La expulsión de los jesuitas de España (1767)

La Compañía de Jesús fue expulsada de España a principios de abril de 1767, entre la noche del 31 de marzo y la mañana del 2 de abril. Fue una operación tan secreta, rápida y eficaz como la del extrañamiento de los moriscos en 1609, o incluso más.

La práctica totalidad de los historiadores están de acuerdo en afirmar el carácter sorpresivo y drástico de la expulsión. Pese a que corrían malos tiempos para la Compañía (recordemos que los jesuitas fueron acusados de instigar la oleada de motines del año anterior), nadie en su seno podía imaginar que iba a producirse tamaño acontecimiento.

Los jesuitas eran conscientes del acoso que venían sufriendo, pero no tuvieron noticia alguna de la medida que Carlos III se disponía a tomar hasta el momento mismo de su aplicación. Aunque a lo largo del año el gobierno realizó una Pesquisa reservada entre gran parte de los obispos españoles, no hubo filtraciones sobre su contenido. Tampoco tuvieron ninguna noticia del decreto de expulsión, dictaminado por el fiscal Campomanes y aprobado por una sala reducidísima y previamente seleccionada de consejeros el 29 de enero de 1767. Ni de la ratificación real de dicho decreto el 20 de febrero siguiente. Es curioso que no se filtrase ni un solo rumor de las altas jerarquías al pueblo. Tampoco trascendió el contenido de un pliego cerrado (impreso en la Imprenta Real, perfectamente incomunicada) que el Conde de Aranda remitió a los jueces ordinarios y tribunales superiores de todas las poblaciones en las que había establecimientos jesuitas (más de 120), en el que se hallaban las instrucciones reservadas para la expulsión, y que no podía ser abierto hasta la misma noche del primero de abril.

El secreto estaba motivado por la intención de paralizar cualquier maniobra de protesta por parte de los numerosos simpatizantes de la Compañía, sobre todo, dentro del estamento nobiliario y de las clases populares. También se quería evitar que los jesuitas pudiesen huir, enajenar sus bienes, deshacerse de sus archivos y de sus papeles comprometedores, puesto que las órdenes reales incluían la confiscación de los bienes, lo que se conoce como las «temporalidades» de la Compañía.

La noche del 31 de marzo en Madrid, y al amanecer del 2 de abril en el resto de España, todas las casas jesuitas fueron clausuradas y sus miembros incomunicados. Según relatan las crónicas de la época, la operación fue perfecta. Ello explica la sorpresa y el miedo que sintieron los jesuitas (como manifestaba en sus escritos el padre Isla), en especial los jóvenes novicios.

Las medidas se llevaron a cabo en toda España del mismo modo, siguiendo instrucciones minuciosamente precisas. Los comisarios, asistidos por notarios y testigos, ordenaron reunir a todos los miembros de las comunidades en las salas capitulares. Allí procedieron a pasar lista a los concurrentes, y tras comprobar la presencia de los censados, mandaron a los notarios que procediesen a la lectura del real decreto de extrañamiento.

El contenido de la Pragmática no aclara los motivos por los cuales Carlos III decidió decretar la expulsión. El texto es premeditadamente poco preciso. El monarca justificaba la medida afirmando que la adoptaba «por gravísimas causas relativas a la obligación en que me hallo constituido de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia mis pueblos, y otras urgentes, justas y necesarias que reservo en mi real ánimo; usando de la suprema autoridad económica que el Todopoderoso ha depositado en mis manos para la protección de mis vasallos y respeto de mi corona...».

Pese a la imprecisión, el decreto parece acusar a los jesuitas de perturbar el orden público, de manera que aparecen condenados como enemigos políticos. El primer artículo refuerza esta idea cuando el monarca tranquiliza al resto de órdenes religiosas, en las que pone su confianza, y muestra su satisfacción y aprecio por su fidelidad, su doctrina, su observancia de las reglas y, sobre todo, por su abstracción de los negocios de gobierno.

Por el contrario, el edicto dejó bien claro cuál iba a ser el destino de los expulsos, y qué iba a ocurrir con sus bienes y temporalidades (artículos 3-12). En lo que respecta al patrimonio, apuntaba que todos los bienes pasarían a manos del Estado para ser dedicados a obras pías (dotación de parroquias pobres, fundación de seminarios conciliares, creación de casas de misericordia), de acuerdo con el parecer de los respectivos obispos.

