Teatros

Mariano José de Larra

[Nota preliminar: Reproducimos la edición digital del artículo ofreciendo la posibilidad de consultar la edición facsímil de El Español. Diario de las Doctrinas y los Intereses Sociales, n.º 122, martes 1 de marzo de 1836, Madrid.]

[Indicaciones de paginación en nota.¹]

Visto el estado de decadencia en que se hallan de algún tiempo a esta parte los teatros de esta capital, no nos parece fuera del caso echar una rápida ojeada sobre las causas de su lastimoso abandono, y aun poner en conocimiento de nuestros lectores algunas de las consideraciones que nos sugieren los datos que acerca de su porvenir poseemos.

Pocos países de los que se hallan a la altura del nuestro en la escala de la civilización pueden citarse donde se encuentre el teatro más atrasado que en España. Falto siempre de protección, considerado la mayor parte del tiempo como un mal inevitable por el mismo Gobierno que lo toleraba, no es mucho que no se hayan dado en ese ramo pasos agigantados. No creemos nosotros, como repetidas veces se ha pretendido, hacer creer que el teatro corrija las costumbres, ni destierre vicios; llevamos más adelante todavía nuestra opinión: nos inclinamos a pensar que del teatro sale el hombre poco más o menos tal como entra. El hombre es animal de poco escarmiento; y si lo fuera, seguramente que el colorido de sublimidad y pasión que en el teatro suele revestir los vicios y los crímenes no sería el mejor medio de hacerle escarmentar. Los celos que en el Otelo del mundo no son sino reprensibles, están por lo menos disculpados en el del teatro con el exceso de la pasión. El teatro, pues, rara vez corrige, así como también rara vez pervierte. Ni es tan bueno como sus amigos le han pintado, ni tan perjudicial como sus enemigos le han supuesto. Por lo menos, es desde luego una diversión pública, y en esta sola calidad encierra ya una no mediana recomendación, es además de todas las diversiones públicas la más culta, y si no corrige las costumbres, puede al menos suavizarlas; puede ser una escuela de buenos modales, y debe serlo constantemente de buen lenguaje y de estilo. A estas circunstancias, que recomiendan positivamente el teatro, ha podido agregarse en muchas épocas la idea generalmente admitida de que todo espectáculo público es favorable al legislador y gobernante, porque distrayendo al pueblo de los intereses políticos, le aparta de la rebelión. Pero esta razón, que tiene un gran peso en favor del teatro en los Gobiernos monárquicos, y que todos los tiranos han comprendido perfectamente; esta razón, que fue ocasión de los juegos griegos, de las luchas romanas, del esplendor del siglo de Luis XIV, y hasta de la elevación del teatro francés durante el Imperio, se vuelve contra él en épocas de libertad. Cuando los hombres, reconociendo sus derechos y ocupándose en adelantarlos, pueden discutirlos en alta voz en paseos, casas y cafés, la realidad no tarda en ocupar el lugar de la ficción; la escena verdadera del mundo real en que cada uno es llamado a ser actor, y a hacer tarde o temprano un papel, debe interesarnos mucho más que la representación en cabeza ajena de las virtudes y los vicios, cuadros entonces muy secundarios en la galería de la vida. Por el contrario, cuando el legislador se reserva y reasume en sí todos los derechos, cuando él obliga a cada uno a confiarle de grado o por fuerza la parte que debe tener en los asuntos públicos, el ánimo, encogido y atemorizado, busca en la ficción un desahogo de la triste realidad. El despotismo, por lo tanto, ha solido ser favorable al teatro; y dueño de la hacienda pública, ha destinado en todas partes fondos supletorios a la prosperidad de una diversión de que tanto se prometía. Pero en España ni aun eso ha sabido hacer; en España, donde sin duda consideraba la función d e los toros como más popular, no le ha sido deudor el teatro de protección alguna; por el contrario, en él persiguió las luces, en él trató de ahogar una manera de expresión de la opinión pública, y si lo consintió, podemos atribuirlo a que toda la represión del Gobierno más despótico no basta a contrarrestar la fuerza de la opinión; el espíritu de cada época se hace respetar hasta de sus enemigos; pero ya que no podía derribarlo, hízole todo el daño que podía hacerle: lo consintió, sí, pero como una mera indemnización; lo consintió cargándole con la obligación de resarcir con sus productos los males que le achacaba. Maquiavélica idea por cierto, pues si el teatro era perjudicial, en sentir del legislador, no podía haber resultado bueno que lo abonase. El teatro es malo, decía el Gobierno; pero haga daño en buen hora, siempre que me sufrague con qué desahogarme de las obligaciones que como administrador de la sociedad tengo contraídas con los establecimientos de beneficencia; es decir, consiento al ladrón, con tal que me rinda por tributo parte de sus robos. Esta ha sido la lógica, y, lo que es peor, la moral del Gobierno nuestro con respecto al teatro. Y su torpeza tal, que una vez admitido tan escandaloso principio, no supo siquiera volverle completamente en provecho suyo facilitando su prosperidad. Falto de ingenios por la persecución, agobiado por las cargas civiles, el teatro ha vivido entre nosotros manteniendo obligaciones del Estado; y es lo peor que, habiendo entrado en una era de progreso y de luces, no se trasluce aún la aurora del día en que deba mejorarse su suerte.

