Ibérica por la libertad

Volumen 17, N.º 8-9, 15 de septiembre de 1969

FRANCO VUELVE A INSULTAR AL PUEBLO ESPAÑOL

(Párrafos tomados de un artículo de D. Salvador de Madariaga, publicado en el New York Times el 9 de mosto de 1969).

IBÉRICA es una revista de información y doctrina, cuyo primer número apareció hace 16 años, dedicada a los asuntos españoles. La carencia de información objetiva dentro de España y la parquedad de la información exterior hacen esta revista indispensable para los interesados en obtener una información veraz y responsable de la vida española en todos sus aspectos.

IBÉRICA ofrece, a todos los que mantienen sus esperanzas en una España libre y democrática, la oportunidad de expresar sus opiniones.

Directora:

• VICTORIA KENT

Presidentes de Honor:

• SALVADOR DE MADARIAGA
• NORMAN THOMAS¹

Consejeros:

• ROBERT J. ALEXANDER
• ROGER BALDWIN
• CLAUDE G. BOWERS²
• FRANCES R. GRANT
• JOHN A. MACKAY
• VICTOR REUTHER

IBÉRICA is published monthly on the fifteenth of the month, except August-Sept. when bimonthly in Spanish, by the Ibérica Publishing Co., 112 East 19th St., New York, N. Y. 10003. All material contained in this publication is the property of the Ibérica Publishing Co., and may be quoted, but not reproduced in entirety.

Copyright 1969, by Ibérica Publishing Co.

Price: Single copy, 40 ¢. Year's subscription: $ 4.

Second Class Mail Privileges Authorized at New York, N.Y. Second Class Postage Paid at U.S. Post Office, New York, N. Y.

Si definimos el éxito político de un país como la capacidad de adaptarse al fluir del cambio vital sin exponerse a la violencia, hallaremos que, con la única excepción de Suiza, todos los países europeos de éxito político son monarquías. La excepción Suiza basta para sugerir que la relación entre ambas observaciones no es la de monarquía-causa, éxito-efecto. Es precisamente la inversa. Así lo he demostrado ya varias veces, y lo volveré a hacer ahora porque ello nos llevará a comprender mejor la llamada «instauración» de la monarquía por el General Franco.

Las naciones con éxito político son estables porque son objetivas; es decir, les interesa más el qué que el quién de las cosas. Como lo que les interesa es qué hay que hacer, lo hacen; y así van paso a paso, resolviendo los problemas que la vida les plantea; con lo cual, van tirando más o menos bien, al hilo de los días, y como no se quejan de nada, no se les ocurre volverse contra el sistema o régimen en que viven. Si habían heredado del pasado una monarquía, bien está, siguen con ella; si una república, pues también, que siga; como ocurre en el caso de Suiza. Éste es el diseño político de todo el norte de Europa.

En el resto de nuestro Continente, se pone más interés en quién va a gobernar que en qué va a hacer cuando gobierne. Las cosas se abandonan por pensar en las personas. Abandonadas, las cosas se pudren y envenenan al pueblo que, harto de ver que todo va mal, se vuelve contra el régimen. Si lo que había era una monarquía, pide república; si era república, pide monarquía. A veces se tiene que contentar con una república monocrática (Hitler, Franco, Perón, Papadopoulos.)

España es uno de los países más subjetivos del mundo. No sé qué francés escribió una vez de nosotros: «¿Cómo va a ser posible gobernar a un pueblo de treinta millones de reyes?» Pero sólo vio la mitad, y la más fácil, del problema. Lo peor es que estos treinta millones de reyes son también treinta millones de papas -todos infalibles.

Aquí es donde se oculta el cogollo mismo del problema. Viene el observador ingenuo, demócrata, progresivo, y con la seguridad del que todo lo sabe y no entiende nada, se pone a perorar sobre «atraso», «analfabetismo», «pobreza», y toda la calderilla de la sociopolitiquería. Pero el pueblo español no adolece de atraso, ni de falta de educación, ni menos aún de poca agudeza política -que, al fin y al cabo, es parte de la agudeza humana, en la que nuestro pueblo aventaja a muchos europeos. De lo que adolecen los españoles es de hambre de poder y de infalibilidad.

Por eso le ha sido posible a Franco sostenerse treinta años en la cumbre. Franco es un papa-rey. Omnipotente e infalible; y por lo tanto, encarna los sueños dorados de treinta millones de españoles; porque mientras él siga en la cumbre, cada uno de ellos gozará, si bien por procuración, la omnipotencia y la infalibilidad que encarna Franco. El gran Bagaría dibujó una vez a Mussolini cuando, siendo ya presidente del gobierno y ministro de Asuntos Exteriores y de los tres ministerios armados, se nombró a sí mismo también ministro de Corporaciones; y en su dibujo, el papa-rey del fascismo exclamaba: «Ah si pudiera ser tutto il popolo!» Franco es ya todo el pueblo por encarnar lo que todos los del pueblo quisieran ser.

El siglo y medio transcurrido desde que el pueblo español se alzó como un solo hombre para rechazar al papa-rey Napoleón ha venido a constituir un período de lucha tenaz entre la subjetividad total de un pueblo tan dotado como el nuestro, empeñado en dejar a cada cual vivir a plenos pulmones su vida de papa-rey, o sea, de pura anarquía, y las exigencias naturales de la colectividad que obligaban a cada cual a hacer frente a sus deberes colectivos con arreglo a un criterio social; o sea, una lucha entre el impulso monocrático y la razón republicana. Lucha nada inútil. Muy por el contrario, España aborda el siglo XX dotada de no pocas instituciones, entre ellas una prensa excelente.

La guerra civil y la dictadura en que vino a desembocar no se limitaron a cortar en seco esta evolución, sino que la hicieron retroceder lo menos medio siglo, por haber tenido España que vivir treinta años bajo la férula de un súper-anarquista. Jamás en su historia, ni bajo Felipe II, ni aun bajo Fernando VII, ha vivido España bajo un monarca más despótico que Franco -si por despotismo se entiende la férula de una voluntad personal sin traba de ningún género.

No cabe mejor ejemplo de este despotismo que la reciente «instauración» de la monarquía con Don Juan Carlos como heredero. Durante uno de los tratos que hubo antaño entre el dictador y el pretendiente, Franco dictó la ley en estos o parecidos términos: «España es una monarquía y yo la encarno por derecho de conquista». Franco ve pues a España como una hacienda que le pertenece y no hay más que hablar. Pero, ¿de verdad, no hay más que hablar?

En su octogésimo aniversario, el ministro de Gobernación, o sea de Policía y Palo, advirtió al jefe del Estado que ya era hora de nombrar a otro porque él ya deseaba descansar. Parece que esta advertencia llamó la atención del Caudillo, el cual, aplicándose el cuento, desapareció durante dos días que pasó encerrado en el Pardo, de donde salió con todo un plan de instauración de la monarquía, con todos sus textos, ley, reglamento, discursos y hasta el protocolo de la ceremonia; todo lo cual se lo había sacado de la cabeza sin consultar ni a persona ni a institución alguna.

Puro despotismo que excede al de Mussolini visto por Bagaría; porque Franco no se contentó con ser todo el pueblo en su tiempo sino también en el porvenir. Aspira a prolongar su despotismo por medio de una monarquía despótica. Prescinde del Pretendiente, cuyo hijo no será Príncipe de Asturias sino Príncipe de España. Las dos columnas de toda monarquía -continuidad, legitimidad- las quiebra; y el desdichado infante tiene, no sólo que hacer traición a su padre, sino que repetir como loro en feria esta frase que le dicta su amo: «Recibo del Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936».

La situación del Pretendiente es trágica -pero no inmerecida. El error de irse a alistar como rebelde en los albores de la guerra civil se le puede perdonar por inexperiencia y juventud de entonces; pero ya no era ni joven ni inexperto cuando se le advirtió a tiempo de que no debía entrar en tratos con el dictador. Entonces se fue a los Estados Unidos y allí lo persuadió de lo contrario el Senador Vandenberg, que Dios haya perdonado. De modo que no sólo trató con el dictador, su enemigo natural, sino que le entregó a su hijo para que lo educara bajo su férula. Los resultados, a la vista están.

Don Juan pudo quizá todavía haber restaurado una monarquía liberal más o menos viable. Don Juan Carlos, no. España no aceptará jamás un monarca que traicionó a su padre y que se declara abiertamente rey de los vencedores en la guerra civil. Franco es el Papa-Rey de la España de hoy por la gracia de la Policía y de la Censura; pero el Jefe del Estado de mañana tendrá que sacrificar la omnipotencia y la infalibilidad.

SALVADOR DE MADARIAGA

Los textos legales apellidados fundamentales del actual Estado español están plagados de afirmaciones «de principio» tomadas del demo-liberalismo, tan denostado por los creadores de ese mismo Estado. Lo característico, empero, de esos textos, es que los «principios» están suficientemente contrapesados por disposiciones restrictivas -o por amplios márgenes dejados a la discreción administrativa- de tal suerte que su efectividad es casi nula. Los ejemplos son múltiples y asaz conocidos, pero el que ahora llama nuestra atención, por su actualidad, es el de las asociaciones llamadas políticas o de opinión que como «ersatz» del pluralismo (y empleo, a conciencia, el término alemán) han sido instituidas -aunque falta aún la última fase del proceso legislativo- como «Régimen Asociativo del Movimiento».

Que el Movimiento se dé a sí mismo esta o aquella clase de asociaciones, como tantas que ya han existido en su seno, no tiene demasiado alcance, pero que se pretenda que esas Asociaciones sean la máxima forma de expresión de las opiniones políticas de los españoles es asunto de talla que merece un comentario.

En primer término, se vive en el más delicioso confusionismo sobre la esencialidad que recubre el término «Movimiento». Para algunos sigue siendo un sinónimo de FET y de las JONS (recuérdese que el órgano oficial de este partido único se llamó, desde abril de 1937, Boletín del Movimiento de Falange Española Tradicionalista y de las JONS). En las doctrinas de moda hace treinta años reinaba una total confusión entre los términos de «partido» y «movimiento», que no era sino traducción de análoga indeterminación en las doctrinas matriciales de un Kollreuter o de un Schmitt. Justo es decir que el partido único español nunca alcanzó, ni en doctrina ni en práctica, el nivel del partido nazi («medio de realización de la Führung» y «depositario de la idea alemana del Estado»), sino que se asemejó más al partido fascista italiano «convertido en institución política del Estado ... subordinado al Estado».³

Todo eso quedó atrás, por la fuerza de la historia, aunque no se apague el rescoldo de muchas nostalgias. Si la confusión sigue reinando, hoy parece establecido que Falange es -o debe ser- una cosa, y el Movimiento otra, y también se le reconoce personalidad autónoma a la Comunión Tradicionalista, con lo cual ha sido finiquitado el acto llamado de unidad de 19 de abril de 1937. Lo que hoy se llama Movimiento está definido por el art. 4 de la Ley Orgánica del Estado como comunión de los Españoles, abierto a todos, remitiéndose para su total definición a la Ley de Principios del Movimiento de 17 de mayo de 1958.

