Las causas de la expulsión

En primer lugar hay que hablar sobre el silencio que acompañó a la gestación del extrañamiento (que duró un año). Este silencio ha tenido una consecuencia nefasta para el estudio de los historiadores. Los apologetas de la Compañía contribuyeron a la confusión con sus escritos. Los historiadores del XIX de tendencia conservadora (Menéndez Pelayo, sobre todo) incrementaron la confusión. Tras el hallazgo de la Pesquisa secreta que realizó Campomanes tras los motines de 1766 y del Dictamen que el propio fiscal redactó a modo de conclusión de ésta, se confirmaron algunas de estas hipótesis. No obstante, éstos no dejaban de ser unos documentos excesivamente subjetivos, pues mostraban las propias ideas del fiscal, que cargaba las tintas sobre la participación de los jesuitas en los motines antes señalados. Estos motines eran, por tanto, una de las razones esgrimidas, pues a los jesuitas se les consideró artífices de ellos. Sobre las revueltas existieron también muchas explicaciones. Una tradicional es que se debieron a una crisis de subsistencias padecida en toda España, y especialmente en Madrid, donde la subida del precio del trigo amotinó al pueblo el Domingo de Ramos y el Lunes Santo de abril de 1766. Esta hipótesis ha sido defendida por historiadores de tanto prestigio como Gonzalo Anes o Pierre Vilar. Sin embargo, otro historiador, como Teófanes Egido, desacredita esta razón.

Existe también otra tesis tradicional. El Conde de Aranda atribuyó los motines a la xenofobia existente contra el Marqués de Esquilache, junto a la carestía. Además, Aranda afirmaba que los tumultos posteriores fueron motivados por las represiones reales. Para explicar los motines de 1766 sobrarían estas razones. También entraría el tema de la iluminación de Madrid. Carlos III intentó solucionar la cuestión de la oscuridad, del miedo a la noche. Y el intento de Esquilache de acabar con el chambergo (sombrero de ala ancha) y con la capa alta.

Tras los motines, Campomanes encargó la realización de la Pesquisa secreta para reconocer a los culpables. Ya sabía que los tumultos no fueron provocados por el pueblo de Madrid. Movilizó por el país una red de espías a sueldo. Ordenó también una censura férrea del correo: se violó la correspondencia de los jesuitas. Y se crearon comisiones en todas las diócesis para que investigaran los sucesos en las poblaciones en las que estallaron motines. Estas informaciones, en lugar de pasar indiscriminadamente a los jueces y oidores del Consejo de Castilla, pasaron a unos cuantos, al llamado «Consejo extraordinario», que valoró el proceso contra los motines y después el de la expulsión de los jesuitas. Con la excusa de un tratamiento se formó esta comisión, en la que los componentes eran tomistas, contrarios a los jesuitas. Esta comisión indicó, en junio de 1766, que habían sido privilegiados los incitadores del pueblo. Se escribió al embajador español en Francia que, tras los motines, estaba la mano de los jesuitas. En septiembre se decía que los motines habían sido articulados por el «cuerpo peligroso», es decir, los jesuitas. Con este material, Campomanes elaboró el Dictamen decisivo, en el que aparecían todas las acusaciones contra la Compañía, que se convertirían con el tiempo en un tópico: formidable conspiración, trama, horrible movimiento instigado por manos ocultas; y tal conspiración sólo tiene una finalidad: mudar de gobierno en beneficio de los jesuitas. Incluso se afirmó que se quería atentar contra la vida de un hombre, el Rey (la doctrina del tiranicidio). Se aseveró que los jesuitas habían preparado el ambiente, escribiendo las sátiras contra el gobierno. Se decía que uno de los motivos era la pérdida del confesionario real y se indicaba que ridiculizaban al Rey, al señalar que estaba amancebado con la mujer de Esquilache.

Los historiadores acusan al fiscal de hacer el Dictamen desde una postura de odio declarado a la Compañía, a partir de testimonios tendenciosos. Los investigadores actuales buscan nuevas causas. Se estima que pudo estar tras los motines el llamado «partido español». Una parte de la nobleza española que desde 1759, cuando llegó Carlos III a España, temía que el monarca acabara con sus privilegios, favoreciendo a una cohorte de ministros extranjeros que llegaron con él. Y algo de razón tenía el partido, pues vino acompañado de Grimaldi, de Esquilache, y se dejó influir mucho por su mentor, Tanucci.

Encabezaban el partido español el Duque de Alburquerque y el Duque de Alba. Ambos habían tenido influencia política durante el reinado de Fernando VI, y a la llegada de Carlos III perdieron sus prebendas. Alba fue apartado del muy bien remunerado cargo de mayordomo mayor de la reina. Pero esto no era nada comparado con la aplicación del Concordato de 1753, pues implicaba la pérdida de muchos privilegios que tenían desde el siglo XVI, como el derecho a presentar y proveer los beneficios eclesiásticos en sus Estados. Esta tesis la apoya un trabajo de Jacinta Maciá Delgado: «El motín de Esquilache a la luz de los documentos». En él expone la participación indirecta de la nobleza, ante la amenaza de sus inmemoriales privilegios. Esta acusación no libera, en modo alguno, a los jesuitas de su participación. Es más, sabemos de la buena relación entre jesuitas y nobles. Se puede descartar al Duque de Alba porque felicitó efusivamente a Carlos III a raíz de la expulsión de la Compañía. El hecho de la implicación de los jesuitas no nos permite generalizar que toda la Compañía deseara la caída del gobierno. Para Campomanes no existía ninguna duda en este aspecto; inculpaba a toda la Compañía en el complot, amparándose en la unidad de los jesuitas, propiciada por su rígida obediencia, en su comportamiento monolítico. Y el efecto del Dictamen fue completamente exitoso, dando origen a la Pragmática Sanción de 2 de abril de 1767 que conllevaría la expulsión de la Compañía de España.