Visor de obras.

Un domingo, sus amigos supieron, por este periódico, que Paco Hernández dejaba definitivamente las tablas, después de cincuenta y siete años de trabajo. «No me retiro por falta de energías, dijo, sino porque hay dificultades en el repertorio. El repertorio se agota y el público se retrae. Es la crisis del teatro vernáculo, quizá paralela a la del teatro en castellano». Tenía entonces setenta y un años y andaba metido entre cajas y bambalinas, desde los catorce. Oficio por un tubo. «Solamente haré algunas obras de carácter benéfico» agregó.

Recordaba entonces sus actuaciones con Antoni Prieto y Teresita Barrachina de la que afirmaba: «Fue una excelente primera actriz. De no haber querido tanto a su tierra, hubiera triunfado plenamente en los escenarios de España». Y añadía: «Pero ella y yo quisimos ausentarnos de la terreta. Aunque tuviera muy buenas ofertas».

El actor cómico pudo haber hecho las Américas, pero le tiraba Alicante. «Nací en la Villavieja y me bautizaron en Santa María, así que...». Por eso preparó las maletas y regresó de Argentina en cuanto las cosas se le pusieron de cara.

Su padre quería que se dedicase a la pintura. Sin embargo, allí se embarcó con la compañía de Pepe Carreras y Consuelo Mayendía. Debutó con «La tierra del sol». «Actué en "La generala", "La viuda alegre", "El anillo de hierro"... Estuve en Argentina cinco años».

A su vuelta, Paco Hernández interpretó en Barcelona y en Valencia, donde pasó varias temporadas, en el salón Novedades. Por el año 1931, frecuentó la amistad de autores valencianos, entre los que recordaba a Paco Brachino, a Gayarro Lluch, a Morente Borrás, a Mariano Vidal, entre otros muchos. Y finalmente, ya en 1950, recibió un cariñoso homenaje en Valencia.

De Paco Hernández se pueden contar muchas anécdotas, muchas peripecias, muchos episodios. La comedia popular valenciana encontró en él un intérprete adecuado. Cuando se despidió de la escena, aquel domingo, 16 de septiembre de 1962, recordó al periodista Virgilio Miralles: «Creo que la obra que más he representado ha sido "El tonto del panerot"».

Evidentemente, las Américas de Paco Hernández le rondaban el corazón de la Vila Vella. Son asuntos muy íntimos y, a veces, inevitables.

Pero qué historia. De muy atrás vienen los desacuerdos, las desavenencias y los chascos entre el tan vapuleado Hércules y nuestro consistorio. Y no se pretende aquí depurar responsabilidades ni tan siquiera endilgar culpas, sino tan sólo constatar hechos. Fíjense y aviven la memoria los que por aquel entonces ya andaban en el ajo, cómo allá, por el año 1962, el Ayuntamiento intervino con objeto de comprar el campo de La Viña o La Florida a la Caja de Ahorros del Sureste de España (hoy, Caja de Ahorros del Mediterráneo) y no «por su iniciativa, sino a requerimiento insistente de la directiva del Hércules C. de F. y de gran número de aficionados alicantinos que consideraban esta solución como la única viable para asegurar de una vez definitivamente, la permanencia de las instalaciones deportivas que se consideran necesarias para el desarrollo del fútbol en Alicante». De forma que las arcas municipales se dispusieron a abonar nueve anualidades de cuatrocientas mil pesetas cada una a la entidad de ahorro, hasta los tres millones seiscientas mil pesetas de deuda que el club tenía contraída con la CASE la cual, siempre de acuerdo con una nota del alcalde Agatángelo Soler, publicada en INFORMACIÓN, el 27 de septiembre del ya citado año, renunciaba a los intereses correspondientes todo ese tiempo, «facilitando así la solución del problema que durante años ha gravitado sobre el Hércules».

A tal fin, el Ayuntamiento, arbitró un ticket, denominado «pro-campo», de tres pesetas por entrada, con destino a la adquisición, y que el pleno del 29 de agosto aprobó «en concepto de derechos o tasas por aprovechamiento del expresado campo de deportes». Con la aplicación de tal canon, en el primer partido celebrado el 16 de septiembre, se recaudaron 25.911 pesetas.

Sin embargo, la polémica se desató y el Ayuntamiento cautelosamente hizo marcha atrás. En la misma nota a la que nos hemos referido se dice: «Por parte de los socios del Hércules C. de F. no ha sido acogido con agrado el pago de un ticket de tres pesetas como canon de entrada impuesto por el Ayuntamiento para amortización del importe del campo y subsiguiente aplicación y mejora de las instalaciones, con vista a un futuro Stadium Municipal. Se considera por dichos socios que el campo debe ser de la exclusiva propiedad del Hércules C.F. y no del patrimonio de la ciudad de Alicante».

A raíz de tales controversias, el pleno municipal del 28 de septiembre, acordó retirar la moción de Alcaldía para la compra de la Viña a la Caja de Ahorros del Sureste de España; revocar la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de los citados derechos y tasas; y entregar al Hércules C. de F. las 25.911 pesetas recaudadas en el partido inicial de la temporada, con destino al pago del precio de la adquisición del campo por parte del club.

No hubo arreglo posible y continuaron de espaldas.

Pues resulta que don Román Bono Marín, presidente de la Comisión Gestora Municipal, es decir, el alcalde de la ciudad, se tomó un mes de vacaciones, por prescripción facultativa. Y en ese tiempo las cosas rodaron por donde tenían que rodar. De modo que a su vuelta se encontró con don José María Paternina Iturriagagoitia, gobernador civil de la provincia, que le pasó el testigo a don Manuel Montesinos Gómiz. La hora de un nuevo relevo al frente del Ayuntamiento había llegado inexorablemente.

Era el nueve de abril de 1946. A Manuel Montesinos Gómiz le correspondió la Alcaldía, y su equipo estaba integrado por Joaquín Quero Brabo, Fernando Riera García, Ramón Guilabert Davó, Manuel Ibáñez Rodos, Julio Escoto Treza-Río, José Abad Gosálbez, José Romeu Zarandieta y Andrés Gascuñana Hernando, como tenientes de alcalde en el mismo orden que se relacionan.

Como cumple, en estos actos ceremoniales, los discursos mandan. Ayer y hoy. Más ampulosos y retóricos, más lacónicos y llanos, pero mandan. Y es que en el fondo, nos va. Así que José María Paternina mostró su satisfacción por el trabajo llevado a cabo por la Gestora cesante; y refiriéndose al nuevo alcalde «declaró que las notas personales de éste y de todos sus compañeros le han hecho cifrar las mayores esperanzas en la labor que han de realizar, para la cual no ha de faltarles su apoyo y el que necesiten de las demás autoridades. Sus últimas palabras fueron un entusiasta ¡Arriba España!».

Bonó Marín dijo «que una de las mayores satisfacciones que le ha reportado el cargo es ver que en él le ha sucedido un entrañable amigo suyo, cuyas brillantes dotes, que bien conoce, son garantías de una provechosa gestión para Alicante. Deseó al alcalde y la nueva Gestora éxitos, e hizo presente su fervorosa e incondicional adhesión al caudillo».

Por fin, Manuel Montesinos Gómiz tomó la palabra y «expresó al señor gobernador su gratitud por el honor que le ha dispensado al conferirle el cargo, agradeció la cariñosa salutación del señor Bono, y manifestando que había asumido la investidura que se le ha otorgado como un acto de servicio, dijo que había de dar cumplimiento a su deber que le manda estar siempre al servicio del Generalísimo Franco y atento a sus consignas, para darles el máximo exacto cumplimiento y que esperaba contar con la ayuda de todos». Montesinos permaneció al frente de la Alcaldía hasta el 28 de mayo de 1949, cuando le sucedió Francisco Alberola Such.

Los alcaldes también hacen historia, aunque frecuentemente se les olvida con cierta desabrida fugacidad. Y no se merecen eso, pero son tan sufridos...

Eran aquellos tiempos fatales, de precariedad, de carencias, no tanto como los que nos auguran los malcontentos, claro. Pero no había casi espacio, para colocar las cartillas de racionamiento y el bollito de pan de maíz. Tan apurado se andaba que la autoridad militar se propuso construir en nuestra ciudad, casas con capacidad, comodidades, condiciones higiénicas apetecibles y alquileres económicos, para los jefes y oficiales del ejército, ¡la pica en Flandes! Pero el Ayuntamiento arrimó el hombro y el asunto prosperó. En parte, porque el Ministerio del ramo al efectuar la permuta de terrenos de su propiedad por otros del patrimonio municipal (el antiguo cuartel de San Francisco de por medio y los solares del grupo escolar de la partida de Los Ángeles donde se levantaría el Hospital Militar) se reservó una parcelita de ochocientos cuatro metros cuadrados en la zona de la Montañeta, en pleno desarrollo urbanístico. El general gobernador militar era consciente «de las dificultades con las que se tropezaba en Alicante, en constante e ininterrumpido crecimiento, para encontrar viviendas adecuadas al decoro y al propio tiempo a las posibilidades económicas» de sus subordinados; y también de la insuficiencia del solar disponible para sus propósitos.

Fue entonces cuando se acudió al Consistorio por ver si se les podía facilitar terrenos para salir adelante. El alcalde, Román Bono Marín, encomendó el estudio al arquitecto municipal y el arquitecto municipal revisó el plano de alineaciones de la Montañeta y encontró una pronta solución: ceder al ejército dos mil doscientos seis con cuarenta y tres metros cuadrados de una superficie algo mayor con lo cual se completaba una manzana limitada por las calles General Goded (hoy del Teatro), Álvarez Sereix, médico Pascual Pérez y radiotelegrafista Ángel Lozano. Aquello encajaba. De modo que se le ofreció al gobernador militar, de forma oficiosa; el cual, con fecha 25 de enero de 1944 comunicó la aceptación de la mencionada superficie «que permitía construir un edificio integrado por doce viviendas para jefes y veinte para oficiales». El acuerdo se tomó plenariamente el 28 de febrero del mismo año, y se estipulaban las siguientes condiciones: que las obras se iniciarán un año después de la firma de la escritura de cesión; que estuvieran terminadas en tres años a contar de la fecha del aludido instrumento público; y que en caso de incumplirse estos plazos, la propiedad revirtiera en el Ayuntamiento. Las viviendas militares no ofrecieron apenas problemas. Con las del Ministerio del Aire, ya fue otra copla. Se la cantaremos también. En 1944 el Ayuntamiento estaba de un espléndido...

Echado para delante, el cura ecónomo de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Gracia, contempló el paisaje de la guerra y cursó instancia al Ayuntamiento, para ver qué se podía hacer de aquellas ruinas y cómo se acomodaba la feligresía. Y el pertinaz clérigo esperó.

Dos años después, en octubre del 44, el pleno municipal describía así la situación: «Dicho templo se levantaba en terrenos de la zona de la Montañeta, fue derribado en la época republicana y durante el dominio marxista con que aquella finalizó, aprovechándose los ayuntamientos sectarios de aquel entonces de los materia les que obtuvieron al derruiría y disponiendo del solar del expresado templo que pasó a ser vía pública en el proyecto de urbanización». Aparte de la redacción ambigua, ya que no queda nada claro quién dispuso del solar, si los referidos ayuntamientos sectarios o el del momento, el cura ecónomo como si oyera llover: a mí, que me devuelvan la iglesia y que se dejen de fanfarrias.

A todo esto, el arquitecto municipal caviló lo suyo, y finalmente, se hizo la luz: miren, informó, el templo desaparecido que tenía fachadas a las calles del Molino y del Pintor Agrasot (antes Delicias) medía 1.150,64 metros cuadrados y resulta que existe una parcela de 1.828,23 metros cuadrados, contigua a aquel emplazamiento, y que además pertenece al patrimonio municipal y resulta muy adecuada para la reconstrucción de la parroquia. Así que sus señorías dirán.

A sus señorías, presididas por el alcalde Bono Marín, les pareció bien. Más extensión y muy conveniente en un lugar céntrico de la ciudad. Entonces la corporación acordó ceder a la autoridad diocesana el solar de propiedad municipal, siempre y cuando la referida autoridad renunciara a todos los derechos sobre la superficie que ocupaba la iglesia en cuestión, «declarándose suficientemente compensada con la finca urbana que le cede el Ayuntamiento».

Pasaron los meses, hasta que el 28 de junio de 1945, se concretó la permuta y se hicieron números. El valor del terreno consistorial era de 402.210 pesetas y el correspondiente al de la antigua parroquia de San Francisco se justipreció en 341.667,50 pesetas a las que se les sumó otras 59.696,20 que el funcionario técnico estimó como valor de los materiales que se obtuvieron del templo y que fueron aprovechadas por el Ayuntamiento (¿no lo habían hecho ya las corporaciones sectarias?).

En resumen, había una diferencia de 846,90 pesetas a favor del municipio que las donó gratuitamente a la Diócesis. Qué despilfarro. Años más tarde, el párroco don Pedro Mora Puchol pedía a los fieles por lo menos una loseta para levantar Nuestra Señora de Gracia. Una loseta no una baldoseta, oído.

Hubo un tiempo en el que para viajar de un pueblo a otro de la provincia se iba, de aquí para allá, buscando la cochera o el lugar de salida y llegada de los viejos autobuses; muchos con la giba del gasógeno, un aroma húmedo de hortalizas o embriagador de hogaza, y gente parlera, con sus cachivaches, haciéndose un huequecito. Un verdadero guirigay, pero fascinante y muy prójimo, muy de conocerse todos o de no conocerse nadie, pero como si tal. Se las pelaba el representante de comercio forastero, con su muestrario, sin saber dónde tenía que coger ésta o aquella otra línea para alcanzar su destino y ver qué se vendía, al cabo de tantos brincos, de tantas paradas, de tantos empellones, de tanta y tan campechana conversa.

La ciudad así contenía otras muchas ciudades mezcladas y cada quien que tan sólo iba de paso conocía una distinta y las calles que lo conducían del tren al vehículo con el radiador de humo y el llanto de los niños, un espacio recurrente y con vislumbres de urbano. Qué tiempos aquellos. Sólo los guardias se sabían el mundo cuando tiraban de un librito, se ensalivaban el índice y lo deshojaban bisbiseando un madrigal o una jaculatoria.

Para evitar la dispersión de tanto coche viajero y de tantas ciudades parciales, el Ayuntamiento decidió edificar una estación central de autobuses, con murales de Gastón Castelló, andenes, ventanillas, altavoces y bocadillos de chorizo y tortilla. Y nos pareció un lujo, una irrupción en la modernidad. El arquitecto municipal, señor Azúa, la proyectó en terrenos que recaían a las calles Pintor Lorenzo Casanova, Italia y Portugal. Presentó memoria, presupuestos, planos y pliego de condiciones. Los ediles presididos por el alcalde don Román Bono Marín le dieron su visto bueno en el pleno extraordinario celebrado el 28 de julio de 1944. En la sesión, quedaron enterados de la orden del Ministerio de Hacienda del 12 de aquel mismo mes, para contratar con el Banco de Crédito Local de España un préstamo de 3.023.500 ptas., importe total del presupuesto extraordinario. El alcalde propuso que se anunciara de inmediato la celebración de subasta pública para contratar la ejecución de las obras proyectadas. No mucho después, el 12 de octubre, se le adjudicó a la mercantil «Ribelles Cementos S. L.», por 2.664.900 ptas. Alicante no desaprovechaba ocasión para hincarle el diente al progreso.

De verdad que los pilló desprevenidos aquellos sendos y probablemente incómodos comunicados: el primero, de la Dirección General de Promoción del Turismo; y el otro, del Gobierno Civil de la provincia. En ambos, se les pedía el epígrafe del litoral alicantino, pero con carácter definitivo, y a efectos de la tramitación del oportuno expediente de inscripción en el registro de denominaciones geo-turísticas. Que se nos informe cumplidamente sobre la tradición y conveniencia de si es adecuado el nombre de Costa Blanca.

Pues andaban los ediles muy dubitativos dándole vueltas y evacuando consultas para aportar argumentos sólidos. En la sesión plenaria del 31 de agosto de 1964, se promovió una interesante deliberación en la que se consideró que tal denominación «data de unos años a esta parte, en que el turismo se ha acentuado en tal forma que se ha transformado en un fenómeno de masas, por lo que en cuanto a tradición es una costumbre reciente relativamente». Huy, huy, huy. La cosa no quedaba así como muy presentable ni convincente. Y hubo que echar mano del pasado.

«También es rigurosamente exacto (?) que los griegos llamaron Leukon Teijos a lo que luego sería Alicante; los cartagineses la llamaron Acra Leuka y los romanos la denominaron Castrum Album, y por lo tanto, no cabe duda alguna de que las palabras blanco o blanca siempre han estado unidas al nombre de Alicante, desde su fundación».

Sin duda, la corporación no recordó el estudio del cronista Figueras Pacheco que, previo informe del marqués de Rafal, aprobó la Real Academia de la Historia. En el mismo se dice que las letras que figuran en el escudo de la ciudad A.L.LA. «oficialmente ahora sólo significan Alicante Lucentum Lucentum Alicante», por cuanto, según afirma Figueras: «El Excelentísimo Ayuntamiento de la capital, no quiere basar sus decisiones sobre supuestos, sólo así verificados (..)». Ratificadas las reformas heráldicas por el Ministerio de la Gobernación el 29 de marzo de 1941, el Ayuntamiento, veintitrés años después, ni caso.

Hoy, a la luz de las nuevas investigaciones arqueológicas, los historiadores han despachado tan luminosa toponimia. Abad Casal escribe: «Si Akra Leuka se escapa de Alicante, con ella desaparecen Castrum Album y Loguntica y, por supuesto, Leukon Teijos, que no se encuentran en ninguna fuente».

No obstante, en 1964, por unanimidad, el pleno acordó la denominación oficial de Costa Blanca. Por si fuera poco, veintisiete años más tarde llega lo de Mediterránia. Más que un paraguas, una empanada.

Mediada la tarde del 15 de febrero de 1914, se trasladó la imagen de María Auxiliadora de la Colegiata de San Nicolás al nuevo templo y escuelas de los Salesianos, en un acto inaugural al que asistieron «autoridades y familias distinguidas de Alicante». Todo empezó con la llegada a nuestra ciudad del doctor don Modesto Nájera y López, abad de la insigne colegial y devoto de San Juan Bosco, quien pensó establecer una fundación salesiana y así se lo comunicó al alcalde, que dispensó una favorable acogida a la idea.

Los antecedentes históricos, se los facilitó al Ayuntamiento don Manuel Amorós Gosálbez que, en 1944, era el presidente de la junta ejecutiva del cincuentenario de la citada fundación, y gestionaba, por entonces, la concesión de la medalla de oro de la ciudad a la congregación. Sin embargo, el reglamento no contemplaba la posibilidad de otorgar colectivamente tan alta distinción.

El señor Amorós Gosálbez se refirió en su escrito «a los cincuenta años de recristianización de un amplísimo sector de la población, antes abandonada a todo influjo religioso». Y agregó que «donde más ubérrima ha sido la labor es, sin duda alguna, en la educación de la juventud pobre, en un principio, a la que se fue uniendo otra clase más acomodada, con el correr de los tiempos». Por ello, «la ciudad quiere decirle pública y solemnemente gracias a los Padres Salesianos por todos sus trabajos y desvelos (...)».

Entonces, propuso al cabildo municipal que la referida medalla se concediera, a título póstumo, a don Silverio Maquiera Santovo, salesiano, «por representar fielmente el espíritu de la Congregación, sin olvidar las excelsas virtudes de sus hermanos que, como él, sacrificaron su vida por la juventud obrera». Recordó que don Silverio Maquiera fue destinado muy joven a Alicante y que en 1933 ya como director, continuó dedicado a la enseñanza y a la predicación. Después de la etapa dolorosa de los incendios de iglesias y centros religiosos, durante la cual «la ofuscación extraña» asoló los Salesianos, el 11 de mayo de 1931 y el 18 de julio de 1936, don Silverio «piedra a piedra y céntimo a céntimo», reconstruyó la casa tan querida en Alicante, la abrió de nuevo al culto y puso en funcionamiento las aulas. A don Silverio, el pleno, en sesión del 31 de enero de 1964 y por aclamación, acordó concederle la medalla de oro. Tuvo ciertamente, un valedor fervoroso y persuasivo.

Meses después de que el Ayuntamiento facilitara terrenos al ejército para la edificación de viviendas militares («La Gatera», 11.9.92), el coronel-jefe del 32 Regimiento del Aire, también solicitó solares del patrimonio municipal con el mismo objeto. Para los jefes, oficiales y suboficiales con destino en el aeródromo de Rabasa se requerían cincuenta pisos. Se instruyó el oportuno expediente y el arquitecto titular solventó el tema; la solicitud podía atenderse con los casi novecientos ochenta y nueve metros cuadrados de que disponía el Consistorio en la avenida de Jijona, valorados en 47.879,94 pesetas y que ya habían pretendido vender en dos subastas que finalmente se declararon desiertas. Con todos los informes favorables, el Ayuntamiento accedió a la cesión gratuita al Ministerio del Aire, de acuerdo con las condiciones siguientes: que se destine dicha superficie a viviendas; que las obras den comienzo en el plazo máximo de dos años a contar de la fecha de otorgamiento de la escritura de donación; y que, en caso de incumplimiento revierta la finca donada a la ciudad, de la que, en definitiva, había salido.

Pero así como los militares de Tierra se avinieron, los del Aire se lo pusieron crudo a la corporación, que así lo había acordado plenariamente el 6 de julio de 1944. Véanlo. En diciembre del mismo año, la Jefatura de la 3.ª Región Aérea, en nombre del ministro del Aire, respondió que nanay. Que las condiciones citadas eran inaceptables a menos que se modificarán de la forma que se establece a continuación: que se preveyese el supuesto de circunstancias extraordinarias que obligasen a destinar las edificaciones a otros fines distintos a los específicamente señalados; que se estipulara la no devolución de los terrenos cedidos, cuando por caso fortuito o fuerza mayor, no fuera posible iniciar las obras en el plazo expresado de dos años; y que «en caso de incumplimiento de las condiciones anteriores se produjera a favor del Ayuntamiento la reversión, pero limitado tan sólo a la propiedad del solar, teniendo derecho el Ejército del Aire a la preferencia para la adquisición de las edificaciones y obras efectuadas por el mismo, en concurrencia con otras personas». En sesión extraordinaria del 21 de los referidos mes y año, al pleno corporativo aceptó todas aquellas modificaciones. Sólo entonces el general jefe de la Región Aérea de Levante aceptó el regalo y le dio las gracias al Ayuntamiento, según se refleja en el acta correspondiente a la sesión municipal del 18 de enero de 1945. Una hermosa historia de generosidad alicantina. ¿O no?

Se cumplió el martes último y a poco se nos traspapela en la memoria, el ya siglo y casi medio de la muerte de don Trino María González de Quijano, gobernador que fue de la provincia y víctima del cólera morbo que azotó despiadadamente nuestra ciudad, y tantos otros lugares, entre el 10 de agosto y el 23 de septiembre de 1854. La efemérides casi se nos pasa, si no es por el aviso que nos da Vicente Huesca, con quien andamos de palique histórico por el archivo municipal, por donde va amorosamente catalogando mártires de la libertad, con el esmero y la paciencia de un entomólogo.

Pues, sí. Aquella tremenda invasión se lo llevó por delante sin contemplaciones jerárquicas, junto con otros aproximadamente dos mil alicantinos, el 15 de septiembre de tan letal año. El bueno de Quijano había tomado posesión de su cargo veinticinco días antes. Tan fugaz y tan penoso resultó su mandato. Pero dejó, y bien plantado, el ejemplo de su sacrificio. No tuvo el reciente gobernador empacho alguno en meterse de lleno en medio del estrago, antes bien su actividad humanitaria y su decidido talante lo dejaron indefenso frente al colérico mal, y en una ciudad de la que la gente salía despavorida. Junto a él, don Manuel Carreras, alcalde primero de Alicante que se mantuvo en su puesto, con firmeza, hasta que pasó la epidemia. El autorizó el traslado de la Santa Faz, en aquellas oscuras circunstancias, con toda cautela, hasta su instalación en San Nicolás, el 15 de agosto. Los días 29 y 30 del mismo mes, y de acuerdo con un bando, del gobernador civil González de Quijano la reliquia saldría en procesión para llevar a los alicantinos consuelo y confianza.

Poco después de su muerte, se acordó erigir un monumento funerario, en los terrenos que el Ayuntamiento cedió en la plaza de Santa Teresa, del barrio de San Antón, y que ahora lleva el nombre de Panteón de Quijano. Dos años más tarde, el 30 de mayo de 1856, su única hija, Carolina González de Quijano y Polvorosi, solicitó de la corporación local que «este pueblo la prohije, en calidad de hija adoptiva», petición que se aprobó por unanimidad. Título que en 1864, recibiría Esperanza, hija de Carolina y de Vicente Nata Gayoso, en sesión de 15 de abril del referido año.

Aunque el tema escapa a nuestro propósito de exponer las vicisitudes y aconteceres del periodo comprendido, sin excesiva rigurosidad entre 1939 y la década de los sesenta, se impone, a veces, un brinco cronológico. Son imperativos de la gratitud y el reconocimiento. Y esta columna se ha levantado, con todo respeto y cariño, a don Trino González de Quijano. A su memoria imborrable.

Por aquel entonces el turismo deslumbrante de la divisa y la aventura ya llegaba en manada e invadía arenas, calas y cantiles con voracidad de sol.

Los filtros, las pomadas, los aceites y toda una cosmética de alta firma ponían las carnes de bronce y las apacibles aguas oleaginosas y con un leve aroma a zanahoria y limón. Nosotros que nos manufacturábamos los potingues a base de aceite de oliva en crudo y con hortalizas del mercadillo de Velázquez, nos quedábamos en un pasmo.

La verdad es que algunas playas no ofrecían un aspecto muy pulcro, para las vanguardias del norte. Y hubo que ponerlas casi de domingo. Además se podía sacar tajada. Nuestro Ayuntamiento que ya había adecentado El Postiguet y al Cocó lo dejó sin el espigón previsto, por ciertas dificultades que ofrecía su construcción, decidió volcarse con la Playa de San Juan. Así que se encargó al arquitecto municipal un estudio concienzudo para adecuarla y dotarla de ciertas comodidades. La idea era, en definitiva, ordenarla para su explotación directa.

El arquitecto trabajó con esmero y diligencia. La próxima temporada estival tenía que estar todo en marcha. Por fin, en pleno extraordinario, se examinó el proyecto de Alfonso Fajardo Aguado y se aprobó tras un minucioso análisis de las instalaciones propuestas. Las instalaciones tampoco eran ostentosas, pero sí necesarias y prácticas.

Se reducían a la adquisición de diez tipos de kiosko-bar, de chapa ondulada, «de sencillo diseño y de modernas líneas, con medidas aproximadas de planta de 3x3,5 metros», y otra serie de características técnicas que afectaban a barras, mostradores y trastiendas. El precio por unidad ascendía a cincuenta mil pesetas.

Y diez pabellones para siete cabinas de baño cada uno y un mostrador para servicio de guardarropa, por un total de cien mil pesetas por cabina. De forma que se aprobaron kioskos y cabinas, por millón y medio.

Luego, se repasó el pliego de condiciones que había de servir de base para regular el concurso de adjudicación, con todos los informes favorables. Hubo unanimidad en todo.

La Playa de San Juan estaba ya dispuesta para lo que le echaran. Luego, empezarían los problemas y los ajustes. Siempre con las prisas, siempre. Y así pasa lo que pasa.

En un principio, los núcleos urbanos se desarrollan a su aire y las ciudades se hacen al margen de la disciplina del tiralíneas. Los siglos o las arrasan y las cuelgan en el perchero de los recuerdos y en la vitrina de los vestigios, o las enderezan a base de reglas y ordenanzas.

En 1858, el Ministerio de la Guerra autorizó el derribo de las murallas, y Alicante dejó de ser una plaza fuerte y estrangulada, para replantearse sus aspiraciones de ciudad moderna.

El 14 de septiembre de 1887, se aprobó el concurso de anteproyectos, con la inclusión del futuro barrio de Benalúa, de ensanche de las poblaciones. El Ayuntamiento admitió a trámite los de los arquitectos don José Guardiola Picó y don José González Altés. Y finalmente aprobó el del segundo que, tras diversas vicisitudes, sólo se iniciaría a partir del 8 de enero de 1898, con un periodo de vigencia de treinta años.

En 1956, recién publicada la Ley del Suelo, se redactó el Plan General de Ordenación Urbana aprobado por orden del Ministerio de la Vivienda, el 5 de mayo de 1958 y confirmado por otra orden de 2 de mayo de 1962.

Ramos Hidalgo dice: «Del conjunto del Plan es lícito afirmar que se derivan aspectos negativos como la excesiva altura de las edificaciones, tanto en el centro como en la periferia, desajustada de todo punto a la anchura de las calles; la despreocupación por las zonas verdes; la excesiva concentración del tráfico rodado al no existir vías de ronda en número suficiente y con la anchura necesaria; la irresolución del problema de la agobiante escasez de suelo urbanizado, y, por último, la insuficiente creación de suelo industrial. A la vez que el barrio Virgen del Remedio, por voluntad de la promoción privada, surgirá precisamente en uno de los sectores diseñados como no urbanos en las previsiones del citado plano».

El 23 de octubre de 1964, la Corporación local aprobó la revisión de este PGOU que recibió el visto bueno ministerial. Entonces solicitó asesoramiento de la superioridad y remitió el nombre de cinco arquitectos residentes en la ciudad, con objeto de que el Ministerio decidiera cuál de ellos era el más adecuado para ostentar la jefatura del correspondiente equipo.