Pero la misma Ley Orgánica, en su Título IV, institucionaliza el Movimiento a través del Consejo Nacional. Este Consejo Nacional, en la práctica, difiere muy poco del antiguo Consejo Nacional del Partido único tutelado por el Estado. Su Estatuto, pleno de equívocos, deja existentes fuertes vinculaciones del Movimiento a la decisión discrecional de los órganos del Estado sin que, por otra parte, pierda muchas de sus estructuras de partido único. En esas condiciones, y para llevar a la práctica otra línea equívoca del citado artículo 4 sobre «el contraste organizado de opiniones», se ha confeccionado el Régimen Asociativo del Movimiento que ahora nos ocupa. Es decir que, a juzgar por lo que dicen sus autores, éste sería el cauce ofrecido a los españoles para expresar sus ideas sobre cuál debe ser el gobierno de la cosa pública, es decir, las decisiones sobre sus propios destinos que, colectivamente, forman el destino de la nación.

Según la Base segunda del texto aprobado por el Consejo Nacional, en su apartado 6.º

Conviene añadir que la Base décima advierte que los Estatutos de cada Asociación deberán incluir: «Denominación libremente elegida, sin que pueda remitirse a una ideología contraria a los Principios del Movimiento o de carácter partidista».

En fin, los órganos directivos del Movimiento pueden suspender cualquier Asociación cuando «presuman fundadamente» que no se ajusta en su actividad a los Principios Fundamentales.

No hace falta demasiada sagacidad para descubrir que las llamadas Asociaciones políticas no están abiertas a todos puesto que su frontera está marcada por unos principios establecidos dogmática y unilateralmente⁴; y que su funcionamiento, es decir, su conducta, se haya condicionada por la espada de Damocles que sobre ellas suspenden los órganos supremos del Movimiento. Ciertamente no son el antiguo partido único, porque la función instrumental de Falange hace tiempo que se agotó históricamente, y porque en el Poder o cerca de él hay fuerzas lo bastante heterogéneas para hacer imposible esa forma de organización (aunque tengan rasgos sociales y políticos comunes que reivindican la etiqueta «legitimidad del 18 de julio»). Pero además, y sobre todo, porque la presión de la realidad, de una opinión tal vez poco coherente, pero de ineludible presencia, obliga a tergiversar, a hablar de pluralismo, de representatividad y hasta de democracia, aunque cada idea de esas sea vaciada de contenido fáctico.

El partido único fracasó en España; no es posible hoy, porque no tendría ni masa, ni ideología; una estructura piramidal de burócratas no basta para constituir un partido. Puede existir, sin embargo, un partido de hecho, un partido de «notables» que si excluye de la legalidad a los demás, no es sino un grupo oligárquico. Y una oligarquía puede también funcionar a base de un simulacro de grupos políticos. Bien pudiera ser ésta la finalidad, voluntaria o no, del «asociacionismo» político de moda en los medios familiares del Poder.

Lo más instructivo de esta «operación» es lo que supone como intento -vano- de escamotear de la realidad española el concepto de partido político. Su propósito es más ambicioso: suprimir los partidos políticos. Toda la discusión en el Consejo Nacional ha estado dominada por esta preocupación, que adquiría caracteres de obsesiva. Pero suprimir los partidos o grupos políticos es una proposición semejante a la de suprimir la inflación cuando se gasta más que se produce, suprimir la lengua que habla un pueblo, o las creencias religiosas o la tan denostada lucha de clases. Se trata de hechos que no tienen existencia gratuita, sino que están condicionados por un complejo de realidades socio-históricas. Me acuerdo siempre de cuando, hace ya muchos años, mi maestro don Luis Jiménez de Asúa decía humorísticamente que eso de suprimir por decreto la lucha de clases era como abolir legalmente el dolor de muelas. Son todas «operaciones ideológicas» en el sentido peyorativo del adjetivo, es decir, como sistema de representaciones y conceptos deformados por su raíz social, o, como lo define el joven pensador Manuel Ballestero, «expresión teórica de una realidad social que se postula como principio, sin justificarse racionalmente». Es la clásica declaración volitiva que quiere sustituir a los hechos comprobados científicamente. En realidad, una multiplicidad de Constituciones políticas escritas no son otra cosa, en su parte declarativa, y los Principios de 1958 tampoco escapan a este cuadro etiológico.

El régimen, antes ya de que terminase la contienda civil por la que se impuso, expulsó de la legalidad a los partidos políticos que consideró adversarios e intentó crear su propio partido único reuniendo los grupos que estimaba más fieles y eficaces. La condena del principio de partidos políticos se desprendía necesariamente de la irreductible enemiga a los regímenes democráticos parlamentarios basados todos en el sistema de partidos.

Pero siguió la vida y siguió la historia. El régimen creyó que la destrucción de los partidos políticos adversarios era una simple cuestión de policía. ¡Cuánta sangre y cuántas lágrimas de españoles ha costado esta errónea creencia! Resultaría cómico, si no fuera triste, repasar los centenares de periódicos en que se relataba la destrucción para siempre de tal o cual grupo político, como si se tratase de una agrupación de bandoleros. Ocurrió también que del seno del sector gubernamental se desprendieron, primero personas individuales, pero tras ellas grupos, puesto que esas escisiones correspondían no a caprichos, sino a oposiciones de intereses y de ideas.

Un partido político se orienta necesariamente hacia el Poder, hacia su conquista y ejercicio para poder realizar su repertorio programático. Max Weber dijo que la política era «aspiración al ejercicio del Poder o a la influencia en la distribución del mismo». En nuestros días el profesor Maurice Duverger ha perfilado ese concepto: «Los partidos tienen por objetivo directo apoderarse del poder o participar en su ejercicio». Y se ha establecido una diferencia esencial entre ellos y los grupos de presión «que buscan ejercer influencia sobre los que detentan el Poder, presionar sobre ellos».⁵ Desde el momento en que un grupo de personas se asocia con arreglo a unas ideas comunes sobre lo político, con la pretensión de ejercer más tarde o más temprano el Poder, con unas normas internas de funcionamiento y una serie de actos encaminados a sus fines, hay ya un partido político. Ahora bien, el Poder instituido puede reconocerle o negarle la legalidad; ilegalidad no ha implicado nunca inexistencia, ni tampoco ilegitimidad, ni supone necesariamente clandestinidad. Son todos ellos conceptos que la ciencia política se encarga de distinguir netamente.⁶

Pero volvamos a nuestras Asociaciones. Fracasado el partido único, imposible el auténtico pluralismo, se intenta la «tercera vía» que, como toda tercera vía, no es sino el cambio de etiqueta puesta a una de las dos fundamentales en pugna. Lo dijo en el Consejo Nacional el Sr. Martínez Esteruelas: «Queríamos una vía media. Ni el partido único ni el pluripartidismo. La vía media la queremos aquí y ahora, y ésta es el asociacionismo. Las asociaciones, con su sola presencia, son la negación del partido único. Y con sus cautelas, son la negación del partidismo».

Se le podría argumentar que hay un cambio esencial, cualitativo, entre lo que él llama asociación, y los partidos; la vía media no puede establecerse cuando su nivel ya no es el mismo del de las dos soluciones de que pretende ser resultante. No es preciso; el mismo Sr. Martínez Esteruelas precisó su pensamiento al proponer un texto -citado más arriba- en que se prohíbe toda referencia «a una ideología contraria a los Principios Fundamentales del Movimiento o de carácter partidista».

Contra el fantasma del partido político se batió en las sesiones del Consejo el Sr. Fernández Cuesta; el Sr. Muñoz Calero «expresó su temor de que el régimen asociativo degenerase en un régimen de partidos»; el Sr. Martín Villa se preocupó de decir «la exclusión de los partidos políticos no es un suelo; es un techo, mientras se quiera permanecer dentro del régimen». (Se podría preguntar a esos señores: ¿qué es ahora Falange?, ¿qué es la Comunión Tradicionalista?; pero eso es otra historia y, además, no valdría la pena.) Quedó, pues, bien claro que la Asociación no puede tener la función de un partido político; pero mientras muchos consejeros piensan que puede ser un sustitutivo, otros, tal vez más sinceros para consigo mismos, estiman que lo importante es imponer a través de ellas la ideología del Movimiento; en suma, se puede hablar, criticar, proponer e incluso llamar a votar -las pocas veces que se vota- no partiendo de cero, sino de un «techo»; y el que no quiera cobijarse bajo este techo, resulta excluido legalmente de la comunidad nacional o, al menos, de expresarse en ella y sobre ella.

En fin, no faltan quienes como el Sr. Ballarín (notario y consejero nacional, que patrocina ya un proyecto de «Asociación Democracia Social») pretenden que «se trata de canalizar, no de contener» (como si la canalización no exigiese contención). Pero ¿qué hace el Sr. Ballarín y los señores que con él crean esa Asociación? Pues un programa en 17 puntos, en el que coexisten las expresiones equívocas, los posibilismos y la casuística del momento, todo mezclado. El Sr. Ballarín dijo cuando se discutía el proyecto: «Hemos de evitar la formación de una España paralela. Que frente a asociaciones reconocidas, no existan otras fuera del campo de juego». Pero empieza creando una Asociación con el apellido democrático de cuyo programa está ausente lo que parecería elemental: el principio de elección democrática de todos los cargos políticos, del origen democrático del Poder y de la legitimidad. Si se escamotea todo eso y uno se presenta al público con el título de demócrata, se está cometiendo, consciente o inconscientemente, un fraude político-intelectual. Y, en esas condiciones, ¿cómo pretende el Sr. Ballarín que no exista «otra España paralela»? ¿Qué recurso les queda a los españoles que piensan en demócrata, a los que optan por el republicanismo, o por el socialismo, o por la estructura federal o por un sindicalismo que no sea la colaboración con los patronos? ¿Suicidarse? Se suicidan los hombres, pero no se suicidan los grupos, las clases, las agrupaciones que responden a una necesidad histórica. Eso no se ha visto nunca.

Cuando el Sr. Ballarín dice que «las asociaciones no tendrán poder, pero sí influencia» ( diarios de Madrid de 6 de agosto de 1969) está dando involuntariamente la medida de hasta dónde se ha desnaturalizado el ejercicio del poder; cuando éste no emana de la voluntad nacional se considera normal lo que en un régimen democrático es adulteración, el juego de influencias. Claro que el Sr. Ballarín añade que las asociaciones podrían llegar a formar grupos parlamentarios y tener poder legislativo. «Pero el salto final continúa, el llegar al Gobierno es una cuestión de hecho no constitucional».

No sabemos si hay error de imprenta o si el Sr. Ballarín ha querido decir que acceder al Gobierno en España es una cuestión de hecho. Desde luego sería exagerada la afirmación, puesto que hay nada menos que la Ley Orgánica del Estado y la Ley de Sucesión, que regulan la materia. Pero si el Sr. Ballarín ha querido decir que por vía de asociación política los españoles no pueden llegar al Poder -que se ejerce por una èlite de hecho cooptada- no le falta razón. Como al suponer que «poder legislativo», en la estructura política de España, no equivale a Poder político institucional.

