del mismo año, el Partido Comunista Español y el Partido Comunista Obrero Español se fundieron en una sola fuerza: el Partido Comunista de España.

El doctor Gadea Pro tuvo una intensa vida municipal. Ya hemos escrito repetidamente acerca de su condición de alcalde. Pero, en 1907, el doctor Gadea Pro se mostró decepcionado con la actividad política local, hasta el punto de presentar su dimisión de concejal, a quien ostentaba la Alcaldía a principios de aquel año, Manuel Cortés de Miras.

En el escrito dice que renuncia a su cargo que en mala hora aceptó, contra sus deseos, hacía un año, a ruegos de cariñosos amigos. José Gadea Pro había tomado posesión de su cargo de médico en el Hospital Provincial. Dice en el referido escrito: «(Allí) encontré siempre entre los desgraciados a los que prodigué mis cuidados facultativos, más gratitud que entre las gentes a quienes prodigué mercedes a manos llenas y son hoy los primeros en lapidar mi honor y mi casa con las piedras de la ingratitud». Y termina: «Mañana, en cuanto Dios lo permita, iré a regir los destinos sanitarios de otra provincia, donde tenga sólo aquella función facultativa, y la malhadada política no me aceche traidora, con sus torpes dardos».

Mal lo debió pasar el bueno del doctor Gadea, quien afirmó que él mismo y otros concejales habían sido víctimas de calumnias lanzadas por «gentes malditas con cerebro de zorra y corazón de hiena (...). Soy víctima de las pasiones y de enemigos activísimos dispuestos a despedazar con presteza nombre, honra y decoro».

A su renuncia a la concejalía, acompañaba justificación del secretario de la Diputación Provincial, Luis Jordán Coll, en la que se certifica que don José Gadea y Pro, doctor en medicina y Cirugía, y en Farmacia, pertenecía al cuerpo médico de la Beneficencia provincial, con carácter numerario del Hospital de San Juan de Dios». De donde solicitó la excedencia por un año, «siendo sustituido, con carácter interino, por el licenciado Carlos Limiñana Beviá». Tal justificación lleva fechó del dieciséis de enero de 1907.

El alcalde Cortés de Miras le aceptó la dimisión, por incompatibilidad y a petición propia. Por cierto, Cortés de Miras cesaría al frente del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, el veintiséis de marzo de aquel mismo año y le entregaría la vara de mando a su sucesor en la Alcaldía Luis Mauricio Chorro.

A José Moreno, alias Pelolobo, lo estrangularon junto a un veintitrés de febrero, pero de 1922. Y menos mal que era un jueves de Carnaval y la muerte le vino como una máscara. Miren lo que son las paradojas: ni el ministro de Gracia y Justicia, José Francos Rodríguez, diputado a Cortes por la circunscripción de Alicante, pudo sacarle el indulto. Y lo presentó en el Consejo, pero el asunto competía el fuero de Guerra, y sus compañeros de gabinete dijeron que nones.

Así que al patíbulo. Fue a las siete de la mañana de un día alicantino, casi primaveral -escribieron los cronistas de sucesos-, cuando le dieron garrote vil al gitano Pelolobo.

José Moreno hirió al cabo de la guardia civil, Francisco Solís. Y aquellas heridas le produjeron el tétano que habría de conducirlo a la muerte. La sentencia resultó inflexible. Ni Francos Rodríguez, ni Alejandro Lerroux quien también gestionó la medida de gracia, ni tantas otras peticiones, en el mismo sentido, lograron quebrar la firmeza de la justicia militar. «El Luchador» comentó en sus páginas: «Se nos dirá que el reo era un nómada, un gitano que no tenía relaciones de ninguna clase en Alicante. Conformes. Pero nosotros esperamos que aquí se hiciera algo parecido a lo que los antiguos monjes hacían con los condenados a muerte que conseguían traspasar los umbrales de sus monasterios: ampararles con el derecho de asilo (...). Con franqueza y pena hemos de decir que Alicante no ha manifestado en esta ocasión la sensación que las circunstancias exigían». Que no estuvimos a la altura, vamos. Total, por un pobre desgraciado como Pelolobo, que además no sabía ni leer ni escribir.

Aun sin verificarlo, José Moreno fue el primero o uno de los primeros condenados a la pena capital y ajusticiados en nuestra ciudad, en el presente siglo. A últimos del XIX, lo fueron a garrote vil, en los terrenos que después habría de ocupar el Parque de Canalejas, un hombre de Elche. Y por fusilamiento, en las faldas del castillo de Santa Bárbara, el siete de abril de 1891, Manuel Rey, un joven carabinero que había matado al cabo del mismo cuerpo Manuel García.

Pelolobo y los otros, nombres, historias de patíbulos y verdugos, para que los cronistas llenemos unas páginas. Tampoco podemos hacer mucho más que volverlos fugazmente a la memoria colectiva, a una pretendida dignidad humana que no les pudieron arrebatar ni sus jueces.

Con motivo de las fiestas patronales en 1902 se incluyó en el programa de actos, la celebración de unos juegos florales que tuvieron lugar el nueve de agosto del año, cuatro días después de la Virgen del Remedio.

Contribuyeron al establecimiento y dotación de los premios, además del propio Ayuntamiento, la reina doña María Cristina, el obispo de la diócesis de Orihuela, el marqués del Bosch, grande de España y senador vitalicio, los también senadores del Reino Rafael Beltrán y Ausó y Ángel Fernández Caro, los diputados a Cortes por esta circunscripción Enrique Arroyo y Rodríguez y Santiago Mataix Soler, Clemente Miralles de Imperial, don Alfonso de Sandoval y Bassecourt y el Real Club de Regatas».

Para tales juegos florales se eligió como reina a la señorita Paulina Campos y se nombré secretario de los mismos a don Ventura Arnáez. Era alcalde de la ciudad el doctor José Gadea Pro y quiso darle a aquel acto la mayor relevancia posible. Por ello escribió a su amigo Rafael Altamira Crevea ofreciéndole el cargo de mantenedor de los mismos.

Pero Gadea Pro debió de llevarse un buen chasco, cuando Altamira declinó la amable invitación. En carta de fecha cinco de julio, le dice textualmente: «No tengo palabras con que agradecerte el ofrecimiento honradísimo de mantenedor de los juegos florales. Dejo a un lado mi parte de merecimientos y considero la cosa desde el punto de vista que puede serme más grato: como prueba de amistad y como demostración de este Alicante, hacia el que va siempre mis ensueños y al que cada día quiero más y más hondamente, no me olvida como yo tampoco os olvido».

Rafael Altamira enumera los motivos por los que rechaza la invitación: «En primer término, porque me obligaría a romper mi veraneo, que en mí no es simple recreación, sino cumplimiento de un mandato higiénico, indispensable para mi salud, y que me veda todo esfuerzo intelectual. En segundo término porque yo no sirvo para esas cosas. Hace falta para ello ser un gran orador o un hombre político de notoriedad, y yo no soy ni lo uno ni lo otro. El género de trabajo al que me he dedicado me ha apartado rápida de esos soportes oratorios y haría un mal tercio, estoy seguro. Además, y dicho sea entre nosotros, tengo mis dudas en cuanto a la eficacia de los juegos florales y eso me quitaría calor en todo caso, para desempeñar mi cometido». Lúcido y aplastantemente sincero.

El 29 de agosto de 1939, un decreto de la Alcaldía ordenaba a los funcionarios afectos al Archivo, que procedieran «a la busca en las colecciones de los periódicos existentes en dicha dependencia, publicados a partir del 19 de febrero de 1936, de nombres de las personas que actuaron en la política alicantina, encuadradas en los partidos políticos y sindicales que integraban el Frente Popular, de los cuales se entresacarán y comunicarán los de los individuos de algún relieve social, procurando, al comunicarlos al juzgado requirente, expresar las circunstancias personales lo más completas que sea posible, y acúsese recibo de las dos comunicaciones que encabezaba este expediente. El secretario del Ayuntamiento, Enrique Ferré, transmitió el acuerdo a los funcionarios a los que iba destinado y acusó recibo de los dos oficios al Juzgado Provincial de Responsabilidades Políticas, al día siguiente de la fecha indicada.