El 18 de febrero de 1965, se recibió la respuesta: «En contestación a su oficio de fecha cuatro de febrero, se estima que de la relación de nombres que presenta, una vez examinada, el arquitecto don Juan Antonio García Solera, diplomado en urbanismo por el Instituto de Estudios Locales, pudiera ser la persona que nombrara ese Ayuntamiento para realizar el trabajo». El pleno municipal así lo acordó ocho días más tarde.

Ordenar las ciudades es asunto apasionante, peliagudo y polémico. Además se presta a manipulaciones interesadas.

Todo comenzó cuando unos ciento cincuenta hombres «de la clase al parecer menesterosa» le buscaron las cosquillas al síndico, en la noche del 23 de febrero de 1847. Pedían a gritos que se les quitasen los dos reales de impuesto por arroba de harina y de habichuela. Enterado el alcalde constitucional, don José Garrigós, se fue por lo derecho a parlamentar con los sediciosos que se habían apoderado, por la fuerza, de don Juan Antonio Castelló, regidor síndico, y lo habían trasladado a casa del párroco. Aquella noche en Jijona, los ánimos andaban exasperados. El 24, a las diez de la noche, en la sala capitular y ante la presión de la multitud, la corporación les invitó para que expresaran sus deseos. Y los expresaron rotundamente: «Que se aboliesen los derechos de consumos, y que para cubrir la cantidad que el Gobierno de S.M. ha detallado a esta ciudad por dicho concepto se hiciera una derrama por clases entre todos los vecinos que estaban anuentes y conformes en contribuir con la cuota que se les asignase (...)». Insistió el alcalde en que el Ayuntamiento carecía de tales facultades, y los descontentos le replicaron que no se retirarían hasta que no vieran en los sitios públicos el bando de la suspensión de los referidos derechos. Frente a tan inflexible actitud, alcalde y regidores, para evitar más graves conflictos, lo publicaron al punto, y acordaron «proponer al Gobierno un repartimiento vecinal por clases, de la cantidad que por ese concepto debía ingresar en tesorería».

Aquella misma noche, los amotinados expulsaron a algunos forasteros y al secretario del Ayuntamiento, don Jaime Llinares, que corrió al Gobierno Superior Político de la provincia en Alicante, para largar lo suyo. De buena mañana, el titular don José Rafael Guerra, acompañado por el consejero provincial don Juan Rico Amat, el comandante de la Guardia Civil y otras autoridades, salieron hacia Jijona. Poco después, fueron capturados once de los «primeros reos», se ordenó la búsqueda y captura de los otros nueve fugitivos, se suspendió al alcalde y regidores en sus funciones «que hacen relación al mantenimiento del orden y seguridad pública» y se les impuso a algunos de ellos multas de quinientos reales, de cuatrocientos a los alcaldes de barrio y de cuarenta a cuantos habían participado en las reuniones tumultuarias. El importe de aquellas sanciones irían a sufragar los gastos y jornales de la construcción del camino de Jijona a Alcoy, por la Carrasqueta. Estos sucesos pormenorizados se contienen en el BOP y fueron investigados por un grupo de alumnas de COU, de Jijona.

Los sesenta fueron una década bulliciosa y confiada, ya lo hemos dicho. Se vivía aceleradamente, se especulaba, se edificaba hasta las nubes, se le metía mano a la Albufereta, los treinta mil pieds noirs traían sus modas y montaban sus negocios de hostelería, de limpieza de ropa, de inmobiliarias, en tanto «el barrio» descubría sus fascinantes posibilidades a las aún escasas avanzadillas de jóvenes. Pero también los sesenta le hicieron un hueco a la nostalgia y por él, uno tras otro, desaparecían definitivamente los viejos tranvías amarillos y aquellos otros recién incorporados a la flota, azules y tan volanderos. La ciudad se transformaba, sin duda. Y con muchas prisas.

Así pues, el 11 de febrero de 1966, la Diputación notificó al Ayuntamiento su acuerdo de dar por finalizada la concesión del tranvía eléctrico de Alicante a San Vicente del Raspeig, y que consecuentemente abandonaría la explotación del servicio a partir del primero de mayo próximo. La papeleta que se le presentó a la corporación local era de órdago y había que ventilársela con premura y eficacia, para que no se originasen protestas y conflictos.

Se tomaron medidas provisionales y urgentes, y se acordó utilizar la línea de autobuses «que resulte concesionaria por el Ministerio de Obras Públicas», entre ambas poblaciones y sin paradas intermedias dentro del término municipal, para que con carácter interino, se fije como final de trayecto la Plaza de España, frente a la Jefatura Provincial de Sanidad y a la Plaza de Toros.

En la misma sesión plenaria del 29 de abril, también se dispuso que se reforzara el servicio de las barriadas de Los Ángeles y de Felipe Bergé, con una línea, «requiriendo a los contratistas Vicente Marco Ruiz y Joaquín Sánchez López, para que incrementen la flota de autobuses, con tres unidades totalmente nuevas, modificándose en lo preciso al término del contrato, para que estos coches no sufran demérito, si el hecho se produjera antes de un año, a contar desde el día primero de mayo».

Era como arrancarle las hojas a una margarita, me sirve, no me sirve, pero no con el alterado pulso de la adolescencia, sino a varazo mondo, que los ayuntamientos no se han puesto ahí para analizar dengues y sensibilidades. De manera que un buen día, el del Trabajo o de San José Obrero, como se decía por aquel tiempo, al tranvía de San Vicente se le paró el trole. Algunos, aún sin saberlo, acudirían cautelosamente al castillo de San Fernando, por donde el antiguo hipódromo, a cantar subversiones, por lo bajines.

Fue el gobernador civil don Luis Nozal López quien pronunció las solemnes palabras: «Si así lo hacéis, Dios y España os lo premien, y si no os lo demanden». Poco antes, don José Abad Gosálvez. entró en el salón acompañado por los ediles más jóvenes, Gaspar Peral Baeza y Cristóbal Espinosa Palmer, hincó las rodillas ante el crucifijo, puso la mano derecha sobre los Evangelios y recitó la fórmula de rigor: «Juro servir a España con absoluta lealtad al jefe del Estado, estricta fidelidad a los principios básicos del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino, poniendo el máximo celo y voluntad en el cumplimiento de las obligaciones del cargo de alcalde de Alicante para el que he sido nombrado».

Previamente se dio lectura a un oficio del ministro de la Gobernación mediante el cual se aceptaba la dimisión de don Fernando Flores Arroyo, de acuerdo con las facultades que le confería la entonces vigente ley de régimen local, «agradeciéndole los servicios prestados», y en su lugar disponía dicho cargo a favor del señor Abad Gosálvez.

Tras la ceremonia, el nuevo presidente de la corporación municipal recibió el bastón de mando y las correspondientes insignias, antes de que diera comienzo la inevitable y acostumbrada ronda de discursos y parabienes. Fernando Flores estuvo comedido, casi lacónico, expresó su agradecimiento a Felipe Arche Hermosa, a su hermano Mario, a todas las autoridades alicantinas y a la Prensa. Resumió su labor brevemente: parte en la realización de obras, y otra en la gestión y planificación futura más o menos próxima. Por último, se dirigió a su sucesor en la alcaldía para congratularse de que fuera él quien le sustituyera, aunque, le previno, que le esperaba una tarea difícil «porque Alicante se encuentra en un momento de expansión desaforada y es necesario controlarla y dirigirla, pero está seguro de que es el alcalde que la ciudad necesita».

José Abad leyó unas cuartillas y afirmó que «tiene la convicción de que con la colaboración de todos, siguiendo las directrices y orientaciones de nuestro jefe provincial, el Ayuntamiento de Alicante sabrá simplemente, sencillamente, modestamente, realizar su misión cumpliendo con su deber».

Aquella sesión extraordinaria con la que nuestra ciudad estrenaba una nueva etapa municipal, se inició a las once horas y veinticinco minutos, como recoge en acta con precisión meridiana, el secretario de la corporación, don Juan Orts Serrano. Qué año aquél. El de Pepe Abad bregando por meter en cintura el desbaratado transporte público y el de Bob Dylan de autoestopista siguiendo las huellas del microsurco: «Y estuve en medio del helado tráfico preguntándome dónde te encontrabas». Aquí, maldito freak, en este azul tierno y no en el Mobile de Kerouack.

Ya están aquí. Llegaron ya los cuarentunos holandeses de Eindhoven a echarse un pulso y púa con los cuarentunos alicantinos y los de la Estudiantina de Coimbra.

Se nos avisa que el encuentro internacional tiene por objeto el hermanamiento «a la hora décima de la noche y en la fortaleza del castillo de Santa Bárbara», de hoy mismo. Aunque eso nunca se sabe, siempre resulta oportuno precaverse. Ya nos entienden. Además, como testigos de la ceremonia, tendrán a los tunos de Murcia y de Sevilla, y a las tunas de Zaragoza. Y nos van a rondar, con sus piruetas, sus cintitas y su cachondeo.

En fin, que cada cual se las apañe como buenamente pueda: el contumaz asedio de la bandurria y la pandereta, del omnipresente clavelito y de la nocturnidad disipada gozosamente, se nos puede echar encima al menor descuido.

Nuestra cuarentuna ya se la conocen. Arqueológicamente hablando, algunas de sus piezas datan, nada menos, que del año 62 y se corresponde con la llamada Era del SEU en caída libre. En aquella época, sus cofrades procedían mayoritariamente de las escuelas de Magisterio, Comercio y de Peritaje de Alcoy. Se conserva aún, fíjense qué prodigio de laboriosa restauración, una bandera que les bordó primorosamente el ínclito Tomás Valcárcel.

Y otros vestigios no menos inconmensurables: algunas panzas ya exentas de la ceremonia del baño iniciático, por respeto a los principios, especialmente al de Arquímedes, muy conscientes de que un fugaz chapuzón podría dejar sin una sola gota de agua la más pimpante piscina olímpica.

Por supuesto, sus componentes cargan a sus espaldas los cuarenta o casi primeros años, algunos alifafes y una faltriquera de bicarbonato y pastillitas, para las emergencias. Pero como los políticos, se resisten a dimitir. Y aguantan a pie de balcón lo que los otros a grupas de escaño. Como lo oyen, tan dados al holocausto se manifiestan.

Las crónicas nos dicen que, tras purificarse en el CEU, la cuarentuna alicantina se consolidó en el 86 y, un año después se presentó oficialmente en el festival de tunas, en nuestra ciudad.

Desde entonces han corrido lo suyo: en Eindhoven incluso se les eligió para rondar a la princesa Cristina de Holanda. Y dicen que por allí arriba, por donde Maastricht, más o menos, ya se aplicaron en eso de la Unión Europea, con el inocente y esmerado retozo de las pegatetas, que siempre resulta una unión agradecida que además cubica y evalúa.

Entre la casa de la primavera, de don Wenceslao, y la Casa de la Troya, de don Alejandro, y para que nadie les impute al calificativo de okupas, se dan al nomadeo y sólo militan los jueves en la barra amiga de su bullicioso cuartel. Hoy, sí. Hoy, con el Ayuntamiento de anfitrión, tomarán el Benacantil con sus compañeros y aliados de Portugal y Holanda, de Sevilla, de Murcia y de Zaragoza. Después, a lo que salga que saldrá y no vean cómo.

El caos. El alcalde, aún bisoño, tuvo que afrontar el tremendo desbarajuste de los transportes públicos. Toda una hazaña. El panorama enumerado y descrito por el propio Ayuntamiento era el siguiente, y no se nos vayan de espaldas:

a) Tranvías explotados directamente por el municipio y propiedad del mismo.

b) Autobuses de compañías privadas arrendados por el municipio para su explotación directa.

c) Autobuses de empresas particulares explotados por las mismas con concesión a precario.

d) Autobuses de líneas interurbanas que realizan servicios urbanos, por tolerancia del Ayuntamiento, bien por costumbre o porque no estaban en condiciones de hacerlo por su cuenta.

Un verdadero guirigay. ¿Lo entienden? Ni nosotros. ¿Cómo se llegó a tal situación? Que cada quien saque sus conclusiones. Pero aquello carecía de sentido y había que ordenarlo de arriba a abajo. «Se evidenciaba una reorganización que unificara los diversos criterios, en beneficio de los usuarios y también de cada línea, ya que, en ocasiones, se perjudicaban mutuamente».

Pensamos que José Abad debió comprender el alcance de su antecesor en el cargo, Fernando Flores Arroyo cuando, en sus palabras de despedida, le advirtió paladinamente que la ciudad andaba desaforada. Y tanto. ¿Se imaginan? Para desplazarse de un lugar a otro, por lo menos había que tirar de unas tablas de logaritmos o jugarse el medio de transporte a cara y cruz.

No hubo otra solución que recurrir a los procedimientos drásticos, para escapar de la confusión y de los costos que originaban tal proliferación de vehículos que se disputaban a los viajeros como si fueran fardos. Y se acordó, en una moción de alcaldía, aprobada por unanimidad, el 22 de noviembre de 1966, recurrir al Gobierno de la nación «a fin de que por razones de interés social, se digne elevar a las Cortes el oportuno proyecto de ley, en virtud del cual se faculte a la excelentísima corporación municipal para que otorgue directamente, sin las formalidades de la licitación pública, la explotación por concesión del servicio de transporte colectivo de viajeros de Alicante a empresa que reúna los convenientes requisitos jurídicos, financieros y técnicos, que garanticen la adecuada prestación y que se halle constituida con arreglo a una fórmula de alto contenido social, en la que intervenga directamente en misión tutelar y de ayuda económica el Ministerio de Trabajo».

Sin duda, una curiosa piratería, amparada en el caótico impulso del desarrollismo, circulaba por la ciudad. El Ayuntamiento, incapaz de solventarlo, tuvo que recurrir a la más alta instancia. A grandes males, tentetieso y adelante.

Estamos preparando una crónica del ruido, en nuestra ciudad. Cómo suena a diversas horas del día, en distintos lugares, en verano o en invierno, en los grandes almacenes, en los mercados, en las avenidas, en las plazas del barrio, en las callecitas altas de Santa Cruz. Evidentemente, Alicante tiene sus propios registros, su intensidad, su timbre. Hoy, los decibelios nos ponen en vilo, nos sobresaltan y nos estrujan los nervios. Podríamos hacer un listado de objetos contaminantes, pero hay en puertas una campaña que nos exonera de tal trabajo.

Tan sólo pretendemos recoger chirridos, estridencias y estampidos y conversaciones magnetofónicamente, para dejarlos como testimonio audible de este calvario. A nosotros, nos encantaría reproducir ahora los ruidos y las voces de una madrugada del siglo XVII, pongamos por caso, en el carrer de la Font de San Nicolau; o los de un atardecer otoñal y ochocentista, en la asamblea de San Francisco.

Quizá entre el silencio y el presumiblemente discreto murmullo, nos diéramos de bruces con apretados capítulos de nuestra historia romántica o con algunas frases que nos desvelaran el origen de intrigas y conspiraciones ignoradas.

Ya bastante más próximo en el tiempo, disponemos de una relación de los sonidos más característicos de las postrimerías de la década de los cincuenta que elaboró el semanario «Sábado», con motivo «de la medida admirable adoptada por el Ayuntamiento de Madrid: la campaña en favor del silencio».

Y la sucinta relación era la siguiente: sirenas del puerto y fábricas «mayores»; campanilla, timbre y silbato en los tranvías; obreros municipales, los de saneamiento de alcantarillas, los de baldeo, los de recogidas de basuras y las brigadas del gremio de la construcción; el cartero que hace sonar su silbato; el taller de reparaciones de motores de cualquier clase; el aparato de radio «útil» para todo el vecindario; el que grita su mercancía; el que utiliza el claxon innecesariamente, y los que llevan el tubo de escape por libre. Además, los trasnochadores que vociferan, una máquina de tren que hace maniobras o un camión que cruza rápidamente la ciudad hacia el mercado o la lonja.

Pues fíjense cómo se han desarrollado los elementos perturbadores en poco más de treinta años. Se sabe de ciudades que han devorado a sus vecinos por las tragaderas insaciables del decibelio insurrecto. Ya lo leerán en esta columna. Entre tanto, desconecten el sonotón.

Hace apenas unos años, en los pozos de Garrigós, se celebraban muestras de arte y el espectáculo resultaba fascinante. Era como hacerle la cirugía estética a las viejas y sorprendentes entrañas de la ciudad. Todo aquello es un paraje emblemático.

Un paraje, una finca que nuestro Ayuntamiento adquirió, según acuerdo del 23 de febrero de 1967, por doscientas veinticinco mil pesetas, en compra directa de acuerdo con el apartado C del artículo 121 de la entonces vigente Ley de Régimen Local. La descripción de terrenos es la siguiente, fíjense: se encuentra en las faldas del monte Benacantil de esta capital, con una casa compuesta de planta baja, y ocupa el terreno una superficie de algo más de setecientos cincuenta y cuatro metros cuadrados y existe debajo del mismo varias cavernas comunicadas entre sí, con entrada por la calle Remigio Sebastiá, donde le corresponde el número cinco de policía. La planta de la referida casa mide casi ochenta y ocho metros cuadrados, y se accede por el Benacantil. Forma el conjunto un «solo predio de caber ochocientos cuarenta y dos metros y veinte centímetros cuadrados que linda: al norte, con el monte Benacantil; al sur, con la plaza del Puente; el este con la calle Remigio Sebastiá, subida al castillo de Santa Bárbara y monte Benacantil; y al oeste con las casas de Antonio Lon, Francisco Botella Galiana, Roque Barber Ferrer y monte Benacantil».

El consistorio y para el patrimonio municipal, se la compró a Esperanza Garrigós Soler, viuda de don Francisco de Federico Martínez. A su vez, su última propietaria se la adquirió a don José Luis de Federico Garrigós, según escritura de 19 de octubre de 1959, otorgada en Alicante, ante el notario don Evaristo S. de Otero y Aguirre.

De acuerdo con Gonzalo Vidal Tur, en 1865, su propietario y maestro de obras Antonio Garrigós construyó tres grandes algibes, con una capacidad de medio millón de litros. Estos pozos calmaron la sed de una población que, hasta entonces, carecía de agua potable. Pero Garrigós la condujo, por medio de cañerías, hasta la calle Mayor, esquina a la de Maldonado, donde se vendía a cántaros y a un precio asequible. En 1887, don José Soler y Sánchez, atendiendo a la salud pública, la analizó y la calificó de «eminentemente potable».

Hoy, no hay más que darse una vuelta por tan histórico paraje. De aquel alicantino no quedan ni su agua ni el balneario «La Estrella» que construyó en el Postiguet. Nos resta la memoria y los vestigios.

Al edil Francisco Maruenda Alberola no le salían las cuentas del proyecto presentado por la Compañía Alicantina de Promociones Inmobiliarias S.A. (CALPISA), en el que se contemplaba el Plan Parcial de Ordenación Urbana de la «Ciudad Elegida Juan XXIII», en las lomas del Garbinet. Se deliberó lo suyo, y Maruenda razonablemente dijo que el proyecto no se había pasado a informe de la comisión de Urbanismo, pero que, no obstante, él había examinado los planos y llevado a cabo determinadas investigaciones, y que no. Sin poder asegurarlo, manifestó que en el Catastro sólo aparecía una superficie de 305.000 ó 350.000 metros cuadrados. Y opinó que los terrenos en exceso hasta 1.515.000 metros cuadrados, se justificaban así como de la empresa promotora, y en su criterio el Ayuntamiento debería oponerse y reclamarlos para el municipio.

Su compañero de corporación, Salvador Soriano Antón, inquirió que por qué no se le había exigido la certificación registral de la propiedad de todo el conjunto, lo que resultaba implacable. Tanto que José Abad, el alcalde, decidió que el asunto se dejase sobre la mesa, hasta que CALPISA acreditara la debida titularidad (por cierto en «La Gatera» del pasado 24 del presente mes, se nos pasó concretar la fecha de la toma de posesión del señor Abad: fue el 11 de octubre de 1966).

El 27 de junio siguiente, la promotora había aportado los documentos requeridos, de acuerdo con el informe de asesoría jurídica. Sin embargo, el segundo teniente de alcalde y alcalde accidental, Francisco Ayela Berenguer, advirtió que el expediente no había pasado tampoco en esta nueva ocasión por la comisión de Urbanismo. De modo que lo devolvió a la misma. Era como si nadie quisiera pillarse los dedos. Qué cautelas.

Por fin, en sesión extraordinaria celebrada en segunda convocatoria el 15 de mayo y no el 13, como estaba prevista, ¿superstición o dudas?, cumplidos los trámites y con los correspondientes dictámenes ya en orden se aprobó, «salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros», tan sólo con carácter inicial, observen cuánta prudencia, el plan parcial para la creación de la «Ciudad Elegida Juan XXIII» y la «Ciudad Jardín de Invierno», presentado por «CALPISA».

Por supuesto, ya saldrá todo a flote para su debido esclarecimiento. Porque así, queda el asunto algo turbio. De momento, claro.

La Universidad Lucentina se aprobó el 30 de octubre de 1979, por las Cortes Generales, es decir, Congreso de los Diputados y Senado, y su Campus fue a parar a San Vicente del Raspeig, justamente donde años atrás se levantaban las dependencias del aeródromo militar de Rabasa. Once años transcurrieron, para que el Centro de Estudios Universitarios, dependiente de la Universidad de Valencia, tras su paso por Colegio Universitario, y gracias a las gestiones de un patronato integrado por la Diputación, Ayuntamiento, Cámara de Comercio, entidades de ahorro, etcétera, alcanzara su objetivo final.

Que Alicante, ciudad y provincia, necesitaba su propia Universidad era más que evidente. En tal sentido, se pronunció la corporación municipal, en sesión extraordinaria del 31 de mayo de 1968, con una moción de Alcaldía, como punto único. De apremiante se calificó la necesidad de un centro de enseñanza superior y universitario por cuanto «la riqueza industrial de la provincia alicantina que ocupa el cuarto lugar entre las españolas, y la laboriosidad e ingenio de sus habitantes» así lo ilustraban.

Además, tales circunstancias daban lugar a un alto número de alumnos que, una vez rebasado el bachillerato se veía forzado a desplazarse a otras ciudades con objeto de poder realizar estudios universitarios o superiores.

«En el común esfuerzo -decía la moción- debe estar en primera línea este Ayuntamiento facilitando o contribuyendo a facilitar los terrenos necesarios para la construcción de las instalaciones que sean precisas, con toda la ambición y amplitud, y con el fin de que esta Alcaldía pueda adquirir el compromiso que se derive de la reunión que presidida por el gobernador civil ha de tener lugar para solemnizar la petición».

Naturalmente, no hubo discrepancia alguna. La moción presentada por el alcalde José Abad Gosálvez fue aprobada unánimemente y se acordó facultar al mismo para que ofreciese la colaboración precisa y solicitase del Ministerio de Educación y Ciencia «la creación y establecimiento de centros de enseñanza universitaria y técnica superior, a cuyo fin se podrá ceder al Estado los terrenos necesarios, según resulte del común esfuerzo que toda la provincia de Alicante está dispuesto a brindar».

Del Instituto del Castillo, el Jorge Juan, único centro de enseñanza media de que disponía nuestra ciudad, en los cincuenta, y de las Escuelas de Magisterio y Comercio, habíamos pasado a disponer de Universidad, sin necesidad de desplazamientos a Murcia o Valencia, como mínimo. Alicante le echó un buen pulso a la vida académica y al progreso social.

De las afueras, por la carretera de Elche, los niños de la posguerra que fumaban matalahúva y disparaban sus tirachinas a los lagartos de ópalo, se traían una aventura verde y desbordada de hazañas. Por lo común, se regresaba dándole un rodeo a San Gabriel y salvando finalmente la frontera inquietante del Barranco de las Ovejas. A casa, llegaban emocionadamente desfallecidos, con los bolsillos llenos de migas y de canicas de arcilla, y subrepticiamente registraban la alacena, por si acaso aún encontraban algarroba. Había que reponerse de la incursión, por aquellos territorios selváticos y ajenos.

Y, en parte, llevaban razón. Porque El Palmeral fue patrimonio del Estado, hasta que en 1967 se iniciaron los trámites para que pasara a depender del municipio, con la condición de que se destinara a parque público. Así se contiene en una comunicación al Ayuntamiento de la Delegación Provincial de Hacienda, en la que se hace constar que para efectuarse la cesión de El Palmeral, como parte de la finca «El Carmen», la corporación local debe de aportar el correspondiente certificado del acuerdo por el cual se faculta a la Alcaldía «tan ampliamente como en derecho se requiera», para realizar las gestiones pertinentes; además, las arcas municipales deberán disponer de los medios necesarios y suficientes para atender a la conversión del citado inmueble en parque público.

Menos mal que la jugada resultó. En sesión de 31 de octubre del referido año, el interventor informó que «para hacer posible la finalidad propuesta es procedente contraer, con cargo al presupuesto especial de urbanismo, la cantidad de quinientas mil pesetas, para afrontar los gastos iniciales de acondicionamiento, y que se incluya anualmente, en el presupuesto ordinario un crédito específico para la conservación y mejora del referido parque».

No hubo problemas. El once de agosto de 1966, siendo aún titular de la Alcaldía Fernando Flores Arroyo, ya se le otorgaron las licencias pertinentes «para suscribir cuantos documentos sean precisos, realizar las gestiones pertinentes y abonar los gastos que se ocasionen para obtener la reversión de El Palmeral». Y aunque por entonces, ya ostentaba la presidencia de la corporación José Abad, todo estaba en sus cabales. De forma que no hubo más que aprobar las cantidades previstas y empezar la cosa. Poco después, los niños del desarrollismo ya podían jugar a Spilberg, como en su casa, con chocolate de cacao.

Impresionante. Un silencioso oscuro atornilló la ciudad. Ni una tienda de comestibles abierta; ni un taller, ni un bar, ni un almacén, ni unas oficinas, ni un cine. Era el lunes, 20 de noviembre de 1940. Dos días antes, en el Boletín Oficial de la Provincia, y firmada por el gobernador civil, Fernando de Guezala e Igual, se publicó una orden circular por la que se declaraba día de fiesta a efectos de trabajo la fecha señalada «debiendo en su consecuencia permanecer cerrados comercios, cafés, centros de trabajo, etcétera, con las únicas excepciones de los servicios que funcionaban en el día de Jueves Santo, con anterioridad a la implantación de la República (...) Los días 19 y 20 se celebrarán, en esta capital, las ceremonias para el histórico traslado de los restos mortales del Mártir y Precursor de la Nueva España, José Antonio Primo de Rivera, constituyendo un acontecimiento que por su solemnidad y trascendencia ha de llevar aparejado la paralización de las actividades oficiales y particulares (...)».

Un decreto de la Jefatura del Estado disponía el citado traslado «desde la ciudad de Alicante a la iglesia del Monasterio de San Lorenzo del Escorial» y se le concedían los honores de capitán general, a los restos del fundador de la Falange.

Rafael Ginerés Llorens, en una entrevista de Adrián López, publicada en la revista «Lloc de Comunicació» (noviembre de 1988), cuenta cómo con catorce años y ya ayudante de enterrador, metieron en una fosa cinco cadáveres, uno de los cuales era el de José Antonio. Cuando el 4 de abril de 1939, exhumaron el cuerpo «Rafael reconoció enseguida las ropas. Aún se distinguían los calcetines y pantalones negros, y la camiseta con dibujo de espica, y las cinco medallitas de plata prendidas, idénticas a las que llevaban Pilar y Miguel Primo de Rivera que asistieron a la exhumación».

La «Gaceta de Alicante» describe minuciosamente la gravedad de aquellos actos: personalidades, discursos, organización y posteriormente el largo viaje que emprendió el féretro, el cual hasta el 19 de noviembre y desde que se desenterró el cadáver, estuvo en el nicho 515 de segunda andana, grupo 35; luego fueron trasladados a San Nicolás, hasta que finalmente salió, en medio de la pompa y el luto, hacia El Escorial. «A hombros, sin tocar el suelo en los once días que duró el viaje y los cuatrocientos kilómetros de camino. Viaje alucinante sólo comparable al que organizó Juana la Loca paseando el cadáver de su esposo por media España». A su destino llegó el primero de diciembre. «El caudillo pronunció frases de honda emoción». En el panteón de El Escorial bajo jaspes que sombrean águilas calzadas y trofeos del imperio descansan ya los restos de José Antonio». Descansaban, porque posteriormente serían trasladados al Valle de los Caídos. Qué cruz.

Paradójicamente, la transición democrática fue coma un escopetazo en las alas. Lo que no lograron las autoridades de la dictadura, iba a conseguirlo la legalización de los partidos políticos y de las centrales sindicales; los militantes y afiliados a unos y otras, se dispersaron en busca de sus propios cuarteles. Momentos de legítimos júbilos y presuras, el Club, años de hogar común de tantos, acusó la masiva desbandada que habría de acelerar su irreversible desaparición. Sus dependencias se convierten en asilo de un personal heterogéneo que, como escribe José Vicente Mateo «entraba y salía, circulaba por la casa a su antojo, la pisaban con pasmoso desenfado (...) Y a nadie, o casi, a la mayoría, se le ocurrió preguntar quién y cómo se mantenía el evento, cuál era la contribución condigna, tan repletos que estaban todos de regeneracionistas, cuando no mesiánicas intenciones». De nada sirvió que Mateo, el 2 de mayo de 1977 hiciera un llamamiento al conjunto de la oposición democrática. Agobiado por una situación económica insoportable, sucumbió finalmente al 12 de septiembre de 1980. Con él se clausuraron quince años de historial, un abundante capítulo de sobresaltos y contradicciones, de coraje y progreso, de actividades culturales, vulneradas por frecuentes prohibiciones, de valores cívicos y de experiencias colectivas, en un ámbito que se había pensado para el ejercicio de las libertades.

