La expulsión de los jesuitas de Francia (1764)

En Francia, el ambiente respecto a la Compañía era hostil desde tiempo atrás. El motivo era la rivalidad existente entre los jesuitas y una facción, «el tercer partido», que seguían a Jansenio y estaban infiltrados en altos puestos de la administración. Tras la muerte de Luis XIV la influencia jesuita había comenzado a declinar, mientras que los partidarios de Jansenio habían iniciado una escalada. A partir del reinado de Luis XV conocieron un gran auge, coincidiendo con la ocupación de Fleury del Confesionario Regio, desde donde se adueñó de la política. Los Parlamentos (cortes de justicia territoriales que se encargaban de la justicia y también de la administración local) tenían, desde los tiempos de la Fronda, cierta autonomía y también una gran influencia sobre su entorno. Los jueces que integraban estos Parlamentos eran miembros de la burguesía. Estos funcionarios eran también de ideas filojansenistas, es decir, defensores de los puntos jansenistas más relacionados con las ideas galicanas (independencia de la Iglesia francesa con respecto a Roma, independencia del poder temporal respecto al espiritual). Estos Parlamentos chocaron en casi todos los lugares con el jesuitismo ultramontano. La animosidad se convirtió en una lucha sorda, latente a lo largo de los años entre ambas facciones, con intermitencias en la primera mitad del XVIII.

En estas circunstancias, los jesuitas cometieron un error aprovechado por los Parlamentos. En las Antillas francesas, concretamente en la Martinica, se produjo la quiebra económica de una incipiente compañía mercantil presidida por un misionero jesuita llamado Lavalette. Lavalette, que era el Superior de la Compañía en la zona de las Antillas, y los acreedores inmediatamente pidieron recuperar sus acciones o que se les devolviese el dinero invertido.

Ante la insolvencia de Lavalette, los acreedores se reunieron y acudieron a comprobar si las deudas podían ser pagadas por los jesuitas franceses. Éstos se negaron a pagar y cometieron la imprudencia de llevar el pleito al Parlamento de París. Éste, lógicamente, no dudó en dictar una sentencia que hacía responsable a toda la Compañía de la deuda de Lavalette. Estos incidentes ocurrieron en 1761, estando recientes los sucesos de Portugal. Meses más tarde, los enemigos de los jesuitas dieron un paso adelante solicitando al Parlamento de París que reafirmara la sentencia y que revisara los estatutos de la Compañía en el momento de su instalación en Francia.

Los jueces instructores del Parlamento realizaron la investigación y el resultado fue sorprendente: los jesuitas no tenían legitimada su presencia en el país (no existía ninguna real orden que justificase su instalación en Francia). Un análisis más detallado de los estatutos ponía de relieve que los jesuitas resultaban incompatibles con la obediencia al Rey. La existencia de la Compañía, que debía fidelidad a un poder extranjero (el Papa), resultaba inadmisible con la monarquía absoluta. Luis XV, que se mostraba favorable a la Compañía, junto con algunos obispos, intentaron legalizar el estado de la Orden.

Se propuso al General en Roma que los jesuitas aceptasen jurar los principios galicanos de la Iglesia francesa. Ricci, el General, no aceptó el trato. En abril de 1762 el Parlamento de París dictó una serie de decretos por los que se clausuraban todas las escuelas que los jesuitas tenían en su jurisdicción territorial y se decretó el secuestro de los bienes de la Orden. Unos meses más tarde, en agosto de ese mismo año, el mismo Parlamento de París tomó una serie de decisiones que destruían en la práctica la Compañía en Francia. La Compañía era considerada «perversa, destructora de todos los principios religiosos e incluso de la honestidad, injuriosa para la moralidad cristiana, perniciosa para la sociedad civil, sediciosa, hostil a los derechos de la nación y del poder del rey». El Parlamento se declaraba contra la moral laxista y el tiranicidio. Después de los decretos de confiscación de bienes y de prohibición de la enseñanza, se inició una campaña para desterrar a los padres de la Compañía que rehusasen el juramento de los cuatro artículos galicanos o continuasen la comunicación con el General. El Parlamento de París decretó, en febrero de 1764, el destierro de los jesuitas de su jurisdicción no juramentados y su ejemplo lo siguieron poco tiempo después otros como Rouen, Pau y Toulouse. Así, la Compañía de Jesús era expulsada de Francia, en un paso más para reforzar una monarquía basada en el derecho divino.