Hay, adjunto al documento transcrito, una «relación de personas comprendidas en la citada Ley de Responsabilidades». Relación que ofrecemos, si bien por estrictas razones de espacio, omitimos parte de las circunstancias que se expresan concernientes a tales personas.

Antonio Pérez Torreblanca, presidente del comité provincial de Izquierda Republicana, fue director general de Agricultura, diputado a Cortes, concejal del Ayuntamiento de Alicante y consejero de Estado. José Cremades Fons, del mismo partido que el anterior y también presidente de su comité provincial, diputado y edil de la corporación alicantina. Jerónimo Gomariz Latorre diputado, subsecretario de Justicia y cónsul de Orán, «de donde no regresó». José Alonso Mallol, dirigente de Izquierda Republicana, director general de Seguridad, «al perpetrarse el asesinado de Calvo Sotelo». Agustín Mora Valero, presidente de Unión Republicana y de la Diputación Provincial, «uno de los que impidió el Alzamiento en Alicante». Marcial Samper Ferrándiz, concejal de Izquierda Republicana, delegado provincial de Abastos. Fermín Botella Pérez, de la misma formación política y redactor de «El Luchador» que dirigía su hermano. Álvaro Botella Pérez, concejal y presidente de la Diputación. José López Pérez, también concejal. Rafael Millá Santos, alcalde de Alicante, «elemento directivo del Partido Comunista». Lorenzo Carbonell Santacruz, igualmente alcalde de nuestra ciudad y «comisario de Aviación». Santiago Martí Hernández, alcalde de Alicante. Francisco Doménech Mira, concejal del Partido Socialista. Manuel Pomares Monleón, gobernador civil y presidente de uno de los Tribunales Populares de Alicante. Todos ellos «habían huido al extranjero».

En ocasiones, eclipsada o ensombrecida su personalidad por la de Pantaleón Boné, fue, sin duda, el alicantino más representativo de los sucesos que tuvieron lugar, en nuestra ciudad, con motivo del levantamiento del veintiocho de enero de 1844, contra el absolutismo.

Manuel Carreras y Amérigo nació en Alicante, el treinta y uno de julio de 1794 y fue bautizado en la Colegiata de San Nicolás (libro 45, folio 113). Murió a los sesenta y un años de edad, víctima de la disentería, enfermedad que contrajo en Filipinas, durante su destierro, el veinticinco de julio de 1855, como así consta en el libro de defunciones de la iglesia de Santa María.

Durante su azarosa vida, Manuel Carreras defendió siempre la libertad, y sufrió, por su firme y decidida actitud, persecuciones, una condena a muerte, conmutada por el referido destierro. Durante la epidemia de cólera de 1834, formó parte de la comisión de sanidad, junto con otros ilustres conciudadanos, entre ellos Luis María Proyec, Joaquín Lafarga y Antonio Ripoll. Veinte años después, cuando de nuevo la devastadora enfermedad asoló Alicante, Manuel Carreras era alcalde primero, y gobernador civil Trino María González de Quijano, quien fallecería víctima de la epidemia, que causó una elevada mortandad.

Cansado y minada su salud, aquel mismo año y una vez alejado el peligro del cólera, solicitó del gobernador su dimisión. El Ayuntamiento escuchó las palabras de gratitud de Carreras y Amérigo en su despedida del alto cargo que ocupó, hasta el nueve de noviembre del ya referido año, en un oficio en el que, además, ofrecía sus servicios en bien del país y en obsequio de la libertad de la patria y del orden público.

Había luchado denodadamente contra la injusticia, la intolerancia y la reacción, y su vida se desenvolvió siempre en medio de una continua zozobra, siendo como era hombre de recursos y situación acomodada. Las calamidades le asaltaron de continuo, pero él permaneció fiel a sus principios y propósitos. Ahora que se cumple un año de la muerte de Vicente Huesca, investigador humilde y perseverante de todas nuestras cosas y muy en particular de la biografía de Manuel Carreras, nosotros dedicamos esta columna a la memoria de quien tanto hizo, en silencio, por aportar nuevos datos al perfil público de tan entrañable y olvidado alicantino.

Como tantas otras ocasiones, atendemos así el interés de algunos de nuestros conciudadanos acerca del que fuera cardenal Francisco Javier Cienfuegos y Jovellanos, y que dio nombre a una de nuestras calles.

Aunque nació en Oviedo, el doce de mayo de 1766, se trasladó pronto a Sevilla, en cuya Universidad Literaria cursó teología y sagrados cánones, en la que se licenció y doctoró, en Derecho Canónico, y de cuya universidad sería catedrático y posteriormente rector. El veintidós de agosto de 1818, fue nombrado obispo de Cádiz; para ocupar finalmente la silla arzobispal en Sevilla. León XII lo elevó a la púrpura cardenalicia, el trece de marzo de 1825, mientras Fernando VII le concedió la gran cruz de la real y distinguida orden de Carlos III.

Según los datos que obran en nuestro poder, «su resuelta oposición a la política religiosa de los gobernantes isabelinos, durante los primeros años de la guerra Carlista, provocó su destierro a nuestra ciudad, el dieciocho de noviembre de 1836, «donde se dedicó al ejercicio pastoral de las clases humildes».

Sin embargo, algunos autores afirman que el prelado llegó a Alicante en busca del privilegiado clima y con objeto de curar sus males. Lo cierto es que en 1843 se encuentra empadronado en nuestra ciudad. Vivió en la plaza de Ramiro, en una casa propiedad de Tomás Carey. Se le atribuye una actitud crítica frente a las actuaciones del general Federico Roncali, con respecto a los pronunciados en 1844.

Pero hay una carta de fecha seis de marzo de 1844, escrita desde una finca de la huerta alicantina y dirigida al secretario de Estado y Despacho Universal de Gracia y Justicia, en la que se dice: «(...) y me he reducido en primero de marzo a pedir el pase necesario al efecto, directamente y de oficio, al que mandaba las fuerzas sublevadas, que pude, al fin, conseguirlo, en la noche del día cuatro, y abriéndoseme las puertas de la ciudad, al caer el día de ayer, tuve anoche la cumplida satisfacción de entrar en la línea que ocupaba el leal ejército, viéndome favorecido por sus jefes a consecuencia de las órdenes que su capitán general tenía comunicadas (...)». El cronista Montero Pérez escribe: «En los lúgubres sucesos desarrollados en 1844, debido a las gestiones del cardenal Cienfuegos, se evitó que el pueblo de Alicante presenciara, después del luctuoso ocho de marzo, más fusilamientos de liberales». El cardenal Francisco Javier Cienfuegos y Jovellanos murió en 1847, recibió sepultura en Santa María, hasta que en 1867 sus restos fueron trasladados a la catedral de Sevilla.

Quinientos años y veinte días después de que el venerado lienzo se manifestara públicamente en rogativas por la huerta de Alicante, y se tuviera conocimiento colectivo de su presencia, la Santa Faz visitó por primera vez en la historia de tan arraigada tradición, el Ayuntamiento. El encuentro se produjo el jueves, día seis de abril de 1989, a las siete horas y treinta y cinco minutos, como así consta en la crónica que escribimos del acontecimiento y que se publicó en la revista «Festa'89». Un encuentro esperado. Un encuentro que se propició con motivo de las conmemoraciones del V Centenario de la llegada a nuestra ciudad del lienzo verónico.