El problema del asociacionismo político, como el de las «varias Españas», están enmarcados en el más vasto de la legitimidad. Sabemos que éste es muy traído y llevado tras la instauración de un Príncipe llamado a subir al trono a base de una «legitimidad del Movimiento y del 18 de julio»; como es tema de singular envergadura no nos permitiremos tratarlo ahora con la ligereza de lo que se enfoca como anejo a otro asunto. Pero es algo que debe preocupar a todos los españoles y que merece un enfoque en la perspectiva rigorosa de la ciencia política, ausente con demasiada frecuencia de los recursos empíricos arbitrados por el legislador. Baste ahora con señalar los nexos -lógicos, al fin y al cabo- que existen entre la concepción restrictiva del asociacionismo político que ha prevalecido y la postulación de una legitimidad cuyo origen es de escisión nacional.

Mucho tememos que la «política del avestruz» -pues no es otra cosa el obstinarse en negar, desde el baluarte de unos principios, la realidad sociopolítica de un país- de grupos de poder cuya naturaleza oligárquica es incontestable, acarrea la larga penosas sacudidas que España merece le sean evitadas. Hagamos, por lo menos, un esfuerzo de clarificación coadyuvando a desbaratar las mistificaciones en cadena que crean el clima de bruma política e intelectual en que los medios oligárquicos pueden perseguir sus fines con mayor impunidad.

MANUEL TUÑÓN DE LARA

Hace tiempo tenía intención de leer esta obra, patrocinada por el Ministerio de Información y Turismo y de cuya parcialidad en no pocos aspectos y hasta de la poco disimulada animadversión contra una persona de verdadera alcurnia intelectual y democrática se me había hablado. Por fin, aprovechando algún descanso de mis tareas como profesor, me dediqué a la lectura del libro, con ánimo de hacer acerca de él comentarios sinceros y objetivos.

Para un bibliófilo superficial resulta bastante recomendable, pues tiene un impecable formato, mejor tipografía en un papel bien satinado, y está ilustrado con 485 fotografías, más siete láminas a todo color.

Ahora bien, nada más comenzar su lectura se recuerdan aquellas crónicas de sociedad que tan a menudo publicaba Blanco y Negro: evidentemente la señora condesa añora hondamente la monarquía española, tan huera y ostentosa.

Por lo que a mí atañe -dicho sea como una vivencia personal, que también los demás, señora condesa, tenemos experiencias- me reproducen seis meses, no más pero de impronta para mí, en que estuve de preceptor con los hijos de los condes de Sierravella, por 1925, y celebré en la capilla de Nuestra Señora de Lourdes, en la calle de Fortuny. ¡Qué estupendo libro de picaresca de la llamada alta sociedad, tan pseudorreligiosa, cabría componer tan sólo con el anecdotario que de seis meses conservo! Me parece estar oyendo de labios de mi progenitor, médico madrileño: «la única aristocracia auténtica, hijo mío, es la del talento y la de la virtud».

El contrapunto tuve ocasión de apreciarlo, para mi completa formación, cuando traté a los mejores discípulos de D. Francisco Giner, y durante los doce años en que expliqué Literatura Española, Gramática y Filosofía, y cuidé de la revista El Huerfanito en el inolvidable Colegio de Huérfanos de Médicos, donde tanto bueno pude aprender del doctor Cortezo -D. Carlos-, alma de aquella institución, y sus colaboradores, D. Santiago Ramón y Cajal, el doctor Pulido, Marañón, etc.

Entrando de lleno ya en el tema del libro que es, según su propia autora, La mujer española (Cien años de su historia), en su primera parte, y consta de tres, comienza por asentar que era creencia dominante en el siglo XIX aceptar la falta de capacidad orgánica y funcional de la mujer para enfrentarse con los grandes problemas mentales.

Después se solaza remembrando la corte de Isabel II, los éxitos de la condesa de Montijo, la esplendidez de la de Alba, de los duques de Fernán Núñez, etc., etc.; habla de la institución matrimonial en aquel entonces, hasta de la prostitución, para pasar a exhumar luego recuerdos y obras de las seis mujeres, literatas más excelsas de aquella centuria.

Tras reconocer que fue un verdadero prodigio que, con analfabetismo tan extendido entre las mujeres, se editaran no pocas revistas femeninas, dedica un apartado a cada una de estas seis escritoras: Fernán Caballero, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Concepción Arenal, Carolina Coronado, Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán. De Concepción Arenal y de la Pardo Bazán volverá a tratar, con diferentes motivos, en la segunda parte del libro.

Dicho sea imparcialmente, los seis capítulos consagrados a esas eminentes literatas se leen con cierta fruición, derivada quizás de la misma proyección de sus ingentes figuras. Por cierto que sobre Doña Concepción Arenal dice la autora del libro que estamos comentando: «mantenía una actitud admirable, muy poco española: se situaba siempre por encima de los sectarismos».

Y a cuenta de tal virtud de aquella escritora, inquiero yo de esta condesa: ¿por qué usted no ha sabido imitar tan sensata conducta?, ya que, cuando habla en la segunda parte de su libro de la labor llevada a cabo por doña Victoria Kent, desde la Dirección General de Prisiones, deja caer unas palabras que trascienden a infamia, y no suavizo el término. Comenta así la condesa de Campo Alange:

«A causa de esta disposición -la de autorizar la cohabitación matrimonial en las celdas-, humanitaria en principio, se acusa a la Directora General de Prisiones, más o menos fundadamente, de haber convertido las cárceles en prostíbulos».

Con la autoridad que me da mi pasado debo afirmar que la Dirección General de Prisiones no dictó nunca una disposición permitiendo la cohabitación matrimonial en las celdas -práctica autorizada en muchas prisiones del extranjero. Debe revisar la señora condesa las disposiciones oficiales del Ministerio de Justicia, durante el desempeño de la Dirección General de Prisiones por doña Victoria Kent y después, donde encontrará todos los decretos del Ministerio de Justicia, y la reto a que encuentre y publique ese decreto inventado por malquerencia a una figura femenina que honró y honra a España; de no ser una malquerencia la que le dictara esos párrafos, es su ignorancia y superficialidad en un asunto de tanta importancia.

La Directora General concedió permisos de salida bajo palabra, teniendo como antecedentes la conducta del penado y el caso familiar aducido para solicitar ese permiso de salida por unos días. Los autorizados a esas salidas se presentaron en el establecimiento penitenciario como hombres honrados en la fecha marcada, sin que fallara un caso. ¿Por qué no se molesta en leer, la señora condesa, el libro de Carlos Morla, En España con Federico García Lorca, cuyo autor era embajador de Chile a la sazón?

Además queremos ayudar a la autora del libro en sus investigaciones y le indicamos que aún existen españoles que pertenecieron en aquella ocasión al Cuerpo de Prisiones, que pueden dar fe de cuanto decimos.

Examine su conciencia, señora condesa, y si no está usted demasiado acostumbrada a epiqueyas laxas, confiese que, sabiendo usted de sobra que tal versión es injusta y malévola, la refuta abiertamente. Y mire usted por dónde, ahora, al cabo de los años, se alaba como acertada y sabia una medida igual en Suecia y otras naciones verdaderamente cultas. Con razón admirábamos nosotros, los republicanos, a doña Victoria Kent, capaz de prestigiar por su cultura y ética profesional no ya a un partido, sino a una Institución y a un País entero.

Al final de la primera parte, tras destacar a las mujeres que se destacaron en el teatro, lo mismo a las de alto coturno que a las tonadilleras y de género chico, y decir lo que le parece de las Órdenes Religiosas y las obras sociales, en que de una manera u otra intervino la mujer, hace mención de la creación de la Escuela Normal de Maestras el 24 de febrero de 1858, y de la Escuela de Institutrices, un poco después, por D. Fernando de Castro, en la cual dieron interesantes conferencias hombres próceres como Canalejas, Moret, Echegaray, Labra y Pi y Margall, para terminar reconociendo: «La exquisita moralidad krausista que movía el tinglado acertó a preparar a la mujer una salida honrosa».

Si cosas tan fundamentales como esa anterior confiesa usted, señora condesa, ¿por qué le ciega tanto su convicción monárquica, que olvida lo mucho que hizo la República en pro del Magisterio, tanto masculino como femenino, y de la enseñanza en general, cuando desarrolla usted su segunda parte «Por las rutas de la historia»?

No margina usted la obra pedagógica de María de Maeztu en la Residencia de Estudiantes femeninos, pareja de la masculina, y al referirse al Lyceum Club manifiesta que si las presidencias de honor eran de la Reina Victoria y la duquesa de Alba, las efectivas, en plan de vicepresidentas, pertenecieron a Victoria Kent e Isabel Oyarzábal de Palencia, y de secretaria Zenobia Camprubí. Nos vemos obligados, una vez más, a rectificar afirmaciones superficiales de la condesa de Campo Alange diciéndole: ni la Reina Victoria, ni la duquesa de Alba figuraron nunca como presidentas de honor en el Lyceum Club.

No obstante, al especificar los trabajos llevados a cabo por las varias mujeres diputados en las tres legislaturas republicanas, vuelve a zaherir a doña Victoria Kent, tildándola de «arbitraria» al oponerse al voto femenino, al solicitar más bien que se demorase, habida cuenta de la falta de preparación política de la mujer. Renunciando a un ideal, pidió el aplazamiento del voto femenino razonando su posición; D. Manuel Azaña convino en ello. En ese discurso dijo Victoria Kent: «La mujer necesita convivir con los nuevos ideales para amarlos y defenderlos», y terminó con estas palabras: «Hoy es peligroso conceder el voto a la mujer». Tiempos posteriores hicieron evidente las razones aducidas por la gran patriota republicana.

De modo, condesa de Campo Alange, que lo menos que podía haber hecho usted era, ya que había sido, una vez más, descortés e injusta con una mujer republicana de esa categoría, subrayar la dadivosidad de aquel Régimen que, a ciencia y conciencia de que depositaba armas contra él, concedió el voto a la mujer; y, por añadidura, protegió la salida de las monjas en clausura para que depositaran tranquilamente su papeleta..., probablemente contra la República.

Esos nobles reconocimientos no caben, señoras y señores de enfrente, en vuestra idiosincrasia, cual jamás se les ha pasado a los dichosos falangistas recordar que la República les resguardó de cualquier acometividad popular, justificadísima, después de todo, al lanzar su pregón de guerra en el Teatro de la Comedia.