El Club de Amigos de la UNESCO, el tercero en España después de los de Madrid y Barcelona, se fundó el 10 de noviembre de 1965, y bajo la presidencia sucesiva de Ernesto Contreras, E. Cerdán Tato, Francisco Moreno Sáez, Manuel Rodríguez Martínez, José Vicente Mateo y María Teresa Molares Mora, estuvo sometido a la vigilancia de los funcionarios gubernativos y al más estricto celo de la autoridad. En su tenaz y azacanada gestión en la defensa de los derechos humanos, de la práctica de la cultura, del acceso a la educación y de las libertades fundamentales, el Club impulsó diversas iniciativas civiles, se manifestó reiteradamente contra la violencia y la pena de muerte, organizó y participó en homenajes a Pablo Picasso, Antonio Machado y Miguel Hernández, programó numerosas conferencias, muchas de las cuales no se pudieron pronunciar por impedimentos oficiales, las de Felipe González, Aguilera Cerni, Vicente Verdú, José María Díez Alegría, Félix Santos... Sustanció, en fin, un amplio abanico de actos tendente a «la difusión de unos valores humanísticos de convivencia, tolerancia, respeto, diálogo entre los jóvenes, ayudándoles a adquirirlos; la siembra, entre mozos y mayores, de una virtud devaluada por la agresividad individualista de la sociedad establecida: la solidaridad». El Club fue, como afirma Francisco Moreno, «un lugar de resistencia cultural contra el franquismo». Cumplió limpiamente, entre la desazón y el acoso. Ahora, tampoco vendría nada mal.

Sucedió más o menos como sucede ahora; falta espacio y los funcionarios andan pisándose despachos, escritorios, covachuelas; y encima, los ediles de los diferentes grupos que, además de votos, se disputan cada palmo de territorio consistorial a la brava. El hermoso palacio del siglo XVIII resulta insuficiente para las actividades administrativas y las dependencias se dispersan por la ciudad, en tanto se dispone la ampliación en los demolidos edificios adjuntos.

Nada nuevo. En 1967, acuciada por un problema semejante, la corporación que encabezaba José Abad, examinó atentamente el proyecto del arquitecto municipal, Miguel López González, para evitar el hacinamiento y las estrecheces. Se trataba de construir un edificio destinado a oficinas, en el solar que ocupó la casa número uno de Jorge Juan y que había sido adquirida por el Ayuntamiento años atrás previsoramente. La cosa estaba clara. Pero entonces llegó Juan José Seva Más y les echó el cubo de agua helada que los interventores tienen siempre a punto. Que no. Que el presupuesto de ocho millones trescientas setenta y siete mil doscientas sesenta y cuatro pesetas con ochenta y tres céntimos no cabía, de modo que o se formaba uno extraordinario, con arreglo al artículo seiscientos noventa y cuatro de la Ley de Régimen Local, aunque tuviera que llegarse a una operación de crédito, o nones: a trabajar como sardinas.

Además, Seva, apuntó que de prosperar la sugerencia, debería de incluirse en el presupuesto extraordinario citado los dos millones seiscientas noventa y cuatro mil trescientas treinta pesetas previstas para la reforma y decoración del Salón Azul y capilla aneja al mismo, que los tenientes de alcalde Muñoz Llorens, Avela Berenguer y Compañ Baeza, habían sustanciado en la sesión del 31 de julio de aquel año, con el anteproyecto de la firma especializada en muebles y decoración «Mayfair, S.A.», de Madrid, y que se acordó, dada la urgencia del caso, someter al oportuno concurso reglamentario.

El interventor agregó que de obtenerse la aprobación de los necesarios préstamos y presupuesto extraordinario, las obras podrían contratarse por concurso o subasta, «según la división que presenta el arquitecto, en los capítulos siguientes: calas, trabajos preparatorios y excavaciones; estructura; albañilería y cantería; y mobiliario y mamparas, mediante partida por alzada.

No hubo más opción que desarrollar la ejecución de conformidad con el informe del interventor. Antes, por supuesto, se sancionó el proyecto de ampliación del edificio municipal. Veintiocho años después, faltan despacho y hasta oxígeno. Que nos lo cuenten a nosotros.

En definitiva, todos los candidatos a la presidencia de la Comisión Gestora terminarán en el fuego. Parece una sentencia bíblica, tal vez, pero no es más que el tobogán de la vocación que les arrastra inexorable y candentemente a su flamígero destino.

Cada aspirante a la jefatura suprema y ejecutiva de les Fogueres de Sant Joan, se nos aparece como un mítico y bizarro Prometeo que le ha mangado los zaragüells a Conrado Albaladejo, cuando ejercía de oráculo ante la encandilada asamblea de los mandos de distrito. Qué espectáculo.

No sabemos de cierto cuándo van a celebrar las elecciones. Pero si las demoran algunas semanas y las generales se anticipan, como dicen los politólogos, uf, en medio de tal barullo de papeletas, lo mismo se los calzan a González que a Aznar y nos tenemos que ir a Maastricht a presenciar la próxima cremà o sufrir el coñazo del segundo pregonándonos lo bien que se queman los socialistas. Mientras, Nino y Luis, la manta al coll y el cabaset, se pegan la siesta del diputado, en el hemiciclo, sin aclararse muy bien qué revolica de la fiesta los ha colocado no en la Gestora, sino en la comisión contra los incendios provocados.

No importa, quien quiera que salga elegido, con nuestras reverencias, el aviso de que todo poder tiene un límite y el límite de su poder es la hoguera oficial.

Desde el 30 de junio de 1967, se le pegó un recorte a les fogueres, cuando un informe de la Comisión Municipal de Fiestas «estudió la forma en que se venía desarrollando el funcionamiento de la hoguera del distrito de la plaza del 18 de Julio (hoy del Ayuntamiento), desde hace unos años, y estimó que se establecía una diferencia de trato con las comisiones de los demás distritos, que no debe continuar». De modo que con objeto de proporcionarle mayor empaque, se propuso la corporación que, además de una barraca «para agasajar a las personas que sean invitadas oficiales, en lo sucesivo, la hoguera que se instale en la ya mencionada plaza, tenga carácter oficial y dependa exclusiva, directa y económicamente del Ayuntamiento al igual que acontece en otras ciudades españolas, para lo cual y de aceptarse esta sugerencia, se estudiará detenidamente la organización y funcionamiento de la misma».

La moción, presentada el 28 de junio del año citado, la firmaba el edil Salvador González de Haro. Y el pleno la aprobó.

Discretamente, un foguerer de toda la vida nos susurró al oído: «Esto es otro Gibraltar».

Pues, no crean, pero a punto estuvieron de cepillarse el mercado de Benalúa; anda ya, con la solera y la historia de un barrio de tal enjundia. Y, sin embargo, es cierto.

El debate o las deliberaciones, si quieren algo de eufemismo, tuvo lugar a lo largo de un pleno extraordinario y con motivo del, por entonces recientemente urbanizado polígono de Babel, en donde el Ayuntamiento había adquirido un terrenito para ponerles a sus vecinos las frutas y las hortalizas, las carnes y el pescado, a un tiro de piedra, o por ahí.

El proyecto de construcción de la nueva plaza de abastos ascendía a quince millones doscientas sesenta y nueve mil pesetas y cuarenta y siete céntimos, y el interventor sugirió la formación de un presupuesto extraordinario a base de contribuciones especiales a las personas que resultasen beneficiadas, con las primeras concesiones de casetas y puesto que habían de adjudicarse mediante subasta; con el concierto de una operación de préstamo con el Banco de Crédito Local de España; y «con la venta del solar que resulte edificable, una vez desaparecido el actual mercado de Benalúa». ¿Se percatan?

De momento, el concejal Maruenda introdujo un elemento de duda y reflexión: «El proyecto adolece de defectos y hay que subsanarlos». Le siguió en el uso de la palabra su compañero Calvo: «Prever aparcamientos subterráneos y que nada de sacrificar el mercado de Benalúa». González de Haro muy previsor advirtió de que «el proyecto debe de ser útil para un futuro más o menos lejano». Intervino el concejal Serrano, quien afirmó que de los cinco mil metros cuadrados de la parcela, el mercado de Babel sólo ocuparía dos mil y que, en consecuencia, los tres mil restantes podían destinarse a aparcamiento de vehículos; y con respecto al de Benalúa «cree que si no lo suprime el Ayuntamiento, lo suprimirá por sí solo el nuevo mercado (el de Babel)».

Cerró el turno de palabras Muñoz, quien con más experiencia y profesionalidad, aclaró que «cuando se urbaniza un polígono se proyecta todo lo que es necesario y en el caso del polígono de Babel está ejecutando con los aparcamientos precisos».

Y en cuanto a la supresión del mercado de Benalúa estimó que debía subsistir, «pero modernizado, como supermercado». Tesis que, con alguna variante, había de prevalecer.

No obstante, se acordó pasar el expediente a informe de las comisiones de Fomento, Hacienda, Mercados y Urbanismos, y someterlo a un nuevo pleno consistorial. Se movían con mucho tiento y mayor cautela, aquellas corporaciones.

Ya lo han visto hace unos días. Lo del trasvase del Júcar al Vinalopó, hoy; o hace algo más de siglo y medio, al pantano de Tibi (o de Alicante), encrespa ánimos, incita a la polémica y mueve turbulencias, suspicacias y rapacerías. Pero ustedes hágannos caso y no padezcan por aquellos que dicen déficits hídricos, en vez de insuficiencia o falta de aguas de riego. Sean indulgentes y piensen que están condenados a vagar por los corredores del poder y que el poder nos penitencia con una jerigonza ininteligible. Toda una estrategia del más batueco disimulo, los pobretes.

En fin que lo importante es que se pongan de acuerdo y que se arregle un asunto ya muy de antiguo, incómodo y punzante como un incordio. En 1841, la empresa valenciana «Viuda de Torroja e hijo» presentó un proyecto de canalización y trasvase de las aguas sobrantes del Júcar al pantano de Tibi. Se reunieron en Almansa, los comisionados de Alicante, Valencia y Albacete, diputados Luis María Proyet, Bernardo Franco y Manuel de los Villares Amor, respectivamente. Además de los ingenieros Elías Aquino y Lucio del Valle, de los distritos alicantinos y valenciano. Era el 6 de agosto y cada uno expuso sus razones sin que se llegase a una solución.

Así las pretensiones y los legítimos deseos del gobernador civil, Andrés Visado, de la Diputación, de los municipios de Alicante, Muchamiel y San Juan, de la Junta de Comercio y de Regantes, se fueron a pique. Ni siquiera la razonada exposición que la corporación provincial elevó al regente, general Baldomero Espartero, el 18 de agosto, propició el necesario trasvase.

También el Ayuntamiento de la ciudad dirigió un escrito al regente, el 1 de septiembre, en el que, después de arrimarle sus buenas indirectas al representante valenciano, decía, entre otras muchas y sustanciosas reflexiones: «Indicada está para la riqueza de España la canalización, y los que, como el célebre Jovellanos, se han dedicado a investigar el estado económico agrícola del país se han lamentado de la falta de canales (...) El verdadero término de comparación para deducir la diferencia de riqueza de dos poblaciones limítrofes es el precio medio del jornal de labor. En Valencia, ocho reales de vellón; en Alicante, dos y medio». Casi al principio se puede leer: «Cuestión de que eliminados la emulación y el exclusivismo sólo queda resolver el problema de si es útil o no que se pierdan en el Mediterráneo las aguas que no aprovechan ni pueden aprovechar a la provincia de Valencia». Era alcalde primero Mariano Oriento. Vamos a ver si con Ángel Luna prospera el proyecto el trasvase. Pero sin dejarse a nadie en el camino. Las agudezas de unos y el ingenio de los otros no fecundará la tierra.

Ciertamente, los clientes del american bar del Hotel Samper sufrirían de pesadillas, después de escuchar las conversaciones de aquel grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes en vacaciones, que hablaban enfática y ruidosamente de Kafka, de Sartre, de Faulkner, de Burnett, de Pisarro, de Van Gogh, de Matisse, de Moravia, de Huxley, de Joyce. Eran una peste. Figúrense que hasta hablaban de Marx, generalmente de Groucho, y andábamos por la década de los cincuenta. Con frecuencia, aquellas reuniones se prolongaban hasta bien entrada la madrugada. No resulta nada extraño que con el american bar invadido por los singulares contertulios «los restantes clientes se fueron encontrando, poco a poco, desplazados y tuvieron que ir buscándose otros sitios más tranquilos para poder degustar su café». A aquel grupo de jóvenes «por los temas que trataban y por su talante lúgubre» terminaron llamándoles «los del horror».

Precisamente, fue Dámaso Santos, crítico literario, y por entonces director de INFORMACIÓN quien, por vez primera, y en vísperas de las navidades de 1953 dio noticia impresa de esta generación de escritores: «Las jóvenes promociones provincianas son más revolucionarias tal vez porque disponen de más tiempo para leer. Tal vez también porque se conformen con un concurso de quinientas pesetas a condición de que tal concurso sea una prolongación más, una prueba deportiva de aquello que se ha discutido largamente en la tertulia». Y fue igualmente Santos quien los puso en contacto con escritores alicantinos de la anterior generación literaria, es decir, con Vicente Ramos, Manuel Molina y Rafael Azuar, los de la promoción de «Intimidad poética». Y también con José Albi.

En la tertulia había estudiantes y licenciados en Derecho, médicos, alumnos de Agrónomos, de la Academia General del Aire, de Industriales, de Comercio, un meteorólogo, un centrocampista del Hércules, «un poeta tetuaní afincado en Alicante. Un ayudante de ingeniero aeronáutico. Y un play boy (sic)». Además estaban el pintor Xavier Soler y el pianista José Mira Figueroa. Eduardo Trives recopiló un volumen de relatos de algunos de ellos que se publicaría en Barcelona con el título de «Narradores alicantinos de 1954»: José Bauzá, Enrique Cerdán Tato, Pascual Bosque, Eduardo Trives, Gonzalo Fortea, Ernesto Contreras, Manuel Girón, Francisco G. Sarriá y Alejandro Bonmatí. En su magnifico prólogo, José Bauzá escribe: «En cuanto las primeras olas del turismo internacional alcanzaron Alicante, el viejo edificio del Hotel Samper fue vendido y demolido. El martillo neumático destruyó para siempre la cuna y escenario de las reuniones de la generación del horror».

Porque algunos lectores nos insisten acerca de quiénes son determinados personajes que rotulan nuestras calles, ya lo advertimos, se planta aquí Montengón, ¿y qué se sabe de Montengón? Pues, miren, de entrada que fue uno de nuestros más relevantes autores y que, sin embargo, no abundan las monografías sobre tan magnífico personaje.

El 18 de julio de 1745, nació en Alicante Pedro Montengón y Paret, hijo del acomodado comerciante francés del mismo nombre y de la alicantina Vicenta. Según Elena Catena que ha escrito una tesis doctoral sobre el mismo, sus padres residían en una de las casas de más alta renta en la calle Mayor, la del conde de Villafranqueza, otra era la de la marquesa del Bosch. Tras realizar sus primeros estudios en el colegio de los jesuitas de nuestra ciudad, ingresó ya en 1759, en el noviciado de la Compañía, en Valencia, y posteriormente se trasladó a Tarragona. A raíz del decreto de expulsión de los jesuitas, en 1767, el aún novicio Pedro Montengón fue a parar a Ferrar (Italia), donde curso dos años de teología, antes de secularizarse. Murió en Nápoles, el 18 de noviembre de 1824.

El poeta y profesor de nuestra Universidad, Guillermo Carnero ha realizado un minucioso análisis sobre la obra poética y narrativa de Montengón. Y dice, refiriéndose a su novela pedagógica «Eusebio» que con ella «Montengón alcanza la más alta cota narrativa del XVIII español. La obra tuvo una docena de ediciones y fue un éxito editorial hasta mediados del XIX». Además publica «El Antenor», «El Rodrigo», «la más significativa de las novelas de Montengón por estar libre de las exigencias de didactismo», y «Eudoxia, hija de Belisario». Entre sus títulos poéticos: «Odas de Filópatro», «La conquista del Méjico por Hernán Cortés» y «La pérdida de España reparada por el rey Pelayo».

A mediados del pasado siglo, se demolió el hospital de San Juan de Dios y antes de San Juan Bautista, hospital fundado por Bernat Gomis, de acuerdo con sus disposiciones testamentarios de abril de 1333. Sobre tal se trazó la calle que recibiría el nombre de Montengón, en homenaje y recuerdo al novelista. Gonzalo Vidal Tur en su libro «Alicante, sus calles antiguas y modernas», erróneamente dice que Pedro Montengón ingresó en la Compañía de Jesús, «residiendo en ésta su ciudad natal hasta la expulsión de los jesuitas». Las más recientes investigaciones afirman que se encontraba en Tarragona cuando se produjo tal acontecimiento. Hoy las ciencias avanzan y jeringan lo suyo.

Así lo definía, a últimos de enero de 1956, un redactor del semanario «Sábado»: «El barrio de San Blas no tan populoso, como popular (...) hubiese pasado inadvertido para la actualidad si no contase con diversos factores de orden trascendental, que será necesario invocar aunque sólo sea por respeto a sus consecuencias».

Entre los factores, cita el fútbol y al Hércules al que «le dio sus mejores hijos; o sobre los éxitos de ayer y de hoy del Arenas o cuando Adrover triunfaba en el Atlético Aviación antes de entregar su alma joven y noble a Dios; o aquellas tardes del Torregrosa de los buenos tiempos; o de Pit; o de los Medrano... Y es que San Blas, señores, siendo chico, es así de grande».

El periodista nos relataba emocionadamente un viaje en tranvía, disco número cinco, del mercado central hasta donde finalizaba Pintor Gisbert. «El vehículo nos lleva por Alfonso el Sabio, dobla después y recorre la calle de Onésimo Redondo (hoy, Pablo Iglesias), y tras la parada obligatoria por el cruce con el tranvía descendente, la marcha sigue por Pérez Galdós. Estamos aún en lo que pudiéramos llamar sector central de la capital, pero pronto lo abandonamos porque el tranvía hace una pirueta y, ¡zas!, nos cuela en el barrio a través de una calle sin adoquinar, como todas las del distrito aludido».

Por supuesto, en su itinerario cita «una Sociedad Deportiva y Cultural, otra donde se cobijan los Moros y Cristianos, la Peña Pacorro, un primor entre las de su género, un grupo escolar, allá donde el barrio empieza a ser campo y huerta, pero donde ya crecen como setas, nuevas edificaciones, porque San Blas se está quedando pequeño y necesita nuevos horizontes». Y fíjense, ahora, cómo se ha estirado.

Claro, en su relación, tampoco podía olvidar, ni olvidó, el viejo cementerio, del que hablaremos en breve, ni el cine Altamira, donde tantas y tantas horas consumimos de niños y de adolescentes, ni «una importante fábrica de muebles, la de Escolano, que ha suministrado camas a millares de matrimonios alicantinos». Con el apasionamiento de nuestro buen reportero, tal vez se explique la explosión demográfica que había de producirse particularmente en la década de los sesenta. De un lado la referida fábrica, y de otro las inmigraciones procedentes de Andalucía, de La Mancha, de Murcia...

En 1969, estaba previsto el desarrollo del Plan Parcial de Ordenación de la isla de Tabarca. Tal circunstancia influyó decididamente en la adquisición, por parte de nuestro Ayuntamiento, de nueve parcelas que le ofreció la Junta Central de Acuartelamiento del Ministerio del Ejército, con una superficie total de treinta y siete mil setecientos cuarenta y cinco y medio metros cuadrados y a un precio de cuarenta pesetas el metro «inferior al valor normal en venta en la zona».

El arquitecto municipal, Francisco Muñoz Llorens, y a la sazón, primer teniente de alcalde, informó minuciosamente a la corporación advirtiendo de que en tales terrenos estaban incluidos «parte de los caminos de uso público, como son los de acceso al poblado, desde el puerto, y los que se dirigen hacia el fuerte de la Torre y costa norte del campo de la isla», pero que su compra facilitaría notablemente el citado plan, por cuanto así «el contorno del poblado y toda la zona que comprende el istmo que enlaza con el campo, es decir, la ubicada entre la playa y el puerto» sería definitivamente de propiedad municipal.

Por su parte, el interventor, Seva Mas, sagazmente manifestó, en aquella sesión del 30 de abril del referido año, que «en previsión de que las gestiones llevadas a cabo por la Alcaldía prosperaran ya había contraído en el presupuesto especial de urbanismo y con cargo al crédito destinado a la formación del patrimonio municipal del suelo, las cantidades precisas».

No obstante, en las deliberaciones subsiguientes, el concejal Rodolfo Marchori Rodríguez apuntó que debía comunicarse a Hacienda que «la vaguada donde están los aljibes aparece inscrita a favor del Estado dentro de las parcelas y opina que el Ejército no debe apropiarse de estos terrenos».

Con todo y por unanimidad, se acordó la idea de comprar los terrenos, al precio fijado, pero con la condición de averiguar «quién es el propietario o los propietarios de algunos terrenos incluidos en las tantas veces citadas parcelas que no deben pertenecer al Estado» y se recabó el informe de la asesoría jurídica. Algunos meses después, concretamente el 27 de septiembre, disipadas dudas y reticencias, el pleno aprobó su adquisición por un total de un millón quinientas nueve mil ochocientas veinte pesetas. La Tabarca infantil llena de aventuras y de piratas se hizo un poco más de todos. Aunque no todos comparten el mismo interés y las mismas preocupaciones por el presente y el futuro de una islita que aún sigue a la deriva.

Y bien que se paseó el proyecto del plan parcial de ordenación y urbanización de un polígono industrial, promovido por don Romualdo Terol Aracil y otros, y situado en la partida rural de Vallonga, «a la altura del km. 406 de la carretera Alicante-Ocaña». El oportuno expediente, se aprobó, aunque de forma inicial, el 28 de marzo de 1969, por el pleno municipal. No mucho después, el 30 de mayo y como quiera que durante el periodo de exposición pública no se presentó reclamación alguna, el Ayuntamiento acordó darle luz verde al dichoso polígono que ocupaba una superficie total de casi ciento cinco hectáreas, siempre y cuando el Ministerio de la Vivienda le echara sus bendiciones.

La historia del proyecto resulta bastante complicada y sospechosa. La corporación tuvo conocimiento del mismo el año anterior, en las sesiones correspondientes a los días 31 de julio y 31 de octubre. En esta última, se desestimó por «estar aprobados otros polígonos industriales, con previsión suficiente para las necesidades actuales y de un próximo futuro que aconsejan no diseminar el establecimiento de industrias».

Sin embargo, el señor Terol Aracil no se amilanó e interpuso recurso de reposición contra tal acuerdo. Y lo ganó. En cosa de meses, se hizo marcha atrás. Y todo se resolvió satisfactoriamente. Así, la oficina de revisión del Plan General de Ordenación Urbana informó de que «el polígono de referencia está situado en zona prevista para polígonos industriales, aclarando además que no interfiere a otros ya aprobados»; en tanto la asesoría jurídica dictaminaba que «los terrenos incorporados al proyecto presentado por don Romualdo Terol se hallan situados en zona prevista precisamente para polígonos industriales y se ajusta además en un todo dicho proyecto a las normas previstas al efecto en el Plan General aprobado inicialmente por el Ayuntamiento pleno el 28 de octubre de 1968». Y en otro de las considerandos, dice: «Porque de la simple lectura del artículo 4.°, 2, de la invocada ley del Suelo claramente se desprende que toda la legislación urbanística aspira a fomentar la gestión privada y por ello admite que los planes sean ejecutados por los propietarios que hubieran de efectuar las obras a su costa promoviendo así la iniciativa particular y canalizando su esfuerzo en orden a la construcción». Después de tantos y tan singulares tumbos, el Ayuntamiento, ya está dicho, dijo adelante. Evidentemente se fomentaba la iniciativa privada y en algunos casos hasta casi la luna.

Finos andaban los ánimos de algunos concejales, en la sesión plenaria del 28 de agosto de 1969.

Observen el fuego verbal, o sus cenizas, en la correspondiente acta capitular, después de una dilatada reunión corporativa:

«(...) En ruegos y preguntas al señor Soriano Antón (Salvador) quiere que conste en acta su disgusto por haber sido acordada por la Comisión Permanente informar favorablemente la construcción de un apartotel en la parcela ganada al mar, adosada al muelle de Levante».

El alcalde, don José Abad, le pregunta: «¿Sabe usted lo que es un apartotel?».

Y responde el citado concejal: «Por supuesto que sé lo que es un apartotel. Pero se ha tomado una parcela que es de todos, para construir un edificio de siete plantas, a lo que me opongo».

Un simple y escueto botón de muestra. El Meliá no gozó ni goza de popularidad entre muy amplios sectores de la ciudadanía.

Acerca del apartotel Meliá y de otros edificios singulares y conflictivos de aquella época, de las circunstancias y factores que determinan su puesta en pie, habremos de volver documentadamente, al objeto de disipar dudas y presuntos desaguisados.

Sin duda, el desarrollo urbanístico de la ciudad, su demografía y el espíritu entre pionero y especulativo de los tiempos propiciaron apresuramientos u presumibles operaciones poco o nada esclarecidas.

Alicante, por entonces, se perfilaba ya como capital turística y de servicios.

En la misma sesión, se informó de la constitución de la asociación Española de Ciudades de Congresos que había tenido lugar en San Sebastián, el día 24 de mayo anterior, y cuyo proyecto de estatutos le remitió al alcalde, don Antonio de Zulueta, presidente en aquellas fechas de la Comisión de Congresos, Ferias y Exposiciones de dicha ciudad.

José Abad manifestó la conveniencia que para Alicante representaba ingresar en tal asociación ya que «por sus condiciones climatológicas atrae a tantos visitantes de las más diversas procedencias».

La exposición del alcalde resultó convincente. Nadie rechistó en aquel punto. Y por unanimidad, la corporación municipal aprobó el ingreso de nuestra ciudad en la mencionada asamblea. Y hay que ver cómo los años han sancionado aquella decisión.

Por aquel tiempo, la más mala autoridad provincial se llamaba Luis Nozal López, aunque estaba en puertas. Mariano Nicolás García iba a sucederle en la titularidad del Gobierno Civil. El Ayuntamiento decidió premiar su entrega otorgándole el título de hijo adoptivo. Y nombró juez instructor al teniente de alcalde don Manuel Compañ Baeza, el 27 de septiembre de 1969.

A Luis Nozal López, lo define el cronista provincial y presbítero Gonzalo Vidal Tur así: «Enérgico, preciso y riguroso de conceptos», y añade que era «gran orador que pronunció lecciones magistrales, como la que clausuró el ciclo del primer homenaje nacional de Azorín». Afirma también que «dedicó gran parte de su esfuerzo a la promoción de la enseñanza en todos sus niveles», y que «luchó infatigablemente por la implantación de industrias básicas en la provincia».

Con tan preclaros antecedentes el asunto no ofrecía demasiadas dudas. De manera que en la sesión extraordinaria del pleno municipal correspondiente al 15 de noviembre del mismo año, el juez instructor solemnemente informó de que su labor «había producido innumerables beneficios a Alicante, tales como el logro del Centro de Estudios Universitarios, la Escuela Náutico-Pesquera, la desaparición de la vía férrea por la avenida de Juan Bautista Lafora y la solución del problema de falta de escuelas de primera enseñanza». Con tales bazas, la comisión especial de honores y distinciones, procedió. Hizo suya la propuesta de Compañ Baeza, la elevó a definitiva y la sometió a las votaciones de la corporación.

Previamente, se produjo la intervención del edil Francisco Maruenda que debió meterles cierto regomello en el cuerpo a sus compañeros. Maruenda le preguntó al secretario general, Julio Pelayo, si era legal aquella sesión, porque advertía defectos en la convocatoria. Circunspecto, grave y siempre ajustado a derecho como suelen manifestarse tan altos funcionarios, Pelayo garantizó que era absolutamente legal. Y no hubo más.

Pero contra todo pronóstico, cuando se procedió a la votación secreta, se contabilizaron dieciséis bolas blancas y tres negras. Naturalmente, se le concedió el nombramiento propuesto, por mayoría. Algo singular, en época de tan frecuentes unanimidades, especialmente tratándose de todo un gobernador civil de entonces. Es una conjetura, pero debieron cruzarse muchas miradas de recelo y desconfianza. Una oveja negra ya era una presencia incómoda e inquietante. Pero tres, a más de uno, se le antojaría una conspiración. Los enanos infiltrados de costumbre.

Pues, sí. El proyecto lo redactaron el arquitecto municipal, Francisco Muñoz Llorens, y el ingeniero de caminos Joaquín Palencia Rodríguez. Se trataba de construir un estadio municipal en el castillo de San Fernando, en los terrenos situados junto al hipódromo y frente a la ciudad deportiva Francisco Franco.

En su informe correspondiente, el arquitecto hizo constar «que tanto su emplazamiento en zona apta y prevista dentro del Plan General para tal tipo de instalaciones, como el conjunto de obras que se desarrollan en el proyecto presentado son técnicamente correctas, y con su realización no sólo se resolverá el problema que tiene ahora nuestra ciudad, sino que contribuirá definitivamente a la creación de un conjunto polideportivo de indudable interés público, y a la par supondrá un impulso urbanístico en uno de los parajes de mayor valor expectante (...)».

Resuelta satisfactoriamente la cuestión de memoria y planos, quedaba por afrontar el asunto de los dineros. Los ediles se habían reunido en sesión extraordinaria, el 10 de abril de 1969, para pronunciarse sobre un tema de tanto interés para los alicantinos. De forma que escucharon atentamente las palabras del interventor de fondos. Seva Mas se refirió al acuerdo plenario del 30 de noviembre de 1967, por el cual el Ayuntamiento «se subrogaba en todos cuantos derechos y obligaciones tiene el Hércules C. de F. respecto a la Caja de Ahorros del Sureste de España (actual Caja de Ahorros del Mediterráneo), para la plena adquisición del campo de La Viña o de La Florida, y sobre la adquisición de los terrenos donde se pretende emplazar el campo proyectado, a fin de justificar el presupuesto extraordinario y la operación de préstamo que habrá de tramitarse ante la superioridad».