En tan singular ocasión, en la citada fecha, el alcalde, José Luis Lassaletta Cano, y el Ayuntamiento pleno, en la entrada del Consistorio, recibieron la reliquia, acompañada del Cabildo catedralicio de San Nicolás, bajo mazas, y le rindieron los máximos honores. Posteriormente, se procedió a la apertura de la hornacina, de acuerdo con las formalidades previstas en el pleno extraordinario, celebrado el veinte de marzo de aquel año, y en cumplimiento de las reglas dadas por el padre general de la Orden Franciscana, en 1636, y de la cláusula XII de los Estatutos que, para nuestra ciudad, expidió el rey don Carlos II, el dieciocho de diciembre de 1669.

Seguidamente, don Federico Sala Seva, en su condición de presidente del ya citado cabildo catedralicio, trasladó el sagrado Icono a la capilla del Palacio Municipal, donde se expuso durante media hora. El alcalde pronunció unas palabras de salutación, a las que respondió el referido clérigo, coincidiendo ambos, como se recoge en la correspondiente acta, en el «arraigado significado de la Santa Faz para el pueblo, los fieles y las autoridades de Alicante, como algo propio y entrañable, que los une, y en cuya reivindicación y defensa todos han coincidido».

Por vez primera también, en la plaza del Ayuntamiento y junto a la fachada de la Audiencia Provincial, se celebró una misa, compuesta para la efemérides por José Peris Lacasa e interpretada por la Banda Municipal. Pronunció la homilía el canónigo Manuel Marco Botella.

Desde la extracción de la imagen, el veintiocho de marzo, la venerada imagen fue trasladada sucesivamente a la villa y parroquia de San Juan, al estadio del Hércules, C.F., a Nuestra Señora de la Misericordia, a San Juan Bautista, a Nuestra Señora de Gracia y a la concatedral de San Nicolás, donde permaneció desde el uno de abril hasta su devolución al Monasterio, tras la visita al Ayuntamiento, la primera en cinco siglos. La única hasta ahora. Fueron síndicos los ediles Martínez Bernicola, Maribel Diez de la Lastra, José María Perea Soro, José Ramón González González, y Paloma Gómez Osorio. Un encuentro histórico.

Los conflictos intestinos en las filas del conservadurismo alicantino, permitieron al otro partido dinástico de la Restauración mantener una considerable hegemonía política en el gobierno municipal, en el siglo XX. El examen de los resultados de las elecciones locales nos muestran la tendencia creciente del voto liberal.

Un alcalde de esta formación política, Federico Soto Mollá, cesó en el ejercicio del cargo que había desarrollado a lo largo del último bienio. El uno de enero de 1912, en sesión inaugural, ocupó la presidencia el edil Pérez García, «como concejal de más votos de entre los presentes», y después de que entraran en el salón de sesiones los nuevos miembros de la corporación recién elegidos, procedió a la lectura de la real orden de veintiséis de diciembre de 1911, por la que se nombraba alcalde constitucional al cesado muy poco antes Federico Soto Mollá. El conservador Ramón Campos Puig se apresuró a felicitarlo, «por el honroso cargo que por segunda vez le había sido otorgado».

Como ya hemos insistido, la designación por real orden crispaba a quienes militaban en partidos antidinásticos y cuya protesta no se hacía esperar. En esta ocasión, fue el doctor Rico Cabot quien insinuó que el alcalde debió renunciar a su nombramiento de real orden y dejarse elegir por los ediles, perdiendo así el concepto del más alto empleado de la Casa.

Fue precisamente durante este segundo mandato de Soto Mollá cuando el viejo mercado instalado en los terrenos que hoy ocupan la plaza del Mari, la Casa Carbonell y aledaños, se desplazó provisionalmente a la Rambla de Méndez Núñez, en tanto se disponía la construcción del nuevo, en la plaza de Balmes.

El dos de enero de 1913, se conoció una real orden, fechada el treinta de diciembre último, y por la que «se declaraba admitida la excusa que presentó para el desempeño del cargo de alcalde presidente del Ayuntamiento Soto Mollá», y otra nombrando para dicho cargo a Edmundo Ramos Prevés, quien expresó su satisfacción porque en el corto espacio de tres años habían alcanzado la alcaldía tres concejales de la mayoría liberal.

Como era de esperar, Antonio Rico censuró el indebido procedimiento, dijo que Ramos Prevés tenía suficientes méritos personales para ser alcalde por elección, y agregó que la minoría republicana continuaría demandando la resolución de los mismos problemas relativos al abastecimiento.

Con cierta frecuencia, recibimos consultas acerca de los orígenes y toponimia de nuestros barrios. En ocasiones, y en este espacio cotidiano abierto para la crónica de la ciudad y su discurso, nos hemos referido a alguno de ellos, en concreto. Pero nos proponemos, en las próximas semanas, abundar en el asunto, contando, como siempre lo hemos hecho, con la colaboración de nuestros convecinos.

Por ejemplo, en la última sesión presidida por Ricardo P. del Pobil, el ocho de abril de 1931 -la siguiente del día dieciséis ya lo hizo Lorenzo Carbonell, en una España republicana- los vecinos del barrio de Portazgo, con el apoyo de Guardiola Ortiz, elevaron una solicitud a la alcaldía, con objeto de conseguir «la mejoría del alumbrado de la populosa barriada y especialmente en la parte de la misma denominada La Florida». Las órdenes ya se habían cursado con ánimo de comparecer a los peticionarios.

En esta misma sesión corporativa y lo recogemos como dato de interés cultural, se atendió a un requerimiento de la Cámara Oficial del Libro, de Madrid, y consecuentemente se acordó «autorizar la instalación de puestos de venta del libro, a los libreros, en la vía pública, frente a sus establecimientos, el veintitrés de los corrientes (es decir, de abril), fiesta del Día del Libro, declarando dichos puestos exentos del pago de derechos y arbitrios municipales».

Disponemos de algunas monografías y estudios solventes sobre nuestros barrios, pero se trata de un material necesario, aunque insuficiente. Disponemos igualmente de viejas fotografías, en las que se contienen imágenes relativas a los inicios de edificios que posteriormente serían el origen de un nuevo barrio. Pero, en todo caso, se trata de elementos dispersos y no siempre determinantes. Y eso, claro, teniendo en cuenta que nos referimos particularmente a unidades urbanas de finales del pasado siglo y del actual. Nos quedan los más añejos, los más históricos, los más entrañables en cuanto atañen a nuestras raíces, a las raíces de nuestra ciudad y de su término. Otro ejemplo: tampoco hace mucho que San Blas era una partida. ¿Cuándo dejó de serlo, para convertirse en barrio? Abrimos, pues, un tiempo, para que tan importante capítulo se incluya en nuestra «Alicante: crónica general del siglo XX». Y confiamos en esa colaboración que siempre nos han prestado los alicantinos, protagonistas, en fin, de la misma.

Ciertamente, 1844 fue un año aciago para nuestra ciudad. Primero, la abortada insurrección de los progresistas al mando de Pantaleón Boné y de Manuel Carreras, el fusilamiento de gran parte de aquellos liberales, y por último el incendio de la fábrica de tabacos de Alicante. Ahora que nuestra precaria riqueza forestal arde por combustión espontánea, con nombres y apellidos, en muchas ocasiones, cabe preguntarse si aquella industria donde tantas alicantinas trabajaban no fue saboteada por quién sabe qué criminales manos. La sospecha no es ni gratuita ni reciente. La sospecha viene ya de muy atrás.

Viene en la «Gaceta de Madrid», del veintinueve de mayo del ya referido año, y dice así: «Hemos visto cartas de Alicante, en las que pintan con horror la quema de la fábrica de cigarros, ocurrida precisamente cuando se hallaban ocupados todos los talleres, por lo que ha habido algunas desgracias, a más del considerable número de existencias que las llamas han devastado y el demérito del edificio. Hay quien supone que el fuego no es casual. Y se hacen comentarios, porque parece que este deplorable suceso ha ocurrido cuando se hallaban haciendo la entrega a los representantes de la contrata».