Por otra parte, en cuanto a los jesuitas, el articulado es en general bastante severo. Pese a ello, contiene algunas concesiones de orden humanitario, algo que no había ocurrido en Portugal o Francia. Entre ellas destaca el hecho de que una parte de las temporalidades confiscadas sería dedicada a componer pensiones individuales que los expulsos recibirían de modo vitalicio para su manutención. Esta porción sería de 100 pesos anuales para los sacerdotes y de 90 para los coadjutores. El gobierno decidió no pasar estipendio alguno ni a los novicios ni a los estudiantes con la intención de que decidiesen dejar la Compañía y abjurar de su jesuitismo, de modo que pudiesen permanecer en España. En el exilio no percibirían un solo peso hasta que se ordenasen sacerdotes. Las pensiones habrían de ser entregadas en dos pagas semestrales, por medio del Banco del Giro, a través del embajador español en Roma.

El resto del articulado (13-19) hacía referencia explícita a la cuestión que más inquietaba a la Monarquía, una vez expulsada la Compañía: el deseo de borrar su memoria. Y para conseguir tal pretensión, acallar la voz de los simpatizantes y eliminar todo tipo de objeción pública al decreto, Carlos III fijó duros castigos que serían aplicables a cuantos mantuviesen correspondencia con los jesuitas, y a todos los que hablasen o escribiesen públicamente contra la decisión real o sobre la Compañía (a favor o en contra).

Volviendo a la cuestión de las instrucciones de los comisionados, éstas preveían con detalle todas las medidas que habían de adoptar para acometer con éxito el desalojo. Y según dichas directrices pasaron a la acción.

Tras conocer la misión que tenían que llevar a cabo, los comisarios se dirigieron hacia los diferentes establecimientos jesuitas. Una vez allí, irrumpieron en sus dependencias y ordenaron a los superiores que convocasen a todos los moradores de las casas en las salas capitulares. Después, ordenaron a los notarios que diesen lectura del decreto de expulsión. Tras dicho acto, tomaron las medidas oportunas para conseguir controlar las casas. Acto seguido, comprobaron los nombres de los concurrentes, para comprobar si había algún jesuita ausente. Luego, procedieron a requisar los caudales y a inventariar los diferentes bienes. A continuación, dispusieron los medios necesarios para el traslado de los jesuitas a las distintas «cajas» o puertos de embarque, y antes de que hubiesen transcurrido 24 horas desde el momento de la presentación del decreto, las diferentes comitivas partieron. Los jesuitas de la Provincia de Castilla fueron a Santiago de Compostela; los de Aragón a Salou; los de Toledo a Cartagena; y por último, los de Andalucía fueron dirigidos hasta el Puerto de Santa María. La tropa los acompañó durante el trayecto. En las ciudades por las que pasaron, las autoridades civiles se encargaron de mantener el orden y de evitar cualquier manifestación popular en contra del extrañamiento. La incomunicación de los jesuitas a lo largo del viaje fue total. Únicamente quedaron en España los procuradores de las diferentes casas de la Compañía, a fin de finalizar los inventarios ante los agentes del fisco. Una vez acabada esta labor, partieron inmediatamente al exilio.

Al no ser suficientes los barcos españoles para trasladar a los expulsos, el gobierno se vio obligado a contratar naves extranjeras. Todos los barcos fueron acondicionados para el viaje, habilitándose en ellos lugares para dormir y hornillos para preparar las comidas.

A pesar de que los historiadores han trazado paralelismos más o menos trágicos entre las expulsiones de los moriscos y de los jesuitas, hay diferencias considerables entre ambas. La de los jesuitas no fue un hecho celebrado indiscriminadamente por todos los españoles. Un amplio sector del pueblo (las capas más bajas) lamentó el suceso, porque eran conscientes de que no había motivos religiosos para llevar a cabo la expulsión. Además, Carlos III trató con bastante respeto a sus enemigos políticos; les dio pensiones vitalicias, aunque la inflación las hiciera poco valiosas. Asimismo, permitió a los jesuitas llevarse sus efectos personales y el dinero que tuvieran (aunque la premura con que se efectuó la operación hizo que los jesuitas casi no pudiesen coger siquiera lo imprescindible). No les permitió, en cambio, llevar libros.

Pese a que se vivieron escenas no exentas de dramatismo, durante el trayecto terrestre los jesuitas no sufrieron ni perpetraron actos violentos. Los profesos salieron desde el primer momento, por solidaridad. Partieron incluso jesuitas muy ancianos, de salud muy quebrantada (como el padre Isla o el padre Idiáquez). También marcharon profesos muy próximos a la nobleza, como los hermanos Pignatelli. No obstante, la cohesión del grupo fue perdiéndose progresivamente durante la estancia en Córcega, sobre todo ante unas condiciones que se asemejaban a las de un campo de concentración.