Sin embargo, pasando ya a la última parte del libro comentado, pues estamos abusando de las posibilidades espaciales de Ibérica, en lo que califica la condesa de «Un vistazo a la historia», desde el triunfo franquista, olvidando la fuerza natural e irreversible del progreso de la Humanidad, y sin pensar siquiera en trazados anteriores, ni en los trabajos difíciles, inclusive de presos políticos, forzados por las duras circunstancias, achaca la poca labor fructífera realizada en España al talento y patriotismo de Franco, como las manifestaciones folklóricas, de asistencia social, etc., etc., a la Sección Femenina de la FET y de las JONS, esa feria de vanidades, ese vivero de enchufistas.

Menos mal, señores de cualquier sector, dentro y fuera de España, que nuestra actual juventud, en un porcentaje muy numeroso, horros los jóvenes de ñoñeces, prejuicios e hipocresías, tanto entre los varones como entre las hembras, trabajan de día y se capacitan asistiendo a centros culturales y academias desde el caer de la tarde a parte de la noche. Cuánto valen y cuánto prometen esos excelentes muchachos lo venimos comprobando hace años quienes nos dedicamos a la enseñanza particular.

¡Loor, bendición y aliciente para esos jóvenes de quienes depende nuestro porvenir!

ANTONIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

En pleno verano, como por sorpresa, y ante la mayor indiferencia popular posible, se ha montado la decimonónica ceremonia de inventar la monarquía del Movimiento, poner en marcha el mecanismo del príncipe doméstico y reforzar de alguna manera la acentuada decadencia y visible decrepitud de un grotesco Franco que parece hacerse en público su propia caricatura.

La representación ha resultado mediocre nada más, pero del gusto de un poder que, salvo al perseguir y hacer fortuna, también lo es siempre. Aplausos preparados, pompa trasnochada, Franco dando traspiés ante las cámaras, llorón y tembloroso, y un país que alza los hombros indiferente a todo porque nada ha sido consultado.

Una vez más, para nosotros nada ha cambiado. Para nadie ha cambiado nada, pero menos aún aquí, donde la farsa antigua y la violencia de siempre, la corrupción de funcionarios, la brutalidad del poder, la persecución y las más agudas formas del franquismo clásico, han continuado desarrollando la obra de verdad y no la opereta real del verano madrileño. Una hoja clandestina recordaba: «¿Qué puede esperar nuestro pueblo de este engendro que es la Monarquía Fascista, cuyo adjetivo indica a las claras cuáles serán sus métodos para responder a las aspiraciones democráticas y nacionales de Euskadi?». «No olvidemos que fue preciso el advenimiento de la República para que el pueblo vasco traspasara por primera vez el umbral que habrá de conducirnos hacia las libertades democráticas y nacionales, hacia el derecho irrenunciable de nuestro pueblo a la autodeterminación».

Lo permanente

La representación auténtica sigue desarrollándose en el mismo escenario, y con los mismos actores. Las cosas no han cambiado. Continúa la monotonía represiva, aunque cada día se suman más voces de fuera de casa a la protesta. Los sacerdotes catalanes en huelga del hambre por solidaridad con los sacerdotes vascos condenados habían dicho: «Al igual que la huelga del hambre de los sacerdotes vascos y haciendo nuestras sus mismas palabras, nuestro gesto quiere ser una condena rotunda de esta situación de injusticia establecida». «Nos ha movido a tomar esta decisión el deseo de manifestar palpablemente nuestra solidaridad con los sufrimientos del pueblo y de la iglesia vascos».

Después, desde Cuadernos para el diálogo se recordaría a toda España en un editorial titulado «Dolor en el País Vasco», que «desde hace algún tiempo se está extendiendo por el País Vasco un clima de tensión y enfrentamiento que se refleja con alguna frecuencia en incidentes dolorosos». «El inmovilismo, pese a cubrirse de respetabilidad, puede llegar a ser también una forma de violencia -la violencia blanca, como ha dicho Mons. Herder Cámara-, sobre todo si se apoya en la injusticia social». Y en una revista de Bilbao, Vasconia Expres, se escribía, provocando un inicio de expediente y la inmediata expulsión de sus páginas del autor del artículo: «Si un pueblo es golpeado, la respuesta a esa violencia no podrá ser más que violenta en muchas ocasiones. Si los derechos de un pueblo, de un pueblo cualquiera, son negados, y ese pueblo los proclama airadamente ¿dónde estará la violencia?» «¿Será ser pacifista, o ser pacífico, aceptar la opresión que desnaturaliza a una persona, a un grupo, a una comunidad o a un pueblo?».

Desde el interior de las cárceles ha salido un documento firmado por unos sesenta presos políticos en el que se afirma igualmente: «Ahora, intensificando una ostentosa farsa política, un escandaloso Consejo de Guerra en el que es de temer se impongan varias penas de muerte y que se prepara en medio de un clima de torturas, de terror y de violencias ilimitadas. La indefensión de los procesados es total y no se les permite ninguna clase de asistencia por letrado. Se les aísla e incomunica durante largos períodos para que las huellas de la tortura desaparezcan. Las condiciones en que se incoa ese proceso constituyen un insulto sin nombre a la dignidad y los derechos humanos».

Después, los consejos de guerra. A un estudiante, Andoni Pérez Ayala, siete años. Al franciscano P. Felipe Izaguirre, para quien se pedían veinte años, una condena «benévola» de diez. Al capuchino P. Pablo Muñoz, seis años. Mientras estos sacerdotes eran juzgados en Burgos por «rebelión militar», varios frailes capuchinos se sentaban en medio de una calle de esa ciudad paralizando la circulación, siendo dispersados mediante violentas cargas de la policía armada, que hizo presenciar a la clerical ciudad castellana el espectáculo de los hábitos pardos golpeados o derribados al suelo por el orden y la paz de la mismísima Cruzada.

Pero sobre la gravedad de estos sucesos y esas condenas, sobre la detención del también sacerdote Carmelo Zamalloa, se impone la preocupación de un rumor cada día más extendido y hoy prácticamente confirmado, la petición de penas de muerte en los consejos de guerra que se avecinan.

Ante la pena de muerte

Porque todavía no se han iniciado las grandes causas, que se suponen para el mes de septiembre, y cuyas peticiones fiscales van a ser dramáticamente agravadas. Para lo cual todo pretexto va a ser utilizado.

La situación en el País Vasco no va a aliviarse, para el régimen, en los próximos meses. Además de los habituales enfrentamientos, de algún atraco por sorpresa o ciertos tiroteos con la guardia civil en la carretera de Bilbao a San Sebastián, todavía sin aclarar, se ha añadido un nuevo elemento de preocupación para las autoridades. Un elemento nuevo aunque previsible: los carlistas.

Rumores de muy buena fuente, aunque, como es lógico, sin posible confirmación documental, aseguran que nunca, salvo en los momentos inmediatamente anteriores a la guerra civil del 36, habían entrado clandestinamente en Navarra tantas armas. Es noticia muy extendida entre los contrabandistas de la zona pirenaica que hacia los pueblos navarros han entrado en los últimos meses abundantes alijos de armas y municiones procedentes de Bélgica, aunque no se sabe si ese país hace únicamente de estación intermediaria o las armas son compradas directamente allí.

De todas formas el documento que, firmado por el Príncipe Javier de Borbón Parma, padre de Carlos Hugo y jefe de la rama carlista, expulsado con toda su familia del territorio español hace unos meses, ha circulado profusamente por el País Vasco, del que no puede olvidarse que Navarra forma parte importante, es un texto de meridiana claridad. «Franco -se dice en él- pretende asegurar la continuidad del régimen, pero no la continuidad de la paz». Y su advertencia de que si lo que se pretende es prolongar un totalitarismo fascista bajo apariencia monárquica, los carlistas tienen la obligación de luchar en favor de las grandes libertades regionales, sindicales y políticas; añadiendo que si las cosas llegaran a una situación de máxima tensión «no quedaría más que una solución: recurrir a la fuerza». En una reciente manifestación decía una pancarta carlista: «Contra ETA fueros, no fuerza», anunciándose que estaban los GAC -grupos de acción carlista- dispuestos a adoptar los mismos procedimientos que esa organización perseguida.

En ese clima ¿cuál puede ser el resultado de los próximos consejos de guerra? Los datos previos no dejan lugar a dudas. El 20 de agosto ha tenido lugar el juicio militar contra un sacerdote, Luis M.ª Bereciartúa, coadjutor de Berriz. Detenido y habiéndosele encontrado en su coche como un centenar de hojas de propaganda, según la policía, propaganda que en todo caso no había repartido, el fiscal militar pedía para él doce años de prisión. Las peticiones son inconcebibles. Lo que en todo caso supondrían seis meses o un año en el mismísimo Tribunal de Orden Público, se plantea ahora en esas cifras meramente represivas, sin ninguna relación con la justicia. La condena ha sido igualmente dura: ocho años de prisión. Los textos del consejo de guerra dicen cosas como ésta: que el escrito que llevaba en el coche era «falso en las noticias que ofrece, calumnioso en las imputaciones que realiza y dirigido a lesionar el honor de los funcionarios del orden, separatista en su dialéctica y en los pronunciamientos que formula; clasista y racista en las comparaciones que señala». Todo lo cual es, para la justicia española, constitutivo de un delito consumado de rebelión militar.

Es el delirio y estamos en el delirio. Por actividades vagamente explicadas a la opinión pública, como «desobediencia a la fuerza armada», esperan otro próximo consejo de guerra seis militantes vascos de entre veinte y veintiún años, para quienes la petición fiscal mínima es de doce años de prisión y la máxima de cuarenta y tres. Rebasa hasta la capacidad de asombro. Todo es tan desmesurado, legalmente tan absurdo, tan inhumano, que decir que es injusto no parece ya decir gran cosa.

Y ese es el clima. Esa es la tónica. Esa es la venganza preparada. Porque los que pasarán después ante los tribunales militares han sido cogidos con armas, se les achaca actividad terrorista e incluso tratarán de encontrar entre ellos, como sea, al ejecutor de Manzanas, aunque pueda constarles que no sea aquel al que responsabilicen de tal muerte. Entonces la pena máxima se presenta como inevitable. Será preciso alertar al mundo de que si una campaña internacional no lo evita, alguno o varios militantes vascos, muy jóvenes todos, pueden ser ejecutados para castigar como ejemplo, represión o venganza, pero nunca en justicia. Falta el consejo de guerra contra Francisco Javier Izco, condenado ya previamente a muchos años de prisión por el asalto a la cárcel de Pamplona. Falta el consejo contra Mario Onaindía, acusado de ser el jefe del Errialde de Álava. Falta el consejo de los detenidos y tiroteados en Mogrovejo, a los que se acusa de resistencia armada frente a la guardia civil. Tras de la farsa del trono ¿la tragedia de las ejecuciones? Todavía está por decir cuál va a ser el verdadero escenario del año: el trono o el paredón.

J. OÑATE

NUESTROS NUEVOS CONSEJEROS

Nos es grato poner en conocimiento de nuestros suscriptores y lectores que el Consejo de nuestra revista queda ampliado con la incorporación de las siguientes personalidades:

WILLIAM EBENSTEIN, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de California (Santa Bárbara). Es autor de varios estudios sobre España, entre ellos la monografía Church and State in Franco Spain, bajo los auspicios del Centro Internacional de la Universidad de Princeton. Ha realizado frecuentes viajes de estudio a España.