Las cosas venían de cara. Y más aún cuando las comisiones de Hacienda y Urbanismo se manifestaron a favor del invento. Estaba claro que había que resolver de una vez por todas los problemas del fútbol que Alicante tenía planteados ya de mucho tiempo atrás. De forma y manera que la corporación, presidida por José Abad, no lo dudó. Textualmente, se recoge en el acta de aquella sesión: «Por unanimidad, se acuerda aprobar el proyecto redactado (por los técnicos citados) para construir un estadio municipal, en la zona descrita, y que se ejecute con urgencia».

Fue un año de gran actividad aquel 1969. Aunque muchas cosas se quedaron en el tintero.

Fue el 11 de septiembre de 1970. El entonces gobernador civil, Mariano Nicolás García, presidió la reunión del pleno municipal. A petición propia, cesaba en la alcaldía José Abad Gosálvez y Ramón Malluguiza era el nuevo titular. Se leyó el siguiente oficio: «El ilustrísimo señor director general de Administración Local, por comunicación telegráfica, fecha de hoy (10 de septiembre), comunica a ese Gobierno Civil que el excelentísimo ministro de la Gobernación ha dispuesto el nombramiento de don Ramón Malluguiza Rodríguez de Moya para desempeñar el cargo de alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante. Lo que le comunico para que se proceda a la convocatoria de sesión extraordinaria para mañana día 11 a las trece horas para la toma de posesión del designado».

Entró el señor Malluguiza, acompañado por los miembros más jóvenes de la corporación, Francisco José Mallol Sala y José Beviá Pastor, y prestó juramento solemne, de rodillas ante el Crucifijo y con la mano derecha sobre los Santos Evangelios, de servicio a España y de lealtad y fidelidad al jefe del Estado, a los principios básicos del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del reino. Luego, tomó asiento a la derecha del gobernador.

Abad Gosálvez pronunció unas frases de despedida y valoró el relevo como alegre tanto para el que llega, cuanto para el que cesa. Respecto a su gestión municipal durante los cuatro años de su mandato, manifestó que no era el más indicado para enjuiciarla y que correspondía a los alicantinos tal estimación.

Aclaró que «se le ha conceptuado de hombre blando y piensa que la Casa de la Ciudad es la casa de todos y por ello ha procurado recibir y atender a todos cuantos hasta él han llegado. Se refirió a la leyenda sobre la lucha entre concejales, que explica cómo la pugna por obtener cada uno mejores realizaciones en las delegaciones respectivas, pero sin antagonismos». Abad elogió la honradez e inteligencia de Malluguiza y le auguró muchos triunfos en su nuevo puesto.

El alcalde entrante leyó unas cuartillas: «No es fácil para un aprendiz de hombre público, dominado por la tensión emocional del momento hilvanar unas palabras».

Agradeció al gobernador por haberlo distinguido con el más alto honor que jamás había podido soñar, y tras dedicar unas palabras a la ejemplar actitud de su predecesor en el cargo, expresó su fe en Alicante y pidió la colaboración de todos los ciudadanos, especialmente de los ediles y funcionarios.

Al filo de una década llena de expectativas, la ciudad estrenó nuevo alcalde.

Ya nos hemos referido en más de una ocasión al aeropuerto de El Altet, con motivo de sus veinticinco años de actividad, así como de las diversas vicisitudes que le han acechado a lo largo de ese cuarto de siglo. Se cumplieron entonces las aspiraciones de una provincia que por sus iniciativas y afanes en los diversos sectores de la producción realmente lo necesitaba para su despegue comercial y como factor estimulante de un turismo que, ya mediada la década de los sesenta, había hecho de nuestras costas, de nuestras playas, de nuestros pueblos y ciudades su destino. Y era una satisfacción para todos, cuando sentíamos el motorcito de los aeroplanos runruneando sobre nuestros tejados.

Pero había que ir más allá todavía. De ahí que el consistorio alicantino, a raíz de una moción de alcaldía, consensuada, el 13 de enero de 1970, solicitara de Iberia el establecimiento de una línea regular entre nuestra ciudad y Nueva York, y «que mientras esta iniciativa pueda llevarse a la práctica se interese de la referida compañía aérea que los enlaces de los vuelos trasatlánticos con los domésticos de nuestro aeropuerto se produzcan en horarios de forma tal que hagan mínima la pérdida de tiempo».

En la citada moción se dice que «si destacado es el tránsito de tipo turístico que se ha canalizado por El Altet, tanto o más importante es el transporte de mercancías para la exportación que actualmente ha de valerse de los enlaces con líneas intercontinentales a través de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Las cifras de viajeros y mercancías que desde Alicante son transportadas a Norteamérica tienen la suficiente elocuencia para fundamentar la solicitud de una mejora que facilitaría evidentemente estos desplazamientos».

Sin embargo, con el tiempo Iberia ha dado muchos tumbos y nos ha regateado hasta los viajes caseros. Pero, en fin, había que pedir y se pidió. Y se pidió también, a instancias del edil Francisco José Mallol Sala, la ampliación del edificio terminal «ya que en la actualidad carece de dependencias indispensables, en un aeropuerto de categoría internacional». Y qué razón llevaba, ¿recuerdan el recoleto edificio de antaño? Miren, nosotros, sí. No es de extrañar el sobresalto que nos pegamos, cuando volvíamos de Barcelona, en avión y dimos en una apacible duermevela, siempre con la imagen franciscana de aquella terminal. De manera que, cuándo amablemente la azafata nos interrumpió el leve sueño y miramos en torno, exclamamos: «Pues, oye, lo consiguieron.

Ya estamos en Nueva York».

Hombre, no nos sean tan suspicaces, así, de entrada. Que se trata de recordar cómo, en 1968, se planteó la necesidad de construir un nuevo mercado central de abastos. De forma que ya ha llovido, ya. Y con goteras. Aunque también es cierto que pronto se eliminaron. Pero, por entonces, con Pepe Abad de alcalde, lo que se pretendía era espigar soluciones para una reparcelación de los terrenos en los que se encontraba ubicado la plaza de siempre: dos manzanas, entre la avenida de Alfonso el Sabio y las calles de Capitán Segarra, Balmes y Calderón de la Barca. El Ayuntamiento ya había acordado el 30 de julio del año anterior, convocar un concurso de anteproyectos para construir un nuevo mercado en el mismo emplazamiento que ocupaba el que había, pero dándole un pellizco. La superficie edificable era de un poco más de cinco mil ochocientos treinta y ocho metros cuadrados, «luego de segregar una parcela de mil ochocientos dos, recayente a la avenida de Alfonso el Sabio y calle Calderón de la Barca».

Y aunque nosotros no sabemos para qué esa parcela, por el momento, la corporación reunida plenariamente el 5 de abril de dicho año, le dio el visto bueno.

El nuevo, dijeron, podría constar de sótano, planta baja y tres pisos y, por descontado, debería preveerse el destino de cada uno y estudiar el espinoso asunto de los aparcamientos.

Se fijó un plazo de noventa días a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con objeto de que pudieran presentarse todos los arquitectos españoles. Se estipuló también que el autor del anteproyecto seleccionado percibiera «la cantidad que resulte de aplicar al mismo los vigentes aranceles profesionales», pero además se otorgarían dos accésit de cincuenta mil pesetas cada.

Y nada, asesoría jurídica dispuso las trece bases por las que había de regirse el referido concurso. Pero, miren, qué chasco. Después de publicitarse en los medios de comunicación de Alicante y Madrid, un jarro de agua fría: el 7 de junio, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, les contesta que se atengan al reglamento de concursos de arquitectura. De modo que, tras las gestiones realizadas con la delegación de Alicante del Colegio de Arquitectos de Valencia, el 13 de julio, hubo que redactar «un nuevo pliego de condiciones ajustado a las normas reglamentarias», con catorce cláusulas en lugar de las trece iniciales. De manera que se anularon los anuncios aparecidos en los boletines oficiales del Estado y de la Provincia, de 29 y 25 de mayo respectivamente, y vuelta a empezar. De todas formas no parece que el invento prosperara.

El mercado se remodelaría muchos años después, ya saben. Y se respetó la singular fachada de Enrique Sánchez Sedeño, tan emblemática. Sólo le quitaron la sirenita de alarma que algunos dicen que no funcionó cuando el tremendo bombardeo aéreo del 25 de mayo de 1938.

Con el mismo título apasionado e hiperbólico con que apareció en la efímera «Hoja oficial de Alicante», diario editado por la 3.ª Compañía de Radiodifusión y Propaganda en los frentes, y cuyo primer número vio la luz el sábado, 8 de abril de 1939, una semana después de terminada la guerra civil. Pues, en el siguiente, un artículo escrito con la exaltación del momento nos ofrecía la noticia: «Anteayer en el domicilio particular del capitán de la Guardia Civil don Germán Corral Castro, sito en el número uno de la Rambla, piso primero, se celebró el culto religioso propio del día, Viernes Santo. La misa fue oficiada por el ilustre canónigo y eminente orador sagrado don José Cilleros, ayudado por el religioso franciscano padre Mario. De los cantos corales se encargaron el religioso benedicto padre Daniel Palomero y el presbítero don José Jurado, ordenando la procesión que discurrió por las habitaciones de la casa, el joven sacerdote don Luis de Ante».

El periódico cita algunos de los numerosos asistentes, entre los que se encontraban: el teniente coronel, comandante en jefe de la plaza, López Urquiza; el gobernador civil, Fernando de Guezala; el presidente de la Audiencia, Sebastián Cid; el alcalde, Ambrosio Luciáñez; el teniente coronel de la Guardia Civil, señor Estañ; el concejal, Luis Magro; y un copioso etcétera. Según la referida fuente, las autoridades eclesiásticas dispusieron que los cultos religiosos continuaran verificándose en el domicilio del señor Corral, en tanto en cuanto se acondicionaran los templos. «El edificio ha sido herido por las bombas varias veces. En la planta baja, en las azoteas y terrados, y aún en otros pisos del mismo inmueble se ven las huellas terribles de la metralla. Pero por una singular permisión de Dios, en el piso donde el señor Corral instaló la capilla, nunca las bombas hicieron otra cosa que romper algún cristal o trozos del balcones del exterior». El redactor afirma que «aquí venían los perseguidores del odio sanguinario marxista; aquí se acogían los que lloraban a sus deudos asesinados o martirizados en las cárceles, por las carreteras y en los cementerios (...); ciento ochenta y dos bombardeos lo vieron a él (a Germán Corral) firme junto al pie del altar, de su secreto altar, esperando de los designios de Dios con el corazón abierto como un cáliz de una flor de martirio, para recibir la gracia de la divina misericordia (...). Muchas veces, los iniciados, los que estábamos en el secreto, al oír tocar la alarmante sirena, cuando deambulábamos por las inmediaciones de la Rambla, en vez de huir a los refugios populares corríamos a la casa de don Germán Corral a postrarnos ante el Santísimo, atemorizados, sí, pero llenos de fe y de confianza». La catedral de la Rambla. Un episodio poco divulgado.

Tiempos duros aquellos de la inmediata posguerra. En el Ayuntamiento hubo que acoplar todos los servicios municipales que estaban completamente desarticulados. Así lo manifestaba Ambrosio Luciáñez Riesco, en una entrevista a la «Gaceta de Alicante», el 27 de enero de 1940. «Fue una labor interna de reajuste de la máquina consistorial; una labor callada, pero que una vez cumplida ha de ser eficacísima y notablemente más fecunda». El alcalde repasó los primeros y largos nueve meses de su mandato, en el que incluso se había realizado una considerable actividad «en asuntos que no eran propiamente municipales, como el alojamiento de tropas del Ejército Liberador y la instalación de nuevos organismos y dependencias». «Todo ello ha habido que realizarlo con un personal que ha sido preciso adiestrar, ya que por la depuración fueron destituidos bastantes funcionarios». Además, hubo que elaborar padrones fiscales y rectificar otros. «Así y todo, con una vigilante actuación se ha logrado obtener una recaudación que permitirá liquidar con superávit el presupuesto de los nueve meses pasados y satisfacer todas las facturas de obras, servicios y suministros».

Se hizo frente al estado ruinoso de pavimentos y aceras (y de los numerosos edificios destruidos por los bombardeos aéreos), se reglamentaron los servicios de taxis y se dotó a la guardia urbana de nuevos uniformes, «a la altura de la importancia de Alicante». Luciáñez Riesco dijo que «en cuanto a mejoras urbanas se han confeccionado ya los proyectos de reforma más necesarios y perentorios». En primer lugar, la prolongación de la avenida de Méndez Núñez hasta el mar y hasta la calle de San Vicente, para que Alicante disponga de un eje norte-sur y tras éste se acometerá el de la avenida este-oeste o sea, la de Alfonso el Sabio prolongándola por un extremo hasta coincidir con la de Salamanca logrando se emplace más al interior la estación de MZA; y por el otro, con una amplia subida al castillo de Santa Bárbara y un camino de ronda alrededor del mismo, para que desaparezcan los núcleos de viviendas infectas que hoy existen». Luego, puso el énfasis en la zona de la Montañeta iniciada ya con el derribo del antiguo cuartel de San Francisco, que con el desmonte y la expropiación de algunas casas, daría lugar a la construcción de inmuebles importantes, como el Gobierno Civil. «Una vez expropiada la casa de la calle de Castaños que tapona la calle que iniciada en la Rambla va a parar en la plaza de Hernán Cortés, se llegará fácilmente a esta importante zona». A continuación se refirió a la edificación de grupos escolares, estación de autobuses y matadero. «Tendremos que llegar a la contratación de un empréstito. La deuda actual del municipio viene a ser sólo de tres millones y medio de pesetas».

Casi simultáneamente, Hitler y Mussolini se entrevistaban en Brenner; los aviones alemanes atacaban la bahía de Scapa Flow y el Urodonal curaba el reuma. Un prodigio.

Aquel día, jueves, 19 de septiembre de 1940, el gobernador civil, Miguel Rivilla (creemos que es Revilla) Azcune dijo: «Al renovar esta corporación municipal, hemos querido que no sea un simple cambio de personas, sino el de un sistema por otro, el de la Falange que se va abriendo camino en los destinos de España». Seguidamente destacó la presencia en la nueva gestora municipal de los ex combatientes «es decir, de la juventud que más directamente contribuyó al triunfo del nuevo Estado. El cambio operado en el Ayuntamiento significa, al mismo tiempo, la fusión, la unidad política, el término de las intrigas, camarillas y comentarios».

Había sonado la hora del gran relevo. Y de esta forma, la comisión gestora municipal designada el 30 de marzo de 1939 o, más exactamente, parte de la misma quedó apeada de los asuntos de la ciudad, en aras de una mayor homogeneidad ideológica. Así lo entendió el propio Ambrosio Luciáñez Riesco, confirmado en su cargo de alcalde, quien agradeció las palabras del gobernador Revilla y tuvo frases de afecto para Sebastián Cid Grau, primera jerarquía local del Movimiento «cuya presencia en esta solemnidad -dijo- revela la compenetración de la gestora (corporación) con Falange, cuyos principios he de mantener en todo momento, ya que no es otra cosa que la misma Falange, en cuyo nombre y representación me ha sido confiada por el señor gobernador civil y jefe provincial de ella la Administración de los intereses municipales de Alicante».

Miguel Revilla en su intervención se refirió a aspectos urbanísticos, que ya meses atrás habían sido esbozados por Luciáñez, y abogó por la «destrucción de los barrios infectos de la Montañeta, proponiendo que tales lugares que son foco de las mayores lacras sociales, desaparezcan en bien del ornato público y del buen nombre de la ciudad». Incluso pidió que se construyera en Alicante una «especie de ciudad como la que Falange ha hecho edificar en el barrio de Usera, de Madrid: casas modestas, baratas, higiénicas, que recogieran a los desamparados que ahora arrastran una vida mísera, en chozas y cuevas insalubres; casas que no paguen rentas, y, si lo hacen, sea mínima y solamente en concepto de estímulo para el ahorro, pero que no represente beneficio para el Ayuntamiento».

En aquella sesión extraordinaria, se designó la segunda corporación municipal de la época del franquismo. La saliente fue elogiada por el gobernador por haberse hecho cargo de la administración municipal en los momentos difíciles que «sucedieron a la liquidación del marxismo». Miguel Revilla, sin duda, conocía la exaltada retórica del momento.

En 1918, se inauguró el cementerio municipal «Nuestra Señora del Remedio», apenas iniciada su construcción. Pero la epidemia de gripe que se desató aquel mismo día y fatídico año no se andaba con contemplaciones. De ahí tanto apresuramiento.

Un año después, se prohibieron los enterramientos en el romántico camposanto de San Blas, y el 17 de marzo de 1925 «el pleno municipal acordó la clausura definitiva excepto para difuntos propietarios de mausoleos, criptas o panteones (...). Se daba a estos propietarios -escribe Adrián López- un plazo máximo de diez años para que pudiesen seguir enterrando a sus deudos y se les ofrecía una rebaja del veinticinco por ciento para adquirir parcelas en el nuevo cementerio». En 1959, se procedió a su demolición. La necrópolis de San Blas edificada sobre terrenos adquiridos por la Iglesia al conde de Soto-Ameno, fue bendecido el 14 de julio de 1805, también antes de concluir las obras, y con la perentoriedad que imponía otra epidemia reciente: la de fiebre amarilla de 1804, y a tenor de las reiteradas prohibiciones de los enterramientos en los templos, impuestas por los monarcas Carlos III y Carlos IV. Sobre el singular recinto ya desaparecido se han publicado diversos trabajos de los cronistas local y provincial, Vicente Martínez Morellá y Gonzalo Vidal Tur, respectivamente, de Emilio Chipont, de José Rico de Estasen y de Adrián López Galiano, de cuya monografía «Cementerios» hemos recogido parte de la relación bibliográfica.

«Nuestra Señora del Remedio» obra del arquitecto municipal Francisco Fajardo Guardiola, según la «Guía de Arquitectura de Alicante», «responde a una cuadrícula configurada por medio de dos ejes principales perpendiculares entre sí y de otros laterales paralelos a los anteriores que forman otros cuadros elementales (...) Finalizada la Guerra Civil de 1936-1939, se efectúa una ampliación de la superficie útil, construyéndose la cripta dedicada a los vencedores de la contienda».

El 27 de febrero de 1970, el Ayuntamiento pleno, con el voto en contra de los concejales Francisco Maruenda Alberola y Jaime Serrano Pomares, acordó «hacer efectiva la compra de cincuenta y cinco mil setecientos setenta metros cuadrados de terrenos de la finca «El Partidos», para ampliación del cementerio, por un importe de cinco millones quinientas setenta y siete mil pesetas. La situación era cada día más agobiante. Ya no había lugar para nuevas sepulturas. La columna se nos queda hoy en estela funeraria.

Pero se acerca el día. Tempus fugit.

Fue don Francisco Albricias quien abrió primeramente un colegio en la calle Labradores, en 1897. Sus creencias luteranas pronto le hicieron acreedor del menosprecio, cuando no de las iras, de otros sectores mayoritarios, hasta tal punto, y de acuerdo con los datos que me facilita Vicente Huesca, que se lanzaron contra él y su aún minúscula institución docente verdaderas diatribas. Así, el padre Solá, de la Compañía de Jesús, desde el púlpito de Santa María exclamaba: «Alicante, esta hermosa tierra, con su cielo siempre azul, con la belleza de su clima, la hermosura de sus mujeres y la nobleza de los alicantinos, tiene una mancha que la deshonra».

Albricias que había llegado a nuestra ciudad procedente de Madrid, no desistió de su empeño. José Morote, de Villafranqueza, que simpatizaba con sus ideas, le prestó diez mil pesetas. Probablemente, se trata de José Morote López que Manuel Rico García reseña en su «Ensayo biográfico bibliográfico de escritores de Alicante y su provincia» y de quien afirma que fue encarcelado por un artículo de tendencia republicana, publicado en el semanario «El Ciclón», en 1896. Es el caso que con aquellos caudales, Francisco Albricias adquirió un solar en la calle de Calderón de la Barca, esquina a la de Juan de Herrera, de mil seiscientos metros cuadrados, que había sido propiedad del marqués del Bosch. La operación se realizó en 1909 y siete años más tarde, la Escuela Modelo ya disponía de cuatro plantas.

Muchos alicantinos se educaron en sus aulas. En 1929, el centro contaba con quinientos alumnos y quince profesores. Además, se impartían clases nocturnas y gratuitas a numerosos obreros. Franklin Albricias Goets, hijo de Francisco, destacó durante la Segunda República, en tanto atendía su profesión de enseñante.

En la Escuela Modelo se adecuó un museo donde se exhibían monedas, manuscritos y hasta una bula del Papa Honorio IV, fechada en el año 1285. Además de pinturas originales de Ribera, Juan de Juanes, Parrilla, Buforn, Pericás e incluso algunas tablas del siglo XV y posiblemente de la escuela flamenca. Todo desapareció tras la guerra civil.

Entre los profesores de la Escuela Modelo se cuentan a Tomás Espí, Luis Olcina, Manuel Maruhenda, Rafael López Arias, Ángel Salcedo, Pedro Beltrí, el músico José Torregrosa y, por supuesto, los hijos de Francisco Albricias: Franklin y Lincoln. Después de la contienda y en el citado edificio, se instalaron las dependencias del Frente de Juventudes.

El problema de los aparcamientos sigue en pie. Con un tan copioso parque móvil, y el uso y abuso del vehículo particular, hasta para acercarse a por el periódico al quiosco de la esquina, la solución se presenta cruda. Y la cosa no viene de ahora, claro está, aunque el agobio aumente cada día. Los ediles que comandaba José Abad debieron de acongojarse lo suyo, cuando el concurso convocado para la contratación de construcción y explotación, por un plazo de cincuenta años, de un estacionamiento de automóviles en la plaza del Caudillo (hoy, de la Montañeta), se quedó desierto por falta de licitadores.

Para fortuna de la corporación, la empresa «Emai, S.A.» se echó para adelante, y su gerente, Luis Ibarra Landete, solicitó que se le adjudicasen las obras, con arreglo al pliego de condiciones que había de regir el concurso. A cambio se comprometía a pagar un canon de cien pesetas por año y plaza. A Julio Pelayo, el interventor de fondos municipales, la oferta de la citada mercantil le pareció reglamentariamente ajustada y, en consecuencia, aceptable «por cuanto el Ayuntamiento no persigue finalidad fiscal en el concurso anunciado, sino, principalmente, conseguir que la ciudad disponga, en plazo breve, de un nuevo servicio que solucione parcialmente el acuciante problema del aparcamiento de vehículos en un lugar céntrico y en el que se hallan ubicados tres organismos oficiales, con gran afluencia de visitantes, como son el Gobierno Civil, la Delegación de Hacienda y la del Ministerio de Obras Públicas, a los que muy pronto, se añadirá el edificio en construcción que ha de albergar los servicios generales del Movimiento».

Pero había que dilucidar la cuestión que planteó la mencionada empresa acerca de quién iba a cargar con las obras de superficie y las de reforma de calzada y pavimentación que, a su juicio, debería costear el Ayuntamiento. Ante las dudas, el interventor solicitó, a título orientativo, pliego de condiciones de Madrid, en cuyo artículo primero se dice: «Conjuntamente, se adjudicará al concesionario tales obras que habrán de efectuarse de acuerdo con el proyecto que redacten los servicios técnicos municipales». No obstante, informó el señor Pelayo, parece conveniente que se ejecuten por el propio concesionario, en evitación de fricciones entre contratistas distintos para cada plano de la obra.

El pleno lo aprobó el 4 de agosto del 70. Desde entonces, la ciudad sintió también el veneno en sus entrañas. Luego, llegarían las demoledoras vísperas de la plaza de San Cristóbal. Y así, sucesivamente, inevitablemente.

De la islita ya hemos escrito reiteradamente. Se han hecho planes, proyectos, cábalas. Y como si nada. Tabarca se ha ido consumiendo en el olvido, sin que hasta ahora nadie haya acertado a solventar la papeleta. Es un capítulo siempre pendiente y siempre candente.

En 1970, el arquitecto José Blanco Cantó presentó al pleno municipal el plan especial de ordenación que le había encargado el Ayuntamiento, el 29 de julio de 1969. El proyecto contenía la creación de cuatro zonas: residencial, deportiva, hotelera y verde. Estaba prevista la edificación de un establecimiento hotelero «de planta limitada en cuanto a superficie, número de habitaciones y altura ilimitada». Sin embargo, el mencionado técnico, entendemos que prudentemente, aconsejó que debería recortarse dicha altura, por cuanto «de lo contrario, chocaría con el ambiente continuo, único y marinero, y con el elemento comunal abierto que se cita en la memoria, por lo que ante la proximidad de la finalización del plazo durante el que ha estado suspendido el otorgamiento de licencias en la isla, podría aprobarse inicialmente, para en el periodo de exposición al público, tener que rectificar el proyecto en lo concerniente al hotel». Así las cosas, el pleno, el 14 de mayo del indicado año, acordó aprobarlo con la tal rectificación y exponerlo durante un mes, para posteriormente, tras las reclamaciones, si se produjeran, remitirlo al Ministerio de la Vivienda para su aprobación definitiva. Lo de siempre.

Un mes y medio más tarde, también se le dio el visto bueno a la construcción de un grupo escolar, con dos secciones, y cuyo presupuesto ascendía a ochocientas seis mil cuarenta y ocho pesetas con veinte céntimos, de acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto municipal Alfonso Fajardo Aguado. El interventor, Juan José Seva, en una reciente columna, se nos bailaron los nombres y aparecía en su lugar el de Julio Pelayo, secretario de la corporación) informó que debería ser financiado mediante la formación de un presupuesto extraordinario «en cuyo estado de ingresos figure la aportación estatal de conformidad con el convenio vigente para construcciones escolares».

Sin embargo, e insistimos, Tabarca continúa a la deriva, ¿hasta cuándo?

En ocasiones, las ciudades se remangan las faldas y se ponen de puntillas para que no las descabalen ni riadas; ni tránsitos, ni trenes nocturnos. Algunas se quedan finalmente como prendidas de las farolas y por debajo les pasan el faetón, el automóvil, el tiempo y hasta la memoria. Son las ciudades aéreas que generalmente se desvanecen y sólo dejan un vago vestigio en los libros infantiles o en los pliegos de cordel.

Alicante no es una ciudad aérea. Es una ciudad que se enreda con la ropa de los vientos por el Raval Roig, por Santa Cruz, por el Benacantil. Y, miren, de pronto pusieron a los peatones a levitar sobre la avenida de Juan Bautista Latora y los depositaron en las arenas del Postiguet. Sucedió cuando ampliaron el paseo de Gómiz, y arrancaron las vías y el apeadero y se llevaron el trenet hacia el viejo matadero. Ya lo hemos contado. Por entonces el tráfico rodado se impuso y hubo que tomar medidas. Las tomó el ingeniero Antonio Medina Gil y las aprobaron los concejales el 30 de diciembre de 1969. Había que construir una pasarela elevada para preservar a los vecinos de aquella peste. Echaron cuentas y la cosa nos salía por ochocientas cuarenta y cuatro mil cuatrocientas veintisiete pesetas con sesenta céntimos. Luego, sacaron a subasta las obras y por dos veces se declaró desierta.

Hubo, de nuevo, que reconsiderar el presupuesto, en mayo de 1970. Y Antonio Medina Gil con su compañero Luis Martínez Pérez, ambos ingenieros de caminos municipales honorarios se pusieron a hacer números. Pero, claro, habían aumentado los costes de mano de obra y materiales, de manera que el presupuesto se colocó en un millón quince mil ciento doce pesetas con cuarenta y dos céntimos. Pero, qué. Se revisaron los precios, se contrajo la diferencia de más y se dio cuenta al Banco de Crédito Local de España, para que la cargara en el préstamo contratado y cuyo destino era financiar la segunda fase del paseo de Gómiz. Las comisiones de Hacienda y de Fomento informaron favorablemente y la Corporación en pleno ratificó los acuerdos, el 30 de junio del año últimamente mencionado.

Y así fue cómo Alicante se dispuso a deambular por los altos andamios que iban y van de la playa a las viejas piedras del Raval de pescadores. Un Raval en el que entraron a saco, hasta cepillarse la ermita y aparcar a la Virgen del Socós en una plaza de garaje. Qué historia, ¿no?

Les contamos. Los técnicos a quienes se les encomendó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, propusieron tres soluciones para el Raval Roig: la primera, propiciaba la conservación de las características propias y tradicionales, preservándolas de elementos ajenos mediante la adopción de una normativa rígida; la segunda, prescindía de cualquier excepcionalidad y consecuentemente se le aplicaban las directrices generales contempladas en el referido plan; y la tercera, ¡uy!, la tercera proponía «reordenar las estructuras de la barriada a base de volúmenes, con plantas diáfanas suficientes para no entorpecer o dificultar la vista del mar, con aparcamientos subterráneos para vehículos y jardines infantiles, a cuyo efecto dispone la proyección de unas diapositivas y presenta una maqueta de conjunto».

El tema se deliberó en sesión extraordinaria del pleno municipal, el 11 de agosto de 1966. Desde el 31 del mismo mes pero del año 1964, el Ayuntamiento había suspendido la concesión de licencias de parcelación y edificación «en las zonas delimitadas por el polígono que se señaló al efecto». Urgía, pues, sacarse de encima el incordio.