Aquel acontecimiento conmocionó a la ciudad y levantó justificadamente no pocas conjeturas. El veintitrés de mayo, el primer teniente de alcalde, ante la situación de alarma e inquietud de los vecinos, publicó el siguiente edicto: «Calmada ya un tanto la ansiedad que causara el desastroso incendio de la fábrica nacional de cigarros, ocurrido en la mañana del veinte de mayo, el Ayuntamiento que ha sido testigo del laudable comportamiento observado por sus administrados, en aquellos momentos de consternación y amargura, faltaría a uno de sus principales deberes si no hiciese patente lo acreedores que son al aprecio público. La ilustre corporación en cuyo nombre hablo, está muy satisfecha de la prontitud en que todos sus habitantes, sin distinción de categorías acudieron a remediar el mal, arrastrando los mayores peligros (...)». Tras prometer que, con brevedad, se repararía el establecimiento, con objeto de que sus operarios no se viesen reducidos a la miseria, concluía: «Tened confianza en vuestro Ayuntamiento que procurará por todos los medios posibles, cuanto se propone, en el cual tan interesados están el bienestar y sosiego de esta población». El documento lo firmaba, en la fecha ya dicha, José Minguilló, quien habría de morir, años después, víctima de la epidemia de cólera morbo que asoló nuestra ciudad.

A mediados del pasado siglo y, sin duda, al amparo de los ferrocarriles de Madrid, el comerciante José María Tato hizo construir, en los terrenos de su propiedad, colindantes con la estación de MZA, una manzana de cuarenta casas, diez por cada lado, todas ellas de planta baja y de las mismas dimensiones.

Estaban en la partida rural que de tiempos inmemoriales se conocía con el nombre de San Blas. No mucho después, comenzaron a trazarse por aquella zona, calles rectas y, algunas, espaciosas, a levantarse nuevas edificaciones y pequeños comercios. A instancias «del ilustre alicantino Juan Ortega Gironés», se instaló también una escuela elemental de primera enseñanza, costeada por el Ayuntamiento.

A partir de 1877, un sobrino de José María Tato, Tomás Tato Juliá (o Julián, como aparece en otros escritos y testimonios) estableció en aquellas casas un molino harinero, movido en vapor. Molino que con el de Joaquín Coreille y Monter, situado en la partida de Los Ángeles, fueron las dos primeras industrias de este género que funcionaron en Alicante.

Tomás Tato Juliá o Julián ejercería el cargo de alcalde, durante algunos meses, y fue -según algunos cronistas de la época-, «representante (en nuestra ciudad) del famoso banquero y político José de Salamanca. De su matrimonio con una Ortega tendrían varios hijos. Uno de ellos, José Tato Ortega, propietario de los terrenos de la citada partida, rotuló una de las calles que, hasta 1910, se la conocía con el nombre de San Blas, con el nombre de uno de sus hijos, Gaspar Tato Cumming, «a la sazón un niño de corta edad» y a quien, por cierto, tuvimos ocasión de saludar recientemente, con noventa años a sus aún erguidas espaldas.

Francisco Montero Pérez, refiriéndose a aquella primera manzana de casas y a la calle que se formó escribe: «Calle que está rotulada justamente con el nombre de Tato, para perpetuar la memoria del fundador de este barrio, José María Tato».

Lo hemos comentado, en varias ocasiones. E incluso, con cifras de las víctimas. Durante el pasado siglo, nuestra ciudad constituía un entramado de callejas polvorientas o encharcadas, según la estación, y malolientes. También hemos descrito aspectos nada agradables de su urbanismo sometido a la servidumbre de las murallas, y de las poco higiénicas costumbres de nuestros antepasados. Alicante, como tantas otras ciudades de la época, era un lugar propicio para la transmisión de las epidemias que nos llegaban, la mayor parte de ellas, por el mar.

Debidamente documentadas, se registran dos epidemias de fiebre amarilla, en 1804 y 1870, que ocasionaron la muerte de casi tres mil personas y de mil cuatrocientas, respectivamente, de un censo que tenía, en la primera de las fechas, unos veintidós mil habitantes, y, en la segunda, doce mil más. También invadió la ciudad el cólera morbo y otras enfermedades contagiosas. Epidemias coléricas hubo, con distinta intensidad, en varias ocasiones, aunque las más virulentas corresponden a los años 1834, 1854 y 1885, a las que ya nos hemos referido, en estas crónicas.

En tales circunstancias, las autoridades tomaban las medidas pertinentes para evitar contagios y erradicar el terrible mal. En la epidemia de 1854, el recién nombrado gobernador civil don Trino María González de Quijano que pereció víctima de la enfermedad, a los pocos días de tomar posesión del cargo, hizo público un bando que decía: «Vista la gravedad de las circunstancias y oído el parecer de los facultativos, he dispuesto lo siguiente: primero, los dueños de los cafés y horchaterías tendrán en sus establecimientos constantemente, día y noche, depósitos de arroz, resfriado con nieve, sin canela, para el servicio público y especialmente para los enfermos; segundo, todos los farmacéuticos de la capital facilitarán gratis toda clase de medicamentos, mediante receta firmada por un facultativo y con el visto bueno del respectivo alcalde de barrio. El importe de estas recetas se abonarán en el gobierno, pasadas las actuales circunstancias. Alicante, veintitrés de agosto de 1854». Se aconsejaba «en el momento de la invasión, la administración de un escrúpulo de polvos, disueltos en dos onzas de agua gomosa, de té o flor de malvas, poniendo al paciente en una cama con bastante abrigo y serena quietud». Y tazas de caldo de gallina y ternera, sin grasa. Con todo, casi dos mil personas perecieron en aquella ocasión.

Durante la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial (1914-1918), se celebraron en nuestra ciudad dos elecciones municipales, en 1915 y 1917, y otras tantas a cortes, en 1916 y 1918. La conflagración bélica enriqueció a los grandes negociantes y favoreció también a los medianos y pequeños comercios, pero puso a la clase obrera en muy serios apuros. Apuros que propiciarían numerosas huelgas, algunas de las cuales ya hemos reflejado en nuestra cotidiana crónica. Salvador Forner y Mariano García advierten en su libro «Cuneros y caciques» (Patronato del V Centenario de la Ciudad de Alicante, 1990), «cómo la grave crisis social y política significó un serio retroceso para las fuerzas antidinásticas (...)».

En las elecciones del quince de noviembre de 1915, tan solo salió elegido un republicano: Juan Botella Pérez, director de «El Luchador», que se presentó por el distrito de Hernán Cortés, uno de los ocho en que se dividía la ciudad. Otro, Lorenzo Carbonell, por el ensanche se quedó a muchos votos de diferencia del liberal Tomás Tato Ortega, que sí obtuvo acta de concejal. Y uno más, Manuel López González, tras una dura polémica no logró sacar plaza en la nueva corporación. Acerca de este mundo, Rafael Sevila Linares escribió en el periódico de su dirección «La Unión Democrática»: «Las elecciones que han tenido lugar han sido una comedia muy mal representada (...) El candidato por el distrito de Santa María, republicano autónomo, Manuel López González, se ha quedado sin acta, a pesar de tener muchos votos, porque, según se dice, le han escamoteado el acta de Tabarca». Las acusaciones de cacicadas y pucherazos contra los liberales fueron abundantes.

En aquellas elecciones, los liberales mantuvieron su hegemonía municipal con diez nuevos ediles: Juan Langucha Royo, Francisco Alberola Such, Sebastián Cid Granero, Julio Sellés Chaques, Manuel Gras Miralles, Juan Llorca Pillet, Gonzalo Mengual Segura, Enrique Ferré Bernabeu (otro periodista), Tomás Alemany Blanquer y Tomás Tato Ortega. Los conservadores obtuvieron siete: Manuel Curt Amérigo, José Sánchez Santana, Agustín Sánchez San Julián, Cristóbal Romeu, Juan Bueno Sales, Leandro Bas Escalambre y Arturo Gadea Pro. Y los republicanos una tan solo: Juan Botella Pérez. Los datos están tomados de «El Luchador» y debidamente contrastados.