MANUEL TUÑÓN DE LARA, español doctorado en la Universidad de Madrid, en la actualidad profesor de Literatura Española en la Universidad de Pau. Entre los numerosísimos libros que tiene publicados sobre temas españoles, figuran: La España del siglo XIX y La España del siglo XX.

ARTHUR P. WHITAKER, profesor de Historia en la Universidad de Pennsylvania, actualmente de la de Illinois. Ha seguido con viva atención la vida política y social de España en sus frecuentes viajes al país. Fue agregado al Departamento de Estado en Washington durante varios años. Entre sus obras se destaca: Spain and Defense of the West, publicada por el Council on Foreign Relations.

Al darles la bienvenida les agradecemos su interés en nuestra labor.

Treinta años al desnudo

¿Iría? ¿No iría? El Príncipe de España, como ahora llaman a don Juan Carlos de Borbón, se había despedido del Jefe del Estado, tras unos días pasados en el Pazo de Meirás, con un «hasta pronto». Porque el Príncipe iba a hacer sus primeras armas gubernamentales asistiendo al Consejo de Ministros del día 14 en la residencia estival del Caudillo. En efecto, su esposa e hijos tomaron el avión para Roma y él se quedó en la Zarzuela, retenido sin duda por «los deberes del cargo». Pero el día 14 llegó, los ministros se reunieron en el Pazo y don Juan Carlos se quedó en la Zarzuela. Una semana después ha salido para su proyectado viaje a Palma de Mallorca, donde se entrenará para los campeonatos mundiales de vela, práctica que si bien no es gubernamental, siempre vino bien a monarcas y príncipes.

Las razones de esa ausencia están claras. No fue aquel consejo el que se había previsto, con discusión de ley sindical, de ley de educación y otros temas espectaculares (¿se hablará de ellos el 12 de septiembre, en la reunión d el Gobierno en San Sebastián?), sino el Consejo de Ministros del escándalo MATESA (Maquinaria Textil del Norte de España S.A.), porque el escándalo no sólo había estallado (de hecho estalló en julio) sino que había desbordado hasta la plaza pública. Y era mucho más difícil limitarlo, como en el caso del desfalco de Correa Veglison; esto era un escándalo con implicaciones.

MATESA se creó en 1956 y se consagró esencialmente a la exportación de maquinaria textil; pero no exportaba directamente a compradores extranjeros, sino a una serie de filiales suyas establecidas en el extranjero, las cuales debían realizar la venta.

MATESA creció, prosperó, sobre todo en los últimos siete años. Recibió créditos fabulosos del Banco de Crédito Industrial (del Estado, como es sabido); unos 10.000 (diez mil) millones de pesetas en números redondos, con la particularidad de que el capital de MATESA es de 600 millones. Otras cifras han sido reveladas; por ejemplo, durante el año 1968 el Banco de Crédito Industrial concedió un total de créditos por la suma de 13.504 millones de pesetas a un total de 456 empresas. Pues bien, de esa suma MATESA se llevó más de 5.000 millones de créditos, además de obtener 14% de desgravación fiscal sobre las exportaciones que declaraba (y que, en verdad, eran inexistentes). El asunto, si sólo hubiera sido así, era más que sospechoso en cuanto a favoritismo y a lesionar los intereses de las demás empresas. Pero eso es fruta corriente; lo grave fue que las tales exportaciones no existían más que en los libros -falseados- de contabilidad. La mayoría de las máquinas teóricamente vendidas seguían, y siguen, en los almacenes de las filiales de MATESA. Los miles de millones tomados a crédito parece que iban a parar a inversiones en países extranjeros, cuentas corrientes en Suiza y compra de acciones extranjeras, especulaciones, etc.

A la cabeza de MATESA se encontraban los hermanos Vilá Reyes, personalidades del «todo Barcelona»; Juan Vilá Reyes era presidente del club de fútbol «Español F.C.» (señalado tradicionalmente como «anticatalanista»); también estaban los Srs. Salvat Dalmau, Vilá Calvo, Trius Pascual y Banquels Coll (todos los cuales están hoy en la cárcel, aunque se ha tardado mucho para ello). El «pastel» fue descubierto en la junta de accionistas del mes de julio, obligando a dimitir al consejo de administración y nombrándose una comisión gestora, que «tiró del ovillo». Fracasaron todos los intentos de conspiración silenciosa; hubo que admitir que la prensa hablase de ello, tanto más cuanto que falangistas por un lado y «tecnócratas» (llamados amigos del Opus Dei con razón o sin ella) del otro, se empezaron a echar las culpas recíprocamente. A pesar de lo poco movido de esta época veraniega, en muchos medios se empezó a reclamar información sobre el asunto. El Gobierno discutió mucho sobre él, más de lo que se reflejó en las declaraciones oficiosas al terminar la reunión. Pero nadie ignora que el Gobierno carece en absoluto de coherencia y que en un asunto semejante no podía sino llegar a una solución de compromiso: detención de los directivos de MATESA, destitución del director general del Banco de Crédito Industrial (Sr. Merino Guinea), «estricta inspección en los servicios de dicha entidad», paso del tanto de culpa al juzgado Especial de Delitos Monetarios y, en general, a los Tribunales de Justicia.

Naturalmente, eso es lo que podríamos llamar el aspecto «técnico». Pero el «affaire MATESA» es mucho más grave y aún no es posible decir cuáles serán todas sus consecuencias.

Por un lado, la prensa vinculada a ciertos medios financieros y de empresa, se lanza al ataque contra «las responsabilidades de los funcionarios de la Administración» y aprovecha para criticar toda nacionalización de institutos bancarios (El correo catalán, La Vanguardia, El Noticiero de Zaragoza). Por otro lado, los falangistas, que temen pagar los vidrios rotos de la próxima reorganización gubernamental, estiman que la ocasión es magnífica para arremeter contra «los ministros económicos, los grupos del Opus», etc. (Arriba, Pueblo, Solidaridad Nacional de Barcelona) y claro, el hombre de la calle piensa que, en este echarse en cara porquerías y sacar trapitos sucios, nadie tiene un ápice de dignidad.

La gravedad del «affaire»

El asunto pudiera tener aún más feas complicaciones. Ahora se descubre que el Banco de Crédito Industrial tenía garantizadas y respaldadas todas sus operaciones por la Compañía Española de Seguros de Crédito y Caución. Teóricamente esa es la empresa que debe estudiar «la solvencia del que recibe el crédito», pero, aparte de que la solvencia es una cosa y la utilización de la mayoría de fondos para satisfacer a una sola empresa es otra, resulta que la citada entidad aseguradora también tiene participación oficial mayoritaria. (Esta compañía está controlada por la Dirección General del Tesoro, la Subdirección General de Seguros y el Banco Exterior de España.) Y si fuese verdad lo que dice Arriba, de que ya en 1966 personalidades oficiales (¿cuáles?) habían presionado a bancos privados -sin éxito- para que dieran préstamos a MATESA, la cuestión se enreda más y más. Puede añadirse también que la casa Salvat edita los libros RTV, colección de gran éxito patrocinada y controlada por el Ministerio de Información. Claro que la empresa Salvat se ha apresurado a decir que no tiene nada que ver en el lío. «Lío» y «gordo»; el economista Sr. Funes Robert de matiz falangista, que ha publicado un sensacional artículo acusando al Estado de favorecer exclusivamente a los exportadores en detrimento del interés nacional, dice que «no se conocía en España un escándalo financiero igual desde el lejano año 1934». Se equivoca de fecha el Sr. Funes, pues se refiere al «straperlo», escándalo que se produjo en el segundo semestre de 1935. Lo de la fecha no tiene importancia; lo que sí la tiene es que el «straperlo» era una marrullería de niños, de relojes de oro y pequeños cohechos, al lado de todo esto. Así y todo deshizo un partido (el radical) y fue determinante para acabar con una situación, la del segundo bienio republicano. ¡Cuántos escándalos han sido silenciados desde entonces!

Otro detalle: todavía hace muy poco MATESA había sido incluida entre las 23 empresas que se iban a repartir cien millones por año asignados por el II Plan de desarrollo a título de «ayuda a la investigación en la industria privada». Madrid dice que con los 5.000 millones que recibió MATESA en 1968 debían haberse fabricado 10.000 telares Iwer destinados a la exportación. ¿Dónde están esos telares? Nadie lo sabe. Los trabajadores de MATESA y de Agar (empresa filial) no están dispuestos a callarse, y se habla de que van a presentarse en delegación ante el Consejo de Ministros del día 12 en San Sebastián. Tal como se están poniendo las cosas, esa reunión del Gobierno estará igualmente dominada por el «affaire». El Consejo de Trabajadores de Navarra pide que se constituya un Tribunal de Urgencia para entender en el asunto; que en el Banco de Crédito Industrial la cosa no se quede en unas cuantas dimisiones, sino que se exijan responsabilidades; se pregunta también el citado organismo, cómo los agregados comerciales en las distintas Embajadas no sabían nada ni informaban de las ventas de MATESA.

La indignación popular es grande, puesto que se estima que cada español resulta estafado en 300 pesetas. Y un diario, Informaciones, señalaba que los créditos obtenidos por MATESA son tan importantes como todas las inversiones del ministerio de Agricultura en 1969.

Como decíamos, los falangistas quieren aprovechar demagógicamente el asunto, y la revista S.P. pide «la dimisión de los ministros económicos ... la renovación del equipo que dirige desde hace diez años la vida económica española». Periódicos de otro matiz, como El correo catalán, amenazan con «tirar de la manta» y decir lo que está pasando en la construcción naval.

Naturalmente, el Opus Dei se ha creído obligado a desmentir las afirmaciones según las cuales algunos de los implicados en el asunto son afiliados a «la Obra». El semanario Sábado Gráfico ha replicado con acritud diciendo: «Es fácil oponer un mentís cuando se trata de una asociación de iniciados cuya lista de miembros, así como sus estatutos, no han sido jamás hechos públicos, y sostener que el que ha caído en los "bajos fondos" no ha tenido nunca nada que ver con esa asociación».

El caso es que, lejos de atenuarse la emoción, cada día se habla más del «caso MATESA» y de su otra vertiente: «el caso Banco de Crédito Industrial». Dos procuradores a Cortes, han tomado cartas en el asunto el Sr. Puig Maestro-Amado pide reuniones de la Comisión Permanente de las Cortes, Comisión de Presupuestos y, si es necesario, del Pleno. Su carta al Presidente de las Cortes se inscribe en la tendencia «social», es decir, que critica el apoyo financiero del Estado a ciertos grupos mientras se retrasan retribuciones de funcionarios y se escatiman inversiones de Educación y de Agricultura. El Sr. Tarragona también dirige sus críticas a los funcionarios; pide que se reúna la Comisión Permanente y «que se lleve a fondo una investigación» ... «El poder público no debe callar. Sobre todo, cuando empiezan a hacerse conjeturas sobre la responsabilidad de funcionarios, oculta de momento bajo el secreto del sumario».