Sin que queramos entrometernos en los antecedentes políticos, ni en la administración de ningún mandarín, diremos sólo que el señor de Burgos, durante su corto ministerio, pareció volver los ojos al teatro, por lo menos con cierta conmiseración. Hasta él, entregado el teatro unas veces en manos de los actores mismos, administrado otras por la villa, adjudicado algunas a empresas particulares, nunca había podido desahogarse de la confusión en que nuestra informe legislación lo tuvo siempre sumido. Para que alguien tomase por él el más pequeño interés, fue preciso que se viese elevado al mando un ministro que presumía al mismo tiempo de poeta dramático. Pero este vislumbre de esperanza que brilló a nuestros ojos un momento no tardó en disiparse. El señor Burgos llamó a sí una comisión juzgada de personas inteligentes, y les encargó la redacción de un reglamento de teatro que pusiese término a la penosa situación del teatro, que deslindase su pertenencia y los derechos de las diversas industrias que concurren a su prosperidad. Esta comisión hubo sin duda de informar, y aunque, según las noticias que a nuestros oídos llegaron de su informe, tenemos motivos para creer que no se consultó siempre el derecho, sin embargo, nos atrevemos a asegurar que ese mismo reglamento imperfecto llevado a ejecución hubiera mejorado la suerte del teatro. Pero para eso hubiera sido preciso que hubiese durado el ministro poeta. Desgraciadamente se acabó el ministro antes que el reglamento, y el sucesor hubo de decir, sin duda, para su sayo: «A mí, que no sé hacer comedias, ¿qué se me da del teatro?», y antes de nacer murió el reglamento. De entonces acá si algún ministro del Fomento, o de lo Interior, o de la Gobernación, ha vuelto a ocuparse en el teatro, lo ha hecho tan secretamente que nada hemos traslucido nunca de su protección.

Cuando se estableció el Conservatorio de Música, cierto escrúpulo de conciencia, cierto pudor saludable hizo comprender que sería vergonzoso fundar en la capital del reino una escuela donde se formasen cantores para el teatro y donde no se pensase siquiera en el pobre verso. Movidos los que lo dirigieron de este pudor, se dignaron conceder hospitalidad a la declamación española en un nicho de su establecimiento; se crearon dos cátedras de declamación; se asignaron a cada una hasta seis mil reales, o cosa semejante, por vía de honorarios; se nombraron dos catedráticos, individuos de las compañías de Madrid; se les dio «don» en los oficios de nombramiento, y muchachos en los bancos de la escuela, y se les dijo: «Enseñad ahí cuanto sepáis, si algo sabéis; ya tenéis casa, uniforme, don y seis mil reales; ya está el teatro protegido; ya verán ustedes los actores que salen». Y ya lo hemos visto por cierto.