Durante aquel año, antes de las elecciones, en sesión del cuatro de junio, dimitió el alcalde Ramón Campos Puig, conservador y fue nombrado por Real Orden el también conservador Eugenio Botí Carbonell.

El nuevo Ayuntamiento surgido de las referidas elecciones, se constituyó en sesión inaugural, el primero de enero de 1916, y fue designado alcalde, por real orden el liberal Ricardo P. del Pobil y Chicheri.

En nuestro libro «La lucha por la democracia en Alicante» (Editorial «Casa de Campo», Madrid, 1978), dimos la cifra de seiscientas cuarenta y cinco ejecuciones judiciales, las llevadas a efecto en nuestra provincia, por las autoridades franquistas, entre los años 1939 y 1943, ambos inclusive. Por su parte, Ors Montenegro, en su tesis doctoral y para el mismo periodo, nos facilita la de setecientos dieciséis. Los fusilamientos que, en principio, tenían lugar en diversas localidades de la provincia, a partir de 1940 se realizaban en Alicante.

Lamentablemente, por ambos bandos se cometieron verdaderas tropelías. En esta misma crónica, ya hemos relacionado, en base a documentos elaborados por la jerarquía del Movimiento, las muertes que se practicaron en la llamada zona roja. La sola comparación cuantitativa ya invita a la reflexión.

Durante los cinco primeros años de la posguerra, la represión resultó extremada, y el abalance no puede ser más trágico. Conocemos efectivamente que estas circunstancias no son nada gratas, pero están en la memoria colectiva y forman parte de una historia aún creciente y que todos deseamos irrepetible.

Las ejecuciones comenzaron semanas después de la victoria. La «Hoja Oficial de Alicante», correspondiente al nueve de mayo de 1939, abría sus páginas con un titular estremecedor: «Ejecución de sentencia». Y la escueta noticia decía así: «En la madrugada del día cinco, se ejecutó la sentencia recaída en Consejo de Guerra imponiendo la pena de muerte a los procesados: Eliseo Gómez Serrano, José Cerezo Leal, Antonio Leal Cerezo, Antonio Guirao Estañ, Antonio Ibáñez Llopis, Juan Sala Andreu, Francisco Bailén Cárdenas, José Martínez Guerra, José Rodríguez Calvo y Juan Oliver Brotons. Alicante, 8 de mayo de 1939. Año de la Victoria. El comandante jefe de E.M. accidental».

Fueron los diez primeros de una larga y siempre dolorosa lista. Y la encabezaba Eliseo Gómez Serrano, catedrático de la Escuela Normal de Alicante y humanista de talante conciliador y democrático, que tenía según todos los testimonios recogidos, las manos limpias de sangre alguna. Como tantos otros de ambos lados. Balance sangriento, en fin, que la memoria no debe ocultar precisamente para que hechas así no vuelvan a repetirse jamás.

Sin duda, resulta poco conocida la campaña desarrollada por el Ayuntamiento y otras instituciones alicantinas, a solicitud del alcalde de Valencia, José Albors, para defender y salvar, por todos los medios, «los intereses de la región».

El ocho de octubre de 1922, se celebró en el edificio de la Lonja, de Valencia, una asamblea encaminada a tal fin. En un telegrama de Albors al alcalde en funciones Llorca Pillet, por delegación del titular Pedro Llorca Pérez, le comunica: «Convocada asamblea para domingo día ocho, once de la mañana Lonja, sobre tratado con Inglaterra, producción de Levante amenazada por egoísmo de otras regiones, ruégole asista asamblea y envíe esa provincia numerosos representantes, para dar sensación que Levante sabe defender sus intereses».

Acudió a la cita, el segundo teniente de alcalde Sánchez Santana, quien, por asuntos particulares, tuvo que desplazarse, por aquellas mismas fechas, a Valencia. Así se aprobó, en sesión del seis de dicho mes.

Mientras el alcalde en funciones notificó tales circunstancias y actividades al presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Juan Grau, al del Sindicato de Exportadores de Vinos de la Provincia, Marcial Samper. De acuerdo con la documentación que se conserva en el Archivo Municipal, el primero de ellos acusó recibo de la comunicación, y manifestó a Llorca Pillet que ya se encontraba en relaciones con Valencia, para tal objeto. Por su parte, Marcial Samper le expresó su adhesión a la campaña en beneficio de los intereses generales «y en particular al referido a los vinos, habiendo telegrafiado al presidente del Gobierno, para que el tratado con Inglaterra se firme en favorables condiciones, para nuestro país».

Posteriormente, el alcalde de Valencia telegrafió al de nuestra ciudad poniendo en su conocimiento que se le había incluido en la junta permanente de intereses agrícolas de la región, y citándolo en Madrid, para gestionar el ya repetido tratado. Sin embargo, días después, se canceló tal viaje, por cuanto el Gobierno se pronunció favorablemente acerca de las reivindicaciones y se dispuso a la firma de dicho documento con Inglaterra.

Precisamente el alcalde Constitucional, Pedro Llorca Pérez, cesó en sus funciones, por una real orden, el ocho de noviembre de 1922, y se procedió a elegir nuevo alcalde por votación; Antonio Bono Luque las ganó con veinticuatro papeletas, en tanto Juan Santaolalla Esquerdo tan sólo obtenía cinco.

No batió ningún récord el conservador Manuel Curt Amérigo en su paso por la alcaldía. Duró al frente de la misma desde el veintitrés de junio 1917 al cinco de diciembre del mismo año. Otros fueron más efímeros en su mandato municipal.

Curt Amérigo llegó al Ayuntamiento, como se llegaba, por entonces, gracias a una real orden, que, como ya era habitual, se protestaba por los portavoces o representantes de las minorías antidinásticas. Y lo curioso es que se fue por otra real orden del Ministerio de la Gobernación, de veintinueve de noviembre, que paradójicamente cesaba a todos los alcaldes nombrados por real orden y disponía que, en lo sucesivo, fueran elegidos del seno de la corporación, por los concejales.

Ocurrió, sin embargo, un hecho relevante. Después de recibir las insignias y atributos de su autoridad, Manuel Curt hizo entrar en el salón y ocupar sus escaños a los señores Buenos Sales, Sánchez Sanjulián, Romeu, Zarandieta, Gadea Pro (Arturo), Bas Escalante y Botí Carbonell, es decir, a los de su misma tendencia conservadora. En aquel punto, el alcalde cesante, el liberal Ricardo P. del Pobil y Chicheri, solicitó la venia del presidente de la corporación y abandonó el lugar seguido por los ediles Alemany, Alberola, Llorca, Ferré, Pérez García, Sellés, Alamo, Gras, Langucha, Ripoll y Meliá, es decir, los liberales. Las espadas estaban en alto.

Tras los discursos de rigor, que ya hemos reflejado en otras ocasiones, y los saludos de la minoría conservadora, a cargo de Arturo Gadea quien dijo del nuevo alcalde «que esperaban de él una gestión fecunda, para los intereses comunales». Guardiola Ortiz puso el dedo en la llaga y aclaró la irregularidad que se había producido. Guardiola Ortiz, en su intervención manifestó que le parecía mal el abandono del salón de la mayoría liberal, pero que, no obstante, la encontraba justificada, ya que los conservadores no habían ocupado sus puestos, hasta después de tomar asiento el nuevo alcalde en el sillón presidencial».

De todas formas, meses más tarde y gracias a la esperada real orden que ya hemos citado, Ricardo P. Pascual del Pobil volvería a ocupar la alcaldía por votación de sus compañeros y por una mayoría aplastante: de veintiuna papeletas, dos estaban en blanca y las diecinueve restantes le eran favorables.