Cada día se precisa más la responsabilidad oficial, pero aún así, cada grupo gubernamental pretende zafarse y echarle la culpa al otro. Los falangistas reclaman abiertamente la dimisión de los ministros «económicos» (López Rodó, García Moneó, López Bravo, Silva) como primer paso para afianzar las posiciones del grupo Solís-Valcárcel-Fueyo, etc. Pero el mal es más hondo; es de todo el sistema, ese sistema que se caracteriza por la llamada «Ley de secretos oficiales». Ese secreto, la renuncia al hoy elemental derecho y deber de información, es la tapadera de todos los compadrazgos, las inmoralidades, los cohechos... Y esos son los que, en nombre de los Principios del Movimiento, reclaman el monopolio político en el país; esos son los que, no hace más de dos semanas, han negado existencia legal a una Liga de Mutilados e Inválidos de la Guerra de España; de quienes combatieron en las filas republicanas.

Hay todo un clima creado y eso no es una cuestión localizada: el Sr. Vilá Reyes recibe más de doscientas llamadas telefónicas al día en la cárcel de Barcelona (dicen que no le son comunicadas, pero nada es menos seguro) y ya se maneja la ayuda de un grupo financiero que dice querer comprar las acciones de MATESA, evidente maniobra para contrarrestar una eventual incorporación al I.N.I. que, según algunos, propondrían los ministros «sociales» en la próxima reunión del Gobierno en San Sebastián.

«El escándalo» y la situación general

No se puede separar el escándalo MATESA del monopolio político de unos grupos intransigentes, ni de la acrecentada represión en la que participan algunos militares, que queremos creer no representan el criterio general del Ejército. ¿Cuál es el balance de esa represión en el mes de agosto, el mes que pasará a la historia como el del «escándalo MATESA»? Condena a ocho años de prisión por un consejo de guerra del sacerdote don Luis María Bereciartúa, por haberse encontrado en su coche doscientas octavillas clandestinas; de seis años al Padre capuchino don Pablo Muñoz, por haber distribuido manifiestos del ETA; de dieciséis años y cuatro meses a Juan Ignacio Isasi, catorce a Jesús María Loroño, doce y un día a Pablo Caloca; ocho a José Enrique Otaegui, todos por propaganda del ETA e hipotéticas acusaciones de terrorismo; diez años de prisión al Rev. Padre Izaguirre, capuchino, por análogas acusaciones; y diferentes penas de seis años y menores, a los jóvenes Miguel Antonio Iturbe, José M. Mulas de la Torre y Ángel M. Iturzaeta.

En el mes de agosto se prohibieron también los funerales públicos en Barcelona de Mons. Manuel Bonet, vicedecano de la Rota romana.

Ciertamente, en ese mismo mes hemos asistido a la vigorosa denuncia de los métodos policiales de tortura por el Padre José María Díez Alegría (Jesuita, de la Universidad Pontifical Gregoriana) quien además, ha añadido: «Las opciones de los que triunfaron en la guerra civil se apoyaban fundamentalmente en el egoísmo de lo que se puede llamar "espíritu del capitalismo", mucho más que en la fe y la caridad cristianas». En Burgos, mientras se celebraba uno de los consejos de guerra, numerosos jóvenes capuchinos se sentaron en la vía pública e interrumpieron la circulación; en San Sebastián un grupo de sacerdotes y laicos hace la huelga del hambre en señal de protesta, en lugar no conocido -para evitar represiones-, pero de su acción informan sesenta sacerdotes en sus respectivas iglesias. En fin, con motivo de la próxima llegada del Jefe del Estado a San Sebastián, 3.500 personas le han dirigido por escrito la petición de que se derogue definitivamente la llamada «ley contra el bandidaje y terrorismo», que los acusados de delitos políticos sean juzgados por tribunales civiles ordinarios y que todos los condenados por consejos de guerra sean amnistiados. Desde que empezó el verano, sólo sacerdotes, ha habido diez condenados y pasan de veinte los que están encarcelados en la «prisión para curas» de Barcelona (además del Padre Gamo, que continúa detenido en un convento cercano a Madrid).

Se comprende que en semejante situación no se haya convocado al aspirante a «Rey del Movimiento» para participar en la reunión del Gobierno. Otra ocasión será más propicia.

La inmoralidad y los conflictos sociales

Y los aspectos señalados (escándalos que afectan al prestigio de los altos funcionarios del régimen, persecución de la Iglesia llamada «profética» y honda división interna del episcopado) no son sino los más salientes de una situación que tiende a degradarse por doquier. Es digno de reseñar que, a pesar de ser el mes de agosto de escasa actividad laboral, los conflictos sociales no han cesado. Algunos son importantes: p. ej. el de Hytasa, de Sevilla. La empresa sancionó a 50 obreros; tras las protestas de éstos despidió a cinco, a lo que respondieron marchándose otros treinta y cinco. También en Sevilla la empresa Hispano-Suiza debe ocho millones a sus obreros, que han protestado con plantes a partir del día 23. En Asturias, después del despido de 107 trabajadores en el mes de julio, en las minas de Tormaleo, no han cesado las huelgas; en Cataluña hay paro en Pirelli, de Cornellá, y asambleas de obreros, como consecuencia de las malas condiciones de trabajo; y otro conflicto en Sami, de Tarrasa; incluso ha habido huelgas en varios sectores de la construcción en Madrid.

El clima de inmoralidad que revelan los últimos escándalos se manifiesta en muchos otros lugares y agrava los conflictos laborales. El Sindicato del Metal (oficial) ha revelado que este año han aumentado los beneficios de las empresas, y hasta el siempre circunspecto Informe anual del Banco de España dice literalmente que «la congelación de salarios es, además, una medida técnicamente rudimentaria y políticamente excepcional», en orden a la lucha antiinflacionaria. La inflación es provocada mucho más por el descomunal aumento de gastos públicos que figura en los nuevos Presupuestos del Estado. El extraordinario aumento de precios al por mayor en el último trimestre (2,61%) hace prever su incidencia próxima sobre los precios al detalle y la consiguiente elevación del coste de la vida. No marchan mejor los servicios paraestatales; un reciente informe revela que la Renfe, que tiene 100.000 asalariados y 18.000 millones de ingresos anuales, ha aumentado su déficit en 3.000 millones y es de las empresas que peor pagan a sus empleados y obreros (durante todo el año 1968 estuvo sin aplicarse el aumento del salario mínimo de 92 a 105 pts).

¿Se puede invocar el «Estado de Derecho»?...

Si un Estado empieza por no cumplir él mismo los preceptos legales, por cobijar el chanchullo y la injusticia, ¿cómo puede pretender llamarse Estado de Derecho? El abogado don Pablo Castellano, en una «carta al director» que publica Nuevo Diario, a propósito de una serie de escándalos que han culminado en el de MATESA, dice que no es cosa de gritar más o menos, sino de contrastar si hay de verdad un Estado de Derecho, avisando del peligro de que se sustraigan las responsabilidades con el pretexto de entender en ellas el juzgado de Delitos Monetarios. El Sr. Castellano pide que actúe la jurisdicción penal ordinaria y concluye que «la máxima garantía de un Estado de Derecho es la igualdad ante la ley». No conocemos al Sr. Castellano, cuya buena voluntad parece manifiesta, pero ¿desde cuándo hay igualdad ante la ley en España? No hay igualdad para intervenir en los destinos del país, ni para votar, ni para expresar el pensamiento por cauces orales, impresos o radiodifundidos, ni para acceder a una cátedra, ni... ya lo hemos visto, ni para ser mutilado, pues, como decía el del cuento, si perdiste la pierna en una orilla del Ebro eres caballero mutilado y si la perdiste en la otra, un maldito cojo. El concepto de igualdad ante la ley es ajeno a un Estado cuya ley orgánica ignora el sufragio universal. No nos hagamos, pues, los sorprendidos. Lo que ocurre no es sino la consecuencia lógica de treinta años de pandillismo político en el Poder con el espíritu muy particular definido por el Padre Díez Alegría; el cambio de actitud para con la Iglesia (a excepción de los obispos que son políticamente «fieles») al cambiar la actitud de muchos miembros del clero en las opciones temporales, desnuda al régimen de un ropaje que le abrigó largo tiempo y desorientó a muchas gentes de buena fe.

MATESA y Consejos de Guerra son la consecuencia de una política, si así puede llamársela, seguida con obstinación. De esa política que, por añadidura, pretende dividir al país hablando de «legitimidad del 18 de julio», a sabiendas que no es la de todos los españoles. ¿Es esa la herencia que quiere recoger el Príncipe de España? Sin entrar en consideraciones éticas, en el simple plano de la eficacia política parece una opción muy discutible.

TELMO LORENZO

Madrid, 28 de agosto de 1969

(Párrafos de la crónica del mes de julio:)

Llegó lo que tenía que llegar, lo que estaba previsto, lo que se barruntaba con fuerza desde las declaraciones de don Juan Carlos de Borbón.

Desde el sábado 19 se sabía que don Juan, el padre del «elegido», no aceptaba la operación. Su comunicado a la prensa, cuya difusión fue prohibida por el Ministerio de Información, estaba redactado en realidad tras una laboriosa reunión del Consejo privado. Según don Juan, el rey tiene que serlo «de todos los españoles» y de un «Estado de Derecho», «como instrumento de política nacional al servicio del pueblo». «La sociedad -continúa el comunicado- debe poder expresarse libremente por medios normales, y la monarquía debe garantizar las libertades colectivas e individuales para que los españoles puedan disfrutar de los mismos derechos políticos que los otros ciudadanos de Europa occidental, de la que España es parte integrante». He aquí afirmaciones que constituyen el contrapié de las bases sobre las que su hijo ha sido declarado futuro rey de España, para suceder al «caudillo» cuando éste desaparezca o se retire.

La reunión de Cortes

Y llegó la reunión de Cortes, en un achicharrante 22 de julio. El histórico hemiciclo estaba lleno de procuradores, la mayoría de los cuales lucían el uniforme falangista. Fuera, unos grupos de personas, más curiosas que entusiastas. Hubo manifestaciones en Cuatro Caminos y Vallecas, barrios populares obreros de Madrid, donde centenares de jóvenes, aplaudidos por la población, desfilaron con banderas republicanas, lanzando consignas hostiles al régimen y a la monarquía impuesta por Franco.

El discurso del Jefe del Estado mostró con cuánta razón se preocupa éste de su sucesión; jamás su estado físico e intelectual había dado semejantes muestras de agotamiento y confusión; estaba flaco y pálido; los sollozos y balbuceos fueron multiplicándose a medida que leía el texto de su discurso, hasta tal punto que los responsables de la información decidieron suspender la transmisión en directo de radio-televisión, sustituyéndola por la diferida.