En la contrata, sin embargo, que existe todavía, se dio alguna protección más al teatro; pero seamos justos; esa protección, que consistió en algunas condiciones más ventajosas hechas por la villa a la empresa entrante, en la cesión del local y en una asignación anual de los fondos públicos, no fue efecto de buena voluntad, sino arrancada por la imposibilidad de sostener los teatros con sus cargas, imposibilidad que hizo presente con energía y tesón la empresa que iba a tomarlos; y, digámoslo francamente, hasta esas ventajas hechas en tiempo de transición, en que no se hallaban aún deslindados los derechos de la villa a disponer de los fondos públicos, ni los del Gobierno mismo a hacer concesiones sobre fondos de que sólo es administrador, y no dueño, si pudieron constituir un contrato legítimo, no bastaron a quitarle la tacha de ilegal.

No es nuestro ánimo en este artículo entrar en el examen del uso que de sus contratas y de sus ventajas o desventajas ha hecho la empresa; queremos sólo dar noticia del estado de las cosas en el día, después de haber hecho una ligera reseña de la conducta del Gobierno respecto al teatro. Éste ha podido protegerlo hasta el día, y sobre sí tiene el cargo de no haberlo hecho.

Sabemos, pues, que la empresa ha solicitado la rescisión de su contrata; tenemos datos para creer que la autoridad civil se halla dispuesta a ese paso; y verdaderamente, si así no fuese, trabajaríamos nosotros por convencerla, puesto que no puede convenirle ni a la empresa, ni al Gobierno, ni al público, una contrata en contradicción en la mayor parte de sus cláusulas con el nuevo orden de cosas; y quisiéramos que ya que se nos presenta por sí sola la ocasión, antes de proceder a nuevos compromisos ni adjudicaciones, se pesase maduramente la cuestión, si es que el Gobierno cree que es de importancia, porque si no, lo más barato es cerrar el teatro; y antes deseamos esto nosotros, apasionados de él, que verle sucumbir de nuevo a providencias provisionales.

Acabe de una vez el legislador de pesar si debe o no de haber teatro; y en el caso de decidir la cuestión favorablemente, deslíndese a quién pertenece, sepamos la parte que un Gobierno puede tomar en una diversión pública; la influencia que la autoridad puede lícitamente reservarse en ella; la clase de protección que debe dispensarle, lo que de ella puede esperar en remuneración de sus auxilios y el derecho que tiene a cargarle impuestos y distraer sus productos. Sepamos de paso si hay una propiedad en la literatura dramática, hasta dónde puede la ley protegerla como a toda propiedad, y hasta qué punto puede entrometerse en las condiciones que cada cual quiere imponer a la suerte de sus producciones.

Encargados como estamos en este periódico de hablar de teatros, por hoy nos contentamos con lo dicho. Logremos o no llamar la atención del Gobierno sobre determinaciones que en nuestro entender deben meditarse antes de adoptarse, no renunciamos a escribir algún otro artículo, manifestando nuestro sentir en la materia, por más que no nos consideremos con gran fuerza moral para inclinar la balanza en favor de nuestras opiniones; sólo sí declararemos, antes de concluir éste, que queremos más bien contribuir con nuestras pocas luces al mejor arreglo posible que usar después del triste derecho de criticar determinaciones ya tomadas. Así lo haremos; y si algún día nos vemos en la dura precisión de maldecir, caiga la culpa sobre quien puede a tiempo remediarlo y dar vida al teatro español, tan vergonzosamente descuidado.

El Español, n.º 122, 1 de marzo de 1836. Firmado: Fígaro.

[Nota editorial: Otras eds.: Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres, ed. Alejandro Pérez Vidal, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 467-472; Obras completas de D. Mariano José de Larra (Fígaro), ed. Montaner y Simon, Barcelona, 1886, pp. 485-487.]