Un inesperado y nuevo amigo de Madrid que veranea en nuestra ciudad, ha tenido la gentileza de donarnos, que la crónica, una fotografía aérea. La recibió de manos de un piloto italiano. La fotografía, de pequeñas dimensiones pero nítida, muestra nuestro puerto, el Postiguet, con algunos balnearios, y un considerable sector de la ciudad. La fotografía lleva al dorso una breve anotación: puerto de Alicante, 1938. Está tomada, según nuestro interlocutor, en el curso de un ataque de la aviación fascista. Probablemente, desde un «Savoia S-79» o desde un «Savoia S-81». No figura ni el día ni el mes que se produjo aquel ataque.

Alicante, durante la guerra civil, fue objeto de un total de setenta y un bombardeos. La mayoría de ellos tuvieron lugar precisamente en 1938: cincuenta y siete, según nuestras fuentes, y cincuenta y dos, de acuerdo con otros historiadores. Muchas de estas incursiones aéreas estuvieron a cargo de los aparatos extranjeros, con base en Mallorca, desde donde frecuentemente cargaban contra diversos puertos y ciudades mediterráneas.

En el libro «La Aviación legionaria en la Guerra Española» (Editorial Euros, Barcelona, 1975), su autor, Alcofar Nassaes, nos ofrece una relación de tales operaciones. En principio, parece un informe bastante riguroso. Pero al analizarlo con detenimiento, se observan ciertos errores flagrantes. Por ejemplo, el bombardeo efectuado sobre el mercado central de abastos, el veinticinco de mayo de 1938 y que causó numerosas víctimas civiles, no se registra; sí se cita otro, el día veintiséis, pero «sobre el puerto de Alicante». De acuerdo con la citada obra, los objetivos preferentes eran: el puerto, la ciudad, el taller de montaje de aviones, la estación del ferrocarril, depósitos de combustibles, campo de aviación de Rabasa y aeródromos en Alicante. El veinte de noviembre del referido año un «bombardeo con flores de la ciudad de Alicante, en el aniversario de la muerte de José Antonio». De aquellas incursiones resultaron, promediando las cifras de que disponemos, unos cuatrocientos treinta y cinco muertos, además de los edificios destruidos y otros daños materiales, de los que ya dimos cuenta en esta columna, en base a la documentación elaborada por las autoridades municipales del primer Ayuntamiento del franquismo victorioso.

¿En cuál de aquellas incursiones se tomó la foto que contemplamos? ¿Qué tragedias quedaron a la sombra de aquel avión?

El día dos de diciembre de 1923, a pocas semanas de la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, se inauguró el domicilio social, de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Era, por aquel tiempo, presidente de la institución José Guardiola Ortiz y director de la misma José Carreras Santandreu. En la calle Velarde y en el solar que ocupó un almacén de maderas, se edificó el inmueble para la instalación de las dependencias de la citada entidad. La memoria, los planos y los presupuestos los compuso el arquitecto José Guardiola Picó. La posterior ampliación que habría de llevar la fachada principal hasta la calle de San Fernando (entonces de Francos Rodríguez) la diseñó el arquitecto municipal Juan Vidal Ramos. Con anterioridad, y desde su fundación, la Caja de Ahorros estuvo situada en la Casa del Consulado y en la calle de López Torregrosa (antes, Liorna).

En aquella celebrada inauguración, habló Guardiola Ortiz y no pudo hacerlo, porque la emoción se lo impidió, Juan Maisonnave. Al acto asistieron el gobernador cívico-militar, general Cristino Bermúdez de Castro; el alcalde de la ciudad, general Miguel de Elizaicin y España; el abad de la Colegiata de San Nicolás, Modesto Nájera; y otras diversas personalidades de la vida pública local, provincial y regional. El obispo de Orihuela y el general José Marvá, no pudieron hacerlo, pero se excusaron por escrito.

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alicante, la fundó Eleuterio Maisonnave Cutayar, el veinte de mayo de 1877. Así se recogió, en una placa de mármol negro, con fecha del cinco de mayo de 1890. Por una real orden de tres de marzo de 1910, se declaró establecimiento benéfico.

Este breve informe, elaborado a partir de la prensa de su tiempo, se cierra, por razones de espacio, con la relación de sus presidentes, hasta 1923 y de sus directores generales hasta el mismo año. Presidentes del consejo de administración fueron: Eleuterio Maisonnave (de 1877 a 1880); Juan Leach Giró (1881-1882); Gregorio Carratalá Cernuda (1883-1885); Amando Alberola y Martínez (1885-1887); José Álvarez de Coiñas (1888-1889); Gregorio Carratalá Cernuda, por segunda vez (1890-1892); Antonio Terol Maluenda (1893); José Ausó Arnas (1894-1914); Juan Guardiola Forgas (1915-1918, para recibir luego la presidencia honoraria); y José Guardiola Ortiz, de 1918 hasta la fecha que comentamos. Y sus directores gerentes, sucesivamente: Aureliano Ibarra Monzoni, Gregorio Vallejo y Dols; José Alberola Martínez, José Carreras Santandreu, interinamente de 1906 a 1908, y como propietario desde este último año, hasta la fecha inaugural que comentamos.

Buena la armó doña Manuela Parodi, vecina de la isla, cuando alegó ante la Administración de Contribuciones que los habitantes de Tabarca estaban exentos de todo tributo, de acuerdo con una antigua disposición real. A tales manifestaciones, la citada Administración no supo qué responder, y como quiera que tenía noticias de ello, se dirigió a la Alcaldía solicitando copia literal certificada de todo lo referente al asunto y que se encontrara depositado en el Archivo municipal.

A requerimientos del alcalde constitucional, Pedro Llorca Pérez, el archivero, Francisco Poveda, se puso a buscar, por entre la documentación de siglos. Finalmente, emitió un informe: «En virtud del anterior decreto, se ha hecho cargo del oficio de la Administración de Contribuciones de la provincia de Alicante, en la que se solicita copia literal certificada de lo que aparezca en este archivo referente a la exención de tributos que de antiguo, vienen gozando los habitantes de Tabarca; y hecha la busca pertinente, no he encontrado ningún documento, en el que se haga constar disposición alguna sobre el particular, si bien tiene que hacer presente que don Rafael Viravens, en su «Crónica de Alicante», páginas 330 y 331, que tratan de las islas de San Pablo o Nueva Tabarca, dice: «La munificencia del rey concedió a estos colonos privilegios y exenciones, eximiéndoles del servicio de las armas y del pago de los impuestos directos o indirectos a que estaban sujetos los pueblos de la Monarquía. Es de suponer, por tanto, que el citado cronista viera este documento en que el rey Carlos III quiso premiar a los infelices cautivos que fueron rescatados y canjeados en Argel, de orden de su majestad, y traídos a poblar la isla de San Pablo. Así que es de opinión el que suscribe que se dictó dicha real disposición». Este breve informe, revelador, por cierto, está firmado por el ya referido archivero municipal, el diecinueve de mayo de 1992.

Cuando lo tuvo en su poder, el alcalde se lo remitió a la Administración implicada. Y aún tuvo mucho cuidado de agregar que a la Alcaldía le constaba que «los vecinos de dicha isla de Nueva Tabarca no han satisfecho nunca contribuciones y que las fincas enclavadas en ese barrio insular no figuran en el amillaramiento (hoy, padrón de inmuebles donde la Hacienda pública no ha hecho aún el registro o catastro fiscal), de este término municipal».

Porque, miren ustedes, así nos lo piden muchos atentos lectores, y todo cuando investigamos sobre el particular, lo ponemos aquí, para conocimiento de los más. Nos referimos al monumento de los Mártires. Mártires inmolados en defensa de la libertad, en 1826, en 1844, en 1848 y también en el «glorioso alzamiento de septiembre de 1868». Fue precisamente el treinta de noviembre del último año citado, cuando el Ayuntamiento que presidía el alcalde popular Antonio Vidal, conoció los proyectos presentados para la realización del dicho monumento, por los arquitectos José Ramón Mas, Jorge P. Moreno, José Guardiola Picó, Manuel Chápuli Guardiola, y por el delineante Emilio Guillén. Posteriormente, se acordó exponerlos al público en el Palacio Consistorial, y oficiar al ingeniero civil de la provincia, con objeto de que emitiese su opinión sobre los mismos.