Al día siguiente -miércoles 23 de julio- se celebró el acto de la jura. Don Juan Carlos de Borbón pronunció las siguientes palabras cargadas de responsabilidad: «Sí, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino». A continuación, el nuevo Príncipe «heredero» pronunció su discurso, insistiendo en su reconocimiento de «la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936», desatando el entusiasmo de los procuradores que vitoreaban, no al Príncipe, sino a Franco.

Acogida de la «instauración»

Volvamos, en fin, a la inmediata actualidad. ¿Cómo ha sido acogida la «instauración»? Podemos distinguir dos sectores: uno, dentro del régimen o cercano a él; otro, la oposición democrática; y por encima de todos, el hombre de la calle.

Un puñado de fieles a la legitimidad de la dinastía no aceptan los hechos consumados, pero su influencia es escasa. Las corrientes liberales monárquicas pueden tener una importancia nada despreciable, al canalizar fuerzas conservadoras que quieren «modernizarse» y aceptar un marco liberal.

Una peripecia más

La oposición democrática considera la «instauración» como una peripecia más que no cambia la naturaleza del régimen. Los puntos de vista del partido socialista, en un reciente manifiesto, postulando el restablecimiento de libertades democráticas y la convocatoria, por un gobierno provisional, de una asamblea constituyente, la necesidad de una alianza democrática a la que se ha referido varias veces el profesor Ruiz-Jiménez, parecen ser compartidos, con estos o aquellos matices, por las restantes fuerzas de la oposición democrática. Puede que suene pronto la hora de una imprescindible concertación de todas estas fuerzas para hacer frente a las eventualidades que probablemente se presentarán.

Por su parte el Gobierno de la República Española ha publicado un comunicado en el que se dice: «El Gobierno de la República Española en el exilio no concede ninguna validez a la declaración que acaba de hacer el general Franco ante las Cortes españolas, y declara que no hay más soberano que el pueblo español, quien un día, sin duda próximo, dirá lo que piensa, y, finalmente, decidirá».

El «continuismo», monárquico o no, no representa el sentir de España y no puede solucionar nada a la larga. Si quienes dirigen el retablo de la farsa política, representada ante un pueblo que no es más que espectador, no lo han comprendido así, es porque la apetencia de poder suele cegar a quienes lo ejercen sin control.

TELMO LORENZO

Madrid, 29 de julio de 1969

España es un reino desde el 26 de julio de 1947, según lo establecido en la Ley de Sucesión a la jefatura del Estado, que más tarde fue ratificada por la de Principios del Movimiento, en 1948. España es, pues, desde la fecha señalada, una monarquía, una monarquía sui géneris, una monarquía de Franco. Las sesiones del 22 y 23 de julio último no han sido una sorpresa, porque ese reino sin rey no esperaba más que la designación de uno, uno cualquiera. La única duda que flotaba en el ambiente desde hace unos años era en cuál de los pretendientes recaería. La duda la desvaneció una carta de D. Juan Carlos de Borbón; el elegido sería él.

El 22 de julio el general Franco propuso a sus Cortes el nombramiento de D. Juan Carlos de Borbón y Borbón como sucesor, a título de Rey, en la jefatura del Estado español al producirse la vacante de la jefatura del Estado. Al día siguiente, 23, juró D. Juan Carlos de Borbón en la forma contenida expresamente en la ley. D. Juan Carlos respondió: «Sí, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del Reino».

Pero ¿cuáles son las bases legales de esa nominación? Antes de responder a la pregunta, busquemos los orígenes de la legalidad invocada por el general Franco y subrayada con énfasis en su discurso de presentación de su sucesor. La Ley constitutiva de las Cortes fue dictada por el general Franco. A partir de entonces «sus Cortes» aprobaron cuantas leyes les fueron sometidas.

Esas Cortes, esas mismas Cortes nombradas por el Jefe del Estado, designadas por él mismo, sin el consentimiento del país, sin el voto popular, sin representación nacional en suma, son las que han investido a D. Juan Carlos de Borbón con el título de Príncipe de España y sucesor, a título de Rey, del general Franco. En el discurso afirmó el Jefe del Estado: «El Reino que nosotros hemos establecido nada debe al pasado: nace de aquel acto decisivo del 18 de julio».

En verdad que el nombramiento de D. Juan Carlos no podía arrancar de la legalidad monárquica, hundida el 14 de abril de 1931. Aquí también debemos hacer historia. Las elecciones municipales del 12 de abril, al proclamar la República en toda España, el pueblo español, con su voto, acabó con el trono y con la institución monárquica misma.

El 28 de junio se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes; el 19 de noviembre, en una sesión memorable se selló el hundimiento de la legalidad monárquica con la aprobación del acta acusatoria contra D. Alfonso XIII. El conde de Romanones, tres veces Presidente del Consejo de Ministros del monarca, defendía a D. Alfonso XIII, acusado por las Cortes de alta traición. En su alocución aludió a las elecciones del 12 de abril y dijo: «Se hicieron unas elecciones, las más sinceras, las más verdaderas que ha habido en España, y la República advino de una manera incruenta».

El acta acusatoria reza así en su parte esencial: «Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España» ... «En consecuencia, el Tribunal soberano de la Nación declara solemnemente fuera de la ley a don Alfonso de Borbón y Habsburgo Lorena». «Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar legalmente ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara decaído, sin que pueda reivindicarlos ni para él ni para sus sucesores» (El subrayado es nuestro).

¿Dónde está la «legalidad» en que se apoya el general Franco para proponer a sus Cortes el nombramiento de su sucesor? ¿De dónde emana la legalidad de esas Cortes para aprobar la propuesta? El general Franco se nombró a sí mismo Jefe del Estado Español por los méritos de contar con un millón de muertos en la guerra civil, la más atroz de las guerras que ha sufrido España; sus Cortes han sido nombradas por él mismo, con el derecho que le daba esa terrible herencia.

Ni legalidad ni legitimidad respaldan el nombramiento del sucesor de Franco. Legal es lo, que emerge de las leyes que las naciones se dan en uso de su soberanía, dictadas por las instituciones que emanan del pueblo. Los actos legítimos pueden estar o no amparados por las leyes, otros están fuera de ellas, pero pueden ser legítimos. Esos dos conceptos se emplean indistintamente cuando el acto legítimo se ampara en las leyes, y se dice: «eso es legal, o eso es legítimo». Pero distingamos. Hay acciones, actos o resoluciones que se producen fuera de la ley y pueden ser legítimos, son legítimos. Como ejemplo que está en la memoria de todos, citamos el caso del general De Gaulle: el general, en 1940 se separó de la legalidad de las ordenanzas de Vichy y se puso a la cabeza de la Resistencia. Ese acto ilegal, fue legítimo, porque interpretó la voluntad de Francia de conservar su libertad y su democracia, amenazadas por la dominación nazi.

El joven D. Juan Carlos hoy -como ha dicho un eminente jurista español exilado- «no es nada ni nadie». Esa designación, tanto por el origen de las facultades que se abroga el proponente, como por los del organismo que la aprobó, no es ni legal ni legítima. España dirá la última palabra cuando llegue el momento en que se pretenda hacer efectivo ese nombramiento.

El escándalo del siglo: MATESA

MADRID, 24 agosto, Ibérica: -Dice la Gaceta Ilustrada de hoy: «¿Defraudación? ¿Estafa? ¿Contrabando de divisas? Durante un par de semanas la opinión pública nacional ha barajado cifras astronómicas: seis mil millones, luego nueve mil, y más tarde catorce y hasta dieciséis mil millones. El ya famoso "asunto Matesa", centrado en torno a la figura de don Juan Vilá Reyes, hasta hace bien poco considerado como modelo de empresarios y mimado en altas esferas por su sorprendente dinamismo exportador, se ganaba en pocos días la categoría de "escándalo del año", aunque la magnitud y alcance del caso bien merecía, por esta vez, el título de "escándalo del siglo"».

La prensa pide la dimisión de varios ministros

PARÍS, 25 agosto, Ibérica: -Le Monde de hoy publica una crónica de su corresponsal en España de la que extractamos: «Como consecuente del "caso Matesa", y por primera vez en la historia del régimen franquista, la prensa reclama la dimisión de varios ministros». «Varios periódicos falangistas, como SP, Sábado Gráfico y El correo catalán, atacan las irregularidades del asunto Matesa y piden responsabilidades». «El hecho de que la prensa falangista haya podido publicar esos artículos, donde también se ataca al Opus Dei (artículos que, sin duda alguna, fueron sometidos a la censura de Fraga Iribarne), significa que los ministros "sociales" quieren aprovecharse del escándalo Matesa para impedir que los "tecnócratas" formen un gobierno homogéneo».

El presidente y cuatro directores en la cárcel

MADRID, 24 agosto, Ibérica: -De Nuevo Diario de hoy, extractamos: «El señor Vilá Reyes permanecía, hasta ahora, retenido en su residencia de San Vicente de Montalt, a 40 kilómetros de Barcelona, convaleciendo de una operación quirúrgica, que le fuera practicada el 22 de julio pasado». «Desde dicha residencia, y en una ambulancia, el Sr. Vilá Reyes fue trasladado a la prisión de Barcelona, bajo control judicial y policial. El juzgado Especial de Delitos Monetarios es el que entiende en las responsabilidades derivadas del "affaire" Matesa».

«Además de don Juan Vilá Reyes, se encuentran detenidos en la prisión madrileña de Carabanchel su hermano Fernando, su cuñado Manuel Salvat Dalmau (estos dos también, como el primero, administradores generales de Matesa), Jorge Vilá Calvo, Antonio Trius Pascual y Luis Banquels Coll, todos ellos a disposición de dicho juzgado. Es probable que el Sr. Vilá Reyes pase también en breve a la prisión de Carabanchel».

El mismo periódico del 27 dice: «244 llamadas telefónicas recibió el Sr. Vilá Reyes en la cárcel modelo de Barcelona en una sola jornada, pero ninguna de las llamadas, se dice, fue atendida».

MADRID, 30 agosto, Ibérica: -El semanario Gaceta Ilustrada del día 24 de agosto publicó un amplio reportaje sobre el caso Matesa al que pertenece este párrafo: «Así acaba la leyenda forjada alrededor del hombre que hace tan poco, aureolado de su mejor fama, era invitado de Nixon al tradicional baile de gala de su toma de posesión». Sin duda por haber contribuido económicamente a la campaña electoral presidencial.

El abad de Montserrat denuncia torturas

PARÍS, 18 agosto, Ibérica: -De Le Monde de hoy: «Don Casiano Just, abad de Montserrat, ha denunciado el silencio de la Iglesia Católica española ante las torturas que, según él, han sido infligidas por la policía a los presos políticos vascongados. Durante una misa celebrada el domingo en la abadía benedictina de Montserrat, el R.P. Just declaró "Ese silencio es verdaderamente lamentable. Debemos indignarnos de la misma manera ante las operaciones de los tanques rusos en Praga como ante los manejos de la policía en Bilbao"».