Así que, bajo la batuta del entonces alcalde Fernando Flores Arroyo, cada quien expuso su punto de vista. Salvador Soriano Antón andaba preocupado con la «elección del sistema de actuación de los que señala la ley del suelo, caso de aprobarse la última solución». Pero el presidente del Cabildo lo disuadió advirtiéndole «de que no se trataba de aprobar el plan ni el sistema si el pleno se decidiera por la solución c, es decir, la tercera, sino de resolver acerca de cuál de las tres reordenaciones había de aceptarse». Pérez Sales intervino para concluir que con el ensanche de Juan Bautista Lafora y la eliminación de las casas de la calle de Jovellanos «el Arrabal Roig no puede quedar como está, y aunque su postura en 1964, era la de la solución conservadora, comprende que aquella no es la ideal en la actualidad».

De modo que, tras las pertinentes consultas a los técnicos que asistieron en calidad de informadores, se acordó, por unanimidad, la reordenación total del Raval Roig, «para lo que se deberá estudiar el correspondiente plan de reforma interior que se someterá, en su día, al Ayuntamiento pleno, con el debido estudio del sistema de actuación más idóneo y teniendo en cuenta las características especiales de este barrio, de sus habitantes, división de la propiedad, etcétera».

La sentencia estaba cantada. De la ejecución ya hablaremos, cuando le llegue la vez.

Y cómo se lo iban a figurar aquellos jóvenes de los años veinte que se sudaban los castillos pegándose sus buenas carreras y haciendo de la naturaleza un gimnasio de piñas desarboladas, y del puerto la piscina más olímpica del mundo. Cómo, ¿eh? Pues echándole ilusión y coraje, hasta que el 17 de noviembre de 1931, en el auditorio de música de la Explanada proclamaron el Club oficialmente. Carros de fuego y de tenacidad, los jóvenes atletas iban de un lado a otro, del «Femeret» al Pla y del Pla a la Florida y de la Florida a las casetas del balneario «La Alianza», para entrenarse en la natación. No había apenas instalaciones y las pocas se las dejaban unos a otros. Hasta que en el 33 se montaron el primer gimnasio en la calle de Manuel Antón. Qué alivio.

Tras la guerra civil, se harían con los terrenos de la familia Reig, en Padre Esplá, gracias a la gestión de Enrique Puigcerver, Pepe Lassaletta y Pepe Cantos, nos cuenta el buen amigo Antonio González, vecino frecuente de columna, y a quien debemos la minuciosa información. En este segundo periodo, los presidentes trabajan sin parar para dotar al club de pistas, campos, frontones. Los presidentes Enrique Puigcerver, Heliodoro Madrona, Miguel López, Joaquín Picazo... amplían y consolidan el complejo deportivo, hasta poner al Club Atlético Montemar entre los primeros del deporte aficionado español. Y luego, no podemos pormenorizar por la brevedad del espacio disponible, los grandes acontecimientos, a muchos de los cuales asiste Juan Antonio Samaranch.

Un paso más y en 1975 se inauguran las nuevas instalaciones de La Albufereta, y llega Manolo Santana, y España y Sudáfrica se ven las caras en un encuentro de hockey. Una ejecutoria avalada por toda una serie de premios y distinciones: título de «Club Ejemplar», de Consejo Superior de Deportes; placas de plata al «Mejor Club del Año» de patinaje, de hockey, de voleibol, de gimnasia, en sucesivos años; «Importante» de INFORMACIÓN; los tres premios anuales de la Diputación; el de «Club de Interés Municipal», del Ayuntamiento; y el galardón más relevante del deporte español, a la mejor labor de promoción deportiva, el Premio Nacional Copa Stadium, que les entregó Juan Carlos I, en 1986. Todo eso además de treinta y dos títulos, ¿o ya algún otro? y treinta y cinco internacionales en los más variados deportes. Cómo se lo iban a figurar aquellos jóvenes de los años veinte que, pegaban saltos y hacían filigranas, al aire libre, y sin más equipaje que su entusiasmo, su voluntad y su perseverancia, ¿no era así, Antonio? Montemar, ejemplar.

Según parece, movidos por la necesidad, los mayoristas de productos perecederos optaron por agruparse, al objeto de afrontar en condiciones más óptimas la modernización de las estructuras comerciales y las instalaciones precisas para su cometido, teniendo en cuenta el urbanismo, la higiene y la capacidad disponible para almacenar determinados alimentos. Para el logro de tales objetivos, la empresa nacional Mercasa podía actuar directamente o bien mediante la constitución de sociedades mixtas, con corporaciones públicas y particulares.

El 15 de julio de 1968, por acuerdo plenario municipal, y con la anuencia del gremio de mayoristas y de representantes de entidades relacionadas con la comercialización, se constituyó la Sociedad de Mercados Centrales de Abastecimiento de Alicante, Mercalicante, con el fin de mejorar, en todos los órdenes, la promoción y explotación «del ciclo de comercialización de productos».

Se elaboró un plan de prioridades, después de un estudio de la distribución de éstos para la ciudad y su zona de influencia. Parecía aconsejable el establecimiento de un complejo alimentario capaz de comercializar cuarenta mil toneladas de frutas y hortalizas, y que dispusiera de la flexibilidad necesaria en sus instalaciones, para «poder hacer frente a futuras ampliaciones que la potencialidad en la expansión de la ciudad y su contorno exigiesen». Resultó conveniente la integración en dicha sociedad del mercado de aves y huevos, pero no el de pescado y carne, «por cuanto los actuales matadero y lonja, por su reciente construcción, resultan suficientes para un amplio periodo de tiempo».

Tras las gestiones para la localización de los terrenos donde ubicar la unidad alimentaria, se eligió el polígono sesenta y uno, situado en la partida de Bacarot y con una superficie de 19,3 hectáreas, junto a la carretera Madrid-Alicante, aproximadamente a la altura del kilómetro cinco.

En sesión plenaria del 17 de abril de 1971, se recoge en acta lo siguiente: «En este momento, se ha celebrado concurso de urbanización de los terrenos y en fecha próxima se estará en condiciones de sacar el concurso de edificios, y se estima que en el plazo de un año podrá procederse a la puesta en marcha de los mercados». El programa de inversiones para acometer el proyecto se valoró en ciento cuarenta millones de pesetas.

Mercalicante disponía de un capital social de veinticinco millones y se estimó que habría de llegarse, en una o varias ampliaciones a los cien: cincuenta y uno del Ayuntamiento; veintiséis de Mercasa, y los veintitrés restantes del bolsillo de los usuarios.

Dos décadas después, aquellas cantidades resultan irrisorias. Claro que el presupuesto ordinario municipal del año 71 era algo superior a los trescientos sesenta y tres millones de pesetas. Y ya ven ahora.

Andaban finos los ánimos. Cuando el alcalde Malluguiza propuso elevar un monumento al foguerer, en la plaza de España qué guirigay, oiga. En su moción, la Alcaldía elogió «la labor incansable y constante de las comisiones que plantan las hogueras de los distritos, gracias a las cuales perviven nuestras fiestas». Como quiera que se iba a proceder a la reordenación de la estructura urbana de la plaza en cuestión, con objeto de conseguir una mayor fluidez del tráfico, se pensó que, en la zona ajardinada que resultara de las obras, más próxima a Calderón de la Barca y a San Vicente, debería de colocarse un motivo ornamental. Bien, una fuente; bien, un monumento. ¿Un monumento? ¿Pero a qué o a quién? Al foguerer, decidió Ramón Malluguiza.

Pero ya, por el 71 y aún antes, las corporaciones no eran tan monolíticas y disciplinadas, tan fervorosas y unánimes, como en las décadas anteriores. De manera que, con relativa frecuencia, se provocaban disparidades de criterio, opiniones encontradas y hasta enfrentamientos muy serios, en ocasiones. Con motivo de aquella moción, la cosa se lió. El edil Compañ argumentó que la idea era buena, pero el emplazamiento, no. Prefería, por ejemplo, la plaza del Sol prioritariamente o la del barrio Ciudad de Asís, para plantar allí el monumento al foguerer. Sin embargo, el alcalde insistió: respetaba, por supuesto, los barrios; pero le parecía más adecuada la Plaza de España, más céntrica, y consecuentemente más concurrida. El lugar privilegiado permitiría que «todos lo vieran».

Maruenda salió a la palestra y sentenció: recuerden la existencia de un proyecto de monumento a José Antonio. A lo que la señorita Alonso replicó que tal monumento, para la realización del cual ya había aportaciones económicas, se iba a erigir en la Puerta del Mar.

Por su parte, Mallol advirtió que ya había una calle dedicada al foguerer y que, a su juicio, era suficiente. Pero Tomás Valcárcel se apresuró hábilmente a dar las gracias a la corporación por el homenaje, en nombre de todos cuantos se entregaban a las hogueras.

Por último, se aprobó la moción de alcaldía el 29 de noviembre del 71, aunque con los votos en contra de Compañ y Maruenda. Hoy, el debatido monumento se alza, más o menos, en el emplazamiento sugerido por Malluguiza, y es obra de Pepe Gutiérrez. Quienes, por aquel tiempo, hacían crónica municipal, como nosotros, iban del sobresalto al regocijo, con algún alto en la perplejidad. Verán si no cuando lleguemos a lo del «Hotel Riscal, S. A.».

Casi a punto de perder la serena verticalidad estuvo la torre del reloj, la de la derecha, de nuestro edificio consistorial. Imagínense Alicante con su torre inclinada y su reloj tocándonos a la llum de les fogueres, pero en italiano. Qué mudanza, ¿no? Pues faltó el canto de un duro, no crean. Y gracias al arquitecto municipal Miguel López González, que se dio cuenta de la que se nos venía encima y le echó el freno a punto.

Todo eso se desprende del proyecto redactado por el referido técnico y que la corporación supo oficialmente, en sesión celebrada el 30 de abril de 1971. Cuando se demolió el edificio contiguo, ya en la calle de Jorge Juan, para ampliación de las dependencias municipales, se observó el «acusado desplome de la torre del reloj, por cuyo motivo se conservaron muros que sirvieron de contrafuerte y de testigos de cualquier movimiento eventual en la fachada y primera crujía, conservando el apeo natural constituido por la propia casa colindante y el empleo de elementos metálicos colindantes».

Por suerte, se consolidó la espléndida torre, a tiempo de respetarle a Pisa su exclusividad. Y fue a partir de entonces, cuando se procedió a demoler, por partes y con mucho tiento, los sólidos muros de mampostería que habían afianzado nuestro Ayuntamiento.

Las obras ascendieron a ciento setenta y una mil novecientas setenta y ocho pesetas con ochenta céntimos. Clavado.

Naturalmente, no hubo pegas económicas. Y cómo iba a haberlas en tan delicada situación. De manera que el interventor informó que el gasto se contrajo en el presupuesto extraordinario de ampliación del Palacio Consistorial y escuelas provisionales, mediante el que se financiaban las obras de construcción del nuevo edificio destinado a oficinas. Y todos contentos, con el beneplácito de las comisiones de Hacienda y Fomento.

De inmediato, se procedió a la adjudicación directa de aquellas dichas obras a la mercantil Cleop, S.A. Y con la declaración de urgencia por delante.

Faltaría más. Con la de torniscones que le han sacudido a nuestro espléndido Ayuntamiento. Sólo le faltaba eso y el mal de la piedra que lo roe ahora y que esperamos que muy pronto se lo saquen de encima. No estamos como para despilfarrar el poco patrimonio histórico que nos han dejado.

Mal, muy mal, lo tenía el primer Ayuntamiento del franquismo. La ciudad estaba de pena: desde el paso a nivel situado al final del paso de Canalejas hasta la estación de los ferrocarriles andaluces o de Murcia, había una charca nauseabunda que atentaba contra la salud pública y, por supuesto, dificultaba el tráfico rodado y el paso de peatones. Una ciénaga que hubo que desecar a base de bombas del servicio de incendios. Y las calles repletas de sacos terreros de los que se utilizaban para la defensa de los refugios particulares, en casas y locales; y de inmundicias amontonadas, desde hacía bastante tiempo. Afortunadamente, en los primeros días de abril, y por disposición de la Alcaldía, el servicio de recogida de basuras y de su transporte a los vertederos en las afueras de la ciudad empezó, tras una larga interrupción, a funcionar. Sólo que de los catorce carros que venía obligado el contratista a destinar a tales menesteres, sólo podían trabajar nueve por falta de personal y caballerías, qué pesadilla. Pero, miren por donde, la autoridad municipal tuvo conocimiento de que había cierto número de mulos abandonados, en un parador, y que iban a su aire, y se confió en resolver con ellos el expresado servicio.

Pero si el aspecto urbano era lamentable, después de tantos ajetreos bélicos, el vecindario tenía una lengua... Madre, qué lengua. Cosa de la barbarie marxista, ya se sabe. De modo que había que lustrar también y prioritariamente tanta obscenidad. Y el alcalde Ambrosio Luciáñez Riesco, velando por la pureza del idioma y de las buenas costumbres, lanzó un bando de mírame y no te menees: «Que según previene el artículo 12 de las vigentes ordenanzas municipales» los habitantes de la ciudad deberán observar en todas sus palabras y modales, en todas ocasiones y lugares la debida compostura, absteniéndose a lo que ofenda a la religión, a la moral, a la decencia y a la cultura». Dispone el mismo código local «que la blasfemia queda especialmente prohibida». Pero no teníamos enmienda porque continuaba: «Y es verdaderamente lamentable que las prevenciones enunciadas no se cumplan (...) Tal estado de cosas debe cesar. Desterremos por el buen nombre de Alicante esas indecorosas licencias del lenguaje (...)». Por último se advertía que se castigaría con la máxima severidad cualquier infracción que se denuncie. En la «Hoja Oficial de Alicante», de 11 de abril de 1939, se decía: «La relajación de la moral pública exteriorizábase durante el periodo de la dominación roja, entre otras manifestaciones, con la de emplearse un lenguaje soez y grosero».

Pues oiga usted, si nos pone así, esta sociedad de ahora es de un rojo, pero qué rojo. Para que se percate, si, por ejemplo, el alcalde Luna desempolvara los talonarios de poner multas por taco, las arcas municipales serían insuficientes para tantos duros. Y de impuestos, nada. Echen cuentas si no.

Eran inevitables aquellas obras. Se temían desplomes en el Mercado Central de Abastos y hubo que proceder con urgencia a su consolidación, toda vez que las deficiencias observadas afectaban a elementos de sustentación. El asunto ciertamente no admitía demoras. Así es que Alcaldía las autorizó y se comenzaron en noviembre de 1964. La comisión permanente ratificará la orden el doce de febrero del año siguiente.

El arquitecto municipal, según acta de catorce de enero del 66, dictaminó la necesidad imperiosa de continuar los trabajos «por trámite directo, sin expediente de subasta, aun rebasando los límites legales de la cuantía de las obras, ante la imposibilidad de prever el importe total de la completa consolidación».

Y fue precisamente en el curso de las mismas, cuando el gobernador civil, Luis Nozal López, requirió al alcalde, Fernando Flores Arroyo, para que se acondicionaran los sótanos del mercado, al objeto de instalar en ellos puestos distribuidores de artículos congelados. Miren ustedes por donde.

Por supuesto, el señor Flores lo decretó de inmediato, teniendo en cuenta que la afluencia de veraneantes que se esperaba «requería una visión respecto al abastecimiento de productos alimenticios, en evitación del desnivel que podía producirse en otro caso».

Por su parte, el arquitecto Fajardo, en noviembre último, cifró el gasto de las reparaciones realizadas en un millón quinientas ochenta y una mil setecientas cuarenta y tres pesetas con setenta y siete céntimos. Cantidad que se incluyó en el proyecto ordinario que se estaba elaborando por entonces.

En el pleno del 14 de enero del 66, se aprobó lo actuado, se declaró la urgencia de dichas obras y las de instalación para congelados «en cumplimiento de la orden comunicada por el gobernador civil de diez de mayo próximo pasado, ante el aumento de población veraneante y la insuficiencia de capacidad en los mercados».

No mucho más tarde, el veintitrés de febrero del mismo año, se sometió a deliberación el pliego de condiciones para la adjudicación por un plazo de cinco años, de trece casetas y treinta puestos de productos congelados, de acuerdo con el siguiente tipo de licitación, siempre al alza: «Casetas de ángulo, cincuenta mil pesetas cada anualidad, e interiores, treinta y cinco mil; para los puestos de ángulo, treinta y cinco mil, y los interiores, treinta mil». Se aprobó la convocatoria y el pliego de condiciones económicas y administrativas.

El chambi cedió la vez a la ternera y a la pescadilla que llegaban del frío. Pero era el progreso.

Recuérdenlo o revisen las hemerotecas. Hubo sus más y sus menos; hubo detractores y partidarios, debates y suspicacias. Tantas alturas atentaban contra la estética urbana, contra las características y «personalidad» de Alicante. Pero finalmente salió. Aunque, con fórceps.

Salió en la sesión extraordinaria de 25 de junio de 1971. Aunque, semanas antes, el Ayuntamiento plenario hizo malabarismos para aprobar la singularidad solicitada por don Manuel Martínez Lledó, en su condición de presidente del consejo de administración de la mercantil «Hotel Riscal, S.A.», edificio que ya se había iniciado al amparo de licencia municipal, en las calles del General O'Donell y del Poeta Vila y Blanco.

En sus alegaciones, el señor Martínez Lledó hacía constar, según el acta de la referida corporativa, que se destinaba íntegramente a hotel «con quinientas habitaciones y dotado de sala de convenciones, restaurante, dos cafeterías, aire acondicionado, salones sociales y tiendas», y que además tenía «créditos de gran importancia concedidos por el Ministerio de Información y Turismo y por la banca privada». Por otra parte, se trataba de «una edificación sin medianerías, es decir, a cuatro fachadas y retranqueada cinco metros de la línea de la calle y diez de las casas colindantes». El hecho de haber estado «la estructura metálica expuesta a la intemperie durante muchos años, con sensible perjuicio de la solidez de los materiales», aconsejaba «su rápida terminación para evitar riesgos catastróficos».

Con la hipotética y tremenda espada de Damocles sobre la ciudad y en función de la política de arbitrariedades consumadas, se buscó instrumentos para superar la sentencia del Supremo de 25 de noviembre de 1966, por la que se declaraba nula la licencia municipal para la construcción del edificio, si bien, en los considerandos preveía la posibilidad de la excepción que se solicitaba de acuerdo con el artículo 171 de la ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana que facultaba a los ayuntamientos para legalizar obras, «por lo que la única solución posible era la de declaración de singularidad».

El arquitecto argumentó que el artículo 21 de las ordenanzas vigentes durante la tramitación del proyecto e iniciación de la obra, autorizaba la construcción de inmuebles de alturas superiores en virtud de su particular situación. Por otro lado, se contemplaban también las posibilidades de edificación con utilizaciones especiales «y dadas las características del edificio de que se trata su legalización no puede hacerse más que a través de la declaración de singularidad».

Así que se aprobó unánime e inicialmente la excepción solicitada y se expuso al público por el plazo de un mes. No hubo ni una sola reclamación.

Ni una reclamación durante el plazo de exposición pública. De forma que transcurrido el mismo, se reunieron los ediles, con carácter extraordinario, el 25 de junio de 1971. Pues, nada. Había que darle el beneplácito. Y adelante.

Sin embargo, Maruenda se lanzó al ruedo del debate, al parecer, no demasiado convencido de todo aquel asunto tan farragoso que había sensibilizado la opinión de determinados sectores sociales. De forma que ni corto ni perezoso, le preguntó al secretario general, Julio Pelayo Marraco, si el Ayuntamiento tenía potestad para imponer la condición de que un edificio se destinara exclusivamente a hotel. El interpelado contestó, sin titubeos, que sí.

Entonces el concejal Paco Maruenda, tras una breve reflexión, volvió al terreno de la deuda e inquirió sobre la posibilidad de una quiebra de la empresa que estaba construyendo el edificio con la exclusiva dedicación a establecimiento hotelero, ¿qué sucedería en tal supuesto, si lo adquiriera otra persona o entidad? ¿Podría dedicarlo a apartamentos o tendría necesariamente que darle el destino para el que se pedía la singularidad? Ramón Malluguiza tomó la palabra y le respondió que el edificio en cuestión no podía variar su finalidad.

Sin embargo y a pesar de la contundente aseveración del alcalde, Maruenda se mostraba reticente. Y por tercera vez, insistió. «¿Acaso el Ayuntamiento tiene autoridad bastante para imponer tal condición inalterable a un futuro adquiriente del edificio?».

El señor Pelayo dijo, categórico, «que ese edificio siempre será hotel». Intervino seguidamente Roque Calvo Llorca, más conciliador, para advertir, una vez más, que lo acordado era para hotel y que lo que se hiciese después habría de ser con arreglo a la ley. No obstante, el alcalde Malluguiza terminó diciendo «que el Ministerio ha concedido crédito para la construcción de un hotel y que estima que no será fácil salirse del compromiso». Pero lo fue. Si no, véanlo ahora.

Con todo, se produjo la unanimidad y se acordó aprobar provisionalmente la excepción solicitada por don Manuel Martínez Lledó, como presidente del consejo de administración de la mercantil Hotel Riscal, S.A., y que se elevaran los acuerdos relativos a la aprobación inicial y provisional, con los certificados acreditativos, al Ministerio de la Vivienda, para su aprobación definitiva. Que cada quien saque sus conclusiones.

Talmente como la historia interminable. Un tira y afloja de antiguo entre el club de fútbol y el Ayuntamiento. En esta misma columna, ya hemos dado noticia de tan largo contencioso, que siempre reaparece con nuevos bríos. A mayor abundamiento, véanlo si no. El 12 de julio del 71, en pleno extraordinario municipal, se advierte de una solicitud del Hércules, «en el mes de octubre del pasado año», a la corporación en el sentido de que «revocase y dejase sin efecto el acuerdo de 30 de noviembre de 1967, mediante el que se subrogó ante la Caja de Ahorros del Sureste de España (ahora, del Mediterráneo) y ante doña Rafaela Louise Llaudes, propietaria de los terrenos donde se ubicará el nuevo campo, en cuantos derechos y obligaciones tenía el club. Y en mayo del corriente año, se solicita de nuevo la devolución de las opciones derivadas del referido acuerdo.

El alcalde Malluguiza pulsó la opinión de la mayor parte de los ediles a ver qué pasaba. La propuesta era permitir que el Hércules pudiera adquirir tanto el campo de la Viña como los solares en los que habría de construirse el nuevo estadio, mientras la ciudad se agenciaba una parcela colindante, con objeto de levantar en ella las instalaciones deportivas municipales. Pero eso sí: había que rogar al club que «tomara las garantías suficientes para desligar su patrimonio de resultado adverso de una temporada futbolística».

Fernando Fajardo Sánchez-Serrano fue contundente: bien que se devuelvan las opciones al Hércules, pero en plan serio, vamos. Porque, según dijo, no está legalizado y no puede celebrar asambleas, ya que carece de estatutos, en cuyo caso, las opiniones irían a manos del señor Rico y no al Hércules. Tomás Tarruella coincidió con Fajardo en que se constituyese una junta de patrimonio, y que en tanto no se actuase así, no se le devolviesen las opciones. Decisión que compartió el propio alcalde y también Francisco Marhuenda quien se mostró muy crítico y afirmó que no veía la cosa nada clara. Tur Ayela manifestó que la moción de Alcaldía era un reflejo de la petición del Hércules y debe hacerse una contraoferta», en tanto Francisco Muñoz Llorens opinó que, «quien quiera que fuese presidente del club bastante tenía con mantener un deporte popular que es algo que se siente en Alicante y parece que es un desastre por lo que han dicho sus compañeros». En las deliberaciones, intervinieron los concejales José Ivorra y Roque Calvo, ambos partidarios de la devolución solicitada.

Tras las deliberaciones, y después de corregir la moción de Alcaldía, se acordó, con el voto en contra de Marhuenda, las referidas devoluciones al Hércules Club de Fútbol y la adquisición a doña Rafaela Louise Llaudes, por parte del Ayuntamiento, de veintiséis mil veinticinco metros cuadrados de terreno que poseía a espaldas del castillo de San Fernando, colindantes con el terreno que vende al Hércules, para construir las instalaciones deportivas municipales». Continuará.

Qué hambruna la de aquellos primeros años de posguerra. Uno tenía que aviárselas entre el estraperlo, la picaresca y el ingenio, porque con la cartilla de racionamiento no se andaba muy allá. ¿Se acuerdan, no? Cuando se lograba un pan blanco se ponía la casa como de fiesta, y los boniatos hervidos o al horno o incluso fritos estaban a la orden del día, ¡y que no faltaran! Pues, fíjense, qué delirio no provocaría la llegada a nuestro puerto, del vapor italiano «Salmosa», procedente de Génova, cargado con novecientas toneladas de víveres para aquel vecindario que las pasaba canutas. Auxilio Social se encargaría de distribuirlos oportunamente, en los primeros días de abril de 1939.

Tanta necesidad y tanta carencia, hizo que la Alcaldía procediera al restablecimiento de todos los servicios públicos y especialmente a los que se referían a suministro y venta de artículos destinados a la alimentación «ya que no existían dificultades para restablecerlos, se requería a todos los cosecheros y expendedores que solían acudir los domingos y días feriados al mercado de esta capital, para que volvieran a efectuarlo regularmente, trayendo sus géneros y facilitando las operaciones de compra-venta, en los mismos puestos, casetas y lugares que antes ocuparan». De no hacerlo así, se les advertía que tal actitud sería interpretada como una renuncia a los derechos adquiridos, «los cuales perderán, incurriendo a la vez, en sanciones, dentro de los preceptos que fueran aplicables». La Alcaldía confiaba en que su llamamiento fuera atendido de inmediato y que consecuentemente el siguiente domingo, 9 de abril, el Mercado de Abastos estuviera funcionando.

Fue por aquellos mismos y sombríos días, cuando la «Hoja Oficial de Alicante» publicó una curiosa noticia que decía literalmente: «El arrendatario de los servicios de recogida y transporte de basuras, ha donado graciosamente al Ayuntamiento, diez cerdos que se recriaban en los estercoleros restablecidos en el Garbinet, para contribuir de este modo a mejorar el abastecimiento de la población. Sacrificadas dichas reses en el matadero municipal y hallándose en buenas condiciones sanitarias, ha dispuesto la Alcaldía que sus carnes se distribuyan en los puestos del mercado, con carácter gratuito, entre los poseedores de cartillas de racionamiento, a quienes corresponda, siguiendo el turno acordado».

En el referido número del citado y efímero diario, se ordenaba el cumplimiento de los acuerdos corporativos de cambiar los rótulos de la plaza de la Constitución y de la avenida de Zorrilla por los de Generalísimo Franco y José Antonio Primo de Rivera, respectivamente, «que han de llevar en lo sucesivo». Era el principio de un nuevo y controvertido capítulo de nuestra historia.

«El excelentísimo señor ministro de la Gobernación comunica a mi autoridad que en uso de las facultades que le confiere la vigente Ley de Régimen Local ha acordado con fecha 15 de los corrientes su cese como alcalde-presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, agradeciéndole los servicios prestados durante su permanencia en el mismo y nombrando, para sustituirle a don Francisco García Romeu», el comunicado, con la firma y rúbrica del gobernador civil Benito Sáez González-Elipe, iba dirigido a Ramón Malluguiza Rodríguez de Moya, quien accedió al cargo el 11 de septiembre de 1970. Se leyó en un pleno extraordinario, el 20 de septiembre de 1973, así como otra disposición dirigida a García Romeu y por la que se le ponía al frente de la corporación municipal.

Era un nuevo relevo. Tras la lectura de los documentos pertinentes, don Francisco García Romeu entró en el salón capitular, acompañado por los dos ediles más jóvenes de la corporación: Antonio Alburquerque Lorencio y Juan Rico Girona. De inmediato, y con arreglo al artículo primero del decreto de la presidencia del Gobierno, de 10 de agosto de 1963, se arrodilló frente al crucifijo y con la mano derecha sobre los Santos Evangelios, recitó solemnemente la fórmula de rigor.

Seguidamente, el gobernador recibió de Ramón Malluguiza y entregó a Francisco García Romeu, el bastón de mando y las insignias de la autoridad municipal. Después, le invitó a ocupar el asiento de la derecha de la presidencia que, hasta aquel momento, había ocupado el alcalde cesado.

Malluguiza dio lectura a unas cuartillas. Expresó su agradecimiento a Mariano Nicolás García, el gobernador que le había concedido el alto privilegio de ser alcalde, durante tres años «aunque eran diez los que llevaba dedicados apasionadamente al servicio de Alicante»; también tuvo palabras de gratitud para sus compañeros y amigos de corporación y funcionarios; para la prensa, la radio y la televisión «que siempre le habían ayudado, aunque, como es natural, hubiera habido diferencia de criterios en determinadas ocasiones»; para los delegados ministeriales; para las comisiones de hogueras «expresión del pueblo de Alicante» y su presidente, Tomás Valcárcel Deza. Al nuevo alcalde «le asegura que contará con la colaboración de ediles y funcionarios, y con la suya propia como ciudadano, para solucionar los problemas que continuamente plantea una ciudad progresiva como la nuestra». Concluyó pidiendo al gobernador civil que transmitiera su adhesión al Jefe del Estado y al Príncipe de España».

Francisco García Romeu dijo que «había recibido tantas muestras de atención que iba a hablar con latidos del corazón». Afirmó que se inspiraba en el alicantinismo de los alcaldes que le habían precedido. Y añadió que quería «seguir los pasos de don Carlos Arias Navarro, en la Alcaldía de Madrid, para engrandecer Alicante». El gobernador Sáez González-Elipe cerró el acto manifestando la necesidad del relevo en las instituciones «para intentar nuevas singladuras», y resaltó la seria ejecutoria de Malluguiza y la brillantez de García Romeu quien «llevaría a Alicante hacia arriba». En fin, la ceremonia de costumbre.