Por fin, el diecisiete de diciembre, se aceptó el proyecto presentado por Manuel Chápuli Guardiola, por unanimidad. Acerca de este arquitecto sabemos que, cuando los fusilamientos de Pantaleón Boné y sus compañeros, contaba cuatro años de edad y que vivía en la calle de la Pelota. Era hijo de José Chápuli, de oficio cantero, y de María Antonia Guardiola.

A raíz del levantamiento liberal de 1868, el comité revolucionario de Alicante, del que era secretario Eleuterio Maisonnave Cutayar, tomó diversos acuerdos que fueron publicados en el Boletín de la Provincia (número 258) correspondiente al mes de octubre de tal año. Entre ellos figuran: el paso al interior de los productos procedentes de América, el desarme de la guardia rural, la demolición del baluarte de San Carlos, la erección de una columna monumental en el malecón de la ciudad.

El once de diciembre, se dirigió un escrito al Ministerio de Obras Públicas, en cuyo texto se dice que si los pueblos de la nación presenciaron los tristes actos de los gobiernos reaccionarios, envolviéndolos en el espanto y en la desolación, por el derramamiento de sangre de los que en defensa de la libertad fueron inhumanamente sacrificados, Alicante deseaba perpetuar la memoria de aquellos mártires, para lo cual «ya existía un jardín en la zona de puerto y se había convocado un concurso entre todos los profesionales que quisieran hacerlo con carácter gratuito». El Monumento a los Mártires ya estaba en marcha. Aún le esperaban muchas vicisitudes. Algunas de las cuales ya las hemos reflejado aquí.

Cuando el hasta aquel mismo día, alcalde constitucional de nuestra ciudad, Luis Pérez Bueno, anunció su dimisión y el nombre de quien había de sucederle en el cargo, Federico Soto Mollá, se produjeron los habituales discursos de unos y otros, en torno a la figura de ambos protagonistas, de aquel pleno extraordinario, de veintiséis de diciembre de 1910.

Tras tales parlamentos de rigor, hizo uso de la palabra el gobernador civil que se mostró muy dispuesto a cooperar en el desarrollo de Alicante. Concretamente manifestó que «además de su misión como tal, había recibido otra más íntima del ilustre hombre público, que ocupaba la presidencia del consejo de ministros, de cuyos labios, y desde hacía muchos años, no había escuchado más que frases de cariño para Alicante y propósitos de ayudarla en chanto se encaminase a su progreso».

Era una directa alusión a José Canalejas y Méndez que tantos vínculos políticos mantenía con la ciudad y su provincia.

Se apresuró entonces, muy sutilmente, Guardiola Ortiz y le recordó que Alicante era un pueblo agradecido; había testimonios de tal comportamiento para cuantos les prestaron buenos servicios.

Y recordó los monumentos que se habían levantado a personas como Maisonnave, Quijano y Barrajón. En su día también Canalejas tendría el suyo, muy ciertamente.

En aquella sesión corporativa, el alcalde saliente, Pérez Bueno, rememoró de su labor personal el homenaje que se le tributó a Rafael Altamira, y agregó que el «ilustre alicantino universal», se había interesado en que el Ayuntamiento cediera terrenos a las sociedades obreras, para edificar en ellos su casa social.

Pérez Bueno transmitió su deseo a la nueva corporación de que atendiera la petición de Altamira.

Por su parte, el alcalde entrante, Soto Mollá, expresó sus propósitos de municipalizar los servicios de abastecimientos de agua y alumbrado y de sacar adelante los proyectos del cementerio municipal y de la nueva cárcel, así como la necesidad de pavimentar la ciudad y de dotarla de una imprescindible red de alcantarillado.

Tanto Luis Pérez Bueno como Federico Soto Mollá, concejales salidos de las urnas, en las elecciones municipales de diciembre de 1909, pertenecían a la tendencia liberal-demócrata de Canalejas.

Lo intentó, movido por intereses nada claros, pero fracasó. Finalmente, se impuso el imperio de la razón. Y el alcalde abandonó el tema, con mucha cautela. El cronista Francisco Figueras Pacheco siguió siéndolo, pese a la confabulación de que fue objeto y a las panfletarias descalificaciones que le dedicaron desde un periódico. En resumen, se pretendía cesarlo en el cargo de cronista de la ciudad, retribuido, por entonces, y nombrar para ocuparlo a Francisco Montero Pérez: dos hombres buenos y mejores alicantinos a quienes trataron de enfrentar públicamente. La maniobra no prosperó. De este curioso episodio tenemos noticia por las actas municipales y los testimonios periodísticos, de su tiempo. El alcalde, llegado al Ayuntamiento de la mano del directorio militar que presidía Primo de Rivera, el uno de octubre de 1923, general Miguel de Elizaicin y España, a instancias de su hermano Florentino, presidente de la Asociación de la Prensa y director del diario «El Correo» urdieron la conspiración contra Figueras Pacheco. En el citado diario, correspondiente al once de diciembre del referido año, entre otras muchas cosas, se dice: «Todo lo que acabamos de consignar, no se compadece con el hecho de que don Francisco Figueras Pacheco, abogado muy culto y propietario de fincas urbanas y extensos terrenos que vende a buen precio, actúa de cronista de esta ciudad durante luengos años, sin haber salido de su bien cortada pluma, una sola cuartilla narrativa de la historia de Alicante (...) Figueras cobra hasta quinquenios del Ayuntamiento, pero no trabaja. Figueras cobra sueldo sin hacer un "brot" (...)». «El Correo» buscaba desacreditarlo pero no la consiguió. Por cierto que dicha publicación se subtitulaba «Diario político y de noticias de la mañana», hasta el seis de noviembre de 1923, que mudó este subtítulo por el de «Anticaciquista y defensor del actual régimen militar».

A su lado, tuvo el cronista a «El Luchador», periódico republicano, en el que precisamente colaboraba Francisco Montero Pérez, el substituto que le habían buscado para desempeñar las funciones de su cargo. En las páginas del mismo, primero «Un concejal» y seguidamente «Leukentum», pusieron las cosas en su sitio y sacaron a flote la mezquindad que se enmascaraba en aquella operación. Puesta al descubierto y desbaratada. Sólo faltó, para desarticularla del todo el homenaje que el recién inaugurado Ateneo, presidido por José Guardiola Ortiz, le dedicó el sábado, veintidós de diciembre en el restorán del Café Central. Figueras Pacheco continuó siendo cronista oficial, ya jubilado, hasta su muerte.

Con objeto de que se construyera el Centro de Peligrosidad y Rehabilitación Social, tal y como se recoge en una de sus cláusulas, el Ayuntamiento de Alicante cedió, con carácter gratuito, terrenos apropiados al Ministerio de Justicia. En los acuerdos tomados por la corporación municipal, en sesión extraordinaria del veintiocho de julio de 1975, se especificaba también que las obras deberían de iniciarse antes del plazo de dos años, a partir de la fecha en la que se diera posesión de los tales terrenos a los concesionarios.

Cuando se adoptaron estos acuerdos, los referidos terrenos se encontraban pendientes de la necesaria inscripción y lindaban, al norte, con la propiedad de don José Navarro y don José Bonet; al este, con la cerámica Bellavista; al oeste con la hacienda «La Vallonga»; y al sur, con «La Torre». Una superficie en total de dieciséis hectáreas y cuarenta y cuatro áreas, sobre la cual se edificaría la actual cárcel de Fontcalent. El Ayuntamiento la adquirió a la propietaria doña Carmen Gómez Tortosa, ante el notario don Pedro José de Azcurra y Oscoz.