Carlos III actuó en un plan de plena legalidad, tirando de la regalía de derecho, ante la inexorable amenaza jesuita sobre las tierras españolas. El Rey actuó sin contar con el permiso de Clemente XIII. Sí tuvo la delicadeza de avisar al pontífice de la decisión tomada, inmediatamente después de ejecutarla. El monarca se cuidó mucho de indicarle que los exiliaba a los Estados Pontificios. Tampoco lo sabían los jesuitas. Clemente XIII respondió diplomáticamente, y fue muy poco piadoso ante quienes habían sido durante siglos sus más acérrimos defensores (recordemos el cuarto voto). Ahora bien, cuando el Papa supo que los expulsos iban a los Estados Pontificios contestó con dureza a Carlos III mediante una bula (con la frase de César al morir a manos de Bruto), diciendo que no los iba a recibir en sus territorios.

Cuando los expulsos llegaron a Civitavecchia, esperando ser recibidos con los brazos abiertos, vieron cómo eran recibidos por los cañones del Papa, negándoles la entrada. El Papa arguyó argumentos razonables, pero de corte materialista: los Estados Pontificios atravesaban momentos de aguda carestía, y no podían soportar la presencia de los jesuitas. Temía alteraciones de orden público. El Papa también estaba harto de los jesuitas portugueses y franceses que malvivían a expensas del erario pontificio.

A pesar de que esta negativa trastornó seriamente a la diplomacia española, ésta actuó raudamente para encontrar un lugar donde dejarlos. Grimaldi planteó dejarlos por la fuerza en los Estados Pontificios. Pero el Rey se negó. Entonces, se planteó la posibilidad de descargar a los jesuitas en la isla de Elba. Pero apareció la opción de dejarlos en la isla de Córcega. En ella había un ambiente de gran tensión. Córcega pertenecía a la soberanía de la República de Génova, y se había levantado por la independencia, encabezada por el rebelde Paoli, que respondía a las características del despotismo ilustrado. Francia apoyaba a Génova, que no tenía fuerzas suficientes para hacer frente al levantamiento. En todas las ciudades porteñas de Córcega había una guarnición francesa. Por lo tanto, la situación era una especie de polvorín, pues el interior de la isla ya estaba dominado por los rebeldes.

La diplomacia española tenía que pactar con Francia, con Génova o con Paoli si Génova se negaba a admitirlos (lo que enfrentaría a los españoles con el rey francés).

Entre los jesuitas comenzó a extenderse la desesperación tras el fracaso del desembarco en Civitavecchia. Además, los patronos de los barcos sólo habían sido contratados para el viaje al citado puerto, y tenían compromisos comerciales posteriores. Muchos jesuitas pasaron a otros barcos, en los que se hacinaron aún más. Marcharon finalmente hacia Córcega. Llegaron a Bastia, donde las tropas francesas les impidieron el desembarco. Los barcos estuvieron rodeando la costa corsa durante varios meses, afrontando el calor del verano y las frecuentes tormentas.

Una vez llegaron a buen puerto las negociaciones, los jesuitas pudieron desembarcar en los distintos «presidios» de Córcega, hecho que se produjo entre julio y septiembre de 1767. Allí pasaron poco más de un año, en unas condiciones lamentables. Entre octubre y noviembre de 1768 fueron expulsados por los franceses, siendo llevados de nuevo hacia Italia. Aunque la situación era dramática, renovaron sus esperanzas ante la posibilidad de recalar finalmente en Roma.

Sin embargo, las conversaciones entre Carlos III y Clemente XIII se agriaron. Tras duras discusiones, el Papa accedió a que desembarcaran en Italia. Allí, los jesuitas se desperdigaron por poblaciones como Bolonia, Ravena, Forli o Ferrara. En estas legaciones vivieron hasta 1773-1774. No obstante, aún les quedaba por vivir un último y atroz varapalo. A la muerte de Clemente XIII le sucedió en el solio pontificio Clemente XIV, un declarado antijesuita. El nuevo pontífice firmó la extinción canónica de la Compañía de Jesús.

Los jesuitas españoles, sobre todo los más cultos, al dejar de existir la Compañía, se trasladaron a Roma y en la Ciudad Eterna encontraron trabajo como empleados de los obispos o como preceptores de los hijos de los miembros de la nobleza. Su aportación a la cultura italiana fue muy importante y los italianos se beneficiaron de sus altísimos conocimientos.