Que sepamos, nunca nuestra ciudad y provincia concedieron tantos honores y distinciones a ninguna otra persona como a Francisco Franco Bahamonde. Para los estudiosos e investigadores de temas tan pichulis ofrecemos seguidamente una relación cronológica y suficiente, creemos, de los mismos. En 1939 (y en 1944, según Vicente Ramos), «Hijo adoptivo de la provincia»; en 1940, «Hijo adoptivo de la ciudad»; en 1964, «Presidente honorario de la Excelentísima Diputación Provincial» y el mismo año «Alcalde honorario perpetuo», y, por último, en 1966, «Medalla de oro de la ciudad». No hemos encontrado, en las fuentes bibliográficas y documentales consultadas, la presumible concesión de la misma medalla de la Diputación e ignoramos por qué. Quizá, porque las arcas estaban exhaustas; quizá, por un olvido involuntario; quizá, porque se nos haya pasado el acta donde presuntamente pueda figurar ese honor que completaría el listado de los títulos más relevantes que Alicante y su provincia pueden otorgar. Eso, por supuesto, sin contar la rotulación de calles y plazas, prácticamente en toda nuestra geografía. A doña Carmen Polo de Franco, la Diputación la distinguió con el «Almendro en flor». Damos por supuesto que las feministas ni se irritarán ni se conmoverán, por lo que pudiera parecer una discriminación.

Abundaban los argumentos para tales concesiones. Reproducirlos nos resulta prácticamente imposible; por el espacio, ya saben. Si acaso entresacamos algunas frases de la moción presentada por el entonces alcalde Fernando Flores Arroyo, en sesión extraordinaria del 27 de julio de 1966, en la que se le otorgó la citada medalla de oro de la ciudad, por aclamación. «España está disfrutando el más largo periodo de paz que conoce su historia moderna (...) y disfruta de una prosperidad nunca hasta ahora alcanzada, en lo social, en lo cultural, en lo económico, y, en suma, en todos los órdenes». «El turismo solamente posible gracias a la estabilidad económica, a las buenas relaciones con los demás países y, sobre todo, a esta paz tan envidiable por aquellos que no la disfrutan en sus países».

Cuando la corporación se puso en pie y empezó a aplaudir, el alcalde suspendió la sesión por diez minutos, para cursar un telegrama al jefe del Estado comunicándole el acuerdo que se acababa de adoptar. Lo dice el sabio refrán y algunos aún no se lo creen, pero obras son amores. Y muchas más cosas.

Por lo común, el Ayuntamiento y los alcaldes y sus aciertos y desatinos protagonizan esta columna. Pero los gobernadores civiles, en la época que evocamos, eran los que manejaban mucho poder. No en balde, asumían también el rango de jefes provisionales del Movimiento. El rango y el mando. Y consecuentemente, tuvieron un papel primordial en la crónica de Alicante.

A primeros de septiembre de 1973, Mariano Nicolás García dejaba el gobierno provincial para tomar posesión del de Córdoba. Lo sustituía en el cargo Benito Sáez González-Elipe, quien el día siete de los citados mes y año rindió la ceremonia de investidura, bajo la presidencia de Antonio del Valle Menéndez, director general de Política Interior, y de don José María Aparicio Arce, delegado nacional de Provincias. Al acto asistieron jerarquías y autoridades, como es de menester. Estaban, entre muchos otros, el alcalde, Ramón Mallugiza, y el presidente de la Diputación Manuel Monzón Meseguer. Mariano Nicolás se trasladó a nuestra ciudad para darle la bienvenida y dijo: «El 13 de noviembre de 1969, con el crepúsculo, recibí de manos de Luis Romero y de Enrique Ballenilla, la honrosa responsabilidad de esta provincia. Hoy, después de recoger la antorcha de Córdoba, señora de Andalucía, sentimos y agradecemos la grata oportunidad de asistir a la entrega a Benito Sáez del mando de Alicante». Mariano Nicolás exaltó nuestra provincia que era «sugestiva, problemática, llena de vitalidad, con una gozosa razón de vivir, donde el trabajo de sus hombres constituían la jerarquía de valores más importante y donde el horizonte de posibilidades, cada mañana, con el sol sobre este mar único, se ensancha y crece». En un momento dado, le soltó a Benito Sáez: «Tu origen político, avalado en las trincheras, suponen la validez y certeza del buen hacer».

Y a continuación Sáez González-Elipe habló: «Vengo con ilusión, con tremenda ilusión, a una provincia apasionante que por la iniciativa, el tesón y el talante de sus hombres, se encuentra en momentos de lanzamiento hacia el futuro, en donde no se sabe si admirar más el espectacular desarrollo de sus franjas turísticas, con los problemas que de ello naturalmente se derivan, o ese otro "boom" industrial de unas comarcas que con sus productos manufacturados han sabido abrir cauces comerciales en el mundo entero y que precisan para su mantenimiento y consolidación de medidas y ayudas, ante una, cada día, más cambiante coyuntura internacional».

Mientras, las discotecas «Il Paradiso» y «Play Boy», tan de moda, anunciaban grandes atracciones. Y en Chile, tres o cuatro días después, los espadones asesinaban al presidente Salvador Allende.

Aquel inefable del 68, mientras en París, estudiantes y gendarmería se zurraban lo suyo, el gobernador Luis Nozal conectaba el nuevo alumbrado de la playa del Postiguet. Eran casi las nueve y media de la noche y hasta el mar se encendió con 36.000 vatios. Las treinta últimas barcas de los pescadores del Raval Roig, frente a las arenas recién estrenadas, prendieron treinta bengalas de júbilo.

Allí estaban, con la primera autoridad provincial, el alcalde, José Abad, y diversas autoridades civiles y militares. Además de toda una multitud que acudió a la inauguración de los tres flamantes pabellones de baño que se habían construido en muy poco tiempo. Al día siguiente, jueves 23, la playa se abrió al público, limpia y esponjada. Se había renovado con unos tres mil metros cúbicos de arena procedentes de los Arenales del Sol.

Los pabellones tenían capacidad para algo más de cinco mil personas y estaban dotados con duchas, botiquín de urgencia, retén de Policía Municipal, etcétera. Las obras las realizó Dragados y Construcciones y la proyectó el arquitecto Miguel López. El presupuesto ascendió a trece millones de pesetas y fue la primera obra importante del Ayuntamiento, aquel año.

Pocos días antes, el alcalde, en una visita que giró acompañado por el concejal de Playas, Manuel Buades, el citado arquitecto y el aparejador Carlos Rodríguez, anunció: «Ha llegado la hora P». Se refería, naturalmente, a la hora del Postiguet. También habló de la «Operación Cocó»: había que sanear la zona, retirar las vías férreas apiladas, los escombros.

INFORMACIÓN puntualizaba: «Lo que se dice una limpieza absoluta de un sector local que habiendo merecido mejor trato, no lo ha recibido hasta hoy». Y ya ven.

Pero aquella jornada inaugural fue casi una apoteosis. El tragamillas Luis Asensi y dos conocidos nadadores, José Arcos y José Vila, junto con dos chicas, se pusieron sus trajes de baño y se dieron unas zambullidas.

El Postiguet ya estaba dispuesto para recibir dignamente a toda la cantidad de naturales y turistas que se presumía para el inminente verano. Mayo del 68: Luis Nozal, José Abad y tantos otros protagonizaban la actualidad local. En París, Daniel Cohn Bendit, al frente de una juventud revolucionaria, ponían en vilo a medio mundo.

Cuando, en 1973, salió a información pública el anteproyecto del trazado de la autopista Silla-Alicante o Valencia-Alicante, se montó una de aúpa. De entrada, el arquitecto municipal de San Juan, Guardiola Gaya, presentó una impugnación mediante acta notarial, por cuanto no se correspondían planos y memoria del citado anteproyecto. Los diversos municipios de la provincia, por donde discurría, adoptaron actitudes encontradas. En nuestra comarca, Alicante, Campello y San Vicente se decantaron favorablemente y San Juan, en contra. Según el informe de José María Perea publicado en el semanario de información general «La Marina» (25 de febrero de 1973), «por la cadena radiofónica SER, Martín Ferrand, en su "Hora 25", puso en comunicación con los oyentes españoles las opiniones de los alcaldes de Altea y San Juan (contrarios al trazado) y San Vicente del Raspeig (favorable sin demasiados pronunciamientos)». Asimismo, nos recuerda cómo «la Prensa alicantina fue recogiendo en sus páginas opiniones sobre el tema. Y nos cuenta que en INFORMACIÓN aparecieron algunas curiosidades» como la del alcalde que dijo «bendita sea la autopista», o la del que consideró que no le afectaba a su municipio, o la del que dijo que «oponerse a la autopista era propio de retrasados mentales». «La Prensa alicantina, reflejo de una opinión pública sensibilizada, ha solicitado versiones a favor y en contra. Las últimas han privado sobre las primeras».

Las expropiaciones y el temor de que afectara seriamente las zonas turísticas y residenciales, al discurrir tan próxima a la costa, propició un clima de incertidumbre y de repulsa. Además contaban, con peso específico, las objeciones razonadas a todo el trazado por la Costa Blanca, del sociólogo Mario Gaviria y del economista alicantino Luis Marco Bordeta.

El consejo de administración de la empresa concesionaria Autopistas del Mare Nostrum se trasladó a nuestra ciudad para visitar al gobernador, al alcalde y al presidente de la corporación provincial. Su tesis era que «siempre habría objeciones por afectar a intereses privados. La decisión final corresponde al Ministerio de Obras Públicas, que tomará la decisión más justa». Los medios informativos requirieron «razones técnicas que avalaran el trazado, especialmente urbanísticas y de ordenación del territorio. Razones que no fueron aportadas». Claro que el usuario sí aporta un peaje cada día más considerable.

Volveremos sobre el tema y sus repercusiones en nuestro Ayuntamiento. La cosa tiene entidad suficiente y su intríngulis también.

Causó estupor el anuncio aparecido en el Boletín Oficial del Estado, sobre la venta, en pública subasta y por el centro de acuartelamiento del Ministerio del Ejército, de nueve parcelas, que ocupaban una superficie de cuarenta mil metros, de la isla de Tabarca.

Tanto que, con carácter de urgencia, se presentó un informe a la asesoría jurídica del Ayuntamiento, para ver qué se podía hacer.

La extrañeza se justificaba en el hecho, tal se alegó, de que en el año 1861, el departamento de Guerra entregó los terrenos aquellos al Estado y éste los puso bajo la administración del Ministerio de Hacienda. En consecuencia, no parecía procedente que dispusiera de ellos el organismo militar citado.

A mayor abundamiento, resulta que en una de las parcelas preparadas para la subasta, se encontraba el depósito de agua potable para el consumo de la población tabarquina. Ante tal emergencia, la Corporación acordó elevar sendos escritos a la delegación de Hacienda y a la dirección general del Patrimonio del Estado, con el ruego de que se anulase la subasta anunciada, para el 15 de mayo de 1968.

Insistimos sobre los diversos y, a veces, sorprendentes avatares de nuestra isla. Y es que verdaderamente su abandono ha rozado las más altas cotas de la irresponsabilidad, de la indiferencia y de la apatía, de nuestros gestores municipales.

Pues, verán ustedes, no mucho después de la notoria anterior, y en sesión extraordinaria del pleno, celebrada el 25 de octubre de 1971, el concejal delegado para la isla presentó una moción en la que se proponía la solicitud al Ministerio de Hacienda de la cesión al Ayuntamiento, del edificio del antiguo faro, «una vez que haya sido demolida la torreta superior del mismo, al entrar en servicio el nuevo faro que ha sido construido».

En aquella ocasión, el edil Francisco Maruenda se mostró conforme con la propuesta, aunque expuso que la isla completa fue cedida al Consistorio por donación del Estado de acuerdo con los documentos que se conservan en el Archivo Histórico de Simancas, y de los que próximamente recibirá copia. El alcalde manifestó que andaba haciendo investigaciones en el Registro de la Propiedad acerca de las inscripciones de fincas. Pero Maruenda insistió en que no se debía permitir que se usurparan bienes que son del Ayuntamiento.

Finalmente se acordó solicitar de Obras Públicas, por conducto de la jefatura regional de Costas y Puertos de Levante, la cesión del edificio del antiguo faro. Eso sucede por disponer de un sistema laberíntico y de un abultado nomenclátor de organismos, instituciones, siglas enigmáticas y perifollos ministeriales. Así, no hay quien pueda.

Un buen día, se desempolvó un ambicioso proyecto para el Raval Roig: transformar el entrañable barrio de pescadores en una balconada, sobre el mar, de doscientos diecinueve metros de longitud, según lo había diseñado Miguel López González, en 1967. Se pretendía modificar el acceso a Virgen del Socorro por la callecita de fray Juan Rico Vidal, por la que apenas si cabía un automóvil. Ciertamente era una vieja aspiración.

Por supuesto, estaba prevista la ampliación de Virgen del Socorro, que pasaría de sus seis metros de anchura a once, ocho de los cuales se destinarían a calzada. De tal forma, se pensaba conseguir un balcón volado, con barandilla de hierro. En el tramo final de dicha vía, se proveyó una zona de aparcamiento, en batería, para unos cien vehículos.

El proyecto comprendía la instalación de alumbrado sobre artísticas columnas metálicas. Además, y en la fachada recayente a la carretera, se construiría una pared ornamental con arcos de piedra labrada, complementando así la urbanización de Juan Bautista Lafora y el paseo de Gómiz.

El tal proyecto que se rescató e incorporó a los planes de desarrollo inmediato, se había presupuestado en seis millones ochocientas mil pesetas. Y su realización podía llevarse a cabo en algo más de seis meses.

Sin embargo, el Raval Roig se movería bastante después. A partir de julio de 1971, cuando la mercantil «Yoraco, urbanismo y construcciones, S.A.», solicitó del Ayuntamiento la autorización y licencia para construir un edificio de carácter singular, en las calles de Virgen del Socorro, Lope de Vega y Jovellanos. Solicitud que sería aprobada inicialmente, con la abstención del concejal Francisco Maruenda, después de una larga y tensa deliberación. El proyecto de «Yoraco», según el informe del arquitecto municipal, «comprendía todo el sector sur del Arrabal Roig, entre la plaza de Topete y la (desaparecida) ermita (de la Virgen del Socós)». Según dicho técnico, «esta ambiciosa solución de indudable interés para la ciudad, exige la tramitación del expediente de singularidad (...)».

Con aquella actuación urbanística, el Raval Roig perdió su tradicional fisonomía y originó no pocas polémicas, a las que habremos de referirnos necesariamente. Eran tiempos de especulación, de apresuramientos y también de desatinos.

Aquel día, la corporación municipal fulminó las aspiraciones de los casi trescientos tranviarios que pretendían constituirse en sociedad laboral y llevar adelante las líneas supervivientes. El pleno, por catorce votos en contra; cinco, a favor; y uno, en blanco, desestimó el tema: no se les adjudicaba la concesión directa de tal servicio. Cincuenta afectados que asistían a la sesión, abandonaron los salones del Ayuntamiento, en señal de protesta. Era el 30 de diciembre de 1968.

Pocos días después, el edil Manuel Compañ Baeza, presidente de las comisiones de Hacienda y de Servicios Municipalizados, le diría al reportero Pepe Vidal Masanet: «Los tranviarios no han comprendido en toda la dimensión lo que he trabajado por ellos (...) En este caso sí me veo en la necesidad de considerarme el mejor defensor que han tenido desde el primer día».

Los trabajadores atribuían al Ayuntamiento, que por entonces presidía José Abad, las dilaciones sufridas con objeto de que no prosperara la sociedad laboral y que curiosamente, según se recoge en acta, les había sugerido la propia corporación, tres años antes, concretamente el 24 de noviembre de 1966.

Sin embargo, para constituirse en sociedad laboral y obtener los cuarenta millones de pesetas de préstamo, era condición indispensable que el Ayuntamiento se decidiera por la concesión directa de los transportes urbanos a los empleados de tranvías. «Pues no han tenido capital porque no han querido -puntualizó el concejal entrevistado-. En el curso de las gestiones realizadas, visitamos al ministro secretario general del Movimiento, señor Solís. En la conversación, le pedí que se le diera personalidad jurídica. Y cuando se abordó el tema del capital, yo propuse: "no habrá problema en este aspecto porque cuento con un grupo financiero que aportaría el dinero". Entonces, Pascual García Iborra que representaba a los promotores de la sociedad laboral, me espetó: «¿Cuentas con el dinero de Vicente Marco? Su salida fue estimada una grosería. Hay una psicosis sobre don Vicente Marco y su vinculación con el Ayuntamiento. Como si aquí todos dependiéramos de él».

Y el periodista insinúa: «Quizá por ser el concesionario de la recogida de basuras y limpieza pública; quizá, porque sea copropietario de ciertas líneas de autobuses y que está en mejores condiciones para optar a las nuevas líneas cuando desaparezcan los tranvías; probablemente, porque su hijo político (Francisco Maruenda Alberola) sea concejal del Ayuntamiento y naturalmente haya defendido su no». Quizá, quizá, quizá. Perdieron los de siempre, en fin.

Lo que es el progreso, oiga. Hasta en ocasiones deja a las reliquias más veneradas en apuros. Y cuando un mecanismo se atora, váyale usted con jaculatorias y ya nos contará. Eso le sucedió un malhadado día a la maquinita que hace girar al lienzo verónico, «para poderla adorar por el altar mayor del monasterio o por el trassagrario».

«La seguridad que rodea al sagrario para preservar y convertir en invulnerable a la sagrada imagen determinó la existencia del doble fondo, entre cuyos dos planos se alberga el mecanismo».

Y el dichoso mecanismo hizo crac y alguien dijo: «Pues andamos de calle. Que con el artefacto hemos topado». Eso pasaba en marzo de 1968, pero ya antes, en julio de 1966, también se averió el aparato. Así que ahora era de ponerle arreglo de una vez por todas.

Antes de meterse en el berenjenal, había que extraer la Santa Faz, en tanto en cuanto se realizaran los oportunos y recomendables apaños. Había que extraerla y depositarla en el recinto de clausura de las monjas clarisas, mientras las obras no estuvieran concluidas.

«Con el fin de evitar que en lo sucesivo puedan presentarse estas mismas necesidades, se va a colocar el mecanismo fuera del espacio cerrado, a fin de que cualquier entorpecimiento sea posible resolverlo, sin tocar para nada el venerado lienzo».

La técnica salió malparada. Demasiados fallos. Claro que para sacar la Santa Faz y situarla en el lugar adecuado dentro del monasterio había que observar «las prescripciones y los requisitos que la tradición y los estatutos de mil seiscientos treinta y seis y de mil seiscientos sesenta y nueve imponen».

De forma que en aquella ocasión, como en todas las que sea preciso sacar la reliquia de su lugar habitual, y en cumplimiento de los aludidos estatutos, había que acudir a la competencia del Ayuntamiento y de San Nicolás, por cuanto «el ilustrísimo cabildo de la santa iglesia catedral es patrono con la corporación municipal y para verificar una operación de tal clase, ha de haber conformidad absoluta entre ambos cabildos».

En sesión extraordinaria de 27 de marzo de 1968, alcalde y concejales dieron su visto bueno.

Un episodio poco conocido y aparentemente irrelevante. No fue más que un síntoma de la rebelión de las máquinas. Como de H. G. Wells.

Ahí los tienen, medio siglo ya, dándole aire y marcha a la fiesta. Qué gente tan de pólvora y tan de amistad. Y qué aplicados también en nuestros asuntos. Miren, en la cuadra del Parrolet se sacaron todo el prodigio de la fiesta. Según cuentan en su revista, Luis García Belmonte o Luis «El Almanseño», ferroviario y cabal, se echó adelante y, con él, Ramón «El Pelut» y Santo «El Tramusero» y Pepe «El Cabra», y tantos otros, se hicieron unas copitas de café licor y un pase de prestidigitación y se sacaron de la manga toda una filà de Negros, allá por el año de gracia de 1942. Y un año después, con sábanas e imaginación, invadieron las calles de San Blas y levantaron a un personal que le va la cosa un rato.

El decano del invento, una institución, es decir, «El Almanseño» cuenta, cómo por el 45, con voluntad y muchas ganas, pusieron en pie su primer cuartel, en la calle Carlota Pasarón.

La fiesta de Moros y Cristianos tomó impulso y no ha parado, desde entonces. Porque allí mismo, en aquel local apañadito a base de materiales de derribo, ya ven, se fraguaron otras escuadras: las de moros, las de contrabandistas, las de cristianos. Poco a poco y sin desmayo. Aunque eso sí, con algunas diferencias, cuando los Negros se montaron la Kábila, «con el ánimo de incrementar más la fiesta», y hubo sus discrepancias entre «los de arriba y los de abajo», hasta que para bien de todos, aquello finalmente se dinamitó, por la vía de la fraternidad y de los intereses del barrio y de la ciudad.

Por eso San Blas abandera tan limpia tradición. De cuantos se aventuraron en aquel complicado montaje tomamos los nombres que figuran en la ya citada revista: Miguel Espí, J. Soler, Calderón Zafra, Barrera, Botella, Asensi, Marcelo, V. Olcina, Terres, El Fusteret, Mira, Luis Chacón, Mario, Manolito, El Zurdo, Asensi, Pujol, Valls, M. Patro, Los Moragas, Francisco Díaz, M. Díaz, Serna, Toni, Oliver, Cruáñez, Joselillo, Peret, Cotufo y Francisco.

Un buen amigo kabileño nos lo pidió, nos facilitó los papeles, ¿qué, nos hacéis un hueco? Pues todo el que disponemos, faltaría más. Que este espacio está pensado para lo nuestro y los Moros y Cristianos lo son gracias a vuestra entrega. Así que a ocuparlo todo. Como un homenaje, queridos Negros. Y que corra la fiesta lo que tenga que correr, que ya es.

Un granito de arena para el Triángulo y para el rector de la Universidad y amigo Ramón Martín Mateo. Se nos antoja un dato arrinconado y quizá inválido a efectos prácticos, pero no está de más que lo echemos al vuelo del periódico y de la memoria, por si acaso. Precisamente ahora, cuando se trajina y se busca el equilibrio de esos tres vértices que definen y limitan un área para la prosperidad y el desarrollo, no viene nada mal, pensamos, reflotar cuantos vínculos se encuentren, entre Alicante, Elche y Santa Pola.

Por ejemplo, a principios de diciembre de 1970, un decreto del alcalde Ramón Malluguiza propuso la concesión de una distinción al Ayuntamiento de la villa de Santa Pola. ¿Por qué? Pues vean el razonamiento: «Se considera que (entre nuestras poblaciones) existen indestructibles lazos de hermandad y que la proximidad y el continuo discurrir en los dos sentidos del camino, borran, de hecho, toda divisoria, mostrando una unidad de la que se enorgullecen ambas corporaciones». Y qué tino, como si ya se vaticinara un futuro de más estrechas relaciones. De forma que se procedió a la instrucción del oportuno expediente.

Así que la comisión de honores y distinciones se puso a cavilar y a repasarse el reglamento de los ringorrangos, por ver cómo se cumplía. Estaban la medalla de oro, la medalla de plata, la medalla de cobre, que ya se había concedido a la Banda Municipal de la ciudad, en 1921, estaba también la posibilidad de «hijo adoptivo» o de «alicantino de honor», y seguramente alguna más. Por último, se llegó a la conclusión de otorgar el título «de miembros honorarios de este Ayuntamiento a quienes integran la corporación municipal de Santa Pola». En sesión plenaria de 29 de enero de 1971, el asunto se sometió a votación secreta, de acuerdo con el artículo once del citado reglamento, y de los diecisiete asistentes, tan sólo uno metió una bola negra ¿cuáles fueron sus razones o sinrazones? Vaya usted a saber. Pero por mayoría abrumadora, el alcalde de Santa Pola se convirtió en alcalde honorario de Alicante y, por supuesto, todos y cada uno de los ediles de aquel Consistorio adquirieron la mínima condición en el nuestro. ¿Está o no está vigente el acuerdo? En cualquier caso, ya ven cómo hace más de veinte años, ciudad y villa reforzaron esos «indestructibles lazos de hermandad». Lo que ignoramos, de momento, es si la medida discurrió también en los dos sentidos del camino de tanta pompa y esplendor.

El próximo día tres de diciembre, y después de treinta años de silencio, sonará el órgano de la concatedral de San Nicolás, que ha apañado concienzudamente Enrique Morentín Guergué, todo un experto conservador y restaurador. El canónigo organista José María Parreño Rameta interpretará a Vivaldi, a Bach, a Torres, a Guridi, a Gulimant, a nuestro Óscar Esplá, entre otros. Un acontecimiento y una fecha que dejamos ya en esta cotidiana columna y para la crónica.

El archivero municipal y también organista de San Nicolás, Juan Flores Fuentes, nos facilita unas notas históricas de gran interés acerca del tan vapuleado como espléndido instrumento. Por ellas conocemos que corresponde al siglo XVI, por la «belleza del renacimiento plateresco» de su caja. «El constructor del primitivo órgano debió ser Alemany que tanto trabajó en nuestra región. Construida la nueva y actual iglesia se repuso el órgano ampliado y mejorado por Bautista Torres, el año 1668; era éste un franciscano alicantino que también construyó el de Santa María».

¿Recuerdan el bombardeo naval de 1692? Los franceses arrasaron la ciudad y el órgano del templo «se desconcertó» y hubo que restaurarlo dos años más tarde, tarea que, al parecer, correspondió al organero Manuel Beltez, que gozaba por entonces de una merecida reputación como tal. Sucesivamente, sería objeto de otras reparaciones y mejoras: en 1771, que Moñino «le colocó cuatro timbales». Pero «la gran restauración la realizó el organero navarro Fermín Usarralde, en el año 1779, y a él se debe la configuración actual. Tal disposición perduró hasta nuestra guerra civil, aún contando con la reparación efectuada por el organero oriolano Alcarria, en 1856, a expensas del abad Penalva». Tras la guerra civil en 1948, 1952 y 1960, experimentaría nuevas reformas e instalaciones a cargo de Juan Braun, Guillamón y Pedro Rogel, respectivamente. Qué historia de zozobras y embates, ¿no?

Y así, tras un largo periodo de obligado reposo, con la pericia de Morentín y la sensibilidad de Parreño Rameta, por medio, escucharemos a Vivaldi, a Bach, a Esplá. En ello andan afanándose el presidente del cabildo concatedral, Manuel Marco, e Ildefonso Cases, el párroco de San Nicolás. En vísperas, precisamente, de que se concluya la redacción de los estatutos de una asociación dispuesta a velar por uno de los monumentos históricos, artísticos y religiosos de nuestro patrimonio.

Ya lo anticipamos: la mercantil Yoraco, S.A. arrasó finalmente. El viejo, el antiguo barrio de pescadores perdería su identidad para satisfacción y beneficio de unos y para infortunio de otros, de los más desistidos. En fin, lo de costumbre. La jugada se perpetró el 30 de julio de 1971, a raíz de la presentación del expediente promovido por la referida empresa, al Ayuntamiento.

La corporación, presidida por Ramón Malluguiza, tuvo aquel día conocimiento de la solicitud de excepcionalidad para la construcción de un edificio singular, en solares situados en las calles Virgen del Socorro, Lope de Vega y Jovellanos, «con dispensa del cumplimiento de las ordenanzas municipales de la edificación, a cuyo efecto presenta una memoria justificativa de las causas que aconsejan la singularidad y la dispensa de ordenanzas que se solicita».

Yoraco aducía como razones de peso: que se trataba de un edificio de composición arquitectónica interesante desde el punto de vista urbanístico; que se había conseguido la mejor orientación para la totalidad de edificaciones residenciales; que se resolvía de forma auténtica la congestión del tráfico que se pudiera originar; que no se perjudicaba el soleamiento de los edificios próximos; y que no quedaban medianerías al descubierto y todas sus fachadas iban a estar construidas con materiales de primera calidad.

El arquitecto municipal informó de que el proyecto redactado abarcaba todo el sector sur del Raval Roig, «comprendido entre la plaza de Topete y la ermita». Tras exponer sus razones, concluyó que «esta ambiciosa solución de indudable interés para la ciudad, exige la tramitación del expediente de singularidad». Después argumentó «que no sólo debe aceptarse, sino, incluso defenderse, ya que representa una importante mejora en una zona de la capital de innegable valor turístico que técnicamente resuelve la entidad promotora». Asimismo, estimó que se debían imponer las siguientes condiciones: «La fachada recayente a la calle de Jovellanos debe de ser continuación de la arcada proyectada por estos servicios municipales, sin solución de continuidad; Yoraco, S.A. deberá comprometerse a solucionar particularmente los problemas de adquisición de las fincas que no siendo de su propiedad figuran en el plano de reforma; para asegurar la realización de las obras deberá proceder a la siguiente manera: derribo de la totalidad de los inmuebles afectados; construcción de las plantas recayentes a la calle de Jovellanos, hasta la altura de Virgen del Socorro, previstos para aparcamiento y locales comerciales; justificación de la propiedad de los terrenos ante la comisión pertinente. Por último, y una vez que fuera aprobado el proyecto, podría estudiarse una solución para incrementar el aparcamiento subterráneo, en la plaza de Topete, con posible acceso por la carretera de Valencia, a través de las calles San Cayetano y Madrid, aprovechando, si fuera necesario, parte del subsuelo de Virgen del Socorro, en este tramo».

El veredicto dependía tan sólo ya de los concejales, ¿se imaginan cuál fue? Exacto.

Aquel 30 de julio de 1971, el pleno municipal, después de conocer el informe del arquitecto y de la comisión de urbanismo que se pronunció también favorablemente, acordó la aprobación inicial del expediente promovido por Yoraco, S.A., con la abstención del edil Francisco Maruenda Alberola.

«En el curso de la consiguiente deliberación -se recoge en acta-, el señor Maruenda manifiesta que no se puede remodelar una zona cuando todo el suelo no es propiedad del solicitante; cree que primero debe comprar las fincas y después remodelar. El señor Coloma (Pascual Coloma Sogorb) dice que está justificado lo que se solicita. El señor Tur (Juan Carlos Tur Ayela) expresa que, según la Ley del Suelo, cualquier particular puede promover un plan parcial. El señor Fajardo (Fernando Fajardo Sánchez-Serrano) opina que no se puede desdeñar lo que ha dicho el señor Maruenda. El señor Muñoz (Francisco Muñoz Llorens) aclara que el proyecto presentado es bueno para Alicante».