Era alcalde de la ciudad Francisco García Romeu, cuando se realizó la operación de compra. Una operación que se frustró en parte. Y se frustró porque, en contrapartida, el Ayuntamiento, a propuesta del entonces concejal Martínez Aguirre, y por acuerdo unánime, debía recibir del Patrimonio del Estado, el solar que ocupaba el llamado reformatorio de adultos, para uso público y beneficio común de la ciudad. Pero, como bien se sabe ahora, no ocurrió así. La feliz iniciativa de José Manuel Martínez Aguirre y el respaldo pleno de la corporación, no prosperaron, como hubiera sido deseable.

Años después, José Luis Lassaletta Cano, titular de la Alcaldía, negoció el asunto, con el desaparecido Francisco Fernández Ordóñez, con Enrique Múgica y con otros altos cargos de la Administración, la entrega a Alicante ni siquiera ya de todo el solar, como se había acordado, sino de una parcela suficiente para levantar un centro cívico, junto a los edificios de los juzgados y de la Audiencia Provincial.

Las cosas no salieron como se habían pensado y cómo se habían concebido, por parte de las distintas corporaciones que intervinieron en este proceso, con el mayor interés, para todos los ciudadanos. Hace tiempo nos formulamos, en esta misma columna una pregunta que no tuvo respuesta, y que de nuevo dejamos aquí: ¿Se solicitó la licencia de obras, para construir la cárcel de Fontcalent?

Presidida por Lorenzo Carbonell, la corporación municipal alegó ante el Consejo de Ministros que las religiosas Agustinas de la Sangre de Cristo no habían cumplido las condiciones estipuladas de entrega del edificio que fue colegio de la Compañía de Jesús, hasta que ésta fue disuelta y expulsados sus miembros. La dirección general de Temporalidad surgida a raíz de aquella medida, confió el referido edificio a la ciudad, con objeto de que se destinase a pensión y colegios.

Posteriormente, un decreto de cuatro de octubre de 1785 cedía el inmueble a las ya citadas religiosas, «por no haberse verificado el destino que su majestad dio, tiempo hace, a dicho colegio, para casa de pensión o pupilaje, por falta de medios para la dotación de maestros y operarios». Sin embargo, en el mismo decreto se precisaba que tal establecimiento se pusiera a disposición del obispo de Orihuela, «para que con su notorio celo y cristianos auxilios, formalizara y distribuyera en el mismo las oficinas y dependencias que considerase oportunas y condujesen al fomento «del laudable propósito de la educación, enseñanza y recogimiento de las niñas, en que tanto interesa el público».

El quince de febrero de 1932, el Ayuntamiento de la ciudad consideró que se habían conculcado las citadas condiciones, toda vez que no se habían impartido clases y «era notorio en Alicante que la referida comunidad había establecido en el edificio cuestionado una residencia conventual de clausura». En verdad que urgían las necesidades de espacio para la primera enseñanza, por un lado; y por otro, con motivo de los sucesos del mes de mayo de aquel año, las monjas lo habían abandonado, «ante el asalto de las turbas que lo invadieron y saquearon, produciendo considerables destrozos».

En virtud de tal estado de cosas y en atención a las necesidades imperantes en materia escolar, la corporación municipal acordó dirigirse al presidente de la República, solicitando la incautación del antiguo colegio de los Jesuitas por cuanto las Agustinas de la Sangre de Cristo no habían respetado las condiciones de la entrega, y la ciudad requería solventar los acuciantes problemas que le planteaba la enseñanza primaria.

Alfonso de Rojas y Pascual de Bonanza a impulsos de sus ambiciones políticas dio de conservador en activo liberal canalejista. Estos cambios de ideario eran bastante frecuentes en los primeros lustros del siglo, y en la actualidad. Qué vamos a contarles, si está tan a la vista. Alfonso de Rojas activo, pero «de escasas dotes intelectuales», era un exponente de la burguesía local. Tras un paso, no muy afortunado, por la alcaldía, consiguió finalmente un acta de diputado.

Como presidente del Ayuntamiento, ya nos hemos referido en repetidas ocasiones, a su gestión y vicisitudes. Recordamos, sin embargo, en este repaso de los alcaldes, desde principio de siglo hasta nuestros días, cómo el gobierno civil lo suspendió cautelarmente, por oficio de siete de octubre de 1905. Oficio que Alfonso de Rojas recibió dos días después y del que salió la medida de traspasar sus funciones a Luis Pérez Bueno, primer teniente de alcalde, como así se le comunicó a la mayor autoridad provincial.

No mucho después de aquella suspensión, el delegado del gobierno civil, Antonio Masanet Abad, presidió la corporación, en pleno extraordinario, y advirtió que iba a llevar a cabo una minuciosa inspección de la administración municipal. Con ánimo de suavizar su cometido, dio por descontado que de aquellas indagaciones «sólo podían resultar felicitaciones para los concejales». Pero éstos no se sintieron nada complacidos.

Alfonso de Rojas mantuvo una ingeniosa pugna dialéctica con el delegado gubernativo, al que puso entre las cuerdas. Si lo que se estaba celebrando, más que una sesión plenaria, era una reunión, puesto que no se había convocado en los plazos reglamentarios, estaba fuera de lugar, toda vez que la anunciada inspección había empezado a las diez de aquella misma mañana y ya mediaba la tarde. El señor Masanet se quedó sin recursos y salió entre descalificaciones de los ediles. Alfonso de Rojas volvería a la alcaldía, el cuatro de noviembre del mismo año.

Antaño como hogaño: la sed puede acuciar. El agua ha sido una constante preocupación para nuestra ciudad. Y se han confiado trasvases de donde fuera. Como el dos de enero de 1913. Aquel día en que se inauguraba un nuevo Ayuntamiento, el edil doctor Rico advirtió que la Cámara Agrícola se ocupaba de un proyecto de traídas de agua de las lagunas de Ruidera, y que, consiguientemente, el Consistorio debería ponerse a disposición de la citada entidad, al objeto de que el Estado colaborara en la realización del mencionado proyecto.

Pero el nuevo alcalde, Edmundo Ramos Prevés tenía sobre la mesa los problemas que había tenido su predecesor en el cargo, Federico Soto Mollá. Aquel mismo día, se efectuó el relevo. Y como ya hemos apuntado esas ocasiones, Rico, de la oposición antidinástica, se lamentó de las reales órdenes por las que se nombraba y se aceptaba la excusa de los alcaldes; rechazaba que la presidencia corporativa la efectuara otra potestad que no fuera la del propio Ayuntamiento.

Edmundo Ramos era consciente de que entre las prioridades de su gestión estaban el abastecimiento de aguas, el alumbrado público y el drenaje y saneamiento de la población. Por eso, escuchó con interés la propuesta del doctor Rico de que el ingeniero municipal, Próspero Lafarga, llevara a efecto el estudio y proyecto del colector de la parte baja de Babel, obra que consideraba de absoluta necesidad, con objeto de evitar que «todas las excretas de aquella parte de la ciudad se vertieran en el mar».

El alcalde después de atender sugerencias y proposiciones, anunció que cuando lo permitieran los recursos económicos de los que legalmente pudiera disponer, abordaría tan importantes cuestiones. No constituía su declaración de intenciones ninguna novedad: el Ayuntamiento seguía endeudando, como en la actualidad.

Poco duró en su mandato Edmundo Ramos Prevés. Once meses después de su nombramiento, abandonó la Alcaldía. Las elecciones municipales del nueve de noviembre de 1913, modificaron-la corporación. El liberal demócrata Edmundo Ramos fue desplazado de la Alcaldía por el abogado conservador Ramón Campos Puig, quien accedió al más alto cargo de la ciudad, el veintiuno de aquellos mismos mes y año. A pesar de la estrategia electoral de Salvador Canals, el Partido Conservador obtuvo unos resultados precarios. Aunque sacó la Alcaldía por real orden, claro.