Las condenas de Burgos

BURGOS, 23 agosto, Ibérica: -Por la Oficina de Prensa de la Capitanía General de esta VI Región Militar, ha sido facilitada hoy a los medios informativos la siguiente nota relativa a la sentencia dictada:

Huelga del hambre

PARÍS, 21 agosto, Ibérica: -De Le Monde de hoy: «Sesenta sacerdotes de la región vascongada han anunciado desde el púlpito que un grupo de sacerdotes y laicos de San Sebastián habían iniciado una huelga del hambre el pasado 9 de agosto en un lugar que no ha sido revelado para evitar la intervención policial. Los huelguistas, en carta enviada al obispo de San Sebastián, monseñor Jacinto Argaya, recuerdan que en varias ocasiones han hecho un llamamiento, sin éxito, a su conciencia y a la de toda la Iglesia española para que se ponga fin a "una situación de profunda injusticia", y esperando que su acción sensibilizará a la opinión pública de las Vascongadas, región "paralizada por el miedo", y la llevará a adoptar una actitud de "protesta activa"».

Maniobras militares en Gibraltar

LONDRES, 6 agosto, Ibérica: -Grupos de comandos de la Royal Navy van a participar en un ejercicio combinado en Gibraltar, ha indicado un portavoz del Ministerio de Defensa. Los comandos desembarcarán del navío Bulwark. Comentando la decisión de organizar este ejercicio, el Daily Express estima que se trata de una «iniciativa política en la guerra fría contra Franco, destinada a mostrar que el gobierno británico está bien decidido a mantener su presencia en el Peñón».

Aprueban la Constitución de Gibraltar

GIBRALTAR, 1 agosto, Ibérica: -El 74% de los 13 mil electores de Gibraltar aprobaron el miércoles 30 de julio la nueva Constitución promulgada el 30 de mayo pasado por el gobierno británico. Los electores han elegido, igualmente, los 15 miembros de la Asamblea que prevé dicha Constitución. La cual declara que la colonia británica no puede pasar a la soberanía de otro Estado sin el consentimiento de la población.

Periódicos de la España de 1931-1934

MADRID, 11 agosto, Ibérica: -El pasado miércoles por la tarde, en la Gran Vía de esta capital, un señor de unos 30 años ofrecía a los transeúntes ejemplares de los diarios madrileños Luz y El Sol, correspondientes a los años 1934 y 1931, respectivamente. Según manifestaba a los compradores, que se aglomeraban a comprarle ejemplares, éstos los había adquirido dentro de una partida de periódicos antiguos. El ejemplar de Luz lo vendía a diez pesetas y a cinco el de El Sol. A los pocos minutos de instalar su puesto, bajo el rótulo en francés de «Souvenirs», fue detenido por agentes de la autoridad.

Protestan tres mil personas

SAN SEBASTIÁN, 26 agosto, Ibérica: -Más de tres mil personas de esta provincia de Guipúzcoa han enviado una carta al general Franco protestando contra la represión. Los firmantes, entre los cuales figuran numerosos intelectuales, piden que los nacionalistas vascos sean, desde ahora, juzgados por tribunales civiles.

Diario SP deja de publicarse

MADRID, 30 agosto, Ibérica: -Las agencias AP y UPI, en esta capital, informan que «el diario madrileño de la mañana, Diario SP, órgano del ala liberal de la Falange, ha dejado de publicarse ayer viernes a causa de dificultades financieras. En su último editorial, su director don Rodrigo Royo critica amargamente al ministro de Hacienda y al Banco de Crédito Industrial quienes, el 26 de junio pasado, le negaron un préstamo de 51 millones de pesetas que hubiera permitido al diario sobrevivir. El señor Royo hace observar que es precisamente ese banco el que ha concedido a Matesa un crédito de diez mil millones de pesetas "por instrucciones precisas del ministerio de Hacienda"».

¿Hacia una nueva devaluación?

PARÍS, 7 agosto, Ibérica: -Le Monde de hoy publica el siguiente despacho procedente de Madrid: «Las reservas españolas de oro y divisas han disminuido durante los últimos cinco meses en 187 millones de dolores, para alcanzar a finales de junio el montante más bajo desde hace ocho años, es decir, 928'4 millones de dólares. A pesar de la devaluación de la peseta, en noviembre de 1967, el déficit de la balanza comercial ha aumentado considerablemente (diez mil millones de francos por año) y no ha podido ser compensado por las entradas de divisas del turismo ni por el dinero que envían los trabajadores españoles en el extranjero. Por otra parte, de julio de 1968 a julio de 1969, el costo de la vida ha aumentado en un 9 por ciento, estima la organización católica patronal, y se temen nuevas alzas de precios en las próximas semanas. Tal clima puede hacer necesario un plan de estabilización y, posiblemente, una nueva devaluación».

Dos sacerdotes detenidos en Barcelona

PARÍS, 11 julio, Ibérica: -Le Monde de hoy publica la siguiente información de su corresponsal en España: «El párroco de Vich, P. Luis María Xirinaches, ha sido detenido en Barcelona cuando distribuía octavillas en al vía pública pidiendo la anulación del Concordato y una toma de posición de la jerarquía frente a la situación político-social española. El sacerdote, detenido en compañía del P. Dalmau, había empezado con dos laicos una huelga del hambre hace ocho días en el parador de Santa Cecilia del monasterio de Montserrat para apoyar esas peticiones. El P. Dalmau ha declarado que tanto él como su compañero continuarán la huelga del hambre. Los dos sacerdotes firmaron hace un mes el manifiesto del movimiento de "no violencia activa", fundado en España por el escritor Gonzalo Arias, conocido por "el hombre de la pancarta"».

Declaraciones de Mario Soares

PARÍS, 3 sept., Ibérica: -Le Monde de ayer inserta unas declaraciones del líder de la oposición portuguesa, Mario Soares, de la que extractamos los párrafos siguientes: «Las elecciones en tiempos de Salazar estaban amañadas, destinadas solamente a convencer a los países occidentales que el régimen de Portugal era igual que los suyos. Hasta ahora nada permite suponer que las próximas elecciones portuguesas serán verdaderas elecciones. Las fuerzas de la oposición no tienen la libertad de organizarse, no pueden expresarse ni en la prensa ni en la radio».

A una pregunta del periodista sobre si Caetano mantendrá sus promesas de «liberalización», Soares ha respondido: «Hay que juzgarlo por sus actos. La "liberalización" del régimen tiene que pasar por tres condiciones previas: la restauración de las libertades públicas, la moralización de la vida económica -lo que supone reemplazar el sistema corporativo- y la solución del drama colonial por medio de negociaciones y respetando el derecho de los pueblos a la autodeterminación».

A otra pregunta sobre la censura, respondió: «La censura es una enfermedad congénita e incurable del régimen. El intelectual portugués debe escoger entre el silencio y el estilo sibilino».

Al referirse al Congreso republicano de Aveiro, dijo: «El Congreso ha dado un impulso nuevo a todos los sectores de la oposición. Nosotros, socialistas, hemos participado en el Congreso al lado de los representantes de todas las otras corrientes de la oposición».

(Ver nuestro número del 15 de junio.)

Incidente en una parroquia de Tarrasa

MADRID, 19 agosto, Ibérica: -De Nuevo Diario de hoy: «De trescientas personas que asistían ayer a la misa de 12'30 en la parroquia de San Cristóbal, Tarrasa, ochenta abandonaron el templo tras pedir una de ellas, en un escrito leído a continuación de la homilía, la dimisión del párroco, P. Llaurador, quien oficiaba ayer por primera vez en dicha parroquia. A pesar de este incidente, la ceremonia religiosa siguió con toda normalidad. Ya al ser designado párroco de San Cristóbal, en Tarrasa, varios feligreses expresaron su disconformidad».

Destruyen el busto de García Lorca

SAO PAULO, 15 agosto, Ibérica: -Paulo Duarte, presidente de la Comisión del monumento a García Lorca, ha cursado una protesta contra la destrucción fascista del busto del gran poeta, colocado en el jardín de la Biblioteca de esta ciudad. En su protesta, Duarte dice: «El totalitarismo de derecho cree que sólo él combate el comunismo, cuando la realidad es lo contrario». Éste es el comentario al tarjetón anticomunista dejado por los vándalos al pie del busto.

(Nos adherimos a esta protesta contra el repudiable atentado.)

Otro sacerdote también denuncia torturas

PARÍS, 11 agosto, Ibérica: -De Le Monde de hoy extractamos: «El R. P. J. M. Díez Alegría, profesor de la Universidad Pontificia Gregoriana, de Roma, ha declarado en Barcelona que "consideraba un deber no guardar silencio ante las injusticias del sistema judicial". Añadió que "la existencia de tribunales militares para juzgar la actuación política es profundamente injusta". También dijo que "no se puede negar que la policía tortura a los detenidos políticos"».

El P. Díez Alegría es hermano de dos generales españoles, uno de ellos Director de la Escuela Superior del Ejército y otro Director General de la Guardia Civil. El primero estima que el Ejército debe someterse al poder civil.

Sergio Vilar detenido en España

PARÍS, 4 sept., Ibérica: -Le Monde de ayer publica esta noticia de la agencia FP, procedente de Madrid: «Sergio Vilar, periodista y escritor de 33 años de edad, que reside en Francia desde hace algunos años, ha sido detenido por la policía española cuando pasaba la frontera para entrar en su país. La noticia procede de fuente autorizada. Actualmente está detenido en San Sebastián; próximamente será trasladado a Madrid. Había publicado un libro sobre el problema catalán, y otro recientemente en París, una gran encuesta sobre la oposición española».

Periodistas rusos en España

MADRID, 30 agosto, Ibérica: -Del ABC de hoy: «Once periodistas de la URSS han visitado Burgos. En su viaje turístico van acompañados por el intérprete-guía María Toukins, rusa. En este grupo figuran redactores de diario Pradva, de las revistas La Vida Musical, Semana, Gaceta Literaria y Cinematografía de Moscú y de las emisoras de Moscú y de Riga». Añade la noticia que dichos periodistas pasarán pronto unos días en Madrid.

Base pesquera concedida a la URSS

PARÍS, 21 agosto, Ibérica: -De Le Socialiste de hoy extractamos: «Las conversaciones oficiales entre franquistas y soviéticos para establecer una base pesquera de la URSS en las Islas Canarias han llegado a un acuerdo firmado». «La flota pesquera soviética en el Atlántico, dice la agencia franquista Cifra, se aproxima a unos 2.500 barcos, con otros tantos en el resto del mundo, tripulados los del Atlántico por unos 250 mil marineros. En la base pesquera de Canarias recalarán unos 500 barcos soviéticos de altura». «Hasta ahora, la prensa franquista nos ha venido diciendo que en cada barco pesquero de la URSS había instalaciones para ejercer espionaje militar. Suponemos que después de haberles alquilado esa base en Canarias no levantarán más sospechas sobre los mismos». «En el nuevo puerto construido a seis kilómetros de Santa Cruz de Tenerife, tendrá su base la flota pesquera soviética».