Tras el verano y en segunda convocatoria, celebró sesión ordinaria la corporación, el 2 de octubre. «Este expediente fue aprobado con carácter inicial (...) acordándose asimismo exponerlo al público para reclamaciones (...) Visto que durante el plazo hábil para ello no se ha formulado ninguna, la comisión de urbanismo propone que se acuerde la aprobación provisional».

De nuevo, Maruenda volvió a la carga. Manifestó entonces que, en la sesión del mes de julio, no se dijo nada de aprobar el edificio singular, sino únicamente «la solicitud de la remodelación de la zona, y si ahora se admite la aprobación del edificio -citamos literalmente- y se permite al constructor que siga derribando las casas sin autorización para ello es que hace lo que se le antoja, sin que nadie se lo impida; añade que se dijo que para admitir cualquier proyecto sobre ese terreno habría que justificar previamente la propiedad absoluta del suelo (...)» El alcalde le contestó que «después de una prolongada deliberación, se aprobó inicialmente la remodelación de la zona con el anteproyecto del edificio singular, lo que es muy distinto que autorizar el edificio, del que no se ha presentado proyecto, porque hasta que no sea, si lo es, aprobada por el Ministerio de la Vivienda la remodelación con el edificio singular, no será el momento adecuado para presentar el proyecto a efectos de la autorización, para construir». ¿Está claro? Con una prosa tan transparente, no me digan nada. Pero se aprobó, con el voto en contra de Maruenda «en cuanto a la forma de proceder del constructora» y se acordó el remitir el dichoso expediente al Ministerio.

Yoraco, S.A. se salió con la suya. ¿Sólo «Yoraco»? Pues, miren, pronto lo sabrán.

Los golpes de la garrota en el bordillo de las aceras, le ponían a la noche el acento de la quietud. Sabíamos que alguien nos velaba el sueño o nos facilitaba una aspirina o nos abría la puerta de la calle, en la madrugada, o si el tiempo era bonancible, nos daba palique, en tanto cogía la petaca y se liaba un cigarro de picadura: se conocía al vecindario como nadie y el intríngulis de cada casa, para bien o para mal, según, y se ganaban la vida dejándose la mitad a la intemperie y la otra mitad, a su aire. Era el sereno o el vigilante nocturno. Y en cada calle o núcleo urbano, rondaba uno, hora tras hora, a cambio de las eventuales propinas. Lo recordamos, especialmente en invierno, con su chuzo o bastón, su manojo de llaves, su vieja gorra, su viejo abrigo, su vieja bufanda. Antes, incluso, cantaba las horas en voz alta, y describía sucintamente el tiempo, sin demasiados circunloquios meteorológicos. Hasta que los serenos desaparecieron en esa oscuridad de la que habían hecho no una manufactura de sueños, sino un solitario y destemplado espacio al que sacar le un modesto jornal.

Con los años, los serenos y vigilantes consiguieron organizarse en una agrupación nacional, con delegaciones locales y provinciales, y los beneficios del mutualismo laboral, como trabajadores autónomos que naturalmente atendían las correspondientes cuotas de su bolsillo o con las ayudas municipales que eran más bien escasas. En Alicante, insistieron, una y otra vez, ante el Ayuntamiento, para exponer sus funciones: interés público, de servicio a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad, cuando echaban mano del silbato. Habían llegado ya al límite de sus posibilidades. Así que solicitaron una subvención, uniforme y mayores consideraciones. En 1970, el colectivo disponía en nuestra ciudad de unos ochenta individuos. De manera que las veinticinco mil pesetas anuales que les concedió el consistorio, se las distribuyeron a razón de veintiséis pesetas por mes, cuando la cuota de asociado ascendía a doscientas setenta y cinco. De pena. Según Fernando Gil que indagó el asunto, en Alcoy se concedía «una ayuda de ciento veinticinco mil pesetas a los treinta y tres vigilantes nocturnos, uniformes de verano e invierno, y una prima de seguros de accidentes de trabajo».

Y en Villena, según las mismas fuentes (INFORMACIÓN, 10 de mayo de 1970), el Ayuntamiento gratificaba con mil pesetas mensuales a cada miembro del cuerpo de vigilantes nocturnos.

Así se extinguió el servicio. Así cesaron las voces de «Serenooooo», acompañadas de palmas, los pasos apresurados, el tintineo del manojo de llaves y el golpe de la garrota en el bordillo de las aceras. Y el noctámbulo se quedó desamparado y sin con quién pegar la hebra.

Esta tarde, el alcalde de Alicante, Ángel Luna, procederá a la inauguración oficial del nuevo y moderno Archivo Municipal instalado en el Palacio Maisonnave o de Llorca, en la calle de Labradores. Un edificio noble, restaurado y destinado a la conservación de los papeles que documentan gran parte de la historia de nuestra ciudad. Y, de paso, un saludo a su titular, María Jesús Paternina, y al equipo de profesionales que facilitan la tarea a investigadores y estudiosos.

El archivo se encuentra enclavado en una zona histórico-artística, como tiene que ser. Y eso se debe, en gran medida, a Alfredo Candela Mas, ingeniero de caminos del Ayuntamiento, que redactó el proyecto de cambio de uso del suelo y zonificación del sector comprendido entre la Rambla de Méndez Núñez y la Catedral de San Nicolás.

Zona que estaba calificada de intensiva alta y sujeta a posibles especulaciones. En tal ocasión y para fortuna de todos, es decir, de casi todos, ¿dónde si no nos dejamos a los depredadores?, la corporación, el 28 de febrero de 1975, acordó aprobar inicialmente el referido cambio. Así, las calles que figuraban en el correspondiente croquis y que eran las de Santo Tomás (antes del Portalet), Sanjurjo (Labradores), San Isidro (antes, de la Basura), San Andrés, San José, plaza del Abad Penalva, Miguel Soler, Muñoz, pasaje de Amérigo y Rafael Altamira, pasaron a integrarse en la denominación de zona histórico artística.

El asunto siguió los trámites de costumbre y el proyecto se expuso al público por espacio de un mes, con objeto de que transcurrido el mismo volviera al pleno para su aprobación provisional, si procediera. Y volvió, el 9 de mayo del mismo año, para recibir ya la aprobación provisional del cambio de uso propuesto. Luego, el proyecto, con las bendiciones necesarias, se remitió al Ministerio de la Vivienda, para elevar a definitiva la provisionalidad acordada.

De la finca «La Torre», en las partidas de la Vallonga y la Bastida, nuestro Ayuntamiento adquirió, a doña Carmen Gómez Tortosa y ante el notario don Pedro José de Azurra y Oscoz, una superficie de dieciséis hectáreas y cuarenta y cuatro áreas, el 26 de abril de 1975. Sobre aquellas tierras, se edificaría la actual cárcel de Fontcalent.

La compra se realizó con objeto de ceder gratuitamente la referida superficie al Ministerio de Justicia. Cesión condicionada a las siguientes cláusulas: que se construyera el llamado Centro de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Alicante, cuyas obras deberían de iniciarse antes del plazo de dos años, a contar de la fecha en la que se diera posesión de la misma a los concesionarios; y que el único aprovechamiento de la misma fuera el destinado a centro penitenciario.

Tales acuerdos se tomaron en sesión municipal extraordinaria celebrada el 28 de julio de 1975, cuando aún los terrenos se encontraban pendientes de inscripción. Lindaban, al norte, con la propiedad de don José Navarro y don José Bonet; al este, con la cerámica Bellavista; al oeste, con la hacienda «La Vallonga»; y al sur, con «La Torre», finca de la qué se habían segregado, como apuntamos ya, en un principio.

Presidía la corporación municipal, don Francisco García Romeu, cuando se llevó a cabo aquella operación aún inacabada. Inacabada porque de aquella cesión, y así se acordó igualmente en el mismo pleno, por unanimidad, se esperaba, como contrapartida, y del Patrimonio del Estado, el solar que ocupaba por entonces el Reformatorio de Adultos (?), qué eufemismos se gastaba la administración o qué ironías, según propuso acertadamente el edil Martínez Aguirre. Solar que se destinaría al uso público y al beneficio común. Sin embargo, aquel acuerdo no llegó a fomarlizarse. De modo que la generosa donación no fue recompensada debidamente. Un chasco.

Muchos años después, el titular de la Alcaldía José Luis Lassaletta Cano, negoció el tema con el recientemente desaparecido y entrañable Francisco Fernández Ordóñez, con Enrique Múgica y con otros altos cargos ministeriales y de cuyos resultados los medios de comunicación informaron. Cuando le llegue la vez, en esta columna volveremos minuciosamente sobre estos últimos y torpedeados intentos. Porque ya ni siquiera el solar se pedía tan sólo un poquitín para levantar un centro cívico, junto a los edificios donde se albergan juzgados y audiencia. Pero ni eso. Y habrá que insistir, nos parece.

A propósito, ¿para la cárcel de Fontcalent, se solicitó la necesaria licencia de obras?

Un buen día de 1973, los ayuntamientos de Alicante, El Campello, Mutxamel, San Juan y San Vicente, decidieron compartir mancomunadamente, para beneficio de todos y cada uno de ellos, los siguientes servicios: recogida y tratamiento de basuras y limpieza viaria; extinción de incendios; matadero comarcal; oficina de gestión urbanística; mantenimiento, conservación y mejora de las redes de alumbrado público; limpieza y conservación de playas (Alicante-El Campello); abastecimiento de aguas potables (El Campello-San Juan-Mutxamel); saneamiento y tratamiento de aguas residuales; y promoción del turismo.

El alcalde de Alicante, García Romeu, estimó la asociación como conveniente para los municipios relacionados, pero sometió el asunto al superior criterio de la corporación.

Y así fue como en sesión extraordinaria del pleno, celebrado el 22 de octubre del referido año, dio cuenta al cabildo de la reunión previa que había mantenido con sus colegas, a quienes acompañaban los asesores respectivos, «y en la que estuvo presente el jefe provincial del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales».

«Sin duda alguna, se dice en la memoria de la Alcaldía, ello será un hecho importante para el futuro de las ciudades indicadas. Se trata de un proyecto que lleva consigo grandes beneficios de todo orden (técnicos, económicos, etcétera) y para todos (Estado, municipios, individuos), por lo que ha sido acogido favorablemente en las diversas esferas donde se ha expuesto. Efectivamente, tanto nuestras autoridades provinciales, entre las que debe destacarse al gobernador civil, como los miembros de los ayuntamientos afectados, han mostrado un gran interés y han prestado el apoyo necesario para llevar a buen fin la idea de constituir la mancomunidad de que se trata».

Los concejales coincidieron en que el proyecto resultaba relevante y que se podía obtener ventajas considerables para los municipios implicados, decidieron, acordar por unanimidad, y tras el informe favorable de la comisión informativa de fomento, la constitución de la mancomunidad intermunicipal descrita y la redacción de los correspondientes estatutos por una comisión en la que este Ayuntamiento esté representado por su alcalde-presidente, sin perjuicio de la participación del secretario general de la corporación (ya lo era entonces Lorenzo Plaza Arrimadas), como asesor técnico jurídico de la misma».

Claro que las cosas a medias también arrastran problemas. Y luego saltan donde menos se espera. Que lo digan si no.

Que recordemos, el general Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado hasta su muerte ocurrida el 20 de noviembre de 1975, sólo visitó nuestra ciudad oficialmente en una ocasión, que ya recogimos oportunamente en esta columna. Sin embargo, estuvo en Alicante, alguna que otra vez, con carácter privado y de paso. Días atrás se cumplió el centenario de su nacimiento.

La noticia de su muerte, cantada ya desde mediados de octubre de aquel año, conmocionó a la sociedad española, provocó momentos de gran tensión y enfiló la historia hacia un periodo de transición de la dictadura a la democracia. Obviamente la luctuosa y esperada noticia produjo reacciones muy diversas entre los afectos al régimen, obstinados en perpetuarlo, y los grupos de la oposición que, de minoritarios, empezaron entonces a desarrollarse. Por supuesto, y en su momento, nos ocuparemos de tales mudanzas, en esta misma sección.

Pero ¿qué hizo nuestro Ayuntamiento a raíz de la defunción de Franco? El alcalde, Francisco García Romeu, se encontraba de vacaciones. En consecuencia, Pascual Coloma Sogorb, que asumía accidentalmente las funciones de la presidencia corporativa, convocó un pleno extraordinario y urgente que se llevó a cabo al siguiente día, es decir, el 21 de noviembre de hace ya diecisiete años. «No asisten los tenientes de alcalde don Francisco Martín de Santa Olalla Valenzuela y don Fernando Fajardo Sánchez Serrano, ni los concejales don Vicente Peris Sánchez, don José Ivorra Gisbert, don José Corbí Payá y doña Virtudes Zaragoza Ponce que han justificado debidamente, ante la Alcaldía, el motivo de su ausencia».

Pascual Coloma manifestó a sus compañeros la causa de la convocatoria: «El fallecimiento de su excelencia el jefe de Estado, generalísimo Francisco Franco Bahamonde, hombre providencial que ha regido los destinos de España de modo insuperable». Pues en pie, «como señal de excepcional respeto, propuso que constase en acta y que se transmitiese telegráficamente el hondo pesar de la corporación municipal y del pueblo de Alicante» a la excelentísima señora doña Carmen Polo, viuda del generalísimo Franco; al excelentísimo señor don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, presidente del Consejo de Regencia; al excelentísimo señor don Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno; al excelentísimo señor don José García Hernández, ministro de la Gobernación; y al excelentísimo señor don Benito Sáez González-Elipe, gobernador civil de la provincia. Pascual Coloma propuso, a continuación expresar con la condolencia, la incondicional adhesión del Ayuntamiento y pueblo de Alicante a su Alteza Real don Juan Carlos de Borbón, Príncipe de España. Todo ello, se aprobó por aclamación.

La sesión se levantó «siendo las veinte horas cinco minutos».

Qué cosas. Y eso que se construyó. Pero el invento no se mantuvo mucho tiempo. Perdía las aguas por todas partes y finalmente hubo que desmantelarlo. Tanto esfuerzo y tanta ilusión como se le había echado. Nos referimos a la planta potabilizadora de Tabarca o de Nueva Tabarca, como se la cita documentalmente, cuyas gestiones ya se iniciaron en 1966, a raíz de un escrito del director de la Comisión Nacional de Energías Especiales. Años más tarde, se retomó el proyecto. Entonces, la comisión delegada del Gobierno de Política Científica acordó la aprobación de la referida planta piloto, ya que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial disponía de la subvención necesaria para su construcción.

Con tal motivo, el ingeniero jefe de dicho instituto, en compañía de la comisión de promoción de la isla, se desplazó a la misma con objeto de localizar el emplazamiento más adecuado. Se encontró y se propuso al Ayuntamiento: se encontraba en la planicie, al sur del faro y «perfectamente compatible con la ordenación del plan parcial de la isla, y en el cual puede quedar integrado, ya que situarlo más hacia el oeste, como se pensó en un principio (al iniciar las gestiones), yugularía la comunicación entre el poblado de San Pablo y el llamado campo de la isla, con graves inconvenientes para la futura ordenación lógica del suelo». El ingeniero del INTA, señor Boente, consideró que él lugar indicado reunía condiciones óptimas, «tanto por su orientación como por sus características topográficas, para la ejecución del proyecto».

Proyecto que con una ocupación máxima de unos tres mil metros cuadrados podía proporcionar «un caudal medio anual de doce mil litros diarios, lo que sin duda resolvería el acuciante problema que la isla sufre, en este sentido, y además de forma inmediata, ya que las obras podrían iniciarse rápidamente».

La propiedad de los terrenos elegidos era del Ministerio de Obras Públicas, por lo que se pedía del Ayuntamiento que «solicitara de este organismo el permiso correspondiente para la ocupación del suelo necesario, gestiones éstas que estarían en todo momento apoyadas por el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) a cuyo cargo se llevarían a cabo la realización e instalación de la estación potabilizadora, la cual una vez en funcionamiento quedaría a cargo del Ayuntamiento».

La corporación, en pleno extraordinario de 28 de febrero de 1975 aprobó unánimemente la moción presentada siempre que se tuviera como parte dispositiva del acuerdo, a todos los fines y efectos oportunos, las propuestas que en ella se contenían. Y se construyó, en fin. Y luego, la fatalidad, seguramente.

Dos meses y diez días después de la muerte del general Franco, le tocó al periodista y abogado José Manuel Martínez Aguirre ocupar la Alcaldía de Alicante. Presidió el acto el gobernador civil, Benito Sáez González-Elipe. Y fue aquélla, como se verá, la primera vez, desde que concluyera la guerra civil, que se invocó la democracia en un acto de esta naturaleza, precisamente cuando el jefe del ejecutivo, Carlos Arias Navarro, trataba en vano de salvar los restos del naufragio.

En la mañana del domingo, 1 de febrero de 1976, en sesión extraordinaria, Francisco García Romeu cesó en el cargo que detentaba desde el 20 de septiembre de 1973, y el gobernador entregó los atributos del mismo a Martínez Aguirre, tras las formalidades pertinentes. El nuevo alcalde entró en el salón capitular, acompañado por los dos miembros más jóvenes de la Corporación, Evaristo Manero Pérez y Eliseo Quintanilla Almagro. A continuación prestó juramento «empleando la fórmula que establece el artículo primero del decreto de la Presidencia del Gobierno 2184/1963, de diez de agosto del mismo año». Con la mano derecha sobre los evangelios pronunció la fórmula: «Juro servir a España con absoluta lealtad al Rey, estricta fidelidad a los principios básicos del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del Reino (...)». Luego, Benito Sáez le invitó a ocupar «el asiento de la derecha de la presidencia que hasta ese momento ocupaba el señor García Romeu, quien pasa al asiento de la izquierda, quedando el señor Martínez Aguirre investido».

En su alocución, el alcalde saliente leyó unas cuartillas en las que manifestó que «en política sólo valen los hechos y que el gobernante se define por lo que realiza y no por lo que dice». Destacó asimismo que, en dos años y cuatro meses, Alicante había cambiado su fisonomía «dignificando las barriadas, con un sentido de la justicia social».

José Manuel Martínez Aguirre, después de agradecer la presencia de sus compañeros de corporación, destacó al gobernador civil y «a su predecesor a quien admira profundamente». Seguidamente «explica su concepción de la verdadera democracia como el mutuo respeto colectivo imprescindible a la convivencia, y se proclama demócrata, como desea que lleven ese sello todos los actos de la corporación y se impregne de ese sentido todos sus actos en la Alcaldía».

Benito Sáez González-Elipe cerró el acto con palabras de elogio para García Romeu y Martínez Aguirre, y finalizó aconsejando «humildad en el ejercicio del cargo, exigencia, responsabilidad, lealtad, integridad, fe, esfuerzo, ilusión y aceptar la crítica indispensable». Otros aires. Otras actitudes. Muy tímidamente aún.

Cuando aún era alcalde Ramón Malluguiza, se aprobó inicialmente y a petición de don Francisco Frau (así figura, en la correspondiente acta), en representación de «Explotaciones Vallonga, S.A.», la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, consistente en el cambio de uso del suelo, de determinados terrenos, como trámite previo a la creación del plan parcial del polígono industrial del Pla de la Vallonga.

No hubo apenas intervenciones en aquel punto del pleno extraordinario, que se celebró el 9 de julio de 1973. La corporación después de examinar el proyecto, le dio su visto bueno por unanimidad.

«El polígono se apoya en la carretera de Alicante a Ocaña, en el kilómetro 406, hectómetro 100, y sus linderos, empezando por el este, son los que a continuación se describe, formando una pologonal, cuyos ángulos y distancias están indicadas en el pleno número seis del referido proyecto».

Y se expuso al público, por si había alegaciones que formular.

En el ínterin, se produjo el relevo al frente de la Alcaldía y del que recientemente dejamos constancia en esta misma columna. De modo que de vuelta al Ayuntamiento, ya lo presidía Francisco García Romeu. Fue también en otro pleno de carácter extraordinario.

El 5 de octubre del citado año, se hizo constar que el expediente, había sido aprobado en sesión plenaria del pasado 9 de julio y que «posteriormente ha estado expuesto al público, sin que se produjeran reclamaciones».

Tampoco, en esta nueva ocasión, los ediles pusieron objeción alguna, y consecuentemente todos votaron favorablemente la aprobación provisional y acordaron remitir el proyecto al Ministerio de la Vivienda, para obtener la definitiva.

Así, pues, se llevó a efecto el solicitado cambio de uso de los terrenos descritos para la creación del polígono industrial, promovido por «Explotaciones Vallonga, S.A.», «en los mismos términos que figuran en el proyecto redactado por el arquitecto y técnico urbanista don Juan Antonio García Solera».

Por cierto que el tantas veces citado polígono industrial estaba, hasta hace bien poco, hecho una calamidad, especialmente su red viaria, muy apta para todoterrenos.

Aquel 31 de agosto de 1973, y en ausencia de Ramón Mallugiza, le cumplió presidir la sesión plenaria al teniente de alcalde Francisco Muñoz Llorens. En el orden del día, un punto de indudable interés: la propuesta de la Renfe sobre la transformación y supresión de los pasos a nivel que se habían de integrar en el plan nacional. En el expediente, además de los informes del ingeniero jefe de la unidad operativa de la compañía ferroviaria, figuraban los del ingeniero municipal de caminos y de la comisión de fomento.

Se deliberó minuciosamente acerca de los pasos a nivel dentro de nuestro término municipal y se examinaron todos y cada uno de ellos y de los proyectos que les afectaban. Así, se tomó el siguiente acuerdo unánime: primero, en la línea Alicante-La Encina, el paso superior, en el punto kilométrico 440/905, el trazado en planta y las pendientes, se consideraron adecuadas, aunque se reclamó un aumento de la sección del desagüe previsto en el cauce del barranco, para prevenir el riesgo de las inundaciones; segundo, correcto el camino de enlace para anular el paso que existía en el punto kilométrico 441/148 de la misma línea; tercero, no al paso superior 441/870 ya que debía ser suprimido y sustituido por uno inferior, en el punto kilométrico 442/673, tal y como ya se había solicitado en anteriores informes, en los cuales el técnico municipal estimó que tal paso es viable en dicho punto, limitando la altura a cuatro o incluso a tres metros y medio, por cuanto la mayor parte del tráfico que discurre por la zona no alcanzaba ese gálibo; y sucesivamente, en los apartados siguientes, se fueron aprobando o modificando en parte, o en su totalidad, los proyectos presentados por la Renfe, al objeto de suprimir o mejorar las condiciones de aquellos estorbos y del riesgo que entrañaban.

Por último, el Ayuntamiento, al adoptar las anteriores resoluciones, acordó también notificar a la compañía que no daba ni un duro para la ejecución de las obras indicadas «por carecer de medios financieros en la actualidad, que puedan ser destinados a estos fines».

Más tarde, concretamente en sesión extraordinaria de 23 de noviembre del mismo año, y siendo ya alcalde Francisco García Romeu. la Renfe remitió a la corporación un nuevo proyecto, con las sugerencias que se formularon en el pleno de agosto, y se consideró totalmente aceptable y se le dieron todas las bendiciones. Pero el Ayuntamiento insistió en sus posturas económicas. Adelante, pues, con las supresiones y transformaciones de los pasos a nivel siempre tan engorrosos y conflictivos, pero lo dicho: ni un duro.

Ciertamente, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial; Francisco García Romeu, durante su periodo de primera autoridad local, tuvo que sufrir, cuando menos, dos sobresaltos de gran calado: el de la muerte del general Franco, que le cogió de vacaciones, como puntualizamos hace apenas unos días, y el del atentado espectacular que le costó la vida al presidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco.

El magnicidio tuvo lugar el 20 de diciembre de 1973. Sin embargo, el pleno no celebró sesión hasta el día 28 de ese mismo mes.

Evidentemente, las festividades navideñas debieron de dificultar la convocatoria por la posible ausencia de algunos ediles.

En el trancurso de la misma, el alcalde García Romeu manifestó el profundo dolor y sentimiento «que ha producido en la ciudad el alevoso crimen cometido en la persona del presidente del Gobierno, excelentísimo señor don Luis Carrero Blanco». Seguidamente, y tras expresar la repulsa e indignación por tan ignominiosa acción, resaltó «la extraordinaria personalidad, lealtad y prudencia de tan insigne gobernante fallecido, así como su incondicional adhesión al régimen, su entrega absoluta y fidelidad al Caudillo de España».

En su intervención el alcalde insistió en la tremenda y unánime reacción que el crimen había producido en todos los sectores sociales de la ciudad y de su Ayuntamiento, de forma que, como reflejo de sus propios sentimientos y de los de Alicante, envió sendos telegramas de condolencia al Gobierno y a los familiares «del ilustre hombre público».

García Romeu propuso a la corporación municipal que «para perpetuar la memoria y el ejemplo de Carrero Blanco» se dedicase una céntrica plaza al almirante.

«Sugiere -consta en el acta de aquella sesión ordinaria-, en principio, la resultante de los derribos al final de la Rambla, lugar donde han de poder ubicarse unos jardines amplios y de gran prestancia que enmarcarían un busto de tan preclaro gobernante».

Por supuesto, todos los asistentes, tan sólo quince de los miembros de la corporación municipal alicantina, se adhirieron incondicionalmente a la propuesta formulada por la Alcaldía. Aunque fuera en vano.

Casi catorce meses después de su nombramiento, José Manuel Martínez Aguirre dimitió como alcalde de Alicante, en sesión extraordinaria y urgente del 25 de abril de 1977. Las primeras elecciones generales y democráticas estaban ya próximas y cada quien jugaba al cálculo de probabilidades.

Martínez Aguirre, una vez abierta la sesión pública, recordó que hacía poco más de un año, recibió la vara de alcalde y cuya actuación «ha intentado cimentarla fuerte en la sustancia y suave en la forma, para ser servidor de Alicante y de los alicantinos». Agregó que las atribuciones recibidas en aquel entonces las devolvía ahora y que no renunciaba por afán personal alguno «no sólo a la dignidad del cargo en sí, sino a las satisfacciones de su ejercicio, pero entiende que es hora de servir de otra forma a los sagrados intereses de la patria». Ciertamente, y como advirtió, había llegado a la Alcaldía en un acto solemne y se despedía en un acto casi privado, tras afirmar que el tiempo transcurrido constituía lo mejor de su vida y que añoraba el trabajo en común y el contacto directo con los alicantinos y con los problemas, concluyó su intervención exhortando al Ayuntamiento a que no abdicara del gobierno municipal con la dignidad y responsabilidad que se merece. «Y finalmente, se ofrece a nuestra tierra y a los alicantinos todos, con la mano tendida y con un cerrado abrazo que a todos alcance y abarque».

Seguidamente, el secretario procedió a la lectura de las diversas disposiciones, decretos, leyes y reglamentos, que constan en acta, y «a las instrucciones cursadas por el Ministerio de la Gobernación, a través y por conducto de la Dirección General de Administración Local y del excelentísimo señor gobernador civil de la provincia».

Después, «el señor Tur Ayela pide la palabra y manifiesta que en la renuncia de don José Manuel Martínez Aguirre observa falta de discreción, de prudencia y exceso de dudas, y que el sillón de la Alcaldía de Alicante no debe abandonarse por opciones a unas elecciones que califica de (antidemocráticas). En este punto, advertimos que se añade a lápiz: «rectificando: pseudodemocráticas», según la petición que formuló el concejal citado en la sesión siguiente, del 12 de mayo de dicho año.

Posteriormente, rogó a los asistentes que se manifestaran sobre si le admitían la renuncia que había solicitado. «El excelentísimo Ayuntamiento pleno, estando constituido por veinte de los veintiún miembros que con el señor alcalde lo integran de hecho y de derecho, en la actualidad y con el consiguiente «quorum» de la vigente Ley de Régimen Local (añadido a lápiz: «y al no pedir nadie la palabra y por aplicación del artículo 199 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales») por unanimidad acepta la renuncia del ilustrísimo señor don José Manuel Martínez Aguirre acaba de formular, de su cargo de alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante». ¿Quién le iba a suceder? Se lo contamos mañana.

Tras la, posteriormente cuestionada, renuncia a la Alcaldía de Martínez Aguirre, el 25 de abril de 1977, en el curso de la sesión plenaria y «teniendo en cuenta que, en este Ayuntamiento, al designar a los señores tenientes de alcalde que forman la comisión municipal permanente, se establece el orden de preferencia, la sustitución en las funciones del cargo de alcalde de Alicante, como consecuencia de la aludida renuncia, debe recaer en el primer teniente de alcalde o, en su caso, sucesivamente, en los siguientes».

En el acta se dice literalmente: «Para ello, la presidencia se dirige al primer teniente de alcalde, don Pascual Coloma Sogorb, y le pregunta si acepta ejercer el cargo de alcalde de Alicante, en funciones». Hubo algún que otro estremecimiento entre los asistentes y más de un cuchicheo, ¿acaso se pretendía escurrir el bulto?

Pascual Coloma declinó la responsabilidad alegando que no disponía de tiempo suficiente, por cuanto la ciudad requería mucha dedicación. Tanto su actividad comercial privada como su patrimonio familiar «estaban en juego», y consecuentemente no podía aceptar el cargo. Pidió a la corporación que supiera comprender y disculpar su postura. Y recordó que, en todo momento, «desde su entrada en la casa, había hecho todo lo posible por Alicante y que lo seguiría haciendo en tanto en cuanto permaneciera en ella».

Entonces, y a tenor de la negativa, «la presidencia se dirigió al segundo teniente de alcalde, don Ambrosio Luciáñez Piney y le preguntó si estaba dispuesto al ejercicio de las funciones de alcalde de esta ciudad, a lo que contestó: sí, lo estoy. Inmediatamente, el señor Martínez Aguirre dejó la presidencia y la ocupó don Ambrosio Luciáñez Piney, como alcalde en funciones. Luego, se dirigió al pleno y afirmó que era consciente de lo que representaba el sillón desde el cual se dirigen los destinos de Alicante, pero que necesitaba el apoyo total de la corporación y que si no contara con él de antemano, no hubiera aceptado». En su intervención, Luciáñez Piney, después de expresar sus deseos de servir a la ciudad y resolver sus problemas, hizo mención del libro «Rasgos de valor, perfiles de coraje», se refirió a una frase acerca de las aspiraciones personales legítimas para servir a la patria -en alusión a los señores Martínez Aguirre y Coloma- y citó a fray Luis de León: «Como decíamos ayer», aplicando tales sentencias a su caso. Concluyó manifestando «que el puesto que iba a ocupar era tan importante que valía la pena renunciar a cualquier otra aspiración u opción políticas».

Aquel nombramiento habría de levantar muchas suspicacias y protestas especialmente por parte del concejal Fernando Fajardo Sánchez Serrano, como ya se verá, mañana mismo.

Pues el concejal Fernando Fajardo Sánchez Serrano se desbocó y arremetió, sin contemplaciones, contra la designación del alcalde en funciones, con ocasión del pleno extraordinario del 12 de mayo de 1977. Refiriéndose al acta de la sesión anterior, en la que Martínez Aguirre presentó su renuncia, la calificó de «ilegal» y añadió que el nombramiento de Luciáñez Piney no era más que un cambalache.

Se le llamó al orden, pero Fajardo como si oyera llover. Argumentó que la citada acta «recogía una manifestación incierta, ya que el número de miembros de la corporación asistente no aceptaron por unanimidad el cese del alcalde, don José Manuel Martínez Aguirre, sino que se produjo un silencio total que no se hizo constar en el acta, y que, en consecuencia, la Alcaldía en funciones estaba ocupada indebidamente y que, por lo tanto (Ambrosio Luciáñez) no debía presidir la sesión plenaria». Agregó que «además no le reconocía como alcalde porque era fiscal sustituto lo que le hacía incompatible con el desempeño de la Alcaldía y que, por esa misma razón, no era ni alcalde, ni concejal, ni teniente de alcalde, por todo lo cual estimaba que no se podía aprobar nada» (a raíz de esta intervención, se produciría unas correcciones en el borrador del acta de la sesión conflictiva y del que ya dimos cuenta en la columna del último lunes).

Por último, se le retiró la palabra a Fernando Fajardo y la tomó el también concejal Tur Ayela quien pidió que se rectificase «antidemocráticas» por «pseudodemocráticas», en referencia a las elecciones a las que presumiblemente iba a presentarse Martínez Aguirre. El secretario general dijo «que tanto sus notas como las de la Prensa eran coincidentes en la redacción que constan en el borrador», pero se aceptó el cambio y se introdujo, en el mismo, la rectificación de la que ya dimos cuenta.

Finalmente, se aprobó el acta, después de efectuar las correcciones solicitadas, «con los votos en contra de los señores Fajardo y Tur».

Posteriormente, y con los nombramientos de los nuevos tenientes de alcalde, Fernando Fajardo mostró su desacuerdo y expresó que «no reconocía autoridad a Luciáñez». Hubo un nuevo llamamiento al orden, pero el concejal inquirió, dirigiéndose al secretario, «si el señor Luciáñez tenía facultad para designar tenientes de alcalde». Se le respondió que «quien preside, sí puede hacerlo». El propio Ambrosio Luciáñez, intervino para responderle que plantease el asunto «ante los tribunales o autoridades competentes» e insistió en que se ciñera al tema del día. Después, a Fajardo se le retiró, una vez más, la palabra.

Por cierto que, en el acta de esta sesión, Luciáñez figura como alcalde-presidente y no como alcalde en funciones.

Para el poeta Salvador Rueda, la islita gentil tenía figura de guitarra, por lo menos eso escribía, hacia 1908. Para los prisioneros carlistas embutidos en la torre de San José, la islita desolada tenía hechura de fosa. Ya ven. Cada uno se lo monta como buenamente puede o como malamente lo dejan.

A Salvador Rueda, el Ateneo le organizó un homenaje de caracolas marinas y de versos volátiles, y a la islita llegó un barco cargado de escritores: Gabriel Miró, Eduardo Irles, José Guardiola Ortiz, el compositor Óscar Esplá, entre otros, viajaban en él.

A los diecinueve sargentos apilados en el depósito carcelario de la islita, la junta de represalias los visitó en noviembre de 1838, y les dejó allí mismo un mensaje inconfundible y definitivo de plomo.

Tabarca se manufactura su épica doméstica, de almadraberos y calafates, y a Tabarca le despachan una épica de piratas berberiscos o de vapores de guerra, para sacarle de encima la contaminación del liberalismo de Pantaleón Boné... a base de cañonazos. Cuántas historias.

Si el bueno de Salvador Rueda le canta: «Para vivir, qué hogar tan venturoso», la islita se desertiza y las presuntas actuaciones municipales se ruborizan en los archivos. Y es que, a veces, los poetas y los pescadores tienen los vientos cambiados y las economías precarias. En algo habían de coincidir, mire usted.

Desde que hace ya dos siglos y veintidós años, los cautivos genoveses, en su mayor parte, rescatados de la isla tunecina de Tabarca, merced a la intervención del conde de Aranda, e instalados en nuestra isla Plana, de San Pablo o, a partir de aquel entonces de Nueva Tabarca, se han sucedido las vicisitudes y las zozobras más variopintas, batallitas navales, incluidas.

Y cárcel, ya lo hemos dicho. Cárcel y lugar de confinamiento. Allí fueron a parar, tras la Guerra Civil, algunos republicanos alicantinos. Nos lo contó, hace ya años, y publicado está, Paquita Mora quien, con su marido Roberto Torras Uriarte, se pasó una temporada en la islita. Y con ellos, otros varios: Antonio Amérigo, Eduardo Lafuente, Rafael Mora...

Tabarca, con sus jornadas técnicas, su muestra gastronómica, sus debates, sigue esperando como siempre, un futuro de mayor calado para sus habituales pobladores. Ojalá les llegue ahora, de estos trajines, la garantía de que así va a ser.

Ojalá.

La transición ya andaba a medio gas, con su Congreso y Senado surgidos de las urnas, el 15 de junio de 1977. El proceso electoral sólo llegaría a los ayuntamientos dos años más tarde, democratizándose así la actividad ciudadana. El 15 de enero de 1979, el Gobierno Civil de la provincia remite a las autoridades municipales una circular con las normas dictadas por la Dirección General de Administración Local «para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 del Real Decreto Ley 20/77, de 18 de marzo, declarado de aplicación por el Real Decreto 3073/1978, de 29 de diciembre, sobre la obligación (de las ya citadas autoridades municipales) de comunicar a las juntas electorales de zona, los lugares reservados para la colocación gratuita de los carteles de propaganda electoral».

Con carácter extraordinario y urgente, la corporación alicantina celebró sesión el 23 de enero de 1979, bajo la presidencia de Ambrosio Luciáñez Piney. El ingeniero de Caminos municipal informó, para atender debidamente a lo establecido en las tres primeras aludidas normas, de «las disponibilidades del Ayuntamiento se cifraban en ciento cincuenta y siete paneles, con una superficie total de mil ciento treinta y tres metros cuadrados, cada uno, y que considera suficientes para el fin propuesto». Además, en su informe, el técnico sugirió los lugares en los que se instalarían los paneles de referencia, con expresión de la superficie en cada caso. La lista era la siguiente: calle Portugal, Estación de Autobuses; calle Pintor Lorenzo Casanova, Estación de Autobuses; calle Italia, Parque de Bomberos; calle Capitán Segarra, antigua Lonja; calle García Morato, antigua Lonja; Mercado Central, congelados; avenida de Alcoy, colegio «Primo de Rivera»; plaza de España, Panteón de Quijano; calle Díaz Moreu, Panteón de Quijano; avenida Salamanca, estación Renfe; plaza del Teniente Luciáñez; avenida Juan Bautista Lafora; plaza Teniente Luciáñez, frente a calle Gravina; avenida de Orihuela, Casa Prisión José Antonio; plaza Camaradas Manuel y Santiago Pascual; paseo Doctor Gadea, esquina a San Fernando; plaza Calvo Sotelo; paseo Conde de Vallellano, Club de Regatas; calles Duque de Zaragoza y Bailén, Banco de España y avenida Aguilera, cuartel de San Fernando.

El pleno, tras aprobar la propuesta del ingeniero municipal, acordó requerir «la oportuna autorización de los inmuebles de la estación de Renfe, Banco de España y cuartel del Regimiento de Infantería San Fernando 11, para la colocación de los mencionados paneles».

En la misma sesión se determinaron los locales destinados a los actos electorales, por parte de la Alcaldía, «de acuerdo a las aludidas normas». Tales «locales oficiales y lugares de uso público» fueron: el Pabellón Municipal de Deportes; paseo de Campoamor (por las tardes); Plaza de Toros; Teatro y estadio de fútbol «José Rico Pérez». Trece años nos contemplan.

Por la extraordinaria labor realizada en favor de la ciudad, el Ayuntamiento acordó conceder la medalla de oro a la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia (hoy, del Mediterráneo), en sesión plenaria celebrada el 19 de septiembre de 1978.

A propuestas de los tenientes de alcalde y concejales Pascual Coloma, Evaristo Manero, Adrián Dupuy, Tomás Valcárcel, José Llorca Soler, Mercedes Alonso, Vicente Peris, José Ivorra, Antonio Alburquerque, Eliseo Quintanilla y Tomás Badias, se incoó el oportuno expediente que habría de instruir el ya citado José Llorca.

En el mismo, actuó como secretario José Luis Ortuño Castañeda, funcionario técnico y licenciado en Derecho, en quien delegó el secretario general.

Se procedió de acuerdo con el reglamento de honores y distinciones que se aprobó, en sesión extraordinaria el 29 de marzo de 1966 y se autorizó, en el mes de julio siguiente, por orden del Ministerio de la Gobernación. En el mismo, se regula la concesión de la medalla de Alicante, en sus categorías de oro, plata y bronce, «para premiar méritos excepcionales y extraordinarios que concurran en personalidades, entidades o corporaciones, y que por los relevantes servicios prestados a la ciudad, considere el Ayuntamiento dignas, por todo concepto, de esta elevada recompensa».

En aquella ocasión, asistieron diecisiete miembros de la corporación quienes escucharon la actuación del juez instructor.

«Se da cuenta de los numerosos escritos y adhesiones recibidos, en los que constan que la citada entidad, desde su fundación (se conmemoraba por entonces el centenario) ha desarrollado una gran labor social, cultural, deportiva y económica que ha redundado en favor de la ciudad y de la que se ha beneficiado un amplio espectro de personal de toda edad y condición, por medio de sus dispensarios, centros de educación, creación de numerosos puestos de trabajo, bibliotecas, institutos musicales, salas de exposiciones, aulas de cultura, etcétera. Todo lo cual viene a demostrar que la Caja de Ahorros, hoy denominada de Alicante-Murcia ha prestado relevantes servicios a la ciudad de Alicante».

Finalmente, y bajo la presidencia de Ambrosio Luciáñez Piney se procedió a la votación. Hubo quince bolas blancas, quince votos favorables, y dos bolas negras. La cosa estaba clara. De forma que el Ayuntamiento pleno acordó la concesión de la medalla de oro para la referida institución.

Desde 1973, planea la amenaza del puerto deportivo sobre la ya deteriorada Albufereta. Qué obstinación. Bajo la alcaldía de Martínez Aguirre se le pararon los pies, concretamente el 7 de febrero de 1976. Pero los hay inasequibles al desaliento y probaron de nuevo, a ver si colaba.

Por aquel tiempo, Pascual Coloma presidía el Ayuntamiento, en su paso fugaz por la alcaldía, cuya primera comparecencia como tal, la constatamos en la permanente, el 20 de febrero de 1979. En tal año, la mercantil «Puerto Deportivo de Alicante, S.A.» insistió. Pero la corporación municipal se opuso, una vez más, como se recoge en acta del pleno 6 de marzo, y en el que se alegan las mismas razones que motivaron tres años atrás, a Martínez Aguirre. Pascual Coloma Sogorb envió al ingeniero Alfredo Candela a que revisara el proyecto, en manos de una nueva empresa. Pero según el informe del técnico municipal las características eran las mismas que las del propuesto por Carlos Pradel.

Estaba claro, y así lo refleja la prensa, que el parecer consistorial estaba por la preservación del medio ambiente de la Albufereta, a la par que se mostraba propicio a la construcción del tantas veces mencionado puerto de invernada, pero «siempre que beneficiara al municipio y no perjudicara a la costa», es decir, algo prácticamente imposible, en el lugar elegido por los promotores. Hubo algunos concejales que expresaron, a título personal, que quizá pudiera ubicarse en la punta misma del Cabo de la Huerta, en mar abierto, con objeto de evitar así los estancamientos de grasas y residuos. En la dársena de la Albufereta, según el arquitecto jefe del gabinete de urbanismo, el emplazamiento era inadecuado, por cuanto se degradaría la costa, es decir, la playa, y el impacto sería muy considerable.

La batalla del puerto deportivo, la guerra más bien, aún habría de prolongarse por espacio de una larga década, ya con el primer alcalde democrático, José Luis Lassaletta, instalado al frente del gobierno municipal. A las iniciales escaramuzas y despliegues estratégicos, le sobrevendría un enfrentamiento prolongado y virulento, que se encalmó muy recientemente, con la paralización de las obras. Claro que los daños y cicatrices de una actitud voraz saltan a la vista. El tema, pues, no se agota en esta columna. Por imperativos de un tema que conmovió a la opinión pública alicantina, mayoritaria y diáfanamente opuesta, volveremos, llegada que sea su hora.

Durante los primeros meses de 1979, se produjo un nuevo cambio en la titularidad de la Alcaldía, sin que se registrara el procedimiento seguido ni en las actas del pleno ni en las de la comisión permanente. Ambrosio Luciáñez preside las sesiones plenarias correspondientes al 23 de enero y dos extraordinarias celebradas el mismo día, 15 de febrero, con una diferencia de cinco minutos entre ambas. La última permanente bajo su mandato corresponde al 13 de febrero. En la siguiente, una semana más tarde, y se cita a Pascual Coloma Sogorb como alcalde-presidente, sin más explicaciones, mientras Luciáñez desaparece de la corporación, sin que conste en tales documentos su dimisión, renuncia o cese.

A partir de entonces, Pascual Coloma figura ya como primera autoridad local, sin especificar si lo es con carácter accidental, en funciones o de derecho.

En su breve comparecencia al frente de la Alcaldía de Alicante, desde el 20 de febrero, hasta el 19 de abril, fecha de la elección democrática de José Luis Lassaletta, como alcalde constitucional de Alicante, Coloma presidirá cuatro sesiones plenarias y ocho o nueve comisiones permanentes. En una de éstas, la del 20 de marzo, lo hace el primer teniente de alcalde, Evaristo Manero Pérez, en funciones, por ausencia del titular.

Pocas alusiones hay a las elecciones generales del 1 de marzo y a las municipales que habrían de llevarse a cabo, por fin, el 3 de abril. Concretamente, el 13 de marzo, la permanente conoce una circular del gobernador civil en la que traslada al Ayuntamiento comunicación telefónica del ministro del Interior felicitando a la Policía Municipal por la eficaz labor en la jornada electoral del primero de aquel mes.

Tres días más tarde, el mismo gobernador, en un escrito dirigido a la corporación local, se refiere a las medidas a adoptar respecto a la grave situación sanitaria «creada por la acumulación de basuras y suciedad en las calles de Alicante como consecuencia de la huelga de personal de la empresa concesionaria de recogida de basuras domiciliarias y limpieza viaria». Situación que sólo se resolvería tras la constitución del Ayuntamiento surgido de la voluntad popular.

Desde la renuncia de Martínez Aguirre, el 25 de abril de 1977, le sucedieron dos alcaldes, Ambrosio Luciánez y Pascual Coloma, ¿lo fueron de derecho o tan sólo con carácter accidental? Antonio Dopazo Jover, en el fascículo número 39 de la «Historia de Alicante», publicada por INFORMACIÓN, afirma al respecto: «Cuando Lassaletta recibió los atributos de su mandato era alcalde en funciones de Alicante Pascual Coloma. Previamente lo había sido, también con carácter accidental, Ambrosio Luciáñez». Luciáñez quien volvería a ocupar una concejalía en la corporación local, después de pasar por las urnas, como integrante del grupo de la UCD.

Lo conocimos al filo de los sesenta. Por entonces, venía de París y llevaba una maleta de cartón-piedra, con una soga alrededor. Era Eusebio Sempere, de Onil. Era Eusebio Sempere, uno de los grandes artistas universales. Años después nos lo anticipó, con ciertos titubeos. Por fin, se decidió y nos enteramos por la prensa.

El Ayuntamiento lo supo a raíz de la moción del entonces teniente de alcalde Ambrosio Luciáñez Piney, presentada en la permanente del 2 de febrero de 1976: Eusebio Sempere Juan expresaba su deseo de donar a la ciudad de Alicante su colección de pintura y escultura. La oferta data del 31 de enero de aquel mismo año. Con tal motivo, se adoptaron varios acuerdos: se nombró una comisión para el estudio de las condiciones (la donación tenía carácter gratuito) que, presidida por Luciáñez, estaba integrada por Mercedes Alonso Rodríguez de Tembleque, Evaristo Manero Pérez y Tomás Valcárcel Deza. Meses después, el pleno municipal, en sesión extraordinaria del 31 de mayo, decidió destinar la Casa de La Asegurada para la denominada «Colección de Arte Siglo XX», que se inauguraría el 15 de noviembre.

Sin embargo, había ciertos aspectos «que no encajaban con la normativa jurídica de las corporaciones locales, aunque existían otras fórmulas, por lo que se requirió el dictamen del letrado Javier Mexía Algar, designado por la permanente el 13 de diciembre del 77, para ponerse en contacto con el abogado de Sempere».

En marzo del año siguiente, bajo la presidencia de Ambrosio Luciáñez, el asunto se puso sobre el tapete del pleno: había que aprobar, de una vez, las condiciones de la donación modal y había también opiniones encontradas en cuanto a los miembros que debían componer la asociación encargada de velar por el sentido de la colección, valorada en más de cien millones de pesetas. Eusebio Sempere proponía diecisiete personas designadas por él mismo y otras ocho nombradas por el Ayuntamiento. Tal asociación sólo entraría en funciones a la muerte del donante. Tras un largo debate en torno a éste y otros puntos, durante el cual Luciáñez manifestó que «el ex director del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid ha calificado al nuestro como el mejor de esta clase que hay en España», se acordó aprobar las bases de la repetida donación «pero equilibrando los miembros de la asociación», y «agradecer a don Eusebio Sempere Juan el gesto que tanto le honra». No obstante, la extraordinaria colección artística aún se vería sometida a zozobras, vicisitudes y desabrigos que conturbaron los ánimos de Sempere. Así nos lo manifestó a varios amigos, lleno de dudas y pesadumbre. Tanta generosidad como le había echado al asunto.

Pero ya hablaremos más de esto, ya.

Es una vieja historia de quince años. Primero, se produjo una larga, intensa, ilusionada y agotadora campaña. Por todos los pueblos, villas, ciudades y comarcas de nuestra provincia, vocearon su mercancía ideológica, política y programática, nada menos que quince candidaturas para el Congreso, amén de los aspirantes a un acta senatorial. Un pliego de cordel con tantas ofertas y tan variopintas, anunciaba el paso de la dictadura a una democracia plural y casi de prodigio. Los índices de participación dan cuenta de cómo se esperaban aquellos primeros comicios, después de cuarenta y un años de forzado anquilosamiento. Entonces, la inmensa mayoría de los alicantinos supo de las urnas y usó del sufragio libremente, de acuerdo con su conciencia y su responsabilidad. El 15 de julio de 1977, el personal se volcó y las papeletas examinadas, según el acta de la última sesión del escrutinio general que tuvo seis días después de la histórica jornada, rebasaron el ochenta por ciento del censo de electores. Un espléndido principio. El 15 de julio de 1977, los ciento treinta y nueve mil vecinos, con derecho a voto, de la ciudad de Alicante, acudieron a depositar su sobrecito, en medio de un ambiente cívico y jubiloso. Mientras, en los cuarteles generales de los partidos y coaliciones en liza, se contenía la respiración, tras unas semanas de intensa actividad.

¿Recuerdan quiénes salieron elegidos? Por si acaso y para estas crónicas de fulgurita, aquí dejamos, una vez más, sus nombres: Antonio García Miralles, Joaquín Fuster Pérez, Asunción Cruañes Molina e Inmaculada Sabater Llorens, del PSOE; Francisco Zaragoza Gamis, Luis Gámir Casares, Joaquín Galant Ruiz y José Luis Barceló Rodríguez, de UCD; y Pilar Brabo, del PCE. Y junto a los diputados, nuestros representantes en la Cámara Alta: el socialista Julián Andúgar Ruiz y el independiente José Vicente Mateo, ambos en la fórmula auspiciada por el PSOE y apoyada por la izquierda «Senadores para la democracia»; José Vicente Beviá Pastor, por la Coalición Unidad Socialista PSPV-PSP; y Roque Calpena Jiménez, director general de la Feria Internacional del Calzado, al amparo de la opción centrista y con respaldo de sectores industriales y económicos. Todos, padres y madres de la patria, ya bien embalados en las páginas iniciales de la transición. Y qué noche la de aquel día. Con Mateo y Andúgar divagando por El Campello. Imagínenselo. De flipe. Luego, en septiembre, Julián Andúgar, estrenado apenas de senador, se nos escapó para siempre, como un verso liviano y ático. Entrañable Cojo de Santomera, como le nombrábamos de cariño. Pero es una vieja historia de tan sólo quince años.

Después de mucho pensárselo, el gobierno de Adolfo Suárez convocó las elecciones locales. Era, en fin, la asignatura pendiente de una transición cautelosa y meditada, a la que aún la acosarían algunos incidentes y sobresaltos.

Los comicios se celebraron el martes, 3 de abril de 1979, y la participación registró algo más del cincuenta y siete por ciento. El socialista Emilio Soler manifestaría: «La abstención nos ha perjudicado a nosotros, en Alicante, como partido mayoritario que somos». En las sedes del PSOE y de UCD imperaba un lógico nerviosismo, en tanto se procedía al escrutinio de los votos. Estaba en juego el poder municipal, la gestión más cercana a la ciudadanía, la más a mano, la más perceptible para el común de las gentes.

Por la noche, Salvador Forner que principiaba la candidatura del PCE visitó el cuartel general del PSOE. Luego, en reciprocidad, el cabeza de lista de este partido, se trasladó a la calle del pintor Murillo. Los periódicos recogen cómo José Luis Lassaletta gritó con los comunistas: «Unidad para vencer al gobierno de UCD». Los resultados de aquellas primeras elecciones locales propiciarían un pacto estratégico, entre las dos organizaciones de izquierda, con objeto de posibilitar el acceso a las alcaldías del mayor número de sus respectivos concejales. En nuestra ciudad, el acuerdo se materializó el 16 de aquel mismo mes. Virtualmente Lassaletta ya era alcalde de Alicante, aunque aún tendría que esperar al día 19.

Hasta el último momento, Antonio Martínez confió en obtener una concejalía. Y así, el número uno de la lista de Alicante Independiente declaró a INFORMACIÓN: «Estamos por encima del PSOE (histórico), MCPV, LCR e incluso Coalición Democrática».

Sin embargo, el recuento de votos daría finalmente trece concejales al PSOE que se quedó tan sólo a un «escaño» para alcanzar la mayoría absoluta; diez a la UCD; y los cuatro restantes, de los veintisiete que integran la corporación municipal, al PCE. Eran los cabezas de las tres candidaturas, respectivamente, José Luis Lassaletta Cano, Luis Berenguer Sos y Salvador Forner Muñoz. Pero la alcaldía ya estaba cantada. Con bastante anticipación, aún antes de que socialistas y comunistas la pactaran, Lassaletta, el jueves 5 de abril, dijo públicamente: «Vamos a hacer una ciudad para todos».

Una ciudad que coincidiendo con los comicios, o casi, ardió por Benalúa. Sesenta familias tuvieron que ser evacuadas de un edificio situado en la calle de los Doscientos, número 26, a consecuencia de un incendio que ocasionó daños materiales por valor de unos cuatrocientos millones de pesetas. Era la cruz de unos momentos apasionantes y esperados.

No ocurría una cosa así o muy parecida, aunque, por supuesto, otras eran las circunstancias históricas, desde la elección del alcalde republicano Lorenzo Carbonell Santacruz, en abril de 1931. José Luis Lassaletta Cano ocupó la Alcaldía, el 19 también de abril, pero de 1979, por mayoría absoluta. Obtuvo diecisiete votos, trece de los concejales electos de su partido más los cuatro de los ediles comunistas, mientras los otros dos aspirantes, previamente proclamados candidatos y cabezas de sus respectivas candidaturas, el conocido y entrañable abogado Luis Berenguer Sos se llevaba los diez restantes, y el profesor Salvador Forner Muñoz, del PCE, se quedaba sin ninguno, en función del acuerdo alcanzado, días antes, con el PSOE.

Con anterioridad, se constituyó la mesa de edad, compuesta por el citado Berenguer Sos y Tomás Ángel Vives Pastor, el mayor y el menor respectivamente de los miembros de la corporación elegida el día 3 de aquel mismo mes. Presidía el primero de ellos y actuaba de secretario el del Ayuntamiento, Juan Orts Serrano.

El presidente de la mesa declaró: «Estando presentes la mayoría absoluta de los concejales electos de esta corporación, queda constituido el Ayuntamiento de la Muy Heroica, Leal y Siempre Fiel Ciudad de Alicante». Seguidamente, se tomó juramento o promesa a todos los ediles con arreglos a la fórmula: «¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?». Juraron: Rodríguez Marín, Amérigo Asín, Ambrosio Luciáñez, Díaz Alperi, Ramón Sancho, Sala Lloret y José Perán. Prometieron: José Luis Lassaletta, Vicente Chavarrí, Dolores Marco, Salvador Forner, Vives Pastor, Miguel Crespo, Adela González, Andrés Cremades, Tomás García, Fernández Valenzuela, Manuel Rosser, Alfonso Arenas, Carmen Reig, García Pertusa, Pilar Castillo, Baltasar Ripoll, Roberto Moratalla, López Tarruella y Lafuente Andújar. Berenguer Sos impuso las medallas a cada uno de los miembros corporativos y a él, Tomás Ángel Vives, el más joven de la mesa.

Posteriormente, tuvo lugar la votación secreta para la elección de alcalde, con los resultados ya apuntados al principio. A la pregunta protocolaria de «¿Acepta usted dicho cargo?» José Luis Lassaletta respondió afirmativamente y pasó a ocupar el sillón de la presidencia. Después de más de 40 años, Alicante, por fin, tenía alcalde constitucional.

Tras su proclamación, José Luis Lassaletta procedió a constituir la comisión permanente (ahora, comisión de gobierno), de acuerdo con la proporción siguiente: cinco del PSOE (María Dolores Marco, Tomás García Candela, Antonio Fernández Valenzuela, Alfonso Arenas Férriz y Roberto Moratalla Quiles); cuatro de la UCD (Luis Berenguer Sos, Luis Carlos Amérigo Asín, Rafael García Pertusa y Ramón Sancho Ripoll); y uno del PCE (Salvador Forner Muñoz).

Aquel 19 de abril de 1979, pronunció su primer discurso como alcalde elegido en las urnas. Destacó la importancia de una fecha en la que se ponía en pie un Ayuntamiento democrático, «que es tanto -dijo- como afirmar que el pueblo ha recuperado su soberanía y su protagonismo, después de haber sido postergado durante décadas y conculcados sus derechos e intereses», y que al obtener mayoría las izquierdas, en las elecciones municipales, «el signo es socialista». Definió al nuevo Ayuntamiento «heredero de aquél también democrático del 12 de abril de 1931», y a él mismo, como alcalde, «sucesor de don Lorenzo Carbonell, conocido popularmente por Llorenset».

Luego, y de cara al futuro, expresó su esperanza de «cambiar cuanto había sido destrozado, con el trabajo abierto y solidario de los ciudadanos, que son los que habitan en Alicante, tanto de derechas como de izquierdas, sin distinción alguna. Porque soy -manifestó- el alcalde de todos, que espera en vosotros, porque todos somos el Ayuntamiento».

Refiriéndose a la ciudad puntualizó: «Somos conscientes de que los mayores problemas con los que nos vamos a encontrar son los derivados de la insolidaridad, del egoísmo, del egoísmo de los intereses privados sobre los colectivos. Y que todo podemos resumirlo en algo muy concreto: urbanismo. Un urbanismo irracional, en el que ha contado mucho la especulación. En esto se va a notar la política municipal. En que como Ayuntamiento vamos a luchar denodadamente contra ello. (...) Partiendo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, vamos a construir una ciudad más justa y solidaria».

En su discurso, se refirió a la participación ciudadana, a la honestidad en la gestión, a la autonomía municipal, a la democracia real, a una cultura igualitaria, a las fiestas como manifestación popular y a otras tantas cosas. Concluyó, entre aplausos, diciendo «Y afirmo una vez más, que empieza hoy una nueva etapa en la vida municipal alicantina; etapa presidida por la colaboración, la participación, la democracia y la solidaridad ciudadana. El nuevo Ayuntamiento está abierto a todos los alicantinos que estén abiertos al nuevo Ayuntamiento». 19 de abril de 1979. Anótenlo